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RESUMEN: El presente informe contiene extractos de sentencias,
relativos a la calidad de la educación superior, así como
variaciones a los planes de estudio y a los cursos. También se hace
mención de las atribuciones que se le confieren al CONESUP, como
ente contralor de la calidad superior privada del país

SUMARIO

d. Atribuciones del Consejo Nacional de Educación Superior


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DESARROLLO


1. Jurisprudencia


a. Cambio en el plan de estudios


“La jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en que los planes
de estudios superiores pueden ser variados, según las
recomendaciones técnicas de las diversas escuelas o facultades, sin
que ello implique una violación a de derechos fundamentales de los
estudiantes. Es obvio, en el caso concreto, que desde mil
novecientos noventa y ocho la Universidad había variado el plan de
estudios de la carrera biólogo marino y resulta incomprensible que
el estudiante no se enterara absolutamente de nada de lo que
ocurría en la facultad. Por el derecho transitorio que el mismo
recurrente deja ver que la Universidad promulgó, se le daban todas
las posibilidades para adecuar su curriculum al plan de estudios y
no hacerlo en tiempo le produce, ahora, consecuencias negativas
Pero las cosas así planteadas no son de control de
constitucionalidad, por que no hay un derecho fundamental al plan
de estudios y por ello es que el recurso debe ser rechazado por el
fondo, como se dispone.”1


b. Calidad de la educación superior


“En una sociedad como la costarricense, en que por una parte se le
asigna un rol preeminente a la educación, y por otra se contempla
al trabajo como un derecho del individuo y una obligación de éste
para con la sociedad, el contar con mecanismos que aseguren la
calidad y la eficiencia del proceso educativo se torna
evidentemente en un imperativo social de primer orden, tanto en un
nivel más general, en el que se tiende a que la ciudadanía cuente –
en la medida de lo posible– con una educación cualitativamente
superior, como a un nivel más específico, en el que se pretende
formar nuevos profesionales, puesto que se persigue garantizar la
probidad con que se ejercerá la profesión en el futuro. En efecto,
es absolutamente lógico esperar que los estudiantes que se egresan
de la educación formal universitaria pasen a formar parte del grupo
de profesionales que prestan sus servicios a la comunidad, de
manera que existe un obvio interés público de que la calidad de los


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servicios que estos graduandos vayan a brindar sea la mejor
posible, puesto que un mal desempeño generalizado de servicios
profesionales no solo iría en detrimento del grupo que los brinda,
sino que afectaría directamente a toda la comunidad de usuarios que
los recibe. Es en este contexto que la Sala ha entendido la
relevancia de labor que desarrollan las instituciones involucradas
en el proceso de formación integral de los futuros profesionales,
así como la importancia de un adecuado ejercicio de las profesiones
liberales y, por ende, de los órganos que controlan la prestación
de esos servicios. Para concretar esta función de control, existen
varios órganos o niveles involucrados en nuestro sistema

a) En primera instancia se ubican las propias universidades que,
sean públicas o privadas, tienen la responsabilidad de dirigir la
formación de sus estudiantes, y esta labor no se agota con el mero
cumplimiento de requisitos establecidos por la vía legal o
reglamentaria, sino que también atañe a la formación personal y
ética de los aspirantes a profesionales, puesto que son ellas las
que expiden los títulos profesionales. En el caso específico de las
universidades privadas, debe añadirse además la obligación de
cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria Privada

b) Además, como puede inferirse de lo anterior, en el caso de las
Universidades Privadas existe un segundo nivel de control
conformado por el examen que realiza el Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria Privada, puesto que según nuestro
ordenamiento jurídico, el título emitido por una Universidad
Privada no se basta a sí mismo, sino que a su vez requiere, para
alcanzar total validez y eficacia, el refrendo expedido por el
Consejo aludido –específicamente, por su Secretaría Técnica, que es
la encargada de dar la autorización para expedir el título y de
inscribirlo en sus registros (artículos 37, 38, 49 y 40 del Decreto
Ejecutivo número 25071-MEP del veintiséis de marzo de mil
novecientos noventa y seis y sus reformas)–

c) Y, por último, existe un tercer nivel de control, que está
constituido por los Colegios Profesionales que cumplen funciones de
regulación y de policía normalmente pertenecientes y ejercidas por
el mismo Estado, y cuya naturaleza ha sido reconocida por esta
Sala, entre otros precedentes en la sentencia número 6847-98 de las
quince horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, al expresar

"Con base en la jurisprudencia sentada por esta Sala y
anteriormente por la Corte Plena cuando ésta ejercía
control de constitucionalidad, se puede definir a los


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colegios profesionales ‘como manifestación expresa de la
llamada ‘Administración Corporativa’, que es aquella de
régimen jurídico mixto, que engloba a entidades públicas
representativas de intereses profesionales o económicos
calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones de
Derecho Público. Bajo esta síntesis definitoria, el
colegio profesional resulta ser una agrupación forzosa de
particulares, a la que la ley dota de personalidad
jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la
defensa de los intereses estrictamente privados, propios
de los miembros que lo integran, son los de ejercer
determinadas funciones públicas" (resolución número 5483
de las nueve horas treinta y tres minutos del seis de
octubre de mil novecientos noventa y cinco)."

Ahondando sobre el tema, puede citarse la sentencia número 0789-94
de las quince horas veintisiete minutos del ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro

" Dentro de las funciones administrativas desempeñadas
por los citados Colegios están las de fiscalización y
control respecto del correcto y eficiente ejercicio
profesional, lo que lleva implícito una potestad
disciplinaria sobre los Colegios, en donde la imposición
de sanciones debe realizarse respetando el principio del
debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de
defensa, de ser oído y de producir las pruebas que
entienda pertinentes, en apego al artículo 39
constitucional. Por ello se dice que estos Colegios son
titulares de potestades de imperio respecto de sus
miembros, los cuales entran en una relación jurídica
administrativa de sujeción especial como destinatarios de
los actos administrativos, en ejercicio de aquella
potestad disciplinaria, expresiva de la función
administrativa que desarrolla y que dicta el Colegio
profesional

IV.- El artículo 313 del Código Penal al establecer la
obligación legal de estar habilitado para ejercer ciertas
profesiones, previamente determinadas por la ley, no
impide -a juicio de esta Sala-, en modo alguno, el
ejercicio del derecho al trabajo y a la libre elección
que de éste tiene todo individuo, pues lo que se impone
es una sanción penal al quebranto de su regulación, con
el propósito de establecer una condición razonable para
su ejercicio, pues conforme lo dicho, se exige una
habilitación especial por parte del Estado para el


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ejercicio de ciertas profesiones -como es el caso de la
abogacía y la medicina, entre otras-, a fin de proteger
al ciudadano, de manera que la persona que no posee en el
momento del hecho histórico, la autorización estatal
originada en una corporación profesional, infringe la Ley
Penal al incurrir en el ejercicio ilegal, dado que la
profesión se encuentra reservada para sus agremiados, por
el interés público inmerso en ello, que establece el
ordenamiento jurídico. En cuanto al propio Artículo 56 de
nuestra Carta Política, este Tribunal Constitucional ha
dicho

‘... los Colegios Profesionales son Corporaciones de
Derecho Público que por delegación de funciones
estatales, tienen como finalidad velar por la
corrección y buen desempeño de las funciones
profesionales de los afiliados y corregirlos
disciplinariamente ...’

(sentencia número 1386-90 de las 16:42 horas del 24 de
octubre de mil novecientos noventa)

De tal forma que la exigencia del ‘deber estar
habilitado’ no impide ejercitar el derecho al trabajo o
libertad de escogerlo, lo que persigue es establecer un
mecanismo para hacer exigible la obligación de garantizar
a la colectividad el ejercicio de las profesiones
liberales . Así la norma cuestionada, no resulta
contraria, al derecho constitucional, a la libre elección
al trabajo, que en tal rango, por lo expuesto supra,
admite sus limitaciones, en aras del interés público, de
la propia colectividad, razón por lo que la acción debe
declararse sin lugar. "

En el caso concreto de los profesionales en Derecho, la
determinación del objeto y la conformación –en cuanto sus miembros–
del Colegio de Abogados de Costa Rica se encuentra regulada en los
artículos 1° y 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, que
establecen por su orden

" Artículo 1.- El Colegio tiene por objeto

1o. Promover el progreso de la ciencia del Derecho y sus
accesorias


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2o. Cooperar con la Universidad, en cuanto ésta lo
solicite o la ley lo ordene, en el desarrollo de la
ciencia del Derecho y sus afines

3o. Dar opinión en materia de su competencia, cuando
fuere consultado por alguno de los Supremos Poderes

4o. Promover y defender el decoro y realce de la
profesión de abogado

5o. Mantener y estimular el espíritu de unión de los
profesionales en Derecho

6o. Defender los derechos de los miembros del Colegio y
hacer las gestiones que fueren necesarias para facilitar
y asegurar su bienestar económico

7o. Gestionar o decretar, cuando fuere posible, los
auxilios que se estimen necesarios para proteger a los
profesionales en desgracia."

"Artículo 2.- Forman el Colegio los abogados graduados en
Costa Rica e incorporados en él, acuerdo con las leyes y
Tratados. Se tendrán desde luego por inscritos también
los abogados graduados o incorporados por la
Universidad."

Ahora bien, como ya se ha expresado, el refrendo del título
universitario tiene los efectos de reconocer al graduando un
derecho subjetivo, y ese es el único requisito formal necesario
para acreditar la solicitud de pertenencia o incorporación al
respectivo Colegio. Por ende, –aunque a riesgo de resultar
reiterativa en este concepto– la Sala recuerda a las autoridades
recurridas que, en tanto para poder ejercer una profesión liberal
es necesario estar incorporado al respectivo Colegio Profesional,
lo cual no se logra sino se cuenta con un título universitario, el
aspirante a incorporarse debe contar con un grado académico
universitario que lo acredite como profesional, pero ello se
acredita con el título de Licenciatura que se obtiene cuando se han
cumplido todos los requisitos de ley. Esta norma general, también
se aplica a las universidades privadas, y es por lo mismo que el
artículo 14 de la Ley número 6693 del veintisiete de noviembre de
mil novecientos ochenta y uno y sus reformas reconoce plena validez
a los títulos expedidos por las universidades privadas, para
efectos del ejercicio de la profesión y la colegiatura (siempre que
cuenten con el refrendo al que se ha hecho referencia
anteriormente). Es indudable entonces que el Colegio de Abogados


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tiene la facultad y posibilidad de investigar los títulos expedidos
a los profesionales que, a su juicio, no han cumplido con los
requisitos legales necesarios, pero –como ya esta Sala lo ha dicho
en reiterada jurisprudencia–, no puede negarse a incorporar a un
profesional egresado de una universidad privada que presente ante
él su título debidamente refrendado por el Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria Privada. Así las cosas, el que
exista o no una investigación llevada a cabo por el CONESUP con el
objeto de, eventualmente, anular el refrendo otorgado al título del
solicitante (recuérdese que al no ser el Colegio de Abogados quien
emite el refrendo –requisito de eficacia–, sino el CONESUP, es a
éste al que le corresponde la eventual anulación del acto), no
justifica al Colegio para suspender el derecho de incorporación del
interesado por más de un año, puesto que semejante dilación no
puede sino traducirse en una serie de perjuicios evidentes para el
candidato. En consecuencia, lo propio es que el Colegio recurrido
incorpore a la recurrente sin perjuicio de que , si a resultas de
la investigación del CONESUP se revoca el referido refrendo, el
Colegio pueda posteriormente anular el acto de incorporación . Lo
anterior, por otra parte, tampoco obsta a que el Colegio adopte
alguna medida para advertirle al público que existe una
investigación en curso en contra del solicitante que quizás
desemboque en la anulación de su título; ello por cuanto
efectivamente existe un bien jurídico de la colectividad que
proteger, como lo es el derecho constitucional del consumidor de
poder acceder a una información completa y veraz sobre el servicio
que quiera contratar; pero en el entendido de que la medida que se
elija resulte razonable y proporcionada al fin querido. Y en tal
orden de ideas, debe recordársele al Colegio recurrido que la
inclusión de leyendas en los Títulos de Incorporación que digan,
por ejemplo, "Incorporado por orden de la Sala Constitucional" no
son aceptables . En efecto, semejante determinación no es idónea,
no solo porque existen otros mecanismos que podrían surtir el mismo
efecto buscado sin restringir el derecho del profesional a ejercer
–ya que es evidente que la exhibición del título en las condiciones
dadas podría hacer que la clientela abrigue dudas sobre el
profesional en cuestión, de forma que a éste se le torne imposible
ejercer la profesión para la cual estudió– sino también porque
resulta desproporcionada en virtud de que crea una desigualdad con
respecto a otros estudiantes igualmente incorporados que no reciben
ese tratamiento. Así las cosas, dentro de los medios alternos
podría citarse la facilitación de los nombres de las personas
investigadas a través de una consulta telefónica o un listado al
que pueda acceder el público, entre otros

Sobre el rol del Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada. Partiendo de las consideraciones anteriores,


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no deja de advertir la Sala que, en este caso, aunque las anomalías
académico–reglamentarias detectadas por el Colegio de Abogados en
la graduación de la recurrente fueron comprobadas y ampliadas por
el CONESUP desde agosto del año dos mil más o menos, dicho Consejo
no dispuso sino hasta la sesión N° 430-2001 del dos de abril de dos
mil uno dar inicio al procedimiento administrativo contemplado en
el artículo 173 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública; esto, con el propósito de revocar los refrendos dados por
el CONESUP a títulos de graduados de la Universidad San Juan de la
Cruz y que estuvieran afectos a irregularidades, según informe
conocido en la sesión 426-2001. De esta manera, no fue sino hasta
la emisión de la Resolución N° 102-2000 del dieciséis de agosto
pasado que ese Despacho integró Organo Director del Procedimiento
Administrativo con el propósito a declarar la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta de los refrendos otorgados por CONESUP a
diferentes títulos, incluido el de la recurrente. De esa manera,
aunque el Consejo ya ordenó abrir procedimiento administrativo de
conformidad con el artículo 173 y siguientes de la Ley General de
la Administración Pública, lo cierto es que se ha demorado cerca de
un año para arribar a este estadio. La obvia tardanza en resolver
la situación jurídica del refrendo otorgado es, a la sazón, no solo
la principal razón por la que la reclamante no se ha incorporado
todavía al Colegio de Abogados, sino también la fuente de los daños
y perjuicios que ésta ha podido sufrir con ocasión de los hechos
expuestos, por lo que procede condenar al CONESUP con relación a
este extremo. En consecuencia, el presente recurso debe estimarse,
y así se declara.-“2


c. Suspensión de la actividad educativa por irregularidades


“La recurrente estima como violatorio a sus derechos fundamentales
el hecho que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada haya dispuesto la suspensión de la
Universidad San Juan de la Cruz por el plazo de un año, centro
educativo en el que está matriculada en la carrera de
Administración de Empresas, con énfasis en Recursos Humanos, pues
tal disposición lo perjudica –a su criterio- como estudiante que ha
actuado en todo momento de buena fe. En ese sentido, estima la Sala
que el reproche del recurrente no resulta atendible, pues de lo
indicado en el propio escrito de interposición, y pro ser público y
notorio, se desprende que en sesión número 426-01 del diecinueve de
febrero de este año el Consejo recurrido dispuso la suspensión al
tenerse por probado la existencia de graves irregularidades en ese
centro educativo, lo que incluía –entre otros aspectos- que al


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menos treinta y nueve por ciento de los estudiantes iniciaron
estudios de Derecho antes de que fuera aprobada la carrera por
dicho Consejo, el setenta y siete por ciento de las convalidaciones
de estudios de Derecho llevados a cabo por la Universidad eran
irregulares, que por lo menos el cuarenta y cinco por ciento de los
estudiantes matricularon asignaturas sin contar con los requisitos
exigidos en el plan de estudios de las carreras de Bachillerato y
Licenciatura en Derecho y el cuarenta y tres por ciento de los
estudiantes iniciaron las pruebas de graduación sin haber
completado el plan de estudios de la Licenciatura de Derecho. La
autoridad recurrida tuvo por demostrado tales hechos en virtud del
informe rendido por la comisión investigadora nombrada al efecto,
de la respuesta dada por las autoridades de la Universidad San Juan
de la Cruz en el ejercicio de su defensa y de las pruebas recabadas
a la fecha, lo que motivó que dentro del ámbito de su competencia
dispusiera tal sanción, como responsable de ejercer la vigilancia e
inspección sobre las universidades privadas, de conformidad a los
artículos 3 y 17 de la Ley número 6693 de veintisiete de noviembre
de mil novecientos ochenta y uno. Tómese en cuenta que dicha medida
es temporal, destinada exclusivamente a que el citado centro
educativo puede subsanar las irregularidades apuntadas y pueda
iniciar nuevamente sus funciones de manera eficiente, lo que
pretende garantizar en última instancia los derechos e intereses de
sus estudiantes, al asegurar la calidad de la educación impartida y
que se cumplan los requisitos académicos y legales indispensables,
de manera que el eventual título que se obtenga puede ser
validamente reconocido por el Estado, todo esto con sustento en el
artículo 76 de la Constitución Política, por lo que no observa esta
Sala que se haya configurado –al menos directamente- la alegada
violación a los derechos fundamentales del amparado. Agréguese que
en el mismo acuerdo se tomó en cuenta la situación de los
estudiantes activos, a los que se les recomendó –si a bien lo
tenían- trasladarse provisionalmente a otras universidades, para
cuyos efectos se ordenó a la Universidad San Juan de la Cruz que
extendiera las certificaciones correspondientes. Ahora bien, si la
accionante considera que se encuentra en una situación particular,
que justifica una solución distinta, ello deberá alegarlo ante la
propia autoridad recurrida. En todo caso, si esta disconforme con
la legalidad de lo resuelto, así como con la valoración de la
prueba existente, ello deberá discutirse en la propia vía
administrativa, mediante los recursos previstos al efecto, o bien,
en la vía jurisdiccional correspondiente por agotamiento de la fase
anterior. Finalmente, si estima que todo lo acontecido es
responsabilidad de los miembros del citado Consejo, pues no han
cumplido adecuadamente sus deberes de fiscalización, que es en el
fondo lo que acusa, ello es una queja que no corresponde ventilarse
en esta jurisdicción, toda vez que, la investigación y posterior


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sanción -si fuera del caso- a una autoridad pública que no ha
cumplido con las funciones que la propia ley le asigna compete a
otras instancias judiciales (la penal) o administrativas, por lo que
deberá plantear su disconformidad ante la propia autoridad recurrida,
podrá denunciar el hecho por incumplimiento de deberes y podrá
interponer la queja respectiva ante la Defensoría de los Habitantes,
a quien le compete proteger y promocionar los derechos e intereses de
los ciudadanos y velar por el buen funcionamiento de las
Instituciones y despachos del sector público. Por lo antes indicado,
de conformidad al artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional procede rechazar por el fondo el recurso, como al
efecto se hace.”3


d. Atribuciones del Consejo Nacional de Educación Superior Privada
(CONESUP)


"IV.- El contenido y alcance de los artículos 8, 10, 11, 12, 18 y
24 del Reglamento del CONESUP se adecuan a la Ley de Creación de
ese Consejo, pues en su totalidad son consecuencia directa de las
facultades de vigilancia e inspección que expresamente se le
otorgan en dicha ley (artículo 3). Es erróneo entender que las
facultades del CONESUP fenecen en el momento en que la autorización
de funcionamiento ha sido otorgada. Debe entenderse que existe una
facultad originaria, consistente en la autorización de creación de
las universidades, escuelas y carreras (artículo 3, inciso a y c),
y otras derivadas, tales como: aprobación de planes de estudios y
sus modificaciones (artículo 3, inciso d), aprobación de tarifas de
matrícula y costo de cursos (artículo 3, inciso ch) aprobación de
estatutos y reglamentos, y sus reformas (artículo 3, inciso b). De
ahí resulta claro que, con excepción de las cuestiones contempladas
en el artículo 8 de la Ley (actividades académicas y docentes,
desenvolvimiento de planes y programas de estudio), la actividad de
los establecimientos de educación superior privada deberá ser
permanentemente informada al CONESUP, incluido lo relativo a los
planes de extensión funcional, a través de entidades afiliadas y
adscritas, particularmente si éstas llegan a funcionar como centros
educativos autónomamente administrados. Sólo de esa manera es
posible que el CONESUP ejerza efectiva y eficientemente las
funciones encomendadas por la ley, pues de lo contrario el texto de
la ley sería letra muerta. El control de los establecimientos
privados de educación superior no sólo es inicial, sino que
trasciende a todo el tiempo en que funcionen. Lo anterior, de
entera conformidad con el texto y finalidad de la Ley de Creación
del CONESUP, con lo cual se descartan las ilegalidades que la
actora pretende se declaren [...]. La obligación a cargo de las


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universidades privadas de rendir una póliza de cumplimiento por
quinientos mil colones, contenida en el citado reglamento, no
contraviene el texto de la ley, ya que tal requisito de
autorización, si bien no está previsto en el elenco de requisitos
prefijado por la ley, sí se enmarca dentro de las funciones de
fiscalización que en forma general otorga la Ley al CONESUP, y en
las de vigilancia e inspección que en forma específica esa misma
ley le confiere en el artículo 3, inciso e) [...] del análisis del
texto del artículo 26 del reglamento, se advierte que la
inscripción de los títulos expedidos por las universidades privadas
en la Secretaría Técnica del Conesup, y el refrendo de los mismos
por ésta instancia, no constituye la imposición de una limitación
abusiva y contraria al espíritu de la ley, pues se trata de un
trámite que garantiza el aval estatal a los títulos de las
universidades privadas, lo cual es un fin indiscutible de la ley
que dicho Reglamento interpreta e integra. Sólo de esa manera es
posible que el referido título tenga el carácter de documento
público, pues es de indiscutible interés general que los títulos
profesionales tengan consignado en su texto, por una autoridad
estatal competente, la efectiva existencia y legalidad de la
institución que los extiende."4


e. Equiparación de cursos

“I.- Objeto del amparo. El accionante impugna el oficio número
ECSH-356-99 del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve suscrito por el encargado del "Programa de Estudios
Generales" de la Universidad Estatal a Distancia, debido a que le
indica al amparado que el convenio suscrito entre la UNCED y el
Colegio Universitario de Puntarenas no admite el reconocimiento del
ciclo de "Estudios Generales"

II.- Sobre los hechos. Del informe rendido por la autoridad
recurrida y los documentos aportados para la resolución del asunto
se extrae la siguiente hipótesis fáctica de relevancia: Mediante
oficio número ECSH-356-99 del veintidós de setiembre de mil
novecientos noventa y nueve José Luis Torres, encargado del
"Programa de Estudios Generales" de la Universidad Estatal a
Distancia le comunica al amparado Marvin Arias Zeledón, en lo
conducente: "Con respecto al reconocimiento de Estudios Generales
realizados en el Colegio Universitario de Puntarenas, debo
indicarle que no existe convenio entre la UNED y dicha institución
sobre el reconocimiento de estos ciclos. Existe un convenio entre
la Universidades Públicas (Universidad de Costa Rica, Universidad
Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica). Con respecto
alas asignaturas aprobadas en la UACA, tampoco son equivalentes a


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las que impartimos en la UNED en el ciclo complementario. El hecho
de que cumpla requisitos para ser admitido en la Lic. en
Administración de Empresas, no lo exime de cursar los Estudios
Generales. Todo estudiante que se gradúe en la UNED, debe cumplir
con este requisito, de lo contrario tramitar su reconocimiento con
los mismos, que hayan sido realizados en una universidad pública
Los colegios universitarios no están incluidos dentro del Convenio
de Conare, por cuanto no son universidades sino colegios
parauniversitarios" (folio 16)

III.- Sobre el fondo. El accionante reclama que las autoridades de
la Universidad Estatal a Distancia interpretan erróneamente la
legislación vigente en materia de reconocimiento de asignaturas que
realiza dicho centro educativo, debido a que le exigen aprobar los
cursos correspondientes al ciclo de "Estudios Generales" para
otorgarle la certificación de ser egresado de la carrera de
"Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad". Sin
embargo, el artículo 24 del Reglamento de Reconocimientos de la
Universidad Estatal a Distancia expresamente establece: "De
conformidad con el convenio de CONARE, todo el que tenga el título
de Bachiller de la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica
y el Instituto Tecnológico, no tiene que hacer los Estudios
Generales. Los graduados de universidades privadas deberán
certificar que aprobaron dichos ciclos o los equivalentes". (el
subrayado no corresponde al texto original). Además, el "Convenio
de Cooperación y Ayuda Mutua entre el Colegio Universitario de
Puntarenas y la Universidad Estatal a Distancia" (folio 74) y las
"Cartas de entendimiento suscritas entre la Universidad Estatal a
Distancia y el Colegio Universitario de Puntarenas" (folios 78 y
84) tampoco reconocen a favor del amparado la posibilidad de
eximirse de su obligación de aprobar las materias correspondientes
al programa de "Estudios Generales". En consecuencia, estima la
Sala que la interpretación que la Universidad Estatal a Distancia
ha realizado en relación con la legislación vigente en materia de
reconocimiento las asignaturas aprobadas en universidades privadas
e instituciones parauniversitarias, es conforme al ordenamiento
jurídico y no implica lesión alguna de los derechos fundamentales
del amparado. Con fundamento en lo expuesto, procede declarar sin
lugar la acción de amparo interpuesta.”5

f. Oferta académica


“I.- Reclama la recurrente que la Universidad Nacional ha violado
su derecho fundamental al trabajo porque no ha brindado en el
primer ciclo de 2005 el Seminario de Graduación, única materia que


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le falta para graduarse en la carrera de Licenciatura en Arte y
Comunicación Visual.-

II.- Sin embargo, el informe rendido bajo la fe del juramento por
el Rector de la Universidad Nacional, Dr. Olman Segura Bonilla,
acredita que el Seminario que extraña la recurrente no forma parte
de la oferta ordinaria de la Escuela; la recurrente no lo matriculó
en el II y III ciclo de 2004, que en forma extraordinaria se
ofreció como opción para impulsar la graduación de estudiantes de
un plan Terminal, en forma de tutorías, por lo que debe realizar su
tesis o investigación dirigida por el sistema ordinario, bajo la
dirección de un profesor tutor y los respectivos lectores. En
cuanto a la apreciación de que el Rector falta a la verdad en su
informe, vertida por la recurrente en su escrito de folios 42 a 46,
no es dirimible en esta vía, sino en la penal correspondiente.-

III.- El hecho de que la Universidad brindara en forma
extraordinaria los seminarios de graduación durante los ciclos II y
III de 2004 y que ahora no lo haga, no viola de ninguna manera los
derechos fundamentales de la amparada, quien no los matriculó
entonces y ahora puede realizar su tesis o investigación dirigida,
a efectos de obtener su Licenciatura, en la forma ordinaria. Del
derecho fundamental al trabajo o a la educación no se puede derivar
la obligación de la recurrida de continuar brindando un curso, en
forma extraordinaria, como lo hizo anteriormente. En el ejercicio
legítimo de su autonomía, la Universidad emitió un plan y si la
recurrente no se acogió a él en su oportunidad, no puede
achacársele a la institución quebranto alguno de los derechos de la
recurrente; el retardo en su graduación obedece a una conducta
suya, no de la institución.-“6


g. Variación del contenido del programa del curso


“II.- SOBRE EL FONDO: Si bien esta Sala no desconoce el principio
de
Libertad de Enseñanza y de Libre Cátedra que asiste a la
Universidad recurrida y a sus profesores, también entiende que esos
principios no son irrestrictos y que deben ser ejercidos dentro de
parámetros de racionalidad y con respeto del derecho a la educación
de los educandos. De manera tal que, aún cuando el profesor es
libre para determinar la manera en que va a impartir un curso,
debe, en todo caso, respetar sus lineamientos centrales y no
variarlo sustancialmente. Esa variación sustancial puede darse
tanto por la supresión total de los temas centrales del curso, como
por su reducción evidente y desmedida, a fin de insertar otros


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tópicos nuevos, no como complemento de aquéllos, sino como
verdaderos temas centrales, con menoscabo de los que originalmente
lo integraban. A juicio de esta Sala, esto último fue precisamente
lo que sucedió en el caso bajo examen, pues de la simple
confrontación del programa originalmente aprobado del curso de
Supervisión Educativa con el entregado a los estudiantes a su
inicio, se nota una variación sustancial de su contenido, lo cual
se hace patente en la bibliografía, lo que deja claro que, al
menos, los tópicos que formaban parte del contenido central del
programa original del curso fueron reducidos drásticamente para dar
paso a nuevos temas, no ya como complemento de aquéllos, sino como
temas principales o centrales. No se trata, como lo pretende hacer
ver la Universidad recurrida, de una especificación más detallada
de los objetivos y temas originales del curso, sino de una
verdadera transformación de éstos. La discusión de la conveniencia
o no de las modificaciones hechas al programa, o de la relación de
ese nuevo contenido con la carrera de los recurrentes, ciertamente
es un asunto ajeno a esta jurisdicción; pero no el hecho de la
modificación en sí, en tanto con ella se variaron unilateralmente
los términos en que se impartiría el curso en cuestión, anunciados
con antelación por la Universidad, con lo cual se conculcaron las
legítimas expectativas de los amparados. Y de tal suerte se varió
el curso, que en lugar de las ocho sesiones en que estaba
programado, se realizó en diez, lo que implica un cambio
sustancial, aspecto no desvirtuado por la Universidad, quien se
limitó a argumentar que el curso estaba programado para finalizar
en setiembre de este año, no precisamente el nuevo -como lo afirman
los gestionantes-, pero nada dice en cuanto al aumento del número
de sesiones en un veinticinco por ciento. De lo dicho
anteriormente, se desprende que llevan razón los recurrentes al
alegar que se les ha violado su derecho a la educación, ya que con
las variaciones introducidas al último de los cursos de la maestría
que cursan, se les impidió la efectiva culminación de sus estudios
en los términos ofrecidos. Ahora bien, el hecho de que los
interesados no hayan concluido el curso de Supervisión Educativa,
en criterio de este Tribunal Constitucional, no es un asunto que
les sea imputable, pues ello es responsabilidad de la Institución
de Educación Superior recurrida por haber variado el curso. De modo
que esta Sala debe proteger los derechos de los amparados, por
medio de medidas eficaces que brinden un remedio a las violaciones
acusadas, a fin de que no se vean sometidos a una situación de
injusticia y la restitución de sus derechos fundamentales no se
torne ilusoria. Así las cosas, el recurso resulta procedente y así
debe declararse y, en consecuencia, deberá la Universidad recurrida
extender a los recurrentes el título respectivo, en tanto hayan
aprobado los cursos conforme al Plan de Estudios original con el
que se matricularon, lo que implica la obligación de la accionada,


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en cuanto al curso de Supervisión Educativa, de reponer, en
relación con los amparados y sin costo adicional alguno, el examen
respectivo, en el entendido que sólo se les podrá evaluar sobre los
temas que formaban parte del programa original del curso y que
fueron efectivamente impartidos en las sesiones correspondientes.”7


“III.- FONDO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia declaró con lugar el amparo que la señora Ana Vanessa
Barquero Bolaños y otras personas interpusieron. En el voto número
seis mil novecientos de las dieciséis horas veinticuatro minutos
del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se
condenó a la aquí demandada al pago de los daños y perjuicios
causados, además de las costas. La actora liquidó la suma de dos
millones de colones por daño moral y ciento treinta y tres mil
colones por daños materiales, básicamente por concepto de pago de
matrícula, gastos de alimentación y otros extremos. El Juzgado A-
quo rechazó los daños materiales y fijó el daño moral en la suma de
cincuenta mil colones. La actora, inconforme apela ambos extremos

Es bien conocido que la condenatoria en daños y perjuicios que
impone la Sala Constitucional cuando declara con lugar el recurso
de amparo es una condenatoria genérica que requiere ser concretada
en la vía civil. Para ello el interesado debe promover la ejecución
de sentencia aportando por supuesto la ejecutoria respectiva
Debemos recordar, haciendo nuestras las palabras del Maestro
Alberto Brenes Córdoba que " con el nombre de "daños y perjuicios"
se designa la indemnización pecuniaria que el deudor está obligado
a satisfacer al acreedor, a causa de la falta de cumplimiento total
o parcial de la prestación, o de la ejecución tardía o defectuosa
de la misma. El daño consiste en la pérdida sufrida; el perjuicio,
en la ganancia que deja de realizarse. Esto es lo que en derecho
romano se llamaba "daño emergente" y "lucro cesante", o sea lucro
frustrado" ( Ver tratado de las Obligaciones, quinta edición,
editorial Juricentro, 1984, página 74). Pero la condenatoria
impuesta por el Tribunal Constitucional no implica una aprobación
automática de los extremos que se liquiden. En esta sede, como lo
señaló correctamente la autoridad A-quo, se deben aplicar las
normas relativas a la carga de la prueba, y por ello no basta con
solicitar el pago de daños, deben demostrarse y otro elemento no
menos importante, lo constituye la necesaria existencia de una
relación de causalidad entre el daño y la indemnización que se
pretende. Así lo dispuso el legislador en el artículo 704 del
Código Civil al establecer: "En la indemnización de daños y
perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia
inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación,
se hayan causado o deban necesariamente causarse". Sobre este


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punto, nuevamente Don Alberto Brenes Córdoba nos ilustra
"distínguense dos clases de daños y perjuicios: los que nacen
directa e inmediatamente de la falta de cumplimiento, y los que
ocurren de manera indirecta y mediata. Sólo los primeros son
exigibles aun tratándose del deudor doloso, los otros no, ya porque
sería gravar demasiado al deudor, ya porque es poco seguro poder
determinar su existencia y la justicia de su reclamación, aparte de
que bien pudieran provenir de otra causa" ( misma obra citada,
página 78). La actora liquidó ochenta y tres mil colones por
concepto de matrícula y cincuenta mil colones por el pago de
alimentación, transporte, fotocopias, libros y otros. En realidad
no existe prueba idónea que permita establecer en forma fehaciente
e indubitable el hecho de que esos gastos, al menos los que se
demostraron, tuvieran que realizarse como consecuencia directa e
inmediata de la conducta sancionada por la Sala Constitucional
Nótese que únicamente se tuvo por demostrado la existencia de
variaciones al último de los cursos de la maestría, o sea que sólo
se afectó un curso, el cual se amplió de ocho sesiones a diez
sesiones. Es ante esa situación que el cambio de universidad con
todos los gastos en que supuestamente incurrió la actora no guardan
relación con el cambio introducido por la demandada, y por ello la
denegatoria del extremo de daños materiales es correcta. Sobre el
extremo del daño moral, el criterio de los suscritos jueces es
otro. El actora solicitó la suma de dos millones de colones, el
Juzgado concedió cincuenta mil colones. Si bien es cierto que
dentro de la expresión genérica de daños y perjuicios se comprende
tanto los daños materiales como el moral, lo cierto es que para la
indemnización de este último, se debe valorar en forma prudente y
cautelosa la situación que lo originó, lo anterior con la finalidad
de procurar que la fijación ni sea excesiva, ni insignificante
Resulta claro que la modificación que hizo la Universidad al plan
de estudios en la maestría produjo una situación de inseguridad en
la actora, y consecuentemente generó preocupación y angustia, pero
la suma pretendida resulta exorbitante, y por el contrario, se
considera Justa y Equitativa la suma de cien mil colones, en este
sentido se modifica el fallo apelado.-“8


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FUENTES CITADAS
0023 de las nueve horas y veintidós minutos del tres de enero de dos
mil dos
10527 de las catorce horas y cuarenta minutos del diecisiete de octubre
de dos mil uno
7126 de las nueve horas y treinta y siete minutos del veinte de julio
de dos mil uno
las catorce horas y treinta minutos del veinticinco de marzo de mil
novecientos noventa y dos
3532 de las nueve horas y cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de
abril de dos mil
16514 de las veinte horas y cinco minutos del veintinueve de noviembre
de dos mil cinco
6900 de las dieciséis horas y veinticuatro minutos del dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y seis
TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. SAN JOSÉ. Resolución N°936-R de las siete horas
y cuarenta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y
nueve


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