Los errores materiales y aritméticos en la función pública


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Función pública

Palabras Claves: Errores aritméticos, función pública, funcionario público

Fuentes de Información: Normativa y jurisprudencia. Fecha: 13/372017


Contenido
1. Consideraciones sobre el derecho de devolución de las sumas depositadas en el
2. Consideraciones sobre los procedimientos administrativos para modificar o
4. Restitución de dinero pagado de más ante error material de la Administración. . 9
5. Quebranto al principio alegado por sobrepasar límites para la corrección de


RESUMEN

El presente documento contiene normativa y jurisprudencia relacionada con el
tema de los errores materiales y aritméticos que pueden generarse en el ejercicio de la
función pública. Ello de conformidad con lo establecido por el artículo 157 de la Ley
General de la Administración Pública y lo relacionado con la jurisprudencia de los
tribunales contenciosos administrativos relacionados con el concepto y alcances de estos
errores


 NORMATIVA


1. Errores materiales y aritméticos

Artículo 157.-En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales
o de hecho y los aritméticos


JURISPRUDENCIA


1. Consideraciones sobre el derecho de devolución de las sumas
depositadas en el caso concreto

Voto de mayoría

“V. Sobre el derecho de devolución de las sumas depositadas. En la especie, de elenco
de hechos probados se tiene que dentro del procedimiento administrativo expediente
DJ-01-2010, la SUPEN emitió acto final mediante el oficio SP-916-2011, de las 13 horas
del 26 de abril del 2011, en el cual, impuso a la firma accionante una sanción
correspondiente una multa equivalente a 150 salarios base, calculada sobre el salario
base vigente en el año 2008 (¢227.000.00), para un total de treinta y cuatro millones
ciento cincuenta mil colones (¢34.050.000.00). En fecha 04 de mayo del 2011, la entidad
actora comunicó a la Superintendencia de la realización del pago de esa multa impuesta,
pago que fue realizado mediante el entero de gobierno No. 843849 D del 04 de mayo
del 2011, y en el que se consignó que fue hecho bajo protesta, dado que ese acto final
fue impugnado mediante los recursos administrativos ordinarios. Sin embargo, producto
de las medidas recursivas planteadas por las partes involucradas en ese procedimiento
administrativo, por acto SP-2469-2011, de las 12 horas del 13 de diciembre del 2011, la
SUPEN dispuso declarar la nulidad absoluta del citado oficio SP-916-2011 de las 13 horas
del 26 de abril del 2011 y ordenó enderezar las actuaciones emitiendo nuevamente la
resolución final del procedimiento administrativo ordinario. Como producto de esa
supresión, por oficio SP-2471-2011 de las 09 horas del 14 de diciembre del 2011, esa
autoridad administrativa impuso a la actora una sanción de 100 salarios base, calculada
sobre el salario base vigente en el año 2004 (que no al 2008 como fuese originalmente
dispuesto), para un total de ¢16.780.000.00 (dieciséis millones setecientos ochenta mil
colones). Ante esa nueva multa, menor a la satisfecha en fecha 04 de mayo del 2011,
mediante nota del 06 de febrero del 2012, el señor Juan Carlos Lara Povendano, en
representación del ente accionante, presenta nota en la que indica que dado que ya
previamente se había cancelado la suma de treinta y cuatro millones cincuenta mil
colones (¢34.050.000.00) y que la nueva sanción impuesta por medio del Oficio SP-
2471-2011 de las 9 horas del 14 de diciembre de 2011 era inferior, se tuviera por
cumplida, en tiempo y forma, y bajo protesta, la cancelación de la multa impuesta. Lo
anterior, sin perjuicio de establecer el reclamo administrativo correspondiente por la
diferencia de montos. Frente a esa gestión, por oficio SP-1518-2012 del 17 de agosto de
2012, la SUPEN le indicó al señor Juan Carlos Lara Povendano que luego de
conversaciones sostenidas con la señora Teresa Poveda, Subdirectora de la División

Jurídica del Ministerio de Hacienda, sobre la forma de proceder respecto del reintegro
del dinero, indicó que podía solicitar directamente el reintegro correspondiente al
Ministerio de Hacienda, por las diferencias señaladas. Luego de ese recuento, es
necesario establecer la procedencia de la devolución reclamada por la firma promovente
Sobre ese particular cabe destacar, la gestionante estima que el pago realizado el 04 de
mayo del 2011 es indebido, siendo que el acto que motivó ese pago fue luego declarado
absolutamente nulo. En ese sentido, es menester indicar que el pago indebido es aquel
que se realiza sin una causa legítima obligacional. En el pago indebido, lo determinante
es la inexistencia de una causa de base que imponga a un sujeto el deber u obligación
de cancelar a favor de otro que recibe ese pago, una determinada prestación económica
Es precisamente la ausencia de causa legítima, el aspecto determinante que hace que
quien recibe ese pago (de manera indebida) deba reintegrar o devolver esas sumas al
pagador. Cuando el pago ha sido recibido de mala fe, es necesario que el receptor no
solamente devuelva el pago, sino adicionalmente sus frutos, los que en tesis de inicio,
al tenor del ordinal 706 del Código Civil, serán los intereses legales, los que tratándose
de obligaciones cuyo régimen de rédito se regule por ese Código Civil, y salvo norma en
contrario, serán los previstos en el canon 1163 del Código Civil, sea, la tasa que cancele
el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo,
según la moneda de que se trate. Así se desprende del mandato 804 del Código Civil
que indica: "El que de mala fe recibe indebidamente un pago, está obligado a restituir
la cosa recibida, junto con los intereses o frutos desde el día del pago o desde que tuvo
mala fe. (...)" Cuando el pago fue recibido de buena fe, la obligación es la devolución
del principal depositado. Ahora bien, tal y como lo postula el ordinal 803 de esa misma
codificación, el que por error de hecho o de derecho, o por cualquier otro motivo, pagare
lo que no debe, tendrá acción para repetir lo pagado. No obstante, es claro que ante la
dinámica probatoria que dimana del artículo 317 del Código Procesal Civil (vigente a la
fecha), corresponde al pagador acreditar la realización del pago indebido, lo que supone
acreditar no solamente la realización de un pago efectivo, sino además, la inexistencia
de una obligación válida o legítima que sustente esa erogación, o bien, el error de hecho
o derecho que motivó ese pago. Tal derecho de reintegro emerge precisamente de la
inexistencia de causa obligacional (originaria o sobrevenida) y busca evitar la generación
de un enriquecimiento incausado, mediante el ejercicio de una acción que busca repetir
lo indebidamente pagado


VI.-La esencia entonces del pago indebido estriba en la ausencia de causa legítima que
establezca el vínculo obligacional que soporte la prestación económica. En la especie, la
SUPEN estima que no existe pago indebido pues fue la misma empresa petente quien
de manera voluntaria cumplió con la multa impuesta por el oficio SP-916-2011 de las 13
horas del 26 de abril del 2011, pese a que al 04 de mayo del 2011 (fecha de pago) no
estaba en firme, siendo que la accionante conocía de la formulación de recursos
ordinarios contra ese acto. Sobre ese aspecto, cabe indicar, ciertamente al momento de
producirse el pago, existía un acto administrativo final que imponía un deber de cancelar
por concepto de multas administrativas un correspondiente a 150 salarios base,
calculada sobre el salario base vigente en el año 2008 (¢227.000.00), para un total de
treinta y cuatro millones ciento cincuenta mil colones (¢34.050.000.00). Desde ese
plano, podría decirse que a ese momento, el pago no carecía de justa causa o causa
legítima, pues esa prestación era precisamente el contenido obligacional que derivaba
de esa actuación formal. Sin embargo, en la medida en que ulteriormente ese acto es


declarado en sede administrativa como absolutamente nulo y se ordena emitir
nuevamente acto final, se produce una circunstancia que hace que ese pago realizado
carezca de causa válida. En efecto, como se ha relatado, por acto SP-2469-2011, de las
12 horas del 13 de diciembre del 2011, la SUPEN dispuso declarar la nulidad absoluta
del citado oficio SP-916-2011 de las 13 horas del 26 de abril del 2011. Luego, por oficio
SP-2471-2011 de las 09 horas del 14 de diciembre del 2011, se impuso una multa
equivalente a ¢16.780.000.00 (dieciséis millones setecientos ochenta mil colones). La
supresión de un acto administrativo por vicios de nulidad absoluta (ordinales 128, 158,
165, 166 LGAP), tiene como efecto medular la inoponibilidad jurídica de los efectos que
esa conducta ha producido, de suerte que el cuadro efectual material (o jurídico) que ha
desplegado una conducta formal que luego ha sido declarada con ese grado de patología
sustancial, no puede ser respaldado por el Ordenamiento Jurídico. El artículo 171 de la
LGAP establece que la declaración (que no constitución) de la nulidad absoluta, tiene
efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto inválido, lo que engarza con el
tratamiento que en esa línea estatuye el ordinal 131 del CPCA. Lo anterior se sustenta
en que el acto absolutamente nulo no puede presumirse legítimo, ni puede ordenarse
su ejecución, tal y como se desprende de los cánones 146.3 en relación al 169, ambos
de la precitada LGAP, a la vez que no puede convalidarse ni sanearse (solamente procede
la conversión de acto de este tipo -art. 189 LGAP). Los actos de esta naturaleza se tienen
como inválidos desde la fecha de su emisión, salvo los casos en que la nulidad se
produzca por causas sobrevenidas (que no es el caso bajo examen), pues la deficiencia
que los caracteriza hace que el elemento patológico de ausencia de uno de los elementos
constitutivos de la conducta o la imperfección de uno de sus elementos que impida la
consecución del fin legal, se presenta desde la adopción misma del acto, ergo, son actos
cuyo vicio se produce desde la emisión misma del acto, de ahí que la acción anulatoria
no pueda ser constitutiva, sino declarativa, en la medida en que se dispone que el acto
fue emitido con esas deficiencias, lo que lleva a su supresión ex tunc -desde siempre-
Desde esta arista de planteamiento, el pago realizado en fecha 04 de mayo del 2011, lo
fue para dar cumplimiento voluntario al contenido de un acto que a la postre fue
declarado con nulidad absoluta, ergo, ese acto en concreto no puede tenerse como causa
legítima de dicha erogación. Por ende, ese pago en particular fue realizado sin contar
con el deber jurídico de realizarlo, producto de lo cual, es claro para este Tribunal que
acude a la accionante el derecho de reintegro o devolución que por medio de este
proceso judicial realiza. Para lo anterior no es óbice que el citado pago haya sido
realizado de manera voluntaria, sea, sin mediar acto formal de intimación o
requerimiento de pago por parte de la SUPEN o el Ministerio de Hacienda, como lo aduce
esa Superintendencia. Es criterio de este cuerpo colegiado, el cumplimiento voluntario
de la cancelación de las multas impuestas no suprime la inexistencia causa legítima de
esa erogación, pues esa conducta se adopta para satisfacer el contenido de un acto
administrativo final de contenido sancionatorio que imponía ese efecto. Supeditar el
derecho de reintegro a la existencia de acciones cobratorias lleva al ilógico de negar la
validez de los cumplimientos voluntarios de los administrados, entendiendo de manera
errada que la ejecución forzosa administrativa es presupuesto de base para que en casos
como el presente, quien pagó en acatamiento de un acto que así se lo imponía, para
evitar un mayor impacto financiero por el retraso en el cumplimiento de la obligación


impuesta, puede ejercer la acción de regreso cuando se determine la invalidez originaria
del acto que impuso la sanción. Es decir, la postura planteada implicaría la negación del
cumplimiento voluntario del obligado, sujetando esa satisfacción al necesario ejercicio
de la potestad de ejecución forzosa que regula el ordinal 146 y siguientes de la Ley No
6227/78 […].”


2. Consideraciones sobre los procedimientos administrativos para modificar
o suspender una condición migratoria ya otorgada

Voto de mayoría

“V. Sobre el caso concreto. Corresponde ahora examinar la legalidad de las resoluciones
de las 9 horas 12 minutos del 11 de noviembre de 2010 y 135-319224-Administrativa,
dictado las 14 horas 30 minutos del 21 de noviembre de 2011. El primer vicio que
reclama la actora es que esas resoluciones no le fueron debidamente notificadas. Sin
embargo, estimamos que tal alegación no encuentra cabida en el cuadro fáctico que se
ha tenido por acreditado. Veamos. La resolución No. 135-255469-2010-DGM-SVT-CMM
citada sí fue comunicada a la accionante el mismo 3 de agosto de 2010 a las dos de la
tarde con cuarenta y nueve minutos (folios 44 al 48 del expediente administrativo)
Aunado a lo anterior, lo cierto es que ella formuló recursos contra la citada conducta
formal, lo que refuerza que en ningún momento estuvo en estado de indefensión. El
acto 135-270982-Administrativa, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria,
también fue comunicado a la demandante el 2 de diciembre de 2010, según consta a
folio 57 del expediente administrativo. Finalmente, el acto 135-319224-Administrativa,
también fue comunicado al medio señalado para tales efectos, según se desprende de
los folios 53 en relación con el 66, ambos de la carpeta administrativo. Como segundo
aspecto, la actora reclama que el error cometido por la Administración no puede afectar
sus derechos humanos. Lo anterior dado que el Estado ha sostenido que la cédula de
residencia que se otorgó a la accionante fue un error material ya que antes le había sido
denegada tal solicitud. Afirma que la propia demandante era consiente del error, admitió
que la cédula le correspondía a otra persona y así lo hizo ver a la DGME. Explica que esa
irregularidad o error no puede generar ningún derecho porque ella no tenía ningún
estatus migratorio que sirviera de respaldo a esa cédula de residencia. Por tratarse de
un error material, afirma que puede ser corregido por la Administración en cualquier
tiempo, de conformidad con el artículo 157 de la LGAP. Pues bien, en este proceso se
ha tenido por acreditado que el 15 de noviembre del 2000 la DGME denegó a la actora
la solicitud de residencia permanente libre de condición; pero luego, el día 24 de ese
mismo mes año la misma DGME le confeccionó y otorgó a la señora Valle Alvarado la
cédula de residencia No. 003-RE-004596-00-1999 con vigencia hasta el 24 de noviembre
del 2001, documento que fue renovado por la DGME, al menos, hasta el 24 de noviembre
del 2003. Ese es el error al que refieren los representantes estatales en tanto esa cédula
no aparece respaldada por ninguna resolución que le conceda el referido estatus
migratorio. Lo primero que hay que definir, entonces, es si el otorgamiento (indebido)
de una cédula de residencia puede constituir un simple error material de los que se
pueden corregir conforme al artículo 157 de la LGAP, como pretende hacerse ver. Al
respecto, debe señalarse que, en efecto, la norma citada permite que, en cualquier
tiempo, la Administración pueda rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos que se cometan. No obstante, hay que entender que éstos son aquellos que

se caracterizan por ser notorios, obvios y de apariencia clara; es decir se evidencian por
sí mismos, sin necesidad de mayores razonamientos. Poseen una realidad independiente
de la opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas, porque
pueden observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente
administrativo y pueden rectificarse sin que se afecte la subsistencia jurídica del acto
que lo contiene. Es decir, es apreciable de manera directa y manifiesta, independiente
de cualquier juicio valorativo, constatable sin nueva apreciación jurídica. Es el error
evidente y simple, que no perjudica en esencia a las partes. Evidentemente, la potestad
que esta norma ofrece no resulta aplicable si lo que se pretende es una variación
sustancial de los elementos del acto administrativo o de la decisión administrativa
adoptada; ya que en estos casos, el ordenamiento jurídico establece procedimientos
específicos. Así, esta norma no se puede aplicar cuando se está frente a carencias o
insuficiencias de la decisión administrativa que supongan algún grado de invalidez, en
tanto no es posible confundir las rectificaciones materiales con la cancelación,
modificación, anulación o la revocación de actos favorables o declaratorios de derechos
Sobre el particular la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente: "Nótese que el oficio
impugnado se está fundando erróneamente, pues primero se dice que se hace con
fundamento en el artículo 157 de la LGAP ( Artículo 157.-

En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho
y los aritméticos) cuando evidentemente dicha norma no se refiere a actos declarativos
de derechos, sino que se trata de rectificaciones materiales y no de revocación."

(sentencia Nº 2011-001442 de la Sala Constitucional, lo destacado no es del original)
Ya en el caso concreto, no pone en duda el Tribunal la potestad de la DGME de corregir,
en cualquier tiempo e incluso en forma oficiosa, los errores materiales, aritméticos y de
hecho que afecten a sus conductas formales. El problema radica que, en el presente
asunto, no se está ante la corrección de uno de estos simples errores, como han
sostenido tanto la DGME como el Tribunal Administrativo Migratorio, sino ante una
cancelación o supresión de una cédula de residencia permanente, dado que fue otorgada
sin que existiera un respaldo para ello ya que no se había concedido a la accionante el
estatus migratorio que ese documento refleja. Como se observa, más que corregir un
error, se cancela, suprime o deja sin efecto un documento migratorio que beneficiaba a
la accionante porque, aparentemente, no se había dictado ninguna resolución migratoria
que le concediese ese estatus migratorio. Estimamos que la cédula de residencia
otorgada, aún en forma irregular, produjo efectos favorables a la demandante. Más aun
si se considera que su vigencia fue prorrogada en distintas ocasiones por la misma
DGME. No es cierto, como afirman los representantes del Estado, que fuera esa
dependencia la que detectara la situación irregular. En rigor, fue expuesta por la propia
accionante en abril del 2003 y no es junio del 2010 (esto es, más siete años después)
que la Oficina Regional de Puntarenas lo pone en conocimiento de DGME, quien
finalmente canceló la cédula de residencia en agosto del 2010. Para el Tribunal, si el
documento migratorio otorgado a la demandante no encontraba respaldo en ninguna
conducta administrativa que le concediera ese estatus migratorio y más bien, éste ya le
había sido denegado; no se está frente a un error material que se desprende fácilmente
del propio expediente. Más bien, estamos frente a una decisión que, en criterio de la
DGME, resultaba sustancialmente disconforme con el ordenamiento y su rectificación
afecta la subsistencia y realidad jurídica de aquel documento; aspecto que, por si solo,
elimina cualquier posibilidad de que estemos frente a un simple error material, como se
ha pretendido hacer ver por los representantes estatales. En este punto cabe aclarar a
la demandante que los derechos y situaciones jurídicas favorables sí pueden ser
anulados, revocados, cancelados o dejados sin efectos cuando así corresponda. Para


ello, es el mismo ordenamiento jurídico el que establece los diferentes procedimientos a
los que habrá de acudir la Administración concedente. Precisamente eso nos lleva al
siguiente agravio de la accionante, a saber las irregularidades en la tramitación y la
violación del debido proceso. De inicio, debemos señalar que para el momento en que
la DGME decidió cancelar la cédula de residencia que fuese concedida a la accionante,
sea, a partir de junio de 2010, el ordenamiento jurídico vigente en esa materia establecía,
con absoluta claridad, cuál era el procedimiento que debía seguirse en esos supuestos
En lo que interesa, la Ley de Migración y Extranjería No. 8764, de primero de marzo de
2010 en su artículo 13 inciso 17) establece como una función de la Dirección General,
cancelar, mediante resolución razonada, la permanencia legal de personas extranjeras
en el país, cumpliendo las normas del debido proceso. Es decir, el propio legislador
estableció que la cancelación de la permanencia legal de un extranjero debía estar
precedida por un procedimiento a efectos de tutelar derechos del afectado
Precisamente, el numeral 202 de la citada Ley establece que en los procedimientos
administrativos que tiendan a modificar o suprimir una condición migratoria ya otorgada
o, en general, que el acto final imponga obligaciones, suprima o deniegue derechos
subjetivos, la Dirección General deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas siguientes
que, al menos, garantizan el dictado de un auto inicial del procedimiento que satisfaga
los principios de intimación e imputación, que indique el objeto y los fines, el derecho
de acceso al expediente y la posibilidad de formular recursos en su contra (artículo 204)
También, un plazo razonable para el ejercicio del derecho de defensa, según se
desprende de los numerales 205 y 206 del mismo cuerpo normativa. En el caso de la
actora, su permanencia legal dependía de la cédula de residencia que la DGME le
prorrogó durante años; por ende, su cancelación debía respetar el debido proceso, al
menos, en lo dispuesto por las normas legales citadas. Sin embargo, no es posible derivar
de los autos el cumplimiento de ese cauce procesal. Más bien, se acredita que una vez
que la Oficina Regional de Puntarenas remite el expediente a la DGME, ésta sin cumplir
el procedimiento regulado y sin escuchar a la afectada, dictó la resolución 135-255469-
2010-DGM-SVT-CMM impugnada. No resulta de recibo el alegato del Estado referido a
que la propia actora sabía que esa cédula no le correspondía a ella. Nótese que la actora
se percata de la irregularidad en el número de cédula dos años después de que le haya
entregado, tiempo en el cual la utilizó como suya. Además, aunque lo hubiera sabido
desde el principio, lo cierto es que ello no afecta ni incide sobre los efectos favorables
derivados del otorgamiento y distintas prórrogas de la cédula de residencia en cuestión
que, insistimos, fue la propia Administración Migratoria quien la otorgó. Así, su
cancelación debió sujetarse al procedimiento regulado por la normaticva migratoria
Nótese que el efecto de la cancelación de cédula de residencia es, como la propia
conducta formal lo indica, que la actora abandone el país en un plazo de diez días hábiles
que es, precisamente, la consecuencia que establece el numeral 130 de la Ley No. 8764
para la cancelación de permanencia legal de los extranjeros en el país, lo que refuerza
la necesidad de haber cumplido con el procedimiento establecido para tales efectos. En
armonía con lo expuesto y de conformidad con los artículos 158, 165, 166 y 223 de la
LGAP, procede declarar la nulidad absoluta de la resolución 135-255469-2010-DGM-SVT-
CMM citada, por ausencia de uno de sus elementos formales (procedimiento), así como
por infracción a los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de
defensa. Asimismo, por conexidad, deberán anularse también los actos posteriores que
guarden relación de dependencia con aquéllos (numerales 164 inciso 1) y 186, ambos a
contrario sensu , de la LGAP; así como 122 incisos a y k del CPCA), lo que incluye la
resolución No. 135-270982-Administrativa, de las 9 horas 12 minutos del 11 de
noviembre de 2010 mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria planteado
contra la resolución que canceló la cédula de residencia (que ya ha sido invalidado); el
acto No. 135-319224-Administrativa, dictado las 14 horas 30 minutos del 21 de

noviembre de 2011, mediante el cual se emplazó a la accionante para ante el Tribunal
Administrativo Migratorio y la resolución No. 12-0083-TAM, dictada a las 13 horas 30
minutos del 3 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo Migratorio, mediante la cual
se declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la actora, en tanto resultan,
por las mismas razones, sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. De
conformidad con los artículos 171 de la LGAP y 131 del CPCA, esta declaración de nulidad
absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos
anulados, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. En razón de los
motivos que dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta del acto impugnado,
consideramos que resulta innecesario referirse al último motivo de nulidad que, respecto
de esta conducta administrativa, formula el accionante

VI.-La demandante pide, también, que se renueve su cédula de residencia Al respecto
ha de señalarse lo siguiente. La consecuencia lógica de la invalidez de la resolución 135-
255469-2010-DGM-SVT-CMM citada es que restablecer la cédula de residencia de la
accionante y, con ello, de su permanencia legal en el país. Sin embargo, la nulidad que
aquí se ha declarado lo ha sido por razones de forma, esto es, porque se canceló ese
documento y con ello la residencia legal de la accionante sin seguir el procedimiento que
el ordenamiento jurídico ha arbitrado para esos casos, sin prejuzgar sobre el fondo del
asunto. Por ello, lo correspondiente sería que la Administración Migratoria inicie, en el
plazo máximo de un mes el procedimiento correspondiente ha efectos de buscar la
verdad real de los hechos (artículo 190 de la LGME) y resuelva, en forma definitiva, sobre
la legalidad del documento de identidad otorgado a la actora y sobre su permanencia
legal en el país […].”


3. Concepto y características del error material, de hecho o aritmético

Voto de mayoría

“ IV. FONDO DEL ASUNTO […] Ley General de la Administración Pública al referirse a la
rectificación de los errores de este tipo indica: "Artículo 157: En cualquier tiempo podrá
la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.". Sobre
los alcances de dicho numeral, la Procuraduría General de la República, recoge, entre
otras las siguientes alusiones doctrinarias (dictamen C-116-2012, de 15 de mayo de
2012). En lo que se refiere al concepto del error material de hecho o aritmético, debemos
indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin
necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. En sentido similar
Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han dicho: "El error de hecho se caracteriza por ser
ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de
mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación ….Las
características que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho
o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la
opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo
lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente
administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica


del acto que lo contiene."(...)". Por su parte, Jesús González Pérez, citando
jurisprudencia española, ha indicado sobre el tema lo siguiente: "Los errores materiales,
de hecho o aritméticos…han sido caracterizados como aquellos que versan sobre un
hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio
particular o calificación…estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a
cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos
indubitados, valoración legal de la pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse" "(…)" . Es importante señalar además
que la firmeza del acto o su condición de declarativo de derechos (incluso en forma de
resolución administrativa como sucede al otorgarse el beneficio de la pensión y
cuantificar su monto) no limita la posibilidad de corregir sus errores materiales en
cualquier momento. En sentido similar, García Enterría ha dicho: "La rectificación de
errores materiales puede hacerse en cualquier momento, tanto de oficio, como a
instancia del administrado, como ha venido a aclarar una importante sentencia de 17 de
julio de 1987. En este último caso "la doctrina del acto consentido no tiene virtualidad
para impedir el juego del artículo 111, dado que éste, en su expresa dicción y con
fundamento antes señalado, nace precisamente con la finalidad de romper, respecto de
la Administración, la vinculación a los actos declarativos". Como puede observarse, el
error de hecho, material o aritmético es fácilmente detectable, tal que puede ser
enderezado en cualquier momento, si en el presente caso, la administración demandada
advierte la presencia del error, como aduce a partir de la recopilación de información de
varias fuentes, incluida la grabación del remate y procede a comunicar al actor su
existencia y necesidad de enmienda, esta aplicando lo que le faculta el artículo 157 de
la Ley General de la Administración Pública. Parece inferirse de la tesis de la aplicación
de la teoría del nudo consenso, según la cual a partir del acuerdo en cosa y precio se
perfeccionada la venta, pero en materia de contratación administrativa, se debe respetar
la regulación que según los particulares principios de esta materia, procede aplicar […].”


4. Restitución de dinero pagado de más ante error material de la
Administración

Voto de mayoría

“ VI. Coincide esta Sala con lo resuelto por el Tribunal. Tal y como se evidencia del
recuento hecho con anterioridad, es en el documento realizado por el Núcleo de Pagos
del 15 de noviembre de 2007, donde en virtud del estudio por revalorización de pensión,
se incluyó el rubro de prohibición, el cual, tal y como ha quedado demostrado (hecho no
controvertido), desde el año 2002 era un derecho del que el actor no podía gozar. Lo
que sucedió en este caso, es que la Administración efectivamente cometió un error, pero
no considera este Órgano decisor que sea de índole aritmético como lo señala el Tribunal,
más bien se está en presencia de un yerro material. El casacionista sostiene que con
dicha inserción, se le volvió a restituir el derecho; argumento que debe ser rechazado,
pues no es factible afirmar que lo que se le había suprimido años atrás mediante un acto
administrativo, pueda considerarse restituido por un error de la Administración, ya que
ha de aplicarse la premisa mayor del ordenamiento jurídico de que el error no genera


derecho. El artículo 157 de la LGAP establece: “En cualquier tiempo podrá la
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.”. Esto fue
exactamente lo que se hizo, una vez descubierto el error y corroborado que no se
estuviera causando un daño al administrado, se procedió a corregirlo y hacer la
revalorización de la pensión como correspondía. Véase incluso, que a folio 431 del
expediente administrativo, consta el Acta de la Audiencia Oral y Privada, allí el actor,
dentro de sus argumentos hizo la siguiente aseveración “que el estudio técnico contable
no genera efectos jurídicos”, ello evidencia, que don Mario Arias Solís, desde un inicio
tenía claro que la comisión del error por parte de la Administración, no le podía generar
un derecho subjetivo, pues desde su propio punto de vista, dicho acto no generaba
efectos jurídicos de ningún tipo. Ante esta situación, le llama la atención a esta Cámara,
que posteriormente y en su beneficio, alegue que la Administración le volvió a otorgar
el derecho de recibir un plus por prohibición. Entonces, si se tiene claro que el señor
Arias Solís, no debió recibir los ¢283,815.78 que se le pagaron de más, resulta evidente
que en este caso se dio un enriquecimiento sin causa. Ante este panorama, al haber
recibido un sobresueldo al cual no tenía derecho, lo que corresponde es que don Mario
Arias reintegre a la Administración, lo que por error se le consignó. No es aceptable el
razonamiento del demandante, relativo a que, actuó de buena fe, y por ende no es
posible hacerle el cobro. Ni siquiera sería factible en este caso aplicar lo dispuesto en el
numeral 171 LGAP que impone: “La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto
puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos
adquiridos de buena fe.”. En primer lugar, no se está en presencia de una declaratoria
de nulidad del acto que le hizo los sobregiros; ha de hacerse énfasis que este proceso
no es una lesividad, sino una demanda en donde el actor pretende la nulidad de los
actos que imponen la restitución del dinero pagado demás. En segundo término, aún y
cuando ese punto se pudiera obviar, tal y como se explicó líneas atrás, el accionante no
adquirió ningún derecho con la actuación de la Administración. Además, aunado a lo
anterior, ha de señalarse, que esta Sala no evidencia una actuación de buena fe por
parte de don Mario Arias. Ello en virtud, de que la diferencia salarial mensual por él
percibida para el año 2007, según el estudio técnico contable, fue para el primer
semestre de ¢258.494,93 y para el segundo, lo fue por ¢271.419,68. Son sumas
realmente altas, que no pasan desapercibidas por quien las recibe, mucho menos por
don Mario Arias, quien durante más de una década, según se evidencia de los autos, se
ha mantenido al tanto de solicitar las revalorizaciones de pensión año tras año. Ante este
panorama, llama la atención que al recibir sumas tan elevadas después de cinco años
de llevar una tendencia, el demandante no se haya cuestionado de dónde provenía el
excedente de esos montos. En la notificación que se le hizo sobre la revalorización, se
le aclara que puede revisar el estudio técnico mencionado; allí consta claramente la
inclusión del rubro de prohibición. Por ende, lo mínimo que se esperaría de una actuación
de buena fe, es que al saber que existía un acto administrativo, debidamente conformado
en el año 2002, en donde se le suprimió ese derecho, por lo menos
el casacionista hubiese acudido a la Administración y corroborara si no se estaba
cometiendo un error, pues él no había sido notificado previamente de que dicho plus
salarial se le hubiera reincorporado en su pensión. Ahora bien, resta indicar, como lo
dispuso el Tribunal que en nada interesa para la resolución del caso concreto, quiénes
fueron los funcionarios que participaron en el error material, y el haberlos llamado al
proceso administrativo o judicial, en nada hubiese variado la decisión final, puesto que
como se analizó previamente, el canon 157 de cita, faculta a la Administración a
enmendar sus errores. Así las cosas, no estima este Órgano decisor se hayan dado las
violaciones normativas alegadas, como tampoco una transgresión al derecho de defensa
y al debido proceso. Por ende lo que procede es rechazar sus agravios.”


 5. Quebranto al principio alegado por sobrepasar límites para la corrección
de errores materiales en monto de pensión

Voto de mayoría

Administrativo contiene el principio esencial que la Administración no puede ir en contra
de sus propios actos declarat orios de derechos subjetivos. Este principio tiene su
raigambre constitucional, al armonizar los artículos 11 y 34 de la Constitución Política
D e la conjunción de estas normas, se desprende que la Administración se encuentra
inhibida para anular o dejar sin efecto, total o parcialmente, en sede administrativa, sus
actos declaratorios de derechos subjetivos en beneficio de los particulares, salvo los
casos de excepción contemplados en la ley y conforme a los procedimientos que ella
misma señala al efecto. Esta imposibilidad de tocar esos actos ha derivado el concepto
doctrinal de la “intangibilidad de los actos propios”. La Sala Constitucional desde sus
resoluciones iniciales ha venido desarrollando esta doctrina e indicado lo siguiente
“Finalmente es necesario resaltar la limitación impuesta al poder público por los artículos
11 y 34 de la Constitución en relación con la posibilidad de anular o revocar
unilateralmente sus propios actos declarativos de derechos. En este sentido el principio
de los actos propios, en su vertiente de la prohibición a la Administración incluso de
hacerse justicia por mano propia, excluye de sus atribuciones la de revertir aquellos
actos mediante los cuales ha otorgado o reconocido derechos subjetivos a favor de los
administrados, con el fin de desconocer o anular estos derechos, salvo casos extremos
como los de revocación dentro de lo dispuesto en el artículo 155, y los de nulidad
absoluta, evidente manifiesta y previo dictamen vinculante, hoy de la Procuraduría
General de la República, conforme lo dispone el artículo 173, ambos de la Ley General
de la Administración Pública. En efecto, es un principio de rango constitucional derivado
entre otros del artículo 34 de la Constitución Política, que garantiza los derechos
adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.” (Sentencia 1635-90 de las 17:00
horas del 14-11-90). La Sala Constitucional le ha conferido rango constitucional a este
principio, al derivarlo del ordinal 34 de la Constitución Política, (Sentencias Nos. 2186-
94 de las 17:03 hrs. del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero
de 1995, 2006-013447 de las 10:06 del 8 de setiembre de 2006, 2004-14430 de las
11:09 del 17 de diciembre del 2004 y 2010-016314 de las 15:16 del 29 de setiembre de
2010.) Como consecuencia de este principio, la Administración no puede revocar o
modificar el acto que concede derechos subjetivos, es decir, está inhib ida de llevar a
cabo conductas que contradigan el derecho otorgado. Si el acto que concede derechos
subjetivos se encuentra viciado de nulidad, la Administración respectiva podrá acudir al
contencioso de lesividad para anularlo, o determinar si se encuentra frente a una nulidad
evidente y manifiesta, en los supuestos del 173 de la Ley General de la Administración
Pública ; en ese sentido la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente, en la sentencia
897-98 del 11 de febrero de 1998: “... a la Administración le está vedado suprimir por
su propia acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los
particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades
de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir
mayores garantías procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con
posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos,
está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea
por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene
para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad,

pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado,
o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la
vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo
dictamen de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la
República (como una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la
Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido
del todo o en parte... el principio de los actos propios determina como efecto de dicha
irregularidad la invalidez del acto.”

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El artículo 157 de la Ley General de la Administración
Pública dispone que en cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores
materiales o de hecho y los aritméticos. Si bien este tipo de errores son aquellos que
resultan notorios y obvios, cuya apariencia es clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o
análisis, por saltar a primera vista al aplicar esta norma la Administración no puede
desconocer la doctrina de los actos propios mencionada en el considerando anterior, ni
la normativa constitucional, artículos 11 y 34 de la Constitución Política, ni la de rango
legal, numerales 173 y 183 de la Ley General de la Administración Pública, que hacen
referencia a los procedimientos para dejar sin efecto en el ordenamiento jurídico actos
declaratorios de derechos subjetivos, como la revalorización que se da sobre el monto
de la pensión. La norma del 157 de la Ley General de la Administración Pública, no se
puede aplicar cuando se tienen al frente actos de esta naturaleza, no es posible confundir
las rectificaciones materiales con la modificación o la revocación de actos que declaran
derechos subjetivos y menos cuando se requieren cálculos y análisis complejos para la
determinación de sumas como ha ocurrido en la especie. Sobre el particular la Sala
Constitucional ha indicado lo siguiente: "Nótese que el oficio impugnado se está
fundando erróneamente, pues primero se dice que se hace con fundamento en el artículo
157 de la LGAP ( Artículo 157.-

En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho
y los aritméticos) cuando evidentemente dicha norma no se refiere a actos declarativos
de derechos, sino que se trata de rectificaciones materiales y no de revocación." (s
entencia Nº 2011-001442 de la Sala Constitucional, lo destacado no es del original). El
límite que encuentra la aplicación del artículo 157 de la Ley General de la Administración
Pública, son precisamente los actos declarativos de derechos subjetivos. Sobre el
concepto de derecho subjetivo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha
indicado lo siguiente: "... El derecho subjetivo es definido como el poder de obrar
válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública,
exigiendo del Poder Público, y en concreto de la Administración, por un medio coactivo
si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el
ordenamiento jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines o intereses
.." (Sentencia 001332-F-S1-2010 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de
las las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil diez. )

PENSIONES. Este Tribunal estima que las conductas de la Dirección Nacional de
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encaminadas a determinar la
diferencia de supuestos sobrepagos que recibió el actor al revalorizarle el monto de su
pensión, a través de 3 informes distintos , así como la ejecución del cobro de esas sumas

pagadas de más, por supuestas diferencias en el cálculo del monto de dicha
revalorización , resultan contrarias al ordenamiento jurídico, por incumplir con los
procedimientos aplicables , al existir un a afectación a su derecho subjetivo de pensión
En el caso bajo análisis, tal y como se ha tenido por demostrado, l a Dirección Nacional
de Pensiones mediante la resolución R-DNP-1 294 -96 le otorg ó al actor una pensión de
la Ley 7302, por la suma de Ë 108.866,00 . Esta resolución le concedió el derecho
subjetivo de jubilación al actor, determinando al efecto una suma concreta, a recibir
mensualmente. Sobre el derecho a la jubilación, la Sala Constitucional ha señalado y
mantenido en su jurisprudencia, que se trata de un derecho fundamental de rango
constitucional, derivado de los artículos 33 y 73 de la Constitución Política, (véase en ese
sentido la sentencia Nº 1147-90 de las 16:00 del 21 de setiembre de 1990). Con
posterioridad, m ediante un primer informe, el DNP-DP- INFSOB-264-2008, el
Departamento de Pagos de la Dirección Nacional de Pensiones, determinó diferencias
por sumas pagadas de más en revalorizaciones que se llevaron a cabo en el monto de
la pensión del actor. Lo anterior en virtud de que según el informe mencionado, se
consideraron 3 decenios por un 9% cada uno, cuando en realidad el valor debió ser de
3% cada uno, lo que generó un sobrepago en el monto revalorizado de la pensión del
actor. En agosto del año 2008, el Ministro de Trabajo emitió la resolución 1106-2008,
con fundamento en el informe dicho y la boleta de actualización DNP-DP-CP-004-2008,
ambos de marzo del 2008. En esta resolución denegó el pago de diferencias de pensión,
de enero del 2006 a diciembre del 2007 y actualización de enero a junio de 2008, ya
que, según los informes, en esos períodos, el actor recibió sumas superiores a lo que le
correspondía. La resolución mencionada, suscrita por el Jerarca ministerial,
expresamente señaló en el análisis del fondo que para el cobro de las sumas giradas de
más, era obligatorio llevar a cabo un procedimiento aplicando lo dispuesto en el artículo
173 de la Ley General de la Administración Pública. Posteriormente, la señora María
Marlene Perera García, dictó la resolución OD- SGM-0024-2009, denominada "auto de
apertura", sin hora ni fecha. Dicha resolución hace referencia a la resolución DMT-39-
2009 de las 10 horas del 5 de enero del 2009, dictada por el Ministro de Trabajo, en la
que nombra a dicha funcionaria, como integrante del órgano director, para conocer de
los sobre pagos, por un monto de de Ë732,029.21. M ediante la resolución DNP- DP-OD-
0043-2009, del 29 de abril del 2009, el órgano director recomendó trasladar el cobro de
la deuda por la suma antes mencionada al actor. El Ministro de Trabajo acogió el informe
de recomendación del actor, mediante la resolución 512-2009, de las 13:00 horas del 30
de abril de 2009, y emit ió al efecto el certificado de adeudo 00045-2009, por dicho
monto. Del cuadro fáctico que se menciona, a juicio de este Tribunal, en el sub lite, no
nos encontramos frente a una simple co rrección de un error material o aritmético ; por
el contrario, se trata de la afectación al derecho de jubilación del actor, dado que por
esta vía, se afectó de manera directa el monto de pensión que percibe, al solicitar la
devolución de sumas incorporadas a su patrimonio, por medio de la revalorización. Este
proceso de revalorización implica un análisis y cálculos complejos, por parte de la
Administración, con el fin de generar un aumento en la pensión que percibe el actor y la
consecuente incorporación como parte de lo que recibe o ingresa en su patrimonio, se
trata pues, de sumas que le agregan valor o estimación a este monto. Tal y como se
mencionó en el considerando V de esta resolución, para dejar sin efecto actos


administrativos que declaran derechos subjetivos a favor de las personas, la
Administración debe seguir previamente los procedimientos administrativos que , según
sea el caso, cumplan con todas las garantías del debido proceso con el fin de respaldar
al administrado en su derecho de defensa, que se encuentran en los artículos 173 o 183
de la Ley General de la Administración Pública. Una vez que estos actos se eliminen del
ordenamiento jurídico a través de los procedimientos allí regulados, podrá determinar,
garantizando el debido proceso, y si es el caso, las sumas que se pagaron de más, y
solicitar la devolución a la persona que las recibió , igualmente, podrá determinar si
existe responsabilidad de algún funcionario, de acuerdo con lo que disponen los artículos
210 y 211 de la Ley General de la Administración Pública, en caso de que hubiese
mediado dolo o culpa grave al momento de emitir el acto administrativo. La corrección
de errores con fundamento en el aforismo: "el simple error no crea derecho", no autoriza
eludir los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, cuando esta acción
implica eliminar o modificar derechos subjetivos. Existen procedimientos reglados en el
ordenamiento jurídico de observancia obligatoria por parte de la Administración si se van
a afectar derechos subjetivos, que se encuentran en los artículos 173 y 183 de la Ley
General de la Administración Pública. La aplicación del artículo 157 de la Ley General de
la Administración Pública, para enmendar errores encuentra sus límites precisamente en
los derechos subjetivos de los particulares. En el caso bajo estudio, mediante un
procedimiento administrativo de cobro, la Dirección Nacional de Pensiones, en el año
dos mil nueve, pretendió revertir el pago de las sumas incorporadas al derecho de
pensión del actor, por el mecanismo de la revalorización, sin que se cumpliera con las
disposiciones que el ordenamiento jurídico señala al efecto, desarrolladas en los
considerandos V y VI de la presente resolución, por esta razón, resulta imposible que el
procedimiento aquí cuestionado pueda surtir efectos en la esfera de derechos del actor.”


6. Régimen jurídico aplicable a la zona marítimo terrestre

Voto de mayoría

“VI.-Sobre la zona marítimo-terrestre y su régimen jurídico .-

Desde los inicios de la historia patria, los litorales fueron protegidos mediante lo que se
denominó la "milla marítima", con la Ley número 162, de veintiocho de junio de mil
ochocientos veintiocho, en la que se recogió el precepto de la demanialidad de las costas
nacionales, como legado de la época colonial (Real Cédula, del quince de octubre de mil
setecientos cincuenta y cuatro). Todas las normas posteriores relacionadas, reforzaron
este concepto -Código General de mil ochocientos cuarenta y uno, Ley número 7 de 31
de agosto de 1868, Ley de Aguas, número 8, de 26 de mayo de 1884, Código Fiscal de
1885, Ley número 11 de 22 de octubre de 1922, Ley número 75 de 30a de agosto de
1924-. Con las leyes número 19, de 12 de noviembre de 1942 y la número 201, de 26
de enero de 1943, se redujo su extensión, a doscientos metros para ambas costas
provocando así, las primeras desafectaciones de este bien, en relación a todos aquellos
terrenos más allá de la determinación hecha, y su consecuente apropiación particular
Los terrenos contenidos en los doscientos metros exceptuados por las dos leyes
precitados, continuaron siendo bienes de dominio público, no reducibles a dominio

privado por ser inalienables e imprescriptibles, y confirmados en legislación posterior
Con la Ley número 4558, de 22 de abril de 1970, en su Transitorio III, se desafectaron
ciento cincuenta metros de los doscientos metros, después de los primeros cincuenta
metros, contados a partir de la pleamar, al autorizarse a los particulares que hubiesen
poseído por más de treinta años, en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción,
lotes en ese sector, a inscribirlos por medio del trámite de informaciones posesorias ante
las autoridades jurisdiccionales, normativa que resultó derogada con la Ley número
5602, que entró en vigencia a partir del 14 de octubre de mil novecientos setenta y uno
ese año. El 02 de marzo de 1977 se promulgó la Ley de la Zona Marítimo Terrestre,
número 6043, vigente hasta la fecha, en la que se mantiene la demanialidad de los
doscientos metros a lo largo del litoral del país. De lo anterior se desprende que a lo
largo de nuestra vida independiente, las zonas costeras costarricenses han sido
calificadas como bien demanial (dominical, demanio o de dominio público) y por ende,
inalienables, imprescriptibles, inembargables, así como la sujeción al poder de policía en
lo relativo a su uso y aprovechamiento (ver Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia en sentencia número 7, de las quince horas cinco minutos del veinte de enero
de mil novecientos noventa y tres). En virtud de lo anterior, y al tenor de lo dispuesto
en el artículo 6 de la Constitución Política, la zona marítimo terrestre adquiere la
condición de bien demanial de la Nación, consideración que es reforzada por el artículo
1° de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, en tanto dispone textualmente que "La zona
marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es
inalienable e imprescriptible. Su protección, así como sus recursos naturales, es
obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta Ley."

La zona marítimo terrestre está divida en dos zonas: la pública, que comprende la faja
de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la
litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes, hasta
donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características
marinas definidas (artículo 2 inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo
Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841-P); y la restringida, constituida por los
restantes ciento cincuenta metros, la cual puede ser objeto de concesión municipal en
beneficio de particulares de conformidad con las exigencias legales, con la cual el
administrado consolida un derecho en su favor (artículos 10, 39 y siguientes de la Ley
sobre la Zona Marítimo Terrestre)

VII.-Sobre la revocación de derechos alegada por la apelante. Aún y cuando la exposición
fáctica de la apelante hubiera sido demostrada, la tesis jurídica que propone resulta
improcedente y abiertamente contraria a la normativa que rige la materia. No es posible
reconocerle algún "derecho de posesión" en razón de la naturaleza jurídica del bien de
que se trata, que lo saca fuera del comercio de los hombres (inalienabilidad), además
de que no resulta posible su adquisición mediante un traspaso que, en todo caso, no ha
sido demostrado. Curiosamente, la actora alegó que lo venía ocupando desde 1988 en
su solicitud del 15 de abril del 2004, pero contrariamente indicó en su libelo de demanda,
que lo había "comprado" , para lo cual aportó contratos suscritos en años posteriores
Por ello, no es de recibo ninguna posesión de parte de la actora, en atención a que,
según se explicó anteriormente, tales zonas tienen la condición de demanialidad desde
la época de la colonia. De lo anterior se desprende que aún cuando la parte considera
que tiene algún derecho o interés legítimo ello no es cierto, pues la única manera de
tenerlo sería a través de una concesión formalmente otorgada por la Municipalidad
demandada, o bien, mediante un permiso de uso que se entiende como un derecho
debilitado o en precario –simple interés legítimo-. Esta figura es regulada en la Ley


General de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 157, y establece un
procedimiento específico para su revocación la cual resulta procedente cuando se
contrapone la eficacia de los derechos creados y la naturaleza o demás circunstancias
de la relación jurídica, con el interés público, lo cual da fundamento para ponerle fin
(artículo 152, párrafo 2°, LGAP). La revocación puede estar fundada en la aparición
sobrevenida de circunstancias de hecho ignoradas o inexistentes al momento de dictarse
el acto administrativo que se pretende revocar o en una ponderación diferente de las
circunstancias que originaron el acto o del interés público involucrado. El artículo 154 de
la Ley General de la Administración Pública señala que los permisos de uso de dominio
público y los demás actos que le reconozcan al administrado un derecho a título precario
pueden ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia, no obstante, tal
revocación no puede ser intempestiva, arbitraria y requiere de un plazo prudencial para
su cumplimiento. Ello se logra mediante un procedimiento administrativo ordinario el
cual resulta de observancia obligatoria cuando se suprimen o deniegan, incluso, intereses
legítimos (artículo 308, párrafo 1°, inciso a, LGAP), todo con el propósito de respetar el
debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, el caso en estudio no se
encuentra ante este supuesto, pues la parte apelante no ostenta de ningún tipo de
derecho subjetivo ni interés legítimo al venir a reclamar terrenos que, por su naturaleza,
no le pertenecen y están sometidos a un régimen jurídico especial. Tampoco estamos
en presencia de la revocación de un derecho en precario, como expone la parte en su
libelo de apelación, pues éste nunca le ha sido concedido por la Administración
demandada. Debe comprender la parte recurrente que el lote que reclama, al
encontrarse en el área restringida de la zona marítimo terrestre, no le pertenece, no
puede ser objeto de posesión alguna, está fuera del comercio de los hombres y, por
ende, no es negociable, es propiedad del Estado y, como tal, intransmisible, y de él sólo
puede obtener algún derecho precario una vez que la Municipalidad le reconozca derecho
de uso, o bien, cuando se le reconozca mediante concesión, habiéndose comprobado
que cumple con las exigencias de ley. Cualquier escritura de traslado de "dominio" o de
"derecho de posesión" no tiene validez ni surte efectos jurídicos, así como tampoco la
existencia de planos catastrados a su nombre (en los que sólo se da fe del área medida),
y allí es donde yerra la parte desde que interpuso su demanda, al haber estimado
erróneamente que con la adquisición o "compra" a terceros y la existencia de planos
logró consolidar algún derecho. Inclusive, se ha demostrado que el lote está cercado
(sin saberse, a ciencia cierta, por quién) y la parte actora instaló un contenedor con su
nombre allí. Sobre ello cabe indicar que no puede un particular pretender ingresar a un
terreno de este tipo, solamente por ostentar de un contrato de compra venta, cuando ni
siquiera ha obtenido permiso de la Administración. Ello se configura en una vía de hecho
(una mera ocupación) del particular, quien asume su propio riesgo pues la
Administración Pública está obligada a proteger, defender y recuperar el dominio público
administrativamente de oficio, incluso con el auxilio de la fuerza pública, cuando el
administrado se introduce al mismo a detentarlo y explotarlo de esa misma manera. En
estos casos, el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre habilita a cualquier
autoridad de la jurisdicción y a las municipalidades al desalojo de los infractores de esa
ley e inclusive a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones e
instalaciones realizadas por aquéllos sin responsabilidad ninguna. Obsérvese que ese
mismo artículo obliga a levantar una información previa al efecto –que no es más que
un procedimiento sumario administrativo- “si se estimare necesaria”. Esa necesidad se
encuentra impuesta por la legitimidad o ilegitimidad de la ocupación, de tal manera que
–como se indicó supra- si el actor ingresó por la vía de hecho, pues simplemente afirmó
que venía "ocupándolo", sin permisos municipales, instalando un contenedor en el lote,
puede ser excluido y expulsado por la misma vía. Sin embargo, debe advertirse que este
último aspecto no ha sido objeto del proceso, lo cual no da motivo para revisar la

sentencia impugnada, pero que sí se estima necesario aclarar a la parte apelante toda
vez que invoca en su recurso la transgresión al debido proceso, en aras de evitar mayores
confusiones.”


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Asamblea Legislativa. Ley: 6227 del 02/05/1978 Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 13 del 23/07/2012 Publicación: Colección de leyes y decretos
Año: 1978 Semestre: 1 Tomo: 4 Página: 1403

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Sentencia: 00213. Expediente: 12-005382-
1027-CA Fecha: 17/12/2015 Hora: 02:00:00 p.m
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Sentencia: 00143 Expediente: 11-001259-
1027-CA Fecha: 18/09/2014 Hora: 03:30:00 p.m

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V. Sentencia: 00043 Expediente: 11-000031-
0180-CI Fecha: 13/06/2014 Hora: 03:00:00 p.m

Sala Primera de la Corte Sentencia: 01675. Expediente: 11-001059-1027-CA.Fecha: 12/12/2013
Hora: 09:15:00 a.m

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Sentencia: 00116 Expediente: 10-001639-
1027-CA Fecha: 16/05/2011 Hora: 09:15:00 a.m

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX. Sentencia: 00055. Expediente: 07-000616-
0163-CA Fecha: 31/05/2010 Hora: 11:00:00 a.m