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RESUMEN: En el desarrollo de presente informe investigativo se
analiza el papel que ha desempeñado el Colegio de Abogados de
Costa Rica, desde su fundación en 1881, en el acontecer político y
jurídico, hasta la actualidad. De esta manera, se incorpora una
breve reseña histórica del Colegio, así como la participación que
ha tenido el mismo en la creación de la Revista de Ciencias
Jurídicas o en la redacción de la Constitución. En el plano del
Derecho Público se examina su participación, a través de la
propulsión de distintos proyectos de ley, así como la lucha
desplegada en pro de los derechos de las mujeres

Índice de contenido


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DESARROLLO


1. Doctrina

a. Historia del Colegio de Abogados desde su Fundación
“La conmemoración de los 125 años de la creación del Colegio de
Abogados de Costa Rica como uno de los gremios profesionales de
más larga trayectoria y trascendencia en la vida institucional del
país, nos lleva a reflexionar no solo sobre los objetivos y la
misión a que está llamado a cumplir sino también, a las
circunstancias y transformaciones que la Costa Rica de ayer y de
hoy vivieron, viven y deben vivir, para consolidar los principios
esenciales de la libertad, la realización de la justicia social,
la igualdad entre los seres humanos, el respeto a su dignidad y la
lucha permanente por la soberanía bajo el régimen de una
democracia regida, por la ley

La preocupación del costarricense porque la ley y, no la espada,
la democracia, y no la dictadura, permitiera que la antigua
provincia de Costa Rica, al lograr su independencia de la
Monarquía Española, se conservara "libre, unida, segura y
tranquila por un pacto de unión y concordia" hasta tanto el pueblo
soberano no dictase una constitución que le diera forma y ser a su
existencia jurídica, decidimos, en el Pacto Social Fundamental
Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, dictado el 1° de
diciembre de 1821, darle la autoridad de Autor y Supremo
Legislador de la sociedad a "Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo", para que rigiera nuestros destinos en aquellos
aciagos momentos. Es así como para los costarricenses la ley no
solo será una norma positiva sino también una norma de carácter
moral, dándole mayor fuerza, a su cumplimiento, en un país
eminentemente católico como lo era en aquellos años

Pocos años después, en 1824, un grupo de ciudadanos constituidos
en la Tertulia Patriótica, hacía un minucioso estudio de las
carencias y falta de recursos económicos para poder llevar a cabo
la formación de un nuevo Estado. Es decir, lo que hoy llamaríamos
"Un informe del Estado de la Nación"

En ese minucioso análisis, lo que llama la atención, es que nos
les preocupaba tanto la pobreza y las múltiples carencias en que
nos había dejado el antiguo régimen español y, que esperaban ir
resolviendo con el tiempo, sino la ausencia de escuelas públicas
para educar a sus hijos y la de un jurisconsulto que le diera alma
y vida a las nuevas instituciones jurídicas que iba a necesitar el


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Estado de Derecho

Efectivamente, toman dos decisiones trascendentales para el futuro
del país. La primera será, ante la falta de recursos económicos,
vender las pocas armas que tenía Costa Rica y con ello financiar
la educación. La antigua Casa de Enseñanza de Santo Tomás,
cerrada, en 1814 por el Rey de España, abre de nuevo sus puertas
para la enseñanza de las primeras letras y la aritmética. Se
contrata en Nicaragua al Bachiller Rafael Francisco Osejo para que
con sus "luces" conduzca el nuevo centro de educación pública

La segunda decisión es convocar al pueblo para que elija diputados
que los representen en una Asamblea Constituyente, y que tendrá
como objetivo promulgar la primera constitución política que le
dará forma institucional al naciente estado

Es así como, pronto vemos a los costarricenses no sólo convocar a
elecciones para diputados para una Constituyente sino proceder a
inaugurar, el 6 de setiembre de 1824, la primera Asamblea
Constituyente que tuvo el país y cuyo objetivo sería crear un
nuevo régimen político. Para ello se creó la Comisión de
Constitución y Legislación, presidida por el también presidente de
la Asamblea Constituyente, Lie. Agustín Gutiérrez de Lizaurzábal,
distinguido jurisconsulto de origen guatemalteco pero de
pensamiento centroamericano y universal

Un hecho fundamental lo es, el que la Asamblea Constituyente,
antes de promulgar la Constitución, en enero de 1825, procediera a
dar los decretos, en el mismo mes de setiembre, que podemos llamar
sacros y que han sido los pilares fundamentales del sistema
democrático costarricense y también de nuestra idiosincrasia

Así por ejemplo, de estos decretos sacros, el primero es declarar
el Congreso Constituyente que: La Virgen de los Angeles , Madre de
Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo la Pa-trona del
Estado de Costa Rica. Y lo firman: Agustín Gutiérrez Lizaurzábal,
Diputado Presidente y Manuel Aguilar y Manuel Alvarado,
Secretarios

El segundo decreto establece que: El Congreso Constituyente del
Estado de Costa Rica, considerando que nada podía obrar el mismo
sin declarar la Libertad e Independencia del Estado, que no hay
otro gobierno legítimo que el del Pueblo y, últimamente, que él
dejaría de serlo si la autoridad no se equilibrase, ha tenido a
bien decretar y decreta

1- El Estado de Costa Rica es y será perpetuamente libre e
independiente de España, México y cualquier otra potencia o


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Gobierno

2- El Gobierno del Estado será, ahora y siempre, Popular y
Representativo. El Supremo Poder del Estado estará siempre
dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El 1°. Residirá
en este Congreso Constituyente y los sucesivos, el 2°. En el Jefe
nombrado por los Pueblos del Estado, y el 3°. En la Corte Supe-
rior de Justicia que se eligiere popularmente y en los Juzgados
establecidos o que se establecieren

El tercer decreto considerando que la Constitución del Estado
debe ser unísona con la voluntad general de los Pueblos del mismo
y acomodada a los usos y costumbres del País, ha tenido a bien
decretar y decreta

1°. Se invita a todas las Corporaciones, Autoridades y personas
particulares de cualquiera condición que sean, a que escriban
proyectando o indicando el mejor modo de constituir el Estado,
bien en su totalidad, o en sus negocios particulares
2°. Los que se dedicaren a tan patrióticos trabajos, los remitirán
al Jefe Supremo del Estado para que este lo haga llegar al
Congreso, o los dirigirán a él directamente por medio de sus
secretarios

El 5°. Considerando que el Congreso Constituyente de Costa Rica,
teniendo en consideración la práctica de todos los Gobiernos
anteriores, uno de cuyos primeros actos ha sido mandar ser
reconocidos y obedecidos, ha tenido a bien decretar y decreta

1° Todos los habitantes del Estado, de cualquier clase y condición
que sean, jurarán reconocer y obedecer este Congreso Constituyente
bajo esta fórmula: ¿Juráis por Dios y los Santos Evangelios
reconocer la Soberanía del Estado representada legítimamente por
este Congreso Constituyente instalado en la ciudad de San José?
¿Juráis obedecer las Leyes y Decretos que establezcan? ¿Juráis
hacerlas guardar y cumplir y ejecutar en la parte que os
corresponde? ¿Juráis desempeñar bien y fielmente vuestro encargo?
Los interrogados responderán -Sí Juro- Y se les responderá Si así
lo hicieres, Dios os lo premie y, si no os lo demande. Luego, el
mismo decreto establece el orden en que las autoridades y los
particulares, las autoridades militares y las eclesiásticas se
presentarán en público a hacerlo. Y los que estuvieren enfermos o
ausentes, luego de que cese el impedimento. El juramento se hará
el domingo inmediato a la publicación de este decreto. Igualmente
lo harán en todos los pueblos las corporaciones, autoridades
civiles, militares y eclesiásticas, para lo cual remitirán al
gobierno las certificaciones correspondientes. Finalmente,
establecer en forma tajante, que si algún funcionario público,


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civil, militar o eclesiástico rehusare prestar el juramento que
previene el artículo 1°, por el mismo hecho su empleo quedará
vacante y deberá salir del territorio del Estado

Como podemos apreciar, el imperio de la Soberanía, la Ley y el
Derecho fueron consustanciales a la creación del Estado de Costa

Nota. La enumeración de los decretos se hace de acuerdo a su
importancia para el presente estudio. (M.V.) Documentos A.N

Es importante señalar que en el momento en el que el Lie Gutiérrez
de Lizau-rzábal se convierte en uno de los proceres de la lucha
por la libertad y la conquista de la justicia y la paz para
Centroamérica y Costa Rica, nuestro país va a tornar, en su
desarrollo histórico - político, dos caminos. Uno que lo podríamos
denominar la Vía Agustiniana, como homenaje al abanderado que
estableció los valores primigenios del Estado de Derecho que nos
rigen hasta nuestros días y, el otro, el camino no de la paz y el
respeto al derecho público, sino el camino militarista y al que
podemos llamar con toda propiedad el Camino Carrilista, es decir
el camino de tomar el poder por la fuerza de las armas,
desaparecer la institucionalidad de los tres poderes del Estado y
proclamarse él mismo Jefe de Estado a perpetuidad. Es decir,
hablamos del camino seguido por el gobernante Braulio Carrrillo

La Vía Agustiniana era la del Derecho Natural y de los auténticos
seguidores del liberalismo de la Ilustración. Liberalismo que
luego tendrá su continuación en el krausismo de los hermanos
Valeriano y Juan Fernández Ferraz y el grupo de 25 profesores
españoles que el Presidente don Jesús Jiménez mandó a traer de
Europa para dirigir la enseñanza en el Colegio San Luis Gonzaga,
de Cartago. Institución en la que se formaron los intelectuales
más ilustres y que dirigieron los destinos de nuestro país en el
siglo XIX y gran parte del XX

El liberalismo ius naturalista, combinado con las principales
corrientes del liberalismo de la Revolución Norteamericana y
Francesa, nos da una concepción de lo que debe ser la ley positiva
y el derecho. Nos dice don Agustín que: "por la conveniencia y
utilidad común, muchas cosas deben tolerarse, olvidándose de las
asperezas de las leyes (pues éstas deben ser más propias para
absolver que para condenar). La conducta que, en punto de opinión,
han seguido los más sabios y políticos gobiernos de Europa y
América, no se ha encaminado a exasperar a los ciudadanos con la
dureza sino a conquistarlos con la oliva, con el convencimiento y,
más que todo, con la liberalidad de ideas. Tal y como decía San
Francisco de Sales "más moscas caen en una gota de miel que en una


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botella de vinagre..." (A.N)

Y luego nos cita el juicio de los editores del periódico
"Indicador de Guatemala" (sic), quienes a principios del año 1825,
publicaban los méritos de la pacífica Costa Rica

"Pero lo que hace más honor y da un mayor mérito al Estado de
Costa Rica y a sus actividades, es la inalterable tranquilidad que
allí se goza y el buen orden en que sus pueblos se mantienen: el
espíritu verdaderamente filosófico que dirige sus reformas e
instituciones, que mejora y no perjudica, instruye y no destruye,
el respeto que se profesa a toda clase de propiedades, a los
Derechos del Hombre y a los principios santos de la religión, y el
juicio que ha sabido conciliar, con la adopción de ideas
positivamente liberales, la moderación de la conducta moral y en
la práctica y aplicación de las mismas. Tan relevantes virtudes
son el seguro presagio de la prosperidad y engrandecimiento de
Costa Rica." (A.N)

Muchas fueron las vicisitudes de nuestra Historia Patria, sus
luchas, sus anhelos, sus esperanzas, los fracasos y los triunfos,
pues como bien dice otro gran jurisconsulto, el Lie. Mario Alberto
Jiménez, a nuestra historia le han quitado el aroma y la
imaginación y piqueta en mano han demolido todo vestigio del
pasado, como sucede con la vieja Universidad de Santo Tomás. Y por
otra parte, lo que es peor, los políticos la falsifican a su
antojo

Es por ello que no podemos dejar de reconocer la gran importancia
de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados al dedicarse
a recordar, analizar y estudiar el pasado de nuestro gremio, al
conmemorarse los 125 años de su creación, un 6 de agosto de 1881 y
su consecuente instalación con honores en el Palacio Nacional el
día 20 del mismo mes. Y, junto a la creación del Colegio, la
fundación del periódico titulado"El Foro", que tendría a su cargo
el dar a conocer los trabajos de formación de los códigos civiles
y de procedimientos, a fin de que los profesores pudieran ir
estudiando las transformaciones jurídicas que se estaban gestando
Tal y como reza el Decreto No. III, Acuerdo No. CXIX del 2 de
setiembre de 1882, firmado por el Presidente don Próspero
Fernández. Decreto que se complementa con una nueva disposición,
en 1884, decreto IV, dado por el Presidente Fernández/con la mira
de favorecer la circulación del periódico titulado El Foro, órgano
del ilustre Colegio de Abogados, se declara exento de porte de
correo" (Colección de Leyes y Decretos de 1884.)

La corporación fue reconocida como una institución científica,
docente y consultiva, responsable de velar por la moral en el


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ejercicio de esta noble profesión, destinada a cooperar en la
realización de la Justicia en todos los casos en que ésta llegase
a estar en conflicto por pretensiones agresivas contra el derecho,
por la intriga, el abuso o influencias avasalladoras que vayan
contra los principios de la futura patria, en palabras del más
distinguido orador y jurista presente en un evento tan importante,
el maestro Antonio Zambrana

Para el maestro Zambrana, el Colegio de Abogados iba a contribuir
"en el advenimiento del mayor grado de armonía que los destinos
individuales pueden conducirse dentro del común destino, no hay
más que dos medios: la revolución que desquicia y la evolución que
transforma, el embate de los odios y el impulso de las
convicciones, una ira que se desencadena, o una verdad que se
implanta;..." a lo que luego complementa señalando que: "en
ochenta años que llevados vividos en esta época transformadora, a
los reyes absolutista, representantes del antiguo principio de
autoridad, se les ha desecho la corona en las sienes, ..." y
concluye su discurso solicitándole al gobierno de la tiranía la
colaboración inteligente para que regrese a Costa Rica el aire de
la libertad y la dignidad de los pueblos; recordándole que la
Comuna de París pudo poner en tierra la columna de bronce que
simbolizaba la gloria militar y política de Napoleón Bonaparte
pero no pudo destruir el Código Napoleónico, leyes fundamentales
en la historia de Francia y de América, incluyendo nuestro país

Tal fue el entusiasmo de la creación del Colegio de Abogados y del
vehemente discurso del doctor Zambrana por la li-bertad de nuestro
país que el pueblo cansado de una década de dictadura de don Tomás
Guardia, salió, espontáneamente, a manifestar en las calles lo que
era el sentir del pueblo para recuperar la democracia

El precio que pagó el doctor Zambrana por su vehemente discurso
fue la expulsión de Costa Rica. Silenciar la palabra es parte
consustancial de las dictaduras. Tal y como brillantemente lo
explica el Lie Armando Vargas en su obra EL DOCTOR ZAMBRANA

El nuevo Colegio de Abogados tuvo como misión garantizar a la
sociedad costarricense la idoneidad en el ejercicio profesional de
los abogados, así como promover el desarrollo de las ciencias
jurídicas. Al año siguiente, 1882, se creó, como ya lo hemos
señalado, una revista especializada para el análisis, estudio,
comentarios y reflexiones sobre los acontecimientos más
importantes de la vida nacional. Esta revista o periódico, tendría
como su primera gran tarea el analizar la reforma jurídica de la
década de los años ochenta y que marcaría el rumbo del quehacer
jurídico nacional en el siglo XX . Es la época del imperio del
positivismo filosófico en la concepción de la ley. Una de las


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preocupaciones de la revista, fue el influir en la gestión y la
buena marcha de los estudios de la carrera de Derecho. Así por
ejemplo, se preocupó por fijar el tiempo, los estudios y demás
requisitos necesarios para optar al título de abogado y determinar
la forma en que han de hacerse el recibimiento y la incorporación
de los nuevos afiliados. Igualmente, la dirección o junta de
gobierno del Colegio de Abogados tenía a su cargo nombrar
profesores para las cátedras del Colegio y examinadores para los
exámenes que debían practicarse, así como elegir las materias que
habían de ser objeto preferente de investigación y debate en las
reuniones académicas del Colegio. No es de extrañar que esta
creciente influencia del Colegio en la Escuela de Derecho, al
cerrarse la Universidad de Santo Tomás el 20 de agosto de 1888,
haría que muy pronto el Colegio de Abogados asumiera la dirección
y conducción de la antigua Escuela de Derecho. El 1 de julio de
1891, mediante una ley impulsada por don Ascensión Esquivel, don
Mauro Fernández, don Cleto González Víquez, don Ricardo Jiménez
Oreamuno y don Félix Montero, se le encomienda al Colegio de
Abogados la dirección de la Escuela de Derecho y, para tales
efectos se le comisionó para que redactara el reglamento orgánico
de la Escuela de Derecho

El Colegio de Abogados y su revista El Foro, logró articular una
élite intelectual que será determinante para la vida futura del
nuevo siglo que ya tocaba sus puertas. La élite de intelectuales
se caracterizaba por una formación liberal positivista y secular
que va a tener el control del Poder Ejecutivo, el Congreso
Nacional y la Corte Suprema de Justicia hasta la revolución de
1948, fundadora de la Segunda República

La Costa Rica de fines del Siglo XIX era una sociedad ausente de
un sentido filosófico y poético de la vida, según el poeta
nicaragüense Rubén Darío. Terminaba el siglo dominada por el
abogado, el comerciante y el agricultor. "El bufete, el mostrador
y el buey. Débase a ése sentido práctico la propagación del
negocio, la tierra prolífica, el santo domingueño rico, el parvenú
millonario, la inmigración comercial, los ferrocarrileros, la
necesidad de las múltiples transacciones, el banco"

Efectivamente, tal y como el Dr, Zambrana lo manifiesta en un
magistral discurso en el Colegio de Abogados y reseñado por don
Rodrigo Madrigal Nieto, la misión de la democracia costarricense
debe ser la de "curar odios, es destruir barreras, es apagar
llamas, es esparcir semillas y riego para alimentar las mejores
facultades de los seres humanos y para que evitemos el
materialismo ramplón y perfilemos en cambio en el horizonte las
figuras del Quijote y Sancho como símbolos del género humano en su
larga peregrinación en pro de los ideales supremos que han de


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alentar la vida de los seres humanos"

Es en esta visión de don Rodrigo Madrigal Nieto y el Dr. Antonio
Zambrana donde encontramos la dimensión no solo del jurista que
debe ser el abogado sino también a los humanistas estudiosos de lo
más hermoso y sublime que ha dado el género humano en la historia
de la humanidad

Por ello, de cara al siglo XXI, el mejor legado que nuestro
Colegio pueda dejarle a las jóvenes generaciones es el entusiasmo
por la investigación y el estudio, no solo de la ley sino también
de los hombres y de los momentos extraordinarios que han ido
empujando la carreta de nuestra historia. Es decir, hacer nacer en
ellos un auténtico humanismo en el que se conjuguen todas las
corrientes filosóficas que han marcado la vida nacional, que en
ella prevalezca, la justicia y la defensa del Derecho y la
dignidad del ser humano defendiendo los mejores valores de la vida
nacional. Es así como, para no olvidarlo, el costarricense le
canta al Derecho. En el año de 1883 don Juan Fernández Ferraz
escribe la letra del Himno Patriótico del 15 de setiembre. Con la
marcha musical del maestro José Campabadal: "Los hijos del pueblo
levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser
libres no siervos menguados, derechos sagrados la Patria nos da
Sí, cantemos el himno sonoro a la Patria, el derecho y el bien, y
del pueblo los hijos en coro de la ley juren ser el sostén..."

Efectivamente, debemos renovar cada día el que somos hijos de la
libertad y el sostén de la Ley, el Derecho, la Justicia y la
dignidad del ser humano.”

b. Influencia del Colegio de Abogados en el Derecho
Administrativo
“Es sorprendente, pero no inexplicable, que la civilidad haya
nacido en C. R. con la fundación de nuestro Colegio, hace apenas
un siglo. La fundación de nuestro Colegio fue, en realidad, un
pacto político, más que un evento profesional. Se dio entre
abogados prominentes divididos entonces no sólo por la guerra
cotidiana y heroica del litigio profesional, sino por toda clase
de banderías políticas, todas jefeadas por ellos. Eran, hasta ese
momento, los dueños del derecho a matar y encarcelar hermanos,
incorporado a la vida política de L. A. como la menos legislada y
más consolidada institución de nuestro Derecho Público
continental. Y he aquí, que en un acto de recíproca tolerancia,
fundan un Colegio profesional, no para imponer disciplina al
gremio, sino como un lugar para reunirse y hablar, para conocerse,
entenderse y tolerarse mejor. Como el hospital para el médico o el
claustro para el académico, nuestro Colegio fue el lugar de


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reunión diaria de todos los abogados, pero el tópico común no fue
solo el Derecho sino la Patria, los grandes asuntos nacionales que
estaban en sus manos, y el resultado fue el desahogo de todos los
resentimientos profesionales y políticos, la renuncia a todas las
sangres fraternas. Fue, este Colegio, nuestro Segundo Pacto de
Concordia, no el de un pueblo inocente e infante, como el de 1821,
sino el de una Nación curtida por la intriga y el odio, que
finalmente resucita en el amor a la paz y el desprecio por la
violencia, libremente elegidos. Símbolo alentador de nuestro
futuro, este Colegio nació como institución democrática, gobernada
por una Asamblea de notables, los grandes juristas de entonces
burocrática, como una organización permanente, no como reunión
pasajera; y polémica, porque era reunión de enemigos, dispuestos a
transar en su hogar lo que no transarían fuera de él. Y así nació
nuestra civilidad, no como la paz política, sino como la política
encarnizada dentro de la paz, como el desarrollo pacífico de las
grandes confrontaciones nacionales. Nuestro Colegio fue su
inmediato antecedente y su modelo mejor
Cómo pasamos de aquello que fuimos a lo que somos hoy? Con
frustración primero y humildad después, que es la única
inteligencia posible después de la grandeza perdida. Impotente
para gobernar el mundo de los demás, que escapó a su cóntrol, el
abogado costarricense llegó a sentirse impotente hasta para
gobernar el suyo propio. Se refugió en su profesión y se olvidó de
la política, y hasta del Derecho. Ser abogado, llegó a valer lo
mismo que ser "codiguero", lector y esclavo de los Códigos. El
silencio después del fragor político tomó el inesperado cariz de
un gran vacío intelectual y científico. Advertimos, entonces, que
aquellos nuestros grandes proceres habían amado el Poder más que
el Derecho y habían olvidado la Ciencia por la Política. El
Derecho se había reducido a la Ley, tronco seco en un yermo
intelectual sin el viento vivificador del espíritu, que es la
doctrina. El abogado encontró su pasar en los Códigos y su
compañero de bufete en don Alberto Brenes Córdoba, nuestro eterno
civilista, que la necesidad convirtió, no por su obra sino por la
de los abogados, en penalista, constitucionalista, mercantilista,
y hasta en brujo jurídico, pues lo que no decían sus libros por
lectura lo decían por revelación, para quienes solo con ella o por
ella podían ganar un pleito perdido o justificar una arbitrariedad
judicial. ¡Hemos cometido tantas profanaciones de don Alberto
Brenes Córdoba, en su nombre!
La realidad social nos vino a dar en la cara poco tiempo después,
hasta hacer casi imposible el ejercicio profesional, cuando el
costarricense se hizo dependiente y enemigo al tiempo de
centenares de entes y semientes públicos, creados al empuje de las
necesidades y de los partidos, por una legislación motorizada y
empírica, casi siempre redactada por quienes no eran ni siquiera
abogados, nuestros burdos sucesores -en la palestra política


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Cuando el abogado codiguero quiso aventurarse profesionalmente en
esa selva legal encontró no sólo que no había Códigos, sino que
tampoco había conceptos ni principios. Las Instituciones del
Derecho habían desaparecido en las instituciones autónomas y de un
plumazo un Presidente alegre o un diputado avieso destrozaban cien
citas de Brenes Córdoba. Era el existencialismo jurídico
Fue entonces —y sólo entonces— que nació la necesidad, más que el
amor, del Derecho como Ciencia. La Ciencia del Derecho empieza en
C. R. en el Derecho Público. No fue tal al principio, como puede
no serlo todavía, pero fue, sí, una urgencia de uniformidad y de
claridad en el sector público, que se convirtió en una
racionalización y coordinación de sus leyes, para desembocar en lo
que es hoy, un humilde pero sostenido intento de hacer lo mismo
con sus principios. Es en la confrontación con la Administración
Pública costarricense, que nuestro jurista descubrió por primera
vez, como problema nacional y no sólo como inquietud personal, que
el Derecho no es la Ley, sino el Principio, no la realidad
viviente, sino la realidad pensada, la arquitectura oculta y
resistente de una legislación caótica, un proyecto de vida
racionalmente mejor para todos, no la solución legislativa ni
"codi-guera" de un acertijo profesional. El empuje teórico nació
en el Derecho Público e inundó el resto. Y es ahora, desde hace
veinte años, no antes, quizá después, que se pueden mantener vivas
las Revistas Jurídicas, no una sino dos, y no como escaparates de
curiosidades, sino como comentario útil de lo más caliente y
viviente de nuestro Derecho. Nada sorprendente, entonces, que
dediquemos este Seminario a dos grandes leyes públicas, la de la
justicia administrativa y la de la Administración Pública, los dos
grandes arrecifes científicos de nuestro Derecho Público en la mar
tempestuosa de nuestras leyes administrativas. De la primera se ha
dicho que hizo soportable la Administración Pública, de la segunda
que hizo insoportable el Derecho Administrativo. Lo dicen quienes
no la han leído o quienes no la entienden y con la clara intención
de difundir su ignorancia. Para entender la Ley General de
Administración Pública es necesario primero entender Derecho
Administrativo, no a la inversa. Es una ley para especialistas, no
para administradores, como el Código Penal es una ley para
penalistas y no para criminales, y el de la Infancia una ley para
juristas y no para infantes. Es una ley para estudiarla y es una
hermosa ley, sino por otra cosa por que es una Ley que amerita
estudio. Llena de fallas como esta, criticable como es, es un
intento de reducir un Derecho a su fundamento y, por ahí, de
insertarlo en una cultura más que en un ordenamiento. Quién puede
negar las raíces francesas y, por ahí, españolas, italianas y
latinoamericanas de nuestras leyes y de nuestros conceptos
jurídicos, sobre todo en el Derecho Público? Habrá alguien tan
arrogante para sostener que existe un Derecho Público
costarricense irreductible a sus raíces históricas en España y en


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Europa toda, hoy irrigadas y fecundadas por el contacto con los
derechos hermanos en L. A ? Puede hacerse hoy un derecho nacional
anti-extranjero, que no esté de espaldas a la realidad nacional y
que no traicione, en definitiva, su propia pretendida autoctonía?
Nada raro, por ello, que ésta sea también la sede del cuarto
Seminario del Instituto Internacional del Derecho Administrativo
Latino. Latinos somos, internacionales y no sólo aborígenes las
instituciones de nuestra civilización jurídica, y herederos, en
ellas, de todos los que con más talento y fortuna han abierto
horizontes de luz donde sólo había oscuridad, y nos han enseñado,
quizá para que algún día nuestros hijos tomen su lugar de profetas
y maestros, a ver y descubrir los grandes problemas del Derecho,
aunque no comprendamos todavía cómo hallar las grandes
soluciones.”

c. El Colegio de Abogados y la Revista de Ciencias Jurídicas
“En el año de 1963 la Facultad de Derecho de la Universidad de
Costa Rica tuvo la feliz idea de impulsar una revista dedicada a
la difusión del pensamiento jurídico. Surgió así, en el seno de la
Decana Escuela de Derecho del País, la Revista de Ciencias
Jurídicas
Su primer director fue el Dr. Eduardo Ortiz Ortiz. A él se unió,
posteriormente, aunque por poco tiempo, el Lie. Rolando Soto
Jiménez. Después de ellos, desde hace casi treinta años, la
Revista se encuentra bajo la dirección del Dr. Jorge Enrique
Romero Pérez
Por la época en que don Jorge Enrique asumió dicha tarea, la Junta
Directiva del Colegio de Abogados, integrada por los licenciados
Rodrigo Odio, Alvaro Pinto, Alejandro Galva, Mario Barrantes,
Fernando Valerio, Mario Ramírez, Rafael Villegas, Mario Herrera,
Rodrigo Montenegro y Walter Antillón, dispuso fundir la Revista
del Colegio con la de Ciencias Jurídicas y, a partir de ese
momento, el Colegio dejó de publicar la suya propia.o
Pues bien, el tiempo ha transcurrido y celebramos hoy la centésima
publicación de esta revista. El hecho nos llena de regocijo, pues
son pocas las revistas jurídicas en América Latina que han llegado
a ese número de ejemplares. Por lo demás, el hecho no es casual
Si la Revista de Ciencias Jurídicas se ha mantenido durante tanto
tiempo, ello se debe al tesón de su director actual y a la
circunstancia de que a lo largo de su historia, la obra se ha
convertido en un bastión del pensamiento jurídico nacional


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El Colegio de Abogados, por consiguiente, a la vez que felicita a
la Revista de Ciencias Jurídicas y a su Director, los impulsa para
que sigan dando a la comunidad jurídica, muchos ejemplares más de
fructífera labor.”

d. Redacción de Proyecto de Constitución Política

COMISIÓN REDACTORA

(Decreto N? 37 de 25 de Mayo de 1948)

Licenciado don Fernando Volio Sancho
Licenciado don Fernando Baudrit Solera
Licenciado don Manuel Antonio González Herrán
Licenciado ddn Fernando Lara Bustamante
Licenciado don Rafael Carrillo Echeverría
Licenciado don Fernando Fournier Acuña
Licenciado don Rodrigo Fació Brenes
Licenciado don Eloy Morúa Carrillo
Profesor don Abelardo Bonilla Baldares

Nota. En la Comisión Redactora de la Constitución Política de
1949, participaron de forma activa agremiados del Colegio de
Abogados

e. Participación del Colegio de Abogados en Proyectos de Ley
“En el caso concreto del Código de Trabajo, su emisión fue
precedida tanto por importantes leyes laborales aprobadas en las
décadas de 1920 y 1930, relacionadas con la jornada de ocho horas,
los accidentes laborales y las pensiones, entre otras, y por la
creación de la Secretaría de Trabajo el 2 de julio de 1928. La
creación de este Código, que entró en vigencia el 15 de setiembre
de 1943, así como la incorporación a la Constitución Política de
un capítulo sobre Garantías Sociales, al cual el Poder Ejecutivo
le puso el ejecútese el 2 de julio de ese mismo año, constituyeron
la base de lo que algunos han llamado el Estado social de Derecho
en Costa Rica. La medida en la cual esta legislación social fue
una reacción contra el Código Civil, aprobado en la década de
1880, fue claramente captada por el abogado Rafael Ángel
Chinchilla en 1964

"El descrédito en que cayó el Derecho Civil como regulador de la
prestación de servicios, parte precisamente de la falsedad de
algunos de sus principios básicos: la libertad y la igualdad de
los individuos... valores que nunca estuvieron respaldados por la


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realidad que se vivía..."

Si bien, el Código Electoral de 1946 —base del posterior Tribunal
Supremo de Elecciones creado en 1949— fue, desde una perspectiva
de corto plazo, resultado de la lucha política entre los
partidarios y adversarios del Partido Republicano Nacional, lo
cierto es que dicho Código también representó la culminación de
casi cuatro décadas de reformas electorales. Las más importantes
de estas últimas fueron las de 1913 y 1925-1927, que supusieron la
aprobación del voto directo primero, y secreto después. Al limitar
el control que los partidos tenían sobre los votantes, estas
reformas estimularon una creciente competencia electoral, donde el
triunfo empezó a depender menos del fraude y más de la capacidad
de movilización de las maquinarias partidistas

El único campo de la legislación donde no se logró una reforma
significativa fue en el control de la constitucionalidad. Entre
1871 y 1937, tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Poder
Ejecutivo y el Congreso, compitieron por ese control y decretaron
inconstitucionalidades. Fue solo en 1937, con la reforma a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que ese control se concentró en la
Corte Suprema; sin embargo, dado que a partir de entonces una
declaratoria de inconstitucionalidad requería el voto favorable de
dos tercios del total de magistrados (que ascendía a diecisiete
personas), pocos recursos de inconstitucionalidad se declararon
con lugar, situación que se mantuvo hasta la creación de la Sala
Cuarta en 1989. En nuestra opinión, la dificultad enfrentada por
abogados, magistrados y legisladores para desarrollar un adecuado
control constitucional tenía mucho que ver con la dinámica
electoral, ya que las frecuentes acusaciones de fraude tras las
elecciones, en caso de ser utilizadas por políticos y partidos
como base para plantear recursos de inconstitucionalidad, podrían
haber conducido a una politización creciente del Poder Judicial51

La ampliación y actualización de la legislación vigente fue una
constante durante la primera mitad del siglo XX, proceso cuya
magnitud se puede observar en las cifras del Cuadro 2.8, referidas
al trienio 1945-1947. En esos años, ubicados antes de la expansión
del llamado Estado benefactor, fueron aprobadas 305 leyes,
rechazadas 261 y emitidos un total de 386 decretos y reglamentos
Una vez que se considera que en esa época el país no tenía
siquiera un millón de habitantes, se evidencia la intensidad de
esa producción legal que, a nuestro juicio, es un indicador claro
del papel que realizaba el Estado como regulador y mediador de la
vida social

La intensa producción legal, además de patentizar la influencia a
nivel nacional de los abogados vinculados con la función pública,


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tuvo como correlato una expansión y diversificación crecientes del
sistema judicial de Costa Rica. Hacia 1945, el Poder Judicial
estaba conformado por una Corte Suprema, dividida en cinco salas
(Casación, dos de apelaciones civiles y dos de apelaciones
penales), integradas por diecisiete magistrados; un Tribunal
Superior de Trabajo compuesto por tres jueces; 96 jueces de
primera instancia, distribuidos por todo el país; dos Alcaldías
Civiles de Cuantía Mínima localizadas en San José; y
aproximadamente 62 alcaldías cantonales, encargadas de administrar
justicia en asuntos menores

La conclusión más importante que se desprende de la información
precedente es que, hacia la década de 1940, el aparato judicial se
había nacionalizado efectivamente. Este fue un proceso
fundamental, tanto en lo que significó en relación con la
expansión geográfica del control social, como en lo que trajo
consigo en términos de las oportunidades que brindó a la población
urbana y rural de apelar a las vías legales e institucionales para
defender sus derechos individuales y colectivos. Esto último
contribuyó a consolidar las prácticas, que se remontaban al siglo
XVIII, de encauzar los conflictos individuales y sociales por
canales judiciales, una tendencia que en la larga duración jugó a
favor de la democracia costarricense, tanto en el ámbito político
como social
Igualmente, la información anterior también ayuda a comprender el
importante papel desempeñado por el Estado como empleador de los
profesionales en leyes. Aquí resulta inevitable que discrepemos
con Carlos José Gutiérrez, quien en su excelente libro sobre el
sistema jurídico, resalta que el Poder Ejecutivo empleaba a muy
pocos abogados: once de 416 abogados inscritos en el Colegio en
1945. Consideramos que estos números lo que revelan es que,
efectivamente, todavía en la década de 1940 la asesoría legal no
se había desarrollado como parte indispensable de la función
pública, aunque quedaría pendiente de investigar si el Estado
contrataba los servicios de abogados privados y con qué
frecuencia. Además, Gutiérrez no toma en cuenta el papel que como
órgano consultivo del Gobierno jugaba el Colegio de Abogados

Ahora bien, cuando a esos once abogados sumamos los veintidós que
ocupaban puestos en el Gabinete y en el Congreso en 1945, y los 64
profesionales empleados por el Poder Judicial, tenemos que había
como mínimo 97 abogados ocupados en la función pública54. Puesto
que, con toda seguridad, esta última cifra pudiera estar
subvalorada, podríamos concluir, con bastante certeza que, a
mediados de la década de 1940, entre un cuarto y un tercio de
todos los abogados inscritos en el Colegio laboraban parcial o
totalmente para el Estado. Esta situación que, como hemos visto,
se daba desde décadas atrás, no solo tendía a identificarlos con


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el orden establecido, sino también con la crítica a ese orden,
doble posibilidad que los convirtió en los reformadores por
excelencia de las leyes y las instituciones costarricenses

El impacto social de esta inclinación a la reforma legal e
institucional fue claramente expuesto por el licenciado Alejandro
Alvarado, en el discurso inaugural del pabellón universitario de
la Facultad de Derecho, en 1926

"De estos cuerpos de leyes, inspirados en su mayor parte en los
arquetipos franceses, pero con variantes peculiares, puede decirse
que han modelado nuestras costumbres y que su influencia en la
cultura es como la del motor en los adelantos de la industria
contemporánea. La organización de la familia, del matrimonio y la
emancipación efectiva de nuestra bella y abnegada compañera de la
vida, la de las sucesiones, la de la propiedad y los contratos
inspirados en las últimas fórmulas científicas, liberando de
exclusivismos sectarios, las facilidades y garantías para el
comercio, los Registros, en una palabra todo lo fundamental en
materia civil. En cuanto a la penalidad y no obstante las críticas
que dado nuestro ambiente no podían faltar, me limitaré a citar el
juicio de un especialista español, el Sr. Jiménez de Asúa, que en
la República Argentina declaró que Costa Rica poseía un código que
era el mejor de todos los similares de la América.”

f. Lucha del Colegio de Abogados en Pro de los Derechos de
las Mujeres
“Por mi parte, para que se aprecie la amplitud de criterio y de
pensamiento, y la decisiva contribución que dio el Colegio de
Abogados en aquellos primeros días de su existencia al avance de
la democracia y de la legislación costarricense, me limitará a
mencionar su posición visionaria y acorde con los mejores
principios de justicia en lo que atañe a los derechos civiles de
la mujer, negados entonces por casi todas las legislaciones y aún
hoy día por muchas de ellas. "Ha creído esta Corporación, dice el
Colegio en su mencionado Informe, que es llegada la hora de
efectuar la redención de la mujer, tan cantada desde hace mucho
tiempo, y real únicamente en que ya no se la considera como cosa,
categoría que le asignaban la legislación romana y también la
alfonsina. La mujer, ha probado su aptitud para las ciencias y las
artes, y ha demostrado su benéfica influencia en hechos que la
historia consigna y la humanidad pregona. Natural es que hoy se la
habilite para que maneje sus propios bienes con libertad de
acción, como todos los propietarios, y que se la redima de aquella
tutela depresiva y hasta perjudicial, porque casos se han visto
aun entre nosotros, de maridos poco aptos, en cuyas manos han
desaparecido caudales que quizás existirían si hubiesen estado


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confiados a la prudente administración de la mujer. Claro es que
al manejo de los bienes se une la facultad de defenderlos en
juicio, y la de practicar todos los actos conducentes al aumento y
a la conservación del capital, por cuya razón no deben tener ya
existencia las restricciones actuales"


FUENTES CITADAS

VOLIO BRENES, Marina. El Estado de Derecho y el 125 Aniversario del
Colegio de Abogados de Costa Rica (1881-2006). Revista El Foro (No.7)
pp. 3-6, San José, diciembre 2006

de Derecho Administrativo. Realizado en el Colegio de Abogados del 30
de agosto al 4 de setiembre de 1981, pp. 12-15

3 AMADOR HERNÁNDEZ, Manuel. Prólogo al ejemplar No. 100. Revista de
Ciencias Jurídicas. (No. 100), San José,enero-abril 2003

Revista del Colegio de Abogados. Vol. III (No. 36), San José,
diciembre 1948

5 FUMERO VARGAS, Patricia. Colegio de Abogados de Costa Rica: ciento
veinte años de historia 1881-2001). Talleres Gráficos Ofiprint
Industrial S.A. San José, 2001

6 TINOCO, Luis Demetrio. En el Centenario del Colegio de Abogados


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Revista Judicial. (No. 22): pp. 14, San José, julio 1982


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