PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Procedimiento Administrativo

Palabras Clave: Artículo 41 de la Constitución Política, Recurso de amparo, Prescripción, Plazo de un mes

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 22/05/2024

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
1. Recurso de amparo planteado por retraso en solicitud al MEP para el pago de sus
2. Denegatoria de medida cautelar en contra del Colegio de Ingenieros Agrónomos
3. Recurso de amparo de alumna en virtud de atrasos en caso de hostigamiento
4. Caso en que no se cumple el presupuesto del peligro por demora no puede
5. Prescripción: Procedimiento administrativo disciplinario, investigación preliminar y
6. Sala ordena plazo de un mes para resolver reclamo a Ministerio de Cultura y


 RESUMEN


La presente reseña trata el principio de justicia pronta y cumplida, positivizado en el artículo
41 de la Constitución Política en relación a procedimientos administrativos, se cita el
numeral indicado de la carta magna y variadas sentencias que tratan temas como: el
retraso en solicitud al MEP para el pago de sus prestaciones legales, denegatoria de medida
cautelar en contra del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el recurso de amparo de alumna
en virtud de atrasos en caso de hostigamiento sexual en Facultad de Derecho de la UCR,
el presupuesto del peligro por demora no puede tenerse por establecida una afectación
mayor a un interés particular, la prescripción en el procedimiento administrativo
disciplinario, investigación preliminar y conocimiento de hechos causales, y la orden de la
Sala de plazo de un mes para resolver reclamo a Ministerio de Cultura y Juventud, entre
otros


NORMATIVA


Constitución Políticai


ARTÍCULO 41.-

Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes


 JURISPRUDENCIA


1. Recurso de amparo planteado por retraso en solicitud al MEP para el pago de sus
prestaciones legales


Extracto de sentencia

ELECTRÓNICO. En este asunto, consta que la solicitud para pago de prestaciones legales
fue remitida al Ministerio de Educación Pública vía correo electrónico, específicamente, a la
cuenta denominada prestacioneslegales@mep.go.cr. Este Tribunal, en la resolución de
curso de este amparo, solicitó a las autoridades del Ministerio de Educación Pública indicar
si tal dirección se encuentra o no establecida como medio oficial para la recepción de
gestiones remitidas por los usuarios a dicha institución. En el informe, la Directora de la
Dirección de Gestión de Talento Humano del Ministerio de Educación Pública afirmó que
dicha dirección sí ostenta esa condición. Además, debe tomarse en cuenta que, desde esa
cuenta electrónica, se le dio acuse de recibido a la parte gestionante. Así las cosas, resulta
procedente el conocimiento por el fondo de este proceso de amparo

IV.- SOBRE LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. En primer término, el
recurrente acusa que, a la fecha de planteado el presente proceso de amparo, las
autoridades del Ministerio de Educación Pública no le habían resuelto una solicitud que
formuló a efecto que le fuera cancelado el monto correspondiente a sus prestaciones
legales, lo cual, en su criterio, vulnera lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución
Política

Para resolver este agravio en particular y conocerse por el fondo, debe aclararse, en primer
término, que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero
de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas
excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha
cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos
261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para
resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de
parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso
se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal
Constitucional–, pues se está ante una solicitud formulada para el pago de las prestaciones
legales

Aclarado el punto, este Tribunal observa que este extremo del recurso en particular merece
ser acogido. Lo anterior por cuanto se tiene por demostrado que, pese a que desde el 29

de noviembre de 2023 (con motivo de haberse acogido a la pensión desde mayo de ese
mismo año), el tutelado presentó ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública
una solicitud para que se le cancelara lo correspondiente a sus prestaciones laborales, para
el día de formulado este amparo (22 de marzo de 2024), luego de transcurrido un plazo
excesivo de aproximadamente cuatro meses, los recurridos no habían emitido resolución
formal alguna sobre el particular, sin que medie justificación válida alguna

Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que, en la especie, se ha producido ciertamente
una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un
procedimiento administrativo pronto y cumplido consagrado en el ordinal 41 de la
Constitución Política

V.- TOCANTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES LEGALES. De otra parte, el accionante
acusa que las autoridades del Ministerio de Educación Pública no le han cancelado el monto
que le corresponde por concepto de prestaciones legales, pese a haberse acogido a su
pensión desde el 1° de mayo de 2023

Revisados los autos, esta Sala Constitucional estima que lleva razón la promovente en lo
que a este extremo también se refiere. Esto, dado que, igualmente se ha demostrado que,
para el día de formulado este amparo, los recurridos no le habían cancelado al tutelado el
monto correspondiente a sus prestaciones legales pese a que, para entonces, tenía
esperando más de diez meses desde que se pensionó. Plazo que resulta claramente
excesivo y desproporcionado

Respecto al retardo en el pago de las prestaciones laborales, conviene recalcar lo dispuesto
por este Tribunal en el Voto No. 2010-14095 de las 15:25 hrs. de 24 de agosto de 2010,
conforme los siguientes términos

“(…) La Constitución Política en el capítulo de las “Garantías Sociales” establece los
principios constitucionales en materia de derecho estatutario, siendo que en su artículo 56
indica: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado
debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e
impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma
menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de
simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Si tomamos
en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, son derechos de los
funcionarios que surgen al terminar la relación estatutaria, la falta de pago oportuno de
dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad del ser humano, máxime que, de
conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, dichas garantías son
irrenunciables (…)”

Asimismo, en la Sentencia No. 2017-5720 de las 09:15 hrs. de 21 de abril de 2017, esta
Sala, sobre este mismo tema, indicó

“(…) III.- Sobre el pago oportuno de las prestaciones laborales. El criterio de este Tribunal
ha sido conteste al estimar que la protección del derecho al salario se extiende al derecho
de todo funcionario de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no

sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el
aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal
para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta
compensación monetaria. De esta forma, si bien, se reconoce que la tramitación del pago
a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos- pueda requerir un tiempo
razonable, eso no justifica que en la práctica, el Estado realice la liquidación
correspondiente en plazos excesivamente prolongados, con lo cual se menoscaba la
dignidad del funcionario público y de su familia (véase, en igual sentido, la sentencia No
000942-97 de las 15:39 hrs. de 12 de febrero de 1997). Siendo que se ha considerado que
la Administración debe agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro
de los dos meses posteriores a la cesación (sentencia No. 2009-004868 de las 13:36 hrs
del 20 de marzo de 2009) (…)”

Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal Constitucional estima que la omisión arriba
señalada en la que han incurrido las autoridades del Ministerio de Educación Pública ha
quebrantado los derechos fundamentales de la parte tutelada

ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que
cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en
sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de
lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de
la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese
derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por
el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario
considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o
su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la
normativa reción promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea
jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir
exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-
constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de
excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso
constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado
este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los
competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual
es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales
correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del
ordenamiento jurídico

POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a YDM, en
su condición de Directora de la Dirección de Gestión del Talento Humanos del Ministerio
de Educación Pública, o quien en su lugar ocupe dicho cargo, gestionar lo pertinente para
que, del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, se emita la resolución referente al pago de las prestaciones del tutelado y se le

notifique a este último y, a su vez, se le cancele el monto de las prestaciones legales que le
corresponden, si otra causa ajena a la conocida en el sub lite no lo impide. Todo lo anterior
se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de
veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer
cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena
al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. El magistrado Castillo Vïquez consigna nota. Notifíquese.-”


2. Denegatoria de medida cautelar en contra del Colegio de Ingenieros Agrónomos en
caso de unos de sus agremiados


Extracto de sentencia

“I.- DE LA JUSTICIA CAUTELAR: Las medidas cautelares como Instituto procesal
encuentran su fundamento en la propia Constitución Política y los Tratados Internacionales
El artículo 41 de la Constitución Política, señala al respecto lo siguiente: "ARTÍCULO 41.-
Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Por su parte la
Declaración Universal de Derechos humanos, hace una referencia a la necesidad de que
los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria efectividad para el amparo de los
derechos constitucionales y legales, en tanto dispuso: "Artículo 8.- Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por
la ley". Resulta de relevancia indicar que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone, de manera general: "Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Complementario
con estas disposiciones, es el principio general de Derecho Procesal elaborado por
Chiovenda y desarrollado por Calamandrei que indica que "la necesidad de servirse del
proceso para obtener la razón no debe convertirse en daño para quien probablemente
tenga la razón". Estas apreciaciones se entrelazan con la seguridad jurídica que debe
conferir todo ordenamiento jurídico a quienes recurren a los órganos jurisdiccionales a
hacer valer sus derechos. Es entonces dentro de este marco general que la medida cautelar
es una decisión provisional adoptada con el fin de evitar un daño grave e irreversible para


el recurrente. Hechas las anteriores consideraciones, proceden entrar a detallar, tanto los
presupuestos como las características de las medidas cautelares en el Código Procesal
Contencioso Administrativo, aplicable a la materia

II.- Sobre la apariencia de buen derecho: II.I- Consideraciones generales: Para efectos de
la solicitud de medida cautelar, como primera condición para valorar si procede su
otorgamiento, encontramos el denominado fummmus boni iuris. En este sentido, el artículo
21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta
sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la
situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria,
carente de seriedad". (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis)

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la seriedad en la demanda es una
condición sine qua non para el otorgamiento de la medida cautelar. Dicha seriedad entraña
una valoración, que si bien no significa realizar el juicio de fondo propio del Tribunal de
Juicio, sí implica la determinación de una apariencia preliminar de existencia de
fundamentación de la demanda. Con lo anterior, se descartaría la posibilidad de otorgar
una medida cautelar, en situaciones de demandadas evidente y manifiestamente
temerarias, carentes de toda fundamentación, en donde se evidencie un fummus mali iuris
Es entonces claro que la apariencia de buen derecho, no significa exigir certeza de buen
derecho desde el inicio del proceso de conocimiento, en tanto que lo que se requerirá es
un juicio de probabilidad en donde se determine que de manera razonable la parte está
ejerciendo su derecho de acceso a la justicia, -tutelado en el artículo 41 de la Constitución
Política- sin una perversión del mismo, haciéndolo instrumento para dilatar, lesionar o
entorpecer el actuar administrativo sin fundamento alguno. La comprobación que deberá
realizar el Juez Tramitador en la presente medida cautelar para efectos de determinar la
apariencia de buen derecho, deberá centrarse en determinar que la demanda no posee el
carácter infundado o temerario a que hemos hecho referencia, sin caer en valoraciones con
respecto a los argumentos de fondo, propias del Tribunal de Juicio. En casos como el objeto
de esta medida cautelar - conductas administrativas - se hará un juicio de probabilidad o
verosimilitud de la demanda, por lo que no se realiza el llamado juicio de verdad, realizado
por el Tribunal con base en las pruebas atraídas a la audiencia oral y pública o al proceso
Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia de una apariencia de buen
derecho en el caso concreto de análisis

II.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto de la apariencia de
buen derecho: Para fundamentar su derecho la parte gestionante señala: "Se expresan
fundamentos serios, con sustento jurídico, fáctico y probatorio para sustentar la nulidad de
los actos impugnados", y argumenta los motivos que considera de nulidad en dichos actos
( ver de página 9 a página 19 dellegajo cautelar). Por su parte El Colegio indica la
inexistencia de este presupuesto, al considerar que el gestionante no aporta prueba que
acredite una afectación a sus intereses peronales o gremiales, no aporta prueba que
demuestre una afectcaión por haber sido sancionado dentro de un proceso célere,
respetuoso de las garantías fundamentales y realiza apreciaciones acerca del


procedimiento disciplinario. En grado de probabilidad, estima esta Juzgadora que le asiste
a la parte promovente, una apariencia de buen derecho; en el tanto debe analizarse en el
fondo del asunto la actuación de la Administración demandada; es decir, si el procedimiento
administrativo violenta principios y derechos constitucionales del debido proceso, derecho
de defensa , principio de legalidad, etc, aspectos que debe demostrar o al menos
mencionar para entrar a analizar y determinar la existencia de un derecho, y si la conducta
administrativa y el acto final dictado por la Administración son o no, acomodados a lo
establecido en el ordenamiento jurídico y el restablecimiento de alguna situación jurídica
que deba ser resguardada. Se le otorga a la demandada la posibilidad de su defensa
técnica y la prueba que se aporte por su parte es analizable en el mismo tanto, para otorgar
o no el derecho que solicita la actora. En razón de lo expuesto es que debe acreditarse el
presupuesto bajo examen. Todo lo anterior, sin prejuzgar el fondo de los argumentos y de
manera de juicio de probabilidad. II.III.- Conclusión: Esta Juzgadora advierte la apariencia
de buen derecho en la medida por las razones dichas


III.- De la existencia del peligro de un daño grave en la mora: Para el análisis de la aplicación
de este presupuesto al caso concreto, estima esta Juzgadora necesario realizar algunas
consideraciones sobre el denominado peligro en la demora. III.I.- Consideraciones
generales: Para efectos de la presente solicitud de medida cautelar, como segunda
condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado periculum
in mora. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo
establece al respecto, lo siguiente

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta
sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la
situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria,
carente de seriedad". (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis)

De la norma indicada se evidencia con gran claridad el profundo avance que con respecto
a este presupuesto presenta el Código Procesal Contencioso Administrativo para con la
antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior, en tanto
que ésta última lo que exigía era un daño o perjuicio de reparación imposible o difícil, criterio
mucho más restrictivo que el actual daño o perjuicio grave del CPCA y en donde se admite
de manera expresa la posibilidad de daños potenciales. Calamandrei define dicho
presupuesto de la siguiente manera

“el periculum in mora que está en la base de las medidas cautelares no es el genérico
peligro de daño jurídico, el cual se puede en ciertos casos obviar con la tutela ordinaria,
sino específicamente el peligro de aquél ulterior daño marginal que podría derivarse del
retraso, consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario, de la resolución
definitiva” Calamandrei citado por VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en
los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993

El denominado periculum in mora se ha entendido como el temor razonable y objetivamente
fundado de la parte actora - lo que implica demostración, no mera alegación, distintivo del

anterior presupuesto-, de que una concreta y determinada situación jurídica sustancial
aducida por la parte promovente de la medida cautelar pueda ser dañada o perjudicada de
forma grave durante el transcurso del tiempo necesario para dictar la sentencia principal, y
dado el tiempo que normalmente puede tardar un proceso de conocimiento en todas sus
etapas. Es entonces que este presupuesto parte de dos elementos- condición para su
existencia, a saber, el daño actual o potencial inminente y la demora misma del proceso. El
peligro de la mora parte de los mismos fundamentos que dan origen a la justicia cautelar,
en tanto que busca proteger el resultado de una eventual sentencia de fondo y evitar que
la misma se torne nugatoria por el mero transcurso del tiempo transcurrido durante el
proceso. Dado lo anterior, no procedería una medida cautelar en donde no se evidencia la
posibilidad de un daño grave, sea cuando pueda mediar otro tipo de daños de menor
gravedad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, o cuando se invoca mas no se
demuestra al menos con indicios o se desprende de los elementos de convicción, para
efectos de la tutela cautelar, los daños graves alegados. Es por esta razón que se ha
estimado al peligro en la demora como el presupuesto o pilar fundamental sobre el cual se
asienta la medida cautelar que el Juez adopte. En razón de lo anterior, es que para el
otorgamiento de la medida cautelar se requerirá la presencia de una probabilidad razonable
y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con
motivo de la dilación del proceso de conocimiento y hasta la firmeza de la resolución final
Acorde con lo dicho, se puede considerar que en el caso del peligro en la mora se requiere
al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las
condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el invocante de la medida cautelar
estima como daño grave. Esa certeza, entonces puede devenir, ya sea de prueba o de
indicios que evidencien de manera razonable u objetiva la existencia de un daño o de las
circunstancias mismas en que se da el daño alegado, en que este se puede presentar como
una consecuencia evidente de la conducta administrativa. Con base en lo anterior, se
procederá a determinar la existencia del peligro en la demora en el caso concreto de
análisis

III.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto del peligro en la
demora: Ahora bien, en el presente caso NO se evidencia la existencia de demostración de
un daño grave con motivo de la no adopción de la medida cautelar o la dilación en un
proceso de conocimiento; ya que la prueba que se aporta está referida al análisis del
presupuesto de la apariencia de buen derecho, ya otorgado ( ver páginas 23 y 24 del legajo
cautelar). Señala un adeudo con una cooperariva y constancia salarial, pero no demuestra
con ello la pérdida de empleo producto del acto que impugna. Asimismo de lo señalado en
las páginas 19, 20 y 21 del legajo cautelar no se aporta prueba o indicio que demuestre o
haga apreciar lo allí mencionado por la parte que gestiona. No se demuestra un daño grave
en la esfera del actor; es decir, no se aporta prueba que demuestre esa gravedad dicha
No se aporta, insiste esta juzgadora, elementos de prueba contundentes que arrojen
siquiera indicios de el daño grave actual o potencial en la esfera jurídica del actor de no
acoger la medida cautelar solicitada; ya que no demuestra además que su única fuente de
ingresos vaya a sufrir afectación producto del acto que impugna. En criterio, resulta
improcedente tener por acreditado el presupuesto bajo análisis. III.III.- Conclusión: Esta
Juzgadora NO advierte la existencia de un peligro en la demora en un proceso de
conocimiento

IV.- De la ponderación de intereses en juego: En el caso concreto, por los motivos que se
verán, se analiza la ponderación de intereses en juego. IV.I.- Sobre la naturaleza y
condiciones de este presupuesto: Para efectos de la presente solicitud de medida cautelar,
como condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos la denominada
ponderación de intereses en juego. En este sentido, el artículo 22 del Código Procesal
Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "Para otorgar o denegar
alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente,
el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños
y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de
instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la
entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. También deberá tomar
en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá
efectuar para la ejecución de la medida cautelar." (El destacado es nuestro para efectos del
presente análisis) Con respecto a este presupuesto, es menester hacer referencia a lo
señalado en esta materia por el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, en tanto indicó: "El interés
público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de
obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y
para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante
rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar
de suspensión que el particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por
obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte
ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión
de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en
conflicto.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios),
San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370. El análisis de la bilateralidad del peligro
en la mora, también resultará fundamental para determinar la procedencia de una medida
cautelar, debiendo valorarse comparativamente el interés del peticionante con el interés
público y el de terceros. En este supuesto, el análisis realizado debe concluir que la medida
se puede denegar cuando el perjuicio sufrido por la colectividad o terceros es cualitativa y
cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante sin su otorgamiento. Con
base en lo anterior, esta Juzgadora parte de la necesaria ponderación de la
proporcionalidad y razonabilidad de la medida, y la valoración de estas consideraciones en
el análisis de los intereses en juego dentro del proceso de conocimiento. Con respecto a
terceros, procede hacer referencia a que se debe partir de lo que se ha llamado como la
interdicción de órdenes lesivas a los intereses de terceros ajenos al proceso, como una
limitación intrínsica de la medida cautelar. Estas consideraciones son reafirmadas en la
doctrina española, en tanto indica expresamente: "La necesidad de no perjudicar intereses
de terceros, al decidir con carácter provisional, medidas cautelares es un principio bien
conocido. Aquí esos posibles derechos de terceros pueden ser eventualmente los de toda
la colectividad...." García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares
Editorial Thompson Civitas, 2004. Con respecto al interés público, debe tomarse en
consideración que éste por si mismo no es suficiente para denegar la medida cautelar, será
la afectación al interés público cualitativa y cuantitativamente superior con relación al
peticionante de la medida cautelar, el que podrá incidir en una negatoria de la misma. Es
entonces ese calificado perjuicio al interés general o de tercero, el que deberá evidenciarce


de la conducta administrativa objeto de la medida cautelar pedida, debiendo quedar claro
que sólo si la afectación al mismo resulta más gravosa que aquella, procedería denegar la
justicia cautelar. Con base en los anterior, se procederá a analizar los intereses en juego
en la presente medida cautelar

IV.I.- Sobre el análisis del caso concreto con relación a la ponderación de intereses: Con
respecto a este presupuesto, al no otorgarse el presupuesto del peligro en la demora no
puede tenerse por establecida una afectación mayor a un interés particular por lo que se
enfoca el Despacho a la protección del interés público, sea la potestad y obligatoriedad de
la Administración demandada de aperturar procedimientos administrativos disciplinarios en
estricto acatamiento del ordenamiento jurídico, claro está, en aras, por una parte, de
salvaguardar tanto los derechos del encausado, como por otra, el de protección y
seguridad de terceros involucrados en relaciones de carácter laboral y que les protejen
también las normas del derecho común. IV.II.- Conclusión: No se advierte una afectación al
interés particular

V.- Dadas las consideraciones hechas y respecto de la inexistencia de dos de los
presupuestos básicos establecidos para la aceptación de la medida cautelar, por lo
analizado, lo procedente es declarar sin lugar la medida solicitada

POR TANTO: Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada por FMB contra EL
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA. Por la naturaleza propia de
las medidas cautelares se omite pronunciamiento en costas. Contra la presente resolución
procede la interposición de recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo; y según lo estipulado en el ordinal 30 del CPCA
NOTIFÍQUESE.-


3. Recurso de amparo de alumna en virtud de atrasos en caso de hostigamiento sexual
en Facultad de Derecho de la UCR


Extracto de sentencia

V.- Sobre el fondo: Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal
acredita la lesión a los derechos fundamentales de la persona amparada. Del informe
rendido por los representantes del universidad recurrida y la prueba aportada para la
resolución de este asunto, ha sido debidamente acreditado que, el 27 de noviembre de
2019, la amparada, quien es estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de
Costa Rica, presentó mediante oficio sin número ante la Comisión Institucional contra el
Hostigamiento Sexual de la UCR (CICHS), denuncia formal por Hostigamiento Sexual
contra [Nombre 002], profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

en la Sede Rodrigo Facio Brenes. Que mediante resolución 1-2019 del 16 de diciembre de
2019, la CICHS recomendó al entonces decano de la Facultad de Derecho, la adopción de
medidas cautelares de protección para la denunciante y para asegurar el correcto
desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario de carácter sancionatorio, Dicha
recomendaciones fueron adoptadas mediante oficio FD-686-2020 del Decanato de la
Facultad de Derecho. A su vez, que el 16 de diciembre de 2019, se inicia el procedimiento
formal administrativo sancionatorio, mediante Auto de Apertura y Traslado de Cargos,
resolución-02-2019, de la Comisión Instructora designada para el caso concreto, integrada
por Rocío Barquero Brenes, Agustín Gómez Meléndez y Vanessa Montalbán Rivera
(coordinadora), dicha resolución fue debidamente notificada de forma personal al
funcionario denunciado [Nombre 002]. Dicho procedimiento disciplinario administrativo se
instauró bajo el número de expediente 012-2019. Además, que mediante Acta de
Suspensión de Procesos por Receso Institucional 2019, del 12 de diciembre de 2019, se
declaró con fundamento en los artículos 16 y 136 de la Ley General de Administración
Pública, referidos a los actos administrativos, así como a la dinámica propia de la
Universidad de Costa Rica, en cuanto a la interrupción de sus labores durante los recesos
institucionales. Visto lo anterior, la CICHS señaló a las comisiones instructoras, la
suspensión de los procedimientos bajo su cargo, a partir del 20 de diciembre de 2019, bajo
la indicación de que continuarían con sus funciones una vez que la institución volviera a
quehaceres, en los términos referidos en la citada resolución, en el mes de marzo de 2020
Que el 20 de enero de 2020, se recibió contestación escrita del auto de traslado de cargos
por parte del denunciado [Nombre 002], en el que rechazó las imputaciones que dieron
origen a la apertura del procedimiento administrativo, contenidas en el respectivo traslado
de cargos, de manera conjunta, se presenta un poder especial administrativo y judicial del
denunciado quien designó como su apoderado al Lic. Boris Molina Acevedo y señaló medio
idóneo para atender futuras notificaciones dentro del expediente administrativo. A su vez,
que mediante resolución del 24 de febrero de 2020, la Comisión Instructora señaló los días
18 y 25 de marzo de 2020 para la celebración de la Audiencia Oral y Privada dentro del
expediente administrativo disciplinario. Dicho señalamiento fue suspendido en fecha 16 de
marzo de 2020, por las disposiciones que en ese sentido fueron dictadas por la Rectoría,
en acatamiento de las directrices sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, debido a la
pandemia de Covid-19. Además, que el 29 de junio de 2020, se ordenó por razones
sanitarias la celebración de cualquier audiencia programada hasta el 31 de julio de 2020,
fecha en que se evaluó la posibilidad de señalar nueva fecha y hora para la celebración de
la Audiencia Oral y Privada. Al respecto, constan en el expediente de la CICHS del caso
12-2019, múltiples señalamientos para celebrar la Audiencia Oral y Privada, pero fueron
suspendidos, desde el 28 de julio de 2020 al 10 de diciembre de 2020, ante la solicitud de
diferentes intervinientes, quienes presentaron diversas condiciones médicas y de salud,
que tornaron imposible la realización de la audiencia en el referido periodo de tiempo. Que
el 10 de diciembre de 2020, se señaló la suspensión de los procesos por el cierre
institucional a partir del día 18 de diciembre de 2020, hasta el mes de marzo de 2021. Que
el 9 de junio de 2021, la decanatura de la Facultad de Derecho remitió oficio de la
coordinadora de la Comisión Instructora a la Coordinación de la CICHS en pleno, en el que
se hizo ver que, a esa fecha se habían realizado 17 convocatorias para la celebración de la
audiencia oral y privada y que todas ellas habían tenido que ser reprogramadas por diversas


causas, siendo la principal de ellas las reiteradas incapacidades médicas especialmente de
la parte denunciada y su apoderado especial. A su vez, que el 28 de octubre de 2021, a las
9:00 horas. La CICHS, aprobó un protocolo de audiencias mixtas, para dar cumplimiento a
lo ordenado por la Circular R-47-2021. Además, que el 4 de noviembre de 2021, a las 9:30
horas, la comisión encargada continuó con la audiencia oral y privada para la evacuación
de la prueba testimonial. Durante la celebración de dicha audiencia el Lic. Molina Acevedo,
interpuso una acción de recusación contra Vanessa Montalbán Rivera y contra Erick Hess
Araya, ambos miembros integrantes de la Comisión Instructora, razón por la que se
suspendió la Audiencia Oral y Privada. Que mediante oficio R-305-2021 del 24 de
noviembre de 2021, la Rectoría resolvió rechazar por improcedente el incidente de
recusación opuesto por la defensa del denunciado en contra de los integrantes de la
Comisión Instructora Vanessa Montalbán Rivera y Erick Hess Araya, y ordenó a la Comisión
Instructora la continuación del procedimiento administrativo. Contra lo resuelto, el Lic. Boris
Molina Acevedo, interpuso recurso de reposición ante el mismo Jerarca Institucional
Privada. Que el 9 de febrero de 2022, el señor Rector de la Universidad de Costa Rica,
rechazó por improcedente el recurso de reposición contra el acto que rechazó la
recusación opuesta por el abogado del denunciado [Nombre 002], mediante resolución R-
42-2022. Que mediante resolución CI-CICHS-01-2022, la Comisión Instructora resolvió
ordenar la continuación de la Audiencia Oral y Privada, señalando para tal efecto las 9:00
horas del 28 de febrero de 2022. Por documento recibido en fecha 25 de febrero de 2022,
el Lic. Molina Acevedo defensor del denunciado [Nombre 002], solicitó la reprogramación
de la Audiencia, por tener un señalamiento judicial, que le fue notificado con anterioridad a
la citación que dictó la Comisión Instructora. Por lo que en fecha 25 de febrero de 2022,
mediante resolución CI-CICHS-2022, se resolvió reprogramar la continuación de la
Audiencia Oral y Privada para las 9:00 horas del 21 de marzo de 2022. Que el 10 de mayo
de 2022, se recibió por ambas partes intervinientes dentro del procedimiento
administrativo, las respectivas conclusiones escritas del procedimiento de instrucción
realizado por la Comisión Instructora designada en este asunto, quedando el expediente
listo para la redacción y dictado del Informe Final de Instrucción. De igual forma que, el 2
de junio del 2022, mediante comunicación electrónica institucional, a la Comisión
Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, por parte de la Comisión Instructora
integrada, se procedió a notificar a la Facultad de Derecho el Informe Final del Expediente
No. 012-2019 a través del oficio CICHS-101-2022. Además, que en fecha de 07 de junio
de 2022, la Facultad de Derecho por medio de Resolución FD-12–2022 acogió la totalidad
del informe, trasladó y elevó la resolución FD-12-2023, a la Rectoría de la Universidad para
la aplicación y ejecución la sanción disciplinaria, mediante oficio FD-1214-2022. Que el 9
de junio del 2022, mediante comunicación electrónica institucional, la decanatura recurrida,
notificó la resolución FD-12-2022 del 07 de junio de 2022, acto final del procedimiento
Acto que es trasladado y elevado a conocimiento de la Rectoría de la Universidad, por
medio del oficio FD-1214-2002 único órgano universitario competente para aplicar y
ejecutar la sanción disciplinaria solicitada. Que el 15 de junio de 2022, ingresó documento
externo de recurso de revocatoria contra la resolución FD-12-2022, alegando la nulidad del
proceso, por parte del apoderado de la parte denunciada, Lic. Boris Molina. Que el 6 de
julio de 2022, mediante resolución FD-15-2022, la decanatura accionada remitió
contestación en tiempo y forma, del Recurso de Revocatoria contra la Resolución FD-12-


2022. Que mediante oficio FD-1243-2022, del 16 de junio de 2022, se solicitó criterio
jurídico a la Oficina Jurídica de la Universidad, mismo en el que se remite el Recurso de
Revocatoria en cuestión. Que mediante oficio OJ-657-2002, del 29 de junio de 2002, la
Oficina Jurídica de la Universidad se manifestó en relación a la solicitud realizada por esta
decanatura, en cumplimiento de los procedimientos normativos universitarios. Dicho
documento fue utilizado como base de recomendación para la redacción de la Resolución
FD-15- 2022 del 06 de julio de 2022. Que el 21 de agosto de 2022, se notificó a la
decanatura recurrida de la resolución de Rectoría R-245-2022, con fecha de 18 de agosto
de 2022, en la que entre otras cosas se dejó sin efecto la resolución FD-15-2022 del 06 de
julio de 2022, por recomendación, según criterio jurídico de la Oficina Jurídica, emitido
mediante dictamen OJ-793-2022, del 11 de agosto de 2022. A su vez, que en acatamiento
de la Resolución de Rectoría R-245-2022, la decanatura accionada emitió la Resolución
FD-21-2022 en donde procedió a retrotraer el proceso hasta el momento de presentación
del recurso de revocatoria, con ocasión de que esta decanatura notificara a la parte
denunciante sobre el recurso planteado y le otorgara audiencia. Que el 2 de agosto de
2022, mediante oficio externo FD-783-2022, la defensoría contra el Hostigamiento sexual
como promovente del proceso administrativo de Hostigamiento sexual, contestó y se
pronunció sobre el recurso de Revocatoria interpuesto por la defensa del Dr. [Nombre 002]
en documento externo FD-634-2022. Además, que el 2 de setiembre de 2022, la defensa
del Dr. [Nombre 002], alegó Actividad Judicial Defectuosa, en cuanto a la resolución de
Rectoría R-245-2022, y contra la Resolución FD-21-2022. Que por medio de oficio FD-
1927-2022, con fecha de 07 de setiembre de 2022, la decanatura recurrida solicitó a la
Oficina Jurídica, pronunciarse acerca del debido proceder en este caso en concreto, en
relación con la Actividad Judicial Defectuosa planteado por apoderado del denunciado. A
su vez, que el 6 de octubre de 2022, la decanatura recurrida emitió la resolución FD-31-
2023, resolución que declaró sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la parte
denunciada, y además, confirmó los criterios originalmente acogidos por la decanatura en
la Resolución FD-12-2022. Que el 28 de setiembre de 2022, la Oficina Jurídica por medio
del oficio OJ-928-2022, emitió criterio en relación con lo solicitado por la decanatura
accionada, en oficio FD-1927-2022. Que mediante resolución FD-33-2022, del 13 de
octubre de 2022, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, emitió resolución
que rechazó la actividad procesal defectuosa. Que, mediante oficio R-537-2023, del 10 de
enero de 2023, la Rectoría accionada, solicitó a Oficina Jurídica información para resolver
en vista de la Resolución FD-33- 2022. Consulta que es contestada por medio de Dictamen
OJ-118-2023. 32. Además, que el 20 de marzo de 2023, mediante oficio R-1593-2023, la
Rectoría recurrida, solicitó a la Facultad de Derecho, enviar bitácora de notificaciones
donde se comprobara la notificación de la Resolución FD-31-2022. Dicho documentó fue
contestado vía oficio FD-773-2023 de la Facultad de Derecho, con fecha de 22 de marzo
de 2023. Adicionalmente, que el 27 de abril de 2023, ingresó oficio CICHS-058-2023 de la
Comisión Instructora contra el Hostigamiento Sexual, que solicita remitir copia de las
resoluciones que se hayan dictado con respecto al expediente disciplinario en cuestión
Que el 2 de mayo del 2023, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual de la UCR a
nombre de la denunciante, presentó un “Pronto Despacho” enviado a los distintos órganos
procesales del procedimiento Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual,
Decanatura de la Facultad de Derecho y la Rectoría, siendo que mediante oficio FD-1236-


2023 del 19 de mayo de 2023, la decanatura accionada, contestó la gestión referente al
oficio CICHS-058-2023 de la Comisión Instructora contra el Hostigamiento Sexual. A su
vez, que el 15 de mayo de 2023, mediante oficio FD-1205-2023, la decanatura recurrida,
solicitó criterio legal a la oficina jurídica respecto a la tramitación del documento Externo
FD-1004-2023, del 02 de mayo de 2023. Que mediante dictamen OJ-657-2023, la oficina
Jurídica brindó recomendación a la decanatura de Derecho, respecto a la solicitud de
análisis y asesoría para tramitar el documento externo FD-1004-2013. Además, que por
medio del dictamen OJ-793-2023 del 30 de agosto de 2023, la Oficina Jurídica rindió sus
recomendaciones a la Rectoría, relación con el recurso de apelación presentado por el
apoderado del denunciado en contra de la resolución R-12-2022. Finalmente, que mediante
resolución R-339-2023, de las 9:00 horas del 11 de diciembre de 2023, una vez recibido el
criterio de la Oficina Jurídica, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, dictó el acto
definitivo del procedimiento administrativo del caso en cuestión. Dicha resolución fue
debidamente notificada a las partes, teniéndose con ello agotada la vía administrativa

En mérito de lo expuesto, el Tribunal verifica la conculcación de los derechos fundamentales
de la tutelada por el retardo por parte de la Universidad de Costa Rica en resolver la
denuncia por hostigamiento sexual formulada en noviembre de 2019. Al respecto, la
autoridad recurrida considera que la demora acusada se debe a las situaciones particulares
del caso en cuestión. Específicamente, refiere que el procedimiento abierto, tuvo su
desarrollo en medio de la pandemia por COVID-19, que trajo consigo gran incertidumbre
con respecto a temas procesales, incluido el desarrollo de las audiencias. Aduce que, con
el posterior desarrollo de los protocolos de audiencias virtuales fue posible retomar la
tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios (ordinarios), lo cual se hizo
en el caso bajo análisis. Adicionalmente, precisó tomar en cuenta que, en el caso concreto
mediaron múltiples reprogramaciones de la Audiencia Oral y Privada, asociadas con
impedimentos materiales de las partes para participar en la audiencia, lo cual, sin duda
alguna produjo una mayor dilación del procedimiento de instrucción. Pese a lo anterior, la
Sala estima que tales argumentos no resultan de recibo, por cuanto, si bien en el sub iudice
se observa que efectivamente durante el curso del procedimiento, mediaron factores que
atentaron contra una tramitación célere y continua, no menos cierto es que en el caso de
marras se evidencian extensos períodos de tiempo en los que se refleja la inactividad del
centro de enseñanza recurrido. Nótese que, mediante resolución FD-12-2022 del 07 de
junio de 2022, se dictó acto final dentro del procedimiento disciplinario en cuestión y pese
a lo anterior, se tiene que los actos de procedimiento de los distintos órganos involucrados
en la atención de este caso, fue errática, específicamente en lo atinente a la resolución de
las impugnaciones presentadas por parte de la representación del denunciado. Si bien, esta
Sala no desconoce que, como institución estatal, la autoridad recurrida está sujeta al marco
normativo nacional en apego al principio de legalidad; lo cierto, es que los actos de las
autoridades recurridas, posteriores a la presentación del recurso de revocatoria por parte
del denunciado, así como del recurso de apelación, han sido tardíos por causas que
resultan ajenas a las partes involucradas. Al respecto, nótese que mediante oficio R-8404-
2022 del 2 de diciembre de 2022, la Rectoría de la Universidad recurrida, solicitó el criterio
legal respectivo a la Oficina Jurídica, sin que al momento de la presentación del presente
recurso -11 de julio de 2023-, se hubiere emitido la recomendación correspondiente para
el dictado de la resolución que se pronunciaría sobre la apelación interpuesta por el

denunciado. Aunado a lo anterior, véase que pese a que el 2 de mayo del 2023, la
Defensoría contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, a nombre de la denunciante,
presentó un “Pronto Despacho” enviado a los distintos órganos procesales del
procedimiento, Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, Decanatura de la
Facultad de Derecho y la Rectoría, por el retardo en la resolución definitiva del caso

Ahora bien, según informaron bajo juramento las autoridades recurridas, en respuesta a la
orden emitida por esta Sala mediante resolución de las 16:32 horas del 6 de diciembre de
2023; se tiene que por dictamen OJ-793-2023 del 30 de agosto de 2023, la Oficina Jurídica
de la institución accionada, finalmente rindió sus recomendaciones a la Rectoría accionada,
en relación con el recurso de apelación presentado por el denunciado, esa así que,
mediante resolución R-339-2023, de las 9:00 horas del 11 de diciembre de 2023, la
Rectoría de la Universidad de Costa Rica, dictó el acto definitivo del procedimiento
administrativo del caso en cuestión, siendo que dicha resolución fue debidamente notificada
a las partes, teniéndose con ello agotada la vía administrativa. Habida cuenta de lo anterior,
se tiene por satisfecha la pretensión de la accionante referente al pronunciamiento de la
Rectoría accionada en cuanto al recurso de apelación pendiente de resolver, siendo claro
que ello no significa que la lesión a los derechos fundamentales de la amparada no se haya
configurado tal y como previamente se explicó

VI.- CONCLUSIÓN. En consecuencia, la Sala verifica la lesión al numeral 41 de la
Constitución Política por el retraso de la Universidad de Costa Rica en tramitar y resolver la
denuncia por hostigamiento sexual formulada por la accionante. Ergo, lo procedente es
declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en cuanto a daños, costas y
perjuicios

VII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52
de la ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala
considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del
artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y
de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en
costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto
expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con
lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos
cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica
“si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la
indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal
En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta
de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o
alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho
constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una
afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante
destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional,

cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la
indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se
reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad
de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del
Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho
Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración
Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales,
son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa,
el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo
197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en
cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de
acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido
algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este
recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios

VIII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la
no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del
criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas,
daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la
parte tutelada

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los
daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su
liquidación para la ejecución de sentencia”

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la
indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal
de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y
reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha
tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una
condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a mi juicio, de la interpretación
sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal
Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con
lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia,

restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que
tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por
imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es
la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago
de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha
sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial
efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las
actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de
que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del
recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que
ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el
fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad
recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en
el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en
cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en
costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de
tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse
responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos
del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50
y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y
perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria
en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos
en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del
reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la
parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado
a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica
una “terminación anormal del proceso”

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala
puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus
alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya
sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una
resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación,
detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales
Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de
condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al
disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que
es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos
estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en
derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias
de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho

fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y
perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con
el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una
violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el
caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque,
detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable
y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado
Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago
de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la
presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos
derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde
a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la
condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de
amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios,
sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un
quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el
análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la
ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente
patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su
ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de
ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a
priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es
dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica
analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la
Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido
como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente
indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal
Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto
la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos
A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución
de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas
corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la
demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por
esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese
tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del
proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños,
perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este
particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a


modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta
Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC,
la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de
situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones
patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende,
se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente
fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la
Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por
causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada,
haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo
relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son
ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en
orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto
que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La
tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la
demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así,
no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo
que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas
administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo
casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese
que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de
fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la
circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se
ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir
de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación
civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden
excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en
abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia
De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se
estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa
respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera
patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y
desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el
artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de
esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría,
amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de
obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa
virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia
de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en
la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en
contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo
alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho
regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en


cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso
debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios

IX.- Voto Salvado de la magistrada Garro Vargas, respecto a la parte dispositiva de esta
sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando
en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y
eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La
frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código
Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14
de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial
del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin
embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará
en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas
del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido
restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria
en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que
sí se hubieren dado, no habría título – derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo
que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la
condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía
ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y
la magnitud de los mismos

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría
incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un
recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si
se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido
restituido

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno
la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas

Por tanto: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y
perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la
condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente
el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-”


 4. Caso en que no se cumple el presupuesto del peligro por demora no puede tenerse
por establecida una afectación mayor a un interés particular


Extracto de sentencia

“I.- DE LA JUSTICIA CAUTELAR: Las medidas cautelares como Instituto procesal
encuentran su fundamento en la propia Constitución Política y los Tratados Internacionales
El artículo 41 de la Constitución Política, señala al respecto lo siguiente: "ARTÍCULO 41.-
Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Por su parte la
Declaración Universal de Derechos humanos, hace una referencia a la necesidad de que
los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria efectividad para el amparo de los
derechos constitucionales y legales, en tanto dispuso: "Artículo 8.- Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por
la ley". Resulta de relevancia indicar que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone, de manera general: "Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Complementario
con estas disposiciones, es el principio general de Derecho Procesal elaborado por
Chiovenda y desarrollado por Calamandrei que indica que "la necesidad de servirse del
proceso para obtener la razón no debe convertirse en daño para quien probablemente
tenga la razón". Estas apreciaciones se entrelazan con la seguridad jurídica que debe
conferir todo ordenamiento jurídico a quienes recurren a los órganos jurisdiccionales a
hacer valer sus derechos. Es entonces dentro de este marco general que la medida cautelar
es una decisión provisional adoptada con el fin de evitar un daño grave e irreversible para
el recurrente. Hechas las anteriores consideraciones, proceden entrar a detallar, tanto los
presupuestos como las características de las medidas cautelares en el Código Procesal
Contencioso Administrativo, aplicable a la materia

II.- Sobre la apariencia de buen derecho: II.I- Consideraciones generales: Para efectos de
la solicitud de medida cautelar, como primera condición para valorar si procede su
otorgamiento, encontramos el denominado fummmus boni iuris. En este sentido, el artículo
21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la
conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o
potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria
o, en forma palmaria, carente de seriedad". (El destacado es nuestro para efectos
del presente análisis)

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la seriedad en la demanda es una
condición sine qua non para el otorgamiento de la medida cautelar. Dicha seriedad entraña
una valoración, que si bien no significa realizar el juicio de fondo propio del Tribunal de
Juicio, sí implica la determinación de una apariencia preliminar de existencia de
fundamentación de la demanda. Con lo anterior, se descartaría la posibilidad de otorgar
una medida cautelar, en situaciones de demandadas evidente y manifiestamente
temerarias, carentes de toda fundamentación, en donde se evidencie un fummus mali iuris
Es entonces claro que la apariencia de buen derecho, no significa exigir certeza de buen
derecho desde el inicio del proceso de conocimiento, en tanto que lo que se requerirá es
un juicio de probabilidad en donde se determine que de manera razonable la parte está
ejerciendo su derecho de acceso a la justicia, -tutelado en el artículo 41 de la Constitución
Política- sin una perversión del mismo, haciéndolo instrumento para dilatar, lesionar o
entorpecer el actuar administrativo sin fundamento alguno. La comprobación que deberá
realizar el Juez Tramitador en la presente medida cautelar para efectos de determinar la
apariencia de buen derecho, deberá centrarse en determinar que la demanda no posee el
carácter infundado o temerario a que hemos hecho referencia, sin caer en valoraciones con
respecto a los argumentos de fondo, propias del Tribunal de Juicio. En casos como el objeto
de esta medida cautelar - conductas administrativas - se hará un juicio de probabilidad o
verosimilitud de la demanda, por lo que no se realiza el llamado juicio de verdad, realizado
por el Tribunal con base en las pruebas atraídas a la audiencia oral y pública o al proceso
Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia de una apariencia de buen
derecho en el caso concreto de análisis

II.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto de la apariencia de
buen derecho: Para fundamentar su derecho la parte gestionante señala: Que se encuentra
en una situación de reducción de ingresos salariales con base en una resolución
administrativa que se encuentra viciada de nulidad absoluta. Por su parte, la Municipalidad
accionada indica que en el expediente administrativo abierto en contra del actor se le
respetó el debido proceso y derecho de defensa en todo momento. Que se le declaró
responsable de cometer una falta grave contra las arcas municipales por parte del Concejo
Municipal mediante sesión ordinaria No 103-2018. Se señala por parte del ente municipal
el trámite seguido en el procedimiento administrativo disciplinario contra el accionante. En
grado de probabilidad, estima esta Juzgadora que le asiste a la parte promovente, una
apariencia de buen derecho; en el tanto debe analizarse en el fondo del asunto la actuación
de la Administración demandada; es decir, si el procedimiento administrativo violenta
principios y derechos constitucionales del debido proceso, derecho de defensa , principio
de legalidad, etc, aspectos que debe demostrar o al menos mencionar para entrar a analizar
y determinar la existencia de un derecho, y si la conducta administrativa y el acto final
dictado por la Administración son o no, acomodados a lo establecido en el ordenamiento
jurídico y el restablecimiento de alguna situación jurídica que deba ser resguardada. Se le
otorga a la demandada la posibilidad de su defensa técnica y la prueba que se aporte por
su parte es analizable en el mismo tanto, para otorgar o no el derecho que solicita la actora
En razón de lo expuesto es que debe acreditarse el presupuesto bajo examen. Todo lo
anterior, sin prejuzgar el fondo de los argumentos y de manera de juicio de probabilidad
II.III.- Conclusión: Esta Juzgadora advierte la apariencia de buen derecho en la medida por
las razones dichas

III.- De la existencia del peligro de un daño grave en la mora: Para el análisis de la aplicación
de este presupuesto al caso concreto, estima esta Juzgadora necesario realizar algunas
consideraciones sobre el denominado peligro en la demora. III.I.- Consideraciones
generales: Para efectos de la presente solicitud de medida cautelar, como segunda
condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado periculum
in mora. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo
establece al respecto, lo siguiente

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta
sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la
situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria,
carente de seriedad". (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis)

De la norma indicada se evidencia con gran claridad el profundo avance que con respecto
a este presupuesto presenta el Código Procesal Contencioso Administrativo para con la
antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior, en tanto
que ésta última lo que exigía era un daño o perjuicio de reparación imposible o difícil, criterio
mucho más restrictivo que el actual daño o perjuicio grave del CPCA y en donde se admite
de manera expresa la posibilidad de daños potenciales. Calamandrei define dicho
presupuesto de la siguiente manera

“el periculum in mora que está en la base de las medidas cautelares no es el genérico
peligro de daño jurídico, el cual se puede en ciertos casos obviar con la tutela ordinaria,
sino específicamente el peligro de aquél ulterior daño marginal que podría derivarse del
retraso, consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario, de la resolución
definitiva” Calamandrei citado por VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en
los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993

El denominado periculum in mora se ha entendido como el temor razonable y objetivamente
fundado de la parte actora - lo que implica demostración, no mera alegación, distintivo del
anterior presupuesto-, de que una concreta y determinada situación jurídica sustancial
aducida por la parte promovente de la medida cautelar pueda ser dañada o perjudicada de
forma grave durante el transcurso del tiempo necesario para dictar la sentencia principal, y
dado el tiempo que normalmente puede tardar un proceso de conocimiento en todas sus
etapas. Es entonces que este presupuesto parte de dos elementos- condición para su
existencia, a saber, el daño actual o potencial inminente y la demora misma del proceso. El
peligro de la mora parte de los mismos fundamentos que dan origen a la justicia cautelar,
en tanto que busca proteger el resultado de una eventual sentencia de fondo y evitar que
la misma se torne nugatoria por el mero transcurso del tiempo transcurrido durante el
proceso. Dado lo anterior, no procedería una medida cautelar en donde no se evidencia la
posibilidad de un daño grave, sea cuando pueda mediar otro tipo de daños de menor
gravedad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, o cuando se invoca mas no se
demuestra al menos con indicios o se desprende de los elementos de convicción, para
efectos de la tutela cautelar, los daños graves alegados. Es por esta razón que se ha
estimado al peligro en la demora como el presupuesto o pilar fundamental sobre el cual se
asienta la medida cautelar que el Juez adopte. En razón de lo anterior, es que para el


otorgamiento de la medida cautelar se requerirá la presencia de una probabilidad razonable
y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con
motivo de la dilación del proceso de conocimiento y hasta la firmeza de la resolución final
Acorde con lo dicho, se puede considerar que en el caso del peligro en la mora se requiere
al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las
condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el invocante de la medida cautelar
estima como daño grave. Esa certeza, entonces puede devenir, ya sea de prueba o de
indicios que evidencien de manera razonable u objetiva la existencia de un daño o de las
circunstancias mismas en que se da el daño alegado, en que este se puede presentar como
una consecuencia evidente de la conducta administrativa. Con base en lo anterior, se
procederá a determinar la existencia del peligro en la demora en el caso concreto de
análisis

III.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto del peligro en la
demora: Ahora bien, en el presente caso NO se evidencia la existencia de demostración de
un daño grave con motivo de la no adopción de la medida cautelar o la dilación en un
proceso de conocimiento; ya que la prueba que se aporta está referida al análisis del
presupuesto de la apariencia de buen derecho, ya otorgado (ver página 12 del legajo
cautelar). Dado lo anterior se debe entender que no se aporta prueba idónea que
demuestre la afectación grave actual o potencial a la esfera jurídica del accionante de no
otorgarse la medida cautelar solicitada. La parte gestionante señala que durante el tiempo
que tarde el litigio debe cuidar de su salud y de su familia y de esperar a que una sentencia
le otorgue la razón lo debe hacer con una "erosión significativa en mis ingresos". Que con
dicha situación económica eventualmente pueda recaer en morosidades, deterioro en su
salud, que no pueda sostener a su familia y ello le provoque daños en su salud mental y
emocional, etc. Pero lo anterior no demuestra un daño grave en la esfera del actor; es decir,
no se aporta prueba que demuestre esa gravedad dicha, sea el resultado de incumplimiento
de los adeudos que posee, por ejemplo. No se aporta, insiste esta juzgadora, elementos de
prueba contundentes que arrojen siquiera indicios de el daño grave actual o potencial en la
esfera jurídica del actor de no acoger la medida cautelar solicitada. No existe por una parte,
prueba que lo acredite, por lo antes dicho, y por otra, un acto final que demuestre un cobro
irregular por parte de la accionada. En criterio, resulta improcedente tener por acreditado
el presupuesto bajo análisis. III.III.- Conclusión: Esta Juzgadora NO advierte la existencia
de un peligro en la demora en un proceso de conocimiento

IV.- De la ponderación de intereses en juego: En el caso concreto, por los motivos que se
verán, se analiza la ponderación de intereses en juego. IV.I.- Sobre la naturaleza y
condiciones de este presupuesto: Para efectos de la presente solicitud de medida cautelar,
como condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos la denominada
ponderación de intereses en juego. En este sentido, el artículo 22 del Código Procesal
Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "Para otorgar o denegar
alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente,
el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños
y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de
instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la
entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. También deberá tomar

en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá
efectuar para la ejecución de la medida cautelar." (El destacado es nuestro para efectos del
presente análisis) Con respecto a este presupuesto, es menester hacer referencia a lo
señalado en esta materia por el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, en tanto indicó: "El interés
público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de
obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y
para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante
rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar
de suspensión que el particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por
obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte
ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión
de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en
conflicto.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios),
San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370. El análisis de la bilateralidad del peligro
en la mora, también resultará fundamental para determinar la procedencia de una medida
cautelar, debiendo valorarse comparativamente el interés del peticionante con el interés
público y el de terceros. En este supuesto, el análisis realizado debe concluir que la medida
se puede denegar cuando el perjuicio sufrido por la colectividad o terceros es cualitativa y
cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante sin su otorgamiento. Con
base en lo anterior, esta Juzgadora parte de la necesaria ponderación de la
proporcionalidad y razonabilidad de la medida, y la valoración de estas consideraciones en
el análisis de los intereses en juego dentro del proceso de conocimiento. Con respecto a
terceros, procede hacer referencia a que se debe partir de lo que se ha llamado como la
interdicción de órdenes lesivas a los intereses de terceros ajenos al proceso, como una
limitación intrínseca de la medida cautelar. Estas consideraciones son reafirmadas en la
doctrina española, en tanto indica expresamente: "La necesidad de no perjudicar intereses
de terceros, al decidir con carácter provisional, medidas cautelares es un principio bien
conocido. Aquí esos posibles derechos de terceros pueden ser eventualmente los de toda
la colectividad...." García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares
Editorial Thompson Civitas, 2004. Con respecto al interés público, debe tomarse en
consideración que éste por si mismo no es suficiente para denegar la medida cautelar, será
la afectación al interés público cualitativa y cuantitativamente superior con relación al
peticionante de la medida cautelar, el que podrá incidir en una negatoria de la misma. Es
entonces ese calificado perjuicio al interés general o de tercero, el que deberá evidenciarse
de la conducta administrativa objeto de la medida cautelar pedida, debiendo quedar claro
que sólo si la afectación al mismo resulta más gravosa que aquella, procedería denegar la
justicia cautelar. Con base en los anterior, se procederá a analizar los intereses en juego
en la presente medida cautelar

IV.I.- Sobre el análisis del caso concreto con relación a la ponderación de intereses: Con
respecto a este presupuesto, al no otorgarse el presupuesto del peligro en la demora no
puede tenerse por establecida una afectación mayor a un interés particular por lo que se
enfoca el Despacho a la protección del interés público, sea la potestad y obligatoriedad de
la Administración demandada de aperturar procedimientos administrativos disciplinarios en
aras de salvaguardar tanto los derechos del funcionario-a encausada como el deber de
protección y seguridad del erario bajo su custodia y administración, en salvaguarda en

consecuencia, de los derechos de los vecinos del cantón. IV.II.- Conclusión: No se advierte
una afectación al interés particular

V.- Dadas las consideraciones hechas y respecto de la inexistencia de dos de los
presupuestos básicos establecidos para la aceptación de la medida cautelar, por lo
analizado, lo procedente es declarar sin lugar la medida solicitada

POR TANTO: Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada por MCR contra LA
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ. Por la naturaleza propia de las medidas cautelares se
omite pronunciamiento en costas. Contra la presente resolución procede la interposición
de recurso de apelación, según lo estipulado en el ordinal 30 del CPCA. NOTIFÍQUESE.-
Licda. Cindy Chavarría Hernández. Jueza.-”


5. Prescripción: Procedimiento administrativo disciplinario, investigación preliminar y
conocimiento de hechos causales


Extracto de sentencia

“V.- En atención al reclamo de caducidad de la potestad sancionatoria, en el primer
reproche, luego de citar fallos en apoyo de su tesis, reclama que consta en el expediente
administrativo -dentro del cual fue dictada la resolución de la Gerencia General impugnada-
que el 30 de setiembre de 2016, tuvo lugar la comparecencia oral y privada dispuesta por
el Órgano Director del Procedimiento. En ésta fue evacuada la totalidad de la prueba
allegada al proceso, sin que exista constancia de que debiera celebrarse una nueva
audiencia, o que quedara pendiente recibirla evacuación de algún elemento probatorio
ordinario o para mejor resolver. Explica, a partir de esa data quedaron listos los autos para
que el Órgano Director emitiera su informe final, con las recomendaciones que estimara
pertinentes y, concomitantemente, ponerlo a disposición del jerarca, con facultades de
adoptar la decisión final que estimare procedente. Refiere fallos de la Sala Primera y del
Tribunal Contencioso en cuanto a que el plazo de prescripción (caducidad), que regula el
numeral 603 del Código de Trabajo (414 de la Reforma Procesal Laboral), opera al menos,
pero no únicamente, en tres momentos. Prosigue, el primero de ellos en la etapa de inicio
del procedimiento disciplinario de que se trate, el segundo en la etapa posterior a la
intimación de cargos y la realización de la audiencia privada y evacuación de la prueba; y,
en el tercero, en la etapa comprendida entre la emisión y entrega del informe final del
Órgano Director al jerarca con potestad sancionatoria, y el momento de imposición de la
sanción. Considera, lo anterior tiene que ver con un asunto de seguridad jurídica, pero
también con la materialización y observancia de los principios constitucionales de justicia
pronta y cumplida y su corolario de tutela judicial efectiva, derivados de la norma
constitucional 41, los cuales se aplican en sede administrativa. Continúa, el informe final del

Órgano Director fue emitido en resolución 2017-314 de las 8 horas 9 minutos del 1º de
noviembre de 2017, según puede apreciarse a folios 124 a 146 del expediente
administrativo, sin que conste la fecha en que fue entregado al Gerente General, quien
suscribe la resolución final que se impugna en este proceso, lo que supone, ocurrió entre
el 1º y el 9 de noviembre de ese año, pues esa última es la data de la resolución final que
suscribe ese Gerente. Prosigue, así, el Órgano Director elaboró el informe final exactamente
12 meses y un día después de que tuvo lugar la audiencia de evacuación de la prueba, y lo
habría entregado al jerarca con potestad para sancionar al menos 12 meses y un día
después de ese evento. Refiere, de lo anterior se colige que, conforme al numeral 603 del
Código de Trabajo, en la especie ha operado la caducidad de la potestad sancionatoria del
ICAA. Enuncia, el instituto jurídico de la prescripción negativa está previsto como uno de
los modos de extinción de las obligaciones y, para que opere, basta el transcurso del
tiempo, sin que el titular del derecho lo haya reclamado, ejerciendo la respectiva acción
Refiere tesis doctrinales en cuanto a la prescripción. De esa forma, acusa, la prescripción
negativa o extintiva conduce a la pérdida de un derecho por la inactividad de su titular, de
conformidad con lo previsto por el ordenamiento jurídico. Igualmente, apunta, esta figura
encuentra su fundamento en la necesidad de que el ordenamiento establezca reglas claras
para los negocios jurídicos, de manera que se desarrollen en un marco de certeza y
seguridad para todos los agentes participantes, sin dejar situaciones jurídicas pendientes
indefinidamente en el tiempo. Refiere, fallo de la Sala Primera en apoyo de su tesis. Dice,
dentro de toda relación de trabajo o de servicio, como en este caso, la parte empleadora
disfruta del poder de dirección respecto de la actividad desarrollada por el trabajador, el
cual va acompañado, como consecuencia natural, de la potestad disciplinaria, con el fin de
lograr un mayor y mejor rendimiento. Ahora bien, explica, ese poder sancionador debe
ejercerse de conformidad con los principios de causalidad, actualidad y proporcionalidad,
y en forma oportuna; es decir, que la sanción impuesta un determinado momento, sea
correlativa al tiempo de la comisión de la falta, con lo que se procura también, lograr la
seguridad jurídica del trabajador, en el sentido de que tenga conocimiento de que su
infracción ha de ser castigada en un período determinado. Admite que la Sala Primera ha
interpretado que, en el caso de entidades patronales que deben cumplir de previo a
disciplinar a sus trabajadores, con un determinado procedimiento o investigación, en el
plazo de un mes previsto en la norma citada; y, que debe computarse a partir del momento
en que el resultado de la respectiva investigación se hace de conocimiento del funcionario
u órgano competente para resolver. Citó otros fallos en apoyo de su tesis. Sin embargo,
explica, la norma ibidem debe entenderse en el sentido de que la prescripción corre a partir
del momento en que la parte patronal puede ejercer efectivamente su potestad, en el
supuesto, desde luego, de que haya sido diligente en el sometimiento del caso a los órganos
y de que alguna dilatación en ellos no le sea atribuible. Considera un imperativo
constitucional que los procedimientos administrativos sean prontos, oportunos y cumplidos
en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza
jurídicas. Precisa, esos procedimientos se encuentran informados por una serie de
principios de profunda raigambre constitucional, tales como prontitud y oportunidad
(artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez
(artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública),
eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8) de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°,


y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía
procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibídem). Acusa, estos principios rectores de los
procedimientos administrativos les imponen a los entes públicos la obligación imperativa de
substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos
graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de
las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por el transcurso de un tiempo excesivo e
irrazonable. Considera, el plazo para ejecutar las sanciones disciplinarias no es cuestión
librada al arbitrio del órgano administrativo, de manera que pueda hacerla efectiva cuando
a bien tenga, pues esa forma de razonar es contraria al derecho fundamental a un
procedimiento administrativo sin dilaciones indebidas o atrasos innecesarios, lo mismo que
al derecho de continuidad y estabilidad en el empleo. Refiere, a folio 86 del expediente
administrativo consta la resolución de las 14 horas 10 minutos del 15 de noviembre de 2016
mediante la cual el Órgano Director informa a las partes que: “se ha acogido a la prórroga
del plazo establecido en el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la Administración
Pública, autorizado en el artículo 263 de ese mismo cuerpo legal. Lo anterior con el fin de
valorar los elementos de prueba y emitir la resolución final.” No obstante, tal y como fue
analizado supra, según criterios jurisprudenciales, los plazos regulados por la norma 603
del Código de Trabajo son de caducidad y no de prescripción; dicho esto, y como es
conocido, ambos institutos se distinguen porque la caducidad no se interrumpe, no se
suspende y puede ser declarada de oficio por la Administración; pero aún, si se admitiera
estarse ante un plazo de prescripción, como reiteradamente lo ha señalado el más alto
Tribunal Laboral, no es cualquier acto el que tiene la virtud de interrumpir la prescripción,
sino solo aquellos que tiendan a la efectiva prosecución de la investigación y, para el caso
concreto, a partir del 30 de setiembre 2016 no existía ya nada que investigar. Más aún,
expone, solo suponiendo que los plazos regulados en la norma laboral 603 sean de
prescripción, el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública dispone, en lo
que es de interés para este análisis, lo siguiente: “Artículo 261.- 1. El procedimiento
administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses posteriores a su
iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del
administrado, salvo disposición en contrario de esta Ley.” Opina, esta norma debe
relacionarse con el numeral 263 ibidem, según el cual: “1. En el caso de suspensión de
plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los
actos o actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 262,
deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello y fijando
simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder de los ahí indicados”
Aduce, al confrontar la resolución de folio 86 referida, con las precitadas normas de orden
público, y por ende de obligatoria observancia para el accionado, resulta claro que esta no
se conforma con las regulaciones en ellas establecidas. Aclara, en primer lugar, la
resolución no expone las razones de hecho en que el Órgano Director se apoya para
acogerse a la suspensión del plazo que tutela el artículo 263, inciso 1), obligación
insoslayable por la afectación que esta suspensión podría tener en los derechos de justicia
pronta y cumplida, de seguridad y certeza jurídica ampliamente analizados. Continúa, en
segundo lugar, las razones que eventualmente el Órgano Director debió haber dado
deberían ser atendibles; no obstante, ni siquiera las dio y, en tercer lugar, la resolución de
examen no contiene la fijación de un nuevo plazo para dictar el informe final, el que en todo


caso no podría haber sido superior a dos meses según la norma bajo examen. En
consecuencia, estipula, la resolución de folio 86 de repetida cita, amén de ineficaz por las
razones dichas, no podría tener la virtud de interrumpir los plazos regulados en la norma
603 del Código de Trabajo. Prosigue, al amparo de las razones de hechos y de derecho
que han sido expuestas supra, en el sub judice ha operado la caducidad de la potestad
sancionatoria del ICAA, en relación con los hechos que dieron lugar al presente
procedimiento y como corolario, corresponde decretar la ineficacia de la resolución
impugnada justamente por haber operado el plazo de caducidad, regulado en la norma
laboral 603, y concomitantemente disponer la ineficacia la resolución del oficio GSP-RPC-
PU-2017-00712, mediante el cual se hace efectiva la sanción en su contra. Añadió, de un
examen detallado de los argumentos que expone el a quo para desestimar el alegato
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS”, se desprende que incurre
en una confusión a la hora de examinar este agravio, o alegato, habida cuenta de que su
análisis lo hizo en conjunto con el denominado “CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO”; si bien es cierto ambos fueron desarrollados en un mismo apartado,
cado uno fue desarrollado de manera independiente, y sobre cada uno se hicieron los
alegatos, pero ambos constituyen institutos jurídicos diferentes, por lo que cada uno debió
examinarse, y ser objeto de pronunciamiento de manera separada. Estima, las razones que
da el A quo para desestimar el alegato sobre la caducidad, resultan contrarias a la correcta
inteligencia de la norma laboral, hoy artículo 414 a partir de la Reforma Procesal Laboral
Señala, para determinar que el alegato no es de recibo, hace un análisis únicamente del
plazo que operó desde el momento en que la Gerencia General del accionado tuvo
conocimiento de la denuncia, o hechos a investigar, y el momento en que dictó la resolución
que dio inicio al procedimiento, pero omitió el análisis del alegato en punto a que el informe
final del Órgano Director fue emitido mediante resolución 2017-314 de las 8 horas con 9
minutos del 1º de noviembre de 2017, sin que conste en autos la fecha en que fue
entregado al Gerente General, quien suscribe la resolución final que se impugna en este
proceso, que supone ocurrió entre el 1º y el 9 de noviembre de 2017. Considera, el Órgano
Director elaboró el informe final exactamente a los 12 meses y un día, desde que tuvo lugar
la audiencia de evacuación de la prueba. Prosigue, a los efectos de acreditar la caducidad
de la potestad sancionatoria de la Administración Pública, y en este caso del demandado,
no basta con hacer un examen solamente de la etapa inicial del proceso, como
erróneamente lo hace el A quo, sino que éste debe hacerse durante el desarrollo de cada
una de las etapas que integran el procedimiento disciplinario. En el caso de interés, esboza,
tal y como se dijo, el yerro del A quo radica en que omitió hacer el análisis de caducidad en
la etapa que inició con la convocatoria, y realización de la audiencia oral y privada, y el
momento en que los autos quedaron listos en sede administrativa para emitir el informe final
por parte del Órgano Director, y en que este debió ser puesto en conocimiento de ese
órgano, siendo que desde el momento en que los autos quedaron listos para que el primero
emitiera el informe final, y lo hiciera de conocimiento del segundo, transcurrieron más de
12 meses, es decir, el plazo de un mes que dispone el artículo 603 del Código de Trabajo,
hoy norma 414, fue superado ampliamente, por lo que, tales normas de fondo fueron
inobservadas en el fallo impugnado, incurriendo en un vicio de fondo, por lo que deberá
declararse con lugar la demanda


VI.- El Tribunal refirió tesis de este Tribunal de Casación, referente a que la potestad no
prescribe, sino que caduca, por lo que tales plazos son de caducidad. (no. 246-F-TC-2021
de las 09:21 horas del 16 de diciembre de 2021). Indicó, ciertamente, la definición de si es
un plazo de caducidad o de prescripción no ha sido pacífica y en la aplicación de los
institutos jurídicos referidos, pareciera ser frecuente confundir si se trata de una u otra
figura. Aclaró, la jurisprudencia coincide en aceptar que ambos institutos afectan la esfera
jurídica del particular por el transcurso del tiempo, sin embargo, su conceptualización,
características y efectos son distintos. Analizó, según se expuso por el Tribunal de Casación
y lo ha señalado reiteradamente la Sala Primera, se ha analizado en cuanto a la prescripción
que, el derecho precluye, no nace con un término preestablecido, prescribe por no ser
ejercido por el titular ni reconocido por el obligado en el transcurso de un lapso temporal
establecido legalmente. Refirió, respecto de la caducidad, que ésta opera o nace por la
inactividad que se presenta respecto de un comportamiento específico expresamente
señalado en una norma, y que siempre será declarable de oficio, mientras que la
prescripción sólo a solicitud de la parte eventualmente beneficiada con la misma; así como
que los plazos de caducidad son generalmente cortos, rígidos, perentorios y los de
prescripción, largos o prolongados. Citó diversos fallos de esa Cámara en ese sentido
Esbozó, en el caso que se revisa, es en el Reglamento Autónomo de Servicio N° 465,
vigente desde el 20 de julio de 2004, en que se desarrolla, a partir del Capítulo XIII, el
Régimen disciplinario y en el Capítulo IV el Procedimiento Disciplinario. Aseguró, el numeral
96 de ese cuerpo normativo dispone, que el servidor está sujeto al régimen de
responsabilidades previsto en los artículos 211 y siguientes de la LGAP, así como en el
Código de Trabajo y en el propio reglamento. Continúa, el precepto 97 dispone las clases
de sanciones en amonestación escrita, suspensión sin goce de salario hasta por un mes
(reformado en el año 2019) y despido sin responsabilidad patronal. Estipula, el canon 98
establece que la sanción a aplicar tendrá relación directa y proporcional con la gravedad
cualitativa o cuantitativa de la falta cometida por el trabajador. Detalla, el mandato 99 refiere
el caso de reincidencia de la persona servidora y, el artículo 100 deposita en la Gerencia
General la competencia para aplicar las sanciones que correspondan. Indica, a partir del
ordinal 104 se desarrollan aspectos formales del procedimiento disciplinario, como el
respeto al debido proceso, el fin de determinar la verdad real de los hechos, el apego a los
principios de celeridad y eficiencia, los derechos de los servidores, la independencia de
criterio, imparcialidad y objetividad con la que actuará el órgano director, entre otros
aspectos. Asegura, dispone el numeral 111 del Reglamento de comentario: "En caso de
integración por laguna del presente capítulo, se aplicarán en forma supletoria, las normas
procedimentales de la Ley General de la Administración Pública y del ordenamiento jurídico
administrativo en general y cuando no haya norma procedimental administrativa aplicable,
el derecho adjetivo supletorio que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9 y concordantes de la indicada ley". Por su parte, esboza, el precepto 112
dispone: "Todo acto, desde el inicial, que tienda a la prosecución de la investigación
interrumpe la prescripción de la acción disciplinaria", y el cardinal 113 dispone: "La acción
disciplinaria prescribirá si dentro del mes siguiente a la fecha en que reciban todos los
informes y atestados resultantes de la instrucción del procedimiento disciplinario, la
Gerencia General no dicta la resolución definitiva". De lo expuesto, afirmó, existe una
confusión de los institutos de caducidad de la potestad sancionatoria y la caducidad del


procedimiento administrativo regulado en el artículo 340 de la LGAP. Valoró, en el
procedimiento administrativo de corte disciplinario o sancionatorio, pueden distinguirse
esencialmente tres etapas o momentos en el curso de este: 1) El inicio del procedimiento
disciplinario, es decir la decisión que recae en el jerarca, según se deriva de los numerales
214, 221, 297 y 308 de la LGAP para la apertura del procedimiento, con el fin de establecer
si procede o no imponer una sanción. 2) La segunda etapa, es la tramitación, es decir el
plazo máximo que debe durar el procedimiento administrativo instaurado para establecer
los hechos que permitan adoptar la decisión final, regulado en los numerales 261 en
relación con el 319 y 340 de la LGAP, plazo que en todo caso es ordenatorio, no perentorio
3) La tercera etapa es la imposición de la sanción propiamente, es decir el límite temporal
máximo que tiene el jerarca para que, una vez que sea rendido el informe por el órgano
director se imponga la decisión final y, por último, el plazo para materializar la sanción
dispuesta. Ahora bien, apuntó, en virtud del principio de autointegración (relación de los
artículos 9 y 364 de la LGAP), el ordenamiento jurídico administrativo es independiente de
otras ramas del derecho. Por ello, dijo, solo en el caso de no existir norma administrativa
aplicable -escrita o no escrita-, se aplicará el derecho privado y sus principios. Aseveró, en
el caso del ICAA, no se regula en la normativa interna ese plazo de inicio y, si bien remite
en lo no dispuesto a la LGAP, ésta tampoco menciona ese plazo de inicio del procedimiento,
por lo que, por integración se debe recurrir al numeral 414 del Código de Trabajo, que fija
un plazo de un mes para el ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo cómputo inicia a partir
de que el jerarca tuvo conocimiento de los hechos que dan lugar a la acción disciplinaria,
es decir desde el momento en que el titular de la potestad disciplinaria se encuentra en
posibilidad objetiva de conocer la falta y por ende, emprender el ejercicio de su potestad
Agregó, del recuento de hechos probados, si bien desde el 30 de setiembre de 2015 el
funcionario MPR envió correo electrónico a la entonces Presidenta Ejecutiva del ICAA,
denunciando a su compañero de trabajo WAA (actor en este proceso), se delegó -en
aquella oportunidad- en el funcionario WCC, la atención de la situación denunciada. Opinó,
el 2 de octubre de ese mismo año, se llevó a cabo una conciliación donde participaron los
señores WAA, MPR, DCV y WCC (ver folios 17 y 18 del expediente administrativo). No
obstante, expresó, de la lectura de ese acuerdo no se desprende que se refiriera a la
denuncia remitida por el señor MPR. Observó, el acuerdo hace referencia al respeto que
debe guardar el señor MPR hacia su jefatura inmediata -que recaía en la persona de CC-,
en comprender que el pago de horas extras y expensas no son un plus laboral permanente
que no hay conflicto de género; que marcará (asistencia) en la Cantonal de Puntarenas
autorizándolo para que se desplace y marque a partir de las 3:15 pm y que se le dará uso
de medio de transporte para sus funciones. Valoró, es con ocasión de una denuncia que el
señor MPR presentó ante la Procuraduría de la Ética, que mediante oficio AEP-541-2016
del 14 de julio de 2016 se remite a la Presidencia Ejecutiva del Instituto demandado la
documentación de la denuncia y se solicitó se informe de las decisiones que la Institución
adopte en atención a los mismos. Interpretó, mediante memorando del 19 de julio de 2016,
la Dirección Jurídica trasladó esa nota a la Gerencia General para que se "proceda como
corresponda y se apliquen las medidas pertinentes de conformidad con la normativa
vigente", oficio recibido el 20 de ese mismo mes y año en la Gerencia General. De lo
expuesto, alegó, en atención a lo regulado en el numeral 100 del Reglamento de examen,
es a partir del 20 de julio de 2016 que debe computarse el plazo de caducidad de la


potestad disciplinaria, que recae como se indicó, en la Gerencia General, porque es hasta
ese momento en que como jerarca con competencia para ordenar se proceda conforme a
derecho, según se solicitó en el oficio AEP-541-2016, suscrito por la Procuraduría de la
Ética Pública. En ese sentido, se observó, en folio 001 del expediente administrativo, la
Gerencia General, mediante resolución de las 8 horas 40 minutos del 16 de agosto de 2016,
dispuso: "es necesario realizar el procedimiento disciplinario establecido en el Libro
Segundo de la Ley General de la Administración Pública, a afecto de verificar la verdad real
de los hechos denunciados, ordenándose la apertura del respectivo procedimiento", contra
los servidores WAA y DCV y, nombró en ese mismo acto como órgano director del
procedimiento disciplinario a la licenciada JVP. Advirtió, el procedimiento disciplinario dio
inicio con la resolución de las 13 horas 22 minutos del miércoles 17 de agosto de 2016, en
la que se ordenó "inicio de PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA", contra los funcionarios aludidos. De lo expuesto, aseguró, de la relación
de las fechas señaladas, es claro que no operó en el caso concreto la caducidad de la
potestad sancionatoria, en los términos que parece entender el actor, por lo que el vicio
debe ser desestimado. Agregó, tanto el Tribunal de Casación como la Sala Primera, han
señalado respecto al instituto de la caducidad conforme lo dispone el numeral 340 de la
LGAP: “IV.- Sobre la caducidad del procedimiento (…) se trata de un instituto que pretende
garantizar la seguridad jurídica mediante el archivo de aquellos expedientes cuya
tramitación se haya detenido por un lapso superior a seis meses, imputable al promovente,
siempre y cuando este no pueda ser justificado. Se encuentra regulado en el numeral 340
de la LGAP y se concibe como una sanción procesal prevista contra la indolencia en la
sustanciación del procedimiento que impide que se vierta un pronunciamiento de fondo. La
norma 340 ibídem, establece lo siguiente: “1) Cuando el procedimiento se paralice por más
de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya
promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá
la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo
final del artículo 339 de este Código. 2) No procederá la caducidad del procedimiento
iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse
operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar
el acto final. 3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de
las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de
interrumpir la prescripción”. (...) En suma, de conformidad con lo dispuesto en el cardinal
340 de cita, para que un procedimiento sea declarado caduco, han de materializarse los
siguientes requisitos: 1. Que el procedimiento se paralice. 2. Que sea por un plazo superior
a los seis meses. 3. Que no se haya dictado acto final. 4. Que la inercia sea atribuible a
quien gestionó el procedimiento (en este caso la Administración). (…) VI. - De este modo,
esta Cámara estima, un requisito procedimental que debe acatarse a la hora de analizar la
existencia de una caducidad del procedimiento, es que esta se haya declarado o alegado
dentro del procedimiento para ponerle fin. Lo anterior se desprende de la interpretación del
numeral 329 de la LGAP, pues resultaría válido el acto administrativo que se dicte luego de
una inercia de seis meses, atribuible a la Administración, si antes no se reclamó la
caducidad que es una de las excepciones dispuestas en la ley..." (Resolución de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 2384-2020 del 24 de setiembre de 2020 en
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1000343; y, en la misma línea


jurisprudencial, del Tribunal de Casación las resoluciones N° 60-F-TC-15 de las 08 horas
30 minutos del 27 de mayo de 2015 en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-
1-1011-769701, y 59-F-TC-2017 de las 09 horas 15 minutos del 11 de mayo de 2017, en
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-1011-891997, entre otras). En ese
orden de ideas, resaltó, atendiendo a la naturaleza de ese instituto, no procede declarar la
caducidad cuando no ha sido alegado dentro del mismo procedimiento administrativo y,
según lo ha considerado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en otras
oportunidades: “(…) la caducidad surge como respuesta a una inercia durante la
tramitación que evita que el asunto llegue a ser resuelto en forma definitiva, por lo que, y tal
y como se estipula en el mismo canon 340 tantas veces citado, no opera cuando el
expediente se encuentre listo para la resolución final”, toda vez que, a partir de ese
momento, el particular puede hacer valer sus derechos mediante la figura silencial” (Res
Sala Primera N°34-F-S1-2011 de las 08 horas del 20 de enero de 2011 en
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766063, reiterada en resolución
N°147-F-S1-2016 de las 11 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2016 en
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-770138). De lo expuesto,
esgrime, dos aspectos necesarios de evidenciar; el primero, que la resolución de las 14
horas 10 minutos del 15 de noviembre de 2016, dictada por el órgano director dispuso: "El
Órgano Director que lleva a cabo el Procedimiento Administrativo Ordinario incoado a los
funcionarios WAA (...) y DCV (...) comunica a las partes y al Superior, que se ha acogido a
la prórroga del plazo establecido en el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la
Administración Pública, autorizado por el numeral 263 de ese mismo cuerpo legal. Lo
anterior a fin de valorar los elementos de prueba ay emitir la resolución final" (folio 086 del
expediente administrativo). La resolución de comentario se dictó concluida la audiencia oral
y privada, es decir ya había iniciado el procedimiento administrativo, con lo cual no se trata
de una violación más a "la caducidad de la potestad sancionatoria" en los términos que
parece entender la parte actora. Como se indicó supra, iniciado el procedimiento y si el
expediente está listo para que se dicte el auto final -como ocurre en la especie- no opera la
caducidad. En segundo lugar, de la revisión del expediente administrativo, no hay prueba
que permita determinar que la parte actora haya alegado la caducidad del procedimiento
al amparo del numeral 340 de la LGAP. Consecuentemente, el vicio reprochado a la
resolución GG-2017-857, debe ser desestimado, y en consecuencia la segunda pretensión
resulta improcedente

VII.- Esta Cámara, en fallos recientes ha expresado criterio en cuanto a que, en aquellos
casos donde se requiere llevar a cabo una investigación preliminar de previo a la
instauración del procedimiento administrativo disciplinario, el plazo mensual de prescripción
regulado en el artículo 414 del Código de Trabajo (otrora precepto 603), comienza a
computarse a partir del momento cuando el resultado de esa indagación sea puesto en
conocimiento del funcionario u órgano competente para ejercer la potestad disciplinaria
(Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, no. 75-TC-2023 de las 9 horas 8
minutos del 24 de mayo de 2023). El precepto 414 ibidem señala: “Sin perjuicio de lo que
establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las
acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los
trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de
un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción

o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales. // En caso de que la parte
empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe
notificarse al empleado dentro de ese plazo (…)”. De esa suerte, nótese que, en lo medular,
la norma alude al “conocimiento” de los hechos causales de la corrección disciplinaria,
como punto inicial del cómputo del plazo extintivo. Así las cosas, lleva razón el Tribunal al
rechazar el alegato de caducidad invocado respecto del ejercicio inicial de la potestad
disciplinaria, pues resulta inobjetable, la Gerencia del ICAA, autoridad administrativa de la
entidad con competencia a fin de imponer sanciones disciplinarias a sus servidores, tuvo
formal conocimiento de los hechos el 20 de julio de 2016, mientras que el traslado de cargos
tuvo lugar el 17 de agosto de ese año, es decir, antes del transcurso del plazo del mes
dispuesto por la norma 414 ibidem. Ahora bien, realizado en tiempo el traslado de cargos,
salvo norma especial en contrario, frente a la hipótesis de un trámite que pudiera haber
transgredido los plazos de ley (art. 261 de la LGAP), evidentemente, la actora debió haber
alegado en tiempo la caducidad del procedimiento (art. 340.1 de la LGAP). Por constituir
el mandato 414 del Código de Trabajo un plazo de caducidad no es procedente computar
nuevamente el plazo extintivo mensual, desde que se realiza la comparecencia oral, pues
ello conllevaría, implícitamente, aplicar las reglas de la prescripción, cual es el caso de la
interrupción, concediendo dicho efecto a la apertura del procedimiento, a la comparecencia
oral y a la recomendación. Así las cosas, de conformidad con el mandato 329.3 de la LGAP,
lo procedente es interpretar, que aún y cuando el acto final sancionatorio hubiese sido
dictado fuera de tiempo, al no haberse alegado oportunamente la caducidad del
procedimiento, esto es, la paralización del procedimiento no imputable a la parte por más
de seis meses, dicho acto final resulta válido. De consiguiente, el cargo deberá rechazarse

VIII.- En mérito de lo expuesto, se declarará sin lugar el recurso. De conformidad con el
mandato 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, son las costas a cargo del
recurrente

POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de la recurrente.”


6. Sala ordena plazo de un mes para resolver reclamo a Ministerio de Cultura y
Juventud por gestión presentada


Extracto de sentencia

“V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que el 30 de marzo de
2023 solicitó ante la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud la revisión del
acta de la Junta Administrativa Sesión Extraordinaria 03-2023 de 16 de febrero de 2023 al
considerar que la misma presenta serias inconsistencias en apego a lo que establece el
artículo 56 de la Ley para mejorar el proceso de control presupuestario por medio de la

corrección de deficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública. Agrega que
el 11 de abril de 2023, la Auditoria Interna del Ministerio de Cultura y Juventud le pidió una
aclaración sobre la gestión presentada, la cual cumplió, por lo que se inició la investigación
de los hechos irregulares; sin embargo, reclama que no ha sido atendida. Además, indica
que el 26 de octubre de 2023 requirió una documentación de su interés; no obstante,
reclama que no recibido alguna respuesta. Solicita la intervención de la Sala

Al respecto, del estudio de los autos, consta que, efectivamente, el 30 de marzo de 2023,
la recurrente presentó una denuncia por corrupción ante la Auditoría Interna del Ministerio
de Cultura y Juventud a efectos de que se realizara una revisión del acta de la Junta
Administrativa Sesión Extraordinaria 03-2023 de 16 de febrero de 2023 al considerar que
la misma presenta serias inconsistencias en apego a lo que establece el artículo 56 de la
Ley para mejorar el proceso de control presupuestario por medio de la corrección de
deficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública, por lo que requirió que se
determinará si los acuerdos adoptados cumplen con lo estipula en el artículo 39 del
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, la cual cuenta con
el sello de recibido por la autoridad recurrida. Posteriormente, consta que el 11 de abril de
2023, el auditor interno del Ministerio de Cultura y Juventud brindó acuse de recibido de la
gestión de la recurrente y le solicitó aclarar si se trataba de una denuncia, ya que se requería
los siguientes requisitos para su admisión: “El nombre de la (s) persona (s) presuntamente
responsable (s), el puesto o dependencia donde labora o elementos que permitan su
identificación. La eventual afectación causada a la Institución según corresponda. Indicar
claramente la pretensión en relación con los hechos denunciados”. Consta que el 19 de
abril de 2023, la recurrente cumplió con los requerimientos solicitados el 11 de abril de
2023. Por tal motivo, mediante resolución nro. MCJ-AI-02-2023 de las 08:35 horas del 26
de mayo de 2023, la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud resolvió: “POR
RESUELVE: De conformidad con lo previsto en el artículo 17 inciso a) de la Resolución AI-
SC-2021- R-01 Auditores Interno del Sector–Ministerio de Cultura y Juventud
“Lineamientos para la Atención de Denuncias de Presuntos Hechos Irregulares
presentadas a la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud, Museo de Arte
Costarricense, Museo Nacional de Costa Rica, Teatro Popular Mélico Salazar y Teatro
Nacional de Costa Rica”, es lo procedente disponer: 1. Iniciar la investigación de los hechos
presuntamente irregulares, lo anterior de acuerdo al capítulo III de los presentes
lineamientos”. De la misma forma, se desprende que la denuncia fue remitida ante el
Despacho de la ministra de la autoridad recurrida, quien, posteriormente, la remitió ante la
Asesoría Jurídica del Ministerio accionado con la finalidad de que procedieron con la
tramitación de la investigación conforme a las recomendaciones vertidas en el informe de
relación de los hechos denunciados

Bajo este panorama, si bien este Tribunal observa en el elenco de hechos probados que
las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud han procedido a darle traslado a la
denuncia formulada por la recurrente; así como también le han estado informado sobre la
tramitación que se le ha dado a su denuncia, no menos cierto es que esta no ha sido
resuelta de forma definitiva, con el agravante de que los recurridos no informan en que
proceso se encuentra ni señalaron una fecha cierta para su resolución, es decir, la

recurrente continuará en una incerteza que lesiona su derecho de justicia pronta y
cumplida. En virtud de lo anterior, lo procede es acoger este extremo del recurso en los
términos indicados en la parte dispositiva de este pronunciamiento

VI.- Finalmente, la recurrente reclama que el 26 de octubre de 2023 requirió una
documentación de su interés; no obstante, reclama que no recibido alguna respuesta. Al
respecto, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente,
toda vez que las autoridades recurridas procedieron atender la solicitud de la recurrente
con posterioridad a la notificación de este proceso realizada el 15 de noviembre de 2023,
pues informaron bajo la solemnidad del juramento que por medio del oficio MCJ-DM-AI-
303-2023 del 17 de noviembre de 2023 hicieron entrega de la certificación MCJ-DM-AI-
01-2023 del 17 de noviembre de 2023 y de los oficios señalados en los oficios MCJ-DM-
1629-2023 y MCJ-DM-1636-2023, de los cuales, la recurrente brindó acuse de recibo. En
consecuencia, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso

Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a NGR, en su condición de ministra,
y a quien ejerza el cargo de asesor legal del despacho ministerial, ambos funcionarios del
Ministerio de Cultura y Juventud, que adopten las acciones necesarias y lleven a cabo todas
las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el plazo
máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se
resuelva de forma definitiva, según corresponda, la denuncia planteada por la recurrente
desde el 30 de marzo de 2023, y se le notifique lo respectivo. Se advierte a los recurridos
que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso
de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.”


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 REFERENCIAS


ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política del 07/11/1949. Fecha
de vigencia desde 08/11/1949. Versión de la norma 25 de 25 del 29/11/2023

SALA CONSTITUCIONAL. Resolución Nº 10257 - 2024. Fecha de la Resolución: 19 de

Abril del 2024 a las 09:20. Expediente: 24-007972-0007-CO. Clase de asunto: Recurso de
amparo

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución Nº 00896 - 2024. Fecha de

la Resolución: 15 de Febrero del 2024 a las 11:58. Expediente: 24-000814-1027-CA. Clase
de asunto: Medida Cautelar

SALA CONSTITUCIONAL. Resolución Nº 01088 - 2024. Fecha de la Resolución: 19 de

Enero del 2024 a las 09:15. Expediente: 23-016479-0007-CO. Clase de asunto: Recurso
de amparo

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución Nº 00340 - 2024. Fecha de
la Resolución: 18 de Enero del 2024 a las 10:29. Expediente: 22-006342-1027-CA. Clase
de Asunto: Medida cautelar


Resolución Nº 00004 - 2024. Fecha de la Resolución: 11 de Enero del 2024 a las 11:15
Expediente: 18-000188-1027-CA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso
administrativo

SALA CONSTITUCIONAL. Resolución Nº 32419 - 2023. Fecha de la Resolución: 15 de

Diciembre del 2023 a las 09:20. Expediente: 23-028220-0007-CO. Clase de asunto
Recurso de amparo