Indemnización de daños y perjuicios en accidentes de transito

Rama del Derecho: Derecho Civil. Descriptor: Responsabilidad Civil
Palabras Clave: Indemnización, daño moral objetivo y subjetivo, nexo de causalidad entre la
conducta y el daño, ejecución de sentencia
Fuentes: Jurisprudencia. Fecha de elaboración: 21/03/2014

El presente documento contiene jurisprudencia sobre las indemnizaciones que se dan con
motivo de los accidentes de tránsito, se recopila abundante jurisprudencia sobre la
ejecución de sentencia, el daño moral objetivo y subjetivo, las molestias y disgustos como
daño moral, cobro de daño moral por muerte, análisis cuando hay lesiones, entre otros


Contenido
1. Ejecución de sentencia contencioso administrativa: Indemnización respecto a daño moral objetivo y
3. Improcedencia de otorgar indemnización derivada de accidente de tránsito en el que no fue posible
4. Accidente de tránsito: Cobro de daño moral por muerte de hijo y fijación prudencial de la indemnización 9
6. Cobro de daño moral en ejecución de sentencia: Análisis sobre el fundamento de reconocerlo únicamente
7. Daño moral derivado de accidente de tránsito: Análisis sobre el fundamento de reconocerlo únicamente
9. Cobro de daños y perjuicios en ejecución de sentencia: Deber de demostrar en forma idónea su


 JURISPRUDENCIA


1. Ejecución de sentencia contencioso administrativa: Indemnización respecto a
daño moral objetivo y subjetivo en caso de accidente de tránsito


Voto de mayoría

“I. Manifiesta el apelante, que la resolución apelada es nula y le coloca en indefensión, pues
la sentencia de fondo que ejecuta ordenó en su favor el pago de los daños y perjuicios
analizando el nexo de causalidad, pero en ejecución sólo se le reconocen algunas partidas
y rebajadas a montos irrisorios. No lleva razón en cuanto a la nulidad invocada el apelante
Tal y como puede verse en autos, revisado el asunto con detalle no percibe este Tribunal la
causal de nulidad invocada, pues el señor Juez de instancia conoció cada uno de los
extremos reclamados por el actor, y si bien no le reconoció las sumas por él reclamadas,
sin embargo ello no acarrea la nulidad de lo resuelto. Véase que la sentencia ejecutoriada
no dispuso alguna suma puntual que en particular debiera concedérsele a don Ricardo,
sino que reconoció el derecho que le asiste a obtener una indemnización por los daños y
perjuicios que debió enfrentar a partir de la colisión por él sufrida, que resulta ser
consecuencia de una omisión administrativa, al chocar el vehículo en que viajaba con un
poste del alumbrado público que se encontraba donde no debía estar y que no reubicó
oportunamente la demandada, pero en ningún momento ordenó que se le indemnizara en
un cuántum determinado, lo cual reservó el tribunal de casación precisamente para ser
dilucidado en esta etapa de ejecución. Tampoco se percibe que se haya dejado al
disconforme en indefensión, pues bien ha podido ejercer en tiempo y forma los recursos
que el ordenamiento jurídico pone a su disposición en contra de lo resuelto, en virtud de lo
cual, por cierto, conoce ahora esta instancia en alzada. Aduce además violación al principio
de no reforma en perjuicio por cuanto ya se había dictado sentencia en esta ejecución, la
cual se anuló por este Tribunal y ahora se vuelve a dictar concediéndole sumas inferiores a
las que le otorgó la primera sentencia anulada. Debe indicarse al recurrente que en la
especie no se ha producido el quebranto alegado, pues la primera sentencia que se emitió
fue declarada nula por el Tribunal, al adolecer de vicios irreparables que implicaban un
quebranto de las normas procesales, según se deriva de la lectura detallada de los autos, y
por ello, dejó de existir a la vida jurídica y de surtir efectos como acto jurisdiccional
Podría decirse, en relación con sus efectos, que esa primera sentencia de la ejecución
resulta ser un acto inexistente, a saber, nunca existió y en ese tanto, no resulta procedente
utilizarla como un parámetro válido para determinar si la segunda que dictó el a-quo y que
ahora conoce este Tribunal, le otorgó más o menos al actor que el primer acto judicial
anulado, a lo cual se suma que en todo caso no es ése el supuesto previsto por el legislador
al crear la figura de non reformatio in peius. La prohibición de reforma en perjuicio, por su
parte, resulta ser un instituto procesal en razón del cual, al conocer un tribunal de la
República en alzada de una resolución jurisdiccional, por haber presentado recurso
vertical contra ella sólo una de las partes, no puede el ad-quem resolver modificando en su
contra el derecho ya reconocido y declarado al recurrente en la resolución de instancia, es

decir, no puede variar aquéllo en lo que ya fue victorioso, para disminuir su derecho o las
sumas que le fueron concedidas, de conformidad con el espíritu plasmado por el legislador
en el artículo 565 del Código Procesal Civil, aplicable a la especie por dispensa del numeral
103 de esta jurisdicción. Dicho instituto resulta ser aplicable únicamente como un límite
insoslayable para el órgano judicial en alzada, que ante la apelación de sólo uno de los
litigantes, no podrá resolverle al recurrente de manera que su situación desmejore en
razón de su apelación, es decir y en términos coloquiales: si la parte apela, no puede
perjudicarle el superior quitándole o dándole menos de lo que ya había ganado al
momento de apelar. Distinta es la situación si ambas partes procesales recurren sobre un
mismo punto del fallo, pues en ese tanto, si podría eventualmente el juzgador disminuir lo
ya concedido a una de ellas por el Despacho de instancia, librándose así de la limitación
apuntada en relación con el aspecto en que resulta concurrente la disconformidad de
ambos apelantes. En el caso concreto, el Despacho de instancia dictó la primera sentencia
de esta ejecución (No.2887-2010 del 18 de noviembre del 2010 a folio 396 de los autos)
El interesado recurrió y viniendo en apelación, el Tribunal procedió a anularla por vicios
de forma y yerros procedimentales (No. 241-2011-I del 23 de mayo del 2011, visible a
folio 432), ordenando la devolución del expediente al a-quo para que procediera
nuevamente a su dictado. En razón de ello, el Juzgado dicta la resolución No. 2689-2011
del 16 de diciembre del 2011. Recurre de ella el actor, y es en virtud de ello que ahora
conoce este Tribunal. Véase que cuando el Tribunal anuló la primera sentencia de la
ejecución, no hizo pronunciamiento alguno sobre el fondo de lo debatido, por lo que no
puede afirmarse que se haya violentado el principio procesal invocado por el recurrente ni
que se haya configurado tampoco el reproche procesal apuntado. Por todo ello se rechaza
la nulidad acusada

III. En cuanto a las sumas reclamadas por daño moral objetivo, daño físico y daño
económico, indica el apelante que a folio 188 del principal existe un dict a men médico
donde se señala que se le ocasionó una incapacidad temporal de tres meses e incapacidad
permanente de un cinco por ciento, las cuales fueron económicamente valoradas mediante
pericia que corre a folios 152 y siguientes de los autos, por ello agravia que le
correspondía la suma de Un millón novecientos veintidós mil seiscientos noventa y cuatro
colones con cincuenta y cinco céntimos por las incapacidades y la suma de Un millón
seiscientos mil colones por daño moral objetivo. Al respecto debe indicarse que
efectivamente en autos quedó adecuadamente demostrado, a partir de las probanzas
traídas y recabadas dentro de la litis, particularmente del dictamen No. 2006-1575
rendido por la Unidad Médico Legal del Organismo de Investigación Judicial de Cartago,
que corre de folios 188 a 189 del principal, que las lesiones sufridas por don Ricardo en el
accidente de tránsito de marras, le ameritaron una incapacidad temporal de tres meses y
una incapacidad permanente al perder el 05% (cinco por ciento) de su capacidad orgánica,
criterio profesional que le merece total credibilidad a este Tribunal. Así mismo, en la
experticia matemática rendida en autos y que consta en folios 152 a 157 de los autos,
particularmente a folio 157, se indicó por parte del experto que correspondía la suma de
Ciento sesenta mil colones netos mensuales por concepto de incapacidad temporal,
calculada, se reitera, mensualmente; en ese tanto, y a partir de las probanzas indicadas,
concluye este Tribunal la suma que corresponde a don Ricardo por concepto de
incapacidades temporales, misma que se fija en CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
COLONES NETOS cantidad que le concede este Tribunal revocando al respecto lo resuelto

por el Juzgado de instancia. Así mismo, en cuanto a la indemnización por la incapacidad
física permanente sufrido por el actor (daño físico), debe señalarse que el monto por
concepto de incapacidad permanente el perito lo asimila a la suma que percibiría el actor
durante los años laborales a futuro en atención a su expectativa de vida, calculándolos
sobre una incapacidad del seis por ciento, porcentaje incorrecto según lo determinó la
experticia judicial rendida por la Medicatura Forense; y por un plazo de veinte años, según
consta a folio 153 del principal, equiparándolo de manera incorrecta con el daño
económico, siendo que éste último se refiere a las sumas que hubiera percibido el
accionante durante dicho período, pero nunca se refirió la experticia de marras
propiamente al valor de la pérdida la capacidad permanente por parte de don Ricardo, que
era lo que le correspondía tasar, y no lo hizo. Debe indicarse además que de una lectura
detallada de los autos, se deriva concluyentemente que no se acreditó dentro del proceso
con probanzas idóneas, cuáles eran los ingresos económicos reales que dejó de percibir el
actor en virtud del accidente de tránsito sufrido, si es que pretendía la indemnización del
daño económico, lo cual en todo caso, estaría cubierto parcialmente con la suma concedida
por concepto de incapacidad temporal. En ese tanto, al no haber prueba en autos que
defina la suma que corresponde a don Ricardo por concepto de incapacidad permanente ni
tampoco prueba alguna que demuestre el daño económico por él sufrido, carga probatoria
que recaía sobre el actor de conformidad con el numeral 317 del Código Procesal Civil, y
siendo –se reitera- que no merece credibilidad al Tribunal el confuso razonamiento sin
mayor sustento que expresó el perito en la experticia visible a folios 157 y siguientes de
los autos, se confirma lo resuelto al respecto por el Despacho de instancia y se deniega el
reconocimiento de alguna suma por tales conceptos. Igual suerte debe correr el reclamo
por daño moral objetivo, toda vez que el mismo corresponde al impacto que tiene una
lesión de carácter moral –o daño extrapatrimonial, como bien lo define el a-quo-, sobre la
esfera patrimonial o económica propia del actor. En la especie, dicho daño moral objetivo
debe ser probado por el actor, sobre quien nuevamente recae la carga procesal de traer a
la litis las probanzas necesarias para su determinación, tal y como lo ha reiterado la
jurisprudencia patria. En ese tanto, al no haber demostrado el actor la existencia de dicho
daño moral objetivo, se deniega el reconocimiento de suma alguna por tal concepto,
confirmándose lo que al respecto resolviera el despacho de instancia

IV. En lo que corresponde al daño moral subjetivo reclamado por el actor, tal y como lo
indica el Juez de instancia, efectivamente su determinación atiende a las especiales
circunstancias que rodean el caso concreto, siendo el Juez quien funge como perito de
peritos para su determinación, a lo cual se suma que no requiere de mayor prueba para
acreditar su existencia, sin necesitarse para ello de auxilio pericial, sino que por el mero
hecho de inferir su existencia a partir del daño efectivamente acreditado dentro del
proceso, se le permite al Juez su determinación in re ipsa, atendiendo a la situación
particular y con base en apreciaciones humanas. En la especie, es claro para este Tribunal
que la situación vivida por el actor implicó sin duda dolor, sufrimiento, afección, sensación
de miedo, temor no sólo al momento de la colisión, sino también por las lesiones que
sufrió y sus eventuales secuelas, las cuales sin duda le lesionaron de manera sensible, pues
le produjeron una incapacidad permanente del cinco por ciento, según lo acredito
adecuadamente la Medicatura Forense, temor por su futuro, angustia, desesperanza, y sin
duda una afección emocional producto de la tristeza por haber recibido lesiones en su
rostro y sus extremidades. Sin dejar de lado la angustia que pudo haber sentido don

Ricardo al momento de la colisión y durante los meses posteriores, por el daño que
pudieron haber sufrido sus acompañantes. Todo ello, debidamente valorado por parte de
este Tribunal, al amparo de las reglas de la psicología, la lógica y la experiencia, aunado a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales, permite arribar sin
duda a la conclusión de que le asiste al accionante el derecho de percibir una
indemnización a título reparador del daño moral subjetivo que sufrió y que no tenía el
deber de soportar. Dicha suma se fija prudencialmente por parte de este Tribunal en la
suma de CINCO MILLONES DE COLONES NETOS, y no la concedida por el a-quo, la cual se
considera claramente insuficiente, ni tampoco la reclamada por el actor, la cual sin duda es
excesiva. Debe recordarse que el fin de la indemnización de este extremo no corresponde
a un anhelo de comprar la salud y la tranquilidad del actor, sino que más bien se
constituye como un medio para paliar, al menos en parte, la afección y el sufrimiento que
por la omisión de la entidad demandada, sufrió el señor Maroto, revocándose por ende
este extremo de la sentencia apelada.”


2. Daño moral: Molestias y disgustos derivados de colisión de tránsito que no
justifican indemnización


I.- Sentencia de esta Cámara, a cuyo dictado hemos concurrido, prohija rechazo de daño
moral subjetivo, pues, según dispone "Razones estrictamente de índole procesal impiden
acceder a los daños morales como acertadamente dictaminó el a quo ante ausencia evidente
de legitimación activa." Porque don Oscar Montero Tang demanda en calidad de personero
de Maneco Sociedad Anónima dominus registral del vehículo siniestrado placa 641426
que guiaba

II.- Lo resuelto acerca de sobredicha partida obliga a una nota aclaratoria y, sin desquiciar
fallo confirmatorio vertido, afirme nuestra tesis concerniente al punto subexamine

III.- Exclúyese - hipotéticamente - falta de legitimatio atribuida a Montero Tang. Aun así,
reclamo suyo de daño moral tampoco podría prosperar. Ninguna lesión física sufrió como
epílogo de la desdicha de tránsito. El Tribunal ha dispuesto desde vieja data, pero bajo
distinta integración, siguiente criterio que avalamos: " El hecho por el que se está cobrando
indemnización la originó la destrucción de un automotor y se reclama daño moral en la
demanda que no es procedente porque lo que existió fue un daño que lesionó el patrimonio y
que tiene su equivalencia en dinero; es posible que ese hecho causara aflicción a su
propietaria, desconcierto o incomodidad... de esta manera no es posible considerar que
existió lesión en los sentimientos íntimos, ni sufrió lesiones físicas que produjeran daño
moral, de tal forma que haya que mitigar el dolor con una indemnización económica. " Voto
N° 858 de 7:40 horas del 30 de mayo de 1998. Factible que el choque concurriera a turbar
y alterar, momentáneamente, ánimo de F.N.A.M cuando constató deterioro de su vehículo
Nada descartable que la moviera a preocupación lo que pudiera haber acontecido a madre
y hermana acompañantes. Aun así, semejantes particularidades lejos están de entrañar

menoscabo al patrimonio afectivo o inmaterial. Lo que sí ocurriría cuando una persona,
verbigratia, sale lesionada físicamente del percance de tráfico mediante conexión con
delito culposo. Artículo 128 del Código Penal. Hipótesis ahora ausente. Item más. "La tesis
del Tribunal, en materia de daño moral proveniente de colisiones, gira alrededor de la
existencia de lesiones del conductor o acompañantes. Se concede producto del sufrimiento
de heridas corporales adquiridas en el choque vehicular y, como valiosos antecedentes, se
puede consultar los votos números 1098-E de las 8 horas 35 minutos del 12 de agosto de
1994 y 992-R de las 7 horas 35 horas (sic) del 7 de julio del 2000. Por el contrario, cuando
se trata las reacciones propias y lógicas derivadas de un accidente de tránsito, se ha
denegado. En ese sentido se resolvió: "... El daño moral indemnizable es aquel que proviene
del sufrimiento originado en ocasión, en este caso concreto, de la colisión de tránsito. Al
respecto no hay prueba de que el actor, producto del accidente, haya sufrido algún dolor
susceptible de ser indemnizado."
Resolución número 1048-E de las 8 horas 45 minutos del 30 de octubre de 1996. No se
pretende cuestionar la existencia de molestias o disgustos luego de un accidente de tránsito,
pero en realidad no califican sufrimientos capaces de justificar una indemnización por daño
moral. Se trata de secuelas normales y lógicas que deben ser asumidas por el conductor
debido al riesgo objetivo de conducir un vehículo en las calles públicas. Desde el momento
que se obtiene una licencia y se conduce un automotor, la posibilidad de participar en una
colisión es real y permanente. No es un fenómeno extraordinario ni imprevisible. Por esa
razón, el daño moral es procedente de mediar lesiones corporales, pero no ocurre lo mismo si
el resultado del accidente se limita a daños de carrocería..." Voto N° 461-N de 8:30 horas del
10 de marzo del 2004..." Extracto del Voto N° 937-N de 8:55 horas 16 de junio de 2004


3. Improcedencia de otorgar indemnización derivada de accidente de tránsito en el
que no fue posible acreditar nexo de causalidad entre la conducta gravosa y el daño
producido


Voto de mayoría

DEL RESARCIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO: El principio de la responsabilidad civil
se encuentra contenido, genérica y principalmente, en el numeral 41 de la Constitución
Política, el cual señala que: “Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para
las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”. Por
su parte, el artículo 1045 del Código Civil establece el sistema de la responsabilidad
extracontractual. Dicho numeral indica: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o
imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. El
origen de tener que restituir el daño causado, surge del principio general de “no dañar a
los demás” (“alterum non laedere”); por lo que, entonces, deben resarcirse los daños
ocasionados por un comportamiento -conducta activa u omisiva-, entendido este como
una iniciativa humana externa, que incide sobre intereses jurídicamente relevantes,
cuando media un nexo de causalidad entre el comportamiento y el resultado; y, en el caso

de la responsabilidad extracontractual, sin que hubiere mediado un vínculo previo. “La
esencia de la responsabilidad (contractual o extracontractual), la constituye el daño. La
esencia del daño es la lesión a un bien jurídico. El núcleo de todo bien jurídico consiste en un
interés humano jurídicamente relevante. Consecuentemente, la esencia del daño es la lesión a
un interés humano relevante desde la perspectiva jurídica. Así, toda lesión a un interés
jurídicamente relevante debe ser reparada o (cuando ello no sea posible o conveniente),
resarcida” (RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. Responsabilidad Civil. Tomo II. Bogotá,
Biblioteca Jurídica Diké, 2001, pp. 95-96). Para que surja la responsabilidad
extracontractual objetiva, se requiere de la existencia de un comportamiento (actividad
peligrosa) que sirva de criterio de imputación y de un resultado lesivo de intereses,
jurídicamente relevantes. En el caso de la responsabilidad extracontractual subjetiva, o
por culpa (que es la que al caso interesa), para su configuración se requiere de la presencia
conjunta de tres elementos: la antijuridicidad, la culpabilidad y el nexo de causalidad entre
la conducta y el daño producido. La antijuridicidad hace referencia a la ilicitud del
comportamiento, en relación con los intereses jurídicamente relevantes, en un
determinado sistema jurídico. Se trata de una valoración negativa del ordenamiento y el
acto ilícito es un comportamiento opuesto a los intereses relevantes del sistema, que
puede quedar excluida con base en causas de justificación. La culpabilidad constituye la
valoración jurídica que se efectúa, en relación con la disposición personal del agente,
respecto del hecho ilícito que ha realizado y debe determinarse si los elementos
conformadores -imputabilidad y culpabilidad- están presentes. La imputabilidad se refiere
a la posibilidad de atribuir el hecho al sujeto que lo comete, atribución que presupone la
aptitud psicológica necesaria para la compresión de la naturaleza antijurídica de la
conducta y de su actuar, según esa comprensión (capacidad); a manera de prever,
conscientemente, todas las respectivas consecuencias y, a la vez, aceptarlas. La
culpabilidad conlleva a determinar si el daño se produjo con dolo o solo por culpa. Por
último, la causalidad significa que el daño debe ser la consecuencia directa e inmediata de
la conducta, para los efectos del obligado resarcimiento, cuya función consiste en
restablecer al dañado, a la misma condición de equilibrio económico, perturbada con la
acción dañina (“restitutio in integrum”). Con el nombre de daños y perjuicios se denomina,
entonces, a la indemnización pecuniaria que la persona causante del daño está obligada a
satisfacerle al damnificado, a la vez que dicho daño puede ser de naturaleza moral en tanto
afecte bienes intangibles. Normalmente se ha dicho que, el daño es la pérdida sufrida y, el
perjuicio, la ganancia que deja de percibirse; de allí la clásica distinción entre daño
emergente y lucro cesante. Finalmente, debe indicarse que la prueba del daño es una
condición necesaria para que pueda prosperar la acción que persigue el resarcimiento
(Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. San José, tercera edición, Litografía e Imprenta LIL,
S.A., 1994, pp. 381-423). En lo que respecta al daño moral en relación con accidentes
automovilísticos se ha señalado: “El daño moral que puede resultar de un accidente de esta
naturaleza, está representado por el sufrimiento de la víctima en forma directa o de sus
parientes en forma indirecta, bien sea por lesiones al afectado en la primera hipótesis, o por
muerte de una pariente cercano, en la segunda. […] Un accidente automovilístico puede ser el
resultado de un actuar culposo o doloso del conductor del vehículo, de sus pasajeros, de
peatones o de terceros y como es usual, le corresponde a la víctima demostrar la
culpabilidad de la persona a quien se le atribuye el resultado dañoso, para poder
reclamar la reparación plenaria derivada de la responsabilidad subjetiva del artículo
186 de la Ley de Tránsito, en relación con el 1045 y 1048 del Código Civil.” (MONTERO

PIÑA, Fernando. El daño moral. San José, Impresión Gráfica del Este, 2002, p. 173) (El
destacado no pertenece al original). En el caso bajo examen, se produjo la muerte de la
señora Zully Guzmán Cáceres quien era la esposa y madre de los actores, respectivamente,
producto de lo que ellos consideran, se trató de un actuar imprudente por parte del
conductor y causante de la sucesión demandada. Sin embargo, es importante analizar la
prueba constante en autos a efecto de determinar si dicha imputación y relación causal
quedó demostrada. Debe partirse de que los artículos de periódicos aportados no pueden
ser considerados como prueba fehaciente, pues las declaraciones en que se basa dicha
información no reúnen los presupuestos para ser calificados, por sí solos, como prueba,
pues no fueron rendidos bajo las formalidades exigidas en sede judicial para dichas
probanzas. Es importante indicar que, muchas veces, constituyen manifestaciones dadas a
los periodistas al calor de los hechos, con base en apreciaciones subjetivas de personas
que no observaron directamente la situación o no se vieron afectados directamente en el
acontecimiento. En el asunto bajo examen, el testigo Edgar Monge Monge, a pesar de
reconocer no haber estado en ese lugar al momento del hecho, admite que él fue quien dio
declaraciones a la prensa escrita, por cuanto el señor Martín Rojas Leiva, quien sí
presenció los hechos directamente, era oficial de tránsito ad honorem y no estaba
legitimado para poder hacerlo. Por otra parte, como se ha venido indicando, las dos
personas que viajaban en el auto fallecieron y no existe algún sobreviviente que pueda dar
cuenta, de primera mano, de cómo ocurrieron los hechos. No obstante, sí es importante
determinar cuáles eran las condiciones de la vía, el clima y el tránsito en ese concreto
momento y lugar. En ese sentido, el testigo Martín Rojas Leiva apuntó: “Yo vi los hechos,
pero accidentalmente, pues yo iba para el Hospital y pasé por esa zona. El día de los hechos,
antes de la 6 de la mañana yo iba subiendo los diques, y una señora me solicitó que parara la
patrulla, me estacioné y me puse a hablar con dicha señora; recuerdo que pasaron dos carros
y la señora que estaba conmigo me dijo: ‘vea se está yendo un carro al río’. Observé y llamé
por radio para pedir ayuda. Vi cuando el carro se estaba yendo de pique en el río. El carro
que se fue al río venía circulando por la vía y se lo llevó el agua. No recuerdo que
hubiera ningún tipo de cierre de vías o señalizaciones. Dado el tiempo que ha pasado,
desconozco si hubo o no algún tipo de operativo en la zona por parte del Tránsito. El carro
que se llevó el agua pasó por la vía donde yo me encontraba estacionado y luego se lo
llevó el agua. Desde el lugar donde yo me encontraba hasta el lugar del accidente había
aproximadamente doscientos metros. […] Yo vi pasando dos carros por la vía, así que
hasta ese momento encontré que el tránsito era normal. … De los dos carros que yo
vipasar por la vía al momento del accidente, uno pasó primero y el otro, que pasó de
segundo, fue el que paró finalmente en el río. Agrega el testigo que es su intención dejar claro
que lo usual cuando hay crecidas del río, es que se cierre el tránsito por una hora,
luego se abra nuevamente y así continuamente y dependiendo del caudal se abran o
cierren las vías y el tiempo de cierre aumenta dependiendo del nivel de agua” (Folios
375-377) (La negrita fue suplida por el redactor). De la anterior deposición se infiere que
en el momento del hecho no estaba cerrada la vía, pues el tráfico de vehículos era normal,
incluso, el auto del señor Valverde Segura no fue el único que pasó, sino que otro vehículo
lo hizo antes, aunque con mejor suerte. En cuanto al testimonio de Edgar Monge Monge,
debe indicarse que dicho señor no se encontraba en el lugar de los hechos a la hora en que
aconteció el percance, como él mismo lo admitió, en tanto se hallaba controlando la vía
contraria, de modo que se enteró de las circunstancias por cuanto así se lo había contado
el testigo antes mencionado (folios 128-129). Lo mismo sucedió con el deponente Isidro

Rementería Rosello, quien también remitió al testigo Martín Rojas Leiva, ya que él no
estuvo presente ese día en el lugar de los hechos (folios 143-144). Así, se logra desprender
que la situación que produjo la muerte de ambas víctimas fue precisamente una cabeza de
agua que bajó intempestivamente en ese preciso momento, sin que se lograra acreditar
que el conductor desobedeciera alguna señal o hiciera caso omiso a algún retén presente
en esa zona ese día. En ese sentido, el daño moral reclamado por la parte demandante no
puede entrar a ser valorado, en tanto no existió prueba que demostrara que el accidente
hubiese sido causado por culpa grave o dolo del señor Valverde Segura y, en consecuencia,
la sucesión no tiene por qué cubrir algún tipo de indemnización, dado que no se demostró
un actuar imprudente del fallecido capaz de generar el percance. En ese tanto, el Tribunal
hizo bien al avalar la denegatoria de la demanda, por lo que no cabe más que declarar sin
lugar el recurso de la parte actora

V.- CONSIDERACIONES FINALES: Por lo anteriormente referido, procede rechazar los
agravios expuestos por el recurrente y declarar sin lugar el recurso con las costas a su
cargo.”


4. Accidente de tránsito: Cobro de daño moral por muerte de hijo y fijación
prudencial de la indemnización


Voto de mayoría

"VII.- En concepto de la parte apelante, el monto concedido por concepto de daño moral es
muy bajo. Además de los argumentos reseñados en el considerando anterior, manifestó en
su escrito de apelación lo siguiente: “Ahora bien, si tomamos los hechos tal y como
ocurrieron, de la prueba aportada se desprende de que mi hijo no muere en el instante, sino
por el contrario, muere dos horas después en el Hospital, producto de una fractura en el
cráneo y como resultado de esa lesión tenía el cerebro expuesto, puede usted respetable Juez
imaginar, lo que es ver morir a un hijo de catorce años durante dos horas con semejantes
lesiones, la agonía que he sentido y el sufrimiento que me ha dejado ese suceso en mi vida, he
estado al borde de la muerte con una enfermedad terminal producida en mayor parte por el
impacto de ese día, se me otorga la suma de cinco millones de colones por la muerte de mi
menor hijo, sin fundamentar siquiera del porqué de esa suma tan baja.” En criterio del
Tribunal, efectivamente el monto concedido sí resulta exiguo. Quedó acreditado en autos
el vínculo de filiación entre la parte actora y el menor Eduardo David Barrenechea Muñoz
También que el accidente ocurrió a las 23:10 horas del 19 de marzo de 2003 y que el
menor falleció en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas a la 1:34 horas del 20 de
marzo de ese año. Desde el momento del percance hasta su muerte transcurrieron 2 horas
con 24 minutos, y la causa de la muerte fue la fractura multifragmentaria de cráneo y
contusión y edema cerebrales. Se encuentra también acreditado que el menor cursaba
sétimo año de colegio en el Liceo de Chacarita de Puntarenas al momento de su
fallecimiento. No se encuentra acreditado, sin embargo, que la señora Brenda Vanesia
Barrenechea Muñoz, madre del niño, hubiera sufrido un agravamiento de una enfermedad

terminal a causa de la pérdida de su hijo, aunque consta en autos que también ella falleció
el 31 de agosto de 2005. Sea, su dolor por la pérdida de su hijo la acompañó durante sus
últimos dos años y cinco meses de vida. Otra circunstancia que debe tomarse en cuenta
para fijar prudencialmente el monto de la indemnización por daño moral, es que según el
examen de toxicología practicado al menor fallecido, el no tenía rastros de consumo de
alcohol o drogas (folio 22). Como bien se indica en el fallo apelado, de la propia gravedad
de los hechos y conforme a la lógica y a la experiencia humana, el dolor sufrido por una
madre ante la muerte de su hijo es enorme. Se trata de un menor de apenas 14 años,
estudiante, sin vicios conocidos, respecto de quien lógicamente se esperaba un futuro
promisorio. El amor de madre en estos casos resulta incuestionable y, tomando en cuenta
todos estos factores, estima el Tribunal que la fijación prudencial del daño moral hecha en
primera instancia efectivamente resulta bajo. Al respecto, ponderando todos los factores
de cómo se produjo el accidente, del vínculo existente entre la madre y su hijo fallecido, de
las circunstancias de vida que tenía el menor al momento de su fallecimiento y el tiempo
que efectivamente la madre sufrió moralmente por el fallecimiento de su hijo - desde que
sucedió el percance y hasta el deceso de la actora -, se acuerda por unanimidad modificar
el monto concedido por daño moral, para fijar la indemnización de este en veinticinco
millones de colones."


5. Accidente de tránsito: Cobro de daño moral en ejecución de sentencia


Voto de mayoría

"IV.- Los agravios respecto al daño moral son inadmisibles. Como bien se tuvo por
indemostrado, el accidente de tránsito no produjo lesiones indemnizables como daño
moral. En realidad el punto lo ha abordado el Tribunal en ese mismo sentido y, para evitar
reiteraciones odiosas, en voto número 284-N de las 7 horas 40 minutos del 31 de marzo de
2006 se dispuso: “V.- DAÑO MORAL. Esta partida la sustenta en 4 parámetros: A)
sensación de frustración y congoja de observar dañado su vehículo modelo 99 (sacado
nuevo de la agencia en el 2000), sin haber cubierto aun el préstamo con el Banco Interfín
que lo financió, con los sacrificios que implican para un funcionario público. B) sensación
de desasosiego y disgusto provocado por el daño doloroso e intencional sobre un
automotor que se esmeraba de tenerlo en las mejores condiciones mecánicas y estéticas
Incluso, añade, tuvo que mantener el vehículo chocado circulando por la falta de repuestos
en el país. C) Perturbación producida en el ámbito profesional y laboral al destinar horas
de su trabajo para atender los trámites judiciales, de seguro y de taller para la reparación
Ello le provocó, afirma, desconcentración laboral y una sensación de impotencia, angustia
y estrés al ver incrementarse el trabajo. D) frustración y perturbación que provoca la
contumacia del demandado en no aceptar su culpa o dolo en los daños, para lo cual tuvo
una espera de casi un año. Estima el rubro en ¢ 3.000.000. El accionado se opone porque
no puede existir daño moral por un simple “desasosiego o disgusto”. Tampoco por
frustración ni congoja. El vehículo quedó bien reparado de la rotura de un foco, la
abolladura en la tapa y el bumper. Para el a-quo es evidente la molestia al ocurrir la

colisión y fija la partida en ¢ 150.000. De ese extremo recurren ambos litigantes. El actor
pretende e insiste en la suma original reclamada, para lo cual reitera como agravios los
argumentos de la demanda. Por su lado, el demandado sostiene la improcedencia del
rubro por no mediar dolo y lo aprobado es aun exagerado. La jurisprudencia distingue
entre daño moral objetivo y subjetivo, el primero con efectos en la esfera patrimonial y el
segundo como indemnización en el campo afectivo o consecuente del sufrimiento
provocado por el hecho generador. Este Tribunal ha reiterado, en casos similares, que el
daño moral no requiere de prueba para su cuantificación. Por la naturaleza jurídica de ese
tipo de daño, el perito calificado para determinar el monto es el propio juzgador, sin que
sea necesario acudir a otros medios de prueba. Para ello basta con analizar el hecho
generador del daño moral. En autos se reclama el subjetivo; esto es, la sensación de
frustración, congoja, perturbación, impotencia, desasosiego y disgusto en ocasión a un
accidente de tránsito. La tesis del Tribunal, en materia de daño moral proveniente de
colisiones, gira alrededor de la existencia de lesiones del conductor o acompañantes. Se
concede producto del sufrimiento de las heridas corporales adquiridas en el choque
vehicular y, como valiosos antecedentes, se puede consultar los votos números 1098-E de
las 8 horas 35 minutos del 12 de agosto de 1994 y 992-R de las 7 horas 35 horas del 7 de
julio del 2000. Por el contrario, cuando se trata las reacciones propias y lógicas derivadas
de un accidente de tránsito, se ha denegado. En ese sentido se resolvió: “..En efecto, el
señor Juez a-quo confunde la naturaleza jurídica del daño moral con el lucro cesante, y la
confusión es lamentable porque ésta última partida la había denegado por falta de prueba
El daño moral indemnizable es aquel que proviene del sufrimiento originado en ocasión,
en este caso concreto, de la colisión de tránsito. Al respecto no hay prueba de que el actor,
producto del accidente, haya sufrido algún dolor susceptible de ser indemnizado. En el
escrito de demanda el actor lo sustenta en las incomodidades sufridas, junto con su
familia, al no contar con el único medio de transporte; pero además de que ese hecho no
fue debidamente demostrado, de ser cierto motiva la partida por lucro cesante y no el
daño moral. Véase que por el no uso del vehículo (pago de taxi) reclama un monto
mensual de veinte mil colones hasta un máximo liquidado de ciento veinte mil colones, lo
que constituye precisamente el lucro cesante. Se revoca, por ende, el daño moral aprobado
en cien mil colones, para en su lugar denegarlo..” Resolución número 1048-E de las 8 horas
45 minutos del 30 de octubre de 1996. No se pretende cuestionar la existencia de
molestias o disgustos luego de un accidente de tránsito, pero en realidad no califican de
sufrimientos capaces de justificar una indemnización por daño moral. Se trata de secuelas
normales y lógicas que deben ser asumidas por el conductor debido al riesgo objetivo de
conducir un vehículo en las calles públicas. Desde el momento que se obtiene una licencia
y se conduce un automotor, la posibilidad de participar en una colisión es real y
permanente. No es un fenómeno extraordinario ni imprevisible. Por esa razón, el daño
moral es procedente de mediar lesiones corporales, pero no ocurre lo mismo si el
resultado del accidente se limita a daños de carrocería. La existencia de un préstamo para
la compra del vehículo, las funciones profesionales y deseos personales respecto a la
conservación del automotor son extraños al reclamo e, incluso, no hay razón para que los
deba asumir la parte demandada por medio de un daño moral. Sin más consideraciones
por innecesario, se revoca este extremo para en su lugar denegar el rubro liquidado.” Voto
número 461-N de las 8 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2004. En este caso concreto,
no hay motivos suficientes para variar ese criterio jurisprudencial. Incluso, para una
mayor ilustración, el citado pronunciamiento fue avalado por la Sala Segunda de la Corte

Suprema de Justicia: “La Sala concuerda con el Tribunal en cuanto, a los efectos del
reconocimiento del daño moral en esta específica materia debe hacerse una clara
distinción entre el daño moral en los términos en que ha sido conceptuado, y aquellas
otras lesiones causadas en los derechos e intereses patrimoniales de las personas, cual
sucede por ejemplo por la desvalorización venal del vehículo por el solo hecho de la
colisión; los gastos extraordinarios en que ha debido incurrir el propietario del vehículo
por no contar con su propio medio de transporte; etc... los cuales, como lesiones
cuantificables que son, pueden estimarse como daños patrimoniales. Sí debe hacerse la
expresa aclaración sobre la existencia autónoma e independiente que tienen el daño moral
respecto del patrimonial, en tanto pueden configurarse con total prescindencia uno
respecto del otro, al punto que un daño patrimonial no implica siempre y necesariamente
el reconocimiento de un daño moral. Es cierto que el daño moral se constituye como un
daño in re ipsa, es decir que se produce por la sola existencia de la lesión, tal cual sucede
con la muerte o las lesiones psicofísicas a las personas; mas, en esencia, el agravio moral se
caracteriza por la existencia de dolores o padecimientos íntimos y por ello es que se ha
dicho que en los accidentes de tránsito en que no se han producido lesiones o la muerte de
personas no procede su reconocimiento, pues lo que se persigue con ese rubro es
indemnizar a la víctima de los padecimientos, dolores y molestias que el hecho le provocó
en su ánimo y no es dable aceptar, dentro de la normalidad, que en un choque de esta
naturaleza en el que sólo resultan daños materiales se origine a una persona aflicciones,
sufrimientos o padecimientos de orden espiritual, si con el resarcimiento integral de los
daños materiales se reintegra a la víctima en su misma situación. Las congojas, molestias y
aún las angustias derivadas de un accidente de tránsito forman parte de los riesgos
inherentes o contingencias esperables por el uso de los vehículos, sobre todo en las
condiciones actuales de excesivo tránsito vehicular. Esas molestias no significan una lesión
en las afecciones legítimas, experimentadas en la intimidad de la persona, que son las
únicas que dan lugar a la indemnización del daño moral, pues no toda lesión a los afectos
puede ser considerado relevante para ser resarcible dado que ello haría incurrir en la
absurda conclusión de reconocer el daño moral en todas las lesiones a los bienes
patrimoniales. Para que un interés de afección sea susceptible de tal tutela no sólo debe
ser legítimo, sino que debe apoyarse en un fundamento razonable, en el tanto que el
derecho no ampara las valoraciones subjetivas que en alguna medida todos los hombres y
las mujeres le tienen a los bienes adquiridos por el solo esfuerzo del trabajo que les tomó
su adquisición. Esa razonabilidad está dada acorde con el parámetro que brinda la
normalidad, es decir, aquello que normalmente se considera que causa una lesión a un
sentimiento o a un derecho.” Resolución número 108 de las 9 horas 40 minutos del 18 de
febrero de 2005”. Sin más consideraciones por innecesario, se confirma la denegatoria de
este extremo. No obstante, en este punto el integrante Hernández Aguilar consigna nota
V.- Por último, por mayoría se aceptan los motivos de inconformidad respecto al punto de
partida de los intereses. No obstante, se conceden a partir de la firmeza del fallo de
tránsito y no del accidente como se solicita. Con otra integración, el Tribunal asumió la
tesis esgrimida por el juzgado a-quo; esto es, los réditos corren desde de la firmeza de la
sentencia de ejecución. Como primer antecedente se puede consultar el voto número
1001-F de las 9 horas 40 minutos del 7 de agosto de 2001. Desde entonces y hasta la fecha,
se ha reiterado ese criterio porque es con el pronunciamiento civil donde se cuantifican los
daños y perjuicios. Con anterioridad, se decía, el ejecutante tenía una simple expectativa
Sin embargo, retomado el tema con la nueva composición de este órgano jurisdiccional, se

reconsidera la jurisprudencia citada porque es contraria a la teoría de la indemnización
integral del daño, avalada por la doctrina generalizada. La función del juzgador en estos
conflictos, por su naturaleza, obliga a resarcir a la parte ofendida lo más preciso a fin de
mantener la situación que tenía al momento del hecho generador. Cuando éste ocurre,
concretamente la colisión, ambas conductores son se tienen como infractores o imputados
dentro de la causa penal. Esa condición se extiende hasta la firmeza del fallo de tránsito,
donde a uno de los intervinientes se le tiene como responsable del accidente y se le
condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados al otro, quien a su vez es exonerado
de toda responsabilidad. Con ese pronunciamiento se elimina el concepto de inocencia de
ambos choferes y, para el liberado, surge el derecho claro y contundente de cobrar por vía
de ejecución los daños y perjuicios. No se trata de cuestionar la característica de
responsabilidad extracontractual del debate, pero la incertidumbre queda superada con la
sentencia de tránsito, donde se le concede el derecho al actor de cobrar la indemnización
Un juez con facultades suficientes para ello hace la condena y los intereses, conforme al
artículo 706 del Código Civil, se deben incluir dentro de los perjuicios. Es cierto que la
imposición se hace en abstracto, pero se debe distinguir entre el derecho a ejecutar y la
cuantificación de los daños y perjuicios. En el fallo civil se aprueban las partidas que
resulten procedentes, pero es evidente que la parte actora obtuvo el derecho de cobrar
con la firmeza de la sentencia de tránsito y desde ahí empiezan a generar réditos las sumas
que luego se aprobaran. Por lo general la parte inocente debe cubrir con su propio
patrimonio la reparación de su vehículo, lo cual hace con mucha anterioridad a la
cancelación que haga el demandado en ejecución. Por todo lo expuesto, sin más
consideraciones por innecesario, por mayoría se revoca este extremo para concederlo en
la forma indicada."


6. Cobro de daño moral en ejecución de sentencia: Análisis sobre el fundamento de
reconocerlo únicamente cuando se ha producido lesiones


Voto de mayoría

"II.- Ejecución de sentencia producto de un accidente de tránsito. En el fallo que se ejecuta,
se condena al demandado al pago de los daños y perjuicios ocasionados. La actora reclama,
en su escrito de demanda, las siguientes partidas: 1) por concepto de deducible la suma de
¢ 1.110.147, 2) honorarios de tránsito ¢ 120.000, 3) por daño moral ¢ 3.000.000 y 4)
intereses sobre esos montos hasta su efectivo pago. Además, solicita el pago de ambas
costas de la ejecución. El demandado contesta a folio 65 y se opone a cada uno de los
rubros. En el fallo recurrido, el Juzgado acoge los dos primeros renglones en la forma
pedida y condena a pagar, sobre esas sumas, intereses a partir de la firmeza del fallo
Rechaza la partida de daño moral e impone el pago de ambas costas de la ejecución. De ese
pronunciamiento recurren ambas partes. La actora únicamente en cuanto a la denegatoria
del daño moral y, el accionado, respecto a la suma otorgada por honorarios de tránsito. La
competencia funcional del Tribunal se reducen, en consecuencia, a esos dos únicos
extremos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 565 del Código Procesal Civil, a

pesar de que apelan los dos litigantes, se conoce en lo apelado. Los demás
pronunciamientos no son objeto de impugnación

III.- APELACIÓN DE LA ACTORA. El daño moral lo justificó en su demanda de la siguiente
manera: “está conformado por el gran sufrimiento que tuvo la suscrita al verse en una
situación en la cuál fácilmente pude haber perdido la vida, este accidente me ha causado una
gran inseguridad y temor al conducir, miedo de tener otro accidente de iguales proporciones,
un estado de nerviosismo general, situaciones de las cuales hasta el día de hoy me he venido
recuperando gradualmente. Además compone este daño moral, todo el sufrimiento que he
tenido al tener que pasar un proceso de tránsito, un proceso de impugnación de la sentencia
de tránsito, y ahora un proceso de ejecución de sentencia para poder recuperarme
económicamente de los daños sufridos. Todo esto me ha generado un gran sufrimiento y
angustia que solicito sea efectivamente indemnizado. No puede ser que alguien en forma
abiertamente imprudente y con irrespeto absoluto a los derechos de las demás personas
ponga en grave riesgo mi vida, destruya totalmente mi vehículo, y además intencionalmente
dilate los procedimientos para hacer un pago inevitable.” Los agravios, en términos
generales, insisten en esos dos argumentos para justificar el daño moral. El sufrimiento
ocasionado por el accidente y la actitud asumida por el demandado en los procesos de
tránsitoy de ejecución. Protesta la necesidad de lesiones físicas para obtener la
indemnización por este rubro. En una ejecución similar el Tribunal abordó el tema de la
inadmisibilidad de la partida en los siguientes términos: “V.- DAÑO MORAL. Esta partida la
sustenta en 4 parámetros: A) sensación de frustración y congoja de observar dañado su
vehículo modelo 99 (sacado nuevo de la agencia en el 2000), sin haber cubierto aun el
préstamo con el Banco Interfín que lo financió, con los sacrificios que implican para un
funcionario público. B) sensación de desasosiego y disgusto provocado por el daño doloroso e
intencional sobre un automotor que se esmeraba de tenerlo en las mejores condiciones
mecánicas y estéticas. Incluso, añade, tuvo que mantener el vehículo chocado circulando por
la falta de repuestos en el país. C) Perturbación producida en el ámbito profesional y laboral
al destinar horas de su trabajo para atender los trámites judiciales, de seguro y de taller para
la reparación. Ello le provocó, afirma, desconcentración laboral y una sensación de
impotencia, angustia y estrés al ver incrementarse el trabajo. D) frustración y perturbación
que provoca la contumacia del demandado en no aceptar su culpa o dolo en los daños, para
lo cual tuvo una espera de casi un año. Estima el rubro en ¢ 3.000.000. El accionado se opone
porque no puede existir daño moral por un simple “desasosiego o disgusto”. Tampoco por
frustración ni congoja. El vehículo quedó bien reparado de la rotura de un foco, la abolladura
en la tapa y el bumper. Para el a-quo es evidente la molestia al ocurrir la colisión y fija la
partida en ¢ 150.000. De ese extremo recurren ambos litigantes. El actor pretende e insiste en
la suma original reclamada, para lo cual reitera como agravios los argumentos de la
demanda. Por su lado, el demandado sostiene la improcedencia del rubro por no mediar dolo
y lo aprobado es aun exagerado. La jurisprudencia distingue entre daño moral objetivo y
subjetivo, el primero con efectos en la esfera patrimonial y el segundo como indemnización
en el campo afectivo o consecuente del sufrimiento provocado por el hecho generador. Este
Tribunal ha reiterado, en casos similares, que el daño moral no requiere de prueba para su
cuantificación. Por la naturaleza jurídica de ese tipo de daño, el perito calificado para
determinar el monto es el propio juzgador, sin que sea necesario acudir a otros medios de
prueba. Para ello basta con analizar el hecho generador del daño moral. En autos se reclama
el subjetivo; esto es, la sensación de frustración, congoja, perturbación, impotencia,

desasosiego y disgusto en ocasión a un accidente de tránsito. La tesis del Tribunal, en
materia de daño moral proveniente de colisiones, gira alrededor de la existencia de lesiones
del conductor o acompañantes. Se concede producto del sufrimiento de las heridas
corporales adquiridas en el choque vehicular y, como valiosos antecedentes, se puede
consultar los votos números 1098-E de las 8 horas 35 minutos del 12 de agosto de 1994 y
992-R de las 7 horas 35 horas del 7 de julio del 2000. Por el contrario, cuando se trata las
reacciones propias y lógicas derivadas de un accidente de tránsito, se ha denegado. En ese
sentido se resolvió: “..En efecto, el señor Juez a-quo confunde la naturaleza jurídica del daño
moral con el lucro cesante, y la confusión es lamentable porque ésta última partida la había
denegado por falta de prueba. El daño moral indemnizable es aquel que proviene del
sufrimiento originado en ocasión, en este caso concreto, de la colisión de tránsito. Al respecto
no hay prueba de que el actor, producto del accidente, haya sufrido algún dolor susceptible
de ser indemnizado. En el escrito de demanda el actor lo sustenta en las incomodidades
sufridas, junto con su familia, al no contar con el único medio de transporte; pero además de
que ese hecho no fue debidamente demostrado, de ser cierto motiva la partida por lucro
cesante y no el daño moral. Véase que por el no uso del vehículo (pago de taxi) reclama un
monto mensual de veinte mil colones hasta un máximo liquidado de ciento veinte mil colones,
lo que constituye precisamente el lucro cesante. Se revoca, por ende, el daño moral aprobado
en cien mil colones, para en su lugar denegarlo..” Resolución número 1048-E de las 8 horas
45 minutos del 30 de octubre de 1996. No se pretende cuestionar la existencia de molestias o
disgustos luego de un accidente de tránsito, pero en realidad no califican de sufrimientos
capaces de justificar una indemnización por daño moral. Se trata de secuelas normales y
lógicas que deben ser asumidas por el conductor debido al riesgo objetivo de conducir un
vehículo en las calles públicas. Desde el momento que se obtiene una licencia y se conduce un
automotor, la posibilidad de participar en una colisión es real y permanente. No es un
fenómeno extraordinario ni imprevisible. Por esa razón, el daño moral es procedente de
mediar lesiones corporales, pero no ocurre lo mismo si el resultado del accidente se limita a
daños de carrocería. La existencia de un préstamo para la compra del vehículo, las funciones
profesionales y deseos personales respecto a la conservación del automotor son extraños al
reclamo e, incluso, no hay razón para que los deba asumir la parte demandada por medio de
un daño moral. Sin más consideraciones por innecesario, se revoca este extremo para en su
lugar denegar el rubro liquidado.” Voto número 461-N de las 8 horas 30 minutos del 10 de
marzo de 2004. En este caso concreto, no hay motivos suficientes para variar ese criterio
jurisprudencial. Incluso, para una mayor ilustración, el citado pronunciamiento fue
avalado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: “La Sala concuerda con el
Tribunal en cuanto, a los efectos del reconocimiento del daño moral en esta específica
materia debe hacerse una clara distinción entre el daño moral en los términos en que ha sido
conceptuado, y aquellas otras lesiones causadas en los derechos e intereses patrimoniales de
las personas, cual sucede por ejemplo por la desvalorización venal del vehículo por el solo
hecho de la colisión; los gastos extraordinarios en que ha debido incurrir el propietario del
vehículo por no contar con su propio medio de transporte; etc... los cuales, como lesiones
cuantificables que son, pueden estimarse como daños patrimoniales. Sí debe hacerse la
expresa aclaración sobre la existencia autónoma e independiente que tienen el daño moral
respecto del patrimonial, en tanto pueden configurarse con total prescindencia uno respecto
del otro, al punto que un daño patrimonial no implica siempre y necesariamente el
reconocimiento de un daño moral. Es cierto que el daño moral se constituye como un daño in
re ipsa, es decir que se produce por la sola existencia de la lesión, tal cual sucede con la

muerte o las lesiones psicofísicas a las personas; mas, en esencia, el agravio moral se
caracteriza por la existencia de dolores o padecimientos íntimos y por ello es que se ha dicho
que en los accidentes de tránsito en que no se han producido lesiones o la muerte de personas
no procede su reconocimiento, pues lo que se persigue con ese rubro es indemnizar a la
víctima de los padecimientos, dolores y molestias que el hecho le provocó en su ánimo y no es
dable aceptar, dentro de la normalidad, que en un choque de esta naturaleza en el que sólo
resultan daños materiales se origine a una persona aflicciones, sufrimientos o padecimientos
de orden espiritual, si con el resarcimiento integral de los daños materiales se reintegra a la
víctima en su misma situación. Las congojas, molestias y aún las angustias derivadas de un
accidente de tránsito forman parte de los riesgos inherentes o contingencias esperables por
el uso de los vehículos, sobre todo en las condiciones actuales de excesivo tránsito vehicular
Esas molestias no significan una lesión en las afecciones legítimas, experimentadas en la
intimidad de la persona, que son las únicas que dan lugar a la indemnización del daño moral,
pues no toda lesión a los afectos puede ser considerado relevante para ser resarcible dado
que ello haría incurrir en la absurda conclusión de reconocer el daño moral en todas las
lesiones a los bienes patrimoniales. Para que un interés de afección sea susceptible de tal
tutela no sólo debe ser legítimo, sino que debe apoyarse en un fundamento razonable, en el
tanto que el derecho no ampara las valoraciones subjetivas que en alguna medida todos los
hombres y las mujeres le tienen a los bienes adquiridos por el solo esfuerzo del trabajo que
les tomó su adquisición. Esa razonabilidad está dada acorde con el parámetro que brinda la
normalidad, es decir, aquello que normalmente se considera que causa una lesión a un
sentimiento o a un derecho.” Resolución número 108 de las 9 horas 40 minutos del 18 de
febrero de 2005. Sin más consideraciones por innecesario, se confirma la denegatoria de
este extremo."


7. Daño moral derivado de accidente de tránsito: Análisis sobre el fundamento de
reconocerlo únicamente cuando se ha producido lesiones


Voto de mayoría

"IX.- Analizados que han sido los elementos de prueba que constan en el expediente, y con
base en las reglas de la lógica, de la experiencia, de la sicología y utilizando el buen sentido
común, resulta más que evidente que una colisión como la que ocurrió entre los vehículos
que conducían don Máximo Vásquez y doña Laura Rodríguez normalmente no produce
daños por un monto como el que se reclama, de más de novecientos mil colones. Ello hace
necesario que se revise cada una de las partidas liquidadas por la parte actora a fin de
determinar en un primer momento si se ha logrado acreditar la materialidad del
respectivo daño o perjuicio, para luego verificar si también se logró acreditar su justo
valor. Con las fotos que obran en el expediente, y con la prueba pericial evacuada, es fácil
darse cuenta que los daños sufridos por el vehículo de la señora Mercedes Sancho fueron
menores, y en consecuencia, que no requieren de una excesiva cantidad de dinero para ser
reparados en atención al tipo y modelo del vehículo damnificado. El mismo perito refiere
que el carro ya fue totalmente arreglado y estimó que dicha reparación tuvo un valor de

ciento treinta y dos mil colones, lo que en principio parece justo en atención a la magnitud
de los daños sufridos por el vehículo de la señora Sancho. Ello descarta que el vehículo
deba volver al taller para un supuesto arreglo definitivo. En tal sentido, el causante del
daño solo está obligado a cancelar lo que corresponda a una reparación definitiva, más no
a lo pretendido por la parte actora, a saber, que pague primero por una reparación
provisional, y luego por una definitiva. Ello va en contra de la equidad y la
proporcionalidad que debe imperar en este tipo de asuntos, pues ello implicaría un doble
pago de arreglos. Agréguese a esto que lo que la parte actora presenta como prueba del
valor de los repuestos que supuestamente necesita el automotor son facturas pro-formas,
que tal y como lo menciona el a-quo, carecen de valor probatorio alguno en esta materia
Para probar la necesidad del supuesto arreglo definitivo, la parte actora aportó prueba
testimonial, pero ésta no tiene la fuerza suficiente para desvirtuar el informe pericial
rendido, según el cual y de acuerdo al experto, el automotor ya fue totalmente reparado
De hecho, la parte actora no logró desvirtuar en modo alguno el peritaje rendido, ni el
Tribunal encuentra motivo alguno para restarle mérito, de ahí que se le brinde
credibilidad. En lo que al daño moral se refiere, no logró acreditar el señor Vásquez su
materialidad, y consecuentemente tampoco su justo valor. En tal sentido el informe
pericial rendido en autos es concluyente, sin que se haya aportado o traído al expediente
elemento de prueba alguno que venga a mostrar cosa distinta. Obsérvese además que lo
que el señor Vásquez reclama es la angustia, congoja, preocupación familiar y desaliento al
no resolverse oportunamente esta litis, en otras palabras, lo que se reclama no es
consecuencia inmediata y directa del percance automovilístico, sino del proceso judicial
mismo, lo cual resulta improcedente. Por otra parte, en lo que al reclamo de depreciación
se refiere, el perito indicó con claridad que ésta no se produjo en el caso que nos ocupa y
por tal razón su cobro resulta improcedente, tal y como acertadamente resolvió el a-quo
En cuanto al lucro cesante que reclamó el señor Vásquez, éste no se encuentra legitimado
para dicho cobro: sencillamente, él no es el propietario del automotor con el que
supuestamente realizaba una actividad de distribución. Por otra parte, no es acertada la
afirmación de la parte actora en el sentido de que el acuerdo conciliatorio no produjo
ningún efecto y que debe tenerse por nulo por falta de aprobación de la juez de Tránsito
Independientemente de su aprobación, lo importante de dicho acuerdo a los efectos de
este proceso, es que la parte actora recibió un pago parcial por concepto de
indemnización, pago que resulta válido para todos los efectos de este proceso. Finalmente
y en lo que al reclamo de las costas procesales se refiere, éstas no fueron concedidas por el
a-quo, lo cual resulta acertado porque los gastos que pudiera implicar este proceso deben
reclamarse en el momento procesal oportuno, lo que será después de la firmeza del fallo y
no antes. Los honorarios de abogado fueron acertadamente concedidos en suma que el
Tribunal estima adecuada en atención al tipo de asunto y labor desplegada en el proceso
de tránsito. Además, dicho monto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por
el decreto de honorarios respectivo. Pese a todo lo anterior, considera esta Cámara que lo
resuelto en cuanto a costas del presente asunto es erróneo en tanto que la parte vencida
debe cancelarlas conforme a la regla general del artículo 221 del Código Procesal Civil, sin
que exista en este caso motivo para disponer la absolución. En este sentido, se revocará
parcialmente lo dispuesto por el a-quo."


8. Análisis sobre el carácter probatorio de informe pericial de matemático sobre
lesiones sufridas
 Daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito terrestre
 Fijación prudencial de la indemnización por los daños y perjuicios


Voto de mayoría

"VIII. Respecto a los agravios de fondo, la entidad demandada se muestra disconforme con
todos los extremos concedidos sobre el daño. En este caso quedó demostrado que las
lesiones sufridas por el actor lo fueron el día 18 de mayo de 1996, y como consecuencia de
ello sufre de rigidez severa de antebrazo izquierdo, pérdida de la función del codo en un
diez por ciento y atrofia de la musculatura, tanto de la muñeca como de la flexión de los
dedos, y se estimó la incapacidad del cincuenta por ciento del miembro superior izquierdo
En este asunto se encuentran en los autos varios documentos periciales relativos al tipo de
lesión que padece el promovente. El primero de ellos en un dictamen médico legal del
Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, suscrito por la
Dra. Patricia Solano Calderón visible a folio 1 y 2 y 80 a 81. En este informe indica que el
actor fue valorado el 17 de junio de 1996, en esa oportunidad diagnosticó una incapacidad
temporal de seis semanas. Además se advirtió que al ser dado de alta debería presentarse
nuevamente a la Clínica Médico Forense para emitir el dictamen definitivo. Del estudio del
expediente de la causa penal por lesiones de folios 43 a 117, se desprende no existió esa
segunda valoración y en consecuencia no hay un dictamen definitivo emanado de ese
cuerpo forense. Un segundo informe pericial es el rendido por el médico Werner
Steinvorth Jiménez a folio 314, recibido en estrados el 19 de marzo del 2003. Resumió los
hallazgos indicando, hay rigidez severa del antebrazo izquierdo, debilidad y atrofia de la
musculatura. Agrega que tales secuelas lo incapacitan para trabajar en su oficio normal de
construcción; además apunta hay molestias constantes leves en el antebrazo izquierdo
Ante la petición de la parte proponente, se adicionó el informe, y el citado galeno estimó la
incapacidad en un 50% del miembro superior izquierdo, excluyendo el hombro; e indicó
que el brazo dominante es el derecho (folio 322). El tercer informe pericial rendido por el
perito que constan en autos, es elaborado por el matemático William Granados Lacayo,
donde pondera varios extremos: daño material temporal entendido como la incapacidad
temporal; el daño permanente lo basa en la pérdida del 50% de la capacidad general del
miembro superior izquierdo el cual comprende según el informe referido, como la
representación de todos los gastos necesarios para trasladarse, procurarse medicamentos,
costos de atención por las rehabilitaciones, tiempo de hospitalización y demás necesarios
para recuperar físicamente un nivel apropiado de desempeño cotidiano; el daño moral
como la pérdida subjetiva o valor de la disminución de su capacidad orgánica funcional; y,
perjuicios como los intereses sobre las sumas tasadas

IX. Los restantes agravios, se dirigen a combatir el rubro dado en sentencia que
corresponde a “Incapacidad permanente” el cual fue fijado en la suma ¢19.284.048,80. En
resumen critica de esa fijación dos aspectos, primero que no hay documental para probar
los gastos incurridos señalados por el perito; y, que duplica la suma porque parte de los
supuestos contenidos en el artículo 127 del Código Penal de las reglas vigentes sobre

responsabilidad civil. Revisados los autos, se desprende que ambos temas no son citados
en el fallo recurrido, sino son expuestos en el informe confeccionado por el perito
matemático, cuando explica qué aspectos tomó en consideración para llegar a sus
conclusiones. Del estudio puntual del informe referido se desprende, que efectivamente el
profesional definió el daño permanente sustentado en la pérdida de la capacidad general
orgánica del brazo de un 50%. Sin embargo detalla que ese daño esta “representado por
todos los gastos necesarios, costos de atención por las rehabilitaciones, tiempo de
hospitalización y demás, que han sido necesarios para recuperar físicamente un nivel
apropiado de desempeño cotidiano” (folio 341). Además hace el cálculo con base a la norma
del Código Penal referido, señalando “que comprende cuando hay además de las lesiones,
secuelas, también se le produjeren amputaciones o repercusiones en la conducta y
personalidad del ofendido la ponderación a aplicar corresponde a dos veces la unidad (2)”
(folio 344). En el momento procesal oportuno, esta experticia se puso en conocimiento a
las partes. La empresa recurrente se mostró disconforme, pero no solicitó aclaración de
éste ni de otros aspectos mencionados en el informe. Lo que hizo fue criticarlos y solicitar
una prueba pericial nueva, petición que fue rechazada por extemporánea (resolución a
folio 347, memorial a folios 357 a 358, rechazo de la nueva prueba pericial a folio 360). Sin
embargo, a criterio de este Tribunal, el perito consideró aspectos que no son propios de
los extremos pedidos en la demanda, o que se relacionan con el tema de los perjuicios. No
obstante, dada la naturaleza de este caso, es necesario contar con prueba pericial, para
determinar la existencia o no de la incapacidad permanente, porque es un tema que exige
conocimientos técnicos especiales, con la finalidad de auxiliar al juzgador en la decisión
Tal informe, por una parte no es vinculante, y por otra resulta ser un elemento probatorio,
que sirve como parámetro para fijar de manera prudencial la indemnización; máxime ante
la ausencia de más elementos probatorios. Específicamente en lo relativo al quantum
fijado en el fallo recurrido por concepto del daño permanente, al tener por demostrado la
existencia de la perdida de la capacidad general de la extremidad izquierda del actor en un
50%, considerando la edad y que el brazo dominante es el derecho. En razón de lo
anterior, procede modificar la sentencia únicamente en cuanto condenó al pago por
concepto del daño material en la suma de diecinueve millones doscientos ochenta y cuatro
mil cuarenta y ocho colones con ochenta céntimos, y en su lugar ha de fijarse la
indemnización por el daño permanente sufrido en la suma de prudencial de diecinueve
millones de colones, siendo que este monto es una cifra razonable considerando la lesión
causada, y el impacto en la capacidad general orgánica del accionante."

X. Por último aduce el recurrente, que el dictamen rendido por el médico “Edwin Berrocal
Montero” a folio 77 del legajo de pruebas del actor, fijó al actor una incapacidad de un
20%. Tal aseveración carece de todo fundamento porque el médico que vertió esa opinión
fue Mauricio Barbosa Picón (folio 265). No obstante, el referido profesional no adicionó el
informe como le fue ordenado por el juzgado, razón por la cual en resolución de las 11
horas del 18 de setiembre del 2002 se removió del cargo y dejó sin efecto esa experticia
por lo que no es posible entrar a analizar tal documento, pues no es válido al no terminar
el profesional la labor encomendada. Al no cumplir con las aclaraciones pedidas, el
juzgado solo podía dejarlo sin efecto, como se explicó en líneas anteriores. Dado lo
relatado anteriormente, el despacho de origen, procedió a nombrar a otro experto, lo que
culminó con el informe vertido por el médico Steinvorth Jiménez el cual fue valorado en


líneas anteriores, y es el que sirve como base para determinar la incapacidad sufrida por el
actor como consecuencia del accidente de tránsito."


9. Cobro de daños y perjuicios en ejecución de sentencia: Deber de demostrar en
forma idónea su cuantificación


Voto de mayoría

"IV.- Andrés Lill Herrle fue conceptuado autor responsable de la desdicha de circulación
que golpeó vehículo matrícula 444255. El Juzgado de Tránsito II Circuito Judicial de San
José atendiéndola lo constriñe - es condigno castigo - sufragar eventuales daños y
perjuicios ocasionados. Ejecutoria de folios 2 a 10. Alexander Román Araya dueño del
sobredicho automotor critica, a través de su apoderado especial judicial jurista Mario
Brenes Luna, rechazo íntegro de ¢ 420.000,oo - reparación - y ¢ 111.296,oo - repuestos -
como inversiones que afirma realizó. Folio 49. Queja inatendible. La Cámara ha venido
sosteniendo: "...III.- No comparte el Tribunal los motivos de inconformidad. Desde vieja data
la jurisprudencia le ha atribuido la carga de la prueba a la parte actora. Al respecto se dijo: "
En una ejecución de sentencia lo que la parte debe tratar de probar, además de su derecho
para el cobro son todas y cada una de las partidas que se reclaman." Voto N° 710-E de las 8
horas 15 minutos del 27 de mayo de 1992... III.- En este tipo de procesos no se trata de
demostrar los daños, lo importante es acreditar su cuantificación con prueba fehaciente. El
panorama no se modifica con los datos del parte de tránsito y la descripción de los daños,
pues se echa de menos medios probatorios para definir con claridad el monto de tales
daños. La denegatoria de ambas partidas, en consecuencia, se mantiene... Voto N° 788-L de
13:10 horas del 13 de mayo del 2004." Extracto del Voto N° 830-G de 8:55 horas del 4 de
agosto del 2005. "... Se debe recordar que en estos el problema no es la existencia de los
daños ni la condena imperativa para cubrirlos, pues la ejecutoria contiene ese dato y se
puede probar de una u otra forma la magnitud de la colisión. Lo importante para acoger
los rubros liquidados, es demostrar en forma idónea la cuantificación de esos daños. Esto
último es lo que se echa de menos en autos. Aun cuando se acrediten los daños, mediante
fotografías o descripción del parte de tránsito se carece de facturas reconocidas o de
pericial para determinar el costo de la reparación. Los agravios, entonces, son
inadmisibles..." Voto N° 664-L de 7:40 horas del 14 de abril del 2004. "


iSentencia: 00056 Expediente: 03-000659-0163-CA Fecha: 08/05/2012 Hora: 03:45:00 p.m
Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII

Sentencia: 00444 Expediente: 07-100145-0216-CI
ii Fecha: 03/06/2009 Hora: 08:00:00 a.m
Emitido por: Tribunal Primero Civil

Sentencia: 00658 Expediente: 99-101179-0336-CI
iii Fecha: 12/09/2007 Hora: 10:10:00 a.m
Emitido por: Sala Segunda de la Corte

Sentencia: 00085 Expediente: 03-100705-0417-CI
iv Fecha: 28/06/2006 Hora: 10:15:00 a.m
Emitido por: Tribunal Segundo Civil, Sección I

vSentencia: 00360 Expediente: 02-000411-0183-CI Fecha: 26/04/2006 Hora: 08:20:00 a.m
Emitido por: Tribunal Primero Civil

Sentencia: 00284 Expediente: 04-001643-0184-CI
vi Fecha: 31/03/2006 Hora: 07:40:00 a.m
Emitido por: Tribunal Primero Civil

Sentencia: 00119 Expediente: 03-000075-0164-CI
vii Fecha: 24/02/2006 Hora: 07:45:00 a.m
Emitido por: Tribunal Primero Civil

Sentencia: 00162 Expediente: 99-000011-0180-CI
viii Fecha: 16/06/2006 Hora: 10:10:00 a.m
Emitido por: Tribunal Segundo Civil, Sección I

Sentencia: 00325 Expediente: 04-001548-0164-CI
ix Fecha: 07/04/2006 Hora: 08:25:00 a.m
Emitido por: Tribunal Primero Civil