INFORME DE INVESTIGACIÓN
Acreditación de estudios realizados en el Extranjero


Rama del Derecho: Derecho Administrativo Descriptor: Actos de la Administración

Palabras Claves: Legalización, consular, Departamento de Evaluación y Certificación,
acreditación, Ministerio de Educación Pública, Instituciones de Enseñanza Superior
Parauniversitaria

Fuentes de Información: Doctrina, normativa y jurisprudencia Fecha: 10/06/2016


Contenido
1. Legalización y traducción de documentos emitidos en el
1. El reconocimiento y equiparación de títulos de secundaria
2. La equiparación a nivel nacional de estudios de secundaria
cursados online (en línea) en instituciones radicadas en los
3. El sistema de acreditación de Centros Educativos en los
4. Reconocimiento y equiparación de títulos y grados
otorgados en centros de educación superior extranjeros, o de

 RESUMEN
El presente informe de investigación hace referencia al
reconocimiento y equiparación de estudios realizados en el extranjero
a efecto de ser reconocidos en Costa Rica. Se contempla el
procedimiento, acreditación de instituciones así como las autoridades
encargadas de realizar el trámite y los distintos criterios seguidos por
nuestros tribunales al respecto


NORMATIVA


1. Legalización y traducción de documentos emitidos en el
extranjero


Artículo 294.-Todo documento presentado por los interesados se
ajustará a lo siguiente


a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse


b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse
su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte


2. Certificados y legalizaciones consulares

[Ley Orgánica del Servicio Consular]ii


Artículo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberán
ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la
República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría
de Relaciones Exteriores


ARTÍCULO 81.- En toda legalización de documentos harán constar los
Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que
lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese
perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o
intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones
Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto
o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades


3. Departamento de Evaluación Académica y Certificación


[Organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio
de Educación Pública]iii

Artículo 106. —Son funciones del Departamento de Evaluación
Académica y Certificación

h) Establecer los lineamientos y procedimientos para el
reconocimiento y equiparación de títulos de educación primaria y
secundaria otorgados a estudiantes que cursaron sus estudios en el
extranjero


 DOCTRINA


1. La acreditación en el contexto internacional
La economía mundial y sus principales tendencias, han propiciado la
internacionalización de los procesos productivos, la integración de los
mercados financieros y la conformación de espacios comerciales
regionales. En este sentido, el sector educativo cumple un papel
fundamental, pues su rol en la generación de los conocimientos y
formación de recursos humanos, lo lleva a garantizar, por una parte,
los conocimientos y habilidades básicas de la fuerza laboral,
facilitando su capacitación para el trabajo y su incorporación en
empleos productivos y, por otra, la base de profesionales y científicos
que alientan la innovación y la generación de fuentes endógenas de
crecimiento económico y social. Las diversas políticas de integración
económica, como los tratados de libre comercio con el Norte, han
traído cambios significativos en todos los ámbitos de las relaciones
económicas y sociales de la Región Centroamericana. Como medida
estratégica, los países han venido reforzando sus ventajas
competitivas, fortaleciendo los sistemas educativos que se han visto
en la necesidad de una modernización permanente; en otras
palabras, adecuarse a las nuevas condiciones y retos, por lo que el
establecimiento de sistemas de certificación y acreditación que
agilicen la movilidad de profesionales en condiciones de competencia
equitativa y el impulso a líneas de investigación prioritarias para el
desarrollo nacional son asuntos fundamentales en donde la
participación de la educación superior será de gran envergadura
(Gómez, 2001, p.7) Esta participación se centra, principalmente, en
la oferta de los servicios profesionales, en donde se requiere que
cada país reconozca los títulos expedidos en los institutos de
Educación Superior de los países socios (miembros de los convenios)

y la autorización en el ejercicio profesional de extranjeros en sus
respectivos territorios. De esta manera, se buscan sistemas de
acreditación internacional ...homogéneos para la expedición de
licencias y certificados a profesionales y para la acreditación de
instituciones y programas de estudio que garanticen egresados de
calidad estándar a lo largo de la macroregión. Naturalmente, este
proceso requiere que los contenidos de estudio y los sistemas de
evaluación a través de los cuales se realiza la acreditación sean
también más homogéneos. (Gómez, 2001, p. 8) Como resultado de lo
anterior, la calidad de las instituciones de educación superior y la
internacionalización de sus graduados, han promovido la formación
de un sistema de acreditación regional que certifica las destrezas y
los conocimientos individuales de los profesionales, a través de
procesos de autoevaluación y autorregulación de la calidad académica
de las instituciones, de sus planes y programas de estudio. Esta labor
reconoce que todo proceso de acreditación institucional, debe
considerar los objetivos educativos de la institución; su capacidad de
dotación de recursos materiales, humanos y financieros; su gestión y
eficiencia administrativa. Las tendencias internacionales exigen la
consolidación de grandes esfuerzos entre los países y sus respectivas
instituciones de la enseñanza superior, para elevar la calidad de sus
procesos educativos y sentar las bases para la construcción de
sistemas de acreditación. De esta forma, Estados Unidos y Canadá
tienen una ventaja considerable sobre los países de América Latina,
ya que ambos países han desarrollado consolidados procesos
sistemáticos de acreditación. En el caso de los Estados Unidos, el
sistema de acreditación presenta sólidas bases. Su organización se
basa en las asociaciones regionales privadas y voluntarias de las
universidades y los colegios universitarios, donde participan
profesionales y académicos de reconocido prestigio. El sistema exige
una serie de requisitos concretos a las instituciones solicitantes, y
realiza procesos de autoevaluación y de visita de pares. La clave del

éxito ha sido la importancia dada a la autoevaluación institucional,
pues es más fácil que cada institución detecte deficiencias integrales
y emprenda las acciones de autorregulación apropiadas, en lugar de
las instancias ajenas. En Canadá, aunque cuentan con un sistema de
acreditación, que es distinto del que funciona en los Estados Unidos,
ha tenido un fuerte impacto en lo que denominan sistema de
Educación Superior (SES). Este sistema se implementa desde el
sector público, sometiendo, obligatoriamente, a todas las
instituciones y programas de los procesos de acreditación


JURISPRUDENCIA


1. El reconocimiento y equiparación de títulos de
secundaria emitidos en el extranjero


Cabe indicar, que esta Dirección se ha manifestado en reiteradas
ocasiones sobre el tema que nos ocupa, resultando de importancia el
criterio jurídico número DAJ-104-C-12 del 28 de agosto del 2012,
documento en el que se desarrolla lo siguiente

“Queda por demás claramente establecido que todo centro docente
privado que dentro de la jurisdicción costarricense quiera obtener el
reconocimiento, oficialización por parte del Estado, se encuentra
sometido a la inspección estatal, consecuentemente debe sujetarse a
los requerimientos legales establecidos por este. La implementación
de las prueba nacionales en centros docentes privados, se constituye


en parte de la potestad fiscalizadora del Estado, mediante la
evaluación del proceso de aprendizaje, garantizando la el
cumplimiento de los presupuestos curriculares mínimos estatales. Lo
anterior, en concordancia con las prescripciones constitucionales e
internacionales, así como lo ha señalado la normativa interna en
materia educación costarricense, como puede desprenderse de los
numerales 251, 255, 414, 415, 416, 421, 452 y concordantes del
Código de Educación. La convalidación o equiparación de títulos
obtenidos en el extranjero, prescribe un acto mediante el cual se
declara a que título o grado son equivalentes en nuestro país. Lo
anterior, se realiza debido a que la preparación académica que
acredita dicho título fue obtenida en el extranjero, fuera de los
alcances de la supervisión Estatal, es decir, de su jurisdicción. Es la
razón por la cual dicho procedimiento, no es aplicable a centros
educativos particulares, que se encuentran dentro del territorio
nacional y cuya malla curricular entre otros aspectos, se encuentra
condicionada por los requisitos mínimos que disponga el estado, es
decir bajo su inspección. De conformidad, con lo expuesto un centro
educativo particular que radique dentro de la jurisdicción
costarricense, es decir imparta lecciones dentro del territorio
nacional, debe someterse a las disposiciones estatales que le sean
aplicable como es el caso de los “Reglamento para Centros Docentes
Privados”. Consecuentemente les corresponde la aplicación de las
pruebas nacionales, las cuales se constituyen en un criterio técnico de
medición y evaluación, para verificar el cumplimiento de los objetivos
curriculares de la educación costarricense, permitiendo mejorar la
calidad del sistema educativo, como los son las Pruebas Nacionales
de Bachillerato en Educación Media, que además tienen carácter de
certificación, tal como lo señala el “Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes”. Así entonces, deben ser aplicadas a todo centro
educativo público o privado dentro de la jurisdicción costarricense que
aspire que sus estudiantes accedan al Título de Bachiller en Educación

Media, de conformidad con las prescripciones del reglamento
mencionado. (El resaltado no es del original) Si bien, las citas
anteriores resultan claras, se debe insistir que para este Ministerio no
existe fundamento legal o norma habilitante que permita desconocer
los lineamientos aplicables a centros docentes privados, por lo tanto,
resulta imposible proceder con el reconocimiento y equiparación de
títulos de secundaria “extranjeros”, emitidos en favor de estudiantes
que cursaron sus estudios en instituciones educativas nacionales no
reconocidas. Lo anterior, producto de una clara afectación a la
potestad supervisora estatal en materia educativa y las
consecuencias que dicha situación puede implicar en el proceso
educativo de los estudiantes, al no existir controles ni parámetros de
calidad sobre la educación impartida. Sumado a esto, este Ministerio
sostiene la tesis de que dichas acciones, sea el reconocimiento de
estudios de secundaria realizados en suelo nacional por medio de
títulos emitidos como extranjeros, resultan contrarias al espíritu y
fines del sistema de reconocimiento y equiparación de títulos
extranjeros, implementado por la Dirección de Gestión y Evaluación
de la Calidad. Lo anterior según lo expresado mediante resolución del
Despacho Ministerial número 5010-MEP-2013 de las doce horas
treinta y siete minutos del seis de diciembre de 2013: “Tenemos así,
que los casos de solicitudes de reconocimiento y equiparación de
títulos emitidos en el extranjero antes descritos, configuran lo que a
nivel de derecho civil y administrativo se denomina “fraude de ley”,
figura que responde a una desnaturalización del objetivo de la norma
o disposición administrativa, mediante el cual se realiza una
actuación al amparo de una norma, pero se persigue un resultado
prohibido por el ordenamiento o contrario a él. (…) Dado lo anterior,
si bien el interesado llega a presentar todos los requisitos para
proceder con el trámite de reconocimiento y equiparación de títulos
de secundaria emitidos en el extranjero, la Administración no puede
desconocer cualquier tipo de anomalía o vicio que afecte la naturaleza

y veracidad de la documentación aportada, en especial si esta puede
ser utilizada con el fin de defraudar a cualquier instancia ministerial
En estos casos, el interesado al amparo de la Convención para la
Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos
Públicos Extranjeros, ratificada mediante la Ley N° 8923 del 22 de
febrero de 2011 y de las disposiciones internas de la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad, debe aportar la documentación
que haga constar la efectiva realización de estudios en el exterior
(Formularios, título y registro de notas debidamente apostillados,
entre otros), para proceder así con el trámite de equiparación de
estudios y títulos extranjeros. Sin embargo, el administrado en la
situación que nos ocupa, efectivamente cumple con dichos requisitos
establecidos pero lo hace al lograr que los mismos sean
confeccionados y emitidos en suelo extranjero, pero sin este haber
cursado sus estudios en dicho país. Es decir se cumple con el
requisito formal pero no con el espíritu de la norma, el cual es
facilitar el reconocimiento de estudios y diplomas obtenidos por
personas que por residir en territorio extranjero cursaron sus estudios
de secundaria en otra jurisdicción. Esta situación, resulta totalmente
contraria a los objetivos del sistema de reconociendo de estudios
extranjeros implementado por este Ministerio y en general de los
fines de las diferentes modalidades de educación secundaria
impartidas a nivel nacional bajo supervisión del Ministerio de
Educación Pública

Cabe hacer mención, que con esta práctica se busca inobservar
normativa educativa de gran importancia, sea en premier lugar el
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N°
35355 del 2 de junio de 2009, norma que establece en sus artículos
89, 91 y 95 la obligatoriedad de la Pruebas Nacionales de
Bachillerato, como garantía de excelencia y calidad de la educación
costarricense. Es decir, todo estudiante que realice su formación


secundaria residiendo en Costa Rica, salvo ciertas excepciones, debe
realizar y aprobar las Pruebas Nacionales de Bachillerato, situación
que no se da en los casos como él nos ocupa, dado que los
estudiantes no cursaron el plan de estudios nacional, ni fueron
inscritos para realizar dichas pruebas. (…) En segundo lugar, el hecho
de que las instituciones privadas que propician estas prácticas no son
supervisadas por este Ministerio, significa una grave disminución al
control y calidad de la educación impartida, acarreando una
afectación notoria al derecho a la educación de los estudiantes. Lo
anterior, resulta una clara violación a lo dispuesto por el Decreto
Ejecutivo N° 24017- MEP del 9 de febrero de 1995, denominado
Reglamento Sobre Centros Docentes Privados, cuerpo legal que en
virtud del poder de inspección estatal, dispone los requerimientos
mínimos a cumplir por un centro educativo privado, con el fin de que
se acrediten y certifiquen por parte del Ministerio de Educación
Pública los estudios realizados en dicha institución.” Nótese de las
citas anteriores, que efectivamente estas modalidades de estudios y
las instituciones no reconocidas que las imparten, operan fuera de
toda autorización legal, valiéndose de normativa ideada con otros
fines, para así lograr el reconocimiento y equiparación de los estudios
que imparten, conductas totalmente reprochables que de igual forma
causa grandes afectaciones al proceso educativo de los estudiantes

Finalmente, si bien los títulos antes citados carecen de validez a nivel
nacional, se deben considerar las implicaciones del desconocimiento
de los estudios realizados por los administrados. Dadas las razones
anteriores, resultaría prudente ofrecer mecanismo que permitan que
las personas afectadas por estas situaciones logren obtener su título
de bachillerato conforme a nuestro ordenamiento, procurándose en lo
posible reconocer y evaluar los conocimientos adquiridos en su
proceso educativo, acompañándose dicha labor de una revisión
exhaustiva de la normativa actual con el fin de evitar futuros casos


 2. La equiparación a nivel nacional de estudios de
secundaria cursados online (en línea) en instituciones
radicadas en los Estados Unidos de América


Sobre este tema, se debe hacer la aclaración inicial de que a nivel
nacional no existe Institución o Centro de Educativo tanto público o
privado, costarricense o extranjero, que cuente con el aval del
Ministerio de Educación Pública para impartir y titular estudios de
Bachillerato en Educación Media en línea, entiéndase por esto, el
empleo de internet para el proceso de matrícula, recepción de
tutorías o lecciones, asignación y evaluación de trabajos y aplicación
de pruebas o exámenes
A la luz de lo anterior, resulta de importancia analizar el principio de
reciprocidad que rige en materia de Derecho Internacional y que
resulta aplicable a las políticas de equiparación de estudios a nivel de
secundaria existentes entre Costa Rica y los Estados Unidos de
América, principio que a nivel doctrinal, el autor Santiago Torres
Bernárdez desarrolla de la siguiente forma
"De una manera general <<reciprocidad>> significa devolver según
se recibe. Este significado general subyace también en la noción
jurídica de <<reciprocidad>> pero en una forma mucho más
matizada puesto que el término se emplea en derecho para describir
tanto situaciones en que se devuelve lo mismo, como
situaciones en que se devuelve algo equivalente u otra cosa
(…) En el derecho internacional general los Estados tienen el deber de
observar ciertas obligaciones con respecto a otros Estados los cuales
están obligados a su vez a observar en principio un comportamiento
similar hacia los primeros. (El resaltado no es del original)


Según la cita anterior, se entiende que el principio de reciprocidad ha
de aplicarse en el sentido de reconocer situaciones similares o
equivalentes, siendo este el manejo que han dado tanto las
autoridades costarricenses como estadounidenses sobre el tema de
interés, dado que reconocen únicamente las modalidades de estudio
idénticas o por lo menos que guarden cierta equivalencia entre sí. Lo
anterior, significa que ambos Estados solo equiparan las modalidades
de estudio que poseen en su mismo territorio o que por lo menos
representan una equivalencia que permita identificarla con una
determinada modalidad preexistente. A su vez, se debe entender que
dichas naciones a lo largo de los años han equiparado únicamente los
títulos de educación secundaria en las modalidades equivalentes
antes detalladas, emitidos en sus sistemas educativos formales y
cursados por estudiantes residentes en sus territorios
De acuerdo con lo anterior, se debe aclarar que el Estado
costarricense por medio del Ministerio de Educación Pública y su
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, no tienen la
obligación de reconocer títulos emitidos en el extranjero de una
modalidad ajena a las presentes a nivel nacional. En este caso, la
modalidad de estudios extranjeros de secundaria online cursados por
estudiantes nacionales o extranjeros, ubicados físicamente o no en
Costa Rica

Ha de entenderse, que la convalidación o equiparación de títulos
obtenidos en el extranjero, prescribe un acto mediante el cual se
declara a que título o grado son equivalentes en nuestro país. La
convalidación se constituye así en un requisito insoslayable, en virtud
de que la preparación académica que acredita dicho título fue
obtenida en el extranjero, fuera de los alcances de la supervisión
Estatal
Por otra parte, a nivel nacional existe toda una gama de sistemas y
ofertas educativas autorizadas por el Ministerio de Educación Pública


que buscan cubrir las diferentes necesidades de la población, todo lo
anterior bajo esquemas de calidad estandarizados en pro de la
excelencia académica. Así las cosas, la estructura de las diferentes
modalidades de nuestro sistema educativo no es vana, por lo que la
división en ciclos, entiéndase primer, segundo y tercer ciclo de
educación general básicas y educación diversificada, cumple con el
objetivo de lograr el mayor desarrollo social e intelectual de los
estudiantes. Todo lo anterior, teniendo como culminación las pruebas
nacionales de bachillerato, la cuales fungen como un estándar de
calidad que corrobora las aptitudes y conocimientos adquiridos a lo
largo de todo el proceso educativo

A la luz de lo anterior, al momento de equiparar estudios o títulos
emitidos en el extranjero, ha de evaluarse aparte de la equivalencia
de modalidades, la concordancia entre los parámetros de calidad
presentes en el sistema educativo foráneo con los establecidos a nivel
nacional con el fin de garantizar la excelencia académica


3. El sistema de acreditación de Centros Educativos en los
Estados Unidos de América


Conviene ahora, analizar el origen de la certificación de acreditación
emitida por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que
solicita la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, con el fin
de dar trámite a la equiparación de estudios de primaria y secundaria
cursados en los Estados Unidos de América
En cuanto a su origen, el Consejo Superior de Educación mediante
acuerdo número 46-97 del 24 de junio de 1997, dispuso la posibilidad
de solicitar al Agregado Cultural de la Embajada de Estados Unidos de
América o el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, una

certificación en la que se hiciera constar el estado de acreditación de
la Institución Educativa en la que el estudiante había cursado sus
estudios, con el fin de facilitar las labores de la Administración al
momento de equiparar los estudios del solicitante
“Acuerdo N°46-97
Asunto: Consultas de Acreditación
Debido a la necesidad que tienen los Directores de Desarrollo
Educativo en las Direcciones Regionales de Educación del Ministerio
de Educación Pública, de contar con una asesoría externa de consulta
para los estudiantes que ingresan al país provenientes de los Estados
Unidos de Norteamérica, el plenario del Consejo Superior de
Educación avala las gestiones que se realicen ante el Agregado
Cultural de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica o en el
Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en los casos de
ubicación de estudiante de enseñanza media donde exista duda.“
Sobre la función del sistema de acreditación a nivel de los Estados
Unidos de América, ha de aclararse que dicha acreditación es de
índole privado pero bajo el control y autorización del Departamento
de Educación de Estados Unidos, mismo que por medio del Consejo
de Acreditación de Educación Superior (Council for High Education
Accreditation) y las 6 diferentes Asociaciones Regionales de
Acreditación realizan todos los diferentes procesos de acreditación de
las instituciones Educativas
Así las cosas, los Entes Acreditadores son asociaciones privadas sin
fines de lucro con potestades delegadas por el Gobierno Federal
estadounidense, creados con el objetivo específico de acreditar y
supervisar a las instituciones o programas de educación pública y
privada. En cuanto a la educación pública, dicho sistema escapa a la
consulta planteada en el caso que nos ocupa, por lo que este criterio
se centrará en la acreditación de Centros Educativos Privados
En relación con lo anterior, se ha de entender que la acreditación es
el único mecanismo por medio del cual el Gobierno de los Estados

Unidos de América, a través de las Asociaciones de Acreditación,
establece estándares de calidad y fiscalización a las Instituciones
Educativas privadas. Por esta razón a nivel interno de dicho país, la
acreditación es de gran importancia y significa el reconocimiento de
los estudios realizados en la institución para diversos efectos, entre
estos el participar en sistemas de becas, acceder a universidades,
traslados dentro del territorio estadounidense, puestos laborales y la
posibilidad de reconocimiento de dichos estudios en el extranjero
Así las cosas, la solicitud de acreditación tiene el objetivo de
demostrar que la Institución Educativa cumple con los parámetros de
calidad estadounidenses, para reconocer los estudios en Costa Rica
Por eso, dicha acreditación ha de ser un requisito fundamental, para
la equiparación de estudios en secundaria realizados en Instituciones
Educativas privadas en los Estados Unidos de América


4. Reconocimiento y equiparación de títulos y grados
otorgados en centros de educación superior extranjeros,
o de estudios realizados en tales centros


Se consulta a este órgano asesor a quién compete realizar el
reconocimiento y equiparación de títulos de pregrado otorgados en
centros de educación superior no universitarios extranjeros, o de
estudios realizados en dichos centros

El reconocimiento de un grado o título extendido por una institución
de educación superior extranjera es posible entenderlo como el acto
mediante el cual se acepta la autenticidad de dicho grado o título, por
lo que se inscribe, con el propósito de dar fe, mediante certificación o
constancia, de la existencia del documento que lo acredita. La


equiparación de los mismos es el acto mediante el cual se declara a
qué título o grado son equivalentes en nuestro país

Por medio de la Ley N° 362 del 26 de agosto de 1940 “Ley Orgánica
de la Universidad de Costa Rica” se creó la Universidad de Costa Rica,
la cual se encuentra dirigida, gobernada y administrada por la
Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, y el Rector (artículo

Como parte de las competencias atribuídas al Consejo Universitario
se encuentra el realizar la equivalencia de los estudios, diplomas y
títulos profesionales otorgados por Universidades Extranjeras, ello en
los siguientes términos

“Artículo 7: Corresponde al Consejo


8) Reconocer la equivalencia de los estudios, diplomas y títulos
profesionales otorgados por otras Universidades, de conformidad con
las leyes y Tratados Internacionales vigentes y dentro de las normas
de una absoluta reciprocidad”

(…)” (la negrita y el subrayado no son del original)

No se omite agregar que esta disposición se encuentra también
textualmente contenida en el inciso 8) del artículo 429 de la Ley N°
181 del 18 de agosto de 1944 “Código de Educación”

Ahora, como fue establecido, la competencia de cita le fue conferida
en un inicio sólo a la Universidad de Costa Rica, ello en razón de que
era la única institución de educación superior pública en ese
momento existente; sin embargo, conforme se fueron creando
nuevas universidades públicas (a tenor de lo dispuesto en el ordinal


84 de la Constitución Política), se les otorgó a ellas también esa
misma competencia. Veamos

Ley N° 4777 del 10 de junio de 1971 “Ley Orgánica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica”

“Artículo 6: Al Instituto le compete el reconocimiento de títulos
extranjeros y la equivalencia de grados profesionales, cuando se
refiere a carreras similares de las que el mismo ofrece.”

Ley N° 5182 del 15 de febrero de 1973 “Ley de Creación de la
Universidad Nacional”

“Artículo 18: Los Directores de cada una de las unidades académicas
que forman una Facultad y el Presidente de su Consejo Estudiantil
formarán Consejo Directivo de la misma, al cual corresponderá


d) Reconocer la equivalencia de estudios, diplomas y títulos
profesionales otorgados por otras universidades de conformidad con
las leyes y tratados internacionales vigentes y dentro de las normas
de una absoluta reciprocidad; y


Ley N° 6044 del 3 de marzo de 1977 “Crea la Universidad Nacional
Estatal a Distancia (UNED)”

“Artículo 3: Son funciones de la Universidad


e) Reconocer estudios, títulos y grados universitarios otorgados por
otras universidades; y


Ley N° 8638 del 14 de mayo del 2008 “Ley Orgánica de la
Universidad Técnica Nacional”

“Artículo 5: Funciones. En cumplimiento de sus fines, la Universidad
Técnica Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones


e) Reconocer y equiparar estudios, títulos y grados universitarios
otorgados por universidades extranjeras, cuando se refieran a
carreras afines a las que esta ofrece


De lo expuesto se desprende que de conformidad con la normativa
existente, todas las universidades públicas costarricenses al día de
hoy establecidas son competentes para reconocer y equiparar los
grados y títulos emitidos por universidades extranjeras, es decir, no
sólo la Universidad de Costa Rica

No obstante lo dicho, y en virtud de que en nuestros centros de
educación superior pública no son impartidas necesariamente las
mismas carreras, los miembros del Consejo Nacional de Rectores
(conformado por la Universidad de Costa Rica, el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, y la Universidad
Estatal a la Distancia) crearon la Oficina de Reconocimiento y
Equiparación (ORE), con el fin de que sea esta oficina la que
determine a cuál institución, por tener la carrera más afín, le
corresponde tramitar la solicitud de reconocimiento y equiparación,
siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos en el
“Reglamento del artículo 30 del Convenio de Coordinación de la
Educación Superior Universitaria Estatal”

Este Órgano Asesor considera, a tenor de las normas legales de cita,
que resulta incontrovertido el hecho de que tratándose del

reconocimiento y equiparación de títulos y grados emitidos por
universidades extranjeras, la competencia corresponde a las ya
indicadas universidades públicas de forma exclusiva y excluyente

No resulta entonces de interés para definir esa competencia si el
grado otorgado en el extranjero es de primer nivel (pregrado) o de
segundo nivel (grado), sino que el criterio determinante es si el
centro de enseñanza de educación superior extranjero es una
universidad o no, por cuanto la normativa existente es clara, concisa
y uniforme al respecto

Surge entonces la interrogante respecto a cuál centro de estudios
corresponde el reconocimiento y equiparación de títulos de pregrado
otorgado por instituciones de educación superior no universitarias -
tema precisamente consultado por el Consejo Superior de Educación -
por cuanto no existe en el ordenamiento nacional norma que así lo
indique

Como ya fue señalado, la Asesoría Legal de dicho Consejo concluyó
que esa labor corresponde, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 443 de la Ley N° 181 “Código de Educación”, a la Universidad
de Costa Rica, criterio que no se comparte, por los motivos que de
seguido se expondrán

El artículo en mención dispone

“Corresponde exclusivamente a la Universidad de Costa Rica, la
facultad de autorizar el ejercicio de profesiones reconocidas en el
país, así como las de conocer y resolver sobre incorporaciones
universitarias y reconocer equivalencias de estudios profesionales,
excepto en lo que se refiere a la Medicina, funciones éstas que
quedan a cargo del respectivo Colegio, de acuerdo con el párrafo final
del artículo 426, mientras la Universidad no establezca la respectiva
escuela

Estas funciones competen al Consejo Universitario, en el cual estará
representado el Colegio de Médicos y Cirujanos por medio de su
Presidente o de la persona que éste designe para casos especiales,
con todas las prerrogativas de que gozan los demás miembros.” (la
negrita no es del original)

Esta disposición se encuentra también textualmente contenida en el
ordinal 21 de la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica

De esta manera, se desprende que ambos artículos determinan como
competencia exclusiva de la UCR el reconocimiento de equivalencias
de estudios profesionales en un sentido amplio, es decir, sin
especificar si los estudios en cuestión fueron realizados en
universidades o cualquier otro centro de enseñanza superior ubicados
en el extranjero, motivo por el cual asumimos que la Asesoría Legal
del CSE estimó que la competencia de marras corresponde a esta
universidad

Al respecto, esta Procuraduría considera en primer término que el
articulado en mención debe ser necesariamente analizado a la luz de
los numerales 7 inciso 8) de la Ley Orgánica de la Universidad de
Costa Rica y 429 inciso 8) del Código de Educación, los cuales de
forma expresa disponen que la competencia de la UCR para realizar la
equivalencia se circunscribe a estudios, diplomas y títulos
profesionales otorgados por otras universidades

A tenor de lo dicho, y ante la convergencia existente, es necesario en
la especie aplicar un criterio restrictivo, en razón de que pareciera
haber sido la voluntad del legislador limitar la competencia en los
términos indicados en el párrafo anterior, por cuanto no se puede
desconocer que en esos artículos especificó que necesariamente los
estudios, títulos y grados a equiparar deben ser otorgados por otros
centros universitarios, siendo que si en los numerales 21 de la Ley N°
362 y 443 de la Ley N° 181 no fue esto indicado, nos atreveríamos a

afirmar que ello obedeció a una simple omisión, por cuanto no tiene
sentido que en un mismo cuerpo normativo se establezcan de forma
consciente dos disposiciones cuyos alcances resulten contradictorios y
divergentes entre sí. Valga acotar que se revisaron los antecedentes
legislativos de la Ley N° 362, y no se constató ninguna discusión
sobre este punto concreto. Con respecto a la Ley N° 181, se intentó
también estudiar sus antecedentes, pero el expediente no se
encontró en el Archivo de la Asamblea Legislativa ni en el Archivo
Nacional

Además, es de rigor indicar que a la fecha de promulgación de esas
leyes (26 de agosto de 1940 y 18 de agosto de 1944,
respectivamente) en Costa Rica únicamente se impartía la educación
superior en su modalidad universitaria, resultando así improbable que
los legisladores de la época contemplaran que la competencia
otorgada a la UCR incluyera la posibilidad de reconocer y equiparar
estudios, títulos y grados otorgados por centros de educación
superior que no fueran universidades. En definitiva, para delimitar
los alcances de los artículos en mención es pertinente considerar su
espíritu y finalidad, esto en estricto cumplimiento del ordinal 10 del
Código Civil, que dispone

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
ellas.”

En apoyo de lo manifestado hasta el momento, es preciso considerar
que en las Leyes de creación de las demás universidades estatales se
especificó que ellas podían reconocer y equiparar estudios, títulos y
grados otorgados por universidades extranjeras, excluyendo así
tácitamente los títulos otorgados por cualquier otro tipo de centro de


enseñanza superior, lo cual ciertamente confirma la intención de los
legisladores, a pesar del transcurso del tiempo, de limitar la
competencia de las universidades estatales en la forma expuesta

No se omite agregar que este Órgano Técnico-Jurídico considera que
las Leyes N° 4777, 5182, 6044 y 8638 en forma tácita derogaron
parcialmente los artículos 443 de la Ley N° 181 y 21 de la Ley N°
362, en cuanto disponen que “Corresponde exclusivamente a la
Universidad de Costa Rica (…) reconocer equivalencias de estudios
profesionales (…)” (la negrita y el subrayado no son del original), en
razón de que la competencia otorgada para realizar las
equiparaciones en forma exclusiva a la UCR, se extendió – como ya
fue demostrado – a las demás universidades estatales conforme éstas
se fueron creando

En suma, consideramos que no corresponde a la UCR, ni a ninguna
otra universidad estatal, reconocer y equiparar los estudios, títulos y
grados otorgados por centros de enseñanza superior no universitarios
extranjeros

Es de rigor acotar que en Costa Rica existen dos modalidades de
enseñanza superior: la Parauniversitaria y la Universitaria, por lo que
los estudios y títulos de pregrado de educación superior otorgados en
el extranjero que pretendan ser reconocidos y equiparados
necesariamente deberán ajustarse a alguna de estas dos
modalidades educativas. Consecuentemente, si estos títulos o
diplomas no fueron emitidos por universidades extranjeras, debe
determinarse que la institución de la cual provienen tenga una
naturaleza, requisitos de ingreso, y una duración de sus carreras
similares a las de nuestros centros de educación parauniversitaria,
por cuanto si no es factible constatar esa paridad, no se podría
afirmar que esos estudios, títulos o grados constituyen en nuestro


país parte de la educación superior, y por ende, es improcedente
realizar su reconocimiento y equiparación

Superado el anterior examen, y partiendo del hecho de que sí tienen
una naturaleza similar ¿corresponde a las instituciones públicas de
educación superior parauniversitaria realizar los reconocimientos y
equiparaciones? La respuesta definitivamente debe ser negativa
Nótese que dentro de los fines y funciones otorgadas a estas
instituciones en la Ley “Regula Instituciones de Enseñanza Superior
Parauniversitaria”, o en el Decreto Ejecutivo N° 30431 “Reglamento
de la Educación Superior Parauniversitaria”, no existe ninguna
disposición de la cual se desprenda que tal competencia les
corresponda o que al menos le pueda ser atribuida

Con motivo de lo apuntado, esta Procuraduría estima que por
competencia residual, y con fundamento en la reción citada Ley, le
debe corresponder al Consejo Superior de Educación, en su condición
de superior de esos centros educativos, ejecutar el reconocimiento y
equiparación de los estudios, títulos y pregrados emitidos por
instituciones de educación superior no universitaria extranjeras

En efecto, el artículo 4 de la Ley de marras indica que “El Consejo
Superior de Educación es el órgano, encargado de la creación,
supervisión y supresión de las carreras de educación superior
parauniversitaria, tanto oficiales como particulares, así como de los
planes de estudio, programas y perfiles de salida de los graduados,
de acuerdo con los reglamentos que dicte, todo conforme al Plan
Nacional de Desarrollo. (…)”, de lo cual resulta inequívoco que dicho
Consejo es a quien se ha encargado autorizar, dirigir y supervisar en
todos sus aspectos a la educación parauniversitaria, y en ese orden la
jurisprudencia administrativa emitida por este Órgano Consultivo ha
sido uniforme al reafirmar esas potestades. Entre otros, véanse los
siguientes dictámenes


“Ahora bien, hechas las anteriores consideraciones, y concretando al
extremo sometido a nuestro conocimiento, los Colegios
Universitarios, no obstante su autonomía (personalidad jurídica
propia y patrimonio) deben sujetarse a todas las regulaciones que en
materia educacional y de gobierno dicte el Ministerio de Educación
Pública, a través del Consejo Superior de Educación, y obviamente, a
las disposiciones normativas que regulan su creación y
funcionamiento

Quiere ello decir, que la vigilancia, inspección de las materias propias
de la problemática educacional (supervisión de programas, pruebas
de los educandos, informes relativos con los cursos, etc.) que ejerce
el Consejo Superior de Educación es válida no sólo de conformidad
con los principios doctrinarios que informan la materia, sino al tenor
de las disposiciones legales que regulan la creación y funcionamiento
de los referidos Colegios Profesionales

En otras palabras, las (sic) supracitados Colegios aun teniendo
competencia propia que la (sic) brinda su atonomía (sic) lo cierto es
que están sometidos, como entes estatales, y dada su especial
condición, a la ley de su creación y a las disposiciones reglamentarias
que regulen su modus operandi dictadas éstas últimas por parte del
Poder Ejecutivo o, en su caso, por el Ministerio de Educación, a través
del Consejo Superior de Educación. (artículo 2°, 4° y 15 de la Ley No
6541 de 19 de noviembre de 1980 y Artículos 35, 64, 65 y 69 de su
Reglamento).” Dictamen N° C-274-81, del 19 de noviembre de 1981
(la negrita y lo subrayado no son del original)

“(…) al Consejo Superior de Educación le corresponde la supervisión
de toda la variedad de aspectos relativos con las carreras y planes de
estudio que se llevan a cabo en los colegios universitarios, además de
la facultad que le confiere su Ley de Creación No 1362 de 8 de
octubre de 1951, para conducir la enseñanza oficial del país.”


Dictamen N° C-328-84 del 28 de octubre de 1984 (la negrita y lo
subrayado no son del original)

“Pese a eventuales y notorias diferencias en el régimen jurídico de
ambos tipos de instituciones parauniversitarias –sean públicas o
privadas-, debemos insistir en que indistintamente estemos ante un
Colegio Universitario o frente a una institución de Educación Superior
Parauniversitaria privada, entre dichos entes y el Estado se establece
una inexorable relación de tutela administrativa, que permite
mantener, en cierto modo, la unidad del Estado. Según hemos
indicado, en el caso de las instituciones de educación superior
parauniversitaria, esa relación es esencialmente de carácter técnico,
pues tales entidades deben sujetarse a todas las regulaciones que en
materia educacional y de gobierno dicte el Ministerio de Educación
Pública, a través del Consejo Superior de Educación, y obviamente, a
las disposiciones normativas que regulan su creación y
funcionamiento.” Dictamen N° C-92-2006 del 3 de marzo del 2006 (la
negrita y lo subrayado no son del original)

“(…) queda claro que en virtud de la relación de tutela administrativa
entre el Poder Ejecutivo, en este caso por medio del Consejo Superior
de Educación y los Colegios Parauniversitarios, este órgano colegiado
tiene injerencia en la materia educacional y de gobierno de los
segundos, así como competencia para dictar, obviamente, las
disposiciones normativas que regule su creación y funcionamiento,
los planes de estudio, programas y perfiles de salida de los graduados
de esos entes públicos menores. En estas materias, la injerencia del
Consejo Superior de Educación es amplia.” Dictamen N° C-108-2009
del 21 de abril del 2009 (la negrita y lo subrayado no son del
original)


En similar sentido se pronunció la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, en su voto N° 7900-97 de las 19:30 del 25 de
noviembre de 1997

“(…) a pesar de la independencia funcional y financiera de que gozan
por imperativo legal, dichas entidades públicas se encuentran ligadas
a la organización política por los enlaces jurídicos de la "tutela
administrativa", la cual crea una relación de derecho público entre la
persona administrativa mayor (Poder Central) y las personas
menores (entes descentralizados), relación ésta que, a su vez,
conserva y asegura la unidad indivisible del Estado. Tan es así que,
en virtud de esa tutela administrativa que tiene el Poder Ejecutivo
sobre los colegios universitarios, no obstante su autonomía, deben
sujetarse a todas las regulaciones que en materia educacional y de
gobierno dicte el Ministerio de Educación Pública, a través del Consejo
Superior de Educación, y, obviamente a las disposiciones normativas
que regulan su creación y funcionamiento.” (la negrita y lo subrayado
no son del original)

De este modo, y aplicando la máxima de “quien puede lo más, puede
lo menos”, si se considera que el Consejo Superior de Educación por
Ley es quien dirige plenamente la educación parauniversitaria, así
como que entre sus funciones está autorizar y supervisar los planes
de estudio y programas, es consecuente que también tenga la
potestad para realizar el reconocimiento y equiparación de los
estudios y títulos de pregrado emitidos por centros de educación
superior no universitaria que cumplan con los requisitos que fueron
señalados con anterioridad

En complemento de lo dicho, esta Procuraduría en el ya citado
Dictamen N° C-108-2009 señaló que el Consejo solamente es
incompetente para dictar actos, generales o concretos, que afecten
la administración de los recursos humanos y materiales de los


Colegios Parauniversitarios, lo que de ningún modo se infringiría si
dicho Órgano realiza la función ya indicada

Por último, consideramos atinente indicar que los artículos 4 inciso g)
de la Ley N° 1362 del 8 de octubre de 1951 “Creación del Consejo
Superior de Educación Pública”, y 4 inciso g) del Decreto Ejecutivo N°
14 del 31 de agosto de 1953 “Reglamento del Consejo Superior de
Educación”, no desvirtúan lo hasta aquí concluido. En su orden, tales
normas señalan

“El Consejo deberá conocer de


g) Las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes
y profesionales extranjeros que deseen estudiar o ejercer la docencia
en los institutos nacionales que no sean de la competencia de la
Universidad de Costa Rica, previos informes de los Directores
Generales de Educación a quienes compete la materia


“Para ejercer la dirección general de la enseñanza y la cultura, el
Consejo tendrá las siguientes atribuciones, de acuerdo con el artículo
4° de la ley


g) Resolver la equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y de
profesionales extranjeros que deseen estudiar o ejercer la docencia
en establecimientos nacionales, excepto cuando los títulos hayan sido
expedidos por entidades de tipo universitario, previo el informe de los
Directores Generales de Educación Pública


Si bien los numerales reción indicados disponen que corresponde al
Consejo Superior de Educación conocer las solicitudes de equivalencia
de estudios y títulos de estudiantes y profesionales extranjeros que
deseen estudiar o ejercer la docencia en los institutos nacionales que
no sean de la competencia de la UCR (es decir, como ya fue
ampliamente explicado, cuando provengan de instituciones de
educación superior no universitarias; además se recuerda que la
competencia de la UCR se ha hecho extensiva a las demás
universidades estatales), lo cierto es que estos preceptos no señalan
que únicamente pueda o deba conocer esas solicitudes, por lo que
consideramos que al no ser excluyentes, se deben complementar los
artículos mencionados con las facultades que se le otorgaron al
Consejo en el numeral 4 de la Ley “Regula Instituciones de
Enseñanza Superior Parauniversitaria”. De esta forma, es
improcedente limitar y restringir su competencia a realizar
únicamente reconocimientos y equiparaciones de estudios y títulos
relacionados con la docencia


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de utilizar el material indicado


Notas


iAsamblea Legislativa. Ley General de Administración Pública. Ley Nº 6227 del 02 de mayo de
1978. Publicado en Colección de leyes y decretos Año 1978 Semestre:1 Tomo: 4 Página: 1403

ii Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Servicio Consular. Ley Nº 46- A del 07 de julio de
1925. Publicada en Colección de leyes y decretos: Año: 1925 Semestre: 2 Tomo: 1 Página: 67

iiiPoder Ejecutivo. Organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de
Educación Pública. Decreto Ejecutivo Nº 38170 del 30/01/2014 Publicado en la Gaceta Nº 31
del 13 de febrero de 2014

ivMónica, M. & Arce, R. (2005). Acreditación internacional: el caso de la agencia de
acreditación canadiense CCPECEAB en las universidades costarricenses. Revista Electrónica
“Actualidades Investigativas En Educación”, 5 (Número especial), p.p. 4-5

Ministerio de Educación Pública. Dirección de Asuntos Jurídicos. DAJ-002-C-2014 de
3 de febrero de 2014
Ministerio de Educación Pública. Dirección de Asuntos Jurídicos. DAJ-065-C-2013
de 31 de julio de 2013
Ministerio de Educación Pública. Dirección de Asuntos Jurídicos. DAJ-065-C-2013
de 31 de julio de 2013
Procuraduría General de la República. Dictamen : 004 del 09/01/2012