Jurisprudencia sobre Eficacia de la notificación
del acto final de despido en materia
administrativa
Rama del Derecho: Derecho Administrativo Descriptor: Acto administrativo

Palabras Claves: notificación, cesación, acto final de despido, eficacia, notificación edictal

Fecha: 16 de mayo de
Fuentes de Información: Normativa y jurisprudencia


Contenido
1. Notificación de cesación como interrupción de la prescripción en materia
3. La eficacia del acto de despido ordenado por resolución administrativa del


RESUMEN

El presente documento contiene la normativa y jurisprudencia en torno a la
eficacia de la notificación del acto final de despido en la administración pública
Se contemplan tanto resoluciones de los tribunales como de la Procuraduría
General de la República

 NORMATIVA
1. Código de Trabajo


Artículo 35.-A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa
que éste termine, el patrono, a solicitud del trabajador, deberá darle un
certificado que exprese únicamente

La fecha de su entrada y la de su salida, y

La clase de trabajo ejecutado. Si el trabajador lo desea, el certificado
determinará también

La manera como trabajó, y

Las causas del retiro o de la cesación del contrato

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3° de la ley N° 9343 del 25 de enero del
2016 "Reforma Procesal Laboral" se modifica el presente artículo. De
conformidad con lo establecido en el transitorio VIII de la indicada norma la
misma empieza a regir dieciocho meses después de su publicación, es decir, el
26 de julio del 2017, por lo que a partir de esa fecha el texto de dicho artículo
será el siguiente: “Artículo 35.- A la expiración de todo contrato de trabajo, la
parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un
certificado que exprese

a) La fecha de su entrada y de su salida

b) La clase de trabajo ejecutado

Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinará también

c) La manera como trabajó

d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato


Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la
persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria; en ella se
deben describir, de forma puntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en
que se funda el despido. La entrega se hará personalmente, en el acto del
despido y deberá documentarse el recibido. Si el trabajador o la trabajadora se
negara a recibirla, la entrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad y, si esta no existe,
se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese Ministerio por correo
certificado, lo cual deberá hacer a más tardar dentro de los diez días naturales
siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de despido
serán los únicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentara
contención.”)


2. Ley General de la Administración Pública


Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos
los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables
para el ejercicio de la competencia

Artículo 134.-

1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza
o las circunstancias exijan forma diversa

2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la
disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor


Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado
al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo
producirá desde que se adopte

Artículo 141.-

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá ser
eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los
términos de impugnación del acto administrativo

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser
comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde
que tome conocimiento del inicio de la ejecución

Artículo 150.-

1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación
del acto principal, so pena de responsabilidad

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de
urgencia

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara
definición y conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser más
de uno, y un plazo prudencial para cumplir

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente

5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor
competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre los que sean
suficientes al efecto

6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero podrán
variarse ante la rebeldía del administrado si el medio anterior no ha sufrido
efecto


Artículo 240.-

1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los
concretos

2. Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para
notificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la
Administración, el acto deberá serle también notificado

Artículo 241.-

1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación

2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado
por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la
comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última

3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un procedimiento, si no
constan en el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra
dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o de una
cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá notificarse

4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en
el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la última

Artículo 334.-Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida
comunicación al administrado, para que sea oponible a éste

Artículo 345.-

1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente
contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o
cualquier prueba y contra el acto final

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de la
reposición del Código Procesal Contencioso-Administrativo(*)


(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 del Código
Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda
indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento

Artículo 346.-

1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres días
tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, ambos
plazos contados a partir de la última comunicación del acto

2. Cuando se trate de la denegación de prueba en la comparecencia podrán
establecerse en el acto, en cuyo caso la prueba y razones del recurso podrán
ofrecerse ahí o dentro de los plazos respectivos señalados por este artículo


JURISPRUDENCIA


1. Notificación de cesación como interrupción de la prescripción en
materia administrativa


Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I
De igual forma el numeral 604 de dicho cuerpo normativo expresa que la
prescripción se interrumpirá por los motivos de "a) La negativa del patrono a
entregarle al trabajador la carta de cesación del contrato de trabajo, en los
términos del artículo 35 de este Código, a partir del momento en que este lo
solicite por escrito. Si el contrato de trabajo es verbal o si al trabajador por su
condición física, mental o cognoscitiva, le es imposible solicitar por sí mismo y
en forma escrita dicha carta, podrá solicitarla verbalmente o por su medio de
comunicación habitual, ante dos testigos. b) La interposición, por parte del
trabajador, de la correspondiente solicitud de diligencia de conciliación laboral

administrativa ante el Ministerio de Trabajo. c) En casos de reclamos contra el
Estado o sus instituciones, a partir del momento en el que al trabajador se le
notifique la resolución que da por agotada la vía administrativa, en los términos
que dispone el inciso a) del artículo 402 de este Código. d) En el caso de
acciones derivadas de riesgos del trabajo, la interposición del reclamo
respectivo en sede administrativa ante el INS. e) Mientras se encuentre
laborando a las órdenes de un mismo patrono.". Así las cosas, dicha disposición
resulta aplicable al presente caso, al no existir norma expresa que regule la
situación de los funcionarios municipales y los plazos de prescripción de las
acciones disciplinarias. En mérito de lo expuesto, es fundamental indicar que
jurisprudencialmente se ha venido interpretando con fundamento en dicho
ordinal 603, que cuando se deban realizar procedimientos administrativos
disciplinarios, existen dos plazos de prescripción, uno de un mes para darle
curso y notificarlo y otro de un mes para ejecutar la sanción disciplinaria. Tales
reglas y principios se han venido sostenido jurisprudencialmente, como lo
expresa el fallo del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda, en el voto número 109-F-TC-2014 de las diez horas del 16 de
octubre del 2014. De igual forma, dicho Tribunal de Casación, dictó también el
voto número 68-F-TC-2014, de las diez horas y diez minutos del 14 de agosto
del 2014, el cual expresa lo siguiente: "III.- Sobre la prescripción alegada, en lo
que interesa resolvió el Tribunal: “(…) Debe tenerse presente que en nuestro
régimen de derecho público, por la diversas relaciones de empleo público que
existen, no existe un solo régimen disciplinario, sino que estos varían según la
necesidad de proteger la correcta prestación de los servicios públicos. Es por
ello, que los plazos de prescripción pueden variar en razón de norma legal que
así lo prevea. Por ejemplo, cuando se trata de un servidor de la hacienda
pública, el plazo de prescripción de la acción disciplinaria se amplía hasta cinco
años. Ahora bien, cuando no exista plazo especial en la ley, deberá aplicarse
supletoriamente el artículo 603 del Código de Trabajo, que es de un mes. Así las
cosas, el plazo para sancionar una conducta indebida a un funcionario, no está
librado al arbitrio del órgano administrativo sancionador, sino que inicia su


cómputo a partir del conocimiento del órgano competente para imponer la
sanción, de la presunta conducta activa u omisiva indebida de uno de sus
servidores. En el caso concreto de estudio, por ser un procedimiento
disciplinario, formalmente debe entenderse que será hasta el dictado auto de
traslado de cargos del procedimiento, debidamente notificado, el que tiene
como efecto entonces la interrupción de los plazos de prescripción. Y es hasta
ese momento que empiezan a correr los plazos de ley que se conceden para
resolver el asunto.". De esta forma, se reafirma el criterio de que la prescripción
inicial de un mes para abrir el procedimiento administrativo, se interrumpe con
la efectiva notificación al investigado de la resolución que el da curso. De este
modo, para el ejercicio de la potestad disciplinaria y la investigación de los
funcionarios municipales por eventuales incumplimientos de sus deberes, se
impone el cumplimiento de plazos de prescripción taxativos y expresos para la
investigación, tramitación, resolución y aplicación de una eventual sanción por
incumplimiento de sus deberes. Ello es así, toda vez que los procedimientos
administrativos disciplinarios no pueden quedar librados a la voluntad del
patrono, generando con ello incertidumbre, incumplimiento del principio de
seguridad jurídica, y del principio de impulso procesal de oficio, los cuales
conllevan que estos trámites de tipo gravoso y sancionatorio deban dilucidarse
prontamente sin que puedan quedar abiertos en forma indefinida. La pronta
resolución de estos procedimientos exigida así por el ordenamiento jurídico,
tiene como fin, el que no pueden mantenerse inertes en forma indefinida,
porque tal práctica podría constituir una acción intimidatoria y persecutoria
que afectaría gravemente al funcionario en su ámbito personal y en el ejercicio
de sus labores. De forma tal, que iniciada una investigación, ésta, salvo casos
sumamente complejos, ha de culminarse en forma pronta y cumplida,
confiriéndole prioridad y realizándose los señalamientos y ubicación en la
agenda con carácter prioritario. En razón de ello, es que con base en el artículo
603 ibid, se han establecido plazos de prescripción de la acción disciplinaria
incoada. En lo referente al plazo de un mes regulado como garantía del
administrado, en los términos del ordinal de mérito, se disponen dos plazos,


uno de un mes para investigar las faltas, el cual comenzará a contar o iniciará
desde la fecha en que quien deba levantar la investigación tenga conocimiento
de ellas, y otro de un mes si procediere sancionar para imponerla, el cual
comenzará a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad
de pronunciarse. Respecto al primer plazo de un mes de prescripción (en los
términos del numeral 603 del Código de Trabajo), para dar inicio al
procedimiento disciplinario, el mes corre a partir de que se reciba la queja por
parte del funcionario competente para ordenar la apertura del procedimiento,
situación que requiere la comunicación y el traslado efectivo a dicha autoridad
de los hechos denunciados, momento a partir del cual tendrá dicho plazo para
que el órgano director del procedimiento administrativo le de curso y la ponga
en conocimiento del denunciado o bien la desestime. En ese sentido, esta misma
Sección indicó en el fallo número 13-2015-I de las 15:40 horas del 19 de febrero
del 2015, sobre el plazo del mes inicial, que "(...) se trata del plazo máximo
admitido por el ordenamiento jurídico para que el jerarca administrativo
disponga la apertura del procedimiento pertinente, direccionado a establecer la
pertinencia o no de la imposición de una sanción. En este caso, es claro que la
notificación al funcionario endilgado dentro del plazo de ley, -generalmente, de
un mes previsto en el artículo 603 del Código de Trabajo- del auto de apertura
del procedimiento disciplinario tiene un efecto interruptor que se mantendrá
mientras el procedimiento administrativo esté en trámite, en curso, activo y no
haya caducado. Cabe precisar, que en el tanto la prescripción no haya operado,
es dable que ésta sea interrumpida, ya que de lo contrario, tal acción se
encontraría precluida por la inercia del derecho dentro de la temporalidad que
exige la norma. De conformidad con lo expuesto, hemos de entender que la
interrupción del plazo de la prescripción no se produce con la simple apertura
del procedimiento o con el nombramiento de un Órgano Director, sino con la
debida comunicación del auto que tiene por instruida la causa, de conformidad
con los ordinales 140, 239, 240, 243 de la Ley General de la Administración
Pública. Ahora bien, vale aclarar que puede ameritar las circunstancias del caso
de la realización de una investigación preliminar a efecto de determinar el


mérito de un eventual procedimiento y los posibles sujetos investigados, de
toda suerte que hemos de entender que el plazo mensual aludido corre desde el
momento en que se ponga o se esté en condiciones de poner en conocimiento
del jerarca los resultados de ese ejercicio, cuya duración claro está, no puede ser
excesiva ni infundada.". En lo referente al segundo plazo, se trata de una
prescripción también de un mes para imponer la sanción disciplinaria, la cual
cuenta a partir de la firmeza del acto definitivo y firme que impone la sanción
disciplinaria, siendo ese el momento en que está en posibilidad de
pronunciarse. De igual forma, debemos considerar que se han establecido otros
plazos prescriptivos especiales, como el del ordinal 71 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, número 7428 del siete de setiembre de
1994, dispone que "La responsabilidad administrativa del funcionario público
por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y
fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: a) En
los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en
cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. b) En los casos en que
el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho que requiere
una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible
irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de
la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga
en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al
procedimiento respectivo. La prescripción se interrumpirá, con efectos
continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el
inicio del procedimiento administrativo. Cuando el autor de la falta sea el
jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su
relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. Se reputará
como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la
responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada.". De modo que, tal
numeral 71, así como los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley, se aplican para el caso
de funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el control y fiscalización


superiores de la Hacienda Pública, en lo relativo a fondos públicos tales como
recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de
empresas o de entes públicos. Regirá para la aplicación y salvaguarda de las
normas que regulan la fiscalización sobre entes y órganos extranjeros y fondos y
actividades privados, garantizándose así la legalidad y la eficiencia de los
controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los
cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República.”


2. La notificación del acto final de despido y su eficacia


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos
referimos a su oficio sin fecha y número, recibido en este despacho el 15 de
febrero pasado, por el que, autorizada por la Junta Administrativa del Liceo
Nocturno de Grecia –acuerdo número siete, tomado en sesión ordinaria
celebrada el 5 de febrero último-, nos consulta una serie de inquietudes
referidas a la tramitación de procedimientos administrativos disciplinarios que
culminan con el despido de funcionarios tanto administrativos como docentes

Concretamente nos consulta lo siguiente


c) ¿Cuál debe ser el procedimiento a seguir para notificar el acto final,
especialmente en el caso de decidirse aplicar un despido sin responsabilidad
patronal? ¿Cuál es el medio a utilizar? ¿Si debe enviársele un original firmado
por el jerarca que actúa como órgano decisor? ¿Quién debe realizar la
notificación de dicho acto final?

d) ¿Qué debe contener dicha notificación en relación a recursos
procedentes, vigencia de tal decisión y otros elementos de validez y eficacia?


En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4º de nuestra Ley Orgánica –
Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, la presente consulta se
acompaña de la opinión de la asesoría jurídica externa, materializada en un
oficio de fecha 12 de febrero de 2010; corregido en un error material por nota de
18 de febrero último

I. Delimitación del objeto de la consulta y alcances de nuestro
pronunciamiento

El ámbito de nuestra competencia consultiva se enmarca dentro de los
presupuestos que vienen contenidos en la gestión formulada por la
Administración consultante. Ello implica que debamos analizar el objeto de la
consulta tal y como nos viene formulada, para precisar así el alcance de la
misma, como muestra de la decisión sopesada, seria y concienzuda de someter
formalmente determinado tema a conocimiento de este órgano asesor

Por ello, si bien en apariencia la consulta ha sido planteada en términos
generales y abstractos por la Administración consultante, no podemos
desconocer, por su indirecta alusión, la existencia de casos particulares
pendientes de resolución en sede administrativa

Sin embargo, tomando en cuenta el indudable interés de su promotora en
obtener criterios jurídicos que le permitan esclarecer las dudas que formula en
la presente consulta, como una forma de colaboración institucional y actuando
siempre dentro de nuestras facultades legales como asesores técnico-jurídicos
de la administración pública, procederemos a emitir “en abstracto” nuestro
criterio al respecto; esto con base en lineamientos jurídico-doctrinales emanados
de nuestra jurisprudencia administrativa sobre las materias atinentes, en los
que podrá encontrar, por sus propios medios, concretas respuestas a cada una
de sus interrogantes

Como el efecto primordial de nuestro pronunciamiento será, en razón de
nuestra labor consultiva, orientar, precisar y uniformar los criterios de


interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico, en cuanto
al alcance de diversas normas que lo integran, y con ello, se facilita la toma de
decisiones de los entes y órganos que integran la administración activa,
insistimos en que le corresponderá a ésta aplicar lo aquí interpretado a cada
caso en concreto con el objeto de encontrarle una solución justa y acorde con el
ordenamiento jurídico

Por lo expuesto, este Despacho estima conveniente facilitarle al órgano
consultante una serie de lineamientos jurídico doctrinales con la intención de
colaborar en la solución del problema planteado; labor que en todo caso le
corresponde exclusivamente a esa Administración activa y no a éste Órgano
Asesor

En tratándose de la pregunta c) de su consulta, atinente al procedimiento a
seguir para comunicar un acto final que imponga como sanción disciplinaria el
despido, interesa reiterar que la eficacia acto del despido ordenado por el
Ministro del ramo depende de su efectiva y debida notificación al afectado

La ejecución de un acto administrativo, por regla general, exige que éste sea
eficaz; lo cual implica necesariamente que el acto administrativo haya sido
debidamente comunicado al interesado

En este sentido, el numeral 150, párrafo primero, de la LGAP establece que la
ejecución administrativa no puede ser anterior a su debida comunicación, so
pena de responsabilidad para el servidor que lo ejecuta. Asimismo, el artículo
140 Ibídem indica que el acto administrativo producirá efectos después de
comunicado al administrado, salvo que el acto en cuestión otorgue únicamente
derechos, en cuyo supuesto, produce efectos, y por tanto es ejecutable, desde su
adopción. Y no puede obviarse lo previsto en el ordinal 334 Ibídem, referido en
especial a la comunicación del acto final de un procedimiento administrativo,
que siguiendo la misma regla descrita establece que “Es requisito de eficacia del
acto administrativo su debida comunicación al administrado, para que sea
oponible a éste”

Por ello hemos reafirmado que “el acto administrativo nace, como tal, al
momento en que la voluntad administrativa se materializa o exterioriza,
habiéndose cumplido los trámites y requisitos que demanda ese específico tipo
de acto (artículos 129, 134, 137 de la LGAP). Prescindiendo de un análisis sobre
los específicos elementos del acto, se entiende que éste es “eficaz” desde el
momento en que se comunica al administrado –actos concretos- o se publica –
caso del acto administrativo general- (140, 141, 240, 241 LGAP). Una vez
comunicado, la Administración está legitimada para lograr el pleno
cumplimiento de sus efectos, o lo que es lo mismo, ejecutarlo, atendiendo los
requisitos que el mismo Ordenamiento le prescribe (artículos 146 y siguientes
LGAP)” (dictámenes C-067-2004 de 25 de febrero de 2004 y C-419-2006 de 20 de
octubre de 2006)

Según explica la doctrina, el derecho a ser notificado “no sólo es válido respecto
de la publicación y notificación de los actos administrativos producto del
procedimiento, sino de los actos de procedimiento que la Administración
adopte en el transcurso del mismo” (BREWER CARIAS, Allan R. “Principios
del Procedimiento Administrativo”, Editorial Civitas, pág. 174). Como es obvio,
este derecho preside esencialmente el inicio de todo procedimiento
administrativo, pues la autoridad competente debe notificar a los administrados
cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos pudieran resultar directamente
afectados, lesionados o satisfechos, en virtud de acto final (art. 275 Ibídem)
Pero por supuesto que igualmente debe notificarse todo acto de procedimiento,
como emplazamientos, citaciones, vistas o traslados, y, obviamente, el acto
final. Se trata con ello de cumplir con la exigencia que tiende a evitar
sorprender injustamente al administrado, y permitirle que defienda
ampliamente sus derechos e intereses (C-263-2001 de 1º de octubre de 2001)

Tenemos entonces que, en el marco de las garantías formales actos del
procedimiento, porque la notificación constituye una condición jurídica
necesaria no sólo para la eficacia del acto, sino también para su posterior


impugnación (arts. 334, 345 y 346 Ibídem). (Dictamen C-219-2005 de 14 de junio
de 2005)

En relación con la forma de realizar la comunicación del acto administrativo, la
LGAP establece reglas especiales que deberán ser aplicadas, de forma
prevalente sobre otras disposiciones normativas, para tal efecto (dictamen C-
342-2004 de 18 de noviembre de 2004 y pronunciamiento OJ-056-2008 de 4 de
agosto de 2008), y que de seguido vamos a reseñar

Aun cuando la pregunta tercera está enfocada especialmente en la forma en que
debe notificarse el acto final de un procedimiento administrativo sancionador,
consideramos importante advertir que si bien la LGAP prevé distintos modos
para efectuar la notificación en un procedimiento administrativo,
indiscutiblemente se ha considerado en nuestro medio que en caso de que en el
expediente conste la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección
exacta del interesado, la del acto de apertura del procedimiento debe realizarse
prevalentemente en forma personal (arts. 239, 240.1, 241.3 y 243.4 LGAP). De
dicho acto se levantará un acta documental en la que constará que el acto o
resolución fue entregado y recibido por la persona interesada; además de
constar en ella las firmas, tanto del particular interesado como del notificador o
bien, únicamente del notificador si aquel otro no ha querido firmar y se dejará
constancia de ello, así como del lugar, fecha y hora en que se realizó la
diligencia (art.270.1 Ibídem]

Según hemos reafirmado, lo normal es que en el caso específico de la
notificación, el empleado designado al efecto lleve por duplicado una cédula en
la que esté transcrita la resolución que deba notificarse. Deberá fechar y firmar
la copia, entregándola a la persona a la cual deba notificar. En el original de la
cédula de notificación, destinado a ser agregado al expediente, se dejará
constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma del
notificado o de la persona que recibiera la cédula, o dejando la constancia de
que se negó a firmar o de que no fue hallado (dictámenes C-263-2001 de 1º de
octubre de 2001y C-219-2005 de 14 de junio de 2005)
Ahora bien, siendo que con la debida comunicación del acto inicial de un
procedimiento administrativo sancionador se le ha prevenido entre otras cosas
a la parte indicar en su primer escrito el lugar o medio escogido para recibir
notificaciones posteriores, en el caso del acto final, según hemos dicho, el
mismo debe ser comunicado formalmente a la parte o partes afectadas, ya sea
en el lugar o medio señalado al efecto, tanto personalmente, como por medio
de telegrama o por carta certificada (art. 243 Ibídem); o en su defecto – a falta de
lugar o medio señalado- su comunicación formal, sea personal, como por medio
de telegrama o por carta certificada, deberá efectuarse en la residencia, lugar de
trabajo o dirección del interesado que conste en el expediente (Ibídem)

Interesa advertir que cuando se haga la comunicación por medio de telegrama o
carta certificada, la notificación se tendrá por hecha con la boleta de retiro o el
acta de recibo firmada por quien hace la entrega (art. 243.3 Ibídem). Y cuando se
utilicen medios como correos electrónicos, fax o cualquier otra forma
tecnológica, se recomienda que las copias tanto de los escritos y de los
documentos queden a disposición de las partes en la respectiva administración
(art. 243.4 Ibídem)

Y sólo cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al
interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, que
se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta; en cuyo caso
la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de la última
publicación (art.241 LGAP). Es doctrina reiterada que la notificación edictal,
como mecanismo formal, presenta escasísima posibilidad real de que se consiga
hacer llegar la información a su destinatario; es decir, no garantiza el efectivo
conocimiento por el interesado del acto o resolución que le afecta, por lo que
cabe aceptar su empleo como último recurso, después de que se haya agotado
de modo más completo la posibilidad de notificación personal. En
consecuencia, se deben agotar los medios para intentar la citación personal
antes de acudir a la notificación por medio de edictos, y de ello debe quedar


constancia documental en el expediente, pues de otra forma se vulneraría el
derecho de defensa que gozan los administrados

Es claro entonces que conforme a lo previsto en los ordinales 140 y 141 de la
LGAP, los actos o en su caso las resoluciones administrativas (art. 121.3 Ibídem)
son eficaces a partir de su debida comunicación por los medios que el
ordenamiento establece al efecto. Y por ende, el acto de final de un
procedimiento sancionatorio que acuerda un despido es eficaz y legítimamente
oponible al administrado, una vez comunicado el acto final respectivo (art.334,
335 y 336 LGAP)

En relación con los recursos procedentes que debe contener la notificación del
acto final del procedimiento administrativo sancionador (pregunta d) de su
consulta), podemos afirmar lo siguiente

A sabiendas de que tanto contra el acto inicial (arts. 239, 240, 241 y 243 de la
LGAP), como contra el acto final (arts. 334, 335 y 336 Ibídem) de un
procedimiento administrativo caben recursos ordinarios (arts. 343, 344, 345, 346
y 347 Ibídem), al momento de ser debidamente comunicados al administrado, la
notificación respectiva, sea ésta personal o por otro medio señalado al efecto
por el interesado e incluso por publicación de edictos, deberá contener
preceptivamente “el texto íntegro del acto con indicación de los recursos
procedentes, del órgano que los resolverá, de aquél ante el cual deben
interponerse y del plazo para interponerlos” (art. 245 Ibídem)

Interesa advertir que según hemos afirmado en varias oportunidades, cuando
se omite en la notificación no solo la debida indicación de los recursos
procedentes contra dicho acto, sino también la indicación del órgano que los
resolvería, de aquél ante el cual debían interponerse y del plazo para
interponerlos, todo ello constituye a nuestro juicio un vicio grave (dictamen C-
219-2005 de 14 de junio de 2005), no sólo por contravenir lo dispuesto por el
artículo 245 de la LGAP, sino por dejar en abierta indefensión al administrado –
art. 223.2 Ibídem- (Véase al respecto los dictámenes C-219-2005 de 14 de junio

de 2005 y C-233-2009 de 26 de agosto de 2009, así como las resoluciones Nºs
5469-95 de las 18:03 horas del 4 de octubre de 1995 -referida al derecho a
recurrir las resoluciones-, 05850-98 de las 17:12 horas del 12 de agosto de 1998,
2000-02008 de las 09:47 horas del 3 de marzo de 2000, Sala Constitucional). Pues
según lo ha dispuesto la Sala Constitucional, tales requisitos mínimos y
esenciales del acto de notificación son los que aseguran a los administrados la
posibilidad de comprender el fundamento de los actos dictados por la
autoridades públicas y, si lo estiman procedente, ejercer su derecho a rebatirlos
(Resolución Nº 04553-98 de las 13:09 horas del 26 de junio de 1998). Y si esa
omisión de los recaudos del artículo 245 de la Ley General de la Administración
Pública se da cuando el administrado es quien ejerce su propia defensa
material, es decir, sin representación o asistencia de un abogado, puede
producirse una grosera lesión al orden constitucional (Resoluciones Nºs 2003-
04632 de las 15:22 horas de 27 de mayo de 2003, 2005-17833 de las 13:03 horas
de 23 de diciembre de 2005, 2007-07750 de las 18:39 horas del 31 de mayo de
2007 y 2007-16597 de las 10:10 horas del 16 de noviembre de 2007)


3. La eficacia del acto de despido ordenado por resolución administrativa
del Ministro del ramo, depende de su efectiva y debida notificación al
afectado


La propia Sala Constitucional, al referirse a procedimientos disciplinarios en los
que no existe previsión legal en contrario –caso del artículo 44 del Estatuto de
Servicio Civil que expresamente concede en “ambos efectos” la apelación contra
el fallo del Tribunal del Servicio Civil; lo que significa que el recurso suspende o
paraliza la ejecución de la resolución impugnada, hasta que recaiga el fallo del
órgano de alzada-, ha dispuesto que con base en el principio de ejecutoriedad
de los actos administrativos, contenido en los ordinales 140, 146.1 y 148 de la
Ley General de la Administración Pública, el acto administrativo se considera
eficaz (capaz de producir sus efectos materiales sobre la esfera jurídica de los

particulares) desde el momento en que sea notificado o comunicado al
administrado, aún si éste se opone a cumplir con lo ordenado por la
Administración, pues el acto es ejecutorio a pesar de la interposición de los
recursos ordinarios, a no ser que la propia Administración, potestativamente
considere que la ejecución causaría perjuicios graves o de imposible o difícil
reparación; es decir, la suspensión del acto administrativo no opera de oficio al
presentarse los recursos ordinarios previstos por la legislación administrativa
(Entre otras, la resolución 2000-02557 de las 9:55 horas del 22 de marzo de 2000,
2008-10286 de las 16:11 horas del 19 de junio del 2008 y 2008-015325 de las 15:09
horas del 10 de octubre de 2008, todas de la Sala Constitucional)
Interesa en ese sentido, ilustrar la posición que al respecto ha mantenido la Sala
Constitucional en materia de ejecución del acto de despido de miembros de las
fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, aún con recursos
administrativos pendientes
“Al respecto, cabe señalar que en las disposiciones de la Ley General de Policía
que regulan el régimen disciplinario de los servidores amparados por el
Estatuto Policial, se establece la posibilidad de plantear recurso de apelación
ante el Ministro correspondiente contra una medida disciplinaria que implique
suspensión o despido, pero no se hace referencia alguna a los efectos bajo los
que se admite tal recurso (artículo 78 de la Ley General de Policía No.7410 de 24
de mayo de 1994). Dado que la sanción acordada al cabo de un procedimiento
disciplinario es precisamente un acto administrativo, corresponde acudir al
Derecho Administrativo para llenar la aparente laguna de que adolecen las
disposiciones del Estatuto Policial. Así las cosas, se observa que en Derecho
Administrativo existe el principio general de ejecutividad y ejecutoriedad de los
actos administrativos que –en todo caso- ha sido reconocido expresa y
concretamente en el artículo 146 de la Ley General de la Administración
Pública. Dicho principio, cuya virtud consiste en posibilitar a la Administración
el cumplimiento de los cometidos de interés público que tiene atribuidos, se
manifiesta en la potestad que ésta tiene de ejecutar por sí, sin recurrir a los
órganos jurisdiccionales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables,


aún contra la voluntad del administrado. Una de las principales consecuencias
de dicho principio, que también se recoge en el artículo 148 de la indicada Ley,
es el carácter excepcional que tiene el efecto suspensivo en materia de recursos
administrativos, ya que únicamente cuando quien dicta el acto administrativo,
su superior jerárquico o quien resuelve el recurso, considera que con la
ejecución se puede causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación,
podrá ordenar la suspensión del acto impugnado. Uno de los pocos casos en
que el anterior principio se rompe se regula en el artículo 44 del Estatuto de
Servicio Civil, en el que expresamente se indica que en caso del despido del
servidor acordado por el Tribunal de Servicio Civil, se cuenta con tres días
hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo, recurso que se
concederá en ambos efectos. Obsérvese que al tratarse de la excepción a un
principio general de Derecho Administrativo, la indicación de la admisión del
recurso administrativo con efecto suspensivo debe ser expresa, como en el caso
antes citado, pues de lo contrario, la necesaria remisión al principio general
antes referido y a la regulación general sobre procedimiento administrativo
contenida en la Ley General de la Administración Pública, impide conferirle tal
carácter por vía de la sola hermenéutica (en igual sentido véanse sentencias
2001-10809 de las 16:41 horas del 23 de octubre y 2002-12127 de las 10:17 horas
del 20 de diciembre). De ahí que el hecho de que la Administración recurrida
dispusiera la ejecución del despido del recurrente, transcurridos 17 días hábiles
desde la notificación al accionante del acto final del procedimiento disciplinario,
cuando aún se encontraba pendiente de resolución el recurso de revocatoria con
apelación en subsidio que interpuso contra ese acto administrativo, dado que
dicho recurso carecía de efecto suspensivo por las razones antedichas, no
configura infracción constitucional alguna en perjuicio del amparado, por lo
que procede desestimar el presente amparo. (Resolución Nº 2003-12648 de las
14:31 horas del 31 de octubre de 2003, Sala Constitucional. Y en sentido similar
la resolución Nº 2002-04081 de las 10:09 horas del 3 de mayo de 2002, de la
misma Sala)


 4. La excepcionalidad –última ratio- de la notificación edictal

Debe recordarse que el procedimiento administrativo se desarrolla en función
de un principio de garantía de los administrados y otro de eficacia de la
Administración; esto en una tensión dialéctica que en materia de notificaciones
se manifiesta con especial intensidad. La primordial garantía de los interesados
es tener conocimiento directo de las resoluciones que les afecten pero, a su vez,
constituyendo la notificación de los actos administrativos que afectan a los
interesados presupuesto esencial para su eficacia. Por ello, el legislador ha
adoptado los mecanismos que en cada caso considera adecuados para vencer
las situaciones derivadas de la imposibilidad de proporcionar a los interesados
ese conocimiento

Por ello, el artículo 240 de la LGAP establece con carácter general que todo acto
de procedimiento, incluido el acto final (art. 336 Ibídem) que afecte derechos o
intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al
afectado, siendo que los actos concretos –sean acuerdos o resoluciones (art. 121
Ibídem)- se comunicarán por notificación personal, telegrama o carta
certificada, ya sea en el lugar que esté señalado en el expediente por indicación
de la Administración o de la parte o sea conocido por la Administración,
pudiendo ser la residencia, el lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta
del interesado (arts. 240.2, 241.3 y 243 Ibídem), y sólo cuando se ignore o esté
equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá
comunicársele el acto por publicación, que se hará por tres veces consecutivas
en el Diario Oficial La Gaceta; en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha
cinco días después de la última publicación (art.241.1.2 Ibídem)

Es doctrina reiterada que la notificación edictal, como mecanismo formal,
presenta escasísima posibilidad real de que se consiga hacer llegar la
información a su destinatario; es decir, no garantiza el efectivo conocimiento
por el interesado del acto o resolución que le afecta, por lo que cabe aceptar su
empleo como último recurso, después de que se haya agotado de modo más

completo la posibilidad de notificación personal. En consecuencia, se deben
agotar los medios para intentar la citación personal antes de acudir a la
notificación por medio de edictos, y de ello debe quedar constancia documental
en el expediente, pues de otra forma se vulneraría el derecho de defensa que
gozan los administrados (Véanse al respecto el dictamen C-044-2010 de 19 de
marzo de 2010, así como las resoluciones 08197-99 de las 15:42 hrs. del 27 de
octubre de 1999, 2005-00898 de las 15:18 hrs. del 31 de enero de 2005, 2006-
004772 de las 12:36 hrs. del 31 de marzo de 2006, 2011-004203 de las 17:47 hrs
del 29 de marzo de 2011 y 2011-005956 de las 18:43 hrs. del 10 de mayo de 2011,
todas de la Sala Constitucional)

Es así como la notificación por edictos es un mecanismo formal que no
garantiza el efectivo conocimiento por el interesado del acto o resolución que le
afecta por lo que sólo cabe aceptar su empleo como último recurso, cuando han
resultado fallidos intentos previos de notificación ya sea en el domicilio del
interesado, en su lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del
interesado que se conozca y cuando aquellas notificaciones se han practicado
según lo preceptuado legalmente. Se trata con ello de cumplir con la exigencia
que tiende a evitar sorprender injustamente al administrado, y permitirle que
defienda ampliamente sus derechos e intereses (C-263-2001 de 1º de octubre de
2001)

En consecuencia, se deben agotar los medios para intentar la citación personal
antes de acudir a la notificación por medio de edictos, y de ello debe quedar
constancia documental en el expediente, pues de otra forma se vulneraría el
derecho de defensa que gozan los administrados

Ahora bien, de lo hasta aquí explicado se puede inferir que la resolución inicial
del órgano director no se notificó en forma personal al interesado, pese a que
nuestra jurisprudencia administrativa y judicial ha insistido que la notificación
del acto inicial en los procedimientos administrativos oficiosos, debe tratar de
realizarse prevalentemente en forma personal, porque ese es el medio idóneo
para poner en conocimiento del afectado la situación que enfrentará, y de esa
forma garantizarle el efectivo ejercicio del derecho de defensa, si así lo desea
(Véanse entre otros, nuestros pronunciamientos C-122-2002, C-320-2003 y C-
089-2005, entre otros). Ni se realizaron ingentes esfuerzos por localizarlo de
previo a ordenar su notificación por edicto

Una vez revisado exhaustivamente el expediente administrativo debemos
concluir que pese a las alegaciones contenidas en oficio de fecha 25 de agosto de
2011 –visible a folio 449 y 450-, no existen pruebas concretas o indicios de que la
Administración, y en concreto el órgano instructor, pese a constar a folios 426 y
427 una dirección consignada, haya agotado los medios materiales necesarios
para notificar personalmente al señor XXX el acto de apertura del
procedimiento anulatorio, cuyo acto final indudablemente le perjudicaría, de
previo a ordenar su publicación por edicto. Esta situación sumada al hecho de
que, según dijimos, la notificación edictal no garantiza el efectivo conocimiento
del interesado y que por ello debe utilizarse como último recurso, nos hace
suponer que al señor XXX se le colocó injusta e innecesariamente en una
posición de grave indefensión que vulnera sin lugar a dudas la garantía
constitucional del debido proceso sustantivo, pues no tuvo la oportunidad de
apersonarse a la audiencia convocada al efecto

Ergo, conforme a lo dispuesto en los numerales 223, 239, 247 y 254 de la LGAP,
debemos declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado con los efectos
pertinentes, sin más opción que devolver el expediente sin el dictamen
favorable que fuera requerido en aplicación del supracitado artículo 173


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Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
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Asamblea Legislativa. Código de Trabajo. Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943. Publicado
en la Gaceta Nº 192 del: 29/08/1943 Alcance: 0

ii Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública. Ley Nº 6227 del 02
de mayo de 1978. Publicada en Colección de leyes y decretos: Año: 1978 Semestre: 1
Tomo: 4 Página: 1403

iii Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia Nº 00121 de las quince horas
del primero de diciembre de dos mil quince. Expediente: 11-007961-1027-CA

iv Procuradora General de la República. Dictamen Nº 044 del 19 de marzo de 2010


v Procuradora General de la República. Dictamen Nº 030 del 14 de febrero de 2011


vi Procuradora General de la República. Dictamen Nº 092 del 26 de abril de 2012