Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Acto Administrativo

Palabras Clave: Eficacia, Acto administrativo, Ley General de la Administración Pública, Diccionario Usual del Poder Judicial,
Alcances del Decreto Ejecutivo, Demanialidad, Plazo, Notificación, Adjudicación, Iuris tantum

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 21/10/2024

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
1. Posibilidad de la Administración de condicionar los alcances de decretos ejecutivos
2. Demanialidad de camino público puede tener origen en la tolerancia de propietario
3. Acto administrativo de reglamento: Caducidad de plazo para impugnación de
4. Notificación es un requisito esencial para la eficacia: Principios aplicables y
5. Análisis normativo del régimen de impugnación del acto administrativo de
6. Acto administrativo y la presunción “iuris tantum” de legalidad en casos de

 RESUMEN


La presente reseña recopila información sobre la eficacia de los actos administrativos, la
misma se desarrolla a partir de los artículos 140 hasta el 145 de la Ley General de la
Administración Pública, además se citan los términos relacionados a la eficacia del
Diccionario Usual de Poder Judicial, por último, seis sentencias que explican temas como
los alcances de decretos ejecutivos y la doctrina del inicio demorado de la eficiencia, la
demanialidad de camino público puede tener origen en la tolerancia de propietario, la
caducidad de plazo para impugnación de reglamento de manera inmediata, la notificación
de acto de despido como requisito esencial para la eficacia, el régimen de impugnación del
acto administrativo de adjudicación, y la presunción “iuris tantum” de legalidad en
notificación mediante publicación, entre otros


NORMATIVA


Ley General de la Administración Públicai

Título Sexto: De los Actos Administrativos

Capítulo Cuarto: De la Eficacia

Sección Primera: De la Eficacia en General


ARTÍCULO 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al
administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde
que se adopte


ARTÍCULO 141.-

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. En
todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los términos de
impugnación del acto administrativo


2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser comunicado,
el administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del
inicio de la ejecución


ARTÍCULO 142.-

1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado únicamente para el
futuro, con las excepciones que se dirán

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que
desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y
que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe


ARTÍCULO 143.-El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del administrado
cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a éste; o para
consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos que lo desfavorezcan


ARTÍCULO 144.-

1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de derechos
subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en contrario del
ordenamiento

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá
ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente


ARTÍCULO 145.-

1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados
por el mismo acto o por el ordenamiento

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto administrativo,
salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado,
aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse


 DOCTRINA


Definiciones del Diccionario usual del Poder Judicialii


eficacia

Facultad para lograr el efecto querido o esperado. Eficacia jurídica. || Actividad, función.
Efecto, resultado, consecuencia. || Fuerza, poder. || Validez. || Resultado correcto,
apropiado y ajustado a lo que se esperaba. || Éxito de un procedimiento o sistema


eficacia de la Administración pública

Principio de orden constitucional que supone que la organización y función administrativa
deben estar diseñadas y concebidas -ligadas a la planificación, evaluación y rendición de
cuentas- para garantizar la obtención de los objetivos propuestos, y asignados por el propio
ordenamiento jurídico


eficacia jurídica

Estado de un hecho cuando este produce un efecto jurídico


eficacia retroactiva del acto administrativo

Situación excepcional que posibilita la existencia de efectos retroactivos cuando un nuevo
acto se dicta en sustitución de otro anulado o cuando produce efectos favorables al
administrado


ejecutoriedad, ejecutividad y eficacia del acto administrativo

En Costa Rica, descriptor del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial que se
refiere a los principios rectores de los actos administrativos concernientes a la posibilidad
de la Administración de imponer una conducta o una abstención de actuar; de obtener un
objetivo; y de tener un resultado correcto o apropiado


nulidad e ineficacia del acto administrativo

Invalidez e ineficacia de la declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio realizado
por la Administración en virtud de una falta o defecto de algún requisito exigido por el

ordenamiento jurídico o que haya violaciones de los derechos del administrado o si se causa
indefensión. Acerca de la nulidad e ineficacia del acto administrativo se ha indicado que
“Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones sustanciales del
ordenamiento, incluso las de normas no escritas; y además se entenderán incorporadas al
ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y
aplicación exacta, en las circunstancias del caso”


JURISPRUDENCIA


1. Posibilidad de la Administración de condicionar los alcances de decretos ejecutivos
y la doctrina del inicio demorado de la eficiencia del acto administrativo


Extracto de sentencia

"VI.- La tesis de la parte demandante se basa en la creencia que el ordenamiento jurídico
no permite a la Administración Pública condicionar los efectos jurídicos de una norma de
alcance general. Sobre este tema tenemos que aclarar que la conducta de la
Administración por mandato del ordinal 11 de la Ley General de Administración Pública está
sometida al principio de legalidad, que conlleva un sometimiento total a las disposiciones
que fijan su comportamiento para garantizar los fines de los intereses y fines públicos. En
este sentido el artículo 128 del mismo cuerpo normativo reza: “Será válido el acto
administrativo que se conforme substancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en
cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” En este orden de ideas tenemos que una de
las potestades de la Administración es fijar las condiciones de eficacia de los actos
administrativos de alcances normativos como se infiere del precepto 145 ibídem: “Los
efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el
mismo acto o por el ordenamiento.” La doctrina llama a esto inicio demorado de la eficiencia
del contenido del acto administrativo (Jinesta Lobo, Ernesto. (2009). Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, pp. 566). Con
lo anterior, queremos hacer ver que el Estado cuando condicionó los alcances del Decreto
41.0648, por medio de los Decretos 41.338 y 41.971 hizo ejercicio legítimo de una potestad
que el bloque de legalidad le brinda, de modo que dichos decretos no pueden interpretarse
como una actuación al margen de la legalidad como interpreta la actora en su demanda
Dicho lo anterior, nos permitimos citar los Decretos mencionados que literalmente dicen de
forma respectiva


“Artículo 1 º .- Adiciónese un transitorio único al Decreto Ejecutivo Nº 41068-MIDEPLAN,
del 8 de febrero del 2018, publicado el 11 de mayo del 2018, para que diga: "TRANSITORIO
ÚNICO: La nueva distribución de distritos de bajo y muy bajo desarrollo social que se
establece en el presente Decreto, no aplicará para el pago del incentivo educativo
denominado /OS correspondiente al año 2018.Dicho pago que se regirá por lo dispuesto
en el Decreto Ejecutivo Nº 37964-PLAN, del 3 de setiembre del 2013, vigente al momento
de aprobación de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico del 2018, Ley N º 9514 del 28 de noviembre del 2017, que otorgó el
contenido presupuestario para dichos efectos.” “Artículo 1.- Adiciónese un transitorio
segundo al Decreto Ejecutivo N° 41068-MIDEPLAN, del 8 de febrero de 2018, publicado el
11 de mayo de 2018, para que diga: "TRANSITORIO SEGUNDO: La nueva distribución de
distritos de bajo y muy bajo desarrollo social que se establece en el presente Decreto, no
aplicará para el pago del incentivo educativo denominado IDS correspondiente al año 2019
Dicho pago se regirá por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37964- PLAN del 3 de
setiembre de 2013, cuyos parámetros se utilizaron para el cálculo respectivo al momento
de aprobación de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico de 2019, Ley N° 9632 del 28 de noviembre de 2018, que otorgó el
contenido presupuestario para dichos efectos. El Decreto Ejecutivo N° 37964-PLAN del 3
de setiembre del 2013, se aplicará por última vez para el pago del IDS en el presente año
2019”." La pretensión de la gestionante no requiere que se anulen los decretos ejecutivos,
sino que pretenden que se dejen sin efecto y se asigne el sobresueldo en discusión. Tal
situación no es posible. En su libelo no establece ningún suceso que comporten vicios o
defectos en los elementos constitutivos del acto de alcance normativo, sean materiales o
formales, lo cual es necesario para que este Tribunal proceda a desconocer una norma
Ante este escenario, la gestión fue encaminada de forma incorrecta, pues sin realizar la
debida impugnación de la validez del acto administrativo, únicamente quedaría la
indemnización al actor de parte de la Administración por el ejercicio de una conducta lícita
como refiere el canon 194 ibídem: “1. La Administración será responsable por sus actos
lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del
administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad
excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los
daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por
los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el
presente artículo.” No obstante, la petitoria de la demanda no está en esta dirección, así
que el Tribunal se ve impedido de establecer de forma oficiosa cualquier condena. VII.- La
Resolución DG-145-2010 de la Dirección General de Servicio Civil dispuso el pago del
incentivo salarial reclamado para los docentes que estuvieran impartiendo lecciones en
instituciones ubicadas en distritos de desarrollo bajo y muy bajo. En el Decreto 41.068-
PLAN que entró en vigencia el 11 de mayo de 2018 se dijo que Barranca estaba ubicado
como distrito de desarrollo bajo, sin embargo en ese cuerpo normativo se dispuso que los
efectos a nivel salarial por medio de los ya tantas veces citados decretos 41.338 (que entró
en vigencia 4 de octubre de 2018) y 41.971 (que entró en vigencia el 3 de octubre de
2019), a efectos del pago del IDS se mantendría la clasificación del Decreto Ejecutivo
37964- PLAN del 25 de octubre de 2013, que no incorporaba al Distrito de Barranca para
el abono del plus, sino hasta el año 2020 por razones presupuestarias. Realizando una


nueva ponderación del asunto, tenemos que tomar en consideración la vigencias de las
normas, pues en el año 2018 hasta el 4 de octubre de 2018 el decreto 41.068 se
condicionó, con lo que tenemos que estuvo en vigencia por 4 meses y 21 días. Para el año
2019 ocurre lo mismo, pues se condicionó hasta el 3 de octubre de ese año, con lo cual
doña Mónica tendría derecho al pago de esos meses, pues como se dijo el decreto 41.068-
PLAN no estuvo condicionado hasta entonces."


2. Demanialidad de camino público puede tener origen en la tolerancia de propietario
sobre el uso y destino público que le otorgue la comunidad


Extracto de sentencia

"III.- Sobre el fondo [...] En la especie, de un estudio minucioso del expediente
administrativo, así como del libelo recursivo confrontado con el acto aquí impugnado, es
posible concluir que la controversia se origina ante los intentos del apelante en el
cerramiento del camino público que da acceso al Barrio Los Rodríguez, ubicado
técnicamente (ver primer hecho probado) en el Alto de las Palomas dentro del Cantón de
Santa Ana, situación que ha escalado ante el Concejo Municipal, y en consecuencia se ha
dictado el acto aquí impugnado, que tiene por objetivo la declaratoria de interés público de
camino y una excitativa para que sea donada a favor del Ayuntamiento, la franja de terreno
que sirve de camino. Ante ello, considera esta Cámara que es menester precisar que en el
“ordenamiento” jurídico vigente, existe una prohibición para cerrar, estrechar, edificar o
cercar un camino o calle entregado por ley o de hecho al servicio de la colectividad, -ver
art. 32 Ley General de Caminos Públicos N°5060-, de manera que, ocurrido lo anterior,
para la reapertura de la vía pública debe respetarse el marco legal. En este sentido
tratándose de bienes demaniales, la acción administrativa sustituye a la interdictal, como
medio para que la Administración proteja sus bienes -principio de autotutela administrativa-
. No obstante existe una diferencia importante entre dos modalidades de la acción
administrativa, a saber, la primera referida a una coacción directa sobre el individuo para
garantizar el servicio público al que está destinado el inmueble, en el cual la Administración,
a nombre de la colectividad, defiende el derecho real que le corresponde, por mano propia,
dado que el bien, su uso y su destino, particularmente demanial, no admite discusión en
cuanto a la titularidad del propietario, entiéndase el Estado o sus entes públicos. Por
ejemplo, un parque público inscrito o no, a nombre de una Municipalidad, entregado al uso
público sin margen de error, pues la posesión que detenta el administrado es abiertamente
ilegítima, o contraria al servicio que prestan -arts. 261 al 263 del Código Civil-. El mismo
criterio podría aplicarse tratándose de una ruta que integra la red vial, siempre y cuando
sea indiscutible esa titularidad, por ende, un particular no puede impedir el paso o el libre
tránsito, al respecto se puede consultar lo ordenado en los numerales 131 y 231 de la Ley


de Tránsito y Seguridad Vial N°9078. Por otra parte, existe una modalidad declarativa, que
se refiere a casos en los que la circunstancias impiden identificar con facilidad, sin margen
alguno de error, esa titularidad, ese destino, o esa característica pública que supone
distingue a los bienes de dominio público. En tales supuestos la ley dispone que para
remover el cierre, el estrechamiento, la edificación o la cerca construida sobre la vía, deba
seguirse un procedimiento administrativo especial, que tiene por objeto comprobar que la
vía cerrada, no es de dominio privado. Por consiguiente, debe recopilarse la declaración de
tres testigos, para hacer constar lo pertinente, entiéndase, desde cuando estaba el camino
al servicio colectivo o de particulares y desde cuando fue estrechado o cerrado, debiendo
incluir un informe técnico. Para ese efecto además debe oírse al infractor, lo que sin duda
requiere de la debida notificación previa, acerca de los fines del trámite, los derechos que
le asisten y de la consecuencia específica mediante una correcta imputación de los hechos,
de manera que si se comprueba que el camino fue afectado sin autorización, o que estuvo
al servicio colectivo por más de un año, se reordenará la apertura en un plazo no mayor de
tres días, y en rebeldía del obligado, se ejecutará por su cuenta la orden, todo ello de
conformidad con el 33 de la Ley General de Caminos y 308 de la Ley General de la
Administración Pública. Véase, que se trata de un acto administrativo que requiere del
procedimiento previo, para sustentar su validez y eficacia -arts. 129 al 189 Ley General de
la Administración Pública [...]

[...] el criterio de este Tribunal sobre la fuente de la demanialidad de los caminos públicos
y su alcance, en el siguiente sentido: “En materia de caminos públicos, nuestra legislación
prevé varios mecanismos para concretar su demanialidad y destino al uso público. En
nuestro país, la constitución de vías públicas se puede generar por diversas vías, que bien
pueden ser a través de procesos expropiatorios que afectan al demanio público las franjas
de terreno, o bien como consecuencia de desarrollos urbanísticos en donde se abren
nuevos caminos a la luz de la Ley de Planificación Urbana, e inclusive, por la simple entrega
al uso público por parte de sus propietarios. En esos supuestos, los caminos públicos tienen
un régimen especial de Derecho Público, pues están destinados al disfrute de la
colectividad y están protegido por un principio de inmatriculación que deriva del artículo 44
de la Ley de Planificación Urbana, lo que significa que no se requiere de una escritura de
traslado de dominio ni su inscripción registral para que el bien salga del dominio privado”
(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolución número 309-2017 de las
15 horas 20 minutos del 10 de agosto del 2017). Lo cual se encuentra alineado con lo
resuelto por la Sala Constitucional que al respecto ha indicado: “…la señalada presunción
de demanialidad opera cuando la Administración cuenta con justo título para demostrar la
naturaleza y propiedad del bien, o que existan actos expresos de tolerancia del antiguo
propietario que conduzcan a tener por establecida la entrega del bien a tal uso, sea por el
transcurso del tiempo, sea por la existencia de prueba fehaciente en ese sentido. Y ello es
así, porque, además, el uso inveterado que se le haya dado al inmueble como vía pública,
hace que la carga de la prueba recaiga en quien se diga mejor poseedor o propietario
excluyente, cuya acción jurisdiccional tendrá como propósito destruir la presunción de
demanialidad, precisamente porque ésta se fundamenta en otra presunción del mismo
rango, que significa que la aparición de los terrenos en planos oficiales -públicos-, en
catastros nacionales o municipales, o en archivos, museos o bibliotecas, junto con la
prueba fehaciente del uso público efectivo, hace que la afectación sea la principal

característica, que no podrá desaparecer sino en virtud de una sentencia firme dictada por
los tribunales de la República”. (Sala Constitucional, sentencias número 1996-003145-
1996 de las 09 horas 26 minutos del 28 de junio de 1996 y 2007-00593 de las 08 horas
con 51 minutos del 29 de enero de 2007). En suma, la demanialidad del camino público
puede tener su origen en la tolerancia del propietario, sobre el uso y destino público que le
otorgue la comunidad, tal y como acontece en el presente caso, toda vez que el camino
que da acceso al Barrio Los Rodríguez está abierto al uso público desde hace varios años
(30 años según indican las autoridades municipales),no cuestionado por la parte apelante,
al extremo que se permitió que la Corporación Municipal invertiera fondos públicos en el
mantenimiento y atención del camino. También, es importante recordar que estos caminos
públicos gozan de una presunción de demanialidad contenida en el ordinal 7 de la Ley de
Construcciones que dice: “Artículo 7º.- Propiedad. Todo terreno que en los planos
existentes de la Municipalidad, o en el Archivo de la Dirección General de Obras Públicas,
o el de la Dirección General de Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro archivo,
museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública se presumirá que tiene la calidad de
tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquél que afirme que el terreno en
cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso
Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o
estorbar el uso público del terreno de que se trate”. Esta presunción, tal y como lo indica la
Sala Constitucional, surge a partir del análisis integral de los documentos oficiales ubicados
en las distintas oficinas de la Administración Pública, que lleven un registro que así lo
acredite; este análisis fue desarrollado por el Proceso de Geomática y Asuntos Jurídicos de
la Municipalidad, que considerando los siguientes documentos; las hojas cartográficas, los
planos de los colindantes y fotografías históricas, a la luz del uso y características del
camino, llegaron a la conclusión que es calle pública en el tramo A [...]

Según parece la Municipalidad erróneamente le ha tratado de igual manera, como las calles
públicas que son resultado de un fraccionamiento con fines urbanísticos, donde la situación
es completamente distinta, en los que una vez que el desarrollador ha satisfecho todos los
parámetros establecidos por el bloque de legalidad en la construcción de la urbanización,
le asiste la obligación y el derecho a que las donaciones sean tramitadas en los términos
del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. No obstante, ese ordinal no es aplicable
en el presente caso, que se trata de un camino público con origen en la simple tolerancia
del titular del inmueble en forma reiterada durante años, para con el uso público, que ahora
se encuentra descrito en documentos oficiales y hasta ha sido objeto de inversión de fondos
públicos para su mantenimiento, así como en la prestación de los servicios públicos [...]"


 3. Acto administrativo de reglamento: Caducidad de plazo para impugnación de
reglamento de manera inmediata


Extracto de sentencia

“II. Los agravios expuestos se refieren a la misma temática. Por ende, serán abordados de
manera conjunta. El casacionista combate la caducidad de las pretensiones que buscan la
declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico del Reglamento Técnico RTCR
482-2015, aprobado en el Decreto Ejecutivo 40510-MINAE, publicado en La Gaceta no
164 del 30 de agosto de 2017. Según alega el recurrente, la vigencia de dicho cuerpo
normativo se difirió en dos ocasiones y no entró en vigor sino hasta el 01 de marzo de 2019,
conforme a la última publicación realizada, el día 07 de mayo de 2018. Afirma, la sentencia
contiene una violación, por falta de aplicación, de los artículos 141.1 y 145.1 de la LGAP
(primer motivo). Razona, en el primero de ellos se establece que, para ser impugnable, el
acto debe ser eficaz; en tanto, en el segundo, se regula que los efectos del acto
administrativo pueden estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por
el ordenamiento. Por ende, arguye, el plazo para interponer el proceso comenzó a correr a
partir del día siguiente a su entrada en vigor y no desde su publicación inicial, como
erróneamente lo entendió el señor juez de trámite, al considerar que la publicación inicial
es la que marca el punto de partida. Argumenta, asimismo, que existe una aplicación
indebida de los artículos 37.1 y 39.1.b del Código Procesal Contencioso Administrativo
(segundo motivo). Explica que, conforme al primero de esos mandatos, los actos que, para
su eficacia, requieran de publicación, son impugnables a partir del día siguiente a esta. En
tanto, el canon 39.1.b ibidem, preceptúa que el plazo máximo de un año para incoar el
proceso se cuenta, en el caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación,
desde el día siguiente a la única o última publicación. Sin embargo, reclama que dichas
normas no fueron armonizadas con lo dispuesto en el numeral 141.1 de la LGAP, conforme
al cual los actos administrativos, para ser impugnables, necesitan de eficacia. Añade, el
Tribunal incurrió en el error de aplicar la misma normativa para dos situaciones diferentes,
sin tomar en cuenta la disposición referida, la que es clara y expresa. Conforme a esta,
acota, el plazo para impugnar los reglamentos establecido en los cánones 37.1 y 39.1.b del
CPCA solamente aplica cuando aquellos adquieren eficacia al momento de su publicación,
mientras que, cuando ocurre después, el plazo inicia desde que se alcanza tal condición
Argumenta, en ese mismo sentido, que el cardinal 39.1.b habla de “última publicación”,
siendo que, en la especie, ello ocurrió el 07 de mayo de 2018, fecha en que se modificó el
Reglamento, para establecer su entrada en vigor el 01 de marzo de 2019. Son esas razones
las que le hacen afirmar que la resolución se encuentra viciada, al haberse iniciado el
cómputo de caducidad en un momento incorrecto, lo que llevó a su declaratoria. Solicita,
se acoja su recurso y se devuelvan los autos al tribunal de origen, a efectos de que continúe
con el trámite correspondiente hasta resolver en sentencia la totalidad de las pretensiones
de la demanda


III. Al sustentar la declaratoria de caducidad, el juez a quo indicó que el Reglamento objeto
de impugnación es el Decreto 41055-MINAE, publicado en La Gaceta no 164 del 30 de
agosto de 2017, y no el Decreto 41055-MINAE del 07 de mayo de 2018, en el que se
hicieron modificaciones al primero. Razonó que, a diferencia del plazo de prescripción, el
plazo de caducidad no puede ser suspendido e indicó que, conforme a las reglas del
cardinal 39, inciso b, del CPCA, el plazo se computa desde el día siguiente a la última
publicación, en aquellos casos en los que esta sea necesaria. Asimismo, que el ordinal 37.1
ibidem dispone que los actos que requieren publicación para adquirir eficacia son
impugnables a partir del día siguiente a esta, lo que tiene relación al canon 142 de la LGAP
En su criterio, considerando la data de la publicación del Reglamento impugnado, el plazo
de caducidad había transcurrido de sobra al 27 de marzo de 2019, cuando se presentó la
demanda

IV. El recurrente lleva razón. En precedentes de casación se ha señalado, en diversas
oportunidades, que el plazo de caducidad para impugnar un reglamento de manera
inmediata – sea, sin un acto de aplicación individual que habilite la impugnación mediata
posteriormente -, inicia desde su publicación. Así lo reconoció la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, entre otros precedentes, en el reciente voto no. 1514-F-S1-2021 de
las 10 horas 51 minutos del 16 de setiembre de 2021. Esto conforme a los artículos 37.1 y
39, inciso 1, punto b, ibidem. Dichos preceptos disponen lo siguiente: “Los actos que para
su eficacia requieran publicación, serán impugnables a partir del día siguiente a esta” y “1)
El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: (…) b) En el
caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación, desde el día siguiente a la
única o última publicación”. Ahora bien, pese a lo anterior, las anteriores disposiciones no
deben ser interpretadas ni aplicadas de manera aislada. En primer lugar, debe haber
claridad en que el reglamento es una categoría de acto que se diferencia por su carácter
general, sin que ello lo sustraiga del régimen básico de los actos de la Administración. El
artículo 120 de la LGAP es el que establece la clasificación de los actos administrativos,
según vayan destinados a un sujeto determinado o indeterminado. En el segundo caso, se
trata de actos generales, mismos que el cardinal 121 ibid., denomina como “decretos”
Además, cuando estos últimos tengan alcance normativo, se conciben como “reglamentos
o decretos reglamentarios” (art. 121.2). Así, las características generales de todos los actos
de la Administración – incluidos los de los reglamentos - se encuentran reguladas en el
Título sexto (“De los Actos Administrativos”) del Libro Primero (“Del Régimen Jurídico”) de
ese mismo cuerpo normativo. Dicho título se compone de los siguientes capítulos: Primero
– en el que se ubican los preceptos reción comentados – (“De la clasificación y valor”)
Segundo (“De los Actos que Agotan la Vía Administrativa”); Tercero (“De los Elementos y
de la Validez”); Cuarto (“De la Eficacia”); Quinto (“De la Revocación”); Sexto (“De las
Nulidades”). De tal manera, al resolverse cuestiones propias del régimen jurídico de los
reglamentos, no deben soslayarse las regulaciones generales contenidas en el orden
normativo referido. En línea con lo anterior, el numeral 6, inciso 3, de la LGAP, dispone que
“En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios
que regulan los actos administrativos”. De tal manera, esta última tipología de conductas
de la Administración queda cubierta por los requisitos de eficacia contenidos a partir del
artículo 140 la Ley General de la Administración Pública, para todo acto administrativo, sea
general o particular. Tal precepto dispone que: “El acto administrativo producirá su efecto

después de comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en
cuyo caso lo producirá desde que se adopte” (el subrayado y el énfasis se añaden)
Asimismo, para el caso de los actos generales, el cardinal 240 ejúsdem dispone que estos
se comunicarán por publicación. Sin embargo, tales preceptos deben leerse con relación
al mandato 141 de ese mismo cuerpo normativo, cuyo texto es el siguiente: “Para ser
impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. En todo caso,
la debida comunicación será el punto de partida para los términos de impugnación del acto
administrativo”. Tal es una norma igualmente general, sin que haya alguna previsión
especial para los actos de alcance general. Corolario de la relación del articulado referido,
en tesis de principio, los reglamentos son impugnables a partir de su publicación, por ser
este el momento que determina el inicio de su eficacia. No obstante, el canon 145 de la
LGAP, contiene una previsión general que permite la concurrencia de requisitos de eficacia
adicionales a la comunicación, al establecer que: “Los efectos del acto administrativo
podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el
ordenamiento”. Tal es el caso cuando un Reglamento supedita su entrada en vigencia a un
momento posterior a su publicación. Nótese, en tal caso, el acto no es eficaz mientras no
llegue la fecha indicada para su vigencia, pues antes de eso no tiene la aptitud de producir
efecto jurídico alguno. Para una mejor comprensión del anterior razonamiento cabe señalar
que, así como el acto o contrato sujeto a condición suspensiva es ineficaz (numerales 678
y siguientes del Código Civil), de manera análoga es dable afirmar que lo mismo ocurre con
respecto a la norma supeditada a un plazo de vacancia de previo a su entrada en vigencia
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha definido la eficacia en ese sentido. Así,
entre otros, en el voto no. 1138-F-S1-2014 de las 15 horas 45 minutos del 04 de setiembre
de 2014, se indicó que la eficacia: “…debe ser entendida como la aptitud del acto para
producir efectos jurídicos…”. En el mismo sentido, consúltese, sobre dicho concepto, el
voto de esa cámara no. 884-F-2005 de las 11 horas 10 minutos del 17 de noviembre de
2005. Así las cosas, se tiene que, en la especie, se impugna el Decreto Ejecutivo 40510-
MINAE del 05 de mayo de 2017, publicado en La Gaceta no. 164 del 30 de agosto de 2017
Este, inicialmente, disponía, en su artículo sexto, que entraría en vigencia seis meses
después de su publicación, plazo que habría transcurrido sobradamente al 27 de marzo de
2019, cuando se incoó este proceso. Sin embargo, el Reglamento en cuestión fue
reformado por el Decreto Ejecutivo no. 41055-MINAE, denominado, “Reforma Reglamento
Técnico RTCR 482:2015 Productos eléctricos Refrigeradores y Congeladores
Electrodomésticos Operados por Motocompresor Hermético. Especificaciones de
Eficiencia Energética”. En el artículo segundo de este último, se dispuso: “Se modifica el
artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 40510-MINAE del 05 de mayo de 2017, para que se lea
así: "Artículo 6. Rige a partir del 1° de marzo de 2019." Nótese, el Decreto no. 41055-MINAE
varió, expresamente, la fecha de entrada en vigencia del Reglamento objeto de
pretensiones anulatorias, siendo que el mismo no podía entenderse como eficaz sino hasta
el 01 de marzo de 2019, cuando efectivamente entró en vigencia. Lo anterior a pesar de
que su versión primigenia había sido publicada desde el 30 de agosto de 2017,
precisamente, porque un decreto posterior lo reformó, incluyéndole un requisito de eficacia
diverso al general – la publicación -, así como al que había previsto inicialmente, sea el
decurso de un plazo de vacancia aún mayor, todo lo cual es permitido por el numeral 145
de la LGAP, ya analizado supra. Así las cosas, siendo que la demanda incoada fue


presentada el 27 de marzo de 2019, es evidente que no había operado plazo de caducidad
alguno, pues el Reglamento objeto de las pretensiones planteadas no tenía ni un mes de
ser eficaz. Por ende, lo procedente será acoger el recurso interpuesto

V. Conforme a lo expuesto, se casará la resolución recurrida, en el tanto declaró una
caducidad inexistente, de las pretensiones principales, lo mismo que del primer extremo
petitorio subsidiario. En su lugar, se rechaza la excepción de caducidad opuesta por el
Estado y se ordena el reenvío del expediente al Tribunal de origen para que continúe con el
trámite del proceso, respecto de las pretensiones afectadas por la resolución impugnada

VI. Del estado del proceso. De una revisión del expediente, se constata que el Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en resolución no. 81-2020-II de las 12 horas
del 10 de setiembre de 2020, dispuso el rechazo de las pretensiones que no fueron
declaradas caducas, por una supuesta falta de legitimación activa. Dicho fallo fue objeto de
recurso de casación por parte de la parte actora (documento visible en el expediente
electrónico, con fecha 24/09/2020 a las 12:01:55 horas). Sin embargo, lo cierto es que,
con independencia del resultado del recurso incoado en contra de la sentencia referida, no
hay pronunciamiento alguno sobre el fondo, en lo atinente a las pretensiones que fueron
excluidas de manera errónea de la lite en audiencia preliminar. Por ende, lo procedente
será que el Tribunal resuelva lo que en Derecho corresponda, con respecto a los extremos
de la demanda en mención, previa realización de los trámites necesarios, si así corresponde
y de no haber otra razón que lo impida. El Tribunal de Casación se abstiene de emitir
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, a efectos de evitar fallar parte del objeto
debatido en única instancia y en resguardo del debido proceso

POR TANTO: Se declara con lugar el recurso interpuesto. En consecuencia, se casa la
resolución recurrida y, en su lugar, se rechaza la excepción de caducidad opuesta por el
Estado. Continúese con el proceso, respecto de las pretensiones afectadas por la
resolución recurrida.”


4. Notificación es un requisito esencial para la eficacia: Principios aplicables y
presunción de validez del acto administrativo de despido


Extracto de sentencia

“NOVENO. LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO. En el último de sus alegatos, el
actor protesta que el ente administrativo ejecutó la resolución sancionatoria a partir del 16
de agosto del 2018, a pesar de que no se encontraba firme por haber interpuesto en su
contra los de revocatoria con apelación y nulidad desde el tres de agosto del 2018, y que
no habían sido resueltos. Al respecto debe indicarse que a la presunción de validez del acto

administrativo, que ha sido confirmada en esta resolución, le acompañan los efectos de
eficacia, ejecutividad y ejecutoriedad. De manera concisa, explica la Sala Constitucional
que: "... La Administración tiene la potestad de definir derechos y crear obligaciones de
forma unilateral y ejecutoria. Sus declaraciones son inmediatamente eficaces, creando en
el destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, todo ello con independencia de
su posible validez intrínseca. En este sentido, por ejecutividad del acto administrativo se
entiende la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber de cumplimiento que el acto
administrativo importa luego de su comunicación. Es la regla general de los actos
administrativos y consiste en el principio de que una vez perfeccionados producen todos
sus efectos, sin que se difiera su cumplimiento. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere
específicamente a la capacidad de la Administración de poder materializar la ejecución de
sus actos por sí misma, aunque el administrado se oponga y sin necesidad de que un
órgano judicial reconozca tal derecho y la habilite para tal efecto. Así las cosas, la
ejecutividad en una cualidad intrínseca del acto administrativo eficaz, mientras la
ejecutoriedad se refiere a su efectividad. Respecto de la ejecutividad, señala el artículo 140
de la Ley General de Administración Pública que el acto administrativo será eficaz luego de
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo
producirá desde su adopción. Este aspecto resulta relevante por cuanto el principio de
ejecutividad no es solo una característica del acto administrativo eficaz que beneficia a la
Administración, sino también una garantía a favor del administrado, en la medida que éste
encuentra asegurada la ejecutividad de un acto administrativo que le confiere derechos
subjetivos...” (Sala Constitucional, Voto No. 2003-00947 de las diez horas del siete de
febrero del 2003). Así, a tenor con lo estipulado en los artículos 140 y 145 de la Ley General
de la Administración Pública, cuando no han sido expresamente fijados otros
requerimientos, el acto administrativo adquiere eficacia a partir de su notificación al
administrado. En la especie quedó acreditado que el acto final se manifestó mediante
resolución dictada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes a las trece horas
veinticuatro minutos del tres de junio de 2018 y fue notificado al señor [Nombre 001] en
oficio identificado como DVA-DGIRH-DGSP-2018-2089 el cinco de julio de 2018, donde se
le comunicó además que el Acuerdo de despido regiría a partir del dieciséis de agosto de
2018. Así, se aprecia que la eficacia del acto dictado se dispuso con fecha posterior a la de
notificación del afectado, lo que se ajusta a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico
administrativo, y sin que para ello le afecten las gestiones presentadas por el actor en fecha
tres de agosto de ese año, las que, valga aclarar a manera de precisión, fueron rechazados
ad portas por extemporáneos en resolución del Ministro de Obras Públicas y Transportes
de las once horas diez minutos del veinticuatro de setiembre de 2018.”


 5. Análisis normativo del régimen de impugnación del acto administrativo de
adjudicación según su monto y procedimiento


Extracto de sentencia

"V.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. [...] Bajo dicha estructura (fuente: portal digital
CGR), el numeral 27 de la Ley de Contratación Administrativa cita en lo conducente
"Artículo 27.-Determinación del procedimiento. Cuando la Ley no disponga de un
procedimiento específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará
de acuerdo con las siguientes pautas (...) La Contraloría General de la República se
encargará de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración, así como el
monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios
no personales, con el fin de que se publique en La Gaceta, a más tardar en la segunda
quincena de febrero de cada año (...) Para establecer dicho monto, deberá considerarse el
promedio de las sumas presupuestadas tanto en el período vigente como en los dos
períodos anteriores, en lo relativo a las partidas para respaldar las necesidades de contratar
bienes y servicios no personales.". El numeral 84 ejúsdem establece: "Artículo 84.-
Cobertura del recurso y órgano competente: En contra del acto de adjudicación podrá
interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos: a) En las Administraciónes
citadas en el inciso a) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación
impugnada sea igual o superior (...) Para efectos de la aplicación de los límites anteriores,
únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones
compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se
impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado
para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía
inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de conformidad
con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los
límites establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de
autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá recurso alguno. El recurso
deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación
pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación
Los montos de apelación citados en este artículo serán ajustados de conformidad con los
criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley". Ahora, el artículo 1.- establece
"Cobertura. Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones,
la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector
descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas
públicas. Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual
de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley


Cuando en esta Ley se utilice el término "Administración", se entenderá que se refiere a
cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones"

Bajo el anterior entendido, la "Justificación de Adjudicación de la Contratación Directa
2018CD-000253-SPM" de la Municipalidad, adjudicó a la Ferretería HGR S.A., las líneas 1
y 2 por un total de ¢1.827.000.00 colones y las líneas 3 a 6 a Ferretería P. S.A por un total
de ¢4.673.000.00 colones, montos que aún unificados y en relación al cuadro: "Límites
específicos de contratación administrativa para obra pública del año 2018", muestran una
contratación de escasa cuantía, por monto exiguo de la misma necesidad contratada, en
dicho presupuesto y como consecuencia directa a ello, no permitía tan siquiera la admisión
del recurso de apelación, únicamente el de revocatoria, por lo que la alzada en subsidio
interpuesta por la actora contra la adjudicación de marras resultaba claramente inadmisible
Ahora, determinada esa limitación recursiva a solo la revocatoria, el Reglamento de la Ley
de Contratación Administrativa (DE-33411-H), sobre los recursos y sus plazos, pareciera
que expone antinomia normativa: El Artículo 144, ubicado en el CAPÍTULO IX. Materias
excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación, establece: Escasa cuantía. Las
contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad
con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,
podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en este Reglamento (...) El acto
de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por
un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura
de ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes, quienes podrá interponer
recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación"
(resaltado intencional). Por su parte, el Artículo 193, ubicado en CAPÍTULO XII. Recursos
SECCIÓN CUARTA. Recurso de revocatoria; establece: "Supuestos: Cuando por monto no
proceda el recurso de apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del
acto de adjudicación o contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá
en cuanto a la legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del recurso de
apelación, salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las materias excluidas de los
procedimientos ordinarios de contratación". Esto es, en primera apariencia, se amplió el
plazo de la revocatoria de dos a cinco días en virtud de esa inhabilitación recursiva de
alzada, a fin de que las partes oferentes inconformes tuviesen un margen mayor de tiempo
para aducir lo que en derecho corresponda; no obstante, ello no es así, toda vez, que en
las contrataciones de escasa cuantía, en cuanto a recursos ordinarios aplicables, se
excluye su aplicación ampliada del recurso de revocatoria del numeral 193 por así
disponerse expresamente en esa norma, obedeciendo este último a un presupuesto
material distinto al regulado en el artículo 144, el cual prevalece por su clara literalidad

Aclarado lo anterior, es consideración del Tribunal que la actora, disponía legalmente de
solo dos días hábiles a partir de su notificación para interponer recurso de revocatoria
contra la resolución impugnada RES-110-18-DAM, de 11:11 horas del 9 de octubre de
2018. [...] De esa manera, se debe tener en consideración lo establecido en la Ley General
de Administración Pública, que como marco jurídico integrable a las situaciones jurídicas
formales de la conducta de la Administración y por ende adaptables a la situación del
sublitem por no vulnerar, en este tanto, el régimen recursivo en materia de contratación

administrativa sobre el efecto temporal de la eficacia de las resoluciones administrativas,
se tiene que: 1) Artículo 140. El acto administrativo producirá su efecto después de
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo
producirá desde que se adopte; 2) Artículo 141.1.- Para ser impugnable, administrativa o
jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será
el punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo. (resaltado
intencional). La relación de estos dos numerales coinciden y armonizan con la extensión
del numeral 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por el contrario,
no se le antepone o contraría, mas ello en cuanto se trata de un administrado singular y no
de una comunidad de administrados a los cuales se les debe notificar el acto de
adjudicación. Lo anterior tiene sentido en que una vez dictado y debidamente comunicado
el acto administrativo a sus destinatarios, se presume legítimo, válido y eficaz, y por tanto
ejecutorio y ello se desprende además de los numerales 128, 146 inciso 1) y 147 de la
misma ley de cita. Ergo, como regla general, el acto administrativo externo es eficaz hasta
que sea debidamente comunicado al administrado interesado, produciéndose a partir de
ese momento efectos jurídicos conectados a la respectiva manifestación de voluntad
administrativa (Art. 141 de la LGAP), incluyendo el aspecto recursivo claramente
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento (art. 144 RLCA); lo
anterior, con el fin de que el administrado tenga conocimiento anticipado de las diversas
decisiones administrativas que le atañen en protección de la seguridad, certeza jurídica, y
como garantía de su derecho de defensa. Esto es, la eficacia implica que el destinatario
conoce la voluntad de la Administración emisora, con fecha cierta, momento a partir del
cual los efectos jurídicos pretendidos por la norma son materializados por el órgano público,
sea de manera individual o general, según el alcance del acto que se trata. Es decir, los
efectos del acto administrativo nacen a la vida jurídica a partir de su comunicación, en el
caso de actos individuales es a partir de su notificación, tratándose de actos de alcance
general con su debida publicación (Art. 140, 142 y 240 de la Ley N° 6227); de allí que una
vez notificado debidamente el acto administrativo, independientemente de la forma
utilizada, determina el comienzo de la eficacia del acto y el punto de partida para impugnarlo
administrativa o jurisdiccionalmente, tal y como lo preceptúa canon 141 de la Ley General
de la Administración Pública. Ésta doctrina contenida en el citado 141 en relación con el
243 de la Ley General de la Administración Pública, se yergue de forma general en todo lo
concerniente a la eficacia, comunicación e impugnación de la actividad de la Administración
Pública, tanto en sus relaciones con los administrados, así como entre los distintos órganos
y entes que la conforman. Normas que deben integrarse con el Artículo 256 ejúsdem, en
cuyo caso, debe entenderse que: "1. Los plazos por días, para la Administración, incluyen
los inhábiles. 2. Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles. 3. Los
plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación de los mismos o del
acto impugnable, caso de recurso (...) (resaltado intencional)"; [...] Tanto las normas de la
Ley de Contratación Administrativa como las de la ley General de la Administración Pública
son autointegrables en lo permitido, lo anterior tomando en cuenta que ésta última ley,
como es bien sabido, constituye la base normativa fundamental para toda la actividad
administrativa (incluyendo los efectos de la eficacia en las resoluciones administrativas
formales), cuyos postulados tienen carácter de normas de principio, que siempre estarán
llamadas a suplir cualquier laguna que pueda surgir en el ámbito del derecho público


mediante la aplicación supletoria, y que a su vez resultan un valioso y pertinente
complemento en caso de acudir a métodos de interpretación sistemática del ordenamiento
en materia del derecho público/administrativo. Es importante llamar la atención sobre el
hecho de que si bien las normas de contratación y su reglamentación son normas
especiales, lo es propiamente en dicha especie y no en el tema de los efectos temporales
de la notificación, de tal suerte que técnicamente no existiría un impedimento para
complementar esa disposición con las indicadas toda vez que vienen a propiciar una
interpretación y aplicación óptima desde el punto de vista de los fines que aquella está
llamada a cumplir en el tema recursivo que interesa, por lo en virtud del aforismo jurídico
conocido: "no procede distinguir donde la ley no distingue". En efecto, como ha señalado la
Sala Constitucional abordando el tema de las garantías del debido proceso, “a falta de otro
trámite aplicable por razón de su especialidad, o bien ante la existencia de trámites
especiales insuficientemente regulados, debe la Administración estarse siempre e
ineludiblemente a los de la LGAP, por su carácter general (reflejado en el texto de sus propio
artículos 366, inciso primero; 367 y 368) (…) y siguiendo nuestra línea de razonamiento ya
expuesta, aún así seguiría siendo obligado remitirse a la LGAP, aún en presencia de norma
especial, para efectos de suplir su eventual regulación insuficiente.” (sentencia N° 5184-96
de las 16:48 horas del 2 de octubre de 1996). A pesar de que se ha intentado por la actora
la utilización obligada de la Ley de Notificaciones Judiciales (LNJ) a su favor en el caso de
estudio, al contener los efectos temporales de las notificaciones realizadas a medios
electrónicos en otros términos, cuando señala en su artículo 38 que: "Artículo 38.- Cómputo
del plazo. Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará
notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante,
todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las
partes"; dicha aplicación no favorece a la actora en su aplicación al caso concreto por las
razones de especificidad y autointegración señaladas supra. Lleva razón la demandada, al
señalar: "La tesis que fundamenta la presente contestación, se refuerza cuando la propia
Ley de Notificaciones dispone en su artículo primero, último párrafo: Siempre que no exista
norma especial en contrario, esta Ley será aplicable a los procedimientos del Estado y sus
instituciones regulados por la Ley General de la Administración Pública", lo que no es el
caso tratándose de materia de contratación administrativa, la cual posee normas especiales
sobre las notificaciones y la forma de computar los plazos"


 6. Acto administrativo y la presunción “iuris tantum” de legalidad en casos de
notificación mediante publicación


Extracto de sentencia

“XV.- Es de vital importancia, iniciar indicando que, de conformidad con la teoría de los
actos administrativos, éstos cuentan con una presunción “iuris tantum” de legalidad. Esto
significa que, una vez dictado y debidamente comunicado el acto administrativo, se
presume legítimo, válido y eficaz, y por tanto ejecutorio. Lo anterior se desprende de los
numerales 128, 146 inciso 1) y 147 de la Ley General de la Administración Pública
Entonces, como regla general, el acto administrativo externo es eficaz hasta que sea
debidamente comunicado al administrado, produciendo a partir de ese momento efectos
jurídicos conectados a la respectiva manifestación de voluntad administrativa (Art. 141 de
la LGAP). Lo anterior, con el fin de que el administrado tenga conocimiento anticipado de
las diversas decisiones administrativas que le atañen en protección de la seguridad, certeza
jurídica, y como garantía de su derecho de defensa. Debe tenerse presente que las
notificaciones son parte esencial de la garantía de un debido proceso, según lo ha señalado
la Sala Constitucional desde su sentencia N° 15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de
1990. La garantía de la debida comunicación al interesado (140 y 141 de la LGAP), en
términos generales, dispone que debe hacerse personalmente o por medio de telegrama o
carta certificada en el lugar de residencia, trabajo o en cualquier otra dirección exacta del
interesado que conste en el expediente o por medio de publicación en el diario oficial La
Gaceta (artículos 240 y siguientes de la LGAP). Es importante señalar, que la notificación
de un procedimiento, sólo puede ser notificada mediante publicación cuando no conste la
residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación
de la Administración o de cualquier otra parte, pues caso contrario deberá ser notificada en
alguno de los sitios antes mencionados (artículo 241 LGAP). Además, de conformidad con
el ordinal 148 ibidem, ni siquiera la interposición de recursos administrativos tienen el efecto
suspensivo sobre la ejecución del acto, tema desarrollado en la sentencia impugnada y con
lo que se coincide plenamente

XVI.- Por lo antes dicho, este Órgano Colegiado no aprecia que la sentencia del Tribunal
haya realizado una indebida interpretación del numeral 59 del Código de Ética del Colegio
de Psicólogos, ni tampoco que haya infringido los artículos 128, 141 y 145 de la LGAP. La
eficacia del acto administrativo consiste en la capacidad de producir los efectos jurídicos
que el ordenamiento ha previsto para la concreta función administrativa, en ese sentido el
acto definitivo emitido por el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos en el marco de
un procedimiento administrativo disciplinario y debidamente notificado constituye un acto
que se presume válido y eficaz (art. 141 de la LGAP). Esa publicación de la que habla el
numeral 59 del Código de Ética es para establecer la fecha en que empieza a regir la
sanción impuesta (ejecución del acto). De la prueba documental aportada al expediente,
se desprende que el recurrente tuvo conocimiento del procedimiento disciplinario que se
tramitó en su contra, que se le confirió audiencia, la cual fue debidamente contestada, y

que en contra del acto final el actor no interpuso recurso alguno dándose por agotada la
vía administrativa. Asimismo, aprecia esta Sala que, contrario al dicho del recurrente, la
resolución final de las 18:00 horas del 17 de setiembre de 2015 en la que se le impuso una
sanción al actor de cinco años de suspensión del ejercicio profesional (hecho no
controvertido) no fue ni debía ser notificada por edicto, sino que le fue notificada al fax
señalado por el señor AS, el 21 de setiembre de 2015 (hecho no controvertido y aceptado
por la parte actora). Como se dijo esa sanción debía ser publicada en el Diario Oficial La
Gaceta, marcando únicamente la fecha a partir de la cual empezaría a regir dicha sanción
De todo lo cual resulta que el recurrente no solo tuvo (y tiene) conocimiento de la sanción
impuesta, sino que pudo impugnarla. En cuanto a la aducida notificación del acto
administrativo por vía de publicación en la gaceta, cabe advertir que esta no se dio en el
caso concreto; como se anticipó en líneas anteriores, la notificación se le hizo al tutelado
en el medio por él señalado al efecto; lo único que restaba era publicar la sanción, marcando
el momento a partir del cual empezaría a regir. En rigor, la publicación es para efectos de
terceros, tales como instituciones públicas y público en general, como forma de enterarse
de la sanción impuesta al profesional en Psicología. De esa suerte, tomándose en cuenta
que acorde al mandato 239 LGAP, “Todo acto de procedimiento que afecte derechos o
intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado,
de conformidad con esta ley”. Asimismo, que conforme a los cánones 240, 241 y 243 de
ese cuerpo legislativo, deben comunicarse en forma personal los actos concretos, puesto
que la publicación está reservada como mecanismo excepcional de comunicación, solo
para los casos cuando la Administración ignore el lugar de notificaciones, o cuando no
consten datos en el expediente de la residencia del investigado. En definitiva, el plazo de
un año para incoar el proceso se cuenta desde el día siguiente al de la notificación del acto
administrativo y no a partir de la fecha en que rige la sanción impuesta y por ello el agravio
debe ser rechazado

XVII- La violación a principios constitucionales que arguyó el demandado, debe ser
rechazada en principio porque el recurrente no expuso con claridad cuáles son esos
principios que se infringen con el fallo impugnado. A lo anterior le podemos añadir lo que la
Sala Constitucional ha indicado en torno a lo que se discute en la presente litis (ver entre
otras la sentencia número 2002-00928 de las nueve horas cuarenta y siete minutos del
primero de febrero de dos mil dos): “los actos administrativos, una vez emitidos por la
Administración, son ejecutivos y ejecutorios. Tales son principios básicos que informan al
Derecho Administrativo y que orientan toda la función pública, y consisten en que una vez
que son decretados los actos por la Administración, ésta puede por sí misma ejecutarlos,
sin necesidad de acudir a las autoridades judiciales (artículo 146 de la Ley General de la
Administración Pública) (…).” Igualmente, en relación con la ejecutoriedad y ejecutividad
de los actos administrativos, la jurisprudencia constitucional ha fijado que: “en el Derecho
Administrativo existe un principio que orienta toda la función pública, de la presunción de
legalidad que tienen todos los actos administrativos -de ser dictados conforme al
ordenamiento jurídico-, de él se deriva el de la ejecutoriedad y ejecutividad de los mismos,
en virtud del cual, su cumplimiento es obligatorio, una vez que adquieren eficacia (…), se
puede concluir que, siempre que en la producción y ejecución del acto no se violenten
derechos fundamentales -como lo sería la violación al debido proceso-, ésta resulta acorde
con la Constitución, es más, resulta necesaria para la Administración a fin de que pueda

cumplir con los fines públicos que le fueron asignados (…) (El subrayado no forma parte
del original). En esta línea de argumentación, es evidente que en el caso concreto no se
constata ninguna violación a los derechos fundamentales del amparado, por cuanto, a la
luz de la normativa y la jurisprudencia constitucional de cita, la impugnación del acto
disciplinario no tiene efectos suspensivos ni tampoco la Administración había decretado su
suspensión, así es como el punto de partida usado para los términos de impugnación no
conculca el debido proceso. De forma que, no constatando arbitrariedad alguna en lo
actuado, y por lo tanto al no encontrar mérito alguno para acoger este recurso, se impone
su desestimatoria

XVIII.- En mérito de lo expuesto, procederá rechazar el recurso, y establecer sus costas a
cargo de la parte recurrente, conforme al canon 150 inciso 3 del Código Procesal
Contencioso Administrativo

POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.”


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 REFERENCIAS


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Fecha de vigencia desde 01/12/1978. Versión de la norma
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Resolución Nº 00108 - 2024. Fecha de la Resolución: 21 de Febrero del 2024 a las 07:51
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Expediente: 19-002513-1027-CA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso
administrativo

2021. Fecha de la Resolución: 26 de Noviembre del 2021 a las 15:59. Expediente: 18-
000145-1342-LA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento


2021. Fecha de la Resolución: 27 de Enero del 2021 a las 07:30. Expediente: 19-006493-
1027-CA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo


Resolución Nº 00138 - 2020. Fecha de la Resolución: 13 de Agosto del 2020 a las 10:12
Expediente: 16-001041-1028-CA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso
administrativo