Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Para ver aviso legal haga clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/condiciones.htm


ABOGADOS

RESUMEN: A lo largo del presente informe investigativo, se examina
el tema de la legitimación y los derechos subjetivos, frente a la
Administración en el proceso administrativo. De esta forma, se
toman como parámetros la Ley General de la Administración Pública,
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y
la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. De esta última, se extrae
la titularidad, específicamente, sobre la legitimación para
recurrir acuerdos de la Junta Directiva. Finalmente, se incorpora
jurisprudencia y doctrina relacionada, donde se aborda el tema de
los derechos subjetivos de los administrados, agotamiento de la
vía administrativa, así como algunas casos de nulidades sobre
suspensiones decretadas por el Colegio de Abogados


Índice de contenido
a. Pretensiones Tendientes a la Anulación la Actividad de la
c. Control de la Administración Pública y su Responsabilidad. .5
d. Concepto y Naturaleza del Agotamiento de la vía


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


j. Agotamiento de la Vía Administrativa como requisito de
admisibilidad del proceso contencioso administrativo en el
b. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
a. Nulidad de Acto Administrativo que Anula Nombramiento. . . . .25
b. Análisis sobre la Legitimación para Reclamar la Nulidad. . .30
e. Condenatoria en costas al Colegio de Abogados por imponer
g. Presupuestos para que proceda la suspensión del acto


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


DESARROLLO


1. Doctrina

a. Pretensiones Tendientes a la Anulación la Actividad de la
Administración
“Conforme a lo prevenido en el art. 22 LRJCA, “el demandante podrá
pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su
caso, la anulación de los actos y de las disposiciones
susceptibles de impugnación
En el citado precepto se encuentra el reconocimiento normativo de
una de las típicas formulaciones de la pretensión procesal en el
ámbito del Derecho Administrativo, que se corresponde con la
tradicional pretensión “d'anulation” del Derecho francés, la cual,
en términos muy elementales, se fundamenta en la infracción del
ordenamiento jurídico como consecuencia de una actividad de la
Administración, solicitando del órgano jurisdiccional un
pronunciamiento que, declarando la existencia de la mencionada
infracción, elimine sin más del ordenamiento esa concreta
actividad administrativa
Para la formulación de dicho tipo de pretensiones en relación con
los actos de la Administración, la LRJCA requiere en el sujeto
pretendiente la concurrencia de un “interés legítimo y directo”
(art. 10.1.a LRJCA).”

b. Titularidad de un Interés Legítimo y Directo
“Llegamos ahora a uno de los conceptos que más juego ha dado en el
Derecho Procesal Administrativo, el de "interés directo", sobre el
cual se polemiza abiertamente intentando escudriñar su concepto,
buscando la delimitación de su contenido, ensayando distinciones
con figuras afines tales como "los intereses generales", los
"indirectos", los "legítimos", y, por último, confrontando su
procedencia con el concepto amplio de interés legítimo consagrado
en el 49 COPOL
a) La supervivencia del "interés directo"
Antes de abordar el contenido concreto del "interés directo",
procede que realicemos alguna reflexión sobre una temática latente
cual es la de la actual vigencia de este tipo específico de
interés, en correlación con la cobertura de protección de "los
derechos subjetivos y los intereses legítimos" recogida por el 49


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


a") Distinción entre interés "directo" e interés "legítimo"
Pues bien, sin perjuicio de que en el siguiente apartado
profundicemos sobre el concreto contenido del llamado "interés
directo", podemos instrumentalmente definir el mismo como aquel
interés amparado en la legalidad, real y actual, que concurre en
un determinado sujeto cuando una igualmente determinada actuación
administrativa lesiona su esfera de facultades individuales, de
modo tal que la anulación de dicha actividad le proporciona un
beneficio, o le elimina un perjuicio de cualquier índole
-patrimonial, competitivo, comercial...-
En todo caso, las expresiones utilizadas en la definición no han
de interpretarse de forma restrictiva, sino, al contrario, de la
forma más acorde para extender la legitimación con base en este
título al mayor número de personas posibles; hoy el "interés
directo", felizmente, ya no es lo que era, pues ya no se erige en
título legitimador que fomente la arbitrariedad, al tenerse que
interpretar necesariamente de forma acorde con las exigencias del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
Por lo tanto, puede decirse que el elemento definitorio del
concepto "interés directo", es el de "personalidad" de su
contenido, pues, como escribe GARCÍA DE ENTERRIA, lo que mueve al
recurrente en el proceso administrativo "no es un abstracto
interés por la legalidad, sino el concretísimo de estimar que la
Administración le está perjudicando al obrar fuera de la legalidad
y que, por tanto, ese perjuicio debe ser eliminado mediante la
eliminación del acto ilegal que le acusa"
Por su parte, el "interés legítimo" ha sido definido por el
Tribunal Constitucional español como un interés "que deriva
directa o indirectamente de una norma jurídica" (STC 23 de mayo de
1990), "un interés protegido por el Derecho, en contraposición a
otros que no lo son", en el que se incluye el interés "de carácter
personal" (STC 62/1983, de 11 de julio)
En la propia STC 62/1983, ya citada, el Tribunal Constitucional
español matiza un tanto más su ambigua doctrina sobre el ambiguo
concepto de interés legítimo, diferenciando entre el "interés
legítimo" e "interés común", siendo éste último el que subyace en
los supuestos normativos e "acciones populares". Para el Tribunal
Constitucional español, este último tipo de interés, lo
constituyen "aquellos en que la satisfacción del interés común es
la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen
la sociedad, por lo que puede afirmarse que cuando un miembro de
la sociedad defiende un interés común, sostiene simultáneamente un
interés personal o, si se quiere desde otra perspectiva, que la


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


única forma de defender el interés personal es sostener el interés
común"

c. Control de la Administración Pública y su Responsabilidad
“La consecuencia de los principios de supremacía constitucional,
de formación del derecho por grados y de legalidad es que todos
los actos estatales están sometidos a control judicial, por lo que
en el ordenamiento jurídico venezolano no hay actos estatales
excluidos de control. De allí que dentro del marco constitucional
del derecho administrativo también se identifique el de la
universalidad del control de los actos estatales por parte de los
órganos del Poder Judicial
Por ello, dejando aparte el control judicial que se ejerce sobre
los actos judiciales (sistemas procesales de apelación, acción de
amparo, recursos de revisión, recurso de casación), los demás
actos estatales están sujetos al control judicial por parte de los
jueces competentes para ejercer tanto la justicia constitucional
como la justicia administrativa
En cuanto al sistema de justicia constitucional, en Venezuela está
concebido como un sistema mixto, en el cual el control difuso de
la constitucionalidad está atribuido a todos los tribunales de la
República (art. 334), y el sistema concentrado, con relación a las
leyes y demás actos de rango legal o de ejecución directa e
inmediata de la Constitución, está atribuido a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (art. 336) , la
cual tiene poderes anulatorios en la materia con efectos erga
omnes
Ahora bien, para asegurar la sumisión de los reglamentos y demás
actos administrativos al derecho, conforme a principio de la
legalidad que deriva del Estado de Derecho y a la tradición
constitucional que se inicia en 1925 y se consolida en la
Constitución de 1961, la Constitución de 1999, ha previsto la
garantía judicial específica a cargo de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, es decir, al conjunto de órganos
judiciales encargados de controlar la legalidad y de la
legitimidad de las actuaciones de la Administración, tanto por sus
actos, omisiones y en general la actividad administrativa, como
por las relaciones jurídico-administrativas en las cuales
aquella intervenga . La norma fundamental que constitucionaliza
esta jurisdicción en Venezuela está contenida en el artículo 259
de la Constitución de 1999 , cuyo texto es el siguiente
La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal
Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determina la ley


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son
competentes para anular los actos administrativos generales o
individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de
poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en
responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la
prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la actividad administrativa
Ha sido precisamente con base en esta norma constitucional, que
repite casi textualmente el contenido del artículo 206 de la
anterior Constitución de 1961, que en Venezuela se ha desarrollado
la jurisdicción contencioso-administrativa que se ejerce por la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y
otros tribunales establecidos por ley. La configuración de dicha
jurisdicción, por otra parte, se ha completado en la Constitución
de 1999, al regularse también en el artículo 297, a la
“jurisdicción contencioso electoral” atribuyéndose su ejercicio a
la “Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás
tribunales que determine la ley”; especializándose así, el control
de legalidad e inconstitucionalidad de los actos administrativos
dictados por los órganos del Poder Electoral
Con base en el artículo 259 de la Constitución (equivalente al 206
de la Constitución de 1961), fue la jurisprudencia de la antigua
Corte Suprema de Justicia la que elaboró las bases del
contencioso administrativo , las cuales desarrolladas por la
doctrina nacional , condujeron a la elaboración de la derogada Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 , en cuyas normas
se reguló el procedimiento contencioso-administrativo ante la
Corte; situación que continuó con la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia
Ahora bien, la importancia del texto del artículo 259 de
la Constitución, y su efecto inmediato, que es la
constitucionalización de la jurisdicción contencioso-
administrativa, radica en los siguientes cuatro aspectos
En primer lugar, en la universalidad del control que la
Constitución regula respecto de los actos administrativos, en el
sentido, de que todos, absolutamente todos los actos
administrativos pueden ser sometidos a control judicial por los
órganos de la jurisdicción contencioso- administrativa, por
contrariedad al derecho, es decir, sea cual sea el motivo de la
misma: inconstitucionalidad o ilegalidad en sentido estricto. La
Constitución no admite excepciones, y como lo explicó la
Exposición de Motivos de la Constitución de 1961, la fórmula
"contrarios a derecho es una enunciación general que evita una


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


enumeración que puede ser peligrosa al dejar fuera de control
algunos actos administrativos"
Por tanto, la intención de los proyectistas de la norma, tanto en
la Constitución de 1961 como en la de 1999, fue la de que a todos
los actos administrativos, por cualquier motivo de contrariedad al
derecho, pudieran ser controlados por los Tribunales que conforman
la jurisdicción contencioso-administrativa. Ello, por supuesto,
trae una consecuencia fundamental: cualquier exclusión de control
respecto de actos administrativos específicos sería
inconstitucional, sea que dicha exclusión se haga por vía de ley
o por las propias decisiones de los Tribunales, en particular, del
propio Tribunal Supremo de Justicia
A los efectos de asegurar la universalidad del control contencioso
administrativo, han sido los propios órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa los que han venido ampliando el
concepto de acto administrativo, a los efectos de asegurar que
todo acto administrativo pueda ser objeto de control
judicial, de manera que no haya actos administrativos que
queden excluidos de control. Es la tendencia a la universalidad
del control que hemos destacado en otro lugar , lo que ha
permitido, como hemos señalado, someter a control de legalidad y
constitucionalidad a los actos administrativos dictados por las
Administraciónes Públicas en función normativa y jurisdiccional,
así como los actos administrativos dictados por otros órganos del
Estado distintos a la Administración Pública y por entes de
derecho privado o de derecho público no estatales, y por
particulares dictados en función normativa o administrativa
En segundo lugar y como consecuencia de esta tendencia hacia la
universalidad del control, está el elenco de recursos y acciones
puestos a disposición de los particulares para acceder a la
justicia contencioso administrativa que, por supuesto, además del
recurso de nulidad contra los actos administrativos de efectos
generales o de efectos particulares, o contra los actos
administrativos generales o individuales, con o sin pretensión de
amparo constitucional, comprende el recurso por abstención o
negativa de los funcionarios públicos a actuar conforme a las
obligaciones legales que tienen; el recurso de interpretación; el
conjunto de demandas contra los entes públicos; y las acciones
para resolver los conflictos entre autoridades administrativas del
Estado
Pero en tercer lugar, la importancia de la constitucionalización
de la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, del
control judicial de constitucionalidad y legalidad de todos los
actos administrativos, está en que no sólo la norma constitucional
del artículo 259 persigue una asignación de competencias a unos


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


órganos judiciales, sino en que consagra un derecho fundamental
del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la
Administración, en el sentido de lo establecido en el artículo 26
de la propia Constitución y en el artículo 18, primer párrafo de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo. En esta forma, la
jurisdicción contencioso administrativa se configura
constitucionalmente como un instrumento procesal de protección de
los administrados frente a la Administración, y no como un
mecanismo de protección de la Administración frente a los
particulares. De allí la ratificación del principio de la
universalidad del control, en el sentido de que tratándose de un
derecho constitucional al mismo, no podría el Legislador excluir
de control a determinados actos administrativos. Por otra parte,
tratándose de un derecho fundamental al control, en la relación
privilegios estatales-libertad ciudadana, esta última debe
prevalecer
Además, en cuarto lugar, la forma como están concebidas
constitucionalmente la universalidad de control y el derecho
ciudadano a la tutela judicial frente a la Administración,
implica la asignación al juez contencioso-administrativo de
amplísimos poderes de tutela, no sólo de la legalidad objetiva que
debe siempre ser respetada por la Administración, sino de las
diversas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los
particulares en relación a la Administración. Por ello, el juez
contencioso-administrativo, de acuerdo a los propios términos del
artículo 259 de la Constitución, tiene competencia no sólo para
anular los actos administrativos contrarios a derecho, sino para
condenar a la Administración al pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de
la misma, y además, para disponer lo necesario para el
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la autoridad administrativa, incluyendo en la
expresión "situaciones jurídicas subjetivas" no sólo el clásico
derecho subjetivo, sino los derechos constitucionales y los
propios intereses legítimos, personales y directos de los
ciudadanos.”

d. Concepto y Naturaleza del Agotamiento de la vía
Administrativa
“El agotamiento de la vía administrativa constituye el principal
presupuesto para que el particular pueda acceder al proceso admi-
nistrativo y consiste en el ejercicio de los recursos en sede ad-
ministrativa de modo que los actos contra los cuales se acciona no
sean susceptibles de ulterior discusión en sede administrativa (18
y 31 LRJCA)


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


En Costa Rica, a diferencia de España, la falta de agotamiento de
la vía administrativa si bien puede provocar la inadmisión al te-
nor del 41 LRJCA, si no es señalada de oficio por el Juez o alega-
da por la parte demandada como defensa previa, no impide el dicta-
do de la Sentencia de fondo, "sin perjuicio de lo que resultare
acerca de la firmeza o consentimiento del acto de la disposición,
por no haber sido recurridos administrativamente en tiempo y for-
ma" (33.4 LRJCA).”3

“Situación jurídica – procesal con sede en la Administración
Pública, que consiste en el cumplimiento por parte del reclamante
de todas las etapas y recursos establecidos en el ente u órgano
estatal, para lograr su pretensión, la cual ha sido denegada
Puede ser expresa o falta de pronunciamiento (silencio
administrativo)
Es un requisito indispensable para que el reclamante recurra a los
Tribunales de Justicia. “4

“Con el objeto de lograr definir los alcances del concepto antes
desarrollado, debemos indicar que el agotamiento de la vía
administrativa según lo establecido por el artículo 31.2 a) de la
LRJCA, precisa de ciertos elementos a saber

- Existencia jurídica o tan solo procesal, de un acto
administrativo final, expreso o presunto, respectivamente, o
bien de un acto que sin ser final, sea susceptible de ser
impugnado por sus características y efectos
- Interponer en su contra, todos los recursos administrativos
ordinarios previstos por el Ordenamiento según sea el caso; y
- La resolución expresa o presunta de aquellos

Ahora bien, tal y como lo planteamos supra, los actos
administrativos susceptibles de ser recurridos podrán tener su
origen en una declaración expresa de voluntad de la
Administración, o bien, ser el producto de la configuración del
silencio negativo

En este último caso, sin embargo, es preciso hacer una precisión,
dado que la LRJCA prevé la posibilidad de obviar la interposición
del recurso ordinario de reposición en contra de aquellos actos
presuntos por silencio negativo según la regulación del artículo
19, lo cual nos deja en evidencia lo siguiente

- Si el acto presunto es producto de la no resolución en un
plazo de dos meses de una petición de cualquier naturaleza


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


planteada a un órgano Superior jerarquía, el agotamiento de
la vía no precisará de un ulterior recurso
- Si el acto presunto es el producto de la formulación de una
petición de cualquier naturaleza no resuelta en el plazo de
dos meses para ante un órgano de inferior jerarquía, será
preciso ejercer el o los recursos previstos por el
Ordenamiento Jurídico al efecto

Si analizamos ahora el punto relativo a la interposición de todos
los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento en contra el
acto dictado por la Administración, debemos indicar que este es un
requisito en ocasiones de difícil consecución APRA el particular

Si bien es cierto tanto la LRJCA como la LGAP determinan cada una
de ellas los supuestos en los cuales debe interponerse uno u otro
recurso ordinario, es igualmente cierto que existen diseminadas en
el Ordenamiento Jurídico una gran cantidad de normas que regulan
de forma especial esta materia

A manera de ejemplo tan sólo, en materia municipal, dependiendo de
la jerarquía y relación de dependencia administrativa, así como la
del acto o acuerdo que se impugne, se presentan al menos cinco
alternativas en torno a la naturaleza de los recursos y a los
órganos que deben conocerlos. Más complejo aún es el caso de la
materia tributaria en medio de la cual las alternativas en cuanto
a recursos, plazos y órganos que deben resolverlos es aún más
imbricada

Todo ello nos obliga, cuando de agotar la vía se trate, analizar
de previo las disposiciones legales especiales, si es que existen
y de lo contrario, aplicar las reglas de la LRJCA y de la LGAP,
(…)”5

e. Antecedentes
“Por la herencia doctrinaria que nos ha legado España, posiblemen-
te sea esta misma Real Orden (Real Orden de España de 9 de julio
de 1847) el origen de dicho instituto en nuestro país
En Costa Rica, la primera regulación sobre el agotamiento de la
vía administrativa se remonta al año 1387, en el Decreto XXXIII
del 27 de diciembre de 1887, posiblemente basado en la legislación
española...”6

i. Decreto XXXIII de 27 de diciembre de 1887
“En este decreto por primera vez se hizo alusión al agotamiento de
la vía administrativa como acto previo antes do acudir a la vía
contenciosa administrativa, dicho decreto en su artículo 5 rezaba


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


"No procede demanda ni juicio contencioso administrativo sino
después de haberse usado de todos los recursos que en la vía
administrativa tenga el negocio de que se trata"
Se observa en consecuencia que ya en 1837 se regulaba en forma
expresa el agotamiento de la vía administrativa, como un acto
previo, a la procesal y un requisito de admisibilidad del recurso
contencioso administrativo
Este decreto fue derogado por el número ZO del 2 de agosto de
1916.”7

ii. Decreto 20 del 2 de agosto de 1916
“El artículo 3 de este decreto estableció la exigencia del
agotamiento de la vía administrativa antes de acudir a los
tribunales jurisdiccionales (Civil de Hacienda), con la
particularidad de que la misma se tendría por apurada, cuando
recayera resolución expresa por parte de la administración
resolviendo las peticiones ante ella presentadas o bien cuando
transcurrieran más de tres meses desde la fecha de la presentación
del reclamo, sea que consideró o entró a considerar el silencio
administrativo como denegación presunta de la pretensión, y así
impera en casi todas las legislaciones incluso la costarricense.”8


iii. Decreto 11 de 20 de agosto de 1918
“El artículo dos del presente decreto legislativo al referirse al
agotamiento de la vía administrativa y el silencio administrativo,
lo que hace es repetir el artículo 3 del decreto 20 del 2 de
agosto de 1916, o sea que no introduce ninguna innovación o cambio
con respecto al punto en estudio,
Este decreto tuvo corta vida. Quedó comprendido dentro de los
declarados absolutamente nulos y sin ningún valor desde su origen
por la llamada Ley de Nulidades (N°41 de 21 de agosto de 1920)
artículo I inciso h); norma que a la vez, y en virtud de su
artículo 5 dio nueva vigencia a la de 1916.”9

iv. Ley 33 del 12 de julio de 1922
“Con respecto al agotamiento de la vía administrativa y la figura
del silencio administrativo, el artículo 2 de esta ley es copia
del artículo 3 del decreto 20 del 2 de agosto de 1916( o sea,
establece que no procederá demanda ni juicio contencioso
administrativo, sino después de haberse hecho unos de todos los
recursos que en la vía administrativa tenga el negocio de que se
trata


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Con respecto a la figura del silencio administrativo señala lo si-
guiente
"La vía administrativa se considerará agotada; cuando recaiga
resolución expresa (que sería lo normal) o hayan transcurrido -mas
de tres meses desde la fecha de la presentación del recurso
(silencio administrativo).”10


v. Ley 1226 del 15 de noviembre de 1950
“Esta ley regula el agotamiento de la vía administrativa en
términos generales, a como estaba regulado en leyes y decretos
anteriores, cuando dice en su artículo 4° que el juzgado no dará
curso a la demanda, sino, cuando se hubiere agotado la vía
administrativa, y aclara diciendo, que esta se considerará o
entenderá agotada, cuando so haya hecho uso de todos los recursos
que en ella tenga el negocio, cuando se haya desechado el reclamo
por resolución firme debidamente notificado a la parte por medio
de la publicación en la "Gaceta”, cuando ésta proceda o por medio
de telegrama o nota certificada dirigida al reclamante
Con respecto al Silencio Administrativo se produce una variante ya
que se redujo el plazo que debe transcurrir desde la presentación
del recurso c de la petición ante la Administración para que surja
el Silencio Administrativo; así lo dice en el artículo citado, “Se
entenderá agotada esa vía..., cuando hayal transcurrido más de dos
meses desde la fecha de la presentación del reclamo sin que éste
haya sido resuelto."
Como es sabido, el plazo que debía transcurrir para que surgiera
el silencio administrativo, antes de esta disposición, era de tres
meses, plazo que se contaba a partir de la presentación del
recurso o petición ante la Administración Pública
Además, esta ley regula en forma expresa el plazo dentro del cual
se debe establecer el recurso contencioso administrativo el cual
es de un aro, contado desde la fecha de publicación en “La Gaceta”
de la resolución que tiene por agotada la vía administrativa o
desde que el interesado haya recibido el telegrama o nota
certificada de la resolución firme que desecha el reclamo, o desde
la fecha en que hubiere vencido el término de dos meses desde la
presentación del recurso o petición ante la administración sin ha-
ber recaído resolución expresa
O sea, dicha ley señalaba expresamente los actos impugnables en la
vía contenciosa administrativa (actos definitivos o bien de
trámite que decidan el fondo del asunto) y como requisito
indispensable para la admisión de I la demanda, se debía aportar
la certificación de la resolución que da por agotada la vía
administrativa o constancia de no haberse dictado esa resolución


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


dentro del término legal (silencio administrativo).”11


vi. Ley 3367 del 12 de mayo de 1966
“Esta ley vino a regular en una forma similar, el agotamiento de
la vía] administrativa y el silencio administrativo como estaba
regulado en leyes y decretos anteriores, sólo que lo hace en una
forma más precisa y amplia
Así, dicha ley regula en forma clara, cuando se debe agotar la vía
administrativa, como respecto de los actos de los cuales no es ne-
cesario agotar la vía administrativa, si se van a impugnar en la
vía contenciosa (artículos 20 inciso I, 31 incisos 1-2-3, 32 inci-
sos a-b-c, 87, 18)
Además, se regula el silencio administrativo en forma expresa,
pero únicamente el negativo, ya que no hace mención del positivo y
a la vez indica que; no obstante, que se dé la denegación presunta,
la administración está obligada a pronunciarse expresamente (artí-
culo 33 y 1 9)
Asimismo, regula en forma expresa el plazo dentro del cual se debe
interponer el recurso contencioso administrativo una vez que se ha
agotado la vía administrativa, cuando ha recaído resolución
expresa o se presume resolución denegatoria, en virtud del
instituto del silencio administrativo (artículo 37).”12


vii. Ley 6227 de 28 de agosto de 1978
“Hay que hacer notar con respecto a esta Ley General de la
Administración Pública que fue elaborada con una alta dosis
técnica, que dotó a la Administración Publica costarricense de un
marco jurídico general, que hasta el momento, antes de su
promulgación; había faltado en nuestro ordenamiento jurídico; al
ponerse en vigencia y aplicarse esta ley se está eliminando una
serie de prácticas consuetudinarias y disposiciones legales y
reglamentarias,, carentes de todo sistema y orden que hasta el
momento han suplido la ausencia de régimen general
Este Ley de la Administración Pública, sin embargo, supone una
serie de ajustes de las prácticas y procedimientos de la
Administración al nuevo régimen que no puede realizarse de la
noche a la mañana.”13


“En la concepción clásica del Derecho Administrativo sustancial y
formal, las Administraciónes públicas, en cuanto procuran y
atienden los intereses públicos o la satisfacción de las
necesidades colectivas, deben estar provistas de una serie de


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


prerrogativas extraordinarias. Así, en el ámbito del Derecho
Procesal Administrativo, tradicionalmente, se admitió como un
privilegio de carácter formal el agotamiento preceptivo de la vía
administrativa o la vía gubernativa previa, esto es, que los
administrados que se estiman lesionados o agraviados por un acto
administrativo deben, de previo a acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa, agotar todos los recursos
administrativos ordinarios procedentes contra el mismo en sede
administrativa. Consecuentemente, el agotamiento de la vía
administrativa, se convierte en un requisito de admisibilidad del
proceso contencioso-administrativo en su versión objetiva o
revisora clásica y tradicional. En la base de este instituto
subyace la denominada prerrogativa de la autotutela declarativa y
ejecutiva de las Administraciónes públicas, la cual ha encontrado
sustento, al propio tiempo, en principios tales como los de
eficacia, eficiencia y buena administración. La autotutela
declarativa significa que los entes públicos pueden, por sí y ante
sí, sin necesidad de acudir ante un juez, imponerle obligaciones a
los administrados o bien suprimirles o modificarles sus
situaciones jurídicas sustanciales –llámense derechos subjetivos o
intereses legítimos-. La obligación legislativa ineludible del
administrado de ejercer o plantear todos los recursos
administrativos ordinarios contra un acto administrativo antes de
acudir ante el juez contencioso-administrativo, constituye una
manifestación específica de la autotutela declarativa de las
Administraciónes públicas, puesto que, el legislador espera que la
propia administración pública pueda defender el acto
administrativo impugnado o bien anularlo o modificarlo, evitándole
tener que comparecer ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. De esta forma, en la vía administrativa la
administración pública se convierte, al mismo tiempo, en juez y
parte, puesto que, debe atender las solicitudes o pedimentos
formulados por los administrados y resolver los recursos
administrativos ordinarios que procedan contra el acto final que
ella misma dicte. Como se ve, la autotutela es un concepto
diametralmente opuesto al que impera en el resto de las ramas
jurídicas, en las que opera la heterotutela, esto es, la ejercida
por un tercero supra partes con las garantías constitucionales de
imparcialidad, independencia y objetividad, como lo es un órgano
jurisdiccional. Así, a modo de ejemplo, en el ámbito del Derecho
Privado un particular puede imponerle una obligación o afectar las
situaciones jurídicas sustanciales de otro, única y
exclusivamente, si ello surge de forma consensuada a través de la
aplicación del principio de la autonomía de la voluntad (artículo
28 de la Constitución Política) o de la intervención de un juez
(artículo 41 de la Constitución Política). No obstante, los
principios rectores de la organización y función administrativa de


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


la eficiencia y eficacia, plasmados en la propia Constitución
Política (artículos 140, inciso 8°, y 191), deben entenderse, en
todo momento y bajo cualquier circunstancia, subordinados a los
derechos fundamentales y deben ceder ante éstos, puesto que,
constituyen el fundamento y la base de entero ordenamiento
jurídico. Modernamente las Administraciónes públicas deben ser
concebidas y entendidas como un sujeto de Derecho más del
ordenamiento jurídico, de modo que resulta repugnante para el
Derecho de la Constitución la asimetría o desigualdad crónica que
campea en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa
entre el administrado o el ciudadano y el respectivo ente público
El reconocimiento y otorgamiento legislativo de una serie de
prerrogativas formales o adjetivas a los entes públicos en el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo no tiene
justificación objetiva y razonable si su función administrativa,
de acuerdo con el parámetro constitucional (artículos 33 y 49 de
la Constitución Política) debe ser objeto de un control de
legalidad plenario y universal, sin fisuras o reductos exentos y,
sobre todo, si son creados y puestos en funcionamiento para servir
o atender las necesidades de los ciudadanos o administrados –
organizaciones serviciales.”14

f. Legitimación
“El art. 275 LGAP confiere la legitimación para interponer con
eficacia el recurso que tienda al agotamiento de la vía
administrativa a aquel que "tenga interés legítimo o un derecho
subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o
satisfecho en virtud del acto final", complementando de este modo
la regulación de la LRJCA, la cual exige para ejercitar
pretensiones declarativas la existencia de un interés legítimo y
directo (art. 10.1.a).”15


g. Procedimiento
“Teniendo en cuenta, a modo introductorio, que los recursos de re-
vocatoria o reposición y apelación tienen como inexcusable presu-
puesto la existencia de una actividad administrativa previa de ca-
rácter expreso, el procedimiento de sustanciación puede resumirse
del siguiente modo
a') Interposición
El recurso se interpondrá por medio de un escrito dirigido al ór-
gano administrativo autor del acto que se impugna, en el que debe-
rá expresarse, además del acto contra que se recurre (285 LGPA)
1) Indicación de la oficina a que se dirige
2) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de
la parte y de quien la representa


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


3) La pretensión, que consistirá normalmente en la solicitud de
anulación del acto recurrido, con indicación además de los daños y
perjuicios que se reclamen, y de su estimación, origen y
naturaleza. No es necesario, aunque sí conveniente, hacer constar
expresamente el tipo de recurso que se presenta, dado que en
virtud del principio de informalismo consagrado en los arts. i
124, 160 y 348 LGAP su omisión no invadilaría la gestión
Puede solicitar el recurrente la suspensión del acto si concurren
los perjuicios graves o de difícil imposible reparación indicados
por el 148 LGAP
4) Los motivos o fundamentos de hecho, en este punto suelen sepa-
rarse los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que
sustentan la petición En general, la LGAP permite que los recursos
puedan fundarse, sin más, en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluida la desviación de poder (arts 131 y 158.1
LGAP)
5) Fecha y firma
El plazo de interposición del recurso de apelación es de tres días
si no se alega la existencia de una nulidad absoluta (346.1 LGAP)
Si se invoca una causal de nulidad absoluta opera el plazo de cua-
tro años establecido por el art. 175 LGAP
El plazo para la interposición de la reposición es de dos meses
(art. 31.3 LRJCA), a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto
Los referidos plazos son de caducidad, ya que su incumplimiento
produce la firmeza del acto y, en consecuencia, la inadmisión de
la acción contencioso-administrativa.”16


h. Recurso de Reposición
“Se trata de un medio de impugnación horizontal procedente cuando
quien dicta el acto final es el jerarca o superior jerárquico
supremo del respectivo órgano o ente administrativo. No debe
confundirse con la revocatoria -en este el órgano que lo dicta sí
tiene un superior jerárquico-
Sobre el particular, los artículos 344.3 y 345.2 LGAP establecen
que ese recurso se rige por las reglas que establece para el mismo
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
De igual forma, la LGAP dispuso, en su artículo 368.2. mantener
vigentes las disposiciones del procedimiento administrativ o
contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa
El artículo 33. párrafo 3. LRJCA dispone que "... cuando lo
impugnado emanare directamente de la respectiva entidad
administrativa y careciere de ulterior recurso superior de la
respectiva emulad administrativa y careciere de ulterior recurso


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


administrativo, deberá formularse recurso de reposición o
reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el nao ti la
disposición, en el plazo de dos meses contados de la fecha en que
se notifique o publique el acto...".17

i. Recurso de Apelación
Al igual que el recurso de reposición, el recurso de apelación
tiene la condición de ser un recurso de carácter ordinario, tal y
como lo plantea de forma clara el artículo 343 de la LGAP. Asimis-
mo, como lo indicaremos, en los supuestos regulados por la LGAP al
igual que el recurso de reposición, el recurso de apelación se
constituye en un presupuesto procesal del proceso contencioso ad-
ministrativo, en el tanto es el medio por el cual se alcanza el
agotamiento de la vía administrativa
A diferencia, según se vio, de diversas disposiciones legales es-
peciales, la LGAP establece como regla general aquella según la
cual, en el caso de actos finales que no emanan directamente del
Superior Jerarca, es tan sólo necesario interponer el recurso or-
dinario de apelación
Ha establecido al efecto la doctrina que
" Para entender por agotada la vía administrativa no es en la ac-
tualidad necesario interponer sucesivos recursos de alzada hasta
llegar al vértice de la pirámide jerárquica en torno a la cual se
organiza la Administración: la LGAP depuso en su artículo 350 que
en el procedimiento habrá en todos los casos una única instancia
de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto recurri-
Esta conclusión puede ser extraída de lo establecido por los artí-
culos 344.2 y. como !o indican los anteriores autores, de lo esta-
blecido por el artículo 126, ambos de la LGAP. en el tanto deja el
primero sentada claramente la regla de que, en el caso de que el
acto no emane directamente del Superior Jerarca, podrá ser inter-
puesto tan sólo el recurso de apelación, el cual, una vez resuelto
por el órgano correspondiente -art. 126-, pondrá fin a la vía ad-
ministrativa
No deja duda alguna en ese sentido la resolución No. 9180 de las
15:30 horas del 20 de enero de 1987 de la Sección Primera del Tri-
bunal
Superior de lo Contencioso Administrativo, cuando de forma clara
indica
La doctrina del Derecho Procesal Administrativo enseña que la vía
administrativa se agota por el ejercicio en tiempo y forma de los
recursos administrativos que tenga el asunto (art.31.1. aparte a),
conexo con el 18.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y 126 y 350.2 de la Ley General de la
Administración Pública). Caso especial es el del agotamiento por


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


silencio administrativo. Ahora bien, cuando quien ha decidido el
reclamo es un órgano que no es el jerarca, cabe, entonces, recurso
de apelación ante el superior v lo que éste decida agota la vía
administrativa: pero si quien toma la resolución o acto que
agravia al interesado es el jerarca administrativo, el recurso que
procede para agotar la vía administrativa es el de reposición. En
el caso en estudio la vía administrativa quedó agotada con la
resolución del recurso de alzada, por lo que no cabía interponer,
como lo hizo el actor, el recurso que llamó "revisión", lo que
quizá lo confundió en cuanto al plazo para interponer la acción,
pues lo dejó transcurrir."18


j. Agotamiento de la Vía Administrativa como requisito de
admisibilidad del proceso contencioso administrativo en el Derecho
comparado
“Con motivo del antes mencionado desarrollo de la figura del
derecho a la tutela judicial efectiva, tanto de forma doctrinal
como jurisprudencial, Italia. España y Alemania, han visto
aumentar cada día más la importancia de lograr precisar el
contenido esencial de esta garantía constitucional, pieza angular
del sistema de derecho
Dentro de esta construcción, han sido diversas las ocasiones
frente a las cuales la doctrina se ha comenzado a cuestionar la
constitucionalidad del agotamiento de la vía administrativa como
requisito de admisibilidad de todo proceso contencioso
administrativo, en especial en el caso español en el cual es
ineludible cumplir con éste
A diferencia de nuestro caso, como del caso español, en la
justicia administrativa italiana. “la regla general que preside la
materia es lo del carácter potestativo de las vías administrativas
previas ", situación idéntica se presenta en el caso francés, caso
en el cual " la regla general es que los recursos administrativos
constituyen una opción del recurrente, que puede, si lo prefiere,
acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa"
Así las cosas, estos antecedentes como el sistemático reclamo de
las gestiones de los particulares, al margen de la enorme lentitud
para obtener la resolución administrativa final, han venido
ocasionando expresiones de la más autorizada Doctrina que tiende
hacia la eliminación de dicho requisito como un requisito
inexorable para el posterior ejercicio del derecho de accionar en
la vía contencioso administrativa.”19


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


2. Normativa

a. Constitución Política20


Artículo 11.-
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y
las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por
sus actos es pública
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas,
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios
en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para
que este control de resultados y rendición de cuentas opere como
un sistema que cubra todas las instituciones públicas
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 8003
de 8 de junio del 2000. LG# 126 de 30 de junio del 2000


Artículo 49.-
Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como
atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la
legalidad de la función administrativa del Estado, de sus
instituciones y de toda otra entidad de derecho público
La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos
administrativos
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los
intereses legítimos de los administrados
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 3124
de 25 de junio de 1963


b. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa


Artículo 10.- (*)
1. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la
anulación de los actos y las disposiciones de la Administración
Pública


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


a) Quienes tengan interés legítimo y directo en ello
b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho
público, así como cuantas entidades ostenten la representación y
la defensa de intereses de carácter general o corporativo, cuando
el juicio tenga por objeto la impugnación directa de disposiciones
de carácter general de la Administración central o
descentralizada, que les afecten directamente, salvo lo previsto
en el inciso siguiente
c) La Contraloría General de la República, cuando se trate de
actos que ocasionen un grave perjuicio para la Hacienda Pública y
la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo
establecido en el inciso 4) de este artículo
2. No obstante, las disposiciones de carácter general que deban
ser cumplidas directamente por los administrados, sin necesidad de
un previo acto de requerimiento o sujeción individual, podrán ser
impugnadas por las personas indicadas en el inciso a) del párrafo
anterior
3. Si se pretende, además, el reconocimiento de una situación
jurídica individualizada y su restablecimiento, con reparación
patrimonial o sin ella, únicamente podrá promover la acción el
titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se
considere infringido por el acto o la disposición impugnados
4. La Administración podrá actuar contra un acto propio, firme y
creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de
la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado, en
resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que
ella representa. Asimismo, cuando se trate de actos o contratos
relacionados con la Hacienda Pública y, a pesar de contar con
dictamen de la Contraloría General de la República que recomiende
la declaratoria de nulidad de estos por ser lesivos para las
finanzas públicas, la Administración competente omita efectuar
dicha declaratoria en el plazo de un mes, el órgano contralor
quedará facultado para accionar en contra de dicho acto
5. No podrán interponer juicio contencioso-administrativo, en
relación con los actos y las disposiciones de una entidad pública
a) Los órganos de la entidad de que se trate
b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples
agentes o mandatarios de esa entidad
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8422
de 6 de octubre del 2004. LG# 212 de 29 de octubre del 2004


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Artículo 31.-

1. Será requisito para admitir la acción contencioso-
administrativa el agotamiento de la vía administrativa
2. Este trámite se entenderá cumplido
a) Cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de todos los
recursos administrativos que tuviere el negocio; y
b) Cuando la ley lo disponga expresamente
3. En todo caso, cuando lo impugnado emanare directamente de la
jerarquía superior de la respectiva entidad administrativa y
careciere de ulterior recurso administrativo, deberá formularse
recurso de reposición o reconsideración ante el mismo órgano que
ha dictado el acto o la disposición, en el plazo de dos meses, a
contar de la fecha en que se notifique o publique el acto, con los
requisitos a que se refiere el artículo 38

Artículo 41.-

1. Si el Tribunal lo considerare procedente, declarará no haber
lugar a la admisión del reclamo aun sin pedir el expediente
administrativo, cuando constare de modo inequívoco y manifiesto
d) Que no está agotada la vía administrativa

Artículo 50.-

1. Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los dos
primeros tercios del emplazamiento para contestar, las siguientes
defensas previas
c) La falta de agotamiento de la vía administrativa

Artículo 96.-

3. Si el defecto consistiere en que la acción es prematura por no
haberse agotado la vía administrativa, y fuere denunciado en la
forma prevista en el párrafo 3 del artículo 33, el Tribunal
requerirá al demandante para que formule el recurso administrativo
del caso en el plazo de diez días, y si se acreditare dentro de
los cinco siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el
procedimiento hasta que sea resuelto en forma expresa o presunta


c. Ley General de la Administración Pública22

Artículo 18.-

1. La acción será admisible en relación con las disposiciones y


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


actos de la Administración que no sean susceptibles de ulterior
recurso en vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite; y
en cuanto a estos últimos, si deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto, de tal modo que pongan término a aquella vía o
hagan imposible o suspendan su continuación


2. La impugnación de las disposiciones de carácter general se
regirá por lo previsto en el artículo 20


Artículo 126.- Pondrán fin a la vía administrativa los actos
emanados de los siguientes órganos y autoridades, cuando resuelvan
definitivamente los recursos de reposición o de apelación
previstos en el Libro Segundo de esta Ley, interpuestos contra el
acto final

a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo
de Gobierno, o, en su caso, los del jerarca del respectivo Supremo
Poder
b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades
descentralizadas, cuando correspondan a la competencia exclusiva o
a la especialidad administrativa de las mismas, salvo que se
otorgue por ley algún recurso administrativo contra ellos
c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en
su caso los del órgano superior de los mismos, cuando correspondan
a su competencia exclusiva y siempre que no se otorgue, por ley o
reglamento, algún recurso administrativo contra ellos; y
d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros
órganos y autoridades, cuando la ley lo disponga expresamente o
niegue todo ulterior recurso administrativo contra ellos

Artículo 127.- Cuando el agotamiento de la vía administrativa se
produzca en virtud de silencio u otro acto presunto, la
Administración está siempre obligada a dictar resolución expresa
sobre el fondo dentro de los plazos correspondientes, y aún
después, en este caso sin perjuicio del silencio ni de las
responsabilidades consiguientes, dentro del año previsto por el
artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa

Artículo 353.-
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la
respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en
que concurra alguna de las circunstancias siguientes
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de
hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


expediente
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la
resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de
imposible aportación entonces al expediente
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme
anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el
interesado desconociera la declaración de falsedad; y
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de
prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial

Artículo 354.- El recurso de revisión deberá interponerse
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año
siguiente a la notificación del acto impugnado
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el
descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de
aportarlos; y
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de
la sentencia firme que los funde


d. Ley Orgánica del Colegio de Abogados23

Artículo 9.- (*)
Los abogados que pertenezcan al Colegio están obligados
1o. A concurrir a las Juntas Generales, ordinarias y
extraordinarias, si residen dentro de un radio de cinco
kilómetros de la capital y sólo a las ordinarias si
tuviesen su residencia en un radio mayor de cinco y menor
de veinticuatro kilómetros

Estarán exentos de esa obligación los abogados que figuren
como miembros de los Supremos Poderes y los mayores de
sesenta años

2o. A desempeñar los cargos y funciones que se les
encomienden; y

3o. A pagar las contribuciones que la ley o el Colegio les
imponga

4o. A acatar las tarifas de honorarios que dicte el
Colegio, debidamente promulgadas de acuerdo con esta ley


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


El Reglamento del Colegio establecerá las sanciones que podrá
imponer la Directiva sin recurso alguno por el incumplimiento de
esos deberes, entre las cuales podrá figurar la suspensión del
ejercicio de la profesión hasta por treinta días la primera vez y
hasta por tres meses las siguientes. Esa suspensión comprende el
ejercicio profesional y el desempeño de empleo o funciones
públicas. Para los dos últimos casos la suspensión será decretada
por quien tenga la facultad de ordenarla con vista del oficio de
la Directiva en que le dé cuenta del tiempo que aquella debe
durar. Esta surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la
publicación del aviso en el "Boletín Judicial"
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No
6595 de 6 de agosto de 1985


Artículo 10.-
Deberán ser suspendidos en el ejercicio de su profesión los
abogados
1.- Cuando se hubiera dictado contra ellos auto firme de
elevación a juicio, por delito doloso que merezca pena de
prisión mayor de tres años, siempre que a juicio de la
Junta Directiva del Colegio de Abogados el hecho atribuido
afecte gravemente el ejercicio correcto de la abogacía

Asimismo, deberán ser suspendidos cuando fueren condenados
por delito a una pena de prisión o de suspensión para
cargos y oficios públicos y profesionales liberales. Para
tales efectos, el tribunal respectivo deberá comunicar lo
pertinente a la Fiscalía del Colegio de Abogados

2.- Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir
cuentas a sus poderdantes o clientes

3.- Cuando en cualquier forma apareciere que han incurrido
en apropiación, malversación, defraudación, exacción o uso
indebido de fondos en daño de sus clientes, sin perjuicio
de las responsabilidades penales y civiles consiguientes

4.- Cuando el abogado haya autenticado firma falsa, o firma
no puesta en su presencia, o cuando se preste a que, por su
medio, litiguen personas no autorizadas por la ley

5.- Cuando su conducta sea notoriamente viciosa por
embriaguez, por drogadicción o cualquier trastorno grave de
conducta que comprometa el ejercicio de la profesión


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


6.- Cuando, en general, cometan alguna falta de probidad u
honradez, en el ejercicio de la profesión, no comprendida
en ninguno de los números anteriores


Artículo 12.-

En los demás casos del artículo transanterior, la Junta Directiva
del Colegio de Abogados, siguiendo el procedimiento establecido en
la Ley General de Administración Pública, decretará la suspensión,
por mayoría absoluta de votos presentes y en votación secreta. La
resolución final tendrá únicamente el recurso de revocatoria, cuya
decisión dará por agotada la vía administrativa

Artículo 18.-
Son atribuciones de la Junta General
1o. Dictar los Reglamentos necesarios para que el Colegio
llene debidamente sus diversos cometidos

2o. Examinar el presupuesto de gastos para el ejercicio en
curso que presente la Directiva

3o. Examinar los actos de la Junta de Gobierno y conocer de
las quejas que se interpongan contra la Directiva por
infracciones de esta ley o de los Reglamentos del Colegio

4o. Conocer, en apelación, de las resoluciones de la
Directiva, siempre que el recurso sea interpuesto por un
miembro del Colegio, y dentro del tercero día después de la
lectura del acta respectiva

5o. Elegir anualmente, o cuando se presente el caso, por
renuncia u otra causa, la Junta de Gobierno o Directiva
total o parcialmente en la forma dispuesta por esta ley


3. Jurisprudencia

a. Nulidad de Acto Administrativo que Anula Nombramiento
"I.- Mediante este proceso los actores pretenden la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales el Tribunal de Escalafón
Médico Nacional dispuso acoger el reclamo formulado por [los dos
médicos demandados], contra la Caja Costarricense de Seguro Social


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


-para la cual laboran- y anuló los nombramientos efectuados a los
actores, en virtud de que se omitió realizar el respectivo
concurso por oposición, que ordena el artículo 2 del Reglamento
del Estatuto Nacional de Servicios Médicos. El conflicto surgido
entre las partes, y que dio origen a este proceso, no encuentra su
motivo en la aplicación de un instituto laboral, sino en la de un
acto administrativo, pues la nulidad del acto que denegó los
nombramientos que se reclaman tendría como efecto el
reconocimiento de la vigencia del nombramiento de los actores
[...]. Esto último configura, precisamente, el objeto de
impugnación en autos, y no se combate con argumentos derivados de
la aplicación del Código de Trabajo. Todo lo contrario. Con
arreglo a principios de derecho administrativo, cuya violación se
alega, se pretende la declaratoria de ilegalidad del acto que dejó
sin efecto los nombramientos de los actores y la vigencia de esos
nombramientos. Lo anterior, a la vez que coloca al subjúdice al
margen de la jurisdicción laboral lo ubica dentro del campo propio
de la competencia contencioso administrativa. Ello, según las
razones que se consignarán, las cuales se basan, no en la mera
pretensión formulada en la demanda, sino además, y
fundamentalmente, en consideraciones de fondo, atingentes al
Derecho sustantivo. En la resolución Nº 240 de las 15,15 horas del
13 de diciembre de 1989, esta Sala, por voto de mayoría, en un
caso análogo al presente -excepto que ahí se pedía la
reinstalación por involucrar una cesación de servicios y aquí no-,
expresó lo que se transcribe en los Considerandos III a VI que
siguen. "Como puede apreciarse, la petitoria aludida denota un
linaje sustancialmente administrativo. Basta cotejar algunos
principios básicos delimitadores de esa materia, para corroborar
lo dicho. El artículo 10, en su párrafo 1.a), de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone: "Podrán
demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación
de los actos y de las disposiciones de la Administración Pública
a) Los que tuvieren interés legítimo y directo en ello". El
párrafo 3º del citado artículo establece: "Si se pretendiere,
además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada
y su restablecimiento, con o sin reparación patrimonial,
únicamente podrán promover la acción el titular de un derecho
subjetivo derivado del ordenamiento que se considera infringido
por el acto o disposición impugnados". Asimismo, el artículo 22
ibídem preceptúa: "El demandante podrá pretender la declaración de
no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos
y las disposiciones susceptibles de impugnación, según el capítulo
anterior". Por último, el artículo siguiente, número 23, del mismo
cuerpo legal dice: "La parte demandante, a que se refiere el
artículo 10, párrafo 3, podrá pretender, además de lo previsto en
el artículo que antecede, el reconocimiento de una situación


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias
para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la
indemnización de los daños y perjuicios cuando proceda.". Como
complemento de lo anterior, y en estrecha relación con las
pretensiones del caso concreto, conviene invocar el artículo 62
ejusdem, el cual, a la letra, reza: "Si la sentencia acogiere la
acción: a) declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso,
anulará total o parcialmente el acto o la disposición impugnados
b) Si se hubiera deducido las pretensiones a que se refiere el
artículo 23, reconocerá la situación jurídica individualizada y
adoptará cuantas medidas sean necesarias para su pleno
restablecimiento y reconocimiento; y c) Si se hubiera pretendido
el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la
sentencia podrá formular pronunciamiento concreto sobre la
existencia y cuantía de los mismos siempre que constare probada en
los autos; en otro caso, se limitará a declarar el derecho y
quedará al período de ejecución de sentencia la determinación de
la correspondiente cuantía.". "Dentro de la petitoria que entraña
la demanda de que se conoce, la cual, como se ha visto, es de
índole esencialmente administrativa, figura como primer extremo,
la declaratoria de nulidad de actos de un ente estatal. Al
respecto, es oportuno recordar que el objeto primordial, al
establecerse la jurisdicción contencioso administrativa, en la
Constitución Política, artículo 49, fue precisamente el de
"garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado,
de sus instituciones y de toda otra entidad de Derecho público"
Acorde con ello, el artículo 1º de la Ley Reguladora antedicha
señala en lo conducente, que por ella "... se regula la
Jurisdicción Contencioso Administrativa establecida en el artículo
49 de la Constitución Política, encargada de conocer de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los
actos y disposiciones de la Administración Pública...". Es claro
entonces que, amén de las otras razones complementarias que aquí
se exponen, si lo que se está impugnando fundamentalmente en el
proceso es un acto administrativo por razones de ilegalidad, la
sede para su conocimiento y resolución, ha de ser la jurisdicción
contencioso administrativa. Según se ha visto, de la nulidad del
acto que se aduce y cuya declaratoria se pide en el subjúdice,
emanan consecuencias, de acuerdo con la normativa especial
administrativa, que se traducen en la reinstalación y el
resarcimiento. Sea, que tal fenómeno, consistente en la nulidad de
un acto de la Administración con el resultado de tales
reconocimientos, constituye manifestación característica del
Derecho administrativo, y no del laboral, pues dichos conceptos
son ajenos a este último, ya que el Código de Trabajo no contempla
la reinstalación obligatoria ni reconoce indemnización alguna
proveniente de la declaratoria de nulidad de un acto. Los


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


conceptos e institutos jurídicos dichos, dentro del contexto
propio de la demanda instaurada, acusan una naturaleza propia del
Derecho Administrativo, que no rima con la jurisdicción laboral
Por ende, optar por esta última en el caso concreto, implicaría
constreñir al juez de la materia a lidiar con criterios,
principios y hasta fundamentos fácticos que le son extraños los
cuales en su respectiva aplicación y dilucidación requieren de
procedimientos específicos que, por ser ajenos al Derecho Laboral,
no están contemplados en su normativa. Si se ataca el acto de un
órgano estatal, el cual constituye presupuesto objetivo del
proceso contencioso administrativo, bajo los principios y
conceptos propios de esa disciplina jurídica, el asunto respectivo
cae ineludiblemente dentro del objetivo primordial de dicha
jurisdicción, cual es, como se dijo, garantizar la legalidad de la
función pública, expresada a través de los actos administrativos
Por otro lado, si en la especie se trata de una cuestión
sustantiva regida por principios de linaje administrativo, el
procedimiento a seguir para su resolución, debe ser de esa misma
índole, pues como con acierto indiscutible señala Piero
Calamandrei, el Derecho Adjetivo debe seguir al sustantivo, como
la sombra al cuerpo.". "Recapitulando, cabe expresar que el caso
bajo examen, por los planteamientos y pretensiones que presenta su
acción, no corresponde a la jurisdicción laboral, pues el
conflicto que en él se enmarca, no deriva de la aplicación del
Código de la materia (artículo 395 del Código de Trabajo), sino de
leyes de naturaleza administrativa. Sea, que no se pide en el
proceso indemnización porque el acto de despido haya sido
injustificado o carente de causa (artículo 29 en relación con el
81 ibídem), sino porque se reputa ilegal el acto administrativo
que lo acuerda. El examen judicial para determinar la ilegalidad
de un acto de la Administración supone un procedimiento especial,
a la vez que un tratamiento basado en conceptos y principios
también especiales inherentes a la disciplina jurídica que
configura el Derecho Administrativo, el cual determina a su vez
una específica jurisdicción. Diferente sería si se acude a los
tribunales pidiendo el pago de preaviso de despido, auxilio de
cesantía, vacaciones y aguinaldo proporcionales (institutos o
conceptos de índole eminentemente laboral), por un despido que se
reputa injustificado, acordado mediante acto administrativo; por
el hecho de serlo, y de ser impugnado para el logro de una
indemnización, no va a quedar en sede administrativa -aunque el
conflicto esté relacionado con un acto de la Administración
Pública-, porque la cuestión subyacente corresponde a la
jurisdicción de trabajo. Este sería precisamente el caso a que se
refiere el artículo 4 inciso a) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece, en lo
que interesa. No corresponderán a la Jurisdicción Contencioso


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Administrativa: a) Las cuestiones de índole penal y aquellas otras
que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública,
correspondan a la Jurisdicción de Trabajo.". "En virtud de lo
expuesto, y en relación con el principio de la "Plenitud Hermética
del Ordenamiento Jurídico", lo indicado es aplicarlo en el
subjúdice con respecto al juez de lo Contencioso -si algo tiene
que aplicar de lo laboral, que siempre será accesorio- y no a la
inversa, pues de hacerse esto último, se introducen en el juicio
de trabajo -como ya se ha dicho- modalidades, principios e
institutos procesales, que pugnan con su naturaleza. Si el
trabajador, acorde con su petitoria, escoge la vía contenciosa, es
porque sus pretensiones específicas se avienen mejor con las
posibilidades que le brinda esta jurisdicción. Al respecto, cabe
recordar que son las pretensiones, con los respectivos hechos que
las sustentan, las que, en definitiva, determinan no sólo lo que
será materia de debate en el juicio, sino además, la verdadera
índole de éste. Nótese, como ya fue expresado, que el artículo 4º
de la Ley Reguladora, al hacer la remisión a la vía laboral,
señala que los casos que deban ser sometidos a dicha sede, serán
aquellos que correspondan a la jurisdicción de trabajo; y de
acuerdo con el artículo 395 del Código respectivo, tales casos
serán los que surjan de conflictos o diferencias, entre patronos y
trabajadores, derivados de la aplicación de ese Código, del
contrato de trabajo y de hechos íntimamente relacionados con él
En esta causa, la diferencia o conflicto entre patrono y
trabajador no proviene de la aplicación de un instituto laboral
-como sería el despido, el cual como tal se combata- sino
administrativo, y al impugnarse el respectivo acto, desde la
óptica administrativa, el conflicto queda al margen de la
jurisdicción laboral. Ya se dijo que correspondería a ésta, si se
adujera, no la nulidad del acto, sino la responsabilidad patronal
proveniente de ese acto, generándose así el derecho del trabajador
al pago de las indemnizaciones respectivas, cuyo reconocimiento se
pida. Ha de observarse, en fin, que, según la naturaleza
determinada por los hechos aducidos y pretensiones esgrimidas en
autos, el caso encaja dentro de la prescripción del artículo 86
inciso 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala la
materia de conocimiento del juez Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda. Por otro lado, con arreglo a las razones ya
apuntadas, no procede aquí la aplicación del artículo 4º inciso a)
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.". Con base en las razones precedentes, aplicables
en lo fundamental al caso concreto, esta Sala se inclina, por
mayoría, por declarar que el conocimiento del presente asunto
corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil
de Hacienda (entre otras, resoluciones de esta Sala Nos. 40 de
13,30 y 41 de 13,35 hrs. ambas del 7 de abril, y 69 de 14,40 hrs


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


del 23 de junio, todas del año 1993)."

b. Análisis sobre la Legitimación para Reclamar la Nulidad
"V.- Sobre el segundo agravio relativo la legitimación la Sala ha
desarrollado ampliamente el tema. Así en la sentencia número 134
de las 14 horas 35 minutos del 23 de setiembre de 1992 sostiene
"V.- La legitimatio ad causam alude a la aptitud de un sujeto para
ser considerado parte en un proceso concreto. La determinación de
esta idoneidad procesal está íntimamente ligada con la pretensión
deducida en la acción, y solo quien se encuentre en determinada
relación con ésta puede ser parte en el respectivo proceso. La
legitimación activa, a su vez, se refiere a esa suficiencia
procesal del sujeto demandante, la cual representa su capacidad
para deducir una pretensión y la titularidad de una relación
jurídica o un interés tutelable por el ordenamiento. Por ende, la
cuestión de la legitimación activa se yergue como una cuestión de
índole procesal y no de fondo, aunque a veces se deba analizar
éste para determinar si el accionante es el llamado a deducir una
determinada pretensión. Por ser uno de los requisitos procesales
indispensables para la configuración de la litis, puede ser
examinada de oficio por el juez. VI.- La Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa regula lo referente a la
legitimación en sus artículos 10, 11, 12, 13 y 14. El primero de
ellos establece lo concerniente a la legitimación activa, y prevé
diferentes hipótesis: en primer lugar, la demanda puede pretender
la anulación de actos y disposiciones de la Administración
Pública. En estos casos, la acción puede ser individual, para lo
cual se requiere un interés legítimo y directo en ello, o de tipo
general o corporativo, en cuyo caso las Entidades, Corporaciones,
Instituciones de Derecho Público y aquellas entidades con
representación para la defensa de intereses de carácter general o
corporativo, afectadas directamente, pueden impugnar las
disposiciones de carácter general de la administración central o
descentralizada. Excepcionalmente, las personas individuales
pueden impugnar directamente aquellas disposiciones de carácter
general, si deben ser cumplidas por los administrados
automáticamente, sin necesidad de un acto previo de requerimiento
o de sujeción individual. En segundo lugar, se puede pretender el
reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su
restablecimiento, con o sin reparación patrimonial, por medio de
la denominada, en doctrina, pretensión de plena jurisdicción. En
tal evento, está legitimado el titular de un derecho subjetivo
derivado del ordenamiento, presuntamente infringido por el acto o
disposición impugnados. Por último, por medio del llamado proceso
contencioso de lesividad, la Administración puede impugnar un acto


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando se
considere lesivo a los intereses públicos, según resolución
fundada del órgano superior jerárquico de la administración que lo
dictó. VII.- De las situaciones previstas por nuestro ordenamiento
jurídico, es menester referirse únicamente a la legitimación
necesaria para demandar, en forma directa e individual, la
declaratoria de ilegalidad y la anulación de los actos y las
disposiciones particulares de la Administración Pública. El
artículo 10, 1, a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, establece la legitimación, en esos
casos, para quienes "... tuvieren interés legítimo y directo en
ello" [...]. Este interés debe reunir algunas características para
ser tutelable en sede administrativa y jurisdiccional: en primer
lugar, la anulación del acto debe suponer un beneficio para el
demandante, el cual consiste en la eliminación de un acto
perjudicial para él o, al menos, serle de utilidad o provecho. En
segundo lugar, la repercusión de la anulación debe ser directa e
inmediata sobre la situación jurídica del impugnante; por ende, el
interés material debe ser transformado directamente por la
anulación del acto impugnado. En tercer lugar, el interés debe ser
personal, pues el beneficio de la anulación debe ser en favor del
impugnante; de tal suerte, es necesaria una repercusión mediata o
inmediata del acto administrativo en su esfera jurídica. Así, no
es tutelable el denominado interés simple, a saber, aquel
referente al respeto de la legalidad en la actividad de la
administración, el cual puede corresponder a todos los ciudadanos
o a grupos en particular, sin que se concrete en un sujeto
determinado. En cuarto lugar, el interés debe ser actual y cierto
por ende, debe existir al momento de establecerse la demanda, ya
sea porque se ha producido un daño o menoscabo, o porque éstos son
previsibles en un futuro, conforme a las circunstancias normales
del caso concreto. No son impugnables, de acuerdo con lo dicho,
los daños simplemente hipotéticos o remotos. El perjuicio no
necesariamente debe ser de índole patrimonial, pues podrían
tutelarse intereses morales, siempre y cuando se trate de
situaciones relevantes para el ordenamiento jurídico y su
quebranto sea demostrado en el proceso." (En este sentido ver la
sentencia de las 15 horas 10 minutos del 13 de mayo de 1992). VI.-
Es necesario analizar lo sucedido al momento de la interposición
de la demanda así como de su deducción. El actor era el
propietario del fundo en el momento que la administración dictó el
acto aquí impugnado. En el transcurso del presente juicio vendió
el inmueble a O. G. S. Esta Sala no encuentra la violación alegada
por la representación estatal puesto que el actor tiene
legitimación de acuerdo a lo requerido por el artículo 10 de la
afectado patrimonialmente por el acto ahora impugnado. Posee


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


pretensiones por las responsabilidad de los daños y perjuicios
ocasionados por el acto impugnado el cual se dio al ser
propietario del bien, igualmente el actor está legitimado pues la
misma venta del inmueble a que se refiere este litigio podría
ocasionarle daños y perjuicios en relación a los efectos del acto
anulado. Por ello y siendo que las pretensiones del presente
proceso no se encuentran determinadas dentro de una acción real
sino que tienen por objeto anular el acto y reparar el daño
causado por éste a quien fue titular del inmueble al momento de
dictarse el acto es que el actor conserva su legitimación e
interés y por lo que no es de recibo el recurso en ese sentido."

c. Lesión de Intereses Difusos
"I.- El 11 de setiembre de 1981 el Instituto de Desarrollo Agrario
formalizó un contrato de arrendamiento con la sociedad C.P.S.A. A
partir de esa fecha, el contrato fue objeto de renovaciones
consecutivas, encontrándose vigente al momento de ser interpuesta
la presente demanda. Tal convenio ha permitido a la arrendataria
el uso y el disfrute de un terreno ubicado en la Provincia de
Puntarenas, Cantón de Osa, Distrito de Sierpe, en principio para
fines agropecuarios y de vivienda y, posteriormente, turísticos
El inmueble cuenta con una cabida de una hectárea tres mil sesenta
y siete metros con quince decímetros cuadrados y se localiza al
margen sur del Río Sierpe. La actividad administrativa que se
objeta, data del 24 de febrero de 1992, cuando la Junta Directiva
del citado Instituto, en la sesión Nº 15-92, artículo XXXVI,
autorizó a su Director Administrativo a renovar el referido
contrato de arrendamiento, renovación que se suscribió el 7 de
mayo de 1992 con una vigencia de cinco años. Precisamente
inconforme con ese contrato, la sociedad D.S.A. gestionó
administrativamente su anulación. Reclamó, entre otras cosas, que
el terrero dado en arriendo involucraba una zona inalienable,
específicamente los cincuenta metros al margen de un río
navegable, lo que causaba la nulidad absoluta de ese convenio. El
Instituto rechazó los recursos planteados y dio por agotada la vía
administrativa. D.S.A. formula el presente proceso ordinario
alegando la nulidad absoluta tanto del acuerdo de Junta Directiva
que autorizó el contrato, cuanto de éste, por ser contrarios a la
ley y carecer el ente emisor de jurisdicción y competencia para
dictarlo y suscribirlo, respectivamente. Por otra parte, recrimina
haber sido despojado del potencial usufructo y disfrute como
colindante de aquella zona inalienable. En primera instancia el
juzgador acoge la excepción de falta de legitimación activa y
declara indamisible la acción. El Tribunal Superior, en alzada,
confirma el fallo del A-quo. [...] IV.- Agravio de fondo.- En


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


punto a la falta de legitimación activa declarada en esta litis,
el actor recrimina la no actuación de los artículos 1, 2, 3, 4, 14
y 15 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre. Sostiene que el
Juzgador de primera instancia como el Tribunal Superior, pasaron
por alto que esos ordinales otorgan a todos los habitantes del
país legitimación suficiente para tutelar los bienes públicos
indicados en la referida ley. Concluye que al no advertirlo, le
negaron el ejercicio de un interés legítimo con el consiguiente
irrespeto de aquella normativa.- En realidad no encuentra la Sala
sustento alguno válido para esta conclusión. Los juzgadores de
instancia fueron claros respecto a que no había en los autos
información que permitiera aseverar que el actor, frente al acto
administrativo impugnado, ostentase un derecho subjetivo o un
interés legítimo y directo. Es de sobra conocido que no basta, en
procesos de esta índole, como elemento legitimador, el genérico
derecho ciudadano a la legalidad. La ley exige al menos un interés
directo. Así lo dispone expresamente el artículo 10-1, inciso a),
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, que los sentenciadores actuaron correctamente.- La
referencia a "todos los habitantes del país" que hace la normativa
invocada por el recurrente, no implica una legitimación procesal
en esta jurisdicción en beneficio de cualquier persona, sino una
obligación general de denunciar, ante las autoridades competentes,
las anomalías que por irrespeto a aquella legislación se estén
cometiendo. En el presente caso, ciertamente el actor pretende la
tutela de un supuesto derecho subjetivo, que no logró sin embargo
demostrar, puesto que la protección del área inalienable
correspondiente al Río Sierpe no es un elemento legitimador a
menos que se sumara a la lesión de un derecho o de un interés
directo del reclamante, circunstancia que, valga reiterarlo, aquí
no se acreditó.- Puesto que el recurrente insiste en una
legitimación ad causam, que los tribunales de instancia le niegan,
insistencia que de alguna manera parte de una concepción errada de
lo que es ese instituto, parece aquí conveniente citar algunas
consideraciones al respecto contenidas en la sentencia de esta
Sala Nº 11 de 15 horas del 22 de enero de mil novecientos noventa
y tres, que dicen así: "VII.- La legitimatio ad causam alude a la
aptitud de un sujeto para ser considerado parte en un proceso
concreto. La determinación de esta idoneidad procesal está
íntimamente ligada con la pretensión deducida en la acción, y sólo
quien se encuentre en determinada relación con ésta puede ser
parte en el respectivo proceso. La legitimación activa, a su vez,
se refiere a esa suficiencia procesal del sujeto demandante, la
cual representa su capacidad para deducir una pretensión y la
titularidad respecto a una relación jurídica o a un interés
tutelable por el ordenamiento. Por ende, la cuestión de la
legitimación activa se yergue como una cuestión de índole procesal


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


y no de fondo, aunque a veces se deba analizar éste para
determinar si el accionante es el llamado a deducir una
determinada pretensión. Por ser uno de los requisitos procesales
indispensables para la configuración de la litis, puede ser
examinada de oficio por el juez. VIII.- La resolución impugnada
declara la inadmisibilidad de la acción, mediante el acogimiento
de la excepción de falta de legitimación ad causam activa. Dicho
pronunciamiento, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no
padece contradicción, pues la falta de legitimación activa, al
igual que la pasiva, constituyen motivos para declarar inadmisible
la acción, según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley
Reguladora pluricitada. Ergo, no le asiste razón al recurrente
cuando afirma que lo relativo a la legitimación activa,
introducido por el Tribunal en su nuevo fallo, es un aspecto de
fondo, contradictorio con la sentencia de inadmisibilidad..."
[...] Síguese, entonces, que al no demostrar el actor la
titularidad de un derecho subjetivo o un interés tutelable por el
ordenamiento jurídico, y no contemplar el ordenamiento jurídico
contencioso administrativo la denominada acción popular, la
carencia de legitimación activa de parte del actor es manifiesta,
lo que indica que el fallo censurado carece del vicio que le
endilga el casacionista, por lo que se impone rechazar el agravio
aducido por éste.-"

d. Responsabilidad Civil de la Administración
"VIII.- Cabe reparar, por otra parte, que el extremo petitorio
sétimo, no es cobijado por los efectos de la cosa juzgada
material, puesto que en él lo que se reclama es el pago de los
daños y perjuicios, en suma equivalente al monto de los honorarios
de abogado y notario que, normalmente, al ritmo creciente de esos
ingresos, podía el actor haber devengado, desde el primero de
junio de mil novecientos ochenta y cuatro, hasta que estuviera en
capacidad de continuar percibiendo esos ingresos. Acertadamente,
el Tribunal Superior dispuso el análisis de esta petición, en
forma separada a aquélla en la que se reclamaban los honorarios de
abogado y notario no cancelados a la fecha de la cesación del
trabajo, la cual sí fue resuelta en sede laboral y, por ende,
cubierta por los efectos de la cosa juzgada material. En atención
al mencionado reclamo, la pretensión del actor es para que la
demandada le cancele, por honorarios de abogado y notario, la suma
relativa a los ingresos que pudo haber devengado, desde la fecha
de su retiro obligado hasta que estuviera en capacidad de
continuar percibiéndolos. Obsérvese, que, aun y cuando la Ley
General de la Administración Pública, propiamente, en sus
artículos 190, 191 y 192 y la Ley Reguladora de la Jurisdicción


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Contencioso-Administrativa, en sus artículos 10, 23, 61 y 62,
dispongan, en términos generales, que la Administración será
responsable de los daños y perjuicios causados en el ejercicio de
sus funciones, debiendo resarcirlos e indemnizarlos en beneficio
del sujeto perjudicado en sus derechos subjetivos con su
actuación, es lo cierto, también, que el artículo 196 de la Ley
General de la Administración Pública, que, precisamente, se ubica
dentro del apartado que regula el régimen común de la
responsabilidad, establece que "En todo caso el daño alegado habrá
de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una
persona o grupo". Asimismo, el artículo 23 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que la parte
demandante podrá pretender, además del reconocimiento de una
situación jurídica individualizada, y la adopción de las medidas
necesarias para su restablecimiento, la indemnización de los daños
y perjuicios "cuando proceda". De acuerdo con esas disposiciones,
el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la
adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento
de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y
perjuicios, solo procederá, cuando esos daños y perjuicios sean
efectivos, evaluables e individualizables, en relación con la
persona que los reclama, como sujeto con interés legítimo y
directo en ello, pues de lo contrario, la pretensión de daños y
perjuicios se torna improcedente. En sub-júdice, no puede
afirmarse que ese reclamo del actor, en concreto, cobrar una suma
de dinero por concepto de honorarios de abogado y notario que,
normalmente y al ritmo creciente de esos ingresos, pudo
(eventualmente) haber devengado en el período comprendido entre su
retiro forzado y hasta que estuviera en capacidad de continuar
percibiendo esos ingresos, se encuentre amparado en un derecho
real o personal que le sirva de fundamento. Toda acción, para ser
acogida en demanda, requiere de la concurrencia de tres
presupuestos sustanciales que la han de justificar: Un derecho que
le sirva de fundamento, la debida legitimación, activa de parte de
quien la formula, y pasiva de quien resulta ser el sujeto a quien
va dirigida, y el interés actual en ejercitarla. El señor G.U.,
aunque fue separado de sus cargos con fundamento en actos
administrativos viciados de nulidad, conforme a la declaratoria de
inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley para el equilibrio
del sector financiero que a su respecto fueron la base para su
despido, no tiene a su favor un derecho que le sirva de fundamento
a su pretensión para cobrar aquellos extremos. Tan solo posee una
mera expectativa, que resulta insuficiente para la admisión, en
sentencia, de esa pretensión, dado que contraviene la exigencia
contenida en el artículo 196 de la Ley General de Administración
Pública, que exige que los daños y perjuicios sean efectivos,
evaluables e individualizables, pero no eventuales, irreales e


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


inciertos, como lo serían, aquellos honorarios de abogado y
notario que, normalmente y al ritmo creciente de esos ingresos, en
su eventualidad, pudiesen haber ingresado en el peculio del actor,
desde su retiro forzado y hasta que estuviera en capacidad de
continuar percibiéndolos según la supervivencia de vida. En
definitiva, esos supuestos y remotos daños y perjuicios, lejos de
constituir pretensiones concretas y reales, constituyen extremos
inciertos y de imposible cuantificación, no porque se hayan dejado
de demostrar, sino por la naturaleza remota, indeterminada e
incierta que revisten. Por lo demás, es claro que ya entre el
señor G.U. y la Caja Costarricense de Seguro Social no existe
vínculo, en virtud del cual, aquél prestaba sus servicios
profesionales lo que generaba, así, su retribución y la causa para
devengar sus honorarios. De este modo, ni don G. tiene deber
alguno de seguir ejecutando las funciones que realizaba para esa
Institución, ni ésta mantiene obligación alguna de pagarle por
servicios profesionales que en todo caso no ha realizado
efectivamente, ni existe causa que de lugar para los honorarios e
ingresos que ahora reclama el demandante. Obviamente, el
honorario, salario o ingreso, el actor lo percibiría, a cambio de
una contraprestación, cual era su trabajo. De modo que si no ha
desplegado función alguna, luego de su retiro forzoso, no tiene
sustento para exigir las sumas de dinero que pretende, pues a
cambio, no ha ejecutado ninguna contraprestación. Esos ingresos
encuentran razón de ser, dentro de una determinada relación
sinalagmática, producto de la cual el ejecutor del servicio u
obra, emprende sus funciones, en tanto espera recibir una
contraprestación de naturaleza monetaria. De esta manera, si el
aquí actor no ha desplegado función alguna, no tiene derecho para
reclamar honorarios, los que sí estuviera en derecho de reclamar
si, efectivamente, hubiese realizado las funciones que constituían
la causa que los generaba. De todos modos, como ya se dijo, esa
pretensión se basa en simples expectativas de lo que el accionante
pudo, quizá, llegar a realizar, de mantenerse en el puesto y,
obviamente, de haber llegado a prestar sus servicios
profesionales, lo que sin duda no realizó. La indeterminación, en
este sentido, es tal, que no existe base para acoger ese reclamo,
pues se quebrantaría lo preceptuado en el artículo 196 de la Ley
General de la Administración Pública, cuando establece que "En
todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e
individualizable en relación con una persona o grupo"; aspecto
sobre el que esta Sala ha manifestado: "No cualquier daño da pie a
la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de confluir,
básicamente, las siguientes características para ser un "daño
resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente
eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones
supuestas o conjeturales ..." (Sala Primera de la Corte Suprema de


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


Justicia, número 139, de las catorce horas quince minutos del
dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y dos). En razón
de lo dicho, no se han cometido las violaciones de ley aducidas,
por lo que el recurso deviene improcedente en este particular."


e. Condenatoria en costas al Colegio de Abogados por imporner
sanción a abogado, cuando aún no encontraba colegiado
“No cabe duda a esta Sala que por principio y por disposición de
su Ley Orgánica, el Colegio de Abogados bifurca su actuación en
dos sectores: a) por un lado, cumple una función de interés
público que el Estado le ha encomendado, en resguardo del debido
ejercicio de la profesión; este control o fiscalización lo puede
ejercer sobre todos sus miembros, por ser obligatoria la
colegiatura. La actuación del Colegio de Abogados, y en general de
todos los colegios profesionales, como ya lo indicó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva No
OC-5/85 del 13 de noviembre de l985, encuentra su razón de ser
(especialmente en aquellas profesiones que se denominan de
carácter liberal) en el interés público existente a que exista una
preparación adecuada de sus miembros, y una estricta observancia
de las normas de la ética y el decoro profesional. Para la Sala,
es precisamente en cumplimiento de este fin de interés público,
que la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, lo autoriza para
conocer y sancionar las faltas de sus miembros. b) Por otro lado,
actúa en defensa de los intereses y el bienestar común de sus
agremiados. Igualmente se ha reconocido que su potestad
disciplinaria para conocer y sancionar las faltas de sus
agremiados, es constitucional, siendo que la resolución que adopte
su Junta Directiva agota la vía administrativa y abre la
posibilidad al profesional para interponer un proceso contencioso
administrativo en donde un Tribunal jurisdiccional revisará lo
actuado administrativamente. En este caso conforme quedó
demostrado el recurrente Steve López Elizondo se incorporó al
Colegio demandado el primero de setiembre de 1999, siendo que
cuando el 12 del mismo mes y año, Facundo Rodríguez Moraga en su
condición de Intendente del Concejo Municipal de Lepanto,
Puntarenas, interpuso la queja contra el licenciado Miguel Jiménez
Calderón, la cual posteriormente se amplió contra el recurrente,
por una serie de hechos relacionados con la contratación de ambos
para atender un caso laboral que aquejaba a la Municipalidad de
Lepanto por el despido de dos empleados, el amparado tenía diez
días de incorporado. Además, para cuando sucedieron los hechos que
motivaron esa queja, conforme lo acepta el Presidente del Colegio
de Abogados de Costa Rica, en los dos informes rendidos bajo la
gravedad del juramento, (folios 12, 13, 437 y 438), el recurrente


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


no estaba incorporado a ese Colegio, por lo que evidentemente no
procedía la sanción por hechos que sucedieron cuando no era
agremiado pues en ese caso no podía el citado Colegio ejercer su
potestad disciplinaria, independientemente de otro tipo de
responsabilidad que pudiera recaer sobre el amparado, como la
penal, por los hechos que acusó el afectado y sobre lo cual a esta
Sala no le corresponde pronunciarse. En razón de lo anterior, se
estima que al recurrente se le ha infringido su derecho al
trabajo, por lo que se declara con lugar el recurso y en
consecuencia se dispone anular parcialmente el acuerdo 8.23 de la
Junta Directiva en sesión ordinaria número 29-2001 celebrada el 3
de setiembre del 2001, únicamente en cuanto sancionó al mismo. En
virtud de lo anterior, se considera innecesario pronunciarse
acerca del otro hecho alegado por el amparado en cuanto que se
mantenía la segunda sanción que se le impuso, de seis meses de
suspensión en el ejercicio de la abogacía, a pesar de que ya se
hizo el depósito de quinientos cinco mil colones prevenido.”28

f. Rechazo de suspensión del acto administrativo
“I-. Como probados tiene el Tribunal, los siguientes actos
procesales que constan en el expediente: a) La Junta Directiva del
Colegio de Abogados de Costa Rica, constituida en consejo de
disciplina, en sesión ordinaria número 33-2001 del ocho de octubre
del dos mil uno, acuerdo 3.28, resolvió imponer al incidentista la
sanción disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de
su profesión de abogado. (Expediente administrativo, folios 35 a
38). b) Contra dicho acuerdo el accionante formuló recurso de
revocatoria, de apelación y nulidad concomitante, los cuales
fueron declarados sin lugar en sesión ordinaria, 32-2002 del
primero de agosto de dos mil dos, acuerdo 4.13. ( Mismo
expediente, folios 39 a 46). c) Mediante aviso en el Boletín
Judicial de la Gaceta número 218 del doce de noviembre de dos mil
dos, se publicó el que daba cuenta de la suspensión declarada
( Folio 48 del mismo expediente). d) Este incidente fue presentado
el ocho de noviembre de aquél año, y recibido por el Juzgado de
Instancia el once del mismo mes y año. ( Folio 10 del legajo de
suspensión)
II.- En el escrito de agravios presentado ante el Juzgado de
Instancia, se formularon los que de seguido se señalan: 1) en la
resolución combatida se dice que el incidente se presentó
extemporáneamente, el once de noviembre del dos mil dos, lo cual
no es cierto, pues consta que fue interpuesto el ocho de aquel mes
y año. 2) También se afirma que se omitió aportar copia del acto
que agotó la vía administrativa, cuando en realidad se presentó
3) Señala que la violación al debido proceso es evidente, según
consta en el mismo expediente. 4) Pide eliminar esa incongruencia,


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


anulando la recurrida y ordenando se admita y resuelva el
propuesto
III. Tiene razón en parte el recurrente, en cuanto a la fecha en
que interpuso la articulación, pero es también cierto que al
Juzgado llegó hasta el once de noviembre del dos mil dos; sì
consta la presentación de la resolución en la que el Colegio de
Abogados agotaba la vía administrativa. Esos errores pueden
subsanarse en esta instancia como en efecto se hace, de manera que
no es indispensable decretar la nulidad pedida. (Artículo 197 del
Código Procesal Civil). En cuanto a la otra razón esgrimida por la
juzgadora de instancia, en el sentido de que el incidente era
extemporáneo, debido a que en la data en que se presentó la
articulación, ya la sanción debería haber sido cumplida, aún
cuando en aquella fecha no era exacto, en este momento sí lo es
Nótese que la publicación respectiva, ocurrió el doce de noviembre
del dos mil dos, de suerte que en este momento, carecería de
interés resolver sobre un acto administrativo, que ya surtió sus
efectos. La suspensión, tiene como presupuesto de admisibilidad
que la ejecución tenga la potencial capacidad de producir daños y
perjuicios de imposible o muy difícil reparación, no es un acto
revocatorio. (Artículo 91-2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa). Por esas razones, ha de
confirmarse lo resuelto por el a-quo.”29

g. Presupuestos para que proceda la suspensión del acto
administrativo sancionatorio
“IV.- Para el otorgamiento de la cautelar de suspensión de los
efectos del acto administrativo, es necesario que concurran varios
presupuestos: en primer término el periculum in mora que consiste
en el temor razonable y objetivamente fundamentado de la parte
actora de que la situación jurídica sustancial aducida resulte
seriamente dañada o perjudicada de forma grave o irreparable
durante el transcurso de tiempo necesario para dictar la sentencia
principal; uno de los perfiles relevantes de este presupuesto está
constituido por lo que en doctrina se ha denominado "bilateralidad
del periculum in mora", lo que impone aplicar el principio de
proporcionalidad, ponderando los diversos intereses involucrados
al acceder a la suspensión de la ejecución debiendo así valorar el
interés del solicitante (privado) frente a los intereses público o
de terceros, por lo que sólo se otorgará la medida cuando el
perjuicio que pueda sufrir el solicitante, sea cualitativa y
cuantitativamente superior al daño sufrido por la contraparte
Otro de los presupuestos está constituido por el fumus boni iuris,
que sería esa apariencia de buen derecho y que se manifiesta en la
seriedad de la demanda presentada. Así las cosas, y luego de la
ponderación de estos presupuestos el Tribunal, llega a


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


convencimiento idéntico al del Juzgador de instancia, motivo que
impone confirmar el fallo combatido. Se debe tener presente que
los actos administrativos son ejecutivos y ejecutorios y es en
razón de esta característica con que cuentan de fuerza obligatoria
y ejecutiva, que solo en casos excepcionales puede ordenarse su
suspensión, siempre y cuando, con su ejecución, ocasionen daños y
perjuicios de imposible o difícil reparación, según lo preceptuado
por el ordinal 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. El éxito de una medida cautelar como
la analizada, depende además, de la reparación del daño y de su
relación con el interés público, el que debe prevalecer en
resguardo de la seguridad y salubridad de toda la comunidad, de
modo tal, que si la inejecución pone en peligro alguno de esos
valores, el beneficio pedido ha de denegarse. El único interés de
la colectividad que existe en casos como el presente, es que la
labor profesional se realice conforme a la ética que debe imperar
en todas las actuaciones de un profesional en Derecho y por ello,
el ejercicio del petente no puede calificar como tal sino como un
interés privado. No cabe duda que la sanción impuesta por el
Colegio de Abogados al Licenciado Valverde Segura, le causa a éste
una serie de inconvenientes de importante magnitud, dado que se le
está impidiendo el ejercicio de su profesión durante un lapso
prolongado. Empero, tomando en consideración el interés público y
dados los hechos denunciados, se determina que la ejecución de la
medida, si bien lesiona intereses privados de don Jorge Enrique,
ellos son perfectamente cuantificables y resarcibles, en el
eventual caso de que el proceso principal prospere. La conducta
que se le endilga es además, sumamente grave. Lo que se le achaca
es haber prestado su nombre para facilitar el ejercicio
profesional a su hermano quien, por no ser abogado, no estaba
legalmente autorizado para hacerlo, resultando engañado con tal
actuación el denunciante ante el Colegio de Abogados señor Leonel
Ramírez Gutiérrez, quien había contratado al hermano del
incidentista como abogado, situación que fue conocida por el
apelante y por ello no lleva razón en su alegato, pues las razones
ahí expuestas no son por las que se le impuso la sanción. Es,
justamente por la naturaleza de los cargos que se hicieron al
actor y que motivaron la imposición de la sanción disciplinaria
cuya suspensión éste pide, que interesa a la comunidad la
ejecución del acto disciplinario, antes de que una sentencia
desvirtúe o confirme aquéllos. Es por lo expuesto que el Tribunal
comparte en un todo los motivos que tuvo el señor Juez para
denegar la medida, debiendo en consecuencia, rechazarse la
apelación.-”30izado por los artículos 24 y 113 de la Constitución
es desproporcionada respecto a la exigencia de permitir a la
Administración el examen previo de las quejas de los usuarios en
orden a evitar largos y costosos procedimientos judiciales y


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica


constituye un privilegio injustificado de la Administración. Con
ello –sigue diciendo la Corte- resulta violado también el artículo
3 de la Constitución bajo la perspectiva de la igualdad de las
partes del contrato, igualdad contractual que debe presidir las
relaciones entre los usuarios y la Administración Postal, dado que
se trata de una relación de naturaleza contractual sometida
fundamentalmente al régimen de Derecho privado
Sobre la base de esta apreciación la sentencia dedica algunas
consideraciones a perfilar el contenido del fallo, llegando a la
conclusión de que la adecuación del precepto controvertido a la
Constitución sólo puede conseguirse entendiendo que el particular
queda en libertad para elegir entre la interposición de la
reclamación administrativa previa (en los plazos específicamente
establecidos al efecto) con posterior recurso a los Tribunales, o
bien optar de forma inmediata por el recurso a estos últimos. El
fallo de la sentencia declara por ello la inconstitucionalidad de
la norma cuestionada "en la parte que no prevé la posibilidad de
la acción judicial en defecto de reclamación previa en vía
administrativa"31


FUENTES CITADAS


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
1 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Administrativo Costarricense
1° Edición. Editorial Juricentro. San José, 1993. pp. 180-181

2 BREWER-CARÍAS, Allan R. Marco Constitucional del Derecho
Administrativo en Venezuela. V Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo. Consultada el 27 de abril de 2007. Disponible en
http://www.usfq.edu.ec/foro/02.pdf

3 Gimeno Sendra V. [et. Al.] (1994) Derecho Procesal Administrativo
Costarricense. (1ª ed.) San José: Editorial Juricentro, pp. 281, 283 y
284. (Localizado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, signatura 344.272.86 D431d)

4 Instituto Nacional de Seguros. Agotamiento de la vía administrativa
Recuperado el 7 de julio de 2006 de: http://portal.ins-
cr.com/AccesoCabezal/Glosario/Agotamiento+de+la+v%C3%ADa+administrativ
a.htm

5 MILANO SÁNCHEZ, Aldo. Ensayo de derecho procesal administrativo. 1°
Edición, San José CR. Universidad de San José, 1997. (Localizado en la
Biblioteca de Derecho UCR, signatura 344.272.86 M637e)

6 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, p. 8. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

7 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, pp. 8-9. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

8 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, pp. 9-10. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

9 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, p. 10. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)


10 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, p. 11. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

11 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, pp. 11-12 y 13. (Localizado en la
 Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

12 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, p. 14. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)

13 Esquivel Carranza M. (1980) El agotamiento de la Vía Administrativa
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, San José, pp. 16-17. (Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 296 B)


14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N°
03669-2006 de las quince horas del quince de marzo del dos mil seis

15 Gimeno Sendra V. [et. Al.] (1994) Derecho Procesal Administrativo
Costarricense. (1ª ed.) San José: Editorial Juricentro, pp. 284-285
(Localizado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, signatura 344.272.86 D431d)


16 Gimeno Sendra V. [et. Al.] (1994) Derecho Procesal Administrativo
Costarricense. (1ª ed.) San José: Editorial Juricentro, pp. 285-286
(Localizado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, signatura 344.272.86 D431d)

17 Jinesta Lobo E. (2001, enero-febrero) El agotamiento de la vía
administrativa y los recursos administrativos. Revista IVSTITIA. N°
169-170, P. 33. (Localizado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Costa Rica, signatura 340 I)

18 Milano A. (1995) El agotamiento de la vía administrativa en la
justicia administrativa costarricense. Críticas y perspectivas
Revista IVSTITIA. N° 104, P. 8. (Localizado en la Biblioteca de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, signatura 340 I)


19 Milano A. (1995) El agotamiento de la vía administrativa en la
justicia administrativa costarricense. Críticas y perspectivas
Revista IVSTITIA. N° 104, pp. 10-11. (Localizado en la Biblioteca de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, signatura 340


21Ley Número 3667. Costa Rica, 12 de marzo de 1966

22Ley Número 6227. Costa Rica, 2 de mayo de 1978

23Ley Número 13. Costa Rica, 28 de octubre de 1941
las catorce horas con treinta minutos del cinco de enero de mil
novecientos noventa y cuatro

las dieciseis horas del trece de febrero de mil novecientos noventa y

las quince horas con treinta minutos del veintidós de abril de mil
novecientos noventa y ocho

las catorce horas con treinta minutos del cuatro de julio de mil
novecientos noventa y siete

12045-2005, de las dieciseis horas con catorce minutos del seis de
setiembre de dos mil cinco

145-2003, de las dieciseis horas del veintiuno de mayo de dos mil

295-2005, de las diez horas del veintisiete de julio de dos mil cinco

31 Milano A. (1995) El agotamiento de la vía administrativa en la
justicia administrativa costarricense. Críticas y perspectivas
Revista IVSTITIA. N° 104, p. 11. (Localizado en la Biblioteca de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, signatura 340 I)