EL ERROR ARITMÉTICO
(Ley General de la Administración Pública)


Rama del Derecho: Derecho
Descriptor:error arítmetico
Administrativo

Palabras Claves: error aritmético

Fuentes de Información: doctrina, normatica y Fecha: 5 de mayo de
jurisprudencia. 2021

Investigador: Jimena Rueda


Contenido
RESUMEN 2
NORMATIVA 2
1. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos 2
DOCTRINA 2
El error en el Derecho Positivo 2
Concepto de error aritmético 4
JURISPRUDENCIA 5
1. El error no crea Derecho 5
2. Concepto y características del error material, de hecho o aritmético 11


 RESUMEN


El presente informe de investigación recopila información acerca de los errores
aritméticos en la legislación administrativa de Costa Rica, el documento se enfoca en
el concepto, diferencias con otros errores y en su naturaleza jurídica


NORMATIVA


1. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos

Artículo 157- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores
materiales o de hecho y los aritméticos


DOCTRINA


El error en el Derecho Positivo

El Derecho positivo trata de manera distinta, como no puede ser de otra manera, al
acto viciado de error material, al acto dictado con error de hecho y al acto con error de
derecho. Sin embargo, en algunos casos, que veremos enseguida, el Derecho positivo
confunde incomprensiblemente los conceptos de error mencionados, en concreto el
error de hecho y el material, y esta falta de delimitación provoca una gran inseguridad
jurídica a la hora de averiguar el mecanismo de corrección aplicable en esos casos
Dejando al margen los procedimientos de corrección procedentes en caso de actos
ilegales (o dictados con error de derecho) —procedimientos que, como se verá,
pertenecen al ámbito correspondiente a la potestad de revisión de los actos
administrativos, ya sea de oficio en caso de actos nulos (art. 102 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciónes Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mod. por la Ley 4/1999, de 13 de enero); o
mediante la declaración de lesividad y posterior impugnación ante los tribunales
contencioso-administrativos en caso de actos favorables que incurren en vicio de
anulabilidad (art. 103 Ley 30/1992); o mediante la revocación de oficio de actos de
gravamen(art. 105.1 de la Ley 30/1992); o a instancia de los interesados a través de


SOCÍAS, Joana, (2002). Error material, error de hecho y error de derecho. concepto y
mecanismos de corrección. Revista de Administración Pública Núm. 157. Enero-abril 2002
Disponible en la we: https://dialnet.unirioja.es/descarga/Artículo/246395.pdf

los recursos administrativos (arts. 114 a 118 Ley 30/1992) o contenciosos (según lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa); o ya sea también mediante el procedimiento de
subsanación, en el sentido que se examinará ulteriormente [art. 67 Ley 30/1992 (1)]—,
nos detendremos a continuación en el estudio concreto de los procedimientos
aplicables en supuestos de error de hecho y de error material, por presentar su
regulación una mayor confusión en el Derecho positivo. Ante todo, conviene advertir
que los únicos preceptos que aluden de manera precisa a los tipos de errores
señalados son, de un lado, el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 —que, como se verá,
se refiere indistintamente a los errores materiales, de hecho o aritméticos— y, de otro,
el artículo 118 de la misma Ley —cuyo apartado primero afecta a los actos que hayan
incurrido en error de hecho—. El primer precepto citado dice así: «Las
Administraciónes públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos». Mientras que el segundo establece que pueden ser
impugnados mediante recurso extraordinario de revisión los actos administrativos
firmes dictados con error de hecho: «Contra los actos firmes en vía administrativa
podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión..., cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes: 1 . En que al dictarlos se hubiera incurrido en error de
hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. (...)». Por lo
pronto, de la lectura de los preceptos transcritos enseguida observamos que, incluso a
pesar de la ubicación del artículo 105.2 de la Ley 30/1992 —Capítulo I (Revisión de
Oficio) del Título VII (De la revisión de los actos en vía administrativa)— y de su
redacción confusa, es claro que ambas disposiciones se refieren a potestades
totalmente distintas: mientras que la primera (art. 105.2) alude a la potestad de
rectificación, el artículo 118 —situado en el Capítulo II (Recursos administrativos) del
mismo Título— se refiere indiscutiblemente a la potestad de revisión. Un correcto
manejo del Título VTJ de la Ley 30/1992 nos obliga a afirmar que la potestad de
rectificación de errores nada tiene que ver con la revisión de oficio —pese a su
ubicación en el mismo Capítulo de dicho Título (2)—, ni con la revocación de los actos
no declarativos de derechos —pese a que el término «asimismo» que aparece en la
redacción del artículo 105.2 se incluye porque el párrafo anterior (105.1) se refiere a la
potestad de revocación de los actos administrativos no declarativos de derechos y de
los de gravamen (3)—, ni tampoco con los recursos administrativos, en concreto con el
extraordinario de revisión —pese a que tanto el art. 105.2 y el 118 aluden a la
posibilidad de regularizar los actos que incurran en error de hecho (4)—. Importa notar,
además, con la intención de clarificar aún más la absoluta falta de equiparación entre
rectificación y recurso extraordinario de revisión, que, como bien dice SANZ
RUBIALES (5) citando un Auto del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1987 (Arz
7167), se trata de técnicas con finalidades y objetos distintos, que pueden
perfectamente coexistir: «(...) En efecto, es perfectamente viable una conciliación
sistemática del artículo 111 —rectificación de errores sin sujeción a plazo— con el
artículo 127.3 —recurso de revisión por error de hecho con plazo de cuatro años—,
porque, en primer lugar, ambos preceptos se refieren a distintos tipos de error
—mucho más restringido y limitado es el arl. 11 1—, y en segundo lugar, porque
mientras que la revisión aspira a la anulación del acto, la rectificación, manteniendo
éste su contenido fundamental, se limita a alterar aspectos puntuales del mismo» (FD

(...) El uso de la misma expresión —error de hecho— tanto por parte del artículo 105.2
como del 1 18 de la Ley 30/1992 ha provocado una cierta confusión en relación al
referido concepto y a los mecanismos existentes para su corrección. Como trataremos
de demostrar, la potestad de rectificación (y, por tanto, el art. 105.2) solamente debe
aplicarse en caso de darse una inexacta manifestación externa de la voluntad
administrativa, es decir, un error material —lo cual significa que, para una correcta
interpretación de este artículo, allí donde dice «los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos» debe entenderse que se refiere a lo que se
conoce por «error material» (6) en el sentido que se expondrá en este trabajo (esto es,
simple error que no incide en la declaración jurídica, razón por la que no determina la
anulación del acto)—; mientras que la potestad (extraordinaria) de revisión que permite
llevar a cabo el artículo 118 debe utilizarse cuando se trate de una inexacta
representación de una situación fáctica, es decir, un error de hecho, lo que quiere decir
que este supuesto no se refiere a un simple error en la exteriorización del acto, sino a
una resolución ilegal o, si se prefiere, errónea en su declaración (por no adecuarse a la
realidad), cuya revisión en todo caso aspirará a su anulación

(...) Más concretamente, los actos administrativos que contienen un error de este tipo
(material estrictu sensu o aritmético) son actos cuya declaración jurídica en sí misma
considerada es perfectamente válida (25). Lo que ocurre, sin embargo, es que se
produce una anomalía en la exteriorización (26) de esa declaración jurídica, que
provoca desarmonía entre la declaración y su manifestación externa (27). Es decir, se
trata de errores que no afectan a la auténtica voluntad administrativa, que es racional e
indiscutiblemente deducible de sus precedentes documentales (28), y que sólo inciden
en la exteriorización de la declaración de voluntad. El error material que comete la
Administración no atenta ni a la existencia ni a la legalidad del acto administrativo,
como ponen de relieve BOQUERA (29) y MEILÁN GIL (30), al no ser más que un
simple defecto que tergiversa la exteriorización de su voluntad (3]), pero no la
auténtica declaración, que no solamente existe, sino que es plenamente conforme con
el Ordenamiento Jurídico. Se produce una disconformidad entre la auténtica
declaración de voluntad y la manifestación externa de la misma —que no se ha
exteriorizado con exactitud—, pero aquélla existe, es válida y eficaz

Concepto de error aritmético

De esta forma vemos como Boquera nos da en la definición citada un concepto lo
suficientemente amplio para permitir englobar dentro de los errores materiales lo que
se conoce por errores aritméticos o de cuenta, es decir, "los que consisten en simples
equivocaciones cometidas al consignar un determinado número o el resultado de
operaciones aritméticas sometidas a reglas claramente establecida”. De igual forma, la
Ley Hipotecaria española contempla a los errores aritméticos dentro de los errores
materiales cuando nos indica la palabra "cantidades" dentro de su definición. Sin
embargo, no toda la doctrina comparte esta definición tan amplia, pues en varias

ELIZONDO, Carlos y SALAZAR, Didier, (2006). Análisis del error material en el ámbito jurídico y la
utilización de la figura de la fe de erratas conforme a la legislación costarricense. Tesis de Grado
presentada a la Facultad de Derecho como requisito para optar al grado de Licenciados en Derecho,
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Disponible en la web
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1417/1/26848.pdf

ocasiones se distingue el error material del error aritmético o de cuenta. Meilán Gil nos
señala que dentro de los distintos tipos de error aparecen los conceptos de error
material y error de hecho, unas veces contrapuestos a error jurídico y en ocasiones al
lado, pero distinguiéndose de los errores aritméticos*. Sobre el error aritmético; nos
dice Meseguer; "Los errores aritméticos consisten en simples equivocaciones
cometidas al consignar un determinado número o el resultado de operaciones
aritméticas sometidas a reglas claramente establecidas (una simple operación
matemática permaneciendo fijos los sumandos o factores)"

JURISPRUDENCIA


1. El error no crea Derecho

Voto de mayoría
Previo a analizar la excepción como tal, es necesario recordar la
premisa de que el error no crea derecho, debido a que
Administración lo que pretende es recuperar la suma girada
incorrectamente, al no corresponderle a los servidores dichos rubros,
lo anterior basados en el artículo 157 de la Ley General de
Administración Pública, que establece: "En cualquier tiempo podrá la
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos"
Sobre el particular, la Procuraduría General de la República
en el dictamen N° C-135-2000 de 15 de junio del 2000, consideró
que el numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública,
otorga a la Administración la posibilidad de que corrija sus errores de
hecho, materiales y aritméticos en cualquier tiempo, tema sobre el
que expone: "(...) Así, mediante el Dictamen No. 145-98 de 24 de
Julio de 1998, esta Procuraduría determinó
"(…)" ...nos limitaremos a mencionar los casos –
abstractamente considerados- en que procede la corrección de
errores de hecho, a efecto de que sea la administración activa (como
corresponde) la que determine la forma de proceder en cada caso
La Ley General de la Administración Pública al referirse a la
rectificación de los errores de este tipo indica
"Artículo 157: En cualquier tiempo podrá la
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los
aritméticos."


PODER JUDICIAL. Acta de consejo Nº 046 - 2016 del 10 de mayo de 2016. San José, Costa Rica. Disponible en la
web: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3167-82


 En lo que se refiere al concepto del error material de hecho o
aritmético, debemos indicar que es aquel que resulta notorio y obvio,
cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o
análisis, por saltar a primera vista
En sentido similar Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han
dicho
"El error de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin
necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie"
por su sola contemplación ….Las características que han de
concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o
aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad
independiente de la opinión, o criterio de interpretación de las
normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder
observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del
expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin
que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo
contiene."(...)"
Por su parte, Jesús González Pérez, citando jurisprudencia
española, ha indicado sobre el tema lo siguiente
"Los errores materiales, de hecho o aritméticos …han sido
caracterizados como aquellos que versan sobre un hecho, cosa o
suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio
particular o calificación…estando excluido de su ámbito todo aquello
que se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la
trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal
de la pruebas, interpretación de disposiciones legales y calificaciones
jurídicas que puedan establecerse" "(…)"
Es importante señalar además que la firmeza del acto o su
condición de declarativo de derechos (incluso en forma de resolución
administrativa como sucede al otorgarse el beneficio de la pensión y
cuantificar su monto) no limita la posibilidad de corregir sus errores
materiales en cualquier momento
La doctrina española, país de cuya regulación sobre el punto
se nutre la nuestra (...) así lo ha establecido claramente
"Ante los errores materiales en que puede incurrir un acto
administrativo, cuando no se plantea el problema de sí el mismo
infringe o no el Ordenamiento Jurídico, no deben darse las
limitaciones: a) De los derechos subjetivos que deriven del acto,
cuando el procedimiento se incoe de oficio. b) Del transcurso de los
plazos para recurrir contra él, cuando lo incoan los interesados. De
ahí que no pueda alegarse la excepción de acto confirmativo contra
el posible recurso contra el acto denegatorio de la petición de
rectificación"()"


 En sentido similar, García Enterría ha dicho
"La rectificación de errores materiales puede hacerse en
cualquier momento, tanto de oficio, como a instancia del
administrado, como ha venido a aclarar una importante sentencia de
17 de julio de 1987. En este último caso "la doctrina del acto
consentido no tiene virtualidad para impedir el juego del artículo 111,
dado que éste, en su expresa dicción y con fundamento antes
señalado, nace precisamente con la finalidad de romper, respecto de
la Administración, la vinculación a los actos declarativos de derechos
y, respecto del administrado, la doctrina del acto consentido o
confirmatorio"
Consideramos que las características mencionadas del error
de hecho, material o aritmético, permitirá a la Administración
determinar en cuáles casos de los que se nos exponen en la
consulta es posible rectificar lo actuado
A manera de ejemplo, si en la determinación del monto de
una pensión se tomó en cuenta un rubro salarial que no consta ni se
deriva de las piezas del expediente, ello puede catalogarse como un
error material. No obstante, si lo que medió fue un juicio de valor en
cuanto a la procedencia jurídica de aplicar ese rubro salarial, o bien
si existía al momento de la cuantificación del beneficio jubilatorio una
certificación u otro documento que hacía constar su existencia, el
asunto trasciende la esfera del simple error, debiendo en ese caso
acudirse (si el límite temporal lo permite) a las otras formas de
solución del problema que se mencionan en el apartado II de este
trabajo. (....)
Como se ha dejado ver claramente de ese pronunciamiento,
el error de hecho, material o aritmético es aquel que puede ser
detectado con facilidad, tanto por la Administración como por el
administrado, y en tales términos, ambas partes están conscientes
jurídicamente de que esa irregularidad debe enmendarse sin tener
que recurrirse a ninguna solución compleja de los primeros
supuestos arriba analizados. Es decir, como se explica en la citada
doctrina, es una situación que no admite opinión ni criterio alguno, y
ni siquiera permite una valoración del ordenamiento jurídico, ya que,
la circunstancia dada al dictarse un determinado acto constituye un
verdadero yerro que debe corregirse
De manera que, lo ocurrido en esas condiciones y
características, hace que, lo que debe rectificarse como real error, no
ocasiona ningún perjuicio grave al administrado, ni menos, le deriva
la imposición de obligaciones, o bien, le suprime o deniega derechos
subjetivos, o le cause cualquier otra forma de lesión grave y directa a
sus derechos legítimos; así como tampoco puede darse una
contradicción o concurso de intereses frente a la Administración,
como podría suceder, en tratándose de las hipótesis que para los
procedimientos administrativos establece el Título Sexto, Capítulo I

de la Ley General de la Administración Pública. En todo caso, y así lo
ha subrayado la Sala Constitucional de consulta, "…el error no crea
derecho" (...)"
En conclusión con relación a la aplicación del citado artículo,
podemos decir que por imperativo legal, tal y como se indicó, esta
Administración está facultada para rectificar sus errores materiales o
de hecho y los aritméticos, ya que se trata de dineros que deben ser
reintegrados por haber sido recibidos en forma incorrecta,
prevaleciendo el interés público sobre el interés particular (artículo
113 de la Ley General de Administración Pública), ya que estamos
hablando de obligaciones y no de derechos; claro está, siguiendo
como se está haciendo, un procedimiento en el cual se cumplan las
garantías del derecho de defensa y el debido proceso.-
Ahora bien, propiamente sobre el tema de la prescripción, la
Corte Plena en sesión N° 3-15 celebrada el 26 de enero del año en
curso, artículo XIV, al conocer el informe de la Auditoría N°
624-79-AF-2014 del 20 de junio de 2014 y el informe que al respecto
rindió la Magistrada de la Sala Primera Licda. Rocío Rojas Aguilar,
acordó: "Tener por rendido el informe de la Magistrada Rojas, por
ende, el criterio que debe prevalecer en la situación que se ha
expuesto, es el de la recomendación contenida en el informe N°
624-79-AF-2014 de 20 de junio de 2014 de la Auditoría Judicial,
punto 4.1, que dice: “Girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva para
que, al aplicar la prescripción de las sumas giradas de más,
considere que dicho plazo inicia al momento en que se determinó la
existencia de dicha suma, es decir, cuando la Unidad de
Deducciones del Departamento de Gestión Humana, realiza el
respectivo estudio, ya que es a partir de esa fecha en que la
Administración tiene la potestad de comenzar las gestiones de cobro
correspondientes, independientemente de la fecha del pago
incorrecto.” Lo anterior, conforme lo establece el artículo 198 de la
Ley General de la Administración Pública”
En dicho acuerdo se consideró como punto de partida y en
aplicación del artículo 198 citado, que el cómputo del plazo inicia a
partir del conocimiento del hecho dañoso, el cual sería para los
casos específicos del Poder Judicial, la fecha del estudio en que se
detecta el error, por lo que sobre el particular se indica
"(...) EL artículo 198 de la Ley General de la Administración
Pública, párrafo segundo, establece en relación con la posibilidad de
reclamar indemnización a los servidores públicos lo siguiente
“artículo 198
El derecho a reclamar la indemnización contra los servidores
públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento
del hecho dañoso" (así modificado mediante ley N° 7611 de 12 de

julio de 1996). EL plazo de prescripción - con la citada reforma- se
extendió de tres a cuatro años
Es importante señalar que, la Ley General de la
Administración Pública dispone con toda claridad que el plazo de
prescripción para recuperar las sumas pagadas sin causa legítima a
los funcionarios públicos en general corre a partir de que la
Administración tenga conocimiento del hecho dañoso. En el caso
del Poder Judicial, el conocimiento del daño a la Hacienda Pública se
produce, como bien lo señala la Auditoria, cuando se hace un estudio
de la situación laboral del funcionario, resultando imposible de otra
forma imponerse del "conocimiento del hecho dañoso" dado que,
como ya se indicó, los datos de la planilla se migraron del Ministerio
de Hacienda en el 2004 y a partir de ese momento se han venido
haciendo pagos electrónicos cuya regularidad no puede detectar la
Administración con el simple pago que hace al servidor judicial
El Consejo Superior en el acuerdo combatido por la Autoría,
desaplica el numeral 198 de la Ley General de la Administración
Pública al no hacer correr la prescripción a partir del "conocimiento
del hecho dañoso" disponiendo en una interpretación que confronta
aquella disposición -un pronunciamiento de la Procuraduría General
de la República (dictamen 068-2006) y del abogado institucional
(informe 52-2004)- que ese requisito solo aplica cuando el hecho
dañoso a las finanzas públicas lo produce un tercero ajeno a la
Administración y no cuando la misma Administración mutuo propio,
afecta su patrimonio con un pago en exceso a un servidor suyo,
indicando al respecto que , " no puede la administración que generó
el pago de más, definir la fecha a partir de cual inicia el de cómputo
de la prescripción por su cuenta, cuando pueda o quiera corregir el
error". Para el Consejo Superior esa interpretación es acorde con los
principios de seguridad jurídica y legalidad, sin embargo, resulta de
fácil constatación que, los razonamientos contenidos en el acuerdo
se enfrentan al contenido del párrafo segundo del artículo 180 de la
Ley General de la Administración Pública, que regula el derecho de
reclamar la indemnización contra los servidores públicos por la
producción de un daño a la Administración, sin hacer ninguna
distinción en cuanto a la forma en que se produjo el daño,
limitándose a indicar que frente a la existencia de un daño hay un
plazo de prescripción de cuatro años, que corre a partir de que la
Administración tenga conocimiento del hecho dañoso
De acuerdo con lo anterior, la interpretación del Consejo no es
conforme al contenido del numeral 198 de la Ley General y potencia
un enriquecimiento sin causa para los funcionarios públicos que han
recibido recursos adicionales que no les corresponden. El pago
indebido no conlleva una contraprestación laboral legítima para el
funcionario público que recibe los recursos públicos, sino un
enriquecimiento sin causa que origina un daño a la Administración
que debe ser resarcido, por lo que no puede justificarse el

empobrecimiento ilegítimo de la Administración en principios de
principios de seguridad jurídica y legalidad, que más bien reafirman
la posición de la Auditoria, puesto que, el principio de seguridad
jurídica no se ve afectado en el tanto los funcionarios saben a qué
atenerse dado que el numeral 198 no admite duda y no pueden
pretender, conservar un pago que no les corresponde como
contraprestación de servicio
Es importante señalar que estamos frente a la recuperación
por pago indebido de recursos públicos y que la ley establece una
protección reforzada para la Hacienda Pública, inclusive ampliando
plazos de prescripción. Como señalaremos en detalle a continuación,
distintos cuerpos normativos parten del "conocimiento del hecho
dañoso" por parte de la Administración para la recuperación de los
dineros públicos indebidamente pagados, e inclusive se protege la
Hacienda Pública de manera generosa, al establecer que, cuando
estén involucrados los jerarcas administrativos que forman parte
del sistema de control, en hechos dañosos a los recursos públicos, la
prescripción corre a partir del abandono del cargo, permitiéndole
además a la Contraloría General de la República iniciar directamente
los procedimientos de responsabilidad civil (...)"
En otro orden de ideas, pero relacionado con este mismo
tema de la prescripción, siendo que el Consejo Superior mantuvo
una posición diferente y que la Corte Plena dispuso dejar sin efecto
lo acordado por este Órgano, el Consejo Superior en sesión N° 12-15
celebrada el 12 de febrero del año en curso, artículo XCIV, acordó
"(...) 1) Tomar nota del acuerdo adoptado por la Corte Plena
en sesión Nº 3-15 celebrada el 26 de enero de 2015, artículo XIV. 2)
La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal deberán
cumplir en lo sucesivo con lo dispuesto en ese acuerdo. ”
En conclusión, en atención a lo dispuesto por la Corte Plena
el inicio del cómputo de la prescripción para la Administración, corre
a partir de que se realiza el estudio en el cual se detectan las sumas
giradas de más.-
IV.- Así las cosas, conforme lo expuesto, considerando que
los estudios en los que se detectaron las sumas giradas en demasía
a la servidora Alexandra Alvarado Paniagua son de los años 2012 y
2013, a saber: CP-4720-2012 de 09 de octubre de 2012 y
1371-Anuales-UCS-AS-2013 de 28 de setiembre de 2013; punto a
partir del cual se debe iniciar con el cómputo del plazo de
prescripción, se rechaza la excepción de interés, toda vez que no ha
transcurrido el plazo legal para que opere dicho instituto.-
V.- Por otra parte, consultado el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA), se registra el nombramiento en propiedad de
la Licda. Alexandra Alvarado Paniagua, como Jueza 4 en el Tribunal
Agrario (ver folio 4), por lo cual se remite la presente resolución al


 Departamento de Personal, a efecto de que conozca sobre los
demás alegatos presentados por la servidora Alvarado Paniagua o
bien proceda a practicar los rebajos salariales de la suma adeudada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código de
Trabajo, con lo cual se procede en esta vía al archivo del
expediente.-
Por tanto
De conformidad con lo expuesto y la normativa citada, se
rechaza la excepción de prescripción interpuesta por la Licda
Alexandra Alvarado Paniagua. Asimismo, se ordena el archivo de
las presente diligencias, ya que corresponde al Departamento de
Personal conocer sobre los demás alegatos presentados por la
señora Alvarado Paniagua, o bien proceder a practicar los rebajos
salariales de la suma adeudada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 173 del Código de Trabajo. Una vez firme esta
resolución, sáquese el expediente de los activos. Comuníquese esta
resolución al Departamento de Personal. Notifíquese// Exp. Adm
Jurídica.- “
3.- En virtud de lo expuesto, esta Dirección mantiene lo
resuelto en la resolución de marras y estima improcedente el alegato
de prescripción presentado por la Licda. Alvarado Paniagua, en
virtud del criterio acordado por Corte Plena en sesión No.3-15 del 26
de enero de 2015, artículo XIV, que establece el plazo legal del
cobro, a partir de la emisión del informe respectivo por parte de la
Dirección de Gestión Humana, independiente de la fecha en que se
haya realizado el pago incorrecto. Por tanto, corresponderá a la
Dirección de Gestión Humana recuperar la suma adeudada mediante
los rebajos salariales que correspondan en virtud de contar la Licda
Alvarado Paniagua con nombramiento en propiedad
(…).”
2. Concepto y características del error material, de hecho o aritmético
Voto de mayoría

“IV. FONDO DEL ASUNTO […] Ley General de la Administración Pública al referirse a la
rectificación de los errores de este tipo indica: "Artículo 157: En cualquier tiempo podrá
la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos."
Sobre los alcances de dicho numeral, la Procuraduría General de la República, recoge,
entre otras las siguientes alusiones doctrinarias (dictamen C-116-2012, de 15 de mayo de
2012). En lo que se refiere al concepto del error material de hecho o aritmético, debemos
PODER JUDICIAL., (2014). Tribunal Contencioso Administrativo Sección V. Resolución Nº 00043 - 2014 del 13 de
Junio del 2014 a las 3:00 p. m. Expediente: 11-000031-0180-CI. San José, Costa Rica. Disponible en la web
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-616175


indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin
necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. En sentido similar
Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han dicho: "El error de hecho se caracteriza por ser
ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de
mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación ….Las
características que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o
aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la
opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; en
segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del
expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la
subsistencia jurídica del acto que lo contiene."(...)". Por su parte, Jesús González
Pérez, citando jurisprudencia española, ha indicado sobre el tema lo siguiente: "Los
errores materiales, de hecho o aritméticos…han sido caracterizados como aquellos que
versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda
opinión, criterio particular o calificación…estando excluido de su ámbito todo aquello que
se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de la pruebas, interpretación de disposiciones legales
y calificaciones jurídicas que puedan establecerse" "(…)" . Es importante señalar además
que la firmeza del acto o su condición de declarativo de derechos (incluso en forma de
resolución administrativa como sucede al otorgarse el beneficio de la pensión y cuantificar
su monto) no limita la posibilidad de corregir sus errores materiales en cualquier momento
En sentido similar, García Enterría ha dicho: "La rectificación de errores materiales puede
hacerse en cualquier momento, tanto de oficio, como a instancia del administrado, como
ha venido a aclarar una importante sentencia de 17 de julio de 1987. En este último caso
"la doctrina del acto consentido no tiene virtualidad para impedir el juego del artículo 111,
dado que éste, en su expresa dicción y con fundamento antes señalado, nace
precisamente con la finalidad de romper, respecto de la Administración, la vinculación a los
actos declarativos". Como puede observarse, el error de hecho, material o aritmético es
fácilmente detectable, tal que puede ser enderezado en cualquier momento, si en el
presente caso, la administración demandada advierte la presencia del error, como aduce a
partir de la recopilación de información de varias fuentes, incluida la grabación del remate
y procede a comunicar al actor su existencia y necesidad de enmienda, esta aplicando lo
que le faculta el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública. Parece
inferirse de la tesis de la aplicación de la teoría del nudo consenso, según la cual a partir
del acuerdo en cosa y precio se perfeccionada la venta, pero en materia de contratación
administrativa, se debe respetar la regulación que según los particulares principios de esta
materia, procede aplicar […].”


FUENTES BIBLIOGRÁFICAS


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José, Costa Rica. Disponible en la web
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3167-82

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ámbito jurídico y la utilización de la figura de la fe de erratas conforme a la
legislación costarricense. Tesis de Grado presentada a la Facultad de Derecho
como requisito para optar al grado de Licenciados en Derecho, Universidad de Costa
Rica. San José, Costa Rica. Disponible en la web
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11-000031-0180-CI. San José, Costa Rica. Disponible en la web
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SOCÍAS, Joana, (2002). Error material, error de hecho y error de derecho
concepto y mecanismos de corrección. Revista de Administración Pública Núm
157. Enero-abril 2002. Disponible en la we
https://dialnet.unirioja.es/descarga/Artículo/246395.pdf