Requisitos del acto administrativo


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Conducta administrativa

Palabras Claves: Requisitos, acto administrativo, conducta administrativa

Fuentes de Información: Normativa y jurisprudencia. Fecha: 23-05-18


Contenido


1. Del efecto del acto administrado después de comunicarse al administrado.. 2
3. De la no suspensión de los efectos de los recursos administrativos
4. Del acto administrativo que concede derechos cumplido los requisitos.... 7


 RESUMEN


Este documento contiene material que versa acerca de los requisitos del acto
administrativo. Para esto, se acudió a la normativa y jurisprudencia como fuentes del
Derecho costarricense


NORMATIVA


1. Del efecto del acto administrado después de comunicarse al administrado

Artículo 140. El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado
al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo
producirá desde que se adopte

2. De la obligación de la eficacia del acto administrativo

Artículo 141. 1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto
deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para
los términos de impugnación del acto administrativo

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser
comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome
conocimiento del inicio de la ejecución

3. Del acto administrativo que producirá efectos para el futuro

Artículo 142. 1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado
únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que
desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción,
y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe


4. Del no surtimientos de efectos del acto administrativo


Artículo 144. 1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio
de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca
en contrario del ordenamiento

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá
ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente

5. De los requisitos del acto administrativo

Artículo 145. 1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de
eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto
administrativo, salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado,
aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse


JURISPRUDENCIA


1. De la eficacia del acto administrativo

Voto de mayoría: 00102-17

Por eficacia del acto administrativo, comprendemos en términos generales, el
despliegue de las consecuencias previstas en el contenido del acto, esto es, la creación,
modificación o extinción de situaciones jurídicas dispuestas en la decisión
administrativa. En la sentencia de esta Sección número 116-2014-VI de las 16:00 horas
del 31 de julio del 2014, se explicó sobre la eficacia del acto administrativo lo siguiente
“…Por su parte, el segundo concepto que interesa -laeficacia- atiende a la capacidad
actual o potencial del acto administrativo para producir los efectos jurídicos previstos
por el ordenamiento jurídico, de manera que para que ello se de, requiere del
cumplimiento de ciertos requisitos, tales como la comunicación -artículo 140 de la Ley
General de la Administración Pública- o el sometimiento de una aprobación o
autorización posterior de parte de otro órgano o al cumplimiento de ciertas condiciones
suspensivas (artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública) […] En este
sentido, es indudable que la eficacia es el complemento indispensable de la validez del
acto administrativo, en tanto, sino no es eficaz, no despliega sus efectos, y cualquier

actuación técnica o material tendente a su ejecución sería ilegítima…” (Resaltado no es
del original)


2. De los efectos de los requisitos del acto administrativo

Voto de mayoría: 00186-06

En primera instancia, se debe tener presente que la eficacia es el momento a partir del
cual, el acto administrativo puede surtir los efectos jurídicos programados, o sea, que
surte efectos a la vida jurídica. Ahora bien, para alcanzar dicha condición, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 inciso 1) de la Ley General de la
Administración, los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de
eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento. En estos supuestos, se ha
hecho referencia a actos con inicio de efecto demorado por exigencia del contenido
del acto, tal y como lo expone SABORIO VALVERDE, quien señala: "Del contenido del
acto administrativo puede derivarse la necesidad de cumplir con ciertos requisitos de
eficacia (145.1 LGAP). Estos requisitos pueden derivar tanto del contenido natural o
esencial, como del accidental: a) Demora derivada del contenido natural o esencial
Contenido natural o esencial es el que necesariamente forma parte del acto
administrativo y sirve para individualizarlo respecto de los demás. (...) b) Demora
derivada del contenido accidental: El contenido accidental consiste en aquellas cláusulas
que pueden ser agregadas al acto por el órgano administrativo con el fin de adaptarlo al
motivo y al fin del mismo. Las cláusulas accidentales suelen clasificarse en términos,
modos y condiciones". Así las cosas, véase que la demora derivada del contenido del
acto, se presenta en aquellos supuestos en que el acto, por su propia naturaleza, no
puede producir efectos con el simple hecho de su emisión, sino que requiere de la
producción de un requisito derivado del mismo, atendiendo a su contenido o finalidad
Bajo este supuesto, se incluyen los actos en donde se puede requerir un determinado
comportamiento por parte de su destinatario, sea, la voluntad previa del administrado
como condición necesaria para que se dicte un acto administrativo o para que éste
produzca efectos, tal y como sucede en el caso del acto de nombramiento de un
funcionario, en donde el acto no adquiere su eficacia sino hasta la toma de posesión del
mismo, por cuanto, únicamente con este acto, se podría dar la unión de voluntades,
tanto de la administración como del administrado, requerida para que dicho
nombramiento pueda surtir los efectos deseados con su emisión. Atendiendo a lo
anterior, en el caso concreto, se tiene que el caso venido en alzada es el acto mediante
el cual se realizó el nombramiento del cargo de Auditor Interno de la Municipalidad de
San Mateo, en donde, por disposición expresa del sujeto seleccionado para ocupar el
mismo, y por la posterior confirmación del Concejo Municipal, se declinó del
nombramiento realizado y en ningún momento se entró en posesión del cargo, lo que


implica que el acto no puede surtir efectos en la vida jurídica, dado que no se materializó
la decisión de la administración municipal por ausencia de un requisito de eficacia, tal y
como lo exige el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas,
el acto recurrido en alzada, es un caso evidente de eficacia demorada, en donde el
requisito de eficacia se encontraba sujeto a la toma de posesión del cargo, lo cual no
aconteció, por lo que, al no ser un acto eficaz, de conformidad con el artículo 141 inciso
de la Ley General de la Administración Pública, deben declararse inadmisibles los
recursos de apelación interpuestos; remítase el expediente administrativo a la
Municipalidad de San Mateo para que proceda como corresponde


3. De la no suspensión de los efectos de los recursos administrativos
emanados por la administración pública

Voto de mayoría: 00401-07

II.- Aunado a ello, es menester indicar que la interposición de los recursos
administrativos normalmente no suspende los efectos de los actos emanados por la
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 140 a 145 de
la Ley General de la Administración Pública en relación con la eficacia del acto
administrativo, y 146 a 151 de ese mismo cuerpo legal, referidos a la ejecutoriedad de
los actos emanados de la Administración Pública. Este punto ha sido ampliamente
analizado por la Sala en la sentencia Nº 2000-02557 de las 9:55 horas del 22 de marzo
de 2000, que en lo conducente dispuso

“...en razón de que la recurrente alega que el acto estaba suspendido por la presentación
de los recursos de revocatoria y apelación, menester es referirse a lo establecido en los
artículos 140 a 145 en relación con la eficacia del acto administrativo, y 146 a 151,
referidos a la ejecutoriedad de los actos emanados de la Administración Pública. Así, el
artículo 140 establece que

‘El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al administrado,
excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se
adopte.’

De ahí que el acto administrativo se considerará eficaz desde el momento en que sea
notificado o comunicado al administrado, situación que efectivamente se dio, ya que en
razón de ello la amparada procedió a presentar los recursos administrativos de
revocatoria y apelación subsidiaria y la incidencia de nulidad que le interesa. Por ello, el
acto impugnado se reputa como eficaz y capaz de producir sus efectos materiales sobre
la esfera de derechos del administrado


IV.- Por otra parte, el artículo 146.1 de la Ley General de la Administración Pública,
establece que

‘1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los
actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia
del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar.’

Esta premisa permite hacerse una idea de la materialización de los actos administrativos
eficaces, los cuales resultarán ejecutorios a partir del momento en que se hayan
notificado o comunicado al administrado, aún si éste se opone a cumplir con lo ordenado
por la Administración


Saldado lo anterior, resta determinar si un acto eficaz y ejecutorio, puede suspenderse
válidamente con la interposición de los recursos ordinarios de revocatoria y apelación
Al efecto, el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, establece que

‘Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el
servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso,
podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de
imposible o difícil reparación.’

Del texto transcrito se desprende claramente que la suspensión del acto administrativo
no opera de oficio al presentarse los recursos ordinarios previstos por la legislación
administrativa. Al contrario de lo que alega la recurrente, el acto eficaz es ejecutorio a
pesar de la interposición de los recursos ordinarios, a no ser que la administración
considere que la ejecución causaría perjuicios graves o de imposible o difícil reparación,
lo que deberá alegarse directamente ante la administración. De ahí que, no corresponde
a este Tribunal decidir si el acto debe o no suspenderse, ya que ello es potestativo para
la Administración previa valoración de los perjuicios que la ejecución del acto acarrearía
al administrado


De lo anterior, se colige que la actuación de la Administración no resulta violatoria de los
derechos de la amparada, ya que el acto es eficaz y ejecutorio, y su ejecución no se
suspende —de oficio— con la interposición de los recursos planteados. Resta decir que
no observa este Tribunal que se haya violado con dicha actuación el derecho a la defensa
y al debido proceso que le asiste a la amparada, toda vez que del propio memorial inicial
se desprende que ésta tuvo la oportunidad de recurrir en contra de las intenciones de la
administración, y aún le asisten remedios en contra de la ejecución del acto
administrativo, los cuales puede plantear en esa vía o en la contencioso administrativa


y civil de hacienda, a fin de discutir ahí lo que le interesa, derecho que no se ve enervado
con la ejecución del acto que aquí impugna. Por lo expuesto, el recurso resulta
improcedente y así debe declararse.”


4. Del acto administrativo que concede derechos cumplido los requisitos

Voto de mayoría: 01596-12

Fundamentan tal posición en el artículo 140 de la LGAP, según el cual si el acto
administrativo concede únicamente derechos, será eficaz desde el momento cuando se
adopte, así como, en el canon 142 del mismo cuerpo normativo, al establecer que los
actos administrativos surtirán efectos retroactivos a favor del administrado, cuando
desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción
y no se lesionen derechos o intereses de terceros de buena fe. Aunado a lo anterior,
tuvieron claro lo juzgadores que en el sub examine no era necesaria la consolidación de
funciones a la que alude el mandato 111 del Reglamento, por cuanto el nuevo cargo que
el actor asumió era de jefatura. Asimismo, la Administración siempre estuvo clara que
el señor Ramírez Conejo, a partir del 28 de febrero de 2008, realizó labores propias del
puesto de Sub-Director. Apoyan sus argumentos en el estudio de reasignación efectuado
al actor, folio 92 del expediente judicial, el cual establece que “(…) de conformidad con
los documentos detallados, aquellos puestos donde su ocupante ocupa un cargo de
jefatura, no requiere de la consolidación de funciones, lo cual es el propósito
fundamental del estudio de factibilidad (…)”. Para el Tribunal, una interpretación
restrictiva de lo indicado en perjuicio del trabajador, implicaría una violación de los
principios de legalidad, igualdad salarial y de intangibilidad del patrimonio, así como, a
los principios pro homine, pro libertate, protector en materia laboral e in dubio pro
operario, en menoscabo a la dignidad del funcionario público y a su derecho a recibir un
salario acorde al trabajo desempeñado

IV.-Para esta Sala, si bien el canon 117 del Reglamento establece que la reasignación de
un puesto, para efectos del pago de salario, rige a partir de la fecha indicada en la
resolución que dicte la Dirección, no se encuentra una razón válida para denegar, en
casos como el presente, el pago retroactivo de las diferencias salariales durante el
tiempo que un funcionario asume un cargo de mayor jerarquía, el cual desde esas fechas
desempeña, y hasta cuando se aprueba en firme su reasignación. Tómese en cuenta
que, los motivos en que se sustentó el acto administrativo que recomendó la
reasignación y con base en el cual la Administración acordó en firme el ascenso,
existieron desde el día cuando el accionante asumió el nuevo cargo (28 de febrero de
2008). Es decir, a partir de ese momento hubo cambios sustanciales en sus labores,
responsabilidades y otros factores del entorno, razón suficiente para que, en apego a
preceptos 140 y 142 de la LGAP, proceda el pago retroactivo de los extremos

pretendidos. Aún y cuando formalmente la reasignación fue aprobada el 8 de julio de
2009, no puede dejarse de lado que el señor Ramírez Conejo se desempeñó como Sub-
Director desde el 28 de febrero de 2008, aspecto que no ha sido cuestionado en este
proceso, desde esa fecha sus labores y responsabilidades fueron acordes a su nuevo
puesto. Funciones que asumió por interés institucional, de manera que, dentro de un
marco de razonabilidad surgió para el demandado la obligación de cumplir con la
contraprestación correspondiente, sea, pagando el salario pertinente a las tareas
ejercidas. No puede perderse de vista que, si el actor debió desempeñar dicho cargo,
por disponerlo así sus superiores, aunque formalmente continuaba nombrado como jefe
de bodegas, clase Profesional del Servicio Civil 2, ese hecho irregular no puede
perjudicar al trabajador ni producir un enriquecimiento sin causa para el Ministerio,
quien se vio beneficiado con el trabajo del funcionario, y sin embargo, no le retribuyó
salarialmente según correspondía. El precepto 22 bis del Reglamento es claro al
establecer que: “los traslados y reubicaciones pueden ser acordados unilateralmente por
la Administración, siempre que no se cause grave perjuicio al servidor.” En el caso de
estudio, se reitera, lo cierto es que, de hecho, el señor Ramírez Conejo desempeñó
funciones propias del cargo que posteriormente se reasignó, desde mucho antes de que
formalmente se dispusiera su ascenso. No cabe duda entonces, que la Administración
se benefició de sus servicios desde entonces (28 de febrero de 2008) por lo que resulta
justo, equitativo y razonable que se le reconozca el pago de los extremos reclamados
con base en el salario de la plaza reasignada, posición que de forma reiterada ha
mantenido la Sala Segunda (al respecto puede consultarse la sentencia no. 626 de las 9
horas 40 minutos del 10 de julio de 2009, en igual sentido las números 1067 de las 9
horas 39 minutos del 23 de octubre, 863 de las 9 horas 38 minutos del 4 de setiembre y
350 de las 9 horas 55 minutos del 6 de mayo todas del año 2009). Considerar lo
contrario, supone legitimar una conducta abusiva e infractora de los principios de
legalidad y igualdad salarial por parte del Ministerio, quien, partiendo de una necesidad
e interés institucional, hizo que el actor efectuara tareas propias de un puesto de
superior jerarquía, remunerándole con el salario del cargo en que formalmente se
encontraba nombrado, pero que, de hecho, no desempeñaba. De conformidad con el
principio de legalidad (desarrollado en los artículos 11 de la Constitución Política y su
homólogo en la LGAP), la Administración tiene el deber de cumplir sus obligaciones
como empleadora, entre las que está, se reitera, pagar el salario acorde al puesto
asignado a cada funcionario. Tal y como señala la Sala Segunda que esta Cámara
comparte: “El principio de legalidad debe también entenderse como una prohibición
para la propia Administración de actuar fuera de los límites permitidos, lo que
legalmente se contempla bajo la figura del abuso de poder (ordinal 146 de la Ley General
de la Administración Pública). En el ámbito del empleo público, en el que cada puesto
tiene una descripción específica en cuanto a requisitos, tareas, remuneración, etc., no es
posible admitir que, en demérito de los derechos de los trabajadores, se desconozca esa
misma legalidad. Es decir, la legalidad implica también para la Administración la

imposibilidad de extralimitar el desempeño de sus funcionarios fuera de los parámetros
establecidos para el puesto específico de que se trate, pues lo contrario significaría
propiciar un enriquecimiento sin causa para la Administración, al verse beneficiada con
unos servicios ajenos y distintos a los efectivamente remunerados al funcionario.”
Sentencia no. 1065 de las 9 horas 33 minutos del 23 de octubre de 2009. Cabe agregar
a lo expuesto que, acorde al principio de igualdad salarial (el cual debe ser respetado
independientemente de la naturaleza jurídica de la relación laboral, sea esta privada o
pública), contemplado en el artículo 57 de la Carta Magna, de manera general, todo
trabajador debe recibir el mismo beneficio salarial, si es que realiza igual prestación de
servicios, que sus compañeros; eso sí, en idénticas condiciones. Por eso no se pueden
admitir diferenciaciones que coloquen a un trabajador en una situación inferior o más
desfavorable que el conjunto, sin una razón válida ni legítima como acontece en la
especie


ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la
Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación
que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se
encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no
necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos
según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo
70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes,
decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a
los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las
restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se
compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso
de utilizar el material indicado


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de Administración Pública. Públicado en la Colección de Leyes y Decretos. Versión de
la norma: 13 de 14 del 23/07/2012.Datos de la públicación: Año 1978, Semestre 1, Tomo 4,

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de Administración Pública. Públicado en la Colección de Leyes y Decretos. Versión de
la norma: 13 de 14 del 23/07/2012.Datos de la públicación: Año 1978, Semestre 1, Tomo 4,

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de Administración Pública. Públicado en la Colección de Leyes y Decretos. Versión de


la norma: 13 de 14 del 23/07/2012.Datos de la públicación: Año 1978, Semestre 1, Tomo 4,

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de Administración Pública. Públicado en la Colección de Leyes y Decretos. Versión de
la norma: 13 de 14 del 23/07/2012.Datos de la públicación: Año 1978, Semestre 1, Tomo 4,

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de Administración Pública. Públicado en la Colección de Leyes y Decretos. Versión de
la norma: 13 de 14 del 23/07/2012.Datos de la públicación: Año 1978, Semestre 1, Tomo 4,

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION VI. Sentencia 00102 de las quince horas
del diecisiete de Agosto del dos mil diecisiete. Expediente: 14-001252-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III. Sentencia 00186 de las quince horas
del diecisiete de Agosto del dos mil dieciseis. Expediente: 14-001252-1027-CA

SALA CONSTITUCIONAL, SECCION VI. Sentencia 00401 de las quince horas del diecisiete de
Agosto del dos mil diecisiete. Expediente: 14-001252-1027-CA

SALA PRIMERA. Sentencia 01596 de las quince horas del diecisiete de Agosto del dos mil dos
mil doce. Expediente: 14-001252-1027-CA