EFECTOS CONTINUADOS

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Acto Administrativo

Palabras Claves: Caducidad, Acto Administrativo, Efecto Continuado, Reglamento, Omisión,
Decreto Ejecutivo, Nulidad Absoluta, Anulación, Impugnación. Tribunal Contencioso
Administrativo Sección II Sentencia 241-2012; Sección VI Sentencias 138-2013, 36-2014, 73-2014,
Sección VII Sentencia 21-2016 y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
Sentencias 10-2013, 100-2013, 46-2014, 65-2015, 86-2015

Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia. Fecha: 15/06/2016


Contenido


1. Caducidad del Actos Administrativo de Efecto Continuado y la
2. Caducidad de la Acción de Anulación del Acto Administrativo Omisivo 4
3. Interpretación del Artículo 40 del Código Procesal Contencioso


 4. Caducidad de la Acción de Anulación de Actos Administrativos de
Efectos Continuados como Excepción al Régimen de Impugnación del Acto
5. Efectos de la Declaratoria de Anulación del Acto Administrativo de
Efectos Continuados en el Año Comprendido Entre el Cese de los Efectos y
7. Impugnación del Acto Administrativo de Alcance General con Efectos


RESUMEN


El presente informe de investigación recopila doctrina y jurisprudencia sobre la
Caducidad del Acto Administrativo de Efectos Continuados, considerando los
supuestos normativos del artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo,
y el criterio externado por el Tribunal Contencioso Administrativo en sus Secciones
Segunda, Sexta, Sétima; y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda


NORMATIVA


El Plazo y la Anulación de Actos Administrativo de Efectos Continuados

Artículo 40

1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de
su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras
subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e
inaplicabilidad futura

2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso será de un año a partir
del día siguiente al cese de sus efectos


 DOCTRINA


Anulación del Acto Administrativo de Efectos Continuados

[P. 42]…La legislación vigente establece un plazo de un año para que la administración
pueda impugnar el acto absolutamente nulo en la vía judicial o administrativa. Artículo
175.- El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía
administrativa o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su
comunicación. Tratándose de actos de efectos continuados, el plazo se computará a
partir del cese de sus efectos. (Así reformado por el artículo 200, inciso 7) de la Ley N°
8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo). (Asamblea
Legislativa, 1978)

[P. 43] Con salvedad de los actos con efectos continuados –es decir, que poseen
efectos permanentes en el tiempo- que podrán ser impugnados mientras duren sus
efectos, según el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo: Artículo
40.- 1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos
de su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras
subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e
inaplicabilidad futura. 2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso
será de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos. (Asamblea Legislativa,
2006)…


JURISPRUDENCIA


1. Caducidad del Actos Administrativo de Efecto Continuado y la
Legitimación para Solicitar su Anulación

Voto de mayoría

VI. Carece de fundamento y debe ser rechazada la argumentación de la parte actora en
punto a considerar que le asiste legitimación para formular el presente proceso, en
razón de que el acto impugnado es de efecto continuo y ha seguido surtiendo efectos
en el tiempo hasta el momento, al punto de que con base en dicho acto, el gobierno
Alemán les ha negado a los actores la nacionalidad de dicho país. En primera instancia
la argumentación de la actora confunde los temas de caducidad del plazo para
demandar, con la legitimación activa para ser parte en un proceso contencioso
administrativo. El análisis respecto de la naturaleza de un acto administrativo en

cuanto a sus efectos instantáneos o continuos, resulta esencial a los efectos de
determinar el plazo para demandar y la existencia de caducidad de la acción, conforme
a las regulaciones contenidas en los artículos 39 y 40 del Código Procesal Contencioso
Administrativo, sin que sea válido considerar que en razón de que el acto
administrativo impugnado -según la tesis de la actora- es un acto de efecto continuo
viciado de nulidad absoluta, se encuentran legitimados para interponer el presente
proceso. La legitimación para demandar en ésta materia se encuentra regulada en el
artículo 10 del Código de rito el que en su inciso a) dispone entre otras hipótesis, que
estarán legitimados para demandar quiénes invoquen la afectación de intereses
legítimos o derechos subjetivos, siendo que conforme lo dicho en el Considerando
precedente, en el presente caso, los actores carecen de dicha titularidad. En segundo
término, la posibilidad de que los efectos de un derecho puedan ser trasladados a
terceros inter vivos o mortis causa (como en el caso de herederos, cesionarios o
legatarios, pensiones alimentarias, reconocimientos de paternidad, entre otros),
resulta posible sólo en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico de manera
expresa lo permite, pero no respecto de derechos fundamentales como lo es el
reconocimiento de la nacionalidad. En éste sentido, resulta improcedente el
argumento esgrimido por la representación de los actores al contestar la audiencia de
contraprueba, en el sentido de que los derechos denominados de la personalidad se
extinguen respecto de la persona que fallece, pero no en cuanto a terceros que, de
alguna forma hayan devengado o puedan derivar un derecho o una ventaja o
desventaja de los actos realizados en vida por el occiso, siendo que existe una falta de
legitimación ad causam activa para que los actores figuren como demandantes en éste
proceso […].”


2. Caducidad de la Acción de Anulación del Acto Administrativo Omisivo

Voto de mayoría

“IV. Concuerda este Tribunal con los argumentos esgrimidos por la Jueza Tramitadora,
únicamente, en los términos que se dirán. En el caso en estudio, con excepción del
requerimiento para remover la parte de la torre que aún se encuentra en el inmueble
del co-actor PeñarandaSegreda (pues la otra parte fue retirada el 14 de febrero de
2012), las pretensiones de ambas demandas giran en torno al cobro de daños y
perjuicios por las afectaciones materiales, físicas y sicológicas padecidas, según los co-
accionantes, desde el año de 1998, producto de una actuación material del ICE y de
una conducta omisiva del Estado. En otras palabras, se requiere el pago de una
indemnización originada en la responsabilidad objetiva de la Administración. En la
medida en que el punto a dilucidar, como ya se adelantó, es el deber de reparación a
cargo de entidades que forman parte de la Administración Pública, debe utilizarse el


espacio prescriptivo que define el ordenamiento jurídico para supuestos de
responsabilidad administrativa, en concreto ha de acudirse al canon 198 de la Ley
General de la Administración Pública(LGAP), el cual establece: “El derecho de reclamar
la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del
hecho que motiva la responsabilidad (...)”. Con respecto al cómputo de ese plazo, si
bien la norma trascrita dispone su inicio desde que se produce el hecho dañoso, lo
cierto es que debe interpretarse tal determinación con arreglo a las circunstancias
particulares de cada caso, tomando en cuenta que pese el acaecimiento de tal hecho,
lo relevante es el momento a partir de cuando el damnificado tiene conocimiento de
que una conducta específica es la productora de la lesión antijurídica. En esta línea
puede consultarse la sentencia de la Sala Primera no. 456-F-2007 de las 14 horas 30
minutos del 2 de julio de 2007. Así las cosas, el inicio del plazo en cuestión está
determinado por dos elementos, a saber, el primero, de carácter objetivo, cual es el
hecho y conducta que genera la lesión; el segundo, subjetivo, relativo a la víctima,
establecido por el conocimiento sobre: 1) el resultado o daño, 2) la actuación causante
de este, y 3) a quien se le atribuye esa conducta. Sobre el particular, véase la
resolución no. 8-F-S1-2013 de las 9 horas 30 minutos del 17 de enero de 2013 de la
Sala Primera. Enla especie, según consta en autos, el señor Peñaranda Segreda
adquirió y empezó a habitar el inmueble, donde se encontraba instalada una torre de
alta tensión y líneas eléctricas trifásicas (desde vieja data, más de 20 años, no se
precisa fecha exacta), el 7 de julio de 1998. Apartir de esa fecha circunscriben los co-
actores el acaecimiento de los daños materiales y morales que pretenden le sean
indemnizados (como parte de las afectaciones enlistan: perdida de electrodomésticos,
cambios sicológicos, episodios depresivos, angustia, trastornos mixtos ansiosos
depresivos, insomnio, cansancio, dolores de cabeza). Ahora bien, el 7 de noviembre de
2011 y el 28 de mayo de 2012, respectivamente, interponen las demandas objeto de
este proceso. Anterior a tales fechas, valga resaltar, el 11 de agosto de 2008,
elaccionante Peñaranda Segreda gestionó administrativamente el traslado de las
estructuras en cuestión (no obstante, es hasta el 14 de febrero de 2012 cuando fueron
reubicadas las líneas trifásicas y removida una parte de la torre). Con vista en lo
expuesto, considera este Tribunal que, la responsabilidad administrativa por los daños
y perjuicios causados debió reclamarse desde el instante que se adquirió el inmueble
(1998), pues en ese momento la presencia de las líneas eléctricas y la referida torre
eran manifiestas, además, por tratarse del espacio temporal que marca el inicio de los
daños endilgados. En este sentido, contrario al criterio de los casacionistas, no resulta
procedente la tesis según la cual, el plazo de prescripción para exigir responsabilidad
debe computarse a partir de la cesación de los efectos de la conducta administrativa
que se reprocha. Efectos que, de ser ciertos, fueron tolerados durante años por los
aquí co-accionantes. La parte actora se encontraba en posición de reclamar la
indemnización, que hubiera considerado pertinente, desde el momento cuando
adquirió y habitó la propiedad (1998), el cual coincide con el inicio de los daños

pretendidos (según reprochan los co-actores), lo que no hizo, por mera tolerancia,
para efectos resarcitorios dentro de los cuatro años que consagra el mandato 198 de la
LGAP. Véase, los efectos materiales y morales de la actuación que se endilga al ICE se
sintieron desde 1998, por lo tanto, a partir de ese momento los co-accionantes tenían
expedita la acción para demandar la responsabilidad administrativa por los daños y
perjuicios ocasionados (configurándose así el elemento o requisito subjetivo para el
inicio del cómputo del plazo prescriptivo). Situación que aconteció hasta el 7 de
noviembre de 2011 y el 28 de mayo de 2012. Ante tal panorama, resulta evidente que
el plazo cuatrienal regulado en el mandato 198 de la LGAP trascurrió sobradamente
Por otra parte, interesa destacar que la prescripción puede ser interrumpida por los
actos a los que la ley les confiere ese efecto, tales como las gestiones extrajudiciales
para el cobro de la deuda o el cumplimiento de la obligación (canon 879 del Código
Civil) o bien el emplazamiento de la demanda, conforme lo previsto por el numeral
296, inciso a) del Código Procesal Civil, aplicable por remisión del precepto 220 del
CPCA. En el caso concreto, aún y cuando el señor Peñaranda Segreda presentó el 11 de
agosto de 2008 una gestión ante el ICE, tendiente al traslado de la estructura en
disputa (antes de esa fecha no se encuentra acredita ninguna acción en tal sentido),
para esa fecha los cuatros años en disputa también habían transcurrido, por lo que en
este supuesto también se encuentra prescrita la acción. Porúltimo, ha de recordarse,
que el instituto de la prescripción se funda en el principio de seguridad jurídica, como
herramienta para evitar estados de incerteza, debiendo concurrir varios elementos
para que se configure. El primero es el transcurso del tiempo fijado, cuatro años en
este caso. Debe sumarse la inercia del titular, quien teniendo la posibilidad de hacerlo
valer eficazmente, prescinde de ejercerlo en el lapso indicado. Asimismo, se requiere
de la voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, por medio de acción
o excepción. Circunstancias todas que, según se ha desarrollado, tratándose del cobro
de daños y perjuicios se encuentran presentes en el subjudice, lo que conduce a
rechazar las acusaciones que en ese sentido se formulan. Situación distinta ocurre con
el pedimento para remover la parte de la torre que aún permanece en la propiedad del
co-accionante Peñaranda Segreda, en torno al cual no se encuentra prescrita la acción
Tómese en cuenta, tal requerimiento se dirige contra una conducta omisiva de la
Administración, la cual, al tenor de los artículos 35 y 40 delCPCA puede ser impugnada
en vía judicial en cualquier momento mientras persista la omisión e incluso un año
después al cese de sus efectos. En el sub-lite, como se indicó anteriormente, el 14 de
febrero de 2012 a gestión de parte, el ICE reubicó las líneas eléctricas que se
encontraban situadas en el inmueble de don José Mario, así como, retiró parte de la
torre de alta tensión, empero, aún se mantiene en el terreno el otro fragmento (no
constan en autos prueba en contrario). A fin de lograr la remoción de esta última, se
reitera, de modo alguno de encuentra prescrita la acción. Por lo tanto, sobre este
aspecto deberá acogerse el recurso.”


 3. Interpretación del Artículo 40 del Código Procesal Contencioso
Administrativo

Voto de mayoría

“III. Debe aclararse, se entiende que en este reproche se está cuestionando la
caducidad de la acción declarada por el Tribunal, por lo que bien podría ser analizado
como un motivo de casación por el fondo; empero, no se aclara en el agravio, si lo que
se discute es la violación de normas procesales (numeral 137 del CPCA) o la lesión de
normas sustantivas (artículo 138 ibídem). Los preceptos que se citan son procesales y
en este apartado concreto, nunca se cita y analiza el ordinal 39 ibídem (caducidad de la
acción) que es el que correspondía cuestionar, según lo que se resolvió en el fallo del
Tribunal, cuando acogió la defensa de caducidad opuesta por el Estado. A pesar de la
informalidad indicada, este Tribunal estima necesario aclarar, aún cuando la defensa
de caducidad haya sido formulada al contestar la demanda y luego resuelta en la
audiencia preliminar en los términos de los numerales 66 y 90 inciso d) ejúsdem, ello
no es óbice para que la parte demandada o contrademandada, según sea el caso, la
pueda volver a alegar en el juicio oral y público, puesto que así lo permite el Código de
la materia, al indicarse en el artículo 67 lo siguiente: “ 1) No obstante lo señalado en el
artículo anterior, las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción y
caducidad podrán oponerse hasta antes de concluido el juicio oral y público…”. En todo
caso, a pesar de no haberse alegado, también pueden los jueces entrar a su análisis de
oficio, si se valora que esta se presenta en el caso concreto, máxime si esta es evidente
y manifiesta, debido a los efectos procesales que conlleva su existencia. Esto por
cuanto es uno de los presupuestos procesales, sin los cuales, se entiende, no puede
iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso. Es decir, como el resto de ellos, son
requisitos necesarios para interponer y tramitar, con eficacia jurídica, un proceso. Se
habla aquí de los requisitos de la demanda, la competencia del juez y la capacidad
procesal, pues, si el juzgador no es competente, si las partes carecen de capacidad
procesal y si el proceso no se inicia por medio de una demanda en forma, no se
constituye válidamente. Son indispensables para que el juzgador pueda emitir una
sentencia definitiva. Así, deben presentarse desde el inicio del proceso y subsistir
durante su tramitación. Su existencia ha de ser determinada aún de oficio por el juez,
ya que su ausencia produce la nulidad del proceso (sobre el particular se ha
pronunciado la Sala Primera en las resoluciones no. 000653-F-S1-2012 de las 9 horas
20 minutos del 31 de mayo de 2012 y no. 001523-F-S1-2012 de las 8 horas 10 minutos
del 20 de noviembre de 2012). También ha establecido la Sala Primera: “…es
importante destacar que, a diferencia de la prescripción, que puede ser renunciada
expresa o tácitamente, la caducidad de la acción no se encuentra sujeta al principio
rogatorio, y por ende, su análisis puede efectuarse de manera oficiosa. Esta constituye

un presupuesto esencial para que la controversia pueda ser conocida por los órganos
jurisdiccionales, ya que una vez traspasado ese umbral temporal, la acción mediante la
que se solicita la actuación e intervención judicial decae, dado que, incluso, es
irrenunciable para la parte. En este sentido, con la excepción contenida en el artículo
40 respecto de la inaplicabilidad futura de los actos cuyos efectos sean continuados, el
CPCA dispone un plazo máximo para incoar el proceso de un año, momento a partir del
cual la demanda resulta inadmisible, tal y como se consigna en el precepto 92 del
mismo cuerpo normativo…” (Sentencia 001426-F-S1-2012 de las 10 horas 10 minutos
del 23 de octubre de 2012). Por tal motivo, contrario a lo indicado por elcasacionista,
la defensa de caducidad puede ser analizada por el juez en cualquier etapa del proceso
(antes del dictado del fallo), incluso de oficio en casación por parte de este Tribunal o
la Sala Primera según sea el caso. Ello dice, más allá de que esta haya sido resuelta de
forma equivocada por el juez de trámite, lo cierto es que nada impedía que el Tribunal
la analizara nuevamente, ya sea de oficio o a petición de parte como sucedió en este
asunto. Así las cosas, el cargo ha de ser rechazado

IV. Segundo. Acusa indebida aplicación de los preceptos 39 del CPCA y 175 de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP). A su entender, esos cardinales no
señalan, en forma expresa, la caducidad ni la prescripción de la acción como sanción
legal, en el caso de una demanda que se presente cuando ya haya transcurrido el plazo
ahí indicado, tan siquiera de oficio ni por costumbre. Aduce, esa es la correcta
interpretación que debe darse a esa norma al tenor de su contenido. Cuestiona, si se
analiza bien el texto de ambos artículos, se observará cómo, en ellos, no se indicó qué
tipo de sanción debería de aplicarse, no aparecen los términos “caducidad” ni
“prescripción” en sus textos. Así las cosas, considera, el Tribunal erró al decretar una
caducidad y una inadmisiblidad de la demanda con base en dichos preceptos, pues
hizo una errónea interpretación de esa normativa, en contraposición con lo dispuesto
por los mandatos 39, 41, 42, 49 y 56 de la Constitución Política, puesto que se está
negando al administrado el derecho a un juicio, el acceder a la justicia, a ejercer su
defensa, conseguir la reparación de cualquier daño derivado de una resolución que lo
perjudicó. Además, agrega, se le cierra la oportunidad de discutir un asunto, donde no
existe cosa juzgada, porque el fondo no se resolvió nunca. Al mismo tiempo aduce la
inconstitucionalidad de tales normas

V. Aunque cumpla con citar los artículos atinentes al asunto, el alegato se presenta
más como una simple argumentación jurídica, omitiendo describir y decir cómo, en el
caso concreto, la sentencia aplica indebidamente el instituto de la caducidad de la
acción. En todo caso, se infiere, lo que pretende es cuestionar la constitucionalidad del
precepto 39 del CPCA, pero para ello debe acudir a la vía judicial correspondiente. Al
respecto, dice el canon 10 de la Constitución Política: “Corresponderá a una Sala
especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus
miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos

sujetos al Derecho Público…”. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala en el ordinal 49
“La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas de Casación: Primera, Segunda
y Tercera y la Sala Constitucional,… Los asuntos se distribuirán entre las Salas,
fundamentalmente por materias. Si no hubiere ley aplicable que regule la distribución
del trabajo o la competencia entre las Salas, la Corte decidirá el punto, mediante un
acuerdo que publicará en el Boletín Judicial”. Sobre la competencia de
constitucionalidad, refiere el numeral 57 de esta misma ley: “La Sala Constitucional
conocerá: 1… 2.- De las acciones de inconstitucionalidad…”. El precepto 4 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional estipula:“La jurisdicción constitucional se ejerce por la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la
Constitución Política…”. Finalmente el cardinal 73 ibídem, establece: “Cabrá la acción
de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las
originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna
norma o principio constitucional…”. Es con base en estas disposiciones, que el Tribunal
de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se encuentra
impedido constitucional y legalmente para declarar la inconstitucionalidad de una
norma o de una ley, ya que esta Cámara no es competente para ello. Por ende, ese
alegato formulado por la parte actora, debe ser invocado en la sede correspondiente
Pero nuevamente se indica, más allá de si el alegato carezca de precisión en la forma
cómo la sentencia le causó perjuicio; antes de su rechazo de plano por informal; y,
tomando en cuenta que el Código permite en este momento analizar el fondo del
asunto, se procederá a realizar algunas aclaraciones conceptuales. Para iniciar, resulta
indispensable referirse a la figura de la caducidad de la acción estipulada en el cardinal
39 delCPCA, pues al parecer, el recurrente desconoce sus efectos. La caducidad es una
causa extintiva de derechos. Afecta a derechos que la ley o la voluntad de particulares
concede con vida ya limitada de antemano para su ejercicio, por lo que se extinguirán
fatalmente cuando haya transcurrido el plazo. Opera pues, por el mero transcurso del
tiempo que le ha sido fijado, por lo que puede ser tenida en cuenta de oficio por el
juez. Así, la caducidad hace referencia a la duración del mismo derecho, de manera
que su transcurso provoca la decadencia o extinción y con ello la de la acción que del
mismo dimana. En la caducidad, desaparece la acción por haberse extinguido el
derecho, por el transcurso del plazo de duración que tenía fijado. Y es precisamente el
Código Procesal Contencioso Administrativo el que establece en la norma 39, el plazo
máximo para incoar el proceso contencioso y el momento a partir del cual inicia dicho
plazo. Así lo dispuso el legislador, estableciendo un plazo que limita en el tiempo el
derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción. De forma diáfana se
regula en ese artículo la caducidad de la acción en un proceso contencioso, entendida
esta como el lapso de un año (plazo general), para que sea gestionada la nulidad de un
acto administrativo, salvo que existiere una nulidad absoluta de efecto continuado,
pues en ese supuesto, el período de impugnación jurisdiccional se mantiene abierto, y
no empieza al correr el año, sino a partir del cese de los efectos lesivos (artículo 40 del

CPCA). En otros términos, el instituto de la caducidad supone que, luego del transcurso
de un año a partir de la conducta que se pretende impugnar, y salvo las excepciones
previstas al efecto (artículos 40 y 41 del cuerpo normativo citado) decae el derecho de
accionar en la vía contencioso administrativa. Es por todo ello que la norma es clara, ya
que no solo se titula “Caducidad del plazo para demandar…”, sino que además, define
que se debe entender por caducidad, cuando dice: “…El plazo máximo para incoar el
proceso será de un año, el cual se contará…”. Este artículo además, debe ser analizado
conjuntamente con la disposición 175 de la LGAP, pues en ella se confirma lo anterior
al decir: “El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía
administrativa o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su
comunicación…”. Esto no significa otra cosa que, si el derecho es ejercido fuera de ese
tiempo, el juez de trámite o de juicio deberá decretar la caducidad de la acción,
ordenando el archivo del expediente. Todo lo dicho se viene a ratificar con base en las
disposiciones 66, 67 y 92 inciso c) del CPCA, pues no solo se concibe a la caducidad del
derecho como defensa previa (si es evidente y manifiesta), sino que también se le
otorga la característica de defensa de fondo. Y en caso de ser acogida, no otra es su
consecuencia, que la de ponerle fin al proceso, al punto que el CPCA, en el numeral 92
inciso 6), le otorga la posibilidad al actor, de interponer el correspondiente recurso de
casación ante este Tribunal de Casación. Ergo, de toda la normativa citada, se extrae
con total claridad la consecuencia procesal que origina la caducidad establecida en el
cardinal 39 del CPCA. Por todo ello, el alegato debe ser desestimado.”


4. Caducidad de la Acción de Anulación de Actos Administrativos de
Efectos Continuados como Excepción al Régimen de Impugnación del
Acto Administrativo

Voto de mayoría

“III. Pese a lo confuso de los alegatos expuestos por la recurrente, se extrae del primer
cargo, se encuentra inconforme con la declaratoria de caducidad de la acción y por
ende inadmisibilidad de la demanda. El instituto de la caducidad supone que, luego del
transcurso de un año a partir de la conducta que se pretende impugnar, y salvo las
excepciones previstas al efecto (artículos 40 y 41 del cuerpo normativo citado) decae el
derecho de accionar en la vía contencioso administrativa. Entendido lo anterior,
procede a referirse si se aplicó correctamente la figura, tal y como lo consideró la jueza
tramitadora en la audiencia preliminar. En ese sentido, se analizarán los fundamentos
de la juzgadora, quien oralmente estimó: “… el Código Procesal Contencioso
Administrativo establece en el numeral 39 el plazo máximo para incoar el proceso
contencioso administrativo y el momento a partir del cual corre dicho plazo, este plazo
es una manifestación de la potestad de configuración normativa que tiene el legislador,
y que limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción

con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. (…) antes que nada resulta
fundamental aclarar que lo que se está discutiendo en el presente proceso no se trata
de derechos laborales, sino de una impugnación de una conducta formal de la
Administración cuyo procedimiento se regula específicamente por el CPCA, dicho lo
anterior, (…) teniendo claro que el plazo de caducidad aplicable es de un año, y que el
inicio del cómputo del mismo en este caso concreto sería el 04 de noviembre de 2009,
que es la fecha en que se le comunicó a la actora el acto final del procedimiento, es
decir, la resolución DG-1406-2009 de las 8 horas del 4 de noviembre de 2009 de la
Dirección General del Hospital Nacional de Niños, la cual le fue notificada ese mismo
día según se aprecia su firma de recibido a folio 221 del expediente administrativo, y
que la demanda se interpuso el 22 de noviembre de 2010, concluye esta Juzgadora que
sí ha trascurrido el tiempo permitido para interponer una acción contra el
procedimiento y el acto administrativo impugnados en este proceso y mediante el cual
se le suspende a la actora de sus labores por 8 días hábiles. Debe recordarse en primer
término que en el presente asunto no se discuten derechos de índole laboral, sino que
se está impugnando una conducta formal de la Administración por ende el régimen
aplicable es el estipulado en el CPCA, por otro lado en cuanto al tema de los daños y
perjuicios así como la pretensión referida al procedimiento administrativo que pide que
se inicie contra los funcionarios demandados, queda claro para esta Jueza que dichas
pretensiones son una consecuencia directa de la conducta administrativa que no fue
impugnada en tiempo, y por ese motivo resultan inadmisibles como también lo es la
impugnación del acto administrativo final, debe tenerse claro que por tratarse de una
actuación formal de la Administración, debidamente notificada a la parte, la regla a
aplicar es la del artículo 39 párrafo 1 inciso a), pues el artículo 40 que hace referencia a
los efectos continuados únicamente lo es respecto de conductas omisivas y no de una
actuación formal como la presente. Dicho de otra forma, existiendo un acto firme, que
dio por agotada la vía administrativa, y que fue debidamente notificado a la parte, ha
de aplicarse la regla del artículo 39 en tanto el efecto del acto, consiste en ordenar la
aplicación de la sanción de suspensión y ello no es un efecto continuado, sino que se
materializa en un momento concreto y claramente definido”

IV. En criterio de la recurrente, para el cómputo del plazo de caducidad de la acción se
debe partir de la fecha cuando solicitó a la Administración el inicio del procedimiento
disciplinario contra quienes la investigaron y denunciaron, es decir, el 28 de abril de
2010. Alega, el Tribunal integró la litis contra todas estas personas, considerando que
en la demanda, la actora solicita se ordene a la Caja a instaurar dicho procedimiento
contra quienes actuaron como denunciantes, testigos o sancionadores, en el proceso
que se le siguió. Por lo que concluye, si hizo la solicitud a la CCSS el 28 de abril de 2010
el plazo para interponer la demanda debía vencer el 28 de abril de 2011. Yerra la
recurrente en su apreciación. En primer lugar, obsérvese que la actora pide la nulidad
del procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra, el cual culminó en


el acto final no. DG-1406-2009 de las 8 horas del 4 de noviembre de 2009. Conforme al
canon 39 del CPCA el cual reza: “1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un
año, el cual se contará: a) cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día
siguiente de la notificación.”, Es decir, el plazo corre a partir de la notificación de aquel,
que fue el 4 de noviembre de 2009. Aunado a esto pidió, se instaurare procedimiento
contra quienes la denunciaron y se condene a la CCSS al pago de daños, perjuicios y
costas. Por lo que, a consecuencia de la segunda pretensión se hizo necesaria la
integración a la litis de estas personas, quienes obligatoriamente deben figurar en el
proceso ya que eventualmente la decisión judicial que por el fondo se adopte podría
afectarles. En suma, deberán hacerse presentes en resguardo del debido proceso y a
efecto de defender sus intereses. En consecuencia, a raíz de la pretensión segunda
expuesta en la demanda, era preciso integrar la litis contra dichos sujetos. Ahora,
estima esta Sala, lo anterior, no tiene vinculación con la caducidad declarada. El plazo
de caducidad, parte necesariamente de la notificación del acto formal cuya nulidad se
pretende, tal y como lo establece la norma supra citada y este fue notificado
personalmente el 4 de noviembre de 2009. No procede iniciar dicho cómputo, a partir
de la fecha de la solicitud de instauración del procedimiento administrativo gestionado
por la actora, -el 28 de abril de 2010-, por cuanto la admisión de dicho proceso es una
eventualidad y sus efectos son independientes del proceso ya tramitado, en tanto es
una potestad de la administración, no un derecho consolidado de la actora. Pretende
la parte recurrente asemejar la ausencia del procedimiento por ella gestionado con
una conducta omisiva de la Administración y con ello perpetuar el plazo para incoar la
demanda. Sin embargo, la Caja no está en la obligación de acatar la gestión planteada
por la recurrente, si no encuentra mérito para ello, por ende, el no acatamiento de
dicha gestión, no constituye una conducta omisiva de la CCSS. Obsérvese que para que
se este en presencia de omisiones administrativas debe existir un incumplimiento de
una obligación administrativa preexistente – impuesta por el ordenamiento jurídico-
que produzca una lesión antijurídica al administrado o al interés público, la cual
represente una disfunción administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización
jurisdiccional a efecto de superar sus efectos antijurídicos. En este caso, la apertura de
dicho procedimiento para sentar eventualmente responsabilidades contra quienes la
investigaron y denunciaron, solo podía lograrse por dos vías: 1) Que la Caja decidiera la
apertura por su propia convicción, lo cual no ocurrió. 2) Por orden judicial ante la
declaratoria de nulidad del procedimiento seguido en su contra, estado al que no se
llegó, al declararse inamisible la demanda de plano. Por las razones antes expresadas,
no se está en presencia de una conducta omisiva de la Administración y siendo que lo
impugnado del fue una conducta formal, el cómputo del año parte de la notificación
acto administrativo final el cual fue notificado el 4 de noviembre de 2009, y conforme
a ello la demanda se encuentra caduca. En razón de lo anterior, procede declarar sin
lugar el agravio.”


 5. Efectos de la Declaratoria de Anulación del Acto Administrativo de
Efectos Continuados en el Año Comprendido Entre el Cese de los Efectos
y la Acción de Anulación

Voto de mayoría

V. Ahora bien, en lo que toca a las peticiones de revisión de legalidad de conductas
administrativas, en lo que se refiere al aspecto temporal para formular la acción, ha de
distinguirse entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta. De igual manera, en el caso
de la invalidez de grado absoluto, ha de discriminarse entre la patología de actos de
efecto instantáneo y las de conductas de efecto continuado, lo que incluye las
omisiones administrativas. En el caso de los actos de efecto instantáneo, sea que se
trate de una nulidad absoluta o una relativa, el ordinal 39 del CPCA, señala que el plazo
máximo para formular el proceso judicial que busca la declaratoria o constitución de
disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, es de un año, computado a
partir de los diversos supuestos que ese inciso primero relata. De estimarse la
patología reclamada, en el caso de la nulidad relativa, la conducta se suprime hacia
futuro, a fin de que no siga surtiendo efectos. En la nulidad absoluta, a la luz del
ordinal 171 LGAP y 131 CPCA, la declaratoria de invalidez tendrá efecto retroactivo, lo
que supone la inoponibilidad jurídica de los efectos materiales que el acto ha
producido desde el inicio de su eficacia y vigencia hasta la supresión en sede judicial o
administrativa. Luego de ese año, la impugnación de las conductas públicas solo es
posible en los actos que padezcan nulidad absoluta –no de grado relativo-, pero que
sean de efectos continuados, pues de ser de efecto instantáneo, el plazo fatal es de un
año. Igual tratamiento se da a las omisiones administrativas, siendo que la indolencia
pública es de efecto perenne en tanto no se adopte la acción material o formal que es
debida. Tal tratamiento es regulado por el ordinal 40 del CPCA. En esos casos, si la
acción anulatoria se produce dentro del año posterior al inicio de eficacia del acto
absolutamente nulo de efecto continuado, la declaratoria de nulidad será de efecto
retroactivo, sin embargo, si la acción se formula después de ese año, la nulidad será
dispuesta únicamente para la inaplicabilidad futura del acto, lo que implica la
consolidación –legalmente cohonestada- de los efectos que esa conducta produjo
antes de esa supresión. En lo concreto del caso que se analiza, la accionante refuta la
defensa de caducidad considerando que el plazo para formular el proceso es de 4
años, aplicando el ordinal 41 del CPCA. Tal posición no es compartida por este cuerpo
colegiado. En efecto, en el marco de las pretensiones establecidas en esta causa, la
actora busca en lo relevante: ""1- Se declare que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz
asumió las obligaciones estipuladas en el contrato descrito en el hecho 1 de la
demanda. 2- Se declare que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz incumplió la entrega
de 25 caballos de fuerza al dar por terminado el contrato en agosto del año dos mil diez


siendo el mismo vigente hasta el 25 de noviembre del dos mil once (fue corregida para
tener por fecha correcta 25 de diciembre del 2011) y además había sido suspendido
por el oficio DSC1715-97 del 31 de julio de 1997. En consecuencia, deberá la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz cumplir con el plazo que resta de contrato, es decir 15 meses
adicionales de entrega de 25 caballos de fuerza más el período de dos años en los
cuales dicha planta no estuvo en operación. En caso de no estar en capacidad de
cumplir con la entrega de los 25 caballos de fuerza deberá indemnizar a la suscrita
conforme a los términos contractuales de la escritura transcrita en el hecho primero
(...)" Si bien se mira, en rigor, las pretensiones deducidas en esta causa se direccionan
a establecer un efecto que lleva a desconocer o al menos combatir el contenido del
oficio SEE-215-2010 del 27 de abril del 2010, emitido por la Sucursal de Escazú de la
CNFL, en el que se da por concluido el plazo de concesión de 99 años, luego corregido,
en cuanto a la falta de acompañamiento del análisis legal que le dio sustento, por la
resolución No. SEE-240-2010 del 11 de mayo del 2010. En esas actuaciones, como se
ha señalado, la CNFL comunicó a la accionante que los 99 años de concesión fenecían
el 02 de agosto del 2010, y la concesión por 50 años venció el 02 de agosto de 1961
Desde ese plano, esos actos constituyen una manifestación expresa de la voluntad
administrativa respecto de la vigencia de los derechos que ostentaba la promovente
respecto de la concesión de suministro de hidro electricidad, señalando de manera
directa la fecha de su vencimiento. Ante ello, con la comunicación del segundo acto en
el mes de mayo del 2010, al amparo del ordinal 140 y 141 de la LGAP, surge la facultad
de la destinataria de esas actuaciones de establecer las sendas reclamatorias o de
impugnación que llevaran a fijar la invalidez de esas decisiones públicas. Es con esa
puesta en conocimiento que se encuentra en posibilidad de ejercer los recursos
administrativos o jurisdiccionales para concretar lo que considera son sus derechos en
el ámbito de aquel contrato. Dado el régimen jurídico aplicable para la fecha de
adopción y posterior firmeza del acto, el régimen de cuestionamiento en esta sede de
esa conducta es de un año, al amparo del ordinal 39 del CPCA. Nótese que si bien las
pretensiones no buscan de manera directa, en su tenor gramatical, la supresión por
invalidez de esas resoluciones, lo cierto del caso es que el efecto de lo pedido se
contrapone al contenido de esos actos, de suerte que no podría accederse a lo pedido
sin antes disponer la nulidad de esas conductas. De esa manera, en el fondo, se critica
en la demanda el criterio de la CNFL, que da por vencidas las concesiones en las fechas
señaladas. Véase que incluso la gestionante busca que se declare que ese ente público
incumplió el contrato de concesión al darlo por terminado en agosto del 2010 y que
cumpla con lo que ella considera es el resto del plazo aplicable. Ello, con claridad,
pretende oponerse al criterio expresado por la CNFL en esas resoluciones, lo que
implica juzgar sobre la invalidez de ese criterio. En esos términos, siendo que el plazo
para cuestionar la validez de esas conductas es de un año -y no de 4 como afirma la
demandante-, a la luz del ordinal 39 del CPCA en relación con el canon 175 de la LGAP,
debe acogerse la defensa de caducidad respecto de estos extremos. Lo anterior dado

que del análisis del expediente se desprende que pese a que el último acto en que se
comunica la fecha de vencimiento de las concesiones es del 11 de mayo del 2010, la
demanda objeto de análisis fue incoada hasta el 16 de julio del 2012, es decir, más de
dos años posteriores a que la accionante se encontraba en posibilidad objetiva de
plantear las acciones judiciales en defensa de lo que estima es su situación jurídica
tutelable. Empero, al formularse la demanda fuera del espacio temporal señalado,
estima este cuerpo colegiado, ha caducado su derecho de acción frente a esas
conductas públicas. Esta caducidad declarada abarca no solamente lo relacionado con
la fecha de vencimiento de la concesión de 99 años, sino además la de 50 años, siendo
que en esas mismas actuaciones se señaló que esta última feneció en agosto de 1961,
aspecto que, se insiste, pudo haber combatido en su momento oportuno. Ergo, debe
acogerse la defensa de caducidad en cuanto a lo que ha sido objeto de análisis


6. Impugnación de Reglamentos

Voto de mayoría

IX. En adición a lo anterior, en lo específicamente relacionado con la impugnación de
reglamentos, es necesario recordar que éstos poseen una naturaleza dual, pues al
mismo tiempo son actos y fuentes normativas

1. En cuanto actos, resultan directamente cuestionables por las mismas razones que
podría serlo cualquier otro, cuando el vicio alegado tenga, si se quiere, un "carácter
instantáneo" (a pesar de que la vigencia del reglamento en sí se prolongue luego en el
tiempo). Por ejemplo, si al momento de su emisión, el órgano colegiado autor del
reglamento no reunía el quorum de ley. En estos casos, justamente por virtud de las
exigencias de seguridad y certeza jurídicas que inspiran el instituto de la caducidad, la
impugnación directa estará condicionada a que la demanda se presente dentro del año
posterior a la fecha de su publicación (artículos 37 inciso 1, y 39.1. b del Código
Procesal Contencioso Administrativo), vencido el cual, la acción habrá precluido.-

2. En cuanto normas, los reglamentos resultan atacables en función de su contenido
(es decir, lo que dispone su articulado), en dos escenarios distintos

a) Impugnación indirecta: por vía del cuestionamiento de un acto de aplicación
individual. Aun cuando el texto reglamentario no haya sido atacado dentro del año
indicado en el punto anterior, puede volver a serlo cuando se pretenda la anulación de
un acto individual de aplicación de su contenido (artículo 37 inciso 3 del CPCA). En esta
hipótesis, el plazo de caducidad para el cuestionamiento del reglamento va atado al
del acto impugnado.-


b) Impugnación directa: cuando el reglamento de interés sea auto aplicativo (es decir,
cuando resulte obligatorio inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de
otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado), será
directamente cuestionable en cualquier momento, mientras esté en vigor. En efecto,
tal como se ha resuelto previamente (por ejemplo, en las sentencias N° 262-2011-VI y
52-2012-VI de esta misma Sección Sexta), las normas reglamentarias, por su propia
naturaleza, surten sus efectos de manera continua mientras estén en vigencia, motivo
por el cual su cuestionamiento no puede caducar mientras ellas estén en vigor y la
parte accionante pueda acreditar que cuenta, al menos, con interés legítimo para tales
efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 inciso 2 del CPCA. En este punto,
cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 40 del citado
Código, es posible impugnar los actos administrativos mientras subsistan en el tiempo
sus efectos continuados o bien, como máximo, un año a partir del día siguiente al
momento en que dichos efectos hayan cesado


7. Impugnación del Acto Administrativo de Alcance General con Efectos
Continuados (Decreto Ejecutivo)

Voto de mayoría

VII. Sobre la defensa previa de caducidad de la acción anulatoria. El INDER y el Estado
alegaron la caducidad de la acción anulatoria que se pretende contra varias normas de
los decretos impugnados, lo cual fue apoyado por los coadyuvantes pasivos y el
tercero con pretensiones propias. En lo medular, los accionados que la gestionan
sostienen que las normas cuestionadas, a saber, los Decretos Ejecutivos No. 25296 del
24 de junio de 1996 y el No. 29956, de 22 de marzo de 2001, son actos administrativos,
por lo que la acción anulatoria debió de ser ejercida dentro del plazo del año que, para
tales efectos, señalan los artículos 175 de la LGAP y el numeral 200 inciso 7) del CPCA,
y conforme a los cuales, la anulación se pide de forma sobradamente extemporánea
Por su parte, la asociación demandante manifiesta que, de conformidad con los
Convenios 107 y 169 de la OIT, se está frente a un derecho humano y la propiedad
indígena es imprescriptible. Por ende, dice, la acción no está caduca. Una vez
analizados los argumentos de todas las partes, el Tribunal estima que la defensa previa
alegada es improcedente por las siguientes razones. En el presente asunto, estamos
frente a la impugnación de actos administrativos de carácter general que , en principio,
está condicionada a que la demanda se presente dentro del año posterior a la fecha de
su publicación(artículos 175 de la LGAP y numerales 37 inciso 3, 39.1.b y 200 inciso 7)
del CPCA). No obstante lo anterior, cabe recordar que este tipo de actos de alcance
general, por su propia naturaleza, surten sus efectos de manera continua mientras
estén en vigencia, motivo por el cual, es criterio de este órgano colegiado que esa
posibilidad no puede caducar mientras ellas estén en vigor y la parte accionante pueda

acreditar que cuenta, al menos, con interés legítimo para tales efectos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 inciso 2) del CPCA (ver en sentido similar, la sentencia
número 262-2011-VI y 052-2012-VI, ambas dictadas por la Sección Sexta de este
Tribunal, a las 14 horas 50 minutos del primero de diciembre del 2011 y de las 7 horas
30 minutos del 22 de marzo del 2012, respectivamente) . En este punto, cabe recordar
que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 40 del CPCA, es posible impugnar
los actos administrativos de alcance general, mientras subsistan en el tiempo sus
efectos continuados, por lo que, el plazo máximo para interponer el proceso será de
un año a partir del día siguiente al cese de aquellos. Eso sí, la acción será únicamente
para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura. Aunado a lo anterior, insistimos
que en los supuestos de normas de aplicación automática -como en este caso-, no se
requiere de un acto de aplicación individual para impugnarlas, en virtud de que
resultan obligatorias inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras
normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado. Pues bien,
estimamos que la asociación demandante tiene, al menos, un interés legítimo, en la
impugnación de estos decretos en tanto, estima, que le son lesivos y conculcan su
propiedad privada. Además, se trata de normas que surten sus efectos perviven de
manera continuada mientras estén en vigencia. Por lo expuesto, el Tribunal rechaza la
defensa de caducidad planteada por la representación del INDER y el Estado, e ingresa
al análisis de las pretensiones formuladas por la demandante


8. Artículos 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo

Voto de mayoría

VI. En virtud de la conexión entre el primer y segundo cargo, se procederá a analizarlos
conjuntamente. Ambos giran, en lo medular, en torno a la aplicación de los artículos 39
y 40 del CPCA, toda vez que, alega, los hechos descritos en su demanda evidencian una
nulidad absoluta y no relativa, cuyos efectos todavía subsisten, por lo que la norma
aplicable es el precepto 40 y no el 39. Sobre el particular, conviene advertir que el
canon 39 ibídem, no limita su aplicación a circunstancias de nulidad relativa, como
parece entenderlo el recurrente, pues abarca toda conducta de la Administración
Pública, contra la cual sea posible ejercer la pretensión, conforme lo dispuesto en el
cardinal 36 de ese cuerpo normativo. Desde esa perspectiva, los citados numerales 39
y 40, lo que hacen es regular el momento a partir del cual corre el plazo de caducidad
de la acción. Así, independientemente de la naturaleza de la nulidad que se reclama, el
proceso debe ser interpuesto dentro del primer año, contado desde la notificación o
publicación del acto o desde que cesen sus efectos, posibilitando se declare su nulidad
con carácter retroactivo. El cardinal 40 complementa lo anterior, permitiendo se
impugnen conductas (activas u omisivas) absolutamente nulas de efectos continuados,


pero únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura; lo cual se deberá hacer
mientras estos subsistan o bien dentro del año posterior a su cese. Del mismo modo, el
canon 175 de la LGAP hay que entenderlo bajo esas reglas del CPCA, que lo reformó, y
unificó el plazo de impugnación de la nulidad absoluta con lo dispuesto en los referidos
artículos 39 y 40 del Código de Rito. En consecuencia, no lleva razón el recurrente, en
cuanto pretende circunscribir la aplicación del precepto 39 del CPCA, únicamente a
aquellas situaciones donde solamente sea factible la nulidad relativa


9. Impugnación de Decreto Ejecutivo

Voto de mayoría

“V. Conforme a la tesis del coadyuvante activo, lo dispuesto en el Transitorio III del
CPCA no resulta aplicable a los decretos, toda vez que, según aduce, esa norma se
refiere únicamente a actos administrativos contra los cuales puedan interponerse los
recursos dispuestos por la LGAP, de ahí que su impugnación, no pueda sujetarse al
plazo de caducidad de dos meses dispuesto por la LRJCA. El Transitorio de cita
establece que: “El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en
la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la
legislación vigente en ese momento”. Dicha norma no se refiere con exclusividad a
cierta categoría de actos administrativos. Por el contrario se trata de una disposición
abierta, referente a actos a los cuales solo deslinda en términos de tiempo, limitando
la aplicación normativa correspondiente, a aquellos que hayan quedado firmes antes
de la vigencia del CPCA, sin que medie alguna otra calificación. De tal forma, siguiendo
lo dispuesto en el numeral 121 de la LGAP, no existe discusión en cuanto aque los
decretos son actos administrativos de alcance general, de ahí que, según los términos
del Transitorio III del CPCA, la impugnación de cualquier decreto que hubiese quedado
firme antes de la vigencia de la nueva normativa procesal contencioso administrativa,
se rige por la LRJCA, según la cual, el plazo para impugnar dicho acto es de dos meses
(canon 37 LRJCA). Ahora bien, resta, de acuerdo a lo anterior, determinar la fecha de
vigencia del acto impugnado, punto respecto del cual, la Sala Primera ha indicado: “Es
aceptado doctrinariamente, así lo recoge la legislación costarricense que, el acto
administrativo que afecta la esfera jurídica de los administrados, sea eficaz hasta que
le sea notificado al destinatario. Por ello, es dable expresar que según se trate de actos
de carácter general o individual, su vigencia se supedita en los primeros, al momento
de la publicación, -tal como sucede con los Decretos y ordenanzas, entre otros-; en los
segundos al instante de su notificación, -en aquellos actos concretos destinados a
determinado sujeto-. En el ordenamiento jurídico patrio, la regla general se encuentra
en los preceptos 140 y 334 de la LGAP, que a la letra disponen: 140. “El acto


administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado, excepto si
le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte”

334. “Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida comunicación al
administrado, para que sea oponible a éste”. (Resolución 1070-2009, de las 11 horas
50 minutos del 16 de octubre de 2009) En el caso de estudio se está ante un Decreto,
acto administrativo de alcance general, el cual, fue publicado el 6 de junio de 1986,
fecha a partir de la cual resultó eficaz. De tal suerte, el período de caducidad debe
computarse a partir de esa fecha, llevando razón el Tribunal al establecer que,
conforme al numeral 37.1b de la LRJCA, la posibilidad de impugnarlo, caducó a los dos
meses calendario desde su publicación, esto es, el 6 de agosto de 1986, lo cual obliga
al rechazo del cargo, ya que el plazo para su impugnación, estaba totalmente vencido
En cuanto al alegato referente a la existencia de efectos continuados, razón que en su
criterio justificaría la aplicación del precepto 40 del CPCA, en primer lugar, debe
acotarse, como se indicara con anterioridad en este considerando, por virtud del
Transitorio III del CPCA, no se está ante un supuesto de aplicación de ese cuerpo
normativo. No obstante, se agrega, el reclamo tampoco es de recibo, en tanto el acto
de interés, no causa efectos continuados. En efecto, al momento de su dictado, 2 de
junio de 1986, el Decreto Ejecutivo no. 17023-MAG, constituyó la “Zona Protectora
Tivives”, incidiendo en consecuencia en el régimen jurídico de 1193 hectáreas del
proyecto “Salinas II”. Tal afectación surtió efectos en forma inmediata, razón por la
cual, no cabe el reproche en cuanto a que sus efectos sean continuados, toda vez que
no se está ante una afectación reiterada, sino ante un supuesto de permanencia en el
tiempo, característico de los actos de alcance general

VI. En la segunda censura, el casacionista reprocha, se dejó de aplicar el mandato 40
del CPCA. Dice, los actos administrativos absolutamente nulos, son susceptibles de
impugnación mientras subsistan sus efectos continuados, incluso dentro del año
siguiente al cese de sus consecuencias. En opinión de este órgano decisor, conforme a
lo expuesto en el considerando V, en los términos del Transitorio III del CPCA, la
impugnación del Decreto Ejecutivo no. 17023-MAG, debía realizarse dentro de los
parámetros dispuestos por la LRJCA. De tal suerte, el precepto 40 del CPCA no resulta
aplicable a la especie, por lo que la casación resulta inútil. Sin perjuicio de lo anterior y
a mayor abundamiento de razones, sobre el plazo para interponer la demanda, con
base en la legislación vigente al momento cuando quedaron firmes los actos
cuestionados, la Sala Primera en reiteradas oportunidades abordó el tema, indicando
al respecto que: “…de conformidad con los artículos 19 y 37 incisos 1 y 2 de la LRJCA,
tratándose de actos concretos el administrado contaba con dos meses a partir de su
notificación y de un año cuando hubiesen sido actos presuntos por silencio
administrativo. Por otra parte, que el artículo 175 de la LGAP contempla un plazo
excepcional de cuatro años para cuando lo cuestionado es la nulidad absoluta del
acto”. (Fallo 1087-2011 de las 8 horas 50 minutos del 8 de agosto de 2011). Así las

cosas, aún en el supuesto de que el acto impugnado hubiese resultado absolutamente
nulo, el plazo para interponer la demanda, sería el de cuatro años, dispuesto en su
momento por el numeral 175 de la LGAP, en tanto el precepto 40 del CPCA, de
acuerdo a la disposición transitoria de cita, no resulta aplicable al caso de examen,
lapso que, en todo caso, también se cumplió sobradamente, puesto que la demanda
fue presentada en junio de 2010.”


10. Impugnación de Decretos y Reglamentos

Voto de mayoría

de apelación formulado por la parte actora no tiene la fuerza jurídica o virtud de anular
o revocar la sentencia recurrida. Las alegaciones generales del primer escrito de
apelación no son de recibo. Las afirmaciones de que el A Quo concluyó que por el solo
hecho de haberse publicado el Decreto Ejecutivo impugnado 17023-MAG era válido y
eficaz, y/o que la sentencia lo validó por el solo transcurso del tiempo a partir de esa
publicación, se rechazan por infundadas, toda vez que eso no fue lo resuelto sino otra
cosa, en esencia: "...que conforme lo establecía el numeral 175 de la Ley General de la
Administración Pública, vigente al momento de los hechos y de la presentación de la
demanda, el plazo para impugnar un acto administrativo absolutamente nulo o
calificado como tal es de 4 años sin distinción, ya que la norma no discrimina entre un
acto general con efectos normativos (decreto o reglamento) ni uno concreto, por lo que
este plazo debe aplicarse sin distinción a la naturaleza del acto, no siendo de recibo lo
indicado por el actor de que mientras se prolonguen en el tiempo los efectos el acto
puede impugnarse, ya que este es un elemento que incorpora el CPCA y sus reformas a
partir de su entrada en vigencia, no siendo aplicable a los casos precedentes, (...) Por
ende siendo que el decreto impugnado comenzó a regir a partir del día 03 de junio de
1986 tal y como se definió en el considerando precedente, el plazo de cuatro años para
impugnarlo por parte del actor vencía en fecha 03 de junio del 1990, por ende siendo
que el accionante presenta el proceso para solicitar la nulidad absoluta del citado acto
hasta el día 30 de marzo del año 2006, se tiene como caduca la acción para plantear la
demanda de nulidad del acto y los consecuentes efectos de esta, en tal sentido se
acoge la excepción opuesta por el estado, declarándose la caducidad del
proceso". Consecuentemente se desestima, por inconducente, en razón de lo anterior,
el reproche de omisión de análisis de los demás elementos esenciales del acto
administrativo, o bien, que la sentencia se dictó sin un análisis más profundo sobre el
tema de la validez del acto mismo, o también, por no haberse avocado a valorar sus
argumentos - por el fondo- sobre la ilegalidad del acto. Los alegatos de que el A Quo
olvida que los actos absolutamente nulos no pueden ser saneados ni convalidados, aún


por el transcurso del tiempo y/o que un acto inválido nunca podrá ser eficaz y así lo
sanciona nuestro ordenamiento, se desestima, por lo siguiente: La interpretación que
esgrime el apelante consiste, básicamente, en que el Transitorio III del CPCA se refiere
a los actos que quedan firmes en la vía administrativa, sea a los actos susceptibles de
recursos en dicha sede y no a los de alcance general con efectos normativos –como el
Decreto Ejecutivo 10023-MAG, aquí impugnado-, pues como contra el mismo no caben
recursos administrativos no queda firme en sede administrativa, y como surte efectos
de manera continua, su impugnación directa, por razones de nulidad absoluta, en la
vía jurisdiccional, no caduca, y por ello resultan aplicables, imperativamente, en su
criterio, al presente caso, las nuevas disposiciones del CPCA, particularmente su
artículo 40. El Tribunal respeta mas no comparte dicha interpretación, por lo siguiente
La tesis de base esgrimida no ha sido absoluta ni permanente en el tiempo, en nuestro
ordenamiento jurídico. Veamos: Cuando solo existía el Código Civil, regía su artículo
837 que establece, que

La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe,
cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen: y no
puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso de
tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. (subrayado suplido)

De lo cual se deduce, contrario sensu, que puede subsanarse por un lapso de tiempo
igual o mayor a diez años. Cuando se promulgó la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (LRJCA), # 3667, en el año de 1966, en su artículo 21, se
estableció, lo siguiente

"1. No se admitirá la acción contencioso-administrativas respecto de

a) Los actos consentidos expresamente *, los que sean reproducción de otros anteriores
ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y *(La Sala
Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular de este inciso la
frase cuyo texto decía "o por no haber sido recurridos en tiempo y forma", por
considerarla inconstitucional.)

b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la
judicial

2. En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a)
del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos
pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura."

Consecuentemente, supuesta una nulidad absoluta, respecto de los actos de efectos
continuados, no procedería la caducidad de la acción. Sin embargo, cuando se
promulgó la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en el año 1978, se

arbitró un plazo de caducidad especial para impugnar esos actos, que es precisamente
el contenido en el artículo 175 de la LGAP - vigente al momento de los hechos y de la
presentación de la presente demanda-, que señalaba

"Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto
absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se apliquen al
respecto los plazos normales de caducidad ".(subrayado suplido)

Esta norma, que es posterior a la promulgación de la LRJCA, que no distingue, por
cierto, entre actos concretos o generales, vino a fijar un límite a la potestad del
administrado que en este último cuerpo legal no se había previsto. Siendo este el
régimen de impugnación y plazo de caducidad existente y vigente y por ende aplicable
hasta el 1 de enero del 2008, en que entró en vigencia el CPCA. El Decreto Ejecutivo
10023-MAG, se publicó y la demanda contra el mismo se presentó, estando vigente
este régimen de impugnación y plazo de caducidad de la acción. Consecuentemente, si
bien contra dicho Decreto no caben recursos administrativos y desde este punto de
vista cabe aceptar que tampoco queda firme en sede administrativa, sin embargo, eso
no desmerece el hecho de que aún siendo un acto de efectos continuados, su
impugnación directa, por razones de nulidad absoluta, en la vía jurisdiccional, estaba
sujeta, para el momento de los hechos y presentación de la demanda, a un plazo de
cadudad, de 4 años, desde el día siguiente a su publicación, y por ello resultan
inaplicables, en este caso, las nuevas disposiciones del CPCA, particularmente su
artículo 40. En efecto no fue sino posteriormente, esto es, cuando se promulgó el
actual Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), Ley N° 8508 de 28 de abril
de 2006, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2008, en que, simultáneamente
con la derogación de LRJCA N.º 3667, de 12 de marzo de 1966, y su interpretación
auténtica, dada por la Ley N.º 4191, de 17 de setiembre de 1968, se arbitró un nuevo
régimen y plazo de caducidad especiales para impugnar esos actos, para lo cual se
reformó precisamente el contenido del citado artículo 175 LGAP, el cual ahora señala,

"El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa
o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación
Tratándose de actos de efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese de
sus efectos. (Así reformado por el inciso 7) del artículo 200 del Código Procesal
Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)"

Y simultáneamente se introdujo, el artículo 40, que señala, que

"1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de
su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras
subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e


inaplicabilidad futura. 2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso
será de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos."

Reestableciéndose así la posibilidad de que, supuesta una nulidad absoluta, respecto
de los actos de efectos continuados, no procede la caducidad de la acción, sino hasta
pasado el plazo de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos. Sin embargo,
como bien señala el A Quo, este es un elemento que incorpora el CPCA y sus reformas
a partir de su entrada en vigencia, no siendo aplicable a los casos precedentes, como el
presente, en razón de lo expuesto, siendo como lo son regímenes y plazos de
caducidad distintos y vigentes igualmente en momentos distintos. En modo alguno
coexistentes en el tiempo. Las alegaciones del segundo escrito de apelación tampoco
primer punto el apelante afirma, básicamente, que la publicación del Decreto 17023-
MAG -efectuada en la Gaceta 101 del 2 de junio de 1986- resulta absolutamente
ineficaz y solicita su anulación. En razón de lo cual, afirma, no le ha corrido plazo para
efectos de su impugnación. En sustento de lo cual, señala, esencialmente, que la Ley
Forestal 7032 publicada el 7 de mayo de 1986 - que reformó la Ley Forestal, No 4465
del 25 de noviembre de 1969 y sus modificaciones-, fue declarada inconstitucional y
anulada, por voto de la Sala Constitucional 546-90 de 22 de mayo de 1990, así como su
reglamento 16986-MAG, publicado el 30 de mayo de 1986, con efecto retroactivo al
momento de su promulgación, por lo que nunca produjeron efectos, lo cual significa -
en su criterio-, que la publicación del Decreto Ejecutivo 17023-MAG, bajo la citada ley
y reglamento resulta ineficaz, porque esta publicación se dio al amparo de una norma
inexistente, incapaz de surtir efectos jurídicos. Estos alegatos se desestiman, por
inadmisibles, porque los alegatos de nulidad de la publicación ahora deducidos, así
como la petición de declaratoria de nulidad en sí de la publicación del Decreto
Ejecutivo 17023-MAG, no formaron parte de las pretensiones formuladas y
alegaciones deducidas para fundamentar la demanda. Siendo improcedentes por
sorpresivas y novedosas. En todo caso se desestiman por improcedentes, toda vez que
la inconstitucionalidad declarada no tiene la trascendencia o alcances que aduce el
apelante, porque, si bien se mira, lo que se anuló y resultó ineficaz es la Ley 7032 y su
reglamento 16986-MAG, pero no la publicación en sí del Decreto Ejecutivo 17023-
MAG, -cuya impugnación se pretende-, toda vez que el voto de la Sala Constitucional
546-90 de 22 de mayo de 1990 no supuso, ni por asomo, la anulación de los artículos
121.1, 140, 141.1 y 240 de la LGAP, sobre publicación de un acto general; y en este
caso el Decreto Ejecutivo 17023-MAG - acto de carácter general-, se adoptó
cumpliendo el requisito de publicidad, al amparo de esas normas, existentes y eficaces
y de jerarquía superior a cualquier decreto o reglamento. Siendo esas normas y no la
ley 7032 ni el reglamento 16986, anuladas, las que regulan y amparan la publicación
del Decreto 17023-MAG; y con las cuales adquirió eficacia. Como quiera que sea, con
la anulación de la Ley 7032 y su reglamento No. 16986-MAG, recobró vigencia la Ley


Forestal -original-, No 4465 del 25 de noviembre de 1969, preexistente al 7 de mayo de
1986, bajo cuya cobertura se redacto y firmó el Decreto Ejecutivo 17023-MAG, del 6 de
mayo de 1986 (ver Decreto a folio 320 del principal), lo cual implica, que en la realidad,
su publicación no se dio al amparo y/o bajo la citada ley 7032 ni su reglamento 16986,
anulados. Siendo por ello inutil, por inconducente, el alegato de nulidad con
fundamento en que se publicó una cosa por otra, sobre la base de que cuando el
Decreto 17023-MAG, fue publicitado, el articulado y la numeración de la Ley N o 4465
original, bajo cuya vigencia se redactó el citado decreto, era totalmente diferente en
su contenido y numeración, con el de la Ley 4465, reformado por la Ley 7032
Consecuentemente se rechaza por improcedente la deducción de que la publicación
del Decreto 17023-MAG resulta ineficaz y/o nula y por ende que no hubiera nacido a la
vida jurídica, y consecuentemente, que no le hubiere corrido plazo para efectos de su
impugnación. Así como por inconducentes los reparos de omisión acusados, por
violación, por inaplicación, del citado voto de la Sala Constitucional y por ende, del
artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 8 de la Ley Orgánica del Poder
segundo el apelante afirma, en primer lugar, que por la ley 8508 que entre otras cosas
creó el CPCA, se derogó la LRJCA, de 1966, derogatoria que surtio efectos desde el 1 de
enero del 2008, en que entró en vigencia el CPCA. Por ende -aduce- al momento de
dictarse una sentencia en fecha posterior, aunque el proceso se haya iniciado con la
LRJCA, no podrían aplicarse los procedimentos de ésta, salvo en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que permitiere un transitorio. Este alegato se rechaza, por
improcedente, ya que el presente juicio fue interpuesto cuando estaba plenamente
vigente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 del
12 de marzo de 1966, conforme a la cual se ha tramitado y debe fallarse, por así
disponerlo el Artículo Transitorio IV del Código Procesal Contencioso Administrativo,
del 2006, pero que entró en vigencia a partir de enero del 2008, que literalmente
dispone

Los procesos contencioso-administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil
de Hacienda, interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de este
Código, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose, en todos
sus trámites y recursos, por las normas que regían a la fecha de inicio. Para tal efecto,
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda continuará con el
trámite de dichos asuntos hasta su finalización, y el Tribunal Contencioso-
Administrativo mantendrá las secciones que sean convenientes para conocer de las
demandas de impugnación previstas en los artículos 82 a 90 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en grado de las resoluciones que dicte el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.(Énfasis suplido)


Por lo expuesto, se rechaza el agravio. El apelante alega, seguidamente, que en el
presente caso hay que remitirse obligatoriamente al Transitorio III de la Ley 8508, pero
aplicándolo como dice el texto

“El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía
administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirán por la legislación
vigente en ese momento”

A contrario sensu -afirma-, si no son actos que queden firmes en sede administrativa,
procede aplicar, por imperio de ley, las disposiciones de la Ley 8508 que derogó y/o
reformó otras normas y creó el CPCA vigente. Señala, en esencia, que los actos que
pueden quedar firmes en sede administrativa, son aquellos susceptibles de interponer
contra ellos los recursos previstos en la LGAP; y que los actos ante los cuales no cabe o
no proceden los recursos administrativos, no quedan firmes en sede administrativa; y
que esta es la situación de un Decreto Ejecutivo, como lo es el Decreto 17023-MAG,
que en este proceso se impugna por nulidad absoluta, pues al momento de publicarse
no queda firme sino que entra en vigencia, empieza a regir, y para entonces no se
puede interponer contra él ningún recurso administrativo. Expresa: A- que los Decretos
como el aquí impugnado se dictan con fundamento en las facultades del artículo 140
constitucional, conjuntamente por el Ministro y el Presidente, por lo que es un acto
supra legal, pues tales facultades no están contempladas en la LGAP. B- Que contra los
Decretos no es susceptible interponer los recursos del Libro II de la LGAP y por lo tanto
quedan firmes en sede administrativa. C- Que una vez publicado al administrado sólo
le queda abierta la vía jurisdiccional para impugnarlo, con una acción de
inconstitucionalidad (en cualquier momento) o en la vía contencioso administrativa; y
en los casos de nulidad absoluta, como el presente, mientras esté produciendo
efectos, con base en el artículo 40 del CPCA. Afirma, de lo contrario habría que asumir,
según el criterio del A Quo, que un Decreto Ejecutivo viciado de inconstitucionalad, no
sería susceptible de ser anulado por la Sala Constitucional, por haber transcurrido más
de 4 años desde que se publicó, lo cual estima inconcebible. D- Que como actos de
alcance general, tienen vigencia a partir de su publicación, y el administrado no puede
saber si cada decreto que se publica le va a afectar algún día para entonces impugnarlo
en ese momento, siendo cuando se ve afectado por ese acto, que le interesa, como en
el caso presente, reclamar su nulidad absoluta. E.- Que en este caso, la presunta
eficacia del Decreto 17023-MAG se produce a partir de su publicación en la Gaceta; y
para ese momento no procede ningún recurso administrativo y solo le queda al
administrado la vía jurisdiccional para impugnarlo. Seguidamente transcribe un voto
del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, y señala que de esa
sentencia se colige que los actos que quedan firmes en sede administrativa son
aquellos contra los cuales es susceptible interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios de la LGAP, pero entratándose de un Decreto ese procedimiento no es
viable ni posible. Finalmente señala que el acto absolutamente nulo no se puede

arreglar a derecho por saneamiento ni convalidación (o sea que no se subsana la
nulidad absoluta por el transcurso del tiempo ni por modificar el acto), y por ende el
único remedio procesal es la declaratoria de nulidad; y que el Estado está obligado a
anularlo (arts. 172 y 174 LGAP). En resumen, el apelante argumenta, que dado que el
Decreto Ejecutivo 10023-MAG-no queda firme en sede administrativa, procede aplicar,
por imperio de ley, las disposiciones de la Ley 8508 que derogó y/o reformó otras
normas y creó el CPCA vigente. Asimismo, que una vez publicado, podía ser
impugnado, directamente, en la vía jurisdiccional, por razones de nulidad absoluta,
mientras esté produciendo efectos, particularmente con base en el artículo 40 del
nuevo Código. Los argumentos se rechazan, por improcedentes, por las razones arriba
señaladas (ver páginas 18 a 21 de la presente sentencia). A mayor abundamiento - y
sin perjuicio de lo expuesto-, del artículo 34 de la Constitución Política, se desprende,
como tesis de principio, que a las normas no se les dará aplicación retroactiva; es decir,
los efectos jurídicos que ellas despliegan han de correr hacia el futuro, no a casos o
situaciones pasadas. En relación, el precepto 129 Ibídem, estipula que su
obligatoriedad y eficacia se determina y precisa a partir del día que ellas designen o, en
su defecto, 10 días después de su publicación. De este modo, según se extrae del
susodicho canon 34, la aplicación retroactiva, eventualmente, podría darse; pero,
además, siempre y cuando no se afecten personas, derechos patrimoniales adquiridos
o situaciones jurídicas consolidadas. En esta inteligencia, tampoco procederían los
alegatos del apelante cuando intenta regirse por las normas del Código Procesal
Contencioso Administrativo, atinentes al nuevo régimen de impugnación y plazo de
caducidad, para sustraerse de las normas, especiamente del artículo 175 de la LGAP,
sobre el mismo tema, vigentes al momento de los hechos y presentación de la
demanda, en el presente proceso. Como sea, con respecto a la legislación aplicable a
los procedimientos y situaciones planteadas antes de la entrada en vigencia del CPCA,
se indica

"TRANSITORIO III.- El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes
en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la
legislación vigente en ese momento. TRANSITORIO IV.- Los procesos contencioso-
administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil de Hacienda, interpuestos
con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código, cualquiera que sea su estado
procesal, continuarán sustanciándose, en todos sus trámites y recursos, por las normas
que regían a la fecha de inicio. Para tal efecto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo y Civil de Hacienda continuará con el trámite de dichos asuntos hasta su
finalización, y el Tribunal Contencioso-Administrativo mantendrá las secciones que
sean convenientes para conocer de las demandas de impugnación previstas en los
artículos 82 a 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
en grado de las resoluciones que dicte el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y
Civil de Hacienda


Lo cual refuerza que la nueva Codificación no se aplica al caso concreto, sino, por el
contrario, la normativa sobre el punto vigente al momento de los hechos y
presentación de la demanda. Como ya adelantamos, el A Quo, estimó aplicable al
presente proceso el artículo 175 de la LGAP, No. 6227, del 02 de mayo de 1978 -en su
versión anterior a la entrada en vigencia de la Ley 8508-, que establecía

"Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto
absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se apliquen al
respecto los plazos normales de caducidad."

En lugar de la aplicación de ese mismo artículo reformado por el inciso 7) del artículo
200 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de
2006, vigente a partir del 1 de enero del 2008, y que ahora establece, que

"El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa
o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación
Tratándose de actos de efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese de
sus efectos."

Lo cual resulta procedente porque de acuerdo a la prueba, el acto en cuestión, Decreto
17023-MAG se publicó en la Gaceta 101 del 2 de junio de 1986, y el proceso mediante
el cual se impugna se presentó, por el actor, en fecha 30 de marzo del año 2006, vale
decir, estando vigente - y por ende aplicable-, el artículo 175 LGAP, en su versión
original y en modo alguno la reforma operada por el inciso 7) del artículo 200 del
Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006,
vigente - y aplicable- a partir del 1 de enero del 2008. El Código Procesal Contencioso
Administrativo (CPCA) es una norma procesal y como tal se aplica a todos los casos
desde su vigencia, salvo los casos ya iniciados - como el presente-, que en criterio de
esta Sección del Tribunal, tendrán que concluir con la normativa anterior. Tómese en
cuenta, en todo caso y a mayor abundamiento, que en las disposiciones transitorias de
dicho cuerpo normativo, el legislador no previó ni ordenó, que a los asuntos
contencioso administrativos iniciados, se les aplicará el artículo 175 de la LGAP,
reformado, ni el artículo 40 del CPCA, que vinieron a cambiar la situación. De ahí que
bien hizo el A Quo al aplicar, en este caso, la legislación sobre el régimen de
impugnación y plazo de caducidad vigente a la fecha de presentación de la demanda
Nótese, como ya adelantamos, que la eficacia de las normas es a futuro (artículos 34
de la Constitución Política y 129 ibidem) y en esa dirección, el artículo 129 citado
estipula que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen
a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial, y por
ende, el referido Código surtió efectos hasta el 1 de enero de 2008 por así disponerlo
el artículo 222 de esa normativa; amén de que conforme al inciso 7) del artículo 200
ídem fue que se reformó (a partir de su vigencia) el artículo 175 de la LGPA , siendo por


ello inaplicable en el presente proceso - como sesgadamente pretende el actor- pues
su existencia y vigencia no se dieron sino por la reforma expresa contenida en el inciso
7) del artículo 200 del CPCA), y por ende cuando el Código Contencioso Administrativo
entró en vigencia, no siendo sino a partir de tal reforma y momento en que perdió
existencia y vigencia el artículo 175 de la LGAP, en su versión normativa original. De
esta forma, se advierte que sus apreciaciones sobre la falta de aplicación alegada no
resultan correctas. SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN: En el punto
tercero y final, el apelante afirma, en esencia, que la sentencia incumple el artículo 155
del CPC; que el A Quo omitió referirse y acatar, obligatoriamente el Voto 546-90,
respecto del cual ya se había reclamado que habían sido declarados inconstitucionales
la Ley 7032 y su reglamento, el Decreto 16986-MAG; y que también ignoró el escrito
de la actora, presentado el 8 de marzo del 2012, 20 días antes de la fecha de la
sentencia ahora recurrida, en el que expone su interpretación del Transitorio III de la
Ley 8508 y un razonamiento amplio sobre el que un Decreto no es un acto que pueda
quedar firme en sede administrativa. Estos reparos se rechazan, por inútiles e
inconducentes, toda vez que se fundamentan en reparos de la misma parte ya
analizados y rechazados con anterioridad.”


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Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 8508 del veintiocho de abril de dos mil seis. Código Procesal
Contencioso Administrativo. Vigente desde: 01/01/2008. Versión de la norma: 4 de 4 del
25/02/2014. Publicada en: Gaceta No 120 del: 22/06/2006, Alcance: 38

ARROYO CHACÓN Jennifer Isabel. (s.f.). El Acto Administrativo en la Legislación
Costarricense. Universidad Estatal a Distancia (UNED). Páginas 42 y 43. Consultado el
15/06/2016


http://www.profesorajenniferarroyo.com/images/documentos/derecho/Administrativa/acto

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉTIMA. Sentencia 21 de las once horas
del veintiocho de febrero de dos mil dieciséis. Expediente: 15-004347-1027-CA

86 de las nueve horas con nueve minutos del seis de agosto de dos mil quince. Expediente: 11-
006216-1027-CA

65 de las diez horas con veintitrés minutos del diez de junio de dos mil quince. Expediente: 13-
002636-1027-CA

46 de las ocho horas con treinta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil catorce
Expediente: 10-004040-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 73 de las nueve
horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil catorce. Expediente: 12-
003641-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 36 de las nueve
horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil catorce. Expediente: 11-002216-1027-

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 138 de las diez horas
del diecinueve de noviembre de dos mil trece. Expediente: 10-000273-1028-CA

100 de las ocho horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil trece
Expediente: 11-007132-1027-CA

10 de las ocho horas con treinta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil trece
Expediente: 10-001739-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia 241 de las nueve
horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil doce. Expediente
06-000318-0163-CA