Jurisprudencia sobre Actos Administrativos de
Efectos Continuados
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Acto Administrativo

Palabras Claves: Acto Administrativo, Acto Administrativo de Efectos Continuados. Sala Primera
Sentencias 1426-2012 y 1533-2012

Fuentes de Información: Jurisprudencia. Fecha: 16/12/2015


Contenido


RESUMEN

El presente documento contiene jurisprudencia sobre los Actos Administrativos de
Efectos Continuados, considerando el criterio aportado por la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia


 JURISPRUDENCIA


1. Acto Administrativo de Efectos Continuados

Voto de mayoría

VII.- En su primer cargo de esta índole, acusa una preterición de prueba, lo que
genera, en su criterio, el quebranto de los numerales 175 de la Ley General de la
Administración Pública así como de los artículos 39, inciso 1), 40 y transitorio II del
CPCA. Destaca que el vicio se dio respecto del oficio ORI-R-949-2007 del 10 de mayo de
2007, el cual fue notificado el 22 de ese mismo mes y año. Expone que en la audiencia
preliminar, el hecho cuarto de la demanda, el cual se fundamentó en dicho
documento, se tuvo como no controvertido, tal y como se consignó en la sentencia
impugnada. Dice, en este se indicó que la UCR se avocaría a realizar las consultas
legales correspondientes respecto de la solicitud presentada por el actor desde el 12
de abril de 2007. Por ello, arguye, dado que para esa fecha ya había iniciado el
procedimiento, le resulta aplicable el transitorio II del CPCA, y en forma concomitante,
el precepto 39 del mismo cuerpo normativo deviene en inaplicable. Aduce, además, la
vulneración del numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública, el cual
contempla un plazo de caducidad de cuatro años para la impugnación del acto
administrativo, y no de uno. En el segundo vicio que plantea, cuestiona la misma
decisión que en el anterior, y endilga la infracción de las mismas disposiciones legales
Reitera que se le aplican las reglas de caducidad previstas en el CPCA a un
procedimiento administrativo que se encontraba en trámite antes de la entrada en
vigencia de dicho Código. Aclara, por la misma razón apuntada, al supuesto fáctico que
se analiza le resulta aplicable la versión previa a la reforma del artículo 175 ya que el
CPCA entró en vigencia a partir del primero de enero de 2008. Agrega que la actuación
impugnada no debió ser calificada como de efectos instantáneos, como lo indicó el
Tribunal, sino continuados, ya que “los efectos del acto administrativo donde la
Universidad demandada rechaza la equiparación del grado de Máster en ciencias de la
Ingeniería tiene efectos continuados porque le causa a nuestro mandante, entre otros,
un daño irreparable que se mantiene en el tiempo como lo es la imposibilidad de optar
por el Doctorado en la especialidad en que don Luis Diego [sic] graduó en la
Universidad.” Acota que de conformidad con el inciso 2) del artículo 40, el punto de
partida del cómputo de la caducidad es luego del cese de los efectos del acto, por lo
que en este caso, no ha iniciado. Expone que la falta de aplicación del Convenio de
Cooperación Cultural y Científica entre Costa Rica y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas conculca día a día el derecho del recurrente de que su título académico se
equipare con el que obtuvo en el Instituto Politécnico Superior de Leningrado MG
Kalinin, Orden Lenin

VIII.- Ambas inconformidades se dirigen a cuestionar el análisis de la caducidad
realizado por los juzgadores de instancia; una, por considerar que las disposiciones del
CPCA sobre este punto no resultaban aplicables en la especie de conformidad con el
transitorio II de dicho cuerpo normativo, y la otra, en la medida en que, debido a que
los efectos del acto son continuados, el término de caducidad no había iniciado. En lo
que atañe al primer punto, en forma preliminar debe aclararse que el transitorio II
citado en el recurso, cuyo objeto es regular la creación de despachos en otras
provincias o zonas territoriales, no mantiene relación alguna con el cuestionamiento
esbozado por el recurrente. Empero, a partir de sus argumentos, en particular de la
relación que establece con el numeral 175 de la Ley General de la Administración
Pública, se puede extraer que en realidad se refiere al transitorio III, el cual establece
“El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía
administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación
vigente en ese momento.” Así, la ultractividad de la redacción original del precepto 175
previamente citado, y por ende, del plazo de caducidad de cuatro años, únicamente
cobija aquellos actos que hayan adquirido firmeza antes del 2008. Es decir, el supuesto
de hecho determinante para la aplicación del transitorio mencionado es el momento a
partir del cual se puede considerar que el acto adquirió firmeza. En la especie, se tiene
que el oficio ORI-R-1437-2007 cuya nulidad se pretende se le notificó al aquí actor
hasta el día 5 de febrero de 2008 (octavo hecho probado de la sentencia, el cual no fue
cuestionado). En este sentido, y dado que la eficacia de los actos, salvo que concedan
derechos al particular, se encuentra supeditada a la comunicación (art. 140 de la Ley
General de la Administración Pública), lo cierto es que la firmeza del acto sobrevino
cuando ya estaba vigente el CPCA. Con base en lo anterior, el hecho de que el
procedimiento se tramitara, o incluso que el acto cuestionado se dictara en el 2007, no
supone la aplicación del régimen de impugnación vigente antes del 2008, lo que
descarta la tesis esgrimida en el recurso

IX.- Resta ahora analizar el segundo argumento planteado por el recurrente para
cuestionar la caducidad decretada, según el cual, el acto impugnado es de efectos
continuados. En principio, este supuesto es propio de aquellas relaciones jurídicas de
duración, entendiendo que opera cuando el acto incide reiteradamente en la esfera
jurídica del particular, ya sea creando, modificado o extinguiendo durante ese período
las relaciones o situaciones jurídicas que integran dicha esfera jurídica. Contario a lo
que ocurre en aquellos actos de efecto instantáneo en los que su incidencia o efecto se
agota en un solo momento, precisamente en el que varía, en forma positiva o
negativa, el conjunto de derechos, potestades, obligaciones, deberes, y cargas de las
personas. En el presente caso, no cabe duda que la denegatoria del reconocimiento del
título definió una situación jurídica para el señor Jiménez. Esto marcó y definió, en un
solo espacio temporal, la denegatoria, por imposibiildad jurídica, de alcanzar un nuevo
estatus académico. Ahora bien, las distintas consecuencias que se puedan derivar de


ello, como la pretendida imposibilidad de acceder a estudios de postgrado, o bien,
eventuales ingresos adicionales, no constituyen efectos jurídicos y directos dispuestos
por el acto administrativo que resolvió la gestión del petente, sino, que derivan,
precisamente, de esa consolidación del estatus académico otorgado como una
repercusión consecuencial, secundaria y permanente en el tiempo, pero no de
incidencia repetida. En la línea de lo expuesto en el considerando anterior, el acto
impugnado no es la causa de las afectaciones aducidas, sino que tales efectos son
derivación del estatus jurídico que se perpetuó una vez resuelta la gestión de
homologación. Así, no es de recibo la tesis de que se trata de un acto de efectos
continuados. A partir de las razones expuestas, el plazo máximo para interponer este
proceso jurisdiccional contra el oficio ORI-R-1437-2007 feneció en febrero de 2009, y la
demanda se interpuso el 2 de mayo de 2011, lo que confirma lo resuelto, y obliga al
rechazo del reparo. En todo caso, y a mayor abundamiento de razones, debe
considerarse que, tal y como se consignó en el elenco de hechos probados de la
sentencia, la primera ocasión en que se solicitó el reconocimiento del grado académico
obtenido en el exterior no fue en el 2007, sino en 1987, momento en el que se dispuso
equiparar dicho título como licenciatura en ingeniería eléctrica, decisión que en
principio no fue cuestionada. Dicha omisión consolidó lo resuelto en aquel entonces,
por lo que la presentación del segundo procedimiento administrativo, así como este
proceso, resultan improcedentes, en la medida en que pretenden modificar un acto
administrativo firme y consentido


2. Acto Administrativo de Efectos Continuados y su Caducidad

Voto de mayoría

I. La señora Mercedes Arce Arce refiere en su demanda, el primero de enero de
2001, fue nombrada como Juez 3 en el Juzgado Penal de la Unión de Tres Ríos,
Cartago, puesto donde debía cumplir con disponibilidad. A dicha funcionaria no se le
pagó la disponibilidad del año 2003, en razón de que la Ley de Contingencia Fiscal lo
impedía. El 16 de febrero de 2004, dirigió nota al Jefe del Departamento de Personal
del Poder Judicial, donde expuso, se le había informado que, le rebajarían ¢624.216,70
en un lapso de 12 meses, debido al pago indebido por disponibilidad. Según se le
explicó, desde el primero de enero de 2001 al 30 de agosto de 2002, se le canceló un
11%, cuando lo correcto era un 5%. Asimismo, se le comunicó que el 5% por
disponibilidad no pagado en el 2003, se le iba a reconocer en el salario a partir de
enero de 2004, pero, sin pago retroactivo, lo que consideró violatorio de sus derechos
laborales, pues durante ese año estuvo disponible. En razón de lo expuesto, formuló
gestión ante el Departamento de Personal. En oficio 184-UD-AS de 19 de abril de 2004,
esa oficina le informó que los reajustes practicados según la nueva tabla, arrojaron que

en el período del 1 de enero de 2001 al 30 de agosto de 2002, se le acreditó un 11%
por disponibilidad con base en la tabla anterior. Además, que como el Consejo
Superior del Poder Judicial (en lo sucesivo Consejo), aprobó para su plaza un 5% por
dicho concepto, desde el 18 de julio de 2002 en adelante, se le estaban realizando
deducciones hasta por ¢774.468,00; que el saldo pendiente de pago a la segunda
quincena de abril de 2004, era de ¢646.455,30; para cuyo reintegro se le propusieron
rebajos quincenales, iniciando la segunda quincena de abril de 2004. De igual manera,
que lo concerniente a enero/diciembre de 2003, no se le pagaría por aplicarse a su
salario la Ley de Contingencia Fiscal. El 13 de mayo de 2004, doña Mercedes formuló
reclamo ante el Departamento de Personal, por quebranto de sus derechos laborales
El 12 de abril de 2005, el Consejo Superior en artículo no. XLVIII de sesión no. 027-05,
acordó rechazarlo. Por otra parte, el 17 de marzo de 2005, en artículo no. CVIII, de
sesión no. 20-05 de dicho Consejo, aprobó la jubilación de la señora Arce Arce, a partir
del 25 de febrero de 2005, por incapacidad absoluta y permanente. También, en el
artículo CIX de tal sesión, se indicó, adeudaba al Tesoro Público la suma líquida de
¢394.484,95, por sumas giradas de más en la disponibilidad de los años 2002, 2004 y
2005; así como del salario recibido del 25 al 28 de febrero de 2005. El 19 de mayo de
2008, doña Mercedes gestionó ante el Departamento de Personal, con el objeto que se
le reintegrara la suma rebajada por disponibilidad pagada de más, y el rubro que se le
dejó de pagar durante el año 2003, y además, se le reajustara el monto de su pensión
El 29 de julio de 2008, el Consejo Superior, mediante artículo no. XLIV en sesión no. 55-
08, declaró la prescripción del reclamo y denegó la solicitud, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 607 del Código de Trabajo, ya que había transcurrido más de
un año desde que la Sala Constitucional emitió el fallo no. 2007-003102, del 9 de
marzo de 2007, en el que ordenó al Consejo Superior y al Departamento de Personal
disponer lo necesario para que se pagara a los amparados el sobresueldo de
disponibilidad desde 18 de julio de 2002, de consuno con lo dispuesto por la Corte
Plena en el artículo VIII de la sesión no. 003-1998 del 2 de febrero de 1998, y se les
continuara cancelando de esa forma, hasta que se anulara, en su caso, el derecho
otorgado. A la señora Arce Arce se le negó su pago, porque el rubro de disponibilidad
correspondiente al año 2003 que reclamaba, no se incluyó antes de la entrada en
vigencia de la Ley de Contingencia Fiscal, y su gestión, como se señaló, la interpuso
pasado el año de emitida la sentencia no. 2007-003102 de referencia. El 12 de agosto
de 2008, interpuso recursos de revocatoria y reconsideración contra lo resuelto; los
cuales fueron denegados, en el artículo no. XLVII, de la sesión no. 36-09, del 16 de abril
de 2009 de dicho Consejo, notificado el 8 de mayo de 2009. El 2 de junio de 2009,
doña Mercedes presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional, contra el
Consejo Superior y el Departamento de Personal; pero, le fue rechazado de plano,
mediante resolución no. 2009-9395, de 14 horas 40 minutos del 18 de junio de aquel
año. La señora Arce Arce, interpuso esta demanda ordinaria contra el Estado, en la que
pide se declare la nulidad del oficio 184-UD-AS del 19 de abril de 2004, que ordenó el

rebajo de ¢624.216,70 de su salario, a partir del 2 de marzo de 2004; así como la
aplicación retroactiva a partir del primero de enero de 2001, de la reforma al
Reglamento de Disponibilidad, que la rebajó del 15% al 6%; la disconformidad con el
ordenamiento jurídico de la conducta omisiva del Departamento de Personal, al no
incluirle el extremo de disponibilidad antes de la entrada en vigencia la Ley de
Contingencia Fiscal. Se le reconozca el 5% de disponibilidad no pagado durante el 2003
y se le reajuste la jubilación y se le cancelen los réditos al tipo oficial del sistema
bancario nacional. Además, disconformes las conductas del Consejo Superior y del
Departamento de Personal al negarle el pago de ambos rubros; también, se tomen las
medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos patrimoniales y se le
condene al pago de ambas costas. Aunque en un principio solicitó el pago de daños y
perjuicios, posteriormente renunció a ellos, en el líbelo donde aclaró la demanda
(folios 45 y 46). La representación estatal contestó negativamente, opuso las defensas
de prescripción y falta de derecho. Además, en la audiencia preliminar formuló la de
caducidad. El Tribunal rechazó las excepciones de prescripción y falta de derecho
Acogió la caducidad. Resolvió sin especial condenatoria en costas. Inconforme la
vencida, formula recurso de casación, pese a que la recurrente, denomina, los dos
primeros motivos como procesales, lo cierto es que los tres reparos que desarrolla son
sustanciales por violación directa

II. Primero: alega, se desaplicaron los artículos 34 de la Constitución Política (CP); 39 y
40 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA); 155, 173 y 183 de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP). La primera de las regulaciones, afirma,
prohíbe dar efecto retroactivo a las normas y a los actos administrativos que atenten
contra derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados y el principio de
intangibilidad de los actos propios. En cuanto a la irretroactividad normativa, sus
únicas excepciones, señala, se encuentran dispuestas en los preceptos 155, 173 y 183
de la LGAP y siempre previa indemnización al perjudicado. Argumenta, está probado
que a partir de enero de 2001, en el desempeño como funcionaria judicial se le
reconoció el derecho patrimonial atinente a disponibilidad. En consecuencia, afirma,
ese rubro empezó a formar parte de su salario (derecho subjetivo legalmente
adquirido). Asevera, es por tal motivo que el acto dictado por el Consejo Superior del
Poder Judicial, mediante artículo XXXV de la sesión del 11 de setiembre de 2002, es
absolutamente nulo ya que infringió el principio de irretroactividad, en virtud de lo
cual, expresa, no puede ser convalidado. Apunta, lo anterior, por que ordenó al
Departamento de Personal realizar los ajustes necesarios sobre las sumas por
disponibilidad de los jueces, defensores y fiscales, de conformidad con el Reglamento
de Compensaciones por Disponibilidad, de modo que se recuperaran los recursos
girados de más. Increpa, de consuno con lo estipulado en el cardinal 175 de la LGAP la
prescripción empieza a correr desde que cesan los efectos del acto. En igual sentido,
dice, el inciso 2 del canon 40 del CPCA estatuye que el plazo máximo para interponer el


proceso es de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos
Consecuentemente, acota, el “reclamo de su derecho no ha prescrito”. Entre sus
pretensiones, refiere, desplegó el reintegro de cantidades canceladas de conformidad
con la normativa vigente y la adecuación del monto de la pensión que le corresponde
En lo tocante a lo primero, recrimina, se vulnera la norma 34 de la CP ya que se le hizo
reintegrar sumas erogadas por disponibilidad, desde el 2001, cuando inició sus labores
como Juez Penal. Así, objeta, se dio efecto retroactivo al acuerdo del Consejo Superior
En lo concerniente a lo segundo, increpa, lo reción expuesto, le afectó en el cálculo de
su pensión, por lo que la prescripción de su derecho se interrumpió. De seguido, cita
doctrina relativa a la dispensa de la prescripción. En el ordenamiento jurídico patrio,
aduce, se encuentra recogida en el precepto 40 del CPCA. En el subexamine, afirma, es
claro, los efectos materiales del acto del Consejo Superior siguen produciendo daño a
sus derechos subjetivos e intereses legítimos que gozaba desde enero de 2001
Reprocha, el citado Consejo debió actuar de acuerdo con lo estipulado en los
cardinales 155, 173 y 183 a fin de disminuir el porcentaje que se disfrutaba por
disponibilidad (del 11% al 5%), pero como no lo hizo, dichas regulaciones resultan
conculcadas por falta de aplicación. Adiciona, el proceder de la Administración le ha
generado un menoscabo patrimonial, por lo que de conformidad con lo establecido en
el artículo 41 de la CP tiene derecho a ser resarcida. Segundo: acusa quebranto del
canon 33 de la CP, pues, expresa, algunos compañeros de la judicatura, quienes
estuvieron en idéntica situación a la suya fueron amparados, mediante el fallo no
2007-3102 de la Sala Constitucional, que ordenó al Poder Judicial reconocerles el
sobresueldo por disponibilidad y se reajustara su pensión. Mientras, recrimina, en su
caso se le han negado tales extremos, alegando para ello que, sus derechos fueron
afectados por la prescripción extintiva. No obstante, señala, de acuerdo con lo
desarrollado en el reparo anterior, el plazo prescriptivo no ha empezado a correr al
estarse ante un acto con efectos continuados. Insiste con la infracción al principio de
irretroactividad y en cuanto a la nulidad absoluta del acuerdo contenido en el artículo
no. XXXV de la sesión del Consejo Superior del 11 de setiembre de 2002. Hace alusión a
lo dispuesto por la Sala Constitucional respecto a que si bien la Administración puede
revocar sus propios actos, ha de hacerlo respetando lo estipulado en los artículos 155 y
173 de la LGAP. Tercero: acusa se aplicó indebidamente la regulación 39 del CPCA y se
dejó de actuar el precepto 40 ibídem. Transcribe doctrina que señala la prescripción
extintiva es una defensa de fondo. Reproduce en lo que le interesa el cardinal 40 de
cita. Expone, se le cercenaron derechos subjetivos legalmente adquiridos sin seguir el
debido proceso, por lo que el acto es absolutamente nulo. De ahí, que estime dicha
norma es la que debe aplicarse. Explica, cada mes que se le paga el monto de su
jubilación, tal acto continúa surtiendo efectos. En consecuencia, arguye, al tratarse de
un acto absolutamente nulo y como sus efectos perduran en el tiempo, el plazo de un
año ha de contabilizarse a partir del día siguiente a aquél cuando dejó de surtir efectos
jurídicos. Así, recalca, no debió ser aplicado el inciso a) del canon 39 del CPCA. Agrega,

con ello se conculcan sus derechos de primera generación consagrados no solo en la
Constitución Política, sino también en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que garantizan el debido proceso

III. De previo al análisis de los reproches esgrimidos, es menester señalar que, en el
subexamine el Tribunal admitió la caducidad acorde a lo estipulado en el inciso a) del
párrafo 1) del artículo 39 del CPCA. No obstante, la casacionista en sus
inconformidades ataca la “prescripción”, que dice, fue admitida por los juzgadores, sin
referirse en ningún momento en modo alguno a la caducidad. Pese a lo anterior, de
manera concreta acusa indebida aplicación del precepto 39 ibídem y dejado de actuar
el cardinal 40 de la norma de cita, lo que permite colegir unido a que la prescripción
fue rechazada, que impugna lo resuelto por el Tribunal tocante a la caducidad. Por otra
parte, ha de manifestarse algunos de sus agravios si conciernen de manera precisa a
aspectos relativos a la prescripción, lo cual los hace inatendibles. Tal sucede cuando
alega, la prescripción extintiva es una defensa de fondo, así como que en el asunto de
examen resulta aplicable su interrupción y dispensa, extremos ajenos a la caducidad
Igual sucede con las alegaciones pertinentes al fondo del asunto, pues, al acogerse la
caducidad no se entró a su análisis. A saber, lo referente a la irretroactividad y sus
excepciones estatuidas en los cánones 155, 173 y 183 de la LGAP; derechos subjetivos,
intereses legítimos; principios de intangibilidad de los actos propios, debido proceso e
igualdad; así como lo concerniente al menoscabo patrimonial debido a la disminución
del porcentaje que recibía por disponibilidad. Por último, es evidente, lo desarrollado
en el agravio tercero es repetición de lo externado en el motivo primero. De ahí, el
quid del asunto se limita a determinar si el Tribunal aplicó indebidamente la norma 39
del CPCA y dejó de actuar la regulación 40 ibídem

IV. En lo que al tema de estudio concierne, los jueces dispusieron: “Quinto: Sobre la
caducidad. …En Costa Rica, tratándose de actividad administrativa formal, el acceso a
la jurisdicción contencioso-administrativo está sujeto a plazo. De conformidad con el
artículo 39.1.a CPCA, el plazo máximo para incoar el proceso es de un año, contado a
partir del día siguiente a la notificación del acto. Vencido dicho plazo, perime (sic) la
acción. Sexto: Que en el caso concreto la impugnación involucra actos de los años
2003, 2004 y 2005, relativos al primer reclamo administrativo; los actos que denegaron
el segundo reclamo presentado en mayo de 2008, datan de 29 de julio de 2008 (sesión
#55-08) y 16 de abril de 2009 (sesión #36-09); este último notificado el 8 de mayo de
2009. A juicio de la mayoría del Tribunal, el caso se regula por las disposiciones del
artículo 39, numeral 1, letra a] CPCA, dada la eficacia instantánea y no continuada de
los actos impugnados. En este sentido resulta evidente que entre el último acto y la
interposición de demanda el 10 de enero de 2011, transcurrió sobradamente el plazo
anual preestablecido, lo que implica que se produjo la caducidad de la acción, debiendo
declararse así. Si bien la pretensión involucra la conducta omisiva de no incluir el rubro
de disponibilidad de 2003, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Contingencia

Fiscal, es lo cierto que su formulación está en íntima conexión con el extremo relativo al
reconocimiento de dicho rubro, no pudiendo dividirse el contenido de la causa para
efectos de resolución, debiendo aplicarse la misma regla del plazo para interponer la
demanda que rige en cuanto a los actos administrativos. Sétimo: Que en armonía con
lo anterior se concluye que la acción emprendida por doña Mercedes está caduca por
haber transcurrido el plazo para acudir a la jurisdicción, lo que impide examinar las
cuestiones de fondo planteadas como fundamento de su derecho y las objeciones
formuladas en su defensa por el Estado, tales como las excepciones de falta de derecho
y prescripción, por innecesario e inconducente. Respecto de los daños y perjuicios que
se adujo en la demanda, doña Mercedes aclaró en su escrito de folios 45 y 46 que su
único objetivo era los rubros por disponibilidad y reajuste de pensión, lo que denota
que implícitamente renunció a este extremo, como cuestión patrimonial que es,
debiendo tenerse por no puesto para efectos del fallo”. Según se aprecia, en efecto, el
Tribunal aplicó el inciso a) del párrafo 1) del precepto 39 del CPCA, al estimar que los
actos impugnados eran de eficacia instantánea y no continuada, en razón de que no se
estaba ante actuaciones materiales de la Administración, si no, de actos formales. El
canon 40 ibídem, que la recurrente acusa dejado de actuar, dispone: “1) Serán
impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su
anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras subsistan
sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad
futura. 2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso será de un año a
partir del día siguiente al cese de sus efectos”. Obsérvese, el inciso 1), contempla dos
supuestos: el de la impugnabilidad de los actos administrativos absolutamente nulos y
el de las conductas omisivas con efectos continuados. Lo pedido por la demandante
principalmente era la nulidad de actos administrativos –del Departamento de Personal
y el Consejo-, aunque también contenía conducta omisiva, al no incluírsele el rubro de
disponibilidad de 2003. Sin embargo, este Órgano Colegiado comparte lo dispuesto en
el fallo impugnado, en cuanto a que se relaciona íntimamente con la anulación de
actos formales por lo que no puede ser separada. Nótese, solo una vez que se anularan
aquellos y se determinara que a la accionante debía reconocérsele el extremo de
disponibilidad, es que podría configurarse la conducta omisiva de la Administración
por la falta de pago de la disponibilidad de 2003 [inciso e) del artículo 36 del CPCA]
Por ende, esta última hipótesis, no resulta aplicable al subexamine ya que se está ante
un acto administrativo expreso donde se rechazó la gestión de la actora. En todo caso,
aquel fundamento del fallo del Tribunal (anulación de actos formales) no fue atacado
de modo alguno por la recurrente, sea, se conformó con lo dispuesto sobre el
particular. Así, es claro, no resulta aplicable la disposición 40 ibídem, si no el inciso a)
del párrafo 1) del canon 39 de la normativa de cita. Por ende, no se producen los
yerros acusados


V. En mérito de las razones expuestas, se impone desestimar el recurso planteado, con
sus costas a cargo de quien lo formuló [inciso 3) del canon 150 del CPCA)


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SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1426 de las diez horas del
veintitrés de octubre de dos mil doce. Expediente: 11-002378-1027-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1533 de las nueve horas del