ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Acto Administrativo

Palabras Clave: Reclamo administrativo laboral, Acto Administrativo, Trámite laboral, Impugnación

Fuentes de Información: Jurisprudencia. Fecha: 23/08/2023

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
1. Empleo público: Procedimiento de despido de servidores sujetos al Estatuto de
2. Principio constitucional de igualdad salarial: Empleado público al que se le traslada
3. Empleo público: Innecesario agotar vía administrativa para efectos de reclamos
4. Acto administrativo de reasignación o reclasificación de puesto: Requisito de
5. Nulidad y los elementos de validez: Nulidad de acto de impedimento de parentesco
6. Relación laboral estatutaria: Posibilidad de algunas instituciones de establecer


 RESUMEN


La presente reseña hace una recopilación de sentencias relacionadas al tema de los
reclamos administrativos que presentan funcionarios públicos, a quienes en virtud de actos
administrativos que varían de forma importante el tipo de relación y funciones que prestan,
se citan temas como: el procedimiento de despido de servidores sujetos al Estatuto de
Servicio Civil, el principio constitucional de igualdad salarial ante traslado de puesto sin y
reconocerle diferencias por nuevas funciones, la no necesidad de agotar vía administrativa
para efectos de reclamos laborales, el acto administrativo de reasignación o reclasificación
de puesto, la idoneidad compraba para ser nombrado y ascender en el sector público,
nulidad de acto de impedimento de parentesco, y por último la relación laboral estatutaria
y la posibilidad de algunas instituciones de establecer contrataciones de naturaleza privada


JURISPRUDENCIA


1. Empleo público: Procedimiento de despido de servidores sujetos al Estatuto de
Servicio Civil


Extracto de sentencia

quedado acreditado (hecho probado número 26), la señora G. fue designada en el puesto
número 091338, de manera interina o como le denomina la Administración demandada “a
plazo fijo”. La posibilidad de reinstalación en ese tipo de puestos y el reconocimiento de
emolumentos laborales en relación con esos futuros nombramientos no es procedente, esto
en atención a las razones desarrolladas por el Tribunal de Casación de lo Contencioso
Administrativo en el voto número 82-F-TC-2013 de las 14:00 horas del 22 de agosto de
2013, en el cual conoció el reclamo de una servidora interina del Poder Judicial, respecto
de la cual se dispuso la nulidad del acto de cese de nombramiento, al igual que en el
presente caso. En esa ocasión, estableció ese Alto Tribunal: “…es importante dejar claro

que consecuencia de la ilegalidad de un despido, es la restitución del funcionario al puesto
que ocupaba, empero, esta regla debe ser aplicada exclusivamente para aquellos
servidores que venían ocupando puestos en propiedad y no de forma interina. Lleva razón
el recurrente en este extremo, incluso cuando indica que el Tribunal apreció indebidamente
el oficio no. 0251-DRL-11 de la Dirección Regional de Limón, referente a que el
nombramiento de la señora L.E. lo era hasta el 30 de junio de 2010. En este tanto, es claro
que el funcionario interino goza de una estabilidad pero de carácter relativo, lo que se
traduce en que no tiene el derecho subjetivo a que se le prorrogue el nombramiento en
forma indefinida, por lo que no tendría derecho a la reinstalación al menos durante el tiempo
que no estuvo nombrado. El hecho de que su puesto haya sido prorrogado desde el 2008,
no le da derecho a ser considerada como una servidora de tiempo indefinido, ya que su
posición era de interina. Tampoco existe un expectativa válida de que iba a ser nombrada
nuevamente, puesto que de igual forma era previsible que a partir de la finalización de su
designación, el Organismo decidiera (en virtud de los problemas que se le acusaban), no
renovarle su nombramiento. De hecho, aquí gravitan los puntos que esta Sala cuestiona
primero, el OIJ debió preocuparse por nombrar el titular de la plaza que ocupaba la agente
L.E., máxime si estaba siendo cuestionada; o en su defecto, esperar que su nombramiento
venciera y prescindir de sus servicios (mediante determinación debidamente
fundamentada) ya que el interino no disponía derecho alguno de ser nombrado en forma
indefinida, bastaba que el tiempo expirara para dar por terminada la relación de trabajo. En
todo caso, el hecho de actuar de otra forma, no le daba ni el derecho al OIJ de revocar
intempestivamente el nombramiento de la actora (en plena vigencia); y tampoco a la señora
L.E., la posibilidad de ser reinstalada en el puesto. Consecuentemente, tampoco tendría la
opción de recibir salarios desde el cese de funciones, hasta una efectiva reinstalación, ya
que esta última posibilidad resulta improcedente debido a que su nombramiento lo era hasta
una fecha determinada. Lo que sí le corresponde, es una indemnización de los salarios
dejados de percibir, desde el despedido (13 de mayo de 2010 según el oficio 511-DG-10)
hasta el final de su nombramiento (30 de junio de 2010), bajo los términos y condiciones
establecidas en la sentencia, sea descontando las cargas legales que correspondan e
indexando esas sumas.” (Resaltado no es del original) Por consiguiente, resultando
improcedente la reinstalación, ya que las situaciones jurídicas que nacieron a la vida jurídica
con el acto de designación, estaban sujetas a término y por tanto, al finalizar éste las
mismas fenecieron, de modo que no es posible acceder a lo pretendido. Así las cosas, se
debe proceder entonces al reconocimiento de las sumas atinentes, exclusivamente, al
período para el que fue nombrada la señora G., que como ha quedado en los hechos
probados números 26 y 28 disfrutaba de nombramientos de seis meses, ocurriendo que el
último se extendió entre los días 03 de agosto del 2009 hasta el 15 de diciembre del 2009,
donde esta última fecha representó el punto de inicio de la eficacia del acto de cese del
nombramiento -que aquí se anula-, lo cual significó un acortamiento indebido del período,
ya que debió haber fenecido hasta el día 03 de febrero de 2010 . De este modo, lo que
corresponde en Derecho es condenar al Estado al pago de los salarios dejados de percibir
desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 03 de febrero de 2010, así como al pago de
todos aquellos otros extremos laborales que puedan haberse visto afectados
negativamente a raíz de la conducta administrativa ilegítima (tales como anualidades,
vacaciones, aguinaldo, salario escolar, cuotas de pensiones y otros), partidas cuya


cuantificación deberá realizarse en fase de ejecución de sentencia, atendiendo a los
extremos y sumas que correspondían a la actora en su puesto. De dichas sumas deberá
deducirse, si correspondiere, lo relativo al impuesto sobre la renta por actividad personal
dependiente (impuesto al salario), el que deberá ser reportado al Ministerio de Hacienda,
así como lo atinente al régimen de aportaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social,
del sistema de jubilaciones y pensiones y demás deducciones salariales. Por tratarse de
una obligación dineraria, a dicha estimatoria debe aplicarse el mecanismo de indexación
contemplado en el numeral 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo, desde el
momento en que eran exigibles esas sumas, en este caso según el calendario para el pago
salarios de la Administración Central para aquellas fechas, hasta su efectivo pago. Todos
estos montos y deducciones serán determinados en la etapa de ejecución de sentencia,
una vez firme este pronunciamiento.-

VII. SOBRE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.- En cuanto a la excepción de falta de
Derecho opuesta por el Estado, la misma debe ser desestimada, toda vez que la conducta
administrativa impugnada ha resultado ser sustancialmente disconforme con el
ordenamiento jurídico y por tanto, lo procedente es declarar la nulidad del acto impugnado,
no obstante exista imposibilidad jurídica para reinstalar a la actora en el puesto. En relación
con el codemandado V., de sus manifestaciones se deduce que opone la falta de
legitimación pasiva, ya que cuestiona su participación en el proceso, toda vez que no tuvo
intervención activa en lo ocurrido con la señora G. Al respecto, efectivamente, la razón por
la que se le integró al proceso es por encontrarse nombrado en la plaza a la que deseaba
ser reinstalada la actora, sin embargo, tal y como se expuso anteriormente, siendo que
resulta improcedente tal pretensión, no hay situación que le afecte o que se modifique con
esta sentencia, razón por la cual debe acogerse la defensa opuesta y por consiguiente,
desestimar la demanda en su contra.-

VI.- SOBRE LAS COSTAS.- De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que
se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es
viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la
sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En
el caso concreto y respecto de la demanda en contra del señor V., este Tribunal considera
que se debe excepcionar del pago de las mismas a la parte vencida, ya que se ha
comprobado el motivo suficiente para litigar, toda vez que se ha acogido la pretensión
principal de nulidad que ha promovido la actora en contra del Estado, quien además, fue
integrado preceptiva y oficiosamente a la litis, razón por la cual no se trató de una cuestión
que dependiera de la voluntad de la parte accionante, sino que se debió a una garantía
procesal que debía ser respetada a efectos de evitar un vicio en el proceso. Así las cosas,
en criterio de los suscritos, se debe exceptuar a la parte actora al pago de las costas,
conforme los términos del inciso b) del artículo 193 ibídem.- Sin embargo, respecto del
Estado, este Tribunal no observa motivo alguno para aplicar alguna de las salvedades a la
regla general estipulada en el numeral de cita, por lo que, conforme la misma lo debido es
imponer el pago de ambas costas a la parte vencida a favor de la actora, la señora G.-


codemandado V.. En consecuencia, SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la
demanda incoada por G, contra EL ESTADO y V., únicamente en relación al primero y
exclusivamente en los siguientes términos: Se declara la disconformidad con el
ordenamiento jurídico y consecuentemente, la nulidad absoluta del oficio número DDH-
URH-3307-09 del 02 de diciembre del 2009 de 02 de diciembre de 2009. Se condena al
Estado al pago de los salarios dejados de percibir por la actora desde el 15 de diciembre
de 2009 hasta el 03 de febrero de 2010, así como al pago de todos aquellos otros extremos
laborales que puedan haberse visto afectados negativamente a raíz de la conducta
administrativa ilegítima (tales como anualidades, vacaciones, aguinaldo, salario escolar,
cuotas de pensiones y otros), partidas cuya cuantificación deberá realizarse en fase de
ejecución de sentencia, atendiendo a los extremos y sumas que correspondían a la actora
en su puesto. De dichas sumas deberá deducirse, si correspondiere, lo relativo al impuesto
sobre la renta por actividad personal dependiente (impuesto al salario), el que deberá ser
reportado al Ministerio de Hacienda, así como lo atinente al régimen de aportaciones de la
Caja Costarricense del Seguro Social, del sistema de jubilaciones y pensiones y demás
deducciones salariales. Por tratarse de una obligación dineraria, a dicha estimatoria debe
aplicarse el mecanismo de indexación contemplado en el numeral 123 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, desde el momento en que eran exigibles esas sumas, en este
caso según el calendario para el pago de salarios de la Administración Central para aquellas
fechas, hasta su efectivo pago. Todos estos montos y deducciones serán determinados en
la etapa de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento.- Se condena al
Estado al pago de las costas personales y procesales de la parte actora, a quien a su vez
se exime del pago de las costas del codemandado, por haber existido motivo suficiente
para litigar.- Por la forma en que se resuelve y respecto de los demás extremos de la
demanda, entiéndase por denegada la misma.- Notifíquese.-


2. Principio constitucional de igualdad salarial: Empleado público al que se le traslada
de puesto y no se le reconocen diferencias por ejecución de nuevas funciones


Extracto de sentencia

“III.- Del mérito de los autos no se desprende la necesidad de modificar lo resuelto conforme
se demanda en el recurso que nos ocupa. Si bien se comparte las particularidades de la
relación de empleo público que vincula a las partes del proceso, así como el sometimiento
de la demandada al bloque de legalidad, no se estima que los argumentos esbozados, como
fundamento de la articulación que nos ocupa, deban ser acogidos por lo que se indica de
seguido. Del mérito de los autos se sigue que desde que la actora ingresó a la demandada


en el año 1997, asumió determinadas labores de dirección, coordinación, de encargada,
de jefatura, o de titular, según la denominación que se le quiera dar, que conforme la prueba
testimonial aportada (registrada el disco compacto anexo al principal), se le reconociera
como la Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón
Luego de varios años del ejercicio de dicha labor en el año 2004 la actora inicia una serie
de gestiones para que se le realizara una reasignación de puesto, la cual finalmente es
otorgada en el año 2008, con pago retroactivo al año 2004. En este recuento fáctico
coinciden las partes, aunque la parte demandada hace énfasis en que en el otorgamiento
de la reasignación hubo una actuación irregular de su demandada, por violación a su
normativa interna. Sin embargo, al respecto se tiene lo siguiente. La administración
demandada, en aplicación del principio de autotutela siguió un procedimiento administrativo
que concluyó con la aprobación de la reasignación de la plaza de la actora, en el expediente
judicial consta a 73 copia de un oficio que dirige el coordinador del Subárea de Clasificación
y Valoración de Puestos de la demandada al Director del Hospital Dr. Escalante Pradilla,
donde se autoriza el estudio de la plaza 28592 (ocupada por la actora) como Médico Jefe
2, para el Servicio de Emergencia de ese Hospital. También rola a folio110 la certificación
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Escalante Pradilla que da
cuenta, entre otros, que la actora, desde su ingreso al nosocomio realiza funciones de
Jefatura de Emergencias, que solicitó la recalificación de su plaza, la cual se aprobó y a
partir del 13 de octubre del 2008, se le nombró como Médico Jefe 2, puesto con el que se
le remunera. Se trata, en consecuencia de un acto válido y eficaz, pues no se ha acreditado
en autos, que la administración demandada, pese a los vicios a que alude, haya promovido,
con éxito, el procedimiento del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública
o bien un ordinario contencioso administrativo de lesividad, para declarar nulo dicho acto
Es más ni siquiera consta que se haya iniciado alguna de dichas diligencias. Se sigue
entonces que la recalificación de la plaza de la actora, como ya se apuntó es un acto válido,
eficaz y por demás vigente, al punto de que, como ya se indicó, a la Dra. S. se le tiene
nombrada y se le remunera como Médico Jefe 2. Cualquier discusión en torno a la
regularidad de dicha conducta carece, entonces, de sentido. Dicho lo anterior, resta
detenerse en, si como se refiere en el recurso, la eficacia que se debe aplicar a la realizar
a una reasignación debe ser a futuro, a partir de lo que establece su reglamentación o si
bien procede a partir de otro momento. En torno, a si procede o no reconocer
retroactivamente los efectos salariales de una reasignación, contamos con los siguientes
precedentes jurisprudenciales. En el voto 2015-377, de las ocho horas cincuenta y cinco
minutos del ocho de abril de dos mil quince, la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, establece

"... II.- ANTECEDENTES: La parte actora interpuso demanda ordinaria con la pretensión
principal de que en sentencia se obligara al Instituto demandado a cancelarle las diferencias
salariales generadas entre el salario devengado como Profesional 1 y el correspondiente al
puesto de Profesional 5 desde el 12 de abril del 2004 y hasta el 01 de julio de 2008, pues
en dicha fecha se le asignó efectivamente en el puesto de Profesional 5. En razón de la
gestión administrativa realizada por la accionante ante la Dirección de Recursos Humanos
en orden a obtener una reasignación de su puesto, el 02 de junio de 2005 el Departamento
de Administración del demandado, comunicó que la solicitud de reasignación quedaba en
suspenso hasta tanto no se emitiera el nuevo Estudio Integral de Puestos (hecho cuarto de

la demanda y contestación, no controvertido. Documento electrónico incorporado al
escritorio virtual el día 12 de junio de 2012 a las 07:50 p.m.). Es hasta el 28 de octubre de
2008, que la Junta Directiva a través del acuerdo N.º 2008-494 aprobó la reasignación del
puesto a la actora de profesional 1 a profesional 5 –en acatamiento del voto 6566-2008 de
la Sala Constitucional-, sin embargo la Dirección de Recursos Humanos en orden de
ejecutar lo acordado dispuso aplicar la reasignación “a partir del primer día del mes
siguiente a su aprobación por parte de la Junta Directiva del Instituto” (Hecho décimo,
contestación de demanda). La acción de personal N.º 272543 emitida por la Dirección de
Recursos Humanos (documento electrónico incorporado al escritorio virtual el día 10 de
febrero de 2012 a las 08:12 a.m.), indicó que a partir del 01 de julio de 2008 procedía
reasignar a la colaboradora el puesto como profesional 5. La representante del ente
demandado contestó en forma negativa la acción, y opuso la excepción de falta de derecho
Así las cosas, en primera instancia se declaró parcialmente con lugar la demanda,
condenando –en lo que interesa para la resolución de este recurso-, al pago de las
diferencias salariales entre el salario devengado como profesional 1 y el salario
correspondiente al puesto de profesional 5, diferencias que van desde el día 12 de abril de
2004 (fecha en que presentó su solicitud de reasignación) y el día 30 de junio de 2008,
pues a partir del día siguiente sea el 01 de julio de 2008, la Dirección de Recursos Humanos
aplicó la reasignación aprobada por la Junta Directiva. Por su parte el Tribunal confirmó el
fallo apelado

III.- SOBRE EL FONDO: El trabajo constituye un derecho del individuo cuyo ejercicio
beneficia a la sociedad, y en consecuencia, se debe garantizar a la persona servidora la
remuneración correspondiente, de modo que no podría aceptarse que el Estado recibiera
un beneficio sin entregar a la persona trabajadora el salario ajustado a las labores que
ejecuta, ni que obtuviera provecho de su irregular proceder. En el caso en estudio, se
encuentra demostrado que la actora estaba formalmente nombrada como profesional 1 y
era remunerada como tal, aunque en la realidad ocupaba el puesto y realizaba las funciones
de profesional 5 del período que va del 12 de abril de 2004 al 30 de junio de 2008. Sin
embargo, el Instituto demandado procedió a reasignarla como profesional 5 mediante
acuerdo tomado el 28 de octubre de 2008, y la Dirección de Recursos Humanos hace
efectivo dicho acuerdo a partir del 01 de julio de 2008 quedando en descubierto las
diferencias generadas del 12 de abril de 2004 al 30 de junio de 2008. Lo anterior no ha sido
controvertido por el Instituto demandado, quien se ha limitado a argumentar únicamente
que el acuerdo N.º 2008-494 -que reconoce el derecho de reasignación-, también resolvió
que los efectos surtirán a partir del primer día del mes siguiente a su aprobación por parte
de la Junta Directiva, lo cual para esta Sala no viene a justificar el por qué a la accionante
se le adeudan las diferencias salariales dichas anteriormente. Lleva razón el Tribunal al
impartir confirmatoria de la sentencia de primera instancia bajo la premisa de que “la
accionante tiene derecho al pago de las diferencias precisamente en cumplimiento de ese
principio constitucional que manda que en igualdad de condiciones y eficiencia se debe
retribuir el mismo salario”. Es claro para esta Sala que, con el desempeño de la trabajadora,
el interés institucional se vio favorecido y aún en conocimiento de que no cumplió desde el
2004 con la remuneración correspondiente al profesional 5, le encomendó esas funciones
Obsérvese la responsabilidad derivada por parte del demandado, quien procedió en razón
de un acto originado de las mismas autoridades administrativas y que a su criterio implicaba

no contrariar la legalidad administrativa; para más bien resultar perjudicando a la propia
servidora. Así las cosas, el agravio invocado por la representante del Instituto demandado,
infiriendo que había imposibilidad para pagarle desde el día en que la trabajadora realizó la
gestión administrativa no es atendible, pues los obstáculos de ese orden debió resolverlos
la accionada antes de exigirle a la petente desempeñar el cargo, y no proceder a denegarle
el derecho al salario correspondiente al puesto que desempeñó bajo argumentos como los
esbozados en el recurso. Siendo que la servidora de buena fe cumplió el mandato de servir
en el puesto antes citado; con su actuar le surgió el derecho que reclama en este proceso
y le fue otorgado por el Tribunal, por lo que la Sala no encuentra yerro sobre lo así resuelto
La sentencia impugnada deberá confirmarse..."

Pero también la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se ocupa, entre otros,
de la materia contenciosa administrativa, en el voto 001596-F-S1-2012, de las ocho horas
veinte minutos del seis de diciembre de dos mil doce, señala lo siguiente

"... I.- El señor J. demandó al Estado por las diferencias salariales que dejó de percibir,
durante el período que desempeñó funciones de Sub-Director de Equipo y Maquinaria del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante el Ministerio o el MOPT), con un
salario de Profesional de Servicio Civil 2. Desde el año 2000 hasta el día 27 de enero de
2008, adujo, laboró para el Ministerio como Jefe de Bodegas, en la clase profesional citada
En fecha 28 de enero de 2008, agregó, mediante oficio DVOP-322, le fue comunicado su
designación, efectiva e inmediata, como Sub-Director, cargo que asumió a partir de ese
mismo día. Por oficio DAO-092-2009 del 3 de junio de 2009, la Dirección de Recursos
Humanos del MOPT rindió estudio de reasignación del puesto, en el cual recomendó
ascenderlo a la clase Profesional Jefe de Servicio Civil 2. Reasignación que fue acordada
por la Dirección General del Servicio Civil (en lo sucesivo la Dirección) el 8 de julio de 2009,
mediante resolución de clasificación de puestos no. OSC-MS-139-2009. El 12 de marzo de
2010, presentó un reclamo administrativo ante la Dirección Jurídica del Ministerio, por
cuanto desde el 28 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, el salario le fue
cancelado como Profesional del Servicio Civil 2 y no como Sub-Director, reclamo que fue
rechazado por resolución del 3 de junio de 2010, dando por agotada la vía administrativa
Con fundamento en lo anterior, interpuso la demanda origen de este proceso; donde solicita
en sentencia: se condene al MOPT al pago de las diferencias salariales adeudadas, más
los extremos laborales de ley, desde el 28 de enero de 2008 hasta el 8 de julio de 2009,
cuantificados en la suma de ¢2.791.648,77. Asimismo, peticiona intereses por el monto
indicado, desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectiva cancelación, así como ambas
costas del proceso. La representación estatal contestó de forma negativa y opuso la
excepción de falta de derecho. El Tribunal, la rechazó y declaró con lugar la demanda en
los siguientes términos: estimó contraria al ordenamiento jurídico la resolución del 3 de junio
de 2010 dictada por el Ministerio. Ordenó al demandado pagar al actor las diferencias
salariales y demás extremos laborales que en derecho le correspondía recibir, desde el 28
de febrero de 2008 al 8 de julio de 2009, monto a liquidar en etapa de ejecución de
sentencia. Concedió intereses legales sobre la obligación principal indicada, calculados en
la misma etapa a partir del 3 de junio de 2010 y hasta su efectivo pago. Dispuso que el
demandado o la autoridad competente del Ministerio, deberán realizar la previsión
presupuestaria correspondiente, de manera que, establecido el monto a liquidar sea

cancelado de forma inmediata. Impuso ambas costas al vencido. Inconforme la parte
demandada establece recurso de casación, que fue admitido por esta Sala

II.- Como único agravio, acusa inaplicación de los artículos 191 y 192 de la Constitución
Política, 1 y 13 del Estatuto de Servicio Civil (en adelante el Estatuto), así como de los
cánones 110 y 111 de su Reglamento. El Tribunal, aduce, obvió disposiciones elementales
dentro del régimen estatutario, que establecen el procedimiento para determinar y
consolidar la reasignación de un puesto. En la especie, continúa, el Ministerio actuó
apegado al principio de legalidad, es decir, dentro de los parámetros técnicos establecidos
en el precepto 111 del Reglamento. En el plazo de seis meses, aclara, se realizó el estudio
técnico del puesto que venía ocupando en propiedad el actor, clase Profesional del Servicio
Civil 2, en virtud del cambio en sus funciones y responsabilidades al ser designado como
Sub-Director. Estudio, indicó, que se encuentra documentado mediante el informe DAO-
092-2009. En el Régimen Estatutario, expresa, para que se apruebe una reasignación no
basta con que existan cambios sustanciales en un cargo, pues resulta necesario que estos
se hayan consolidado durante un término prudencial establecido por la Dirección, aunado
al cumplimiento de los requisitos que exige el puesto. De conformidad con los mandatos
191 y 192 de la Constitución Política, 1 y 13 del Estatuto, apunta, constituye una atribución
constitucional y legal propia de dicha Dirección valorar, analizar y clasificar los puestos del
Poder Ejecutivo. Competencia técnica, asevera, que a tenor del principio de legalidad no
puede ser sustituida por la Administración Judicial. Contrario a la sentencia recurrida,
afirma, no resulta procedente que se le paguen al señor J. las diferencias salariales desde
el momento cuando asumió el cargo de Sub-Director y hasta el día que se le reasignó a la
clase Profesional Jefe de Servicio Civil 2 (resolución no. OSC-MS-139-2009 del 8 de julio
de 2009). En su criterio, conforme al canon 117 del Reglamento la reasignación surte
efectos a partir de la fecha de dicha resolución (día que se le reasignó), previa observancia
del procedimiento que al efecto consagra el precepto 111 del mismo cuerpo normativo
(consolidar la situación y que medie entre el inicio de los cambios y la presentación de la
solicitud de reasignación no menos de seis meses). Al declarar con lugar la demanda,
concluye, los juzgadores conculcaron el ordenamiento jurídico que rige el actuar de la
Administración Pública, mandatos 11 de la Carta Magna y 11 de la Ley General de la
Administración Pública (LGAP), los principios fundamentales en el régimen estatutario del
empleo, así como las normas referentes a la reasignación de puestos, específicamente los
preceptos 105, 109, 110, 111 y 117 del Reglamento

III.- El punto fundamental del recurso estriba en determinar, si corresponde o no pagarle al
actor las diferencias salariales y demás extremos laborales, por el período que transcurrió
desde que asumió el cargo de Sub-Director y hasta la fecha cuando la Dirección aprobó
reasignarlo en ascenso. Tiempo durante el cual devengó el mismo salario al de su cargo
anterior (Jefe de Bodegas). Para el Estado, no resulta conforme a derecho una condena en
tal sentido. En su criterio, a tenor del precepto 117 del Reglamento la reasignación surte
efectos desde que fue acordada, es decir el 8 de julio de 2009. Previo a tal determinación,
arguye, resulta necesario llevar a cabo un procedimiento, conforme lo señala el canon 111
ibidem, el cual fue cumplido plenamente por el Ministerio, pues no basta que existan
cambios sustanciales en un puesto, resulta necesario que estos se consoliden en un tiempo
prudencial (no menor de seis meses). Contrario a los argumentos de la representación

estatal, el Tribunal impuso al Ministerio el pago de las diferencias salariales comprendidas
entre el 28 de febrero de 2008 (fecha a partir de la cual tuvo por demostrado que el actor
asumió el cargo de Sub-Director) y el 08 de julio de 2009 (día cuando empezó a regir a la
reasignación). Para los jueces: “(…) el artículo 117 del Reglamento al Estatuto de Servicio
Civil, lo que determina -en principio- es el momento a partir del cual, la Administración
deberá hacer efectivo el pago salarial derivado de la reasignación acordada en beneficio
de un servidor, sin embargo, ello no implica que la cancelación de las diferencias salariales
a partir de esa fecha, sea aplicable únicamente para efectos futuros (…).” Fundamentan tal
posición en el artículo 140 de la LGAP, según el cual si el acto administrativo concede
únicamente derechos, será eficaz desde el momento cuando se adopte, así como, en el
canon 142 del mismo cuerpo normativo, al establecer que los actos administrativos surtirán
efectos retroactivos a favor del administrado, cuando desde la fecha señalada para el inicio
de su efecto existan los motivos para su adopción y no se lesionen derechos o intereses de
terceros de buena fe. Aunado a lo anterior, tuvieron claro lo juzgadores que en el sub
examine no era necesaria la consolidación de funciones a la que alude el mandato 111 del
Reglamento, por cuanto el nuevo cargo que el actor asumió era de jefatura. Asimismo, la
Administración siempre estuvo clara que el señor J., a partir del 28 de febrero de 2008,
realizó labores propias del puesto de Sub-Director. Apoyan sus argumentos en el estudio
de reasignación efectuado al actor, folio 92 del expediente judicial, el cual establece que
“(…) de conformidad con los documentos detallados, aquellos puestos donde su ocupante
ocupa un cargo de jefatura, no requiere de la consolidación de funciones, lo cual es el
propósito fundamental del estudio de factibilidad (…)”. Para el Tribunal, una interpretación
restrictiva de lo indicado en perjuicio del trabajador, implicaría una violación de los principios
de legalidad, igualdad salarial y de intangibilidad del patrimonio, así como, a los principios
pro homine, pro libertate, protector en materia laboral e in dubio pro operario, en
menoscabo a la dignidad del funcionario público y a su derecho a recibir un salario acorde
al trabajo desempeñado

IV.- Para esta Sala, si bien el canon 117 del Reglamento establece que la reasignación de
un puesto, para efectos del pago de salario, rige a partir de la fecha indicada en la resolución
que dicte la Dirección, no se encuentra una razón válida para denegar, en casos como el
presente, el pago retroactivo de las diferencias salariales durante el tiempo que un
funcionario asume un cargo de mayor jerarquía, el cual desde esas fechas desempeña, y
hasta cuando se aprueba en firme su reasignación. Tómese en cuenta que, los motivos en
que se sustentó el acto administrativo que recomendó la reasignación y con base en el cual
la Administración acordó en firme el ascenso, existieron desde el día cuando el accionante
asumió el nuevo cargo (28 de febrero de 2008). Es decir, a partir de ese momento hubo
cambios sustanciales en sus labores, responsabilidades y otros factores del entorno, razón
suficiente para que, en apego a preceptos 140 y 142 de la LGAP, proceda el pago
retroactivo de los extremos pretendidos. Aún y cuando formalmente la reasignación fue
aprobada el 8 de julio de 2009, no puede dejarse de lado que el señor Ramírez Conejo se
desempeñó como Sub-Director desde el 28 de febrero de 2008, aspecto que no ha sido
cuestionado en este proceso, desde esa fecha sus labores y responsabilidades fueron
acordes a su nuevo puesto. Funciones que asumió por interés institucional, de manera que,
dentro de un marco de razonabilidad surgió para el demandado la obligación de cumplir
con la contraprestación correspondiente, sea, pagando el salario pertinente a las tareas

ejercidas. No puede perderse de vista que, si el actor debió desempeñar dicho cargo, por
disponerlo así sus superiores, aunque formalmente continuaba nombrado como jefe de
bodegas, clase Profesional del Servicio Civil 2, ese hecho irregular no puede perjudicar al
trabajador ni producir un enriquecimiento sin causa para el Ministerio, quien se vio
beneficiado con el trabajo del funcionario, y sin embargo, no le retribuyó salarialmente
según correspondía. El precepto 22 bis del Reglamento es claro al establecer que: “los
traslados y reubicaciones pueden ser acordados unilateralmente por la Administración,
siempre que no se cause grave perjuicio al servidor.” En el caso de estudio, se reitera, lo
cierto es que, de hecho, el señor Ramírez Conejo desempeñó funciones propias del cargo
que posteriormente se reasignó, desde mucho antes de que formalmente se dispusiera su
ascenso. No cabe duda entonces, que la Administración se benefició de sus servicios desde
entonces (28 de febrero de 2008) por lo que resulta justo, equitativo y razonable que se le
reconozca el pago de los extremos reclamados con base en el salario de la plaza
reasignada, posición que de forma reiterada ha mantenido la Sala Segunda (al respecto
puede consultarse la sentencia no. 626 de las 9 horas 40 minutos del 10 de julio de 2009,
en igual sentido las números 1067 de las 9 horas 39 minutos del 23 de octubre, 863 de las
9 horas 38 minutos del 4 de setiembre y 350 de las 9 horas 55 minutos del 6 de mayo todas
del año 2009). Considerar lo contrario, supone legitimar una conducta abusiva e infractora
de los principios de legalidad y igualdad salarial por parte del Ministerio, quien, partiendo
de una necesidad e interés institucional, hizo que el actor efectuara tareas propias de un
puesto de superior jerarquía, remunerándole con el salario del cargo en que formalmente
se encontraba nombrado, pero que, de hecho, no desempeñaba. De conformidad con el
principio de legalidad (desarrollado en los artículos 11 de la Constitución Política y su
homólogo en la LGAP), la Administración tiene el deber de cumplir sus obligaciones como
empleadora, entre las que está, se reitera, pagar el salario acorde al puesto asignado a
cada funcionario. Tal y como señala la Sala Segunda que esta Cámara comparte: “El
principio de legalidad debe también entenderse como una prohibición para la propia
Administración de actuar fuera de los límites permitidos, lo que legalmente se contempla
bajo la figura del abuso de poder (ordinal 146 de la Ley General de la Administración
Pública). En el ámbito del empleo público, en el que cada puesto tiene una descripción
específica en cuanto a requisitos, tareas, remuneración, etc., no es posible admitir que, en
demérito de los derechos de los trabajadores, se desconozca esa misma legalidad. Es
decir, la legalidad implica también para la Administración la imposibilidad de extralimitar el
desempeño de sus funcionarios fuera de los parámetros establecidos para el puesto
específico de que se trate, pues lo contrario significaría propiciar un enriquecimiento sin
causa para la Administración, al verse beneficiada con unos servicios ajenos y distintos a
los efectivamente remunerados al funcionario.” Sentencia no. 1065 de las 9 horas 33
minutos del 23 de octubre de 2009. Cabe agregar a lo expuesto que, acorde al principio de
igualdad salarial (el cual debe ser respetado independientemente de la naturaleza jurídica
de la relación laboral, sea esta privada o pública), contemplado en el artículo 57 de la Carta
Magna, de manera general, todo trabajador debe recibir el mismo beneficio salarial, si es
que realiza igual prestación de servicios, que sus compañeros; eso sí, en idénticas
condiciones. Por eso no se pueden admitir diferenciaciones que coloquen a un trabajador
en una situación inferior o más desfavorable que el conjunto, sin una razón válida ni legítima
como acontece en la especie


V.- Por otra parte, cuestiona el recurrente que el Tribunal inaplicó el canon 111 del
Reglamento, al obviar que previo a la reasignación se debe seguir un procedimiento, el cual
incluye la necesaria consolidación de funciones en un tiempo no menor de seis meses. Para
esta Sala, la circunstancia de la consolidación que acusa el Estado, no lesiona el derecho
del actor al pago de las diferencias salariales requeridas, pues como se señaló
anteriormente, desde el 28 de febrero de 2008 el señor J. desempeñó funciones propias
del puesto de Sub-Director y el Ministerio se benefició con la prestación de sus servicios. El
hecho de que el casacionista pretenda denegar el pago de los extremos laborales en
disputa, exigiendo para dicho reconocimiento la consolidación de funciones en el plazo no
menor a seis meses, así como la tramitación correspondiente para la respectiva
reasignación, constituye un acto contrario a la legalidad y que genera un enriquecimiento
injusto para la Administración, quien debió en el momento mismo de trasladar al actor, con
nombramiento efectivo e inmediato, reasignar el puesto para no causarle perjuicios o bien,
haberle reconocido su salario acorde a las labores realizadas a partir de ese día. Máxime,
tal y como sostiene el Tribunal, que por las circunstancias propias del caso en examen no
resultaba necesaria dicha consolidación, debido a que el actor fue designado en un puesto
de jefatura. Así lo ha dispuesto la Dirección General del Servicio Civil, para muestra se
encuentra el procedimiento de reasignación de puesto, código DGSC-GRH-GOT-AO-001-
2009, que efectuó en el mes de setiembre del año 2009 con el objetivo de estandarizar y
normalizar el trámite de reasignaciones, en dicha ocasión sostuvo: “El periodo de
consolidación se exceptúa en caso de que las tareas del puesto correspondan a un cargo
de dirección formal reconocido en la estructura orgánica funcional de los ministerios e
instituciones, debidamente aprobada en su oportunidad por MIDEPLAN y que represente
como mínimo la Jefatura de un Departamento, Área o Dirección o su equivalente en
aquellas Instituciones que cuentan con Manual Institucional (Oficio circular Gestión-022-
1998).” Posición que consta expresamente en el estudio de reasignación efectuado al
puesto del actor, folio 92 del expediente judicial, donde se confirma la innecesaria
consolidación de funciones en el caso del señor Ramírez Conejo al asumir un cargo de
jefatura. Al entenderlo así el Tribunal, estima esta Cámara que no se configuran las
violaciones acusadas, por lo que el agravio deberá desestimarse..."

Siguiendo la línea jurisprudencial que marcan ambos precedentes, si para el caso que nos
ocupa la administración pública demandada, se benefició de los servicios de la actora,
como jefatura, desde su ingreso a la institución el 3 de febrero de 1997, al amparo, entre
otros, del principio de igualdad y del mismo principio de legalidad que invoca, es lo
pertinente que retribuya dichas labores con el salario que corresponde a las mismas, que
no es otro que el de Médico Jefe 2, que fue el que la misma entidad accionada utilizó para
aprobar su reasignación. Finalmente, en relación con el agravio sobre lo resuelto en costas,
tampoco es de recibo variar lo resuelto, pues la demandada, a pesar de que en sede
administrativa recalificó la plaza de la actora y le pagó retroactivamente un período,
conminó a la actora a acudir a esta instancia en procura de sus pretensiones, negando su
derecho, incluso en esta instancia, de lo que se sigue que no se estime que se haya litigado
de buena fe, como es su decir. En suma, no se aprecia que el recurso que nos ocupa tenga
asidero y sea imperioso modificar lo resuelto, por lo que corresponde confirmar, en lo que
fue objeto de impugnación la sentencia de primera instancia


POR TANTO: No se observan defectos u omisiones que puedan haber producido nulidad o
indefensión alguna a las partes, en lo que es objeto de impugnación, se mantiene lo
resuelto.”


3. Empleo público: Innecesario agotar vía administrativa para efectos de reclamos
laborales


Extracto de sentencia

“I.- ANTECEDENTES: En fecha 13 de enero de 2012, se presentó demanda ordinaria
laboral en la cual se solicitó condenar al demandado a lo siguiente: a) Pago de los ajustes
y beneficios que corresponden según el corte del primer semestre del año 2011 en la suma
de ¢22.383.341,62; así como diferencias salariales actuales y futuras, hasta su correcta
aplicación al salario futuro, derivadas de la resolución DG 078-89 de las 13:00 horas del 14
de setiembre de 1989, dejada de aplicar sin fundamento alguno, a partir de aquel mes de
enero de 1993; b) Reconocimiento retroactivo a su favor de la fórmula del v3 en el curso
de toda la relación laboral, debiendo ajustarse y reasignarse el salario correcto y hacerse
las liquidaciones semestrales o anuales posteriores al referido corte; c) Indexación ó el pago
subsidiario de intereses según la tasa básica pasiva establecida por el Banco Central para
los depósitos a seis meses plazo del Banco Nacional, o mediante el medio de actualización
correspondiente en ese momento; d) Pago de las costas del proceso. La demanda fue
contestada negativamente. Se interpuso las defensas de falta de derecho. La sentencia de
primera instancia declaró con lugar la demanda. Ordenó al Estado reconocer y pagar las
diferencias salariales dejadas de percibir que se derivan de la aplicación de la fórmula de
ajuste salarial automático, contenida en la resolución N° DG 078-89 de las 13:00 horas del
14 de setiembre de 1989, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, diferencias
salariales que deben ser calculadas tomando en cuenta la evolución de los salarios base
de los puestos de la clase revalorada de los accionantes. Asimismo, se condenó a la parte
demandada a indexar las sumas concedidas. El pago de daños y perjuicios fue rechazado
y se resolvió sin especial condenatoria en costas. Por su parte, el Tribunal revocó la
sentencia apelada, acogió la excepción de prescripción. Declaró la demanda sin lugar en
todos sus extremos

II.- AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE: Ante la Sala, la parte actora muestra
discrepancia con lo resuelto por los siguientes motivos: a) Reclama que la sentencia de
segunda analizó de modo distinto los principios que protegen al trabajador. Invoca la
aplicación de los votos 1119-90 que desarrolló los conceptos de derecho adquirido y
situación jurídica consolidada; y del 1478-2004 en cuanto al principio de igualdad salarial,
ambos emitidos por la Sala Constitucional. Solicita que se obligue al Estado a aplicar en


beneficio del trabajador, la fórmula de reajuste automático establecida en la resolución del
Servicio Civil DG-078-89, desde el momento en que se desempeñó como profesional; b)
Señala que la excepción de prescripción es improcedente debido a los hechos 8) y 9) del
Considerando I. Afirma que el análisis del plazo prescriptivo es erróneo toda vez que el actor
se pensionó el 01 de enero de 2010. Seguidamente, el 22 de noviembre de 2010 presentó
el reclamo administrativo el cual fue resuelto mediante la resolución número 001398 emitida
el 08 de agosto de 2012 y notificada el 23 de octubre de 2012. Indica que estando
suspendido el plazo de prescripción, el gestionante recurrió a la autoridad judicial en
defensa de su derecho, y por ello, no aconteció el plazo de prescripción. Posteriormente
sostiene que “al interponer el reclamo administrativo el 22 de noviembre de 2010 tenía 15
días hábiles el Estado para darle respuesta siendo así el 14 de diciembre de 2011 que corre
plazo interruptor de la prescripción para que el servidor acudiera ante la sede judicial para
resguardar su derecho conforme al ordenamiento jurídico aplicado a este instituto dichos
elementos el año debió transcurrir el 14 de diciembre de 2012, pero él acciona en sede
judicial al inicio de este año, el 13 de enero de 2012, con posterioridad a esta fecha el
patrono aún en conocimiento del reclamo en sede administrativa le notifica el 23 de octubre
de 2012 cuando ya había contestado la demanda”; c) Objeta que el Tribunal al acoger la
excepción de prescripción omitió analizar el fondo del asunto. Tampoco conoció de la
jurisprudencia de la Sala Segunda, en especial el voto 1288-2010. Sostiene que de
conformidad con el principio de legalidad la Administración Pública está sometida a la ley y
por esa razón; cuando la Dirección General de Servicio Civil ordenó en la resolución DG-
046-94 la eliminación del mecanismo de valoración salarial del sector profesional
reconocido en la resolución DG-078-89, también da la orden de mantener los derechos
adquiridos. Sin embargo, el Estado pretende que las consecuencias jurídicas que derivaron
del acto administrativo no tengan efectos permanentes sobre los salarios y pluses de los
trabajadores. Considera que el ordenamiento jurídico resguarda el derecho de las personas
servidoras que cumplen con los requisitos de haber estado nombrados en la clase de
profesionales mientras estuvo vigente la fórmula en cuestión; y que este no puede cambiar
violentando derechos laborales. Invoca el principio de irretroactividad de la norma. Solicita
que se revoque la sentencia de segunda instancia y en su lugar, se declare con lugar la
demanda

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: El instituto jurídico de la prescripción negativa se
encuentra previsto como uno de los modos de extinción de las obligaciones y para que
opere es suficiente el transcurso de determinado tiempo sin que el titular del derecho lo
reclame mediante la respectiva acción. Con esta figura se pretende que los vínculos
jurídicos se desenvuelvan en un ámbito de seguridad para las partes. El Código de Trabajo,
en el título décimo, contiene varias normas relacionadas con este instituto jurídico, entre
ellas, el artículo 602 del Código de Trabajo que estipula lo siguiente: “Salvo disposición
especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de
trabajo, prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos
contratos”. En lo que respecta al caso bajo análisis, se tiene que la instancia precedente
acogió la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, en tanto consideró
que el actor “se acogió al beneficio de pensión a partir del 01 de enero del 2010, luego,
presentó el reclamo administrativo, en fecha 22 de noviembre del 2010, el cual fue resuelto,
mediante resolución No. 001398 del 8 de agosto del 2012 y notificado al demandante, en

data 23 de octubre del 2012. No obstante, el actor no debió dejar transcurrir un año, un
mes y trece días, entre la presentación del reclamo administrativo y la demanda, evento
que ocurrió el trece de enero del dos mil doce, sino, que una vez que presentó su gestión
(22 de noviembre del 2010), y no se resuelve dentro del plazo de quince días, según lo
provee el ordinal 402 del Código de Trabajo, el trabajador tenía abierta la vía judicial, por lo
que a partir de esa fecha empieza a correr el término de la prescripción, que es de un
año...”. Ahora bien, vistos los agravios del recurrente se infiere que este no objeta el cuadro
fáctico en cuanto a las fechas de finalización de la relación laboral; la presentación del
reclamo administrativo; e interposición de la demanda, mas sí discrepa el momento a partir
del cual se computó el plazo de prescripción. Analiza que el reclamo administrativo fue
resuelto el 08 de agosto de 2012 y dicha resolución fue notificada el 23 de octubre
siguiente, por lo que, estando según él suspendido el plazo de prescripción, el actor
gestionó en la vía judicial el 13 de enero de 2012. No lleva razón en sus alegatos. Sobre
este tema, debe recordarse que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa
cuando se trate de reclamos dirigidos contra el Estado o alguna de sus instituciones. Lo
anterior de conformidad con el voto N° 15.487-2006 de la Sala Constitucional, que declaró
inconstitucional la frase “Si se tratare de reclamos contra el Estado o contra sus
instituciones, deberá agotarse previamente la vía administrativa”, contenida en el inciso a)
del artículo 402 del Código de Trabajo. Sin embargo, el actor optó por presentar un reclamo
administrativo ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el día 22 de noviembre de
2010 (Ver imagen 10 del documento que consta en el escritorio virtual incorporado el
09/02/2015 a las 10:23:35 a.m.), de este modo es aplicable el artículo 402 inciso a) del
cuerpo normativo citado en cuanto dispone: “Esta se entenderá agotada cuando hayan
transcurrido más de quince días hábiles desde la fecha de la presentación del reclamo, sin
que los organismos correspondientes hayan dictado resolución firme” (Lo resaltado no es
parte del original). Según esa relación de hechos, a partir de esa data, el gestionante debía
esperar 15 días hábiles –que corresponde a un plazo de pendencia en el cómputo de la
prescripción- y posteriormente recurrir a la vía jurisdiccional para defender sus derechos,
ese plazo se cumplió el 14 de diciembre de 2010, por lo que a partir del día siguiente inició
el cómputo de la prescripción. De este modo, si la demanda fue presentada en estrados
judiciales el 13 de enero de 2012 el plazo del año fijado en el artículo 602 del Código de
Trabajo fue alcanzado el 15 de diciembre de 2011, de manera tal que lo resuelto por el
órgano de alzada es correcto, porque para el momento en que el actor acudió a estrados
judiciales los derechos reclamados habían prescrito. Al igual que el Tribunal, esta Sala
estima que el segundo reclamo administrativo presentado el 15 de diciembre de 2010 (Ver
imagen 6 del documento que consta en el Escritorio Virtual incorporado el 16/01/2012 de
las 08:33:27 a.m. denominado “demanda inicial”), no interrumpe el plazo de prescripción
pues efectivamente es reiterativo del reclamo hecho el 22 de noviembre de 2010 y por lo
tanto inocuo. Por las razones dichas, procede confirmar el fallo de segunda instancia que
acogió la excepción de prescripción. Finalmente, en razón de que el accionante menciona
en el recurso de tercera instancia rogada su disconformidad con el hecho de que el Tribunal
omitiera pronunciarse sobre el fondo del asunto; tampoco lleva razón en su reclamo. Por
presupuesto de lógica, al comprobarse el acaecimiento de la prescripción del derecho del
actor, se extinguió cualquier obligación derivada de la relación laboral entre las partes


Consecuentemente, deviene innecesario, pues, a nada conduce, entrar a conocer los
agravios a) y c) esbozados en el considerando segundo

IV.- CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la
sentencia recurrida

POR TANTO: Se confirma la sentencia recurrida.”


4. Acto administrativo de reasignación o reclasificación de puesto: Requisito de
idoneidad comprobada para ser nombrado y ascender en el sector público


Extracto de sentencia

“II.- DE LA BASE DEL PROCESO: Señaló el actor que labora para el AyA desde el 15 de
marzo de 1990 y posee el grado de Licenciado en Administración de Empresas desde el
mes de enero del año 2000, con una experiencia laboral de 23 años y desde hace 15 años
labora en Servicios Generales como Jefe de Correspondencia y Mensajería, nombrado
como Ejecutivo Avanzado Gestión de Apoyo. A) SOBRE LA REASIGNACIÓN DENEGADA
Manifestó el actor que por oficio SUB-GG-CSA-SG-2010-263, se solicitó a la Dirección de
Gestión del Capital Humano la reasignación de su puesto No. 808 y el día 26 de enero de
2012, la Dirección de Gestión de Capital Humano le comunicó el rechazo de la reasignación
individual solicitada, bajo el argumento de que las funciones que realizaba eran las mismas
que desempeñaba al momento del "Estudio Integral de Puestos". Que ante lo resuelto el día
21 de febrero de 2012, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, acusando
una falta de motivación fáctica y jurídica en lo dispuesto, ya que no se tomó en
consideración que goza de las mismas condiciones jurídico administrativas de otras
jefaturas calificadas con la condición de Ejecutivo Especialista o Ejecutivo Experto , que es
la que aspira y que tienen diferencias económicas con respecto a la dedicación exclusiva,
anualidades, salario escolar, y alegó que lo más apropiado que se diera una recalificación
del puesto y no la simple comparación de funciones, entre las desplegadas hoy con las
realizadas durante el estudio integral de puestos en el año 2008 y que en caso de
rechazarse el recurso, se elevara el asunto ante el superior para su conocimiento, ya que
se le generó un daño enorme pues como Ejecutivo Avanzado su salario base era de
¢460,000.00 colones y como Ejecutivo Experto sería de ¢891,200.00 colones,
generándose una diferencia de ¢340,000.00 colones en su perjuicio. Manifestó que el día
22 de febrero de 2012, por oficio GG-2012-0387 la Gerencia General del AyA remitió el
recurso a la Dirección Jurídica para que procediera con su diligenciamiento y por
memorando PRE-J-2012-861 del 29 de febrero de 2012 la Dirección Jurídica remitió su
recurso a la Dirección de Gestión del Capital Humano y esa Dirección por oficio DGCH-
2012-695 del 16 de abril de 2012 recomendó declarar el recurso sin lugar, señalando que

las funciones que realizaba se encontraban acordes con la clasificación que ostentaba
Recomendación acogida por la Junta Directiva por acuerdo 2012-353 del 02 de octubre de
2012, el cual acusa también de inválido por extemporáneo y contra el que formuló recurso
de reposición, por contener -según el actor-, vicios de tal magnitud como para anular todo
lo actuado. Indicó que el día 28 de febrero de 2013 presentó en contra del oficio DGCH-
2012-695 gestión de nulidad, por ser competencia de la oficina jurídica su dictamen, sin
que a la fecha se haya resuelto. Acusa que la Junta Directiva del AyA por acuerdo 2012-
353 de la sesión ordinaria No. 2012-044 celebrada el 02 de octubre de 2012, notificado el
10 de enero de 2013, -luego de la notificación del rechazo de su reclamo por resolución
GG-2012-575 del 13 de setiembre de 2012-, resolvió el recurso de apelación contra el
resultado de la reasignación denegada, indicándole que las funciones que desempeña no
correspondían a un nivel mayor, por lo que el día 15 de enero de 2013, planteó recurso de
reposición contra el acuerdo 2012-353, acusando que el acuerdo carecía de motivación,
además de que la Gerencia General nunca le notificó el resultado de su recurso de
revocatoria que interpuso el día 22 de febrero de 2012, con lo que se le violó su derecho al
debido proceso. B) SOBRE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO NO TRAMITADO: Acusó que
el día 7 de junio de 2012, planteó reclamo administrativo ante la Gerencia General, y solicitó
se estableciera un procedimiento administrativo con el objeto de dilucidar si las funciones
que desempeña son las de un ejecutivo experto el cual fue rechazado por la Gerencia
General del AyA por resolución No. GG-2012-575 del 13 de setiembre de 2012 acusando
a) Que la Gerencia remitió el reclamo administrativo por oficio GG-2012-930 del 7 de junio
de 2012, a la Oficina Jurídica para que remitiera su recomendación para darle respuesta
b) Que la Oficina Jurídica por oficio No. PRE.J-2012-2467 del 6 de noviembre de 2012,
remitió a la Dirección de Gestión del Capital Humano el reclamo remitido por la Gerencia
General indicándole a esa Dirección que lo que estaba pidiendo en su reclamo el actor era
técnicamente una reasignación de su puesto, y por lo tanto le diera respuesta en razón de
la materia. c) Que la Dirección de Gestión del Capital Humano por oficio No. DGCH-2012-
983 del 10 de setiembre de 2012 emitió su recomendación técnica a la Gerencia General
señalando que las funciones del actor son propias del GEDI como corresponde a las
funciones organizacionales definidas en el proceso de reestructuración y que las funciones
que realizaba el actor ni siquiera eran de un Ejecutivo Avanzado en Apoyo Administrativo
tal y como fue calificado en su momento en el estudio integral del año 2008. Que contra lo
dispuesto en la resolución GG-2012-575 planteó recurso de revocatoria con apelación en
subsidio el día 20 de setiembre de 2012, ampliado por escrito del 29 de octubre de 2012,
alegando que no se llevó a cabo el procedimiento solicitado a título de reclamo, en busca
de la verdad real de los hechos, lesionando con ello sus derechos, aunado a que está ayuna
de fundamentación. Argumentó que el día 14 de marzo de 2013 se le notificó el artículo 3
inciso 3.2 del acuerdo No. 2013-104 tomado por la Junta Directiva en la sesión 2013-12
celebrada el día 12 de marzo de 2013, en la que conoció el recurso de apelación así como
la ampliación que interpuso contra la resolución GG-2012-575, y dispuso rechazarlo. Sin
embargo acusa que a esa fecha no se había resuelto la impugnación al resultado de la
reasignación individual notificada el día 17 de febrero de 2012, así como el resultado de la
impugnación a la resolución GG-2012-813 del 14 de noviembre de 2012, ni tampoco se
evacuó la prueba ofrecida en su reclamo administrativo. Finalmente señaló que el día 13 de
noviembre de 2012, interpuso queja en recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y


nulidad concomitante contra el resultado de la reasignación individual fechada 16 de enero
de 2012, con fundamento en lo que dispone el artículo 358 LGAP, contra el Gerente
General por no haberse conocido el recurso de revocatoria con apelación y nulidad
concomitante interpuesto contra el resultado de la reasignación individual de fecha 26 de
enero de 2012, presentado el día 22 de febrero de 2012 y la Junta Directiva en su sesión
No. 2013-019 celebrada el día 30 de abril de 2013, artículo 3, inciso 3.1, acto 2013-183
notificado el día 08 de mayo de 2013, se pronunció señalando que por error material se
comunicó hasta el 15 de febrero de 2013 y con respecto al recurso contra la resolución
GG-2012-575, rechazó la gestión de queja. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA
El AyA rechaza la demanda y opuso en su defensa las excepciones de falta de legitimación
activa y pasiva y la excepción de falta de derecho. Señala en lo conducente que el fondo
del presente asunto versa sobre dos aspectos: 1) El comunicado institucional denominado
"Comunicado de Resultado de Reasignación", mismo que lleva fecha 26 de enero del 2012
2) Una reasignación peticionada por el Actor D. mediante un reclamo administrativo que
presentó a la Administración en fecha 7 de junio del 2012. De esas gestiones
administrativas y en razón de lo resuelto por la Administración, el Actor inconforme con lo
resuelto ha escrito sendos recursos, entiéndase revocatorias, apelaciones, nulidades
concomitantes, recursos de queja, de adhesión, entre algunos, escritos que en su mayoría
fueron aportadas por la parte Actora como documental, es decir ha utilizado la fase
recursiva enteramente, lo cual esa representación no tiene inconveniente alguno por tal
accionar, más bien queda demostrado que siempre ha tenido la oportunidad procesal de
recurrir todos y cada uno de lo resuelto por la Administración, cumpliendo con ello, con el
ejercicio legítimo de defensa. Indica que el Actor ha ejercido todas las etapas recursivas y
ante la inconformidad con lo resuelto en sede administrativa, acude a esta sede procurando
que se le resuelva el asunto conforme a sus intereses, sin aportar nuevos elementos
fácticos ni jurídicos que le den fundamento a su andamiaje probatorio, por el contrario lo
que hace es transcribir textualmente oficios que rolan en el expediente personal, referidas
a su petición de reasignación de puesto. Se indica que no aporta nuevos elementos fácticos
que le den soporte a su versión, por cuanto lo que hace el actor en el desarrollo de los
hechos de su demanda, corresponden a transcripciones textuales de los recursos que ha
planteado ante la Administración, y no solo transcripciones de sus recursos, sino que
también hace transcripciones de la respuesta que ha dado la administración a sus recursos
En algunos casos hace referencia a un documento o bien menciona una fecha de
presentación de un documento y no son hechos que tengan incumbencia con el thema
probandum. Acusa que el actor lo que hace es transcribir textualmente en párrafos a partir
del hecho 13 y hasta al hecho 20, es decir lo fragmenta en 8 hechos, y así con varios
recursos no solo que resuelve el AYA, sino de los propios del Actor, es decir de gestiones
recursivas que en su momento realizó. Por las razones expuestas, la representación del
AyA solicitó conforme al numeral 58.1.b del Código Contencioso Administrativo se declare
inadmisible la demanda y se condene al actor a las costas de presente proceso

III.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen los
siguientes hechos de relevancia: 1) El día 12 de enero de 2009, por oficio No. 14 de fecha
09 de enero de 2009, se le notificó al funcionario D. el resultado de la reestructuración
institucional de puestos que inició a partir del 01 de diciembre de 2008 y se le comunicó
que el puesto No. 808 por él ocupado en propiedad ubicado dentro de la Gerencia General,

Centro de Servicios de Apoyo, y en el área funcional GEDI; fue reestructurado conforme a
sus actividades y requisitos de cargo y clase de profesional con un salario base de
¢350,150.00 colones paso a: i) Cargo: Ejecutivo Avanzado Gestion de Apoyo Centro de
Servicios de Apoyo. ii) Clase: Ejecutivo, con un salario base de ¢411,800.00 colones
Además se le indicó que tenía el plazo de 2 meses para interponer el recurso de reposición
ante la Junta Directiva del AyA. (Ver folio 355 del expediente judicial). 2) Por oficio CNSA-
SG-CM-2010-018 de fecha 17 de mayo de 2010, el actor le solicitó al Licenciado Osvaldo
Gómez Barquero presentar ante la Dirección de Desarrollo del Capital Humano presentar
su reasignación, alegando que cuenta con las funciones y la experiencia solicitada. (Ver
folios 509, 510 y 511 del expediente judicial). 3) Por memorando Sub-GG-CSA-SG-2010-
263 del 20 de mayo de 2010, el Licenciado Osvaldo Gómez Barquero, Jefe de Servicios
Generales con el visto bueno del Lic. Fabio Vargas Arias, Jefe del Centro de Servicios de
Apoyo; envió para su estudio a la Dirección de Gestión de Capital Humano, la solicitud de
reasignación individual gestionada por el actor mediante oficio CNSA-SG-CM-2010-018 del
17 de mayo de 2010. (Ver folio 508 del expediente judicial). 4) Por oficio DGCH-2011-1093
del 29 de abril de 2011, se emitió el resultado del Estudio de Reasignación solicitado por
oficio SUB-GG-SG-2010-263, a nombre del señor D. en el que se recomendó mantenerlo
en el puesto No. 808 como Ejecutivo de Apoyo. Centro de Servicios de Apoyo, ya que de
conformidad con el estudio realizado y visita in situ, en ese momento realizaba las mismas
funciones que fueron señaladas en el oficio No. CNSA-SG-Cm-2010-018. (Ver folios del
475 al 478 y del 504 al 507 del expediente judicial). 5) El día 17 de febrero de 2012, se le
notificó al señor D., el oficio sin número de fecha 26 de enero de 2012, en el que se señaló
que la reasignación individual solicitada por la Dirección donde labora no se puede llevar a
cabo en razón de que las funciones que realiza son las mismas que realizaba en el momento
del Estudio Integral de Puestos, por lo que no existe una variación sustancial de funciones
como lo establece las Políticas Salariales para una Reasignación Individual. También se le
advirtió que de no estar conforme con el resultado podría hacer uso del recurso de
revocatoria ante la Gerencia General y el de apelación ante la Junta Directiva, dentro del
término de 3 días hábiles. (Ver folios 474 y 503 del expediente judicial). 6) Por escrito de
fecha 21 de febrero de 2012, el actor planteó ante la Gerencia General recurso de
revocatoria con apelación en subsidio. Recurso que fue elevado por oficio No. GG-2012-
0387 del 22 de febrero de 2012, de la Gerencia General a la Dirección Jurídica, para que
se procediera con el diligenciamiento del mismo. Y la Asesoría Laboral-Penal lo remitió por
memorando No. PRE-J-2012-861 del 28 de febrero de 2012 a la Dirección de Gestión de
Capital Humano, por ser competencia de esa dependencia. (Ver folios del 496 al 502 y 466
del expediente judicial). 7) Por resolución DGCH-2012-695 del 16 de abril de 2012, la
Dirección de Gestión del Capital Humano, ---en razón de lo que señaló---, recomendó
declarar sin lugar la gestión recursiva, contra el resultado a la solicitud de reasignación
individual. (Ver folios del 492 al 495 del expediente judicial). 8) Por artículo 4 inciso 4.2 del
acuerdo No. 2012-353, tomado en la sesión 2012-044 celebrada el 02 de octubre de 2012
y comunicado el día 30 de noviembre de 2012, se dispuso por parte de la Junta Directiva
del AyA, rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio incoado por el señor
D. contra el resultado de la reasignación individual denegada. Resolución que le fue
notificado al actor el día 10 de enero de 2013. (Ver folios 454, 455, 456 y 457 del expediente
judicial). 9) El día 28 de febrero de 2013, el actor planteó ante la Dirección de Gestión del


Capital Humano, gestión de nulidad absoluta contra el informe técnico No. DGCH-2012-
695 del 16 de abril de 2012. (Ver folios del 451 al 453 del expediente judicial). 10) Por
artículo 8 inciso 8.1 del acuerdo 2013-099, tomado en la sesión 2013-012 celebrada el 05
de marzo de 2013 y comunicado el día 07 de marzo de 2013, se dispuso por parte de la
Junta Directiva del AyA, remitir el incidente de nulidad absoluta a la Dirección de Gestión
del Capital Humano a efectos de que prepara el informe técnico y lo trasladara a la
Dirección Jurídica. (Ver folio 428 del expediente judicial). 11) La Dirección de Gestión del
Capital Humano por oficio GG-DGCH-2013-0343 del 01 de abril de 2013, remitió el informe
técnico a la Dirección Jurídica. (Ver folio del 418 al 420 del expediente judicial). 12) Por
artículo 3 inciso 3.1 del acuerdo No. 2012-183, tomado en la sesión 2013-019 celebrada
el 30 de marzo de 2013 y comunicado el día 08 de mayo de 2013, se dispuso por parte de
la Junta Directiva del AyA, rechazar: 1) La gestión de queja en recurso de revocatoria y
nulidad concomitante con apelación en subsidio contra el comunicado del resultado de la
reasignación individual de fecha 26 de enero de 2012. 2) Recurso de reposición y apelación
en subsidio contra la resolución del 26 de enero de 2012 de la Dirección de Capital
Humano, en el que alegó que la Gerencia General no le comunicó el resultado del recurso
de revocatoria que interpuso el día 22 de febrero de 2012. 3) La solicitud de acumulación
y recurso de apelación contra la resolución GG-2012-575. (Ver folios del 414 al 417 del
expediente judicial). 13) Por escrito presentado el día 07 de junio de 2012, el señor D
planteó reclamo administrativo ante la Gerencia General, cuya pretensión fue que se le
otorgara el puesto de Ejecutivo Experto, con fundamento en lo que señalan los artículos 56,
57, 74, 191 y 192 de la Constitución Política y 11, 185, 284 y 285 de la Ley General de la
Administración Pública. (Ver folios del 524 al 518 del expediente judicial). 14) Por
memorando No. GG-2012-0930 del 8 de junio de 2012, la Gerencia General remitió la
solicitud planteada vía reclamo administrativo a la Dirección Jurídica con el fin de que se
proceda con el diligenciamiento del mismo. (Ver folio 517 del expediente judicial). 15) Por
oficio N.PRE-J-2012-2467 del 11 de junio de 2012, la Oficina Jurídica, remitió la solicitud
planteada por el actor vía reclamo a la oficina de Gestión Humana, en razón de que el
funcionario lo que pretende como objeto del reclamo es la reasignación al puesto de
Ejecutivo Experto, y como tal, materia de esa oficina. (Ver folio 516 del expediente judicial)
16) La Dirección de Gestión de Capital Humano, por oficio DGCH-2012-983 del 10 de
setiembre de 2012, le comunicó a la Gerencia General que ---con respecto al criterio
solicitado en el oficio GG-2012-0930, relacionado con el reclamo administrativo incoado
por el actor---, mantenía el criterio en cuanto a la improcedencia del mismo, señalando que
las funciones del actor no habían variado sustancialmente. (Ver folios 489 y 490 del
expediente judicial). 17) Por artículo 3 inciso 3.2 del acuerdo 2013-104, tomado en la sesión
2013-012 celebrada el 12 de marzo de 2013 y comunicada el día 14 de marzo de 2013, se
dispuso por parte de la Junta Directiva del AyA, rechazar el recurso de apelación en
subsidio incoado por el señor D. contra el resultado de la reasignación individual denegada
Resolución que le fue notificado al actor el día 10 de enero de 2013. (Ver folios 435 al 439
del expediente judicial). 18) Por artículo 3 inciso 3.2 del acuerdo No. 2013-104, tomado en
la sesión 2013-012 celebrada el 12 de marzo de 2013 y comunicado el día 14 de marzo de
2013, se dispuso por parte de la Junta Directiva del AyA, rechazar el recurso de contra la
resolución GG-2012-575. (Ver folios del 409 al 413 del expediente judicial)


IV.- HECHOS NO PROBADOS: ÚNICO: Se tienen como tal de relevancia para la resolución
del presente asunto: 1) Que la reasignación denegada obedezca a una conducta arbitraria
o discriminatoria contra el señor D. (No hay elementos de convicción en ese sentido). 2)
Que el actor realice funciones para el puesto que pretende la reasignación, como Ejecutivo
Experto. (No hay elementos de convicción en ese sentido)

V.- SOBRE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO: Ya en múltiples ocasiones esta
jurisdicción se ha pronunciado sobre varios aspectos propios al caso en estudio, los cuales
conviene resumir. El régimen de empleo público corresponde a un sistema de contratación
de personal que difiere sustancialmente del que presenta el sector privado, el cual tiene
sustento en el numeral ciento noventa y dos de la Constitución Política; se trata en esencia
de un solo régimen regulado en diversos estatutos los que en esencia están sometidos a
parámetros de constitucionalidad y legalidad, en especial sobre los temas de
proporcionalidad e igualdad. En ese marco, existen una serie de derechos y obligaciones
bajo una principios como legalidad, idoneidad comprobada, ausencia de libre disposición
de la relación, sometimiento a los esquemas del derecho público, inamovilidad relativa,
entre otros. En cuanto al retiro forzoso del sistema, la norma constitucional establece como
máxima el principio de estabilidad relativa, lo que lleva aparejado que solo ante falta en el
servicio (dolo o culpa grave en los términos de la Ley General de la Administración Pública)
y los supuestos de reorganización del servicio público no es posible el rompimiento del
vínculo. La base de ese imperativo normativo tiene sustento en la visión del constituyente
de generar un servicio público eficiente y profesionalizado, alejándolo de los vaivenes
políticos que habían imperado antes del marco constitucional de mil novecientos cuarenta
y nueve. De manera que si el funcionario fue contratado bajo el principio de idoneidad
comprobada, el rompimiento del vínculo debe gestarse en situaciones excepcionales y
extraordinarias, debidamente justificada. En cuanto a las causales, si bien algunas leyes
establecen presupuestos normativos concretos propios de la relación que se trate (a
manera de ejemplo la establecida en el Estatuto Policial, Ley 7410), lo normal es la
existencia de una remisión directa legislativa a lo regulado por el artículo setenta y uno del
Código de Trabajo. Naturalmente, el establecimiento de la falta debe ser constatada
siguiendo el procedimiento ordinario regulado en la Ley General de la Administración
Pública, al amparo de los artículos cincuenta y nueve y trescientos ocho de esa norma legal,
todo bajo las garantías del debido proceso y en especial del derecho de defensa
Retomando la diferencia entre los dos regímenes de empleo que conviven dentro de la
Administración, es de recordar que en el régimen de empleo público no se aplica el principio
del contrato realidad sustento del derecho laboral, se otorgan únicamente derechos
contemplados en el estatuto, se debe seguir el principio de formalidad de la activación
administrativa, transparencia, igualdad, y debido proceso para la imposición de sanciones
disciplinarias, nombramiento mediante concurso que otorga un derecho subjetivo, las
resoluciones del jerarca son actos administrativos y la entidad para la cual se presta el
servicio tiene un patrimonio público y está sometido al derecho público en su organización
y actividad y a los principios de eficiencia y eficacia. Por su parte, el régimen de empleo
privado se describe como aquel en el cual las relaciones de servicio de la empresa son
laborales comunes, las relaciones de prestación de la empresa frente a los usuarios es
privada, es regido por el principio de libertad de contratación, autonomía de la voluntad y
del contrato realidad, el derecho de reinstalación es excepcional, hay libertad de elección

de los empleados, se pueden otorgar discrecionalmente más derechos que los mínimos
establecidos por ley, hay potestad del patrono de despedir con responsabilidad patronal,
las resoluciones del órgano de dirección de la empresa son actos mercantiles, y la entidad
para la cual se presta el servicio tiene un patrimonio privado y está sometido al derecho
privado en su organización y actividad. Cabe advertir que por la doble capacidad de actuar
resulta posible que la Administración presente empleados de una u otra modalidad,
debiendo tenerse el mayor cuidado para establecer a cuál de los dos supuestos
corresponde cada caso en concreto. Siempre respetándose los mínimos que el mismo
ordenamiento constitucional y aquellos instrumentos internacionales debidamente
ratificados en el país; dentro del régimen de empleo público es posible establecer
diferencias, siempre y cuando no se generen discriminaciones injustas, sino evidenciar las
diferencias entre uno y otro sistema. Eso determina que existan derechos y obligaciones
diferentes, lo que lleva aparejado que el ordenamiento otorgue un tratamiento diverso
Básicamente, el fundamento del tratamiento disímil se sustenta en la aplicación del principio
de legalidad, base fundamental del derecho administrativo y en general del derecho público,
entendido éste en su sentido positivo y negativo, en cuanto al primero que la Administración
solo puede realizar aquello que se encuentre habilitada y por el otro lado, se encuentra
impedida para realizar aquello para lo cual no está facultada. Esa máxima jurídica permea
todo el derecho estatutario y determina el debilitamiento de muchos de los institutos que
son pilar en el derecho laboral ordinario. De manera que no es posible aplicar plenamente
los institutos del derecho laboral sin mayores distinciones sino que es imperativo realizar
diferencias que surgen de las características propias de la relación. Eso no quiere decir que
dentro de la Administración no exista la posibilidad de luchas reivindicativas y que
eventualmente se consagren derechos o beneficios especiales o particulares, pero estos
deben estar al menos autorizados en el bloque de legalidad y de constitucionalidad, es
decir, deben tener un fundamento legítimo (ajustado a la ley) o acordado en forma
proporcionada a los fines que se persigue con el servicio público que se presta
Naturalmente, en dichos casos, el reconocimiento debe venir señalado en normas de
derecho público y no por institutos del derecho privado (ver voto 1992-1696 de la Sala
Constitucional). No puede olvidarse que esos beneficios presentan un impacto en las
finanzas públicas y consecuentemente sobre la política económica del Estado, los cuales
se encuentran supeditados a una serie de principios de orden constitucional y legal que
rigen la materia

VI.- SOBRE LA REASIGNACIÓN DE PUESTOS: Por “reasignación de puestos” entendemos
el hecho de cambiar la clasificación de una plaza, variando de modo sustancial y
permanente las tareas y niveles de responsabilidad que le corresponden con relación a los
que ostentaba anteriormente, lo cual puede ir o no acompañado de un ajuste salarial (hacia
arriba o hacia abajo). Como todo acto administrativo, el acuerdo de reasignación debe
satisfacer determinados requisitos de validez, incluyendo la oportuna y correcta valoración
de los presupuestos fácticos y jurídicos, lo cual conduce a la configuración de un motivo
legítimo y a la satisfacción del fin o fines legales previstos. Como ya se había adelantado,
tanto el ingreso al régimen estatutario como el ascenso es mediante concurso (sea interno
o externo) dentro de los niveles de la estructura por imperativo constitucional; toda vez que
la carrera administrativa está regida por el ya señalado principio de idoneidad comprobada
De manera que frente a cada plaza vacante, la Administración está llamada a conformar un

registro de elegibles entre todas las personas que presenten los atestados necesarios,
realizando mediante algún mecanismo un listado de calificaciones en forma descendente
Criterio de calificación que debe ser objetivo pues no se trata de dar paso a la subjetividad
o arbitrariedad, sino por el contrario establecer un mecanismo para sustentar la elección
de la persona con mejores capacidades. Como regla general mediante terna, conformada
por tres aspirantes con las mejores calificaciones, el jerarca o titular subordinado con
competencia suficiente procede a escoger al funcionario que adquirirá la propiedad
Devolviendo los restantes aspirantes al listado para que prosigan concursando en la
esperanza que en un futuro nombramiento podrían ser electos. Excepcionalmente, es
posible que la terna sea ampliada (con más de tres postulantes), para permitir un mayor
espectro de elección; o en su defecto que se trate de una nómina, cuando sea necesario
seleccionar más de un funcionario en virtud de la existencia de varías plazas vacantes. De
sobra, es de indicar, que la elección dentro de los integrantes de una terna, terna ampliada
o nómina es por demás un acto discrecional en el mejor sentido de la palabra, en tanto
existe absoluta libertad para escoger uno u otro concursante; lo que no podría ser sinónimo
de arbitrariedad, en el sentido de rechazar consistentemente un candidato por un tema
contrario al ordenamiento jurídico. El carácter discrecional de ese acto radica en valorar
más subjetivamente al concursante; salvo claro está, que por normativa interior se
establezca algún criterio objetivo, en cuyo caso existe la renuncia de la facultad para caer
en discrecionalidad cero. Incluso, la existencia de normas que garantizan participación en
el empleo público de grupos "minoritarios", como discriminación inversa, en procura de
generar la igualdad, es parte de los mecanismos donde la discrecionalidad desaparece,
produciendo un acto reglado. Anexo a lo dicho, existen las figuras de la reasignación y
reclasificación de los puestos, las que viene regulado de diferente manera según la
dispersión de regímenes propios del derecho público; pero conviene realizar alguna síntesis
de los institutos básicos de las dos figuras. La excepción a dicha regla se ubica en lo
referente a la reasignación del puesto, que como procedimiento extraordinario permite la
variación de un puesto a una clase diversa ajustándolo a una serie de funciones diversas y
relevantes en forma ascendente o descendente. Reiteramos que es excepcional,
extraordinario, en tanto el procedimiento concursal es el mecanismo de ascenso legal y
constitucionalmente regulado. Funciones que están siendo desarrolladas por un funcionario
en propiedad por un tiempo razonable, cuando exista interés de la Administración de
mantener esa actividad. El carácter de propietario resulta de vital relevancia, en el
entendido que las actividades desplegadas por un interino no podrían afectar al titular, quien
tiene derecho a regresar a su puesto en idénticas condiciones como cuando se ausentó
válidamente de éste. La consolidación de las funciones, es bajo el entendido que resulta
posible la existencia de variaciones efímeras y la lógica es que el titular no se encuentre
afecto a expectativas que a final de cuentas no se consolidan. Cabe señalar que existe la
posibilidad de la reasignación temporal, cuando la Administración conoce que una cantidad
de funciones se mantienen por un tiempo más o menos determinado, de manera que es
posible variar el puesto en dicho plazo sin que sea de manera indefinida. La reasignación
por su misma esencia es un acto constitutivo de derechos cuyos efectos son ex nunc, en
el entendido que no es sino hasta haber cumplido la totalidad de los requisitos legales y
reglamentarios que determina la asignación del puesto, y de manera posterior generado el
acto que corresponde, que se producen efectos hacia el interesado y nunca de manera


retroactiva. El cumplimiento de las funciones como acto previo a la reasignación es un
requisito para conocer las necesidades de la Administración y como tal se ha entendido
que no genera derecho a reconocimiento salarial. Si debemos insistir que el acto de
reasignación es una determinación administrativa y es por excelencia un acto técnico, de
manera que el funcionario no tiene derecho a exigir la misma en el entendido que el jerarca
podría definir mantener la plaza en idénticas condiciones y optar por traer otro funcionario
para cumplir las labores extraordinarias y diversas que pudieran ser detectadas a partir del
estudio; salvo los supuestos donde la misma Administración renuncia a cualquier
discrecionalidad y establece mediante norma la obligación de proceder a una reasignación
en determinadas circunstancias. Esta renuncia estaría regida por el principio de interdicción
de la arbitrariedad. De lo dicho se concluye que el titular no tiene derecho alguno a exigir
en una reasignación la clase específica que sea de su interés sino a solicitar el estudio para
que sea el órgano público el que defina la clasificación que mejor corresponde a sus
intereses bajo criterio técnico. En la reasignación, el titular del cargo sigue la suerte del
puesto; que según ha indicado la jurisprudencia laboral en caso de ser negativo permite el
pago de la liquidación proporcional o incluso definitiva, dependiendo del nivel de afectación
que pueda sufrir el interesado. Tratando de humanizar la norma, se ha permitido mantener
un puesto para el cual se presentan los requisitos y establecer una diferencia salarial
positiva a favor de la persona afectada, pero otorgándole un tiempo prudencial y razonable
para satisfacer el requisito que se echa de menos; en el entendido que una vez satisfecho
dicho espacio temporal se procede a la reasignación descendente en los términos ya
expuestos. Claro está, en dicho caso, las funciones deben ajustarse al puesto. No está
demás indicar que la reasignación requiere de la aprobación del jerarca, quien define si las
funciones deben consolidarse o si por el contrario el funcionario debe regresar a sus
funciones originales; responde a la estructura de puestos de la institución en concreto
Además el servidor (a) debe satisfacer la totalidad de los requisitos necesarios para el
puesto que se pretende reasignar. Así el estudio tiene un aspecto político en la
consolidación de funciones y otro de orden técnico, a saber el cumplimiento de las
funciones y de los requisitos del puesto. Por su parte la reclasificación es un instituto
diametralmente opuesto en cuanto naturaleza, fines y objetivos, empero que desde el plano
subjetivo del funcionario interesado, podría presentar semejanzas externas desde la óptica
salarial. Así esta permite variar la clase de un puesto ya no en atención a las funciones que
está realizando un titular de un puesto, sino a partir de una necesidad administrativa. La
lógica es que el puesto se encuentra vacante, de suerte que se varía el puesto para asumir
una necesidad pendiente de satisfacer; eventualmente podría tener titular, pero en dicho
caso la reclasificación sería temporal. La reclasificación puede ser ascendente o
descendente, según las necesidades administrativas y en tanto presente el correspondiente
contenido presupuestario para hacerle frente. De sobra es de indicar que la mayoría de
estos institutos presentan regulación independiente, en razón de las diversas normas de
sustento sobre la diferencia de esa dispersión normativa para regular la situación, según se
indicó en el considerando anterior; pero atendiendo a la antigüedad y amplitud del régimen
del Servicio Civil lo normal es la existencia de una remisión tácita a las normas de ese
régimen para comprender sus alcances y contenido

VII.- EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO: El actor presenta un cargo en propiedad en
el puesto No. 808, cargo Ejecutivo Avanzado Gestión de Apoyo Centro de Servicios de

Apoyo, clase: Ejecutivo, con un salario base de ¢411,800.00 colones. Ahora, concurre a
estrados judiciales a solicitar que se le resuelva de forma positiva el estudio de reasignación
ascendente y se le nombre como Ejecutivo Experto, alegando en lo que interesa y a manera
de síntesis: Que por resolución de fecha 26 de enero de 2012, se le notificó la resolución
denegando la reasignación individual solicitada y que contra ella planteó recurso de
revocatoria con apelación en subsidio el día 21 de febrero de 2012, e indica que lo resuelto
era absolutamente nulo por carecer la citada resolución de motivación fáctica y jurídica,
según lo exige el artículo 136) de la Ley General de la Administración Pública, ya que
únicamente se le indicó que las funciones que realizaba al momento del estudio de la
reasignación individual eran las mismas que realizaba al momento del Estudio Integral de
Puestos y que por no haber una variación sustancial en las funciones según los establece
las Políticas Salarias, no procedía la reasignación solicitada , sin expresar descriptivamente
los elementos de juicio para arribar a dicha conclusión, por lo que la resolución careció de
claridad, coherencia y precisión, ya que no indicó cual era el estudio realizado para esos
efectos, no obstante que gozaba de las mismas condiciones de otras jefaturas calificadas
con la condición de Ejecutivo Especialista o Ejecutivo Experto. Acusó también que el día 7
de junio de 2012, planteó un reclamo administrativo cuya pretensión era que se llevara a
cabo un procedimiento administrativo en el que se le permitiera acreditar que realizaba las
funciones propias de un Ejecutivo Experto y no de Ejecutivo Avanzado, sin embargo no lo
hizo, incurriendo la Administración en una conducta omisiva, y la Gerencia General lo que
hizo fue tramitarlo como una nueva solicitud de reasignación, lo cual no era lo pretendido,
pues no se evacuó prueba, ni se le permitió acreditar sus funciones y que por resolución
GG-2012-575, nuevamente le fue rechazada la gestión. Rechazo que se fundamentó en el
memorando DGCH-2012-983 del 10 de setiembre de 2012, cuyo contenido no pudo rebatir
dentro del procedimiento solicitado, por lo que recurrió la resolución GG-2012-575, por no
llevarse a cabo el procedimiento solicitado, ampliando los hechos de su reclamo, en el
sentido de que en el Estudio Integral de Puestos a los jefes del GEDI (Gestión de
Información) -del cual formaba parte-, se les calificó como Ejecutivos Expertos, excepto él
a quien de manera arbitraria y discriminatoria no lo calificaron como tal, sin embargo la
gestión recursiva de apelación contra esta resolución fue rechazada por la Junta Directiva
en el acuerdo 2013-104 del 14 de marzo de 2013, argumentando que de acuerdo al estudio
de campo realizado al puesto que ocupa no tiene los mismos niveles de complejidad y
responsabilidad como insiste el funcionario y las funciones que desempeña no son propias
del Ejecutivo Experto, tal y como lo pretende. Y que conforme a la reestructuración del
puesto firmada por la Licenciada Ursula Gutiérrez Villafuerte firmada el 16 de junio de 2008
el actor tiene una función principal de Jefe de Correspondencia y como tal, la de planificar,
supervisar y dirigir los servicios del área de correspondencia y mensajería, las suscripciones
anuales de periódicos y rendir informes y que si a otros funcionarios se les nombró como
Ejecutivos Expertos lo era porque las funciones que desempeñaban eran distintas en grado
de responsabilidad. Además argumentó que al momento de tomarse el acuerdo 2013-104,
aún no se había resuelto el recurso incoado contra el resultado del estudio individual y que
el día 28 de febrero de 2013 interpuso gestión de nulidad contra el informe de la Dirección
de Gestión del Capital Humano 2012-695, por emitir un criterio que era competencia de la
Dirección Jurídica y por extemporánea. Manifiesta que la Junta Directiva por acuerdo No
2012-353 rechazó el recurso de apelación contra la impugnación al resultado de la


reasignación individual, señalando que sus funciones no correspondían a un mayor nivel y
contra este acuerdo planteó recurso de reposición el 15 de enero de 2013, acusando una
serie de vicios procesales que le colocan en indefensión, además de que no se le había
notificado el resultado del recurso de revocatoria planteado ante la Gerencia General contra
la denegatoria a la solicitud de reasignación. Alegó que planteó recurso de queja el día 13
de noviembre de 2013 contra la Gerencia General en razón de que a esa fecha, no se había
resuelto el recurso de revocatoria incoado contra la impugnación a la reasignación
individual y una solicitud de acumulación de legajos; y que por acuerdo 2013-183 del 8 de
mayo de 2012, la gestión fue rechazada en razón de que en criterio de la Junta Directiva,
el recurso de revocatoria por error material se notificó hasta el día 15 de febrero de 2013,
y en cuanto a la acumulación solicitada, ya el asunto había sido conocido y agotada la vía
administrativa. Afirmó que las funciones que ejerce actualmente en su puesto y desde el
2008, como Ejecutivo de Avanzada, sin embargo son las mismas que señala el "Manual
Descriptivo de Clases Institucionales" de la Dirección de Gestión de Capital Humano, en su
punto 3, sobre "Principales Ocupaciones" deglozadas del punto 1 al 14 correspondientes a
las de Ejecutivo Experto. En la audiencia de juicio, su apoderado especial señaló que la
negativa a reasignarlo en el puesto de Ejecutivo Experto le causó un daño moral subjetivo
y que la negativa de tramitar el reclamo que presentó le impidió acreditar mediante la
prueba ofrecida, que efectivamente realizaba las funciones de Ejecutivo Experto, por lo que
se le violó el debido proceso, alegando el AyA que ese tipo de proceso no existe en la
Dirección de Gestión del Capital Humano y que la impugnación contra dicha resolución
también le fue rechazada. En razón de lo anterior, el actor solicitó se declare la invalidez
absoluta de la resolución por la que se le comunicó el resultado de reasignación individual
del puesto, fechado 26 de enero del 2012, y los oficios No. DGCH-2012-695 del 16 de abril
del 2012, el No. DGCH- 2011-1093, el No. PRE-J-2012-2467 del 11-06-2012, el No
DGCH- 2012-983 del 10 de setiembre del 2012, la resolución de la Gerencia General
número GG-2012-575, de las 11 horas del 13 de setiembre de 2012 y los acuerdos de la
Junta Directiva del AyA Nos. 2012-353, 2012-432, 2013-034, 2013-043, 2013-104 y 2013-
183 y que se declare la invalidez, de la conducta omisiva de dar trámite al procedimiento
administrativo basado en el reclamo administrativo tendente a declarar la procedencia de
la condición de ejecutivo experto a su favor, por existir disconformidad con el ordenamiento
jurídico y se le restablezca la situación jurídica individualizada, de manera que se le
reconozca y declare la condición de ejecutivo experto a su favor, en su cargo y puesto que
ostenta actualmente, como declaración de dicha situación Jurídica, así como que se
dispongan de cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello y sus respectivas
indemnizaciones por daño material y moral. De esta manera el actor acusa los siguientes
vicios con respecto: A) Sobre la reasignación individual denegada: 1) Que el acuerdo
dictado por la Junta Directiva del AyA No. 2012-353 del 2 de octubre de 2012, es nulo por
extemporáneo y por ello inválido e ineficaz. (Folio 191) 2) Que impugnó por nulo de forma
absoluta el oficio de la Dirección de Gestión del Capital Humano No. DGCH-2012-695 por
invadir esa Dirección competencias que son propias de un Informe o Dictamen Jurídico. 3)
Que la reasignación fue denegada sin la debida motivación según lo exige el artículo 136)
de la Ley General de la Administración Pública, pues en la realidad las funciones que
desempeña son de Ejecutivo Experto y no de Ejecutivo Avanzado, lo que hace que el oficio
sin número de fecha 26 de enero de 2012, por el cual se le notificó dicho resultado es


absolutamente nulo. 4) Que realiza las mismas funciones que las que corresponden al
Ejecutivo Experto, sin embargo por un trato arbitrario y discriminatorio no fue reasignado
su puesto como tal. En cuanto al primer cuestionamiento indicar que esta Cámara no
comparte el criterio del actor cuando acusa que el acuerdo de la Junta Directiva del AyA
No. 2012-353 del 2 de octubre de 2012, es nulo por extemporáneo y por ello inválido e
ineficaz, toda vez que si bien quedó acreditado que contra la resolución sin número de
fecha 26 de enero de 2012, notificada el día 17 de febrero de 2012, el actor planteó recurso
de revocatoria con el apelación en subsidio el día 21 de febrero de 2012, y su respuesta se
dio hasta el día 10 de enero de 2013, sea 11 meses después de planteado el recurso, tal
situación no aqueja de nulidad el contenido de dicho acuerdo. Y es que en este sentido el
artículo 329.3 de la Ley General de la Administración Pública señala que "...El acto final
recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposiciones en contrario
de la ley." Ahora, si bien el artículo 261) de la misma ley, señala que la fase de revisión por
recurso ordinario (revocatoria, apelación y reconsideración o reposición) será el término de
un mes, dicho plazo no es de naturaleza perentorio, sino ordenatorio, y por otro lado la Ley
no sanciona con la invalidez del acto el que se dicte fuera de dicho término, de manera que
el haberse dictado fuera del plazo indicado en el citado artículo 261. 2), no afecta la validez,
ni la eficacia de lo resuelto. En todo caso tome nota el actor, que el mismo artículo 261)
preve en su inciso 3), que si al cabo de los plazos allí establecidos, y de no haberse
comunicado una resolución expresa, se debe entender por rechazado el reclamo y surge
el silencio negativo, De manera que lo que establece la ley es que en casos en que no se
dé respuesta a los recursos administrativos, en los plazos señalados lo que debe entender
el administrado es que su reclamo o gestión ha sido rechazada para todos los efectos
jurídicos, pudiendo por la vía del silencio negativo, si a bien lo tiene, acudir a la instancia
judicial. Por lo anterior se debe rechazar dicho alegato. Sobre el segundo reproche, que
hace el actor contra el contenido del oficio DGCH-2012-695 del 16 de abril de 2012,
generado en razón del dictamen que le solicitó la Gerencia General a la Dirección de
Gestión de Capital Humano, para responder el recurso incoado por el actor contra la
resolución que denegó su reasignación; indicar que los argumentos contenidos en él, son
de naturaleza técnica y en criterio de este Tribunal si era procedente que la Dirección de
Gestión del Capital Humano externara su criterio técnico mediante un dictamen en los
términos que los señala el artículo 303) de la Ley General de la Administración Pública, de
manera que no hay una incompetencia en lo que señaló esa Dirección en el oficio DGCH-
2012-695 del 16 de abril de 2012, pues los estudios de reasignación son realizados por esa
Dirección. En cuanto al tercer reproche, esta Cámara considera que por ser un alegato de
fondo, se requiere realizar un análisis sobre los elementos del acto que afectan su validez y
por ende pueden generar una nulidad absoluta como la acusada por el actor en el presente
asunto. Al respecto esta Sección en reiterados fallos ha señalado sobre la validez del acto
administrativo que el artículo 130) de la Ley General de la Administración Pública define el
acto administrativo como "una manifestación libre y consciente dirigida a producir el efecto
jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento". Por su parte el artículo 128) del
mismo cuerpo normativo indica que es válido el acto administrativo que se conforme
sustancialmente con el ordenamiento jurídico. En cuanto a la invalidéz del acto
administrativo el artículo 158) también de la Ley General establece: "la falta o defecto de
algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el


ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Será inválido el acto administrativo
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico". Por su parte el artículo 166) de
la citada Ley indica: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios
de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. De esta forma la validez del acto se
encuentra supeditada al cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que
lo constituyen. Estos elementos se denominan objetivos o materiales y subjetivos. Entre los
elementos materiales u objetivos tenemos el motivo, el contenido y el fin, entre los
elementos subjetivos, tenemos el procedimiento, el sujeto y la forma. Los elementos
objetivos los podemos definir conforme a lo que señala la Ley General de la Administración
Pública de la siguiente manera: motivo (artículo 133 LGAP) constituye el antecedente
fáctico que desencadena la actuación administrativa. Corresponde al supuesto de hecho
del acto administrativo y justifica la emisión del acto administrativo como manifestación
unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos,
imponiendo obligaciones u otorgando derechos. El contenido (artículo 132 LGAP) del acto,
consiste en lo que la Administración dispone, manda u ordena. Es el cambio que producen
los efectos jurídicos del acto al modificar el estado de cosas al impones sanciones por
ejemplo o el otorgamiento de una licencia, un permiso, una concesión, etc. El fin (artículo
131 LGAP), consiste siempre de manera específica en la satisfacción del interés público
que está a cargo del órgano o ente en el ejercicio de una determinada competencia. En
cuanto a los elementos subjetivos tenemos el sujeto (corresponde al sujeto que dicta el
acto, para lo cual debe contar con investidura, competencia y titularidad). Procedimiento,
constituye la obligación de la Administración Pública de seguir un procedimiento entendido
éste como una serie concatenada de actuaciones de manera previa a la emisión del acto
administrativo tendentes a un fin, cuyo objeto más importante según lo dispone el artículo
214.2 de la Ley General de la Administración Pública es la búsqueda de la verdad real. El
último elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se
exterioriza o manifiesta el acto administrativo. Deriva de este elemento formal, la obligación
de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la
motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o
justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Se ha
dicho que “Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se
contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por
ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se
parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a
razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva
del acto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho
Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). La Sala Constitucional ha
manifestado: "En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender
como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que
emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con
la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de
los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso
así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de
derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser
sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso


sus derechos subjetivos (Voto 7924-99). Ahora, el actor acusa que la resolución fechada
26 de enero de 2012 el acto mediante el cual se le comunicó la negativa a la reasignación
individual, es absolutamente nula por carecer de motivación fáctica y jurídica. Esta Cámara
no considera que tal vicio se dé en la citada resolución, y es que el actor no acusa violación
a ninguno de los elementos formales supra indicados, sino que señala que la nulidad
absoluta se da en razón de una falta de motivación del acto, sin embargo tal y como se
indicó supra, la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la
Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. En este sentido en la
resolución cuestionada se le indica al actor que su no reasignación obedeció a que al
momento del estudio individual, realizaba las mismas funciones al momento en que se
realizó el "Estudio Integral de Puestos", por lo que no se daba una variación sustancial en
sus funciones tal y como lo establece las políticas salariales para una reasignación
individual. De esta manera es claro para esta Cámara que la motivación del acto por el que
no se dio la reasignación solicitada fue porque no hubo un cambio sustancial en las
funciones que realizaba el actor entre el momento en que se realizó el citado Estudio Integral
y el estudio de la reasignación individual. De manera que la motivación del acto se dio y se
cumplió con los demás elementos que exige el ordenamiento jurídico para la validez del
acto administrativo, de manera que se rechaza el alegato de falta de motivación del acto
por las razones expuestas. El cuarto reproche que realiza el actor es que no obstante que
gozaba de las mismas condiciones de otras jefaturas de las que se conocía como GEDI
(Gestión de Información) -del cual formaba parte-, fueron calificados como Ejecutivos
Expertos, excepto él a quien de manera arbitraria y discriminatoria no lo calificaron como
tal. De manera que el actor alega que teniendo las mismas condiciones de otras Jefaturas
no fue reasignado como Ejecutivo Experto, y que su no reasignación se dio por razones
arbitrarias y discriminatorias; sin embargo, es claro que el actor no acreditó dicha condición
Y es que si bien en el juicio rindió testimonio el señor José Ramírez Villalba, éste se refirió
al proceso llevado a cabo con respecto al estudio integral de puestos y el trámite que se le
dio a los reclamos planteados en razón del resultado del estudio integral. Además se debe
tomar en consideración dos aspectos interesantes en este sentido. Y es que en el presente
caso, el resultado del "Estudio Integral de Puestos" le fue comunicado al actor el día 12 de
enero de 2009, por oficio No. 14 de fecha 09 de enero de 2009, y se le comunicó que el
puesto No. 808 por él ocupado en propiedad ubicado dentro de la Gerencia General,
Centro de Servicios de Apoyo, y en el área funcional GEDI; fue reestructurado conforme a
sus actividades y requisitos de cargo y clase de profesional con un salario base de
¢350,150.00 colones paso a: i) Cargo: Ejecutivo Avanzado Gestión de Apoyo Centro de
Servicios de Apoyo. ii) Clase: Ejecutivo, con un salario base de ¢411,800.00 colones
Además se le indicó que tenía el plazo de 2 meses para interponer el recurso de reposición
ante la Junta Directiva del AyA, sin embargo el actor no recurrió dicho estudio, con el que
estuvo conforme no obstante que se le advirtió su derecho a recurrir lo resuelto. (Ver folio
355 del expediente judicial). Luego tan sólo un año y 5 meses después por oficio CNSA-
SG-CM-2010-018 de fecha 17 de mayo de 2010, el actor le solicitó al Licenciado Osvaldo
Gómez Barquero presentar ante la Dirección de Desarrollo del Capital Humano una
reasignación individual para que se le ascendiera de Ejecutivo Avanzado a Ejecutivo
Experto. (Ver folios 509, 510 y 511 del expediente judicial), a lo cual accedió el Licenciado
Osvaldo Gómez Barquero, Jefe de Servicios Generales con el visto bueno del Lic. Fabio


2010-263 del 20 de mayo de 2010, envió para su estudio a la Dirección de Gestión de
Capital Humano, la solicitud de reasignación individual gestionada por el actor. (Ver folio
508 del expediente judicial) y por oficio DGCH-2011-1093 del 29 de abril de 2011, se emitió
el resultado del Estudio de reasignación, a nombre del señor D. en el que se recomendó
mantenerlo en el puesto No. 808 como Ejecutivo de Apoyo. Centro de Servicios de Apoyo,
ya que de conformidad con el estudio realizado y visita in situ, en ese momento realizaba
las mismas funciones que fueron señaladas en el oficio No. CNSA-SG-CM-2010-018, es
decir las de Ejecutivo Avanzado, (Ver folios del 475 al 478 y del 504 al 507 del expediente
judicial), y el día 17 de febrero de 2012, se le notificó al señor D., la resolución sin número
de fecha 26 de enero de 2012, en el que se señaló que la reasignación individual solicitada
por la Dirección donde labora no se puede llevar a cabo en razón de que las funciones que
realiza son las mismas que realizaba en el momento del Estudio Integral de Puestos, por lo
que no existe una variación sustancial de funciones como lo establece las Políticas
Salariales para una Reasignación Individual. De esta manera en los dos procesos llevados
a cabo, tanto en el Estudio Integral de Puestos como en el Estudio de Reasignación
Individual se concluyó en virtud del estudio realizado que las funciones que ejecuta el actor
corresponden a las de Ejecutivo Avanzado y no a las de Ejecutivo Experto. Si embargo el
actor alega que la negativa a reasignar su puesto al de Ejecutivo Experto obedece a un
trato arbitrario y discriminatorio en su contra sin embargo no acreditó tal situación. En
cuanto al deber de acreditar su dicho, ya en otras ocasiones esta Cámara ha señalado que
aún cuando la sentencia está a cargo de la autoridad jurisdiccional, el proceso es de las
partes, siendo éstas quienes definen como presentar el caso, establecen cuál prueba
desean ofrecer y qué alegatos van a exponer. Se ha dicho que la prueba es un instrumento
para determinar la verdad de los hechos siendo que el hecho es el "objeto" de la prueba o
su finalidad fundamental, en el sentido de que es lo que es probado en el proceso. Si bien
la autoridad jurisdiccional tiene a partir del Código Procesal Contencioso Administrativo
unas amplias facultades tanto para ampliar, adicionar o aclarar la pretensión, los
fundamentos y la prueba, estos no pueden llegar al extremo de sustituir en su totalidad a
las partes, de suerte que el juez o Tribunal en nuestro caso, de manera oficiosa reemplace
a los intervinientes del proceso. A ese nivel no resulta posible. La función principal de la
autoridad jurisdiccional es dirigir el proceso, no sustituir a las partes. Es la parte quien
define, selecciona y aporta la prueba y el enfoque que pretende darle. Lamentablemente el
actor de este proceso no cumple la función que le corresponde en este sentido. No hay un
solo elemento de prueba que permita al menos acreditar la teoría del caso del actor en
cuanto a que la negativa a reasignar su puesto se debe a un trato arbitrario y discriminatorio
en su contra. Su planteamiento no pasa de ser meras argumentaciones carentes de todo
sustento probatorio. Es de recordar que a la sombra de lo normado por el artículo 317 del
Código Procesal Civil con relación al 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo
es obligación de la parte probar su dicho, lo que en la especie no se configura. De la relación
de ambos artículos se deriva lo que se conoce como el onus probandi (o carga de la prueba)
expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un
determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo
aforismo de derecho que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por
tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti


incumbit probatio ": a quien afirma, incumbe la prueba). Básicamente, lo que se quiere decir
con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel
que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema)
De esta forma al no acreditar el actor que la negativa a ser reasignado en el puesto de
Ejecutivo Experto se debe aun trato arbitrario o discriminatorio en su contra, dicho
argumento debe ser desestimado también. B) Sobre el reclamo planteado: El segundo
agravio que acusa el actor es una supuesta conducta omisiva por parte de la Institución
accionada en razón de que en fecha 7 de junio de 2012, planteó un reclamo administrativo
cuya pretensión era que se llevara a cabo un procedimiento administrativo en el que se le
permitiera acreditar que realizaba las funciones propias de un Ejecutivo Experto y no de
Ejecutivo Avanzado. Sin embargo señala que la entidad accionada lo que hizo fue tramitarlo
como una nueva solicitud de reasignación, lo cual no era lo pretendido, pues no se evacuó
prueba, ni se le permitió acreditar sus funciones y que por resolución GG-2012-575,
nuevamente le fue rechazada la gestión. De esta forma el actor considera que en razón del
reclamo planteado el AyA debía aperturar un procedimiento administrativo en el marco de
lo que dispone el artículo 214) siguientes y concordantes de la Ley General de la
Administración Pública. En cuanto al procedimiento administrativo recordemos que éste
constituye uno de los elementos subjetivos del acto administrativo tal y como supra se
explicó. Así, si bien la Administración Pública cuenta con la facultad de emitir actos
administrativos, mediante los que puede llegar a afectar derechos subjetivos de los
administrados, la Administración Pública está obligada en una relación de sujeción especial,
a seguir de previo un procedimiento administrativo. En el caso bajo examen, el actor asume
que en razón del reclamo que planteó la Institución accionada estaba obligada a aperturar
un procedimiento administrativo en los términos que lo indica el artículo 308) de la LGAP,
situación que no comparte esta Cámara en razón de lo que se expone. Este artículo señala
"1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia obligatoria en
cualquiera de los siguientes casos: a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al
administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndoles o denegándole derechos
subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses
legítimos; y b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración
dentro del expediente. 2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos
disciplinarios cuando éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o
destitución, o cualesquiera otras de similar gravedad". De esta manera la legislación exige
a la Administración aperturar este tipo de procesos en garantía del administrado, cuando el
acto final le pueda causar un perjuicio imponiéndole obligaciones o suprimiéndole derechos
subjetivos o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses
legítimos o bien si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración
dentro del expediente. Nótese entonces que la ley le exige a la Administración abrir este
tipo procesos cuando con su actividad genere daños en la esfera jurídica del administrado
Ahora bien, el actor consideró en su demanda que la Administración incurrió en una omisión
ya que ante su reclamo debió abrir este tipo de procedimiento a efectos de que se le
reasignara a Ejecutivo Experto, sin embargo quedó acreditado que la Administración
accionada dio trámite a su reclamo como una solicitud de reasignación, ello porque
conforme al testimonio de la señora Yolanda Salas Hernández, Subdirectora de la Dirección
de Gestión y Capital Humano los funcionarios están habilitados para pedir reasignaciones


cuando gusten, según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y reclamos cuando ha habido un estudio
integral de puestos. De esta manera, el estudio de reasignación es un procedimiento propio
de las Administraciónes mediante el cual se constata (verdad real) si el trabajador
desempeña las funciones que dice realizar y si estas funciones pertenecen a la clase del
puesto que dice desempeñar. Y conforme a la prueba testimonial y documental analizada,
la Administración accionada cumplió con la solicitud planteada para lo cual resultaba
inaplicable el procedimiento requerido por el actor, pues se reitera, el procedimiento
administrativo contemplado en el artículo del 308) se debe realizar cuando la
Administración mediante un acto dispone la afectación de un derecho subjetivo o interés
legítimo del administrado, situación que no se dio en el presente caso, toda vez que fue el
actor el que por la vía del reclamo planteó una gestión de reasignación y como tal fue
realizada y una vez realizado el citado estudio se constató que el actor no realizaba las
funciones que conforme al Estudio Integral de Puestos le corresponden a los Ejecutivos
Expertos (Declaración de la testigo Salas Hernández). Así las cosas, esta Cámara no
considera que se haya dado una conducta omisiva por parte de la Administración
accionada. Finalmente indicar que una vez verificada la situación fáctica frente a los hechos
probados y teniendo como norte las normas vigentes, es evidente que el asunto debe ser
resuelto de manera negativa para el accionante, por múltiples factores, empezando por el
invocado por la demandada. Como ya se indicó, la Administración Pública está supeditada
al esquema de legalidad que viene regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y
11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, lamentablemente en este caso
según el manual de puestos el señor D. no realiza las funciones requeridas para que
proceda una reasignación como Ejecutivo Experto. Reasignar el puesto en esas
condiciones llevaría implícito una derogación singular de los reglamentos, o lo que es lo
mismo, no exigir para el caso en concreto un requisito de orden de detalle establecido en
el mencionado manual, en abierta vulneración del principio de legalidad, lo que es contrario
a todo el derecho que cubre las relaciones de empleo dentro del sector público. De forma
que otorgar la reasignación solicitada sería un acto contrario al ordenamiento jurídico, que
como tal no presenta abrigo. De esa manera, la demanda se debe rechazar en todos sus
extremos como en efecto se falla

VIII.- EXCEPCIONES OPUESTAS: Como se indicó oportunamente, la representación del
AyA, opuso la excepción de falta de legitimación activa y pasiva y falta derecho. La
excepción de falta de legitimación activa y pasiva debe ser rechazada en razón de que entre
el actor y la institución accionada existe una relación jurídico administrativa al ser el señor
D, funcionario del AyA, por lo cual lo está legitimado activamente para accionar dentro del
presente proceso y por su parte al ser el AyA patrono del citado señor, se encuentra
legitimada pasivamente dentro del presente proceso. En cuanto a la excepción de falta de
derecho, ésta se constata cuando se acogen las pretensiones solicitadas, situación que no
se da en el presente caso, por los motivos ya esgrimidos en los considerandos anteriores,
por lo que al actor no le asiste el derecho material que invoca en su demanda, razón por la
cual; se acoge la excepción opuesta y se declara sin lugar en todos sus extremos la
demanda


IX.- SOBRE LAS COSTAS: Al no existir mérito para exonerar, las costas corren a cargo del
actor, conforme lo dispone el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo

POR TANTO: Se rechaza la excepción de falta legitimación pasiva y activa. Se acoge la
defensa de falta de derecho y en consecuencia se declara sin lugar la acción interpuesta
Son ambas costas a cargo del actor. NOTIFÍQUESE

Nota del Juez Muñoz Chacón: Si bien concurro con mis compañeros de Cámara en los
aspectos sustanciales de este fallo, incluso en cuanto consideró que en el caso particular
que nos ocupa, resultaba innecesario proceder a la apertura de un procedimiento
administrativo ordinario, en la forma que pretendía el actor. Aunque por diversa razón a la
esgrimida en el fallo, ya que considero que al existir un procedimiento regulado respecto a
la tramitación y resolución de las solicitudes de reasignación, debía la Administración
demandada al ser presentado el reclamo administrativo, enderezar y tramitar la solicitud
por el cauce de un estudio de reasignación, situación que no aconteció. En lo que discrepo,
eso si, con el debido respeto, es en cuanto se afirma en términos absolutos, que la
Administración Pública frente a un reclamo administrativo en general, planteado por el
administrado, o en este caso por un servidor a su servicio, no se encuentra obligada a
instruir un procedimiento administrativo en los términos que prevé el artículo 308 de la Ley
General de la Administración Pública, al considerar que los únicos dos supuestos por los
cuales se justifica su apertura son cuando el acto final pueda causar perjuicio grave al
administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos
subjetivos o cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses
legítimos o si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro
del expediente. Sin perjuicio de la amplitud de interpretación que permite el inciso a) de
dicho numeral, lo que haría subsumible en ese enunciado cualquier conflicto de interés
frente a la Administración, lo cierto es, que no se debe olvidar que el procedimiento
administrativo sirve para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la
Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del
administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, siendo su objeto más importante la
averiguación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final (214 LGAP)
De ahí que, afirmar que el procedimiento administrativo previsto y regulado en el artículo
308 LGAP se limita a los dos únicos supuestos examinados, en la forma que lo entiende la
mayoría del Colegio de Jueces, implicaría por sí, una restricción que impediría la tramitación
de un procedimiento administrativo ordinario, por medio del cual, tanto la Administración
como el propio administrado, tengan la posibilidad de conocer y discutir, mediante la
aportación y evacuación de la prueba pertinente, la procedencia de un reclamo y que
permita finalmente dictar un acto administrativo ajustado a derecho.”


 5. Nulidad y los elementos de validez: Nulidad de acto de impedimento de parentesco
para continuar con nombramiento por falta de línea jerárquica ascendente


Extracto de sentencia

“III.- SOBRE EL FONDO: De lo expresado por las partes, tanto en sus pretensiones como
los argumentos expuestos, el objeto del presente proceso estriba en determinar si el
supuesto normativo contenido en el artículo 9 inciso b) del Reglamento al Estatuto de
Servicio Civil, resultaba aplicable a la situación concreta de la actora, lo que apareja a su
vez, constatar la legalidad del acto cuestionado. Sin embargo, conviene de previo, realizar
algunas acotaciones generales, que permitan esclarecer los puntos debatidos. De la
Nulidad del Acto Administrativo: Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la
Administración Pública (en adelante LGAP) la falta o defecto de algún requisito del acto
administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un
vicio de éste. Manifestando a continuación, que será inválido el acto administrativo
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones
insustanciales no invalidarán el acto. Lo que significa que en un acto administrativo, se
pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las
primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, que se manifiesta, dependiendo
de la gravedad de la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y, las insustanciales
que no producen la invalidez del acto, pero si responsabilidad disciplinaria del servidor
agente. La validez del acto administrativo se verifica con el cumplimiento y presencia en
forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales
Estos elementos a que hacemos referencia, la doctrina nacional, como la LGAP, los
distingue entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales se encuentran el
sujeto, procedimiento y la forma, y en los sustanciales o materiales son, el motivo, contenido
y fin. El primer elemento formal del acto administrativo es el sujeto. Corresponde al autor
del acto. Es el funcionario público, órgano o ente administrativo que dicta un acto
administrativo, el cual debe a su vez contar con una serie de requisitos, tales como
investidura, competencia y titularidad. La investidura es el nombramiento o la elección de
una persona en un cargo o empleo público (en tal sentido artículos 111 y siguientes LGAP)
Es la potestad para actuar a nombre y por cuenta del Estado y dirigir a éste el efecto de su
conducta. Esta puede darse por elección o nombramiento. Se hace efectiva con la toma de
posesión del cargo. Eduardo Ortiz define a la competencia "como la medida exacta de la
cantidad de medios legalmente autorizados en favor del Estado, dentro de un caso concreto
para perseguir un fin determinado". La competencia significa la cantidad de poderes y
deberes dispuestos en favor de un determinado ente administrativo. La competencia es el
complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo con
relación a los demás, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de
órganos que integran la Administración Pública y la distribución de las distintas funciones
entre ellas (artículos 59 y 129 LGAP). Finalmente la titularidad, se refiere a que el funcionario
público no sólo debe ser competente, sino además debe ser el titular de la competencia
Por titular se ha entendido aquel que ejerce un cargo, profesión u oficio, por derecho propio

o nombramiento definitivo, con la plenitud de requisitos y estabilidad, a diferencia del
llamado a ocuparlo provisionalmente. El segundo elemento formal del acto administrativo
es el procedimiento. La Administración Pública cuenta con la facultad de emitir actos
administrativos en forma unilateral, que incluso pueden llegar a anular o revocar derechos
subjetivos de los particulares. Este poder de autotutela ha sido limitado por el ordenamiento
jurídico. Ese límite lo constituye la obligación de la Administración Pública de seguir un
procedimiento para emitir el acto administrativo. El procedimiento administrativo es una
serie concatenada de actos procedimentales tendentes a un fin. El procedimiento
administrativo tiene un objeto fundamental, la averiguación de la verdad real del motivo que
va a servir de base al acto administrativo final. El procedimiento se trata del modo de
producción de un acto (artículos 214, 216, 224, 225, 308 y 320 LGAP). El tercer elemento
formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta
el acto administrativo. De conformidad con el artículo 134 de la LGAP, el acto administrativo
deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma
diversa (ver 136 LGAP y 146 Constitución Política). Respecto de los elementos materiales
o sustanciales del acto administrativo, tenemos que el motivo (artículo 133 LGAP) es el
presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De tal
manera que, el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho
condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la razón
de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede consistir en un
acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. Dispone el artículo 166 LGAP

“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos
constitutivos, real o jurídicamente”

En tanto que el contenido del acto, constituye el efecto jurídico o la parte dispositiva del
acto, lo que manda, ordena o dispone. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es
la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, permiso, concesión (artículo
132 LGAP). El último de los elementos sustanciales o materiales es el Fin. La Administración
Pública tiene un cometido único, la satisfacción del interés público. Esa satisfacción del
interés público se logra de diversas maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de
actos administrativos. En principio se entiende que todo acto administrativo, como ejercicio
concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello
se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés
público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico
será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131
LGAP). Por otra parte, ciertamente como se mencionó en la audiencia de juicio oral y
público, la Sala Constitucional se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad del
artículo 9 inciso b del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en los siguientes términos
"II.- SOBRE EL FONDO. Este Tribunal Constitucional, recientemente, se pronunció en
relación a la constitucionalidad del inciso b) del artículo 9 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil que dispone lo siguiente: “Son requisitos para ingresar al Servicio Civil, aparte
de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto, los siguientes: (…) b) No estar ligado por
parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado
inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio (...)”. En la sentencia No. 2009-003100 de las 14:46 hrs. del 25 de

febrero de 2009, este Tribunal reconoció que si bien es cierto, anteriormente, la Sala ha
declarado con lugar acciones de inconstitucionalidad en las que se cuestionaba normas
que establecían impedimentos para el desempeño de una función pública, en razón del
parentesco consanguíneo o por afinidad de sus servidores, cuando dichas restricciones
fuesen consideradas irrazonables y desproporcionadas o lesivas de los derechos
fundamentales, también ha hecho la salvedad que en los casos en que los servidores en
cuestión guarden, entre sí, una línea jerárquica directa -como es la del amparado con su
esposa- la Sala ha mantenido la regularidad constitucional de esas limitaciones. En virtud
de lo anterior, este Tribunal rechazó que la norma citada, estuviera viciada de
inconstitucionalidad. Entre los precedentes citados, resalta la sentencia No. 2000-08192
de las 15:04 hrs. del 13 de setiembre de 2000, que consideró lo siguiente:/“(...) El análisis
expuesto en el precedente parcialmente citado revela que las restricciones de acceso a
puestos públicos por razones de parentesco impuestas por ley deben ser analizadas en
cada caso concreto, valorando la proporcionalidad entre la restricción al derecho al trabajo
y el fin que se pretende lograr con ésta -la idoneidad comprobada de los funcionarios del
Instituto y la inexistencia de favoritismos indebidos que perjudiquen el correcto ejercicio de
la función pública-. El examen involucra la significación de los vínculos familiares, la
consideración de los valores superiores ya indicados, el grado de la restricción de los
derechos del individuo que opta por el servicio en un determinado reparto público y la
naturaleza de las funciones e intereses que eventualmente pueden entrar en conflicto. La
Sala, precisando aún más los presupuestos analizados, ha atenuado la prohibición de
nombramiento de familiares de funcionarios públicos en una misma institución, al establecer
que debe existir una relación jerárquica directa entre el funcionario y la persona con quien
tiene ligamen de parentesco (sentencia número 02651-97, de las diecisiete horas treinta y
seis minutos del día catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete). Esto, por la debida
independencia que debe existir entre jefes y subalternos, para un adecuado cumplimiento
y exigencia en los deberes propios del cargo de funcionario público (sentencia número
04287-95 de las quince horas quince minutos del tres de agosto de mil novecientos noventa
y cinco). (...)” /Asimismo, en la resolución de cita la Sala reiteró que no existe infracción a
los derechos a la igualdad y al trabajo, en el tanto, existe una limitación razonable para
nombrar en cargos públicos a familiares de funcionarios que ostentan algún tipo de puesto
de jerarquía en alguna institución (sentencia No. 2651-1997 de las 17:36 hrs. de 14 de
mayo de 1997). Inclusive, es preciso destacar que este Tribunal Constitucional se ha
referido a los supuestos en que funcionarios de una misma institución contraen matrimonio
y, posteriormente, por algún ascenso, se presenta una relación de jerarquía entre dichos
familiares. En sentencia No. 2007- 12845 de las 08:38 hrs. del 5 de setiembre de 2007,
este Tribunal llamó la atención sobre la necesidad de adoptar medidas razonables y
proporcionadas para no afectar el derecho al trabajo de alguno de los funcionarios:/“(...) Lo
anterior, no quiere decir que no se deba valorar también el interés público de la función
administrativa y se deba verificar un adecuado e idóneo funcionamiento de la
administración, lo que implica evitar, eso sí con la medida menos gravosa posible, este tipo
de relaciones cuando ambos funcionarios estén bajo una línea directa jerárquica, que es
donde razonablemente podría cuestionarse la independencia necesaria entre funcionarios
y el interés general para un correcto ejercicio de la función pública. Sin embargo, el cese
del funcionario como regla general e indiscriminada, no puede ser considerada razonable


ni proporcionada. Dependiendo del puesto que ejercen los funcionarios interesados en
contraer matrimonio, no llegan a afectar de modo alguno el ejercicio idóneo de la función
pública, de manera que se están afectando gravosamente otros derechos fundamentales,
como el derecho de libertad el de formar una familia, obligársele a sacrificar a uno de ellos
su derecho al trabajo, en pos de la tutela del interés público, muchas veces no afectado
con el matrimonio de dos funcionarios. Incluso bajo una relación de jerarquía, hasta la
posible reubicación de un funcionario, que es una medida mucho menos gravosa, podría
garantizar también el interés público y no conllevar necesariamente a la pérdida del trabajo
Restricciones de esta naturaleza deben ser analizadas en cada caso concreto, valorando
la proporcionalidad entre la restricción al derecho al trabajo y el fin que se pretende lograr
Tal examen involucra la significación de los vínculos familiares, la consideración de valores
superiores- especialmente la transparencia en el ejercicio de la función pública-, el grado
de la restricción de los derechos de los individuos que ya habían optado por laborar en el
régimen de empleo público y la naturaleza de la función e intereses que eventualmente
pueden entrar en conflicto, sin demérito también del ejercicio de sus derechos
fundamentales. (...)” (Lo destacado no es del original). " (Voto 7013-2009 de las dieciséis
horas cincuenta minutos del 30 de abril de 2009). De ello se deriva que las normas que
establezcan impedimentos para el desempeño de una función pública, en razón del
parentesco consanguíneo o por afinidad de sus servidores, no resultan inconstitucionales
en tanto dichas restricciones no sean consideradas irrazonables y desproporcionadas o
lesivas de los derechos fundamentales, haciendo la salvedad en los casos en que los
servidores en cuestión guarden, entre sí, una línea jerárquica directa. Se extrae además,
que el análisis de tales restricciones desde la óptica constitucional debe hacerse caso por
caso, evaluando la proporcionalidad entre la restricción al derecho al trabajo y el fin que se
pretende lograr con ella (idoneidad comprobada de los funcionarios y la inexistencia de
favoritismos indebidos que perjudiquen el correcto ejercicio de la función pública). Los
criterios de valoración involucrados van desde la significación de los vínculos familiares, la
consideración de los valores superiores, el grado de restricción de los derechos del
individuo que opta por el empleo o cargo y la naturaleza de las funciones e intereses que
puedan eventualmente entrar en conflicto. Se informa en dicho voto, que la Sala ha
atenuado la prohibición de nombramiento de familiares de funcionarios públicos en una
misma institución, al establecer que deber existir una relación jerárquica directa entre el
funcionario y la persona con quien tiene ligamen de parentesco. Ello justificado por la debida
independencia que debe existir entre jefes y subalternos, para un adecuado cumplimiento
y exigencia en los deberes propios del cargo de funcionario público. No obstante que se
debe ponderar no afectar el derecho al trabajo de los funcionarios, también se debe valorar,
el interés público de la función administrativa, lo que implica evitar, con la medida menos
gravosa posible, las relaciones -se refiere a matrimonio- cuando ambos funcionarios estén
bajo una línea directa jerárquica, que es donde, en criterio de la Sala, podría cuestionarse
la independencia necesaria entre funcionarios y el interés general para un correcto ejercicio
de la función pública. Por tener estrecha relación con el tema que nos ocupa, conviene,
aunque de manera somera, referirse a las relaciones de parentesco, por consanguinidad o
afinidad. El parentesco es el vínculo que liga unas personas con otras. Puede ser de
consanguinidad, que sería el vínculo de sangre que une a las personas y el de afinidad,
también denominado político, que sería el que liga a un esposo con los parientes de sangre


del otro. Dentro del parentesco de consanguinidad hay que distinguir lo que es la línea recta
(ascendente o descendente) de lo que es la línea colateral. En la línea recta, la proximidad
del parentesco de consanguinidad se mide por grados, siendo un grado la distancia que
hay entre dos personas engendradas una de otra. De una a otra hay una generación y por
tanto cada generación es un grado. Así padre e hijo son parientes en primer grado. Abuelo
y nieto hay dos grados, uno entre padre e hijo y otro entre padre y abuelo. Por lo tanto el
grado de parentesco entre el nieto y el abuelo es el de segundo grado de consanguinidad
en línea recta. En la línea colateral, nos viene dada por aquellas personas que no
descienden unas de otras, sino de un antepasado común (primos entre sí, siendo el
antepasado común el abuelo). El parentesco de afinidad también se mide por grados. En
este parentesco el cónyuge se encuentra en el mismo grado de afinidad respecto de los
parientes de sangre de su esposo, que éste de consanguinidad. En nuestro medio se ha
dicho: “[…] El parentesco propiamente tal lo forma el vínculo consanguíneo que une a
varias personas que descienden unas de otras, o de un tronco común. Conforme a esto se
distinguen dos clases de parientes que, para mayor claridad, se acostumbra distribuir en
dos series de grados que componen dos líneas. Línea es, por lo mismo, la serie de
parientes. Se distinguen dos clases de ella: directa y colateral. En la directa están los
progenitores y sus descendientes; así tenemos: abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos. Y
en la colateral, llamada también transversal, se cuentan los que vienen de un mismo tronco,
pero que no descienden unos de otros, como ocurre con los hermanos entre sí; y los tíos
con los sobrinos […] Los distintos pasos de un pariente a otro, se llaman grados,
contándose uno de éstos por cada generación, la que está formada por una individualidad
de la serie, con excepción de aquella que forma el tronco de donde arrancan los individuos
que deben tomarse en cuenta para el cómputo; así, del bisnieto al bisabuelo, hay tres
generaciones, aunque aparecen cuatro individualidades, a saber: bisnieto, nieto, abuelo y
bisabuelo, no contándose está última por ser la generadora de las demás […] A más del
parentesco consanguíneo existe otro llamado de afinidad, lo que quiere decir por analogía
o semejanza, reconocido por la ley, consistente en un vínculo de carácter civil, que a causa
del matrimonio se establece entre uno de los cónyuges y los parientes consanguíneos del
otro […] En el parentesco de afinidad, el cómputo de grados se practica del mismo modo
que en el consanguíneo y con arreglo a la distribución de líneas directa y colateral […]
puede sentarse la regla que en la misma línea y en el mismo grado en que una persona es
pariente consanguíneo de uno de los cónyuges, es afín al otro cónyuge […]” (BRENES
CÓRDOBA, Alberto. Tratado de las personas. Editorial Juricentro. San José. Cuarta
edición, págs 23 a 26, 1984)

IV.- DEL CASO CONCRETO: Hechas estas consideraciones procede el análisis particular
En el caso que nos ocupa, ha quedado debidamente establecido que la actora en el mes
de agosto de 2010, fue ascendida como Directora de la Escuela de Sierpe de Osa, en forma
interina, en sustitución de la titular de la plaza. Durante todo el curso lectivo del año 2011 y
hasta el 31 de enero de 2012, se le prorrogó el nombramiento como Directora de la Escuela
de Sierpe de Osa. En el curso lectivo de 2012 se le prorrogó también el nombramiento
interino hasta el 31 de enero de 2013. Sin embargo, mediante oficio número DRH-9341-
2012-DIR del 29 de marzo de 2012, remitido vía fax, de la Unidad Administrativa de la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la
señora P. el cese del nombramiento interino en la plaza de Directora de la Escuela de

Sierpes de Osa, a partir del 23 de abril de 2012, por cuanto se determinó que existe grado
de consanguinidad con la señora P., quien es la hermana de la actora y labora como
profesora de Enseñanza Preescolar en la Escuela en la cual fue ascendida interinamente,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 del Estatuto de Servicio Civil (sic) y su reglamento
En realidad, el artículo aplicado corresponde al reglamento al Estatuto de Servicio Civil y no
a ese cuerpo normativo. El texto de la norma que sirvió de fundamento a la decisión
administrativa, es el siguiente: " Artículo 9°- Son requisitos para ingresar al Servicio Civil,
aparte de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto, los siguientes:/a) ANULADO por
resolución de la Sala Constitucional No. 5569-00 de las 9:04 horas del 7 de julio de 2000
/b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o
colateral hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores inmediatos
de éste en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio./No obstante, cuando se
compruebe mayor idoneidad para un puesto determinado y así lo amerite la necesidad del
servicio público, a juicio del Ministro o jerarca nominador, el Tribunal podrá
excepcionalmente, dispensar al interesado de este requisito./c) Poseer aptitud física,
psíquica y moral satisfactorias. Para este efecto se realizarán las investigaciones que se
estimen pertinentes, para lo cual las instituciones y servidores públicos brindarán toda
información que les sea requerida. Si como resultado de dichas investigaciones se
comprobare que los candidatos no poseen aptitud satisfactoria, se podrá, en forma
temporal o indefinida, no tramitar las ofertas o la elegibilidad del candidato./Los funcionarios
que en razón de sus cargos tengan conocimiento de las investigaciones precitadas y de
sus resultados deberán guardar discreción, so pena de merecer las sanciones respectivas
por divulgar información de carácter confidencial./(La Sala Constitucional mediante
resolución N° 5597, del 22 de octubre de 1996, declaró inconstitucional la interpretación
hecha por la Dirección General de Servicio Civil al inciso c) de este artículo “en cuanto
implica no tramitar ofertas de servicio ni nombramientos a quienes se encuentren en el
período del beneficio de ejecución condicional de la pena.”)/d) No haber sido destituido por
infracción de las disposiciones del Estatuto, del presente Reglamento, o de los reglamentos
autónomos de las instituciones cubiertas por el Régimen Estatutario, durante un período no
menor a tres ni mayor a diez años, anteriores a la fecha de ingreso, de acuerdo con la
gravedad de la falta y conforme a los lineamientos que sobre esta materia se establecerán
por parte de la Dirección General de Servicio Civil./(Así reformado el inciso anterior por el
artículo 1° del decreto ejecutivo N° 37971 del 1° de agosto del 2013) /e) Satisfacer los
requisitos que para la clase se establezcan, así como los requerimientos que señalan en los
perfiles de puesto y las bases de selección;/f) Poseer salud compatible con el servicio,
comprobada mediante carné del Ministerio de Salud o cualesquiera otros procedimientos
de prueba o diagnóstico a juicio de la Dirección General./Los requisitos consignados en los
incisos b), c), e) y f), serán exigidos también para efectos de carrera administrativa. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 21685 del 26 de octubre de 1992)."
(subrayado es suplido). De una simple lectura del inciso b) del artículo 9 del Reglamento al
Estatuto de Servicio Civil, se desprende que se establece una limitación de ingreso al
régimen de Servicio Civil a aquellas personas que estén ligadas por parentesco de
consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive, con
el jefe inmediato o con los superiores inmediatos de éste en el respectivo Departamento,
Oficina o Ministerio. Esta limitación se concibe a partir del funcionario subordinado y en


forma ascendente, de manera tal, que se impide que exista vínculo entre éste y sus
superiores en línea directa. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se aplicó la restricción
en forma descendente, es decir, de la funcionaria jerárquicamente superior hacia la
subordinada, de manera que se optó por cesar a la actora de su nombramiento interino
como Directora de Escuela por tener un vínculo de consanguinidad en línea colateral con
una maestra de preescolar (su hermana) quien se encuentra nombrada en propiedad
Durante todo el proceso, la parte actora ha sostenido que el inciso b) del artículo 9 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil no le resulta aplicable, porque no tiene parentesco
alguno con su superior inmediato (el Asesor Supervisor) ni con el Superior Inmediato de su
superior, que sería el Director Regional de Enseñanza de Buenos Aires de Puntarenas. En
contraposición, la representación estatal aduce que el citado artículo 9 inciso b) del
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil establece la imposibilidad de nombrar en un puesto
de jerarquía cuando existe otro funcionario con parentesco de afinidad y consanguinidad
Señala que la norma establece tal impedimento en razón de guardar la objetividad y
transparencia de las actuaciones de los funcionarios que ostentan un grado de jerarquía, a
fin de resguardar el interés público y que este no se vea afectado por situaciones en los que
los intereses de la persona y los de la institución puedan verse en conflicto. Indica que el
acto administrativo que cesó el nombramiento interino de la actora pretende guardar la
objetividad y transparencia institucional, protegiendo en todo caso la imagen de la
institución y con ello, también se protege el interés público, pues, dice, es sabido la
importancia que tiene la imagen de una institución para mantener y brindar seguridad y paz
al conglomerado social. Entonces, apunta, el cese de nombramiento no se trató de un acto
sin fundamento, sino que esta conducta adoptada por la Administración se encuentra
totalmente legitimada por el ordenamiento y acorde con las normas descritas. Por ello dice,
al ser nombrada la actora como Directora del centro educativo de Sierpe, en el cual se
encuentra también nombrada la hermana de la actora, la docente P. , debía enmendarse la
situación, teniendo como resultado el cese del nombramiento interino. No siendo posible,
afirma, remover a la docente P. de su puesto cuanto ostenta un derecho, perjudicándola
de manera grave y contradiciendo el principio y el derecho de estabilidad, siendo lógico
cesar el nombramiento interino de la actora. Queda claro entonces, que se debe determinar
si el acto administrativo cuestionado, es decir el cese del nombramiento interino de la actora
del puesto de directora (contenido del acto) se conforma con el ordenamiento jurídico, o
por el contrario, presenta vicios sustanciales que obligan a su anulación. En tal predicado,
el asunto pasa por establecer si, conforme con la interpretación literal del texto de la norma
aplicable, el supuesto contemplado (motivo del acto) no calza con la situación de la actora
y por ende, el cese del nombramiento deviene en ilegal, o si por el contrario, en aplicación
extensiva e integradora del ordenamiento jurídico, y la inserción de los principios que
derivan de la jurisprudencia constitucional sobre el tema, resulta válida la actuación
administrativa. En tal sentido, recuérdese que se estableció que las normas que
establezcan impedimentos para el desempeño de una función pública, en razón del
parentesco consanguíneo o por afinidad de sus servidores, no resultan inconstitucionales
en tanto dichas restricciones no sean consideradas irrazonables y desproporcionadas o
lesivas de los derechos fundamentales, haciendo la salvedad en los casos en que los
servidores en cuestión guarden, entre sí, una línea jerárquica directa. Se deriva además
que el propósito de tales restricciones es garantizar la debida independencia que debe


existir entre jefes y subalternos, para un adecuado cumplimiento y exigencia en los deberes
propios del cargo de funcionario público. Además que de existir tal vínculo en línea directa
entre funcionarios en que exista relación de jerarquía, podría cuestionarse la independencia
necesaria entre funcionarios y el interés general para un correcto ejercicio de la función
pública

V.- DEL VOTO DE MAYORÍA: De una lectura de la norma aplicada a la parte actora se
advierte que la conducta impugnada resulta contraria a lo establecido en el artículo 9 inciso
b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y por consiguiente, resulta procedente
acoger los razonamientos de la parte actora. En este orden de ideas, debe atenderse que
la prohibición de la indicada norma se refiere a que el funcionario designado no se
encuentre ligado por parentezco de consanguinidad o afinidad con sus superiores, mas no
con sus colaboradores, o como se establecía en el pasado, con sus inferiores jerárquicos
En este orden debe tomarse en consideración que nuestro ordenamiento contempla la
posibilidad de existencia de actos reglados y de actos discrecionales. En el caso de los
primeros, se tienen predeterminados sus elementos, por lo que el operador del derecho,
únicamente debe constatar el acaecimiento del motivo definido normativamente para dictar
el contenido - también regulado- a efecto de cumplir un fin público ya definido. En razón de
lo anterior, el ejercicio de las potestades regladas reduce a la administración a la
constatación del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en
presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado también. Hay entonces un
proceso aplicativo de la Ley que no deja resquicio a juicio subjetivo ninguno, salvo a la
constatación o verificación del supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal. La
decisión en que consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en presencia de dicho
supuesto y su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, si no
que ha de limitarse a lo que la propia ley ha previsto sobre ese contenido de modo preciso
y completo. En el caso de los segundos, existe un mayor o menor ámbito de posibilidades
de matización y decisión autónoma por parte de la Administración. En este último supuesto,
un margen de apreciación sobre si actuar, o como y cuando actuar en un caso concreto
No obstante, debe indicarse que dicha discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, ni
es irrestricta, dado que tiene como límites la lógica la justicia y la razonabilidad. En este
orden de ideas, el artículo 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública disponen
lo siguiente: "Artículo 15.- 1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley
en el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el
ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y
razonable. 2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto
discrecional y sobre la observancia de su límites". "Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán
dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios
elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la conformidad
con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera
contralor de legalidad" Con respecto a los alcances del control de la discrecionalidad, el
voto 84-2002 de 11:00 horas de 5 de abril de 2002 de la Sección Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativa, resolvió lo siguiente: "VI.- Cosa diversa ocurre con lo relativo a
la intensidad de dicho control y a la existencia o no de algunas aspectos discrecionales
excluidos de la fiscalización jurisdiccional. Sobre este tema, antes de cualquier otra
consideración, es preciso señalar que no existen potestades ni actos administrativos

plenamente discrecionales, pues sólo se presentan ciertos elementos discrecionales de la
potestad administrativa, lo que desde ya reduce considerablemente el ámbito cuantitativo
del cuestionamiento. Por otra parte, cabe recordar, a modo de lineamiento general, que la
discrecionalidad, en modo alguno, implica o permite la arbitrariedad, pues si bien es cierto,
los conceptos jurídicos indeterminados otorgan un margen de apreciación negativo y
positivo al órgano administrativo, no pueden "autorizar ni justificar actuaciones arbitrarias,
pues una cosa es el margen de apreciación y el halo de incertidumbre implícito en todo
concepto jurídico indeterminado o en el empleo de facultades discrecionales y otra,
totalmente distinta, la arbitrariedad. No debe olvidarse que la interdicción de la
arbitrariedad, es un principio que permea todo el Derecho Administrativo" (Sala Primera de
la Corte. N°. 48, de las 14:50 hrs. del 19 de mayo de 1995). En este sentido se ha
manifestado esta Sección del Tribunal en algunos precedentes, en los que se ha permitido
recordar que la discrecionalidad " opera cuando la Administración Pública se enfrenta a
alternativas igualmente válidas dentro las que debe inclinarse por una de ellas, así como
que no existen potestades discrecionales plenas, sino tan solo elementos discrecionales de
las potestades administrativas, por lo que es indiscutible el control de legalidad sobre los
elementos reglados de aquéllas. Además de ello, es preciso también advertir, que la
discrecionalidad es parcial, pues está afecta a ciertos parámetros de actuación que no
pueden infringirse sin caer en ilegalidad, en virtud de que la discrecionalidad en modo
alguno, conlleva arbitrariedad " (Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda
320-99 de las 10:30 hrs. del 6 de octubre de 1999). Desde este punto de vista, la remoción
de los directores que representan al Estado, debe obedecer a circunstancias verificables,
y que puedan catalogarse como una verdadera desaparición de la confianza, entendida
como una valoración objetiva, producto de las circunstancias y la verdad real que
anteceden y rodean la decisión administrativa. En esta misma proyección se ha manifestado
la jurisprudencia patria, cuando en referencia a la expresión de comentario, ha señalado
que "no debe entenderse como una atribución o una facultad absolutamente discrecional
conferida al sujeto que nombró al funcionario de confianza, sino que en su ejercicio deben
mediar circunstancias objetivas y razonables que justifiquen la declaración de pérdida de
confianza" (Sala Segunda de la Corte de Justicia. Nos. 76 de las 9:10 hrs. del 15 de julio de
1987; 161 de las 9 hrs. del 17 de julio de 1992; 305 de las 10 hrs. del 11 de diciembre de
1992; 51 de las 9:50 hrs. del 18 de marzo de 1993, y 215 de las 9 hrs. del 5 de agosto de
1994). ...Por ende, ese halo de discrecionalidad, se encuentra sujeto al control judicial bajo
los límites estrictos de la juridicidad (legalidad en sentido amplio), que nuestro propio
ordenamiento se encarga de enunciar en forma expresa, cuando de manera clara y
contundente, señala que a más del control jurídico de los aspectos reglados del acto
discrecional, el Juez verificará que no se dicten actos de esta naturaleza contrarios a las
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia, y como parte de ellos, se agregan aquí, la proporcionalidad, la razonabilidad
y la racionalidad que deben campear toda conducta administrativa". Así las cosas, es
evidente que el Juez Contencioso Administrativo puede y debe ejercer control de legalidad
tanto sobre los aspectos reglados del acto, como ante una de las violaciones de los límites
señalados de la discrecionalidad - llamado vicio de exceso de poder-, siendo así que la
actuación de la Administración, aún en el caso de que el ordenamiento le confiera libertad
de escogencia, debe estar sujeta a las reglas y principios indicados, a la hora de adoptar


una decisión determinada. Corolario de lo anterior, es que los Juzgadores están en la
posibilidad de determinar que una conducta considerada por la Administración como
discrecional, no lo sea, habida cuenta de la existencia de elementos reglados en un acto
en concreto. En el caso concreto de análisis este Tribunal considera que para su debida
resolución, debe tomarse en consideración que el Estado realiza una interpretación de la
norma, extraña a su texto y contenido, con evidentes efectos jurídicos negativos en contra
de la parte actora. Como se advierte de la norma transcrita, estamos en presencia de un
acto reglado y no de carácter discrecional. Por consiguiente, el ejercicio de potestades
públicas no puede ser contrario a lo establecido en el cuerpo normativo respectivo ni puede
ampararse a interpretaciones contrarias a su texto. Con respecto a la diferencia de
potestades regladas y discrecionales, se ha indicado lo siguiente: "... la potestad será
regladas en la medida en que todos los elementos de la conducta administrativa hayan sido
prefijados por la norma jurídica, de tal manera que ante un presupuesto jurídico o de hecho
claramente establecido en la norma (motivo), estará dispuesta una decisión o actuación
también definida (contenido), con el objetivo de alcanzar un resultado predeterminado por
el propio Ordenamiento (fin). Por el contrario, cuando esos elementos no están bien
definidos, o lo están de manera imprecisa, puede decirse que hay un margen de elección
o de valoración para concretar la conducta específica y en ese sentido, hay
discrecionalidad... " González Camacho Oscar, en El Nuevo Proceso Contencioso
Administrativo. Página 475. Como se ha indicado, en el caso de los actos reglados, los
elementos se encuentra debidamente normados, tanto el motivo como el contenido mismo
de la conducta administrativa y por consiguiente, en la situación concreta de análisis, se
advierte la regulación existente no impide que una persona sea designada en un puesto, en
el cual uno de sus subalternos pueda ser su dependiente desde el punto de vista jerárquico
El contenido de la norma es claro, prohibir que un superior designe o tenga la posibilidad
de decidir en materia de administración del recurso humano, con respecto a uno de sus
familiares que será designado en un puesto como descendiente de él. No obstante, si por
el contrario, la persona a designar es el superior de otra ya nombrada con anterioridad, no
resulta procedente limitar su derecho a ser nombrado y a su participación en la respectiva
carrera administrativa. Estima este Colegio - en voto de mayoría-, que la interpretación
hecha por la Administración demandada es abusiva y contraria al necesario control de la
conducta administrativa. No debe obviarse que en el caso de análisis estamos en presencia
de una norma prohibitiva que limita un derecho al trabajo y que por vía interpretación no
debe ampliarse a otros supuestos no previstos expresamente en su contenido. Cualquier
otra interpretación de una norma tan clara como el artículo mencionado, excede sus
alcances y limita de manera irrazonable e ilegal un derecho de una persona, que como en
el caso, tenía más de dos años de estar nombrada en un cargo. No se advierte la existencia
de precedente constitucional ni legal contrario a lo que ha estimado este Colegio y por el
contrario, al derecho de la Constitución le es odioso, el que vía interpretación, sin
habilitación legal, se le limita a la actora un derecho subjetivo y se le afecte una situación
jurídica consolidada. Para este Tribunal es claro que es procedente la existencia de normas
legales o reglamentarias que limiten el derecho a ser nombrado cuando exista una relación
de parentezco, mas no estima procedente que trascendiendo el alcance de la norma, se
pretenda dar un alcance extensivo a la misma. Si la Administración estima oportuno limitar
las posibilidades previstas en otros supuestos, bien podría acudir a la reforma


reglamentaria, mas no a emitir conductas administrativas viciadas de nulidad absoluta por
carecer de todo sustento normativo que la fundamente, tal y como se desprende del acto
cuestionado y de la norma con que se pretende motivar. En razón de lo anterior, el acto
impugnado presenta un vicio de nulidad absoluta en su motivación, habida cuenta que
como se ha tenido por demostrado, mediante oficio número DRH-9341-2012-DIR del 29 de
marzo de 2012, vía fax, de la Unidad Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación Pública, se le comunica a la señora P. el cese del nombramiento
interino en la plaza de Directora de la Escuela de Sierpes de Osa, a partir del 23 de abril de
2012, por cuanto se determinó que existe grado de consanguinidad con la señora P., quien
es la hermana de la actora y labora como profesora de Enseñanza Preescolar en la Escuela
en la cual fue ascendida interinamente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 del Estatuto
de Servicio Civil y su reglamento. En razón de lo anterior, se estima procedente anular el
indicado oficio. Con respecto al tema de las diferencias de salarios caídos solicitados por la
parte actora, estima este Tribunal que resulta procedente su reconocimiento a título de
daño material, como consecuencia inmediata y directa de la declaratoria de nulidad del
acto adoptado y en tanto que de no haberse emitido la indicada conducta administrativa,
la parte actora habría disfrutado de manera efectiva dichos emolumentos. Por consiguiente,
el pago de las diferencias salariales dejadas de percibir desde el momento del cese resulta
procedente como consecuencia del efecto retroactivo que es propio de las declaraciones
de nulidad absoluta y por consiguiente procede su reconocimiento. Dichas diferencias
serán las resultantes en los salarios que hubiera devengado la actora de haberse mantenido
en el puesto, de no haberse comunicado el cese de su puesto a partir del 23 de abril de
2012 y hasta por el término de su último nombramiento. Con respecto a la posibilidad de
indemnizar el daño moral que pudiere haberse ocasionado con motivo de la conducta de la
Administración anulada, debe realizarse las siguientes consideraciones previas: El
reconocimiento de la responsabilidad del Estado por daños puramente morales se
encuentra implícito en la lectura complementaria de los artículos 9 y 41 de la Constitución
Política, habida cuenta que en el primero no se realiza en ningún tipo de distinción con
respecto a la responsabilidad del Estado y en el segundo, se hace expresamente referencia
a la posibilidad de tutelar intereses "morales", entre los cuales, se encuentra la posibilidad
de resarcir tanto el daño moral subjetivo, como el objetivo. Por otra parte, la Convención
Americana de Derechos Humanos, dispuso sobre este tema: "Artículo 11: 1. Toda persona
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."
Artículo 24: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley." "Artículo 5.1: Toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral." Inclusive de manera previa a que
entrara a regir la Constitución Política de 1949 o se aprobara dicha Convención a finales
de la década de los 60, desde el siglo XIX, el numeral 59 del Código Civil preceptúa: “Se
establece el derecho a obtener indemnización por daño moral, en los casos de lesión a los
derechos de la personalidad” En materia del derecho administrativo nacional propiamente,
el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso: "Cabrá
responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el


padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida,
respectivamente". No obstante lo anterior, procede realizar algunas precisiones sobre la
materia, con base en la doctrina y sendas resoluciones judiciales emitidas en la materia,
dadas las particularidades existentes con respecto a este tipo de daño, habida cuenta que
en el caso del daño moral subjetivo, al afectarse la esfera más íntima del individuo, no
pueden aplicarse las reglas comunes con respecto a la prueba del daño, cuando la
afectación se realiza en el patrimonio del sujeto. En este orden de ideas, se ha dicho, "Para
probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa,
sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades M. de la
víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada
de la intimidad del sujeto pasivo. No creemos que el agravio moral deba ser objeto de
prueba directa, pues ello resulta absolutamente imposible por la índole del mismo que
reside en lo más íntimo de la personalidad, aunque se manifiesta a veces por signos
exteriores que pueden no ser una auténtica expresión ... nadie puede indagar el espíritu de
otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia y la intensidad
del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o de la decepción" (
Bustamante Alsina, "Equitativa valuación del daño no mensurable", 1990. p 655 y 656). Las
anteriores consideraciones tienen como fundamento la apreciación de que el daño moral
debe ser visto como in re ipsa o en sí mismo, dado que para tener configurado un perjuicio
espiritual, no resulta necesario probar sufrimiento o depresión exteriorizados hacia terceros,
dado que implica más bien la alteración del equilibrio existencial de las personas, dentro de
su ámbito más íntimo y no necesariamente dado a conocer o exteriorizado en toda su
dimensión hacia terceros, en tanto que esto último está en función de la personalidad de
cada individuo lesionado y partiendo de que las reacciones del humano tienen diversas
formas y oportunidades de manifestación. Por lo anterior, en el caso de que se demostrara
la existencia de una conducta (muerte de un ser querido, pérdida o lesión de un bien moral
o patrimonial, afectación a derechos fundamentales, etc) que pudiere afectar el ámbito de
intimidad de la persona - por provocar dolor, angustia, sufrimiento, etc-, se interpreta que
necesariamente existe un daño moral, siendo así que la intensidad de éste y por ende el
medio para su resarcimiento, se determinarán de conformidad con los criterios que a
continuación analizaremos en este mismo considerando. Es entonces, en función de los
derechos subjetivos menoscabados, que podemos hablar de la existencia de un daño
moral, dado que éste se producirá ante la violación de alguno de los derechos inherentes
de la personalidad y que por ende son considerados extrapatrimoniales. Es por ello, que se
habla que el daño moral surge con el mero acaecimiento demostrado de la actuación formal
o material de la Administración u omisión de actuación que vulnera dichos derechos. En
este orden de ideas, conviene hacer referencia a lo siguiente:"Siendo el agravio moral la
consecuencia necesaria e ineludible de la violación de algunos de los derechos de la
personalidad de un sujeto, la demostración de la existencia de dicha transgresión importará,
al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño. La determinación de la existencia de
un daño moral puede efectuarse de una manera tan objetiva como la comprobación de un
agravio patrimonial. Se hace necesario a tal fin sólo confrontar un hecho con la norma
jurídica que otorga a favor de un sujeto un derecho inherente a la personalidad, para
comprobar si el primero constituye o no violación de lo preceptuado en la segunda.."
Brebbia Roberto. El Daño Moral. Editorial Orbir. Por otra parte, debe advertirse que se ha


aceptado que dentro del marco de la teoría de la responsabilidad de la Administración
Pública, en tesis de principio, sería válido aceptar la posibilidad de que el demandado puede
probar la existencia de una de las circunstancias eximentes de responsabilidad
establecidas en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, a saber, la
fuerza mayor, la culpa de la víctima o de un hecho de un tercero; o inclusive probar su
inexistencia o menor gravedad de lo invocada. Es así como se ha indicado que "La cantidad
que se fije, debe ser fiel reflejo de las circunstancias descritas en el expediente, para que
resulte una suma apropiada, dado los problemas sufridos por el perjudicado, causados por
los actos ilícitos penales o civiles del agente o de los agentes productores del daño. En
razón de que esas presunciones son iuris tantum, admiten prueba en contrario, de lo cual
debe ser sumamente diligente el demandado o sujeto activo del daño, ya que le
corresponde la carga de la prueba para desvirtuar las presunciones de dolor, sufrimiento,
mortificación o agravio y para ello puede acudir a cualquier tipo de prueba ordinaria."
(Montero Piña Fernando. El Daño Moral, Página 61. Impresión Gráfica del este). No sin
advertir que alguna doctrina ha sostenido que cualquier daño producto de una conducta
lícita y normal, cuando el nivel de intensidad es excesivo, no procede ningún tipo de
eximente. En este orden de ideas, considera este Tribunal que conviene hacer algunas
precisiones con respecto al daño moral que serán plenamente aplicables para la resolución
de la ejecución sometida a su conocimiento. En primer término, debe destacarse que en
materia de daño moral hablamos de una función compensadora y no de la equivalencia
buscada en el caso del daño material. Adicionalmente, no debe obviarse que el daño moral
no escapa de la certeza con relación a que éste debe ser consecuencia de la actuación u
omisión de la administración, así como debe ser cierto el interés lesionado de la persona
que lo invoca. En este orden de ideas, se ha indicado lo siguiente:" El daño moral no es el
dolor, la pena, la angustia sino la minoración espiritual derivada de la lesión a un interés no
patrimonial. Dicho detrimento existe aunque falte comprensión por parte del damnificado
del perjuicio sufrido; en ausencia de lágrimas; inclusive cuando la víctima no se encuentre
en condiciones físicas o "síquicas" para "sentir" pena, dolor o angustia (v.gr. una persona
descerebrada). El disvalor subjetivo existe cuando la víctima haya "madurado" ese dolor y
quizás, dejado de "sentirlo". Así concebida la cuestión, se advierte de inmediato que el daño
moral puede derivar sus efectos hacia el futuro, con suficiente grado de certeza..." (Daniel
Pizarro Ramón Daño Moral. Ed. Hammurabi. Página 105) Por otra parte, el daño moral es
de orden personal, en función de la afectación de un interés legítimo del afectado. Se
evidencia que en el caso del daño moral subjetivo, no se requiere de la existencia de una
prueba directa, sino que le es aplicable determinados criterios que delimitan la
discrecionalidad del Juzgador y que desprenden de su propia naturaleza jurídica y que han
sido desarrollados por la jurisprudencia nacional. Así, en la resolución mencionada ut supra
se establece como primer criterio delimitador, los principios generales del derecho y la
equidad, siendo así que mediante voto 556-2003 de la Sección Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo, se dispuso además como criterio, lo siguiente: VI.- Referente
al daño moral subjetivo, la situación es distinta, y desde ya se deja de manifiesto, que no
lleva razón el Estado en cuanto a su oposición. Es un hecho innegable, que hubo lesión por
conducta antijurídica del Ministerio de Educación, según lo declaró la Sala Constitucional,
cuya consecuencia es, entonces, procurar en lo posible, el restablecimiento efectivo de la
esfera subjetiva afectada, dada la falta de respuesta oportuna a un reclamo administrativo,


para cuya concesión, al tratarse de este tipo de daño, es innecesaria la prueba, bastando
en ocasiones, la simple constatación del hecho generador para que proceda su
indemnización, con independencia del reconocimiento o rechazo de otros aspectos
meramente patrimoniales, para los cuales sí es imprescindible la demostración física de los
producidos. No significa lo anterior, que por el simple reclamo pueda otorgarse, ya que es
necesaria la acreditación de su existencia y gravedad, carga que, sin lugar a dudas, le
corresponde a la víctima no obstante, se ha permitido, que su comprobación pueda lograrse
a base de indicios, ya que éste se produce, cuando se afecta la intimidad, el honor, la
psiquis, la salud y la integridad física, entre otros, cuya gravedad, sin lugar a dudas,
corresponde al reclamante, pudiendo acreditarse su existencia a través de presunciones
de hombre inferidas de elementos circunstanciales, y por ello su prueba, es in re ipsa, tal y
como reiteradamente lo ha expresado la Sala Primera de la Corte". (El destacado es
nuestro). Tenemos entonces que un segundo criterio delimitador del daño moral subjetivo
son las presunciones del hombre inferidas de los elementos circunstanciales del caso de
análisis. Asimismo de diversas resoluciones judiciales y de la sentencia 413 de 19 de
noviembre de 2002 de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Adm. Sección I, se
evidencian otros criterios, a saber: "III. Por daño moral subjetivo, ha entendido la doctrina
aquella afección que incide sobre la esfera emocional de las personas causando
preocupación, sufrimiento, ansiedad y otras emociones negativas y perjudiciales, cuyo
origen sea los actos ilícitos provocados por el accionante. Por su naturaleza, son difíciles
de probar por los medio ordinarios, por lo que puede el juzgador estimarlo con examen de
las circunstancias que consten en el expediente y aplicado su experiencia, los principios
generales de derecho y los de racionalidad y proporcionalidad. " (El destacado es nuestro)
Estos últimos criterios han sido desarrollados de manera relevante para limitar la posibilidad
de reconocimiento de indemnizaciones exageradas o desproporcionadas. En este orden de
ideas, la Sala Primera ha señalado: " No se trata, entonces, de cuantificar el valor de la
honra y dignidad de un sujeto, pues estos son bienes inapreciables, sino de fijar una
compensación monetaria a su lesión, único mecanismo del cual puede echar mano el
derecho, para así reparar, al menos en parte su ofensa. No cabría dentro de tal filosofía,
establecer indemnizaciones exorbitantes, como sucede en otros sistemas jurídicos, pues
ello produciría el enriquecimiento injusto del ofendido, mediante el lucro inmoral con la honra
y dignidad propias. Dentro de los principios fundamentales del derecho, hállanse los de
razonabilidad y proporcionalidad, a los cuales se les ha reconocido en nuestro medio el
rango de principios constitucionales (ver al respecto, las resoluciones de la Sala
Constitucional #1739 - 92 de las 11:45 horas del primero de julio y 3495-92 del las 14:30
horas del diecinueve de noviembre, ambas de 1992). Aplicándolos a situaciones como la
presente, resulta indispensable, al fijar las obligaciones nacidas en situaciones jurídicas
indemnizatorias, atender la posición de las partes y la naturaleza, objeto y finalidad del
resarcimiento, sin llegar a crear situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas. En
tal sentido, el daño moral, en casos como el analizado, no podría dar lugar a
indemnizaciones millonarias, como la pretendida. Ello abriría un portillo inconveniente, para
dar paso a pretensiones desproporcionadas las cuales, so pretexto de tutelar el ámbito
subjetivo del individuo, conducirían a un enriquecimiento injustificado que lejos de reparar
la dignidad mancillada, socavaría sus fundamentos haciéndola caer en valores
eminentemente económicos (Sala Primera voto 141 de 15:00 hrs. del 18 de junio de 1993


y No. 99 de 16 horas de 20 de setiembre de 1995) (El destacado es nuestro). La causalidad
del daño es otro criterio de naturaleza insoslayable, en tanto que la causa real de éste puede
determinar los alcances y límites de la estimación reparadora. Por otra parte, siempre
dentro del orden de la proporcionalidad, se habla de la "prudente apreciación del Juez" del
daño y su resarcimiento, de la siguiente manera: "Por lo anterior, el tribunal debe considerar
la procedencia del extremo en comentario, al efecto la Sala 1º. de la Corte Suprema ha
dicho: " VI. Si bien el daño moral -en relación con el tema en cuestión- debido a su
naturaleza, permite un amplio margen de discrecionalidad al juzgador en cuanto a su
fijación, éste debe observarse necesariamente dentro de ciertos parámetros insoslayables,
por ejemplo, la antigua Sala de Casación, en sentencia Nº 114 de las 16 hrs. del 2 de
noviembre de 1979 avala la prudente apreciación de los jueces "...cuando les es dable
inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios... se tiene que el prudente arbitrio a
emplear por el Juzgador en situaciones como la presente, supone la observancia de
parámetros ineludibles como la prueba indiciaria, las circunstancias propias del caso
concreto, los principios generales del derecho, la equidad, la posición de las partes; la
naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento y los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Sobre tales extremos puede y debe la parte interesada ofrecer prueba en
lo posible. Solo así puede arribarse a un prudente arbitrio. Al margen de tales
consideraciones la fijación discrecional corre el grave riesgo de incurrir en un exceso de
poder que desfigure o desvirtúe lo ejecutoriado. Sea, la prudente apreciación del juez, aún
contando con la realización del hecho generador -cual ocurre en la especie- (principio "in
re ipsa"), precisa de las consideraciones o parámetros comentados, en torno al daño, para,
con arreglo a ellos establecer el motivo. En el evento de que no militaren en autos elementos
de juicio sobre el particular, tendrá el juzgador que actuar en consonancia con tal situación
adoptando una actitud conservadora en la fijación, pues de no hacerlo así podría incidir en
exceso de poder." Voto 00093-2000 del Tribunal Contencioso Adm. Sección II. De
conformidad con lo anterior, el reconocimiento del daño moral debe realizarse en el
entendido de que si bien no requiere prueba directa, los Juzgadores deben tener especial
prudencia y proceder a su valoración bajo su racional apreciación, bajo criterios de equidad,
aplicando las presunciones del hombre inferidas de los elementos circunstanciales del caso
de análisis, a efecto de determinar la procedencia y el quantum de la sentencia
condenatoria por este extremo dentro de los límites de la razonabilidad y la
proporcionalidad. En el presente proceso, la parte actora invoca como daño moral el dolor,
angustia y sufrimiento ocasionados con motivo del cese en el puesto para el que fue
nombrada. Al respecto, estima este Tribunal que es evidente que un despido sin haber
mediado causa por parte del servidor, implica necesariamente una afectación interna que
provoca los sentimientos indicados en quien es afectada en su esfera jurídica particular con
los efectos del acto nulo. En este orden de ideas, debe advertirse que la actuación del
Estado operó cuando la actora ya tenía más de dos años de estar de Directora de la Escuela
de Sierpe de Osa y sin que mediara conducta generadora de responsabilidad disciplinaria
de su parte. A pesar de lo anterior, se opta por eliminar todo efecto jurídico al nombramiento
de la actora, en una forma tal que se le genera una lesión en su fuero interno, tanto por la
forma abrupta e infundada que se da como por el tiempo transcurrido previamente en el
puesto. Estas condiciones hacen evidente que una persona promedio sufrirá dolor y
angustia de manera ilegítima por lo sucedido. Debe tomarse en consideración para efectos


de lo resuelto, tanto el carácter evidentemente nulo por ausencia de elementos del acto
que adoptó la decisión de cese en el nombramiento, como el hecho mismo de someter a la
actora a un largo proceso para que pudiera hacer valer sus derechos, durante un tiempo
en que se ha mantenido expectante del resultado del mismo y que reafirma la afectación
interna sufrida. Así las cosas, hechas las anteriores consideraciones procede el
reconocimiento de un daño moral subjetivo, mas no por el monto invocado por la parte, el
cual se estima excesivo y desproporcionado, sino por una suma que de conformidad con
las circunstancias del caso y la experiencia y reglas de la vida, se ajuste de manera
adecuada a la afectación sufrida y que asciende a la suma de un millón de colones
Considera este Tribunal que el monto dicho es acorde con la situación fáctica objeto del
proceso y la lesión moral de la actora. Sobre las sumas dichas por concepto de daño
material procede el pago de indexación desde el momento en que debieron ser pagadas
hasta la firmeza de la presente resolución. En el caso de la indemnización del pago del daño
moral, esta correrá a partir de dicha firmeza. Asimismo, procede el pago de intereses
legales, desde la firmeza de la resolución y hasta su efectivo pago.”


6. Relación laboral estatutaria: Posibilidad de algunas instituciones de establecer
contrataciones de naturaleza privada


Extracto de sentencia

“II.- ANTECEDENTES.- En el año 1989, la Clínica de la Caja Costarricense de Seguro
Social, ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí, no contaba con instalaciones de lavandería
Su administradora, le encomendó a L., el lavado de la ropa utilizada por los pacientes, y la
de uso normal en ese Centro de Salud. La señora L., desempeñó esa labor, en su casa de
habitación, de forma continua, a lo largo de 9 años; desde diciembre de 1989, hasta junio
de 1998. Sus servicios finalizaron, por la enfermedad, que la llevó a la muerte, el 15 de
agosto siguiente.- El 12 de noviembre de ese mismo año, el albacea de la sucesión, Daniel
Suárez López, interpuso un reclamo administrativo, en la Sucursal de la C.C.S.S., en Puerto
Viejo de Sarapiquí; solicitando el pago de las prestaciones legales que, a su entender, le
correspondían a la causante (ver folios 2, 3, y 4). El 2 de marzo de 1999, la C.C.S.S.,
denegó lo solicitado, y dio por agotada la vía administrativa. El 30 de abril de 1999, el
albacea de la sucesión, interpuso la presente demanda laboral contra la C.C.S.S., y solicitó
el pago de los siguientes extremos: a.- el Auxilio de Cesantía; b.- las vacaciones y el
aguinaldo, devengados durante toda la relación laboral; c.- el pago de los domingos y días
feriados, durante toda la relación laboral; d.- las diferencias salariales; e.- la inclusión
retroactiva de la causante, en la institución, estableciendo primero la diferencia salarial, y
calculando los extremos reclamados, sobre el salario mínimo legal; f.- los intereses legales,
de acuerdo con el artículo 1163 del Código Civil; g.- que se condene a la demandada, al


pago de las costas personales y procesales, fijando los honorarios de abogado, en un 25%
del importe líquido de la condenatoria.- La C.C.S.S., contestó negativamente la demanda,
y opuso las excepciones de falta de derecho, prescripción, y la genérica de “sine actione
agit”.- El a-quo, basándose en que había una ausencia de los elementos necesarios, para
la configuración de una relación laboral, entre la causante y la demandada, y considerando
que se trataba, más bien, de una compra de servicios, declaró sin lugar la demanda, en
todos sus extremos; acogió las excepciones de falta de derecho y la genérica de “sine
actione agit”, y rechazó la de prescripción.- En segunda instancia, el Tribunal consideró que
la causante prestó los servicios de lavandería a la demandada, desde su vivienda, de forma
continua y permanente, desde diciembre de 1989 y hasta junio de 1998; y, que esa
actividad la desarrolló de forma autónoma. Con ello, y en aplicación del principio de
primacía de la realidad, concluyó, que se trataba de un contrato de trabajo a domicilio, y
resolvió: “… Se REVOCA la sentencia… se declaran sin lugar las excepciones de falta de
derecho prescripción interpuestas (sic). Se declara con lugar la demanda. Se condena a la
Caja Costarricense del Seguro Social a pagar a la sucesión de L. los extremos de auxilio de
cesantía, vacaciones, aguinaldo, así como las diferencias salariales y los intereses legales
que correspondan sobre esas sumas los cuales se fijarán a partir de la firmeza de esta
sentencia. Son las costas del proceso a cargo de la demandada las cuales se fijan en un
veinticinco por ciento. Todos estos extremos se determinarán en el cuantum (sic) en la
ejecución de sentencia.” Posteriormente, el fallo fue adicionado así: “Se ordena la inclusión
de la señora L. como trabajadora de la demandada desde el mes de diciembre de 1989
hasta el mes de junio de mil novecientos noventa y ocho. Se declara SIN LUGAR la
demanda en cuanto a los extremos solicitados de pago de feriados y domingos (sic).”.-

III.-ACERCA DE LAS RELACIONES DE EMPLEO PUBLICO.- Las relaciones estatutarias, o
de empleo público, se rigen por los principios propios de una relación de naturaleza pública,
que pueden ser, no sólo distintos a los del Derecho Laboral –privado-; sino hasta
contrapuestos. (así lo ha sostenido la Sala Constitucional, entre otros, en sus votos números
6095, de las 9:18 horas, del 18 de octubre de 1994; 3125, de las 16:24 horas, del 14 de
junio de 1995; 3865, de las 10:57 horas, del 14 de julio de 1995; y, 3089, de las 15:00
horas, del 12 de mayo de 1998; y, también esta Sala, en los números 172, de las 10:10
horas, del 14 de marzo; 181, de las 10:10 horas, del 22 de marzo; 191, de las 9:50 horas,
del 28 de marzo; y, 322, de las 10:10 horas, del 13 de junio, todas del 2001).- Ahora bien,
de acuerdo con esa jurisprudencia, existen instituciones estatales que pueden establecer
un régimen de empleo de naturaleza pública y también de naturaleza privada. En el Voto
número 513, de las 9:50 horas, del 29 de agosto del 2001, esta Sala, al analizar las
diferencias, concluyó, que: “funcionario público, es todo aquél que, con independencia del
carácter de la actividad que realice, haya sido nombrado como tal, mediante un acto formal
de nombramiento, válido y eficaz, para ejercer potestades públicas, en el campo de su
competencia; ya sea en relaciones inter – orgánicas (empleado) o inter – subjetivas
(funcionario). Cuando se trate de trabajadores, cuyo ligamen con la Administración Pública
no se haya producido en virtud de ese acto formal indispensable, y se trate de empleados
de empresas o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al
Derecho común; o de obreros, trabajadores o empleados, que no participan de la gestión
pública, sus relaciones estarán entonces regidas por el Derecho Laboral Privado… La
calidad de funcionario público no es producto de una concesión derivada de un acto

discrecional de la Administración; el requerido nombramiento, o el acto de investidura, no
es algo que queda a la libertad de la Administración; sino que su definición, en sus alcances
jurídicos, quedó en manos del legislador… En consecuencia, sólo en los concretos casos
de excepción, previstos expresamente en los indicados numerales 111 y 112, de la Ley
General de la Administración Pública, es cuando se puede estar en presencia de relaciones
de servidores del Estado, sujetos al régimen general o común del empleo privado”.- En
relación con el caso que interesa, será necesario determinar, inicialmente, la naturaleza de
la relación que existió entre la causante, L. y la C.C.S.S., y luego, si es del caso, determinar
el régimen de empleo aplicable.-

El recurrente aduce, la errónea interpretación del ad-quem, respecto de la relación de la
C.C.S.S. y la causante L.. Argumenta, que existió una relación de contratación
administrativa pura y simple; apegada a la Ley de Contratación Administrativa y su
reglamento. La señora Marta Virginia López Cabezas, administradora del Area de Salud de
Puerto Viejo, argumentó, a lo largo del proceso, que la administración de la clínica, al
contratar para los servicios de lavandería, a la causante L., recurrió a la figura de la
contratación directa, regulada en ese momento, en la Ley de Administración Financiera de
la República, y en el Reglamento de la Contratación Administrativa (ver folio 68). Sin
embargo, no lo demostró, ni existe un documento, donde quedara plasmada tal
contratación de servicios, así como el cumplimiento de los requisitos, que para tal
contratación establecían, en su momento, la Ley de Administración Financiera de la
República, en el artículo 96 y siguientes, y el 197 y siguientes del Reglamento de la
Contratación Administrativa. Por ello, ante esa grave omisión probatoria, corresponde
excluir la posibilidad de tal eventual contratación y –que fue legalmente posible-, y analizar
la naturaleza de los servicios prestados, por la causante, a la C.C.S.S..-

V.- Reclama el representante de la C.C.S.S. que, en la relación habida entre las partes, no
estuvieron presentes los tres elementos, que, necesariamente, deben coexistir en toda
relación laboral, según lo establece el artículo 18 del Código de Trabajo, y, en especial, el
elemento de subordinación. El artículo 4 del Código de Trabajo, establece que: “Trabajador
es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de
ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso, implícito, verbal o escrito,
individual o colectivo”. Por su parte, su numeral 18, dispone: “Contrato de trabajo sea cual
fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus
servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o
delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la
existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios, y la persona que
los recibe.” Con fundamento en esa normativa, podemos distinguir los tres elementos, que
jurídicamente caracterizan una relación laboral; a saber: a.- la prestación personal de
servicios; b.- la subordinación jurídica; y, c.- el salario. Si se comprueba la prestación
personal de los servicios, se debe presumir (presunción “iuris tantum”) la existencia del
contrato de trabajo, y es el empleador quien debe demostrar que, la respectiva relación,
tuvo otra naturaleza (artículos 18 y 25 del Código de Trabajo), a fin de poder desvirtuar los
efectos de tal presunción. En consecuencia, una relación contractual, no puede calificarse
como laboral, si no media una prestación personal del servicio. En cuanto a los tres

elementos citados, la experiencia ha enseñado que, en una relación laboral común, éstos
son normalmente apreciables con toda claridad.- Tratándose de las denominadas “zonas
grises” o “casos frontera”, en los cuales resulta en extremo difícil poder acreditar la
convergencia de esos elementos, se ha permitido utilizar diversas fórmulas; las cuales, en
concordancia con los numerales 16 y 17 del Código de la materia, tienden a preferir y a
establecer la existencia de un contrato de índole laboral, en beneficio del trabajador; a
saber: la Teoría del Contrato Realidad; y, la determinación única del elemento
subordinación. La Teoría del Contrato Realidad, se fundamenta en el principio de la primacía
de la realidad, que es un principio general del Derecho del Trabajo. De acuerdo con él, los
hechos prevalecen sobre las formas, las formalidades o las meras apariencias. En el caso
de existir discordancia entre lo que ocurre en la práctica, y lo que surge de documentos o
de acuerdos, debe darse preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos (ver, PLA
RODRIGUEZ, Américo; Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones
Depalma, segunda edición, 1.990, p. 243). En ese entendido, a efecto de determinar la
existencia o no de un contrato laboral, no interesa tanto lo pactado en los documentos o en
lo acordado, sino la prestación efectiva de servicios, tal y como se dio en la realidad. (Al
respecto, pueden consultarse, también entre otros, los Votos de esta Sala, números 142,
de las 9:00 horas; y, 144, de las 9:02 horas, ambas del 9 de febrero; 181, de las 9:45 horas
y, 211, de las 10:15 horas, ambas del 11 de febrero; todas del año 2000; 74, de las 9:30
horas, del 31 de enero; 124, de las 9:50 horas, del 16 de febrero; y, 322, de las 10:10
horas, del 13 de junio; todos del 2001). Por su parte, la subordinación, se entiende como
la capacidad del patrono, de darle órdenes al trabajador, y la correlativa sujeción de éste a
la dirección del empleador, para tener como existente, en un caso concreto, una relación
de esencia laboral (Sobre el particular, se pueden consultar los Votos, de esta Sala,
números 268, de las 8:00 horas, del 13 de diciembre de 1991; 25, de las 9:00 horas, del
24 enero de 1992; 284, de las 10:30 horas, del 25 de noviembre de 1998; y, 193, de las
10:40 horas, del 15 de julio de 1999). Tal subordinación implica, para el patrono, tanto la
potestad real de dirigir, dar órdenes y fiscalizar la labor del trabajador, como también la de
disciplinarlo. Por consiguiente, frente a esta potestad, encontramos el deber correlativo e
indiscutible, de aquel, de tener que someterse. (Sobre este tema, y respecto de asuntos
semejantes, pueden además consultarse, entre otros, los fallos de esta Sala, números 152,
de las 9:20 horas, del 14 de julio de 1993; 172, de las 11:00 horas, del 14 de agosto de
1997; y, 882, de las 9:40 horas, del 13 de octubre del 2000).-

VI.-Analizando el caso específico, se tiene que, la Clínica de la C.C.S.S., de Puerto Viejo de
Sarapiquí, no contaba con instalaciones adecuadas para el indispensable servicio del
lavado de ropa. De esta forma, su administradora, había optado por contratar a varias
personas quienes, desde sus propios domicilios, prestaran los servicios de lavandería y de
planchado. Doña L., que vivía a 200 metros de la clínica, comenzó a prestar tales servicios,
en diciembre de 1989, y lo hizo de manera consecutiva y personal, hasta junio de 1998
Solamente en los últimos días, por impedírselo una grave enfermedad, una hermana suya,
se hizo cargo de ejecutar esa labor (ver los testimonios de Marta Virginia López Cabezas,
administradora del Area de Salud de Puerto Viejo; y de Rosibel Arias Camacho, vecina de
doña L., y trabajadora de la C.C.S.S.; ambos a folio 41). La causante, recibía la ropa en su
propia casa y, en ese mismo lugar, la lavaba. Se trataba de paños, sábanas, cubre jeringas,
cubre paquetes, campos, guanteras, sacos, y fundas; necesariamente utilizados por los

pacientes y, en general, para el normal desarrollo de la actividad de servicio de la institución
El señor Santos Cedeño Aráuz, quien laboraba allí, como misceláneo, estuvo encargado,
entre otras personas, de transportar la ropa a la casa de la causante y, una vez limpia, de
recogerla. (Ver, al efecto, las declaraciones de López Cabezas, de Arias Camacho, de
Agapita Chavarría Córdoba, compañera de Cedeño Arauz; de Damaris Castro Quirós,
miscelánea, quien, por orden de doña Marta Virginia, le llevaba la ropa a doña Luz, al igual
que lo hicieron Santos y Manuel Sánchez Barquero). Doña Lucía utilizaba jabón azul de
barra, y cloro, para lavar la ropa. El jabón era suministrado por la accionada, en cantidades
proporcionales a la ropa. Doña Marta Virginia, ordenaba su envío, a la casa de doña Luz,
dentro del saco de la ropa sucia (ver declaraciones de López Cabezas, a folio 41; de
Chavarría Córdoba, a folio 55; y, de Sánchez Barquero, a folio 62). Las testigos Castro
Quirós y Arias Camacho, declararon que, la causante, no estaba sujeta a horario alguno, ni
a supervisión. Únicamente, según hizo ver la última de ellas, alguien pasaba a preguntar, si
ya la ropa estaba lista. La clínica llevaba un control escrito, de las piezas sucias enviadas
Doña Luz se dejaba un comprobante y, el otro, quedaba en poder de doña Marta. El precio
del trabajo, se calculaba según el peso de la ropa lavada y era pagado en efectivo, en la
sucursal de la C.C.S.S. de Sarapiquí, por la misma doña Marta Virginia; de lo cual también
quedaba un comprobante (ver los testimonios de López Cabezas y Castro Quirós; y los
comprobantes a folio 93 y siguientes). La clínica le hacía, normalmente, un pago mensual
a la señora L.. El promedio mensual de ingresos, que la causante percibió, en los últimos 6
meses, fue de 25.127,84 colones. Doña Lucía laboró, de forma continua, durante casi 9
años. Aunque no se cuenta con la fecha exacta, de lo dicho por los testigos, en relación
con el último pago que recibió (el 24 de julio, según consta a folios 221 y 223), se calcula
que laboró, aproximadamente, hasta finales de junio de 1998. Posteriormente, fue
trasladada a San José y falleció el 15 de agosto siguiente (ver los testimonios de Castro
Quirós y de López Cabezas; así como la respectiva acta de defunción, a folio 17).-

VII.- A lo largo del proceso, la parte actora ha sostenido, que la prestación de servicios de
doña L., se dio bajo la modalidad de contrato de trabajo, a domicilio. Sin embargo, la
C.C.S.S. argumenta, que la causante nunca estuvo sujeta al régimen laboral, y que, entre
ellas, mediaba un contrato administrativo; que, en sí mismo, no implicaba subordinación
jurídica, siendo que, por parte de la C.C.S.S., únicamente se dieron meros actos normales
y necesarios de control de la ejecución.- El contrato de trabajo a domicilio, participa de los
tres elementos básicos, que integran el contrato de trabajo, es decir, prestación personal
del servicio; subordinación y remuneración, o pago de salario, todo ello, conforme con los
artículos 4 y 18 del Código de Trabajo. Se encuentra regulado en el artículo 109 idem, el
cual expresa: "Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro
sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del
representante de éste.".- De forma general, DE LA CUEVA indica, que el trabajo a domicilio
se ejecuta habitualmente para un patrono. La relación entre el trabajador y el empleador no
es meramente ocasional (DE LA CUEVA, Mario, El nuevo Derecho Mexicano, Editorial
Pórrua S.A., México, 1988, tomo I, p. 561). Entre las características de este contrato,
destaca CABANELAS, que la prestación se da sin la subordinación directa del empleador,
en un local escogido por el trabajador, que puede ser su propio domicilio u otro sitio. Se
realiza en ausencia del empleador, quien, sin embargo, señala las condiciones cuantitativas
y cualitativas que enmarcan la prestación. (Consultar, CABANELLAS, Guillermo

Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1968, p. 854)
Para DE LA VILLA GIL, la dirección y el control, se dan al encomendar el trabajo y al
recibirlo, lo cual conlleva un control al realizarlo. (DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, ²Contrato
de trabajo a domicilio², en Catorce lecciones sobre contratos especiales de trabajo, Sección
de Publicaciones e Intercambio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid,
1965, p. 270). Según indica CABANELLAS, el empresario logra la fiscalización que le
interesa, al examinar la cantidad y calidad de la producción; pues sólo paga contra entrega
y según lo producido y aprobado por él, por la prerrogativa que se reserva, de hecho o de
derecho, para rechazar lo deficiente (CABANELLAS, Guillermo; Compendio de Derecho
Laboral, Tomo I, tercera edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1992, p. 1080)
Ese tipo de contrato, se desarrolla sin sujeción a horarios o jornadas laborales. El material
se entrega en la cantidad convenida por las partes y el trabajador devuelve la pieza
confeccionada. No se le exigen mínimos, ni se le controla en la elaboración de sus piezas.-
Según indica CABANELLAS, la capacidad del trabajador, no es absorbida totalmente por
el empresario, quien puede encomendarle labor que concluya aquel en poco tiempo de
cada día. También existe la posibilidad, de que el trabajador haga la tarea ayudado, e
incluso, que descargue la misma en otra persona, ocasional o permanentemente (Ibíd, p
1082). De acuerdo con DEVEALI, el trabajador a domicilio no trabaja para sí, sino para otro
y, es subordinado, en la medida que depende del dador del trabajo, de un intermediario o
de un tallerista. Se ve obligado a ajustar su conducta, en la ejecución de la tarea, a las
instrucciones impartidas, en cuanto al modelo y a las condiciones de ejecución, sobre el
tiempo estipulado para la entrega y el precio convenido por la tarea realizada. (DEVEALI,
Mario, Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo III, segunda edición, Editorial La Ley, Buenos
Aires, 1972, p.761 y 778). CARRO IGELMO y KROTOSCHIN se refieren a la subordinación
y a la dependencia. El primer autor expresa, que el trabajador queda ligado al empresario,
por el resultado técnico y laboral de su función, con lo cual queda casi borrado todo
contacto personal entre uno y otro. Respecto de la dependencia, indica que se presenta
una falta de ella, o a lo sumo, una atenuación, que se manifiesta en la no vigilancia de
jornada, horarios, etc. Citando a MONTOYA, trae a colación, un concepto clave: “El hecho
de que el trabajador a domicilio no esté físicamente en el centro de trabajo o establecimiento
empresarial, no significa que esté fuera del círculo organizativo y disciplinario del
empresario.” (Consultar, CARRO IGELMO, Alberto José; Curso de Derecho del Trabajo,
segunda edición, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1991, pp. 606 y ss.)
KROTOSCHIN, al referirse a la dependencia económica, expresa: “La dependencia
económica en que se halla el trabajador a domicilio, supera, por regla general, la del
trabajador común, sobre todo en los casos en que el trabajo es distribuido por un solo
empleador o intermediario en el lugar donde reside aquel, de modo que el obrero no pueda
elegir entre varios empleadores.” (KROTOSCHIN, Ernesto; Manual de Derecho del Trabajo,
tercera edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 328).- Dadas las
características especiales de este contrato, existen una serie de disposiciones
complementarias, que permiten ejercer un cierto control, como lo dispone el artículo 110
del Código ibídem: "Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a
domicilio deberá llevar un libro sellado y autorizado por la oficina de Salarios del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social en el que anotará los nombres y apellidos de éstos; sus
residencias, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto exacto


de las respectivas remuneraciones.- Además hará imprimir comprobantes por duplicado,
que le firmará el trabajador cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el
salario que le corresponde; o que el patrono firmará y dará al trabajador cada vez que éste
le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o
individualización que proceda." En relación con lo anterior, señala DIEGUEZ, que el hecho
de que la prestación se dé fuera de la sede de la empresa, y que no sea posible la vigilancia,
matiza la dependencia, pero sin excluirla. Ello, toda vez que, el empresario puede controlar
de otro modo al trabajador; mediante el llamado “documento de control”, que es una
exigencia legal (DIEGUEZ, Gonzalo; Lecciones de Derecho del Trabajo, Editorial Civitas,
Madrid, 1988, p. 69). Pese a las disposiciones especiales, que rigen este tipo de contrato,
continúa siendo un contrato laboral, que como tal, queda ligado a los principios del Derecho
del Trabajo y a la normativa general de la materia, incluyendo la de seguridad social. (Así lo
expresó esta Sala, en el Voto número 90, de las 9:20 horas, del 9 de mayo de 1997).-

VIII.- En el caso concreto, se dio una prestación personal de los servicios, y ello hasta para
presumir, que la relación fue laboral. En el caso de considerar la demandada lo contrario,
era a ella a quien le correspondía aportar los elementos probatorios que evidenciaran la
ausencia de una relación laboral, ya fuera que prestaba esos servicios a terceras personas,
o porque subcontrataba otros trabajadores para que le asistieran en la labor; sin embargo,
nada de esto se dio, sino todo lo contrario. Con base en la prueba de autos, esta Sala
concluye, al igual que el Tribunal, que entre las partes existió una relación laboral; y,
específicamente, un contrato de trabajo a domicilio, que coincide con las características
descritas en la legislación y en la doctrina. Las pocas variantes existentes, básicamente en
lo que se refiere a la subordinación, tienen su origen en el tipo de labor desempeñada. La
causante prestó sus servicios de forma personal, estable y continua, en su propia casa de
habitación, sin sujeción a horarios y tampoco a jornadas, por un espacio aproximado de 9
años. No existen elementos que nos permitan constatar, que fuera sustituida por otra
persona, más que durante su grave enfermedad y ello fue poco antes de la muerte. La
continuidad, a lo largo de los años, refleja, que la C.C.S.S., se encontraba satisfecha con
el servicio. Por otra parte, debe de tomarse en cuenta, que Puerto Viejo de Sarapiquí, es
un pueblo pequeño, donde sin duda, el elemento confianza, tiene un papel importante. Se
conoce a la persona, y su cumplimiento y honestidad tienen una incidencia relevante; que
se demuestra, con la permanencia de la institución en sus servicios. La base de confianza
da certeza de que las cosas se entregan y se devuelven, y de que se van a mantener con
el cuidado necesario. La C.C.S.S. no ejerció ningún control directo sobre doña L., sin
embargo, sí existía fiscalización, al encomendar el trabajo y al recibirlo, mediante el control
escrito de piezas entregadas y recibidas. El examen de calidad, consistía, simplemente, en
que la ropa regresara limpia, y los pagos se hacían a destajo, de acuerdo con el peso de lo
lavado, una vez cumplida, debidamente, la prestación. Normalmente, en los contratos de
trabajo a domicilio, se brindan indicaciones al trabajador, sobre la forma de hacer el trabajo
Pero, en este caso, nos encontramos ante una tarea que tiene una clara connotación
genérica, realizada en este país, por las mujeres, lo que de cierta forma determina, que no
se requiriera de girar instrucciones a la causante L.; pues, se considera una tarea sin
dificultad y se supone y sabe conocida. Resulta de gran importancia apreciar, que ella
estuvo siempre disponible y que, su trabajo, formaba parte indispensable, de las actividades
habituales de una clínica, o de un hospital, y que van dirigidas a la eficiente prestación de

los servicios de salud. La causante no se reservó ningún derecho, de aceptar o no, cada
nuevo encargo, o de elegir entre otros empleadores. La ropa era simplemente dejada en su
casa, pese a que no hubiera una persona que, en ese momento, la recibiera (ver testimonio
de Manuel Sánchez Barquero, folio 62). La clínica le distribuía el trabajo a doña L., de
acuerdo con sus propias necesidades. La causante, de ninguna forma, limitó la prestación
del servicio que se le requería; por el contrario, estaba ligada a su círculo organizativo y
disciplinario; ella se ajustaba a las necesidades de la clínica. La razón probable de ello, es
que dependiera de manera importante, en lo económico, de la C.C.S.S.. Esta, le sufragaba
una parte de la materia prima, el jabón, que le era enviado en cantidades específicas, de
acuerdo con el peso de ropa a lavar y el cloro lo ponía ella. El hecho de que los trabajadores
de la clínica fueran a preguntar, si ya la ropa estaba lista, denota la existencia de un plazo,
aunque flexible, para el cumplimiento de la prestación. No habiendo aportado la parte
demandada, las pruebas que sustentaran su tesis; y ante la duda, ha de prevalecer, que la
prestación de servicios en este caso, era laboral, y le corresponden a la parte accionante,
los derechos y garantías que la legislación en esta materia contempla. Por todo lo anterior,
debe declararse sin lugar, el agravio formulado, respecto de la valoración de la prueba, por
parte del Tribunal.-

IX.- Reclama el recurrente, la violación del principio de legalidad; el cual presupone que,
cualquier contratación laboral, para ser efectivamente tal, debe estar prevista en el
Presupuesto; y, a su vez, obedecer a la existencia de una plaza, que sustente cada
nombramiento. Ciertamente, no consta que la señora L., fuera nombrada en puesto alguno,
mediante un acto administrativo formal de investidura, tal y como lo determina el artículo
111 de la Ley General de la Administración Pública. No existe una acción de personal, con
la que la hayan designado como tal; tampoco, el correspondiente y obligado contrato de
trabajo escrito. De los elementos probatorios aportados, que fueron analizados en los
considerandos anteriores, se concluye que, la relación de la causante con la demandada,
quedó bajo la protección del derecho laboral privado y que ella no fue una servidora pública
La demanda se entabló, con el objeto de desentrañar la verdadera naturaleza de la relación,
que existió. Cuando lo que se cuestiona es la laboralidad de una relación, no cabe
ampararse en el principio de legalidad, como lo intenta el recurrente; para, eventualmente,
fomentar abusos de parte de la Administración Pública. De acuerdo con los Votos citados
en el Considerando III.- y, en especial, el número 513-2001 de esta Sala, es posible que,
dentro de una institución pública, existan tanto servidores públicos, sometidos a un régimen
estatutario y trabajadores regulados por el régimen laboral privado. La actora, a no dudarlo,
encaja en lo jurídico dentro de este último grupo.-

X.- Como siguiente agravio, aduce el apoderado de la demandada, una mala valoración de
la prueba, respecto de la terminación del contrato; pues argumenta que, la última factura
de cancelación, de la denominada contratación administrativa, fue en junio de 1988; y que,
la señora L., le dejó de prestar sus servicios a la C.C.S.S., aproximadamente dos meses
antes de su fallecimiento; de esta forma, el contrato administrativo finalizó, sin que la
causante le diera alguna justificación a la C.C.S.S., y más aún, si se trataba de una relación
laboral. El 24 de julio de 1998, fue retirado el último pago de la C.C.S.S., a favor de la señora
L., correspondiente a los servicios de lavado, prestados en el mes de junio (ver folios 221 y
223). Ahora bien, no procede pronunciamiento de esta Sala, acerca de si existió o no, una

justificación por parte de la causante, para terminar su relación de servicios con la C.C.S.S
El punto no fue alegado en su oportunidad, por lo que, de acuerdo con el principio de
preclusión de los actos procesales; y, según lo dispuesto en los artículos 598 y 608 del
Código Procesal Civil, aplicables por remisión del artículo 452 del de Trabajo, no podrán
ser objeto del recurso, cuestiones que no hayan sido propuestas, ni debatidas,
oportunamente por los litigantes.-

XI.- Reclama también el recurrente que, la parte actora, nunca objetó la prueba de folio 68,
donde la C.C.S.S. certificó que, la causante, nunca había figurado ni trabajado para la
Clínica de Puerto Viejo, bajo la modalidad de un contrato laboral. En virtud de lo expresado
en los considerandos anteriores, y habiéndose constatado, mediante la prueba evacuada,
la verdadera naturaleza de la relación, entre la causante y la entidad demandada, la
constancia de folio 68 ha quedado jurídicamente desvirtuada, por lo que el agravio aducido,
carece de fundamento y también debe rechazarse.-

XII.- Esta Sala entiende, que la disconformidad de la parte demandada, lo es con el todo de
la condenatoria del fallo recurrido. Por ello, considera necesario y oportuno aclarar, que el
contrato de trabajo a domicilio, dada su especial naturaleza, ya descrita (y según aconteció
también en el caso concreto), no prevé horarios ni jornadas; así como tampoco un
rendimiento mínimo del trabajador; pues la remuneración se cancela a destajo. Esta última
puede variar, de acuerdo con los requerimientos del empleador y especialmente, con el
ritmo de producción o de conclusión de cada actividad, convenidas con el trabajador. Por
lo anterior, no resulta posible, el establecimiento de un salario mínimo; y, carece de sustento
fáctico, y legal, la condena al pago de diferencias salariales, de que también fue objeto la
demandada; extremo que sí debe ser revocado.-

XIII.- COSTAS.- Reclama el recurrente que, el Tribunal, fijó las costas personales, en el 25%
de la condenatoria; lo cual estima desproporcionado y que no guarda relación, dado que
no existe cuantificación alguna, para una eventual condenatoria. Esta Sala, no encuentra
razón para variar ese porcentaje, sobre todo en consideración a la pertinaz oposición, que
fue reiterada y constante, por parte de la demandada, a los derechos laborales
reclamados.-

XIV.- En razón de lo expuesto, procede confirmar parcialmente la sentencia del Ad-quem,
y revocarla respecto de la condenatoria al pago de diferencias salariales, las cuales se
deben denegar.-

POR TANTO: Se confirma, parcialmente, la sentencia del Tribunal, y se revoca la condena
al pago de diferencias salariales, las cuales se deniegan.- De conformidad con el artículo
154, párrafo final, del Código Procesal Civil, se hace constar, que el Magistrado Bernardo
van der Laat Echeverría concurrió con su voto al dictado de esta resolución, pero no firma
por estar imposibilitado para hacerlo.”


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REFERENCIAS


de la Resolución: 18 de Marzo del 2016 a las 14:00. Expediente: 10-000076-0868-LA. Clase de
asunto: Proceso de puro derecho


de Enero del 2016 a las 08:00. Expediente: 09-001596-0166-LA. Clase de asunto: Proceso
ordinario


Agosto del 2015 a las 10:15. Expediente: 12-000147-1178-LA. Clase de asunto: Proceso ordinario
laboral

de la Resolución: 14 de Agosto del 2015 a las 16:30. Expediente: 13-004502-1027-CA. Clase de
asunto: Proceso ordinario

de la Resolución: 19 de Marzo del 2014 a las 16:30. Expediente: 12-002527-1027-CA. Clase de
asunto: Proceso de conocimiento

Noviembre del 2001 a las 10:10. Expediente: 99-000129-0505-LA. Clase de asunto: Proceso
ordinario laboral