Editar Transcripción - 1003 - Responsabilidad Del Funcionario Publico Por Extravio O Sustraccion De Bienes En Casos De Negligencia

📝 Borrador Creado: 16/02/2026 05:23

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RESUMEN: El presente trabajo aborda el tema de la Responsabilidad
del funcionario público por extravío o sustracción de bienes en
caso de negligencia o imprudencia, desde los puntos de vista
doctrinario,normativo y jurisprudencial incluyendo: concepto de
negligencia e imprudencia, responsabilidad del funcionario público
en general, responsabilidad civil extracontractual, comparibilidad
e independencia entre las diversas clases de responsabilidad del
funcionario público, sustracción de vehículo de uso administrativo
fuera de horario laboral, negligencia en materia laboral, entre
otros

Índice de contenido

DOCTRINA

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CONCEPTO DE NEGLIGENCIA

“...consiste en una conducta omisiva, contraria a las normas que
imponen un actuar presto, solícito, atento, ávido, en fin, por
evitar la realización de un resultado dañoso o peligroso
La negligencia se conforma no solamente por la omisión, es decir,
por dejar de hacer algo, sino también por el modo de ejercer la
conducta que origina el resultado, en el tanto en que se obra de
una manera distinta de como se debería obrar...”

CONCEPTO DE IMPRUDENCIA

“Del latín imprudentĭa, f. Falta de prudencia, Acción o dicho
imprudente, Culpa grave e inexcusable.”2

2 NORMATIVA

Artículo 210.-
1. El servidor público será responsable ante la Administración por
todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no
se haya producido un daño a tercero
2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los
artículos anteriores, con las salvedades que procedan

3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca
del ente respectivo

De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor

Artículo 211.-
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad
disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al
ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin
perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras
leyes
2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos
de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan
actuado con dolo o culpa grave

3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación
previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que
haga valer sus derechos y demuestre su inocencia

Artículo 213.-

A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del
acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en
cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas,
entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y
más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor
es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente

CÓDIGO CIVIL4

ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o
imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto
con los perjuicios

ARTÍCULO 1046.- La obligación de reparar los daños y perjuicios
ocasionados con un delito o cuasi-delito, pesa solidariamente
sobretodos los que han participado en el delito o cuasi-delito,
sea como autores o cómplices y sobre sus herederos

3 JURISPRUDENCIA

"III.- Como bien establecieron los juzgadores de instancia, los
diversos mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico
permiten afirmar que la responsabilidad de los funcionarios
públicos incluye las diferentes facetas de la responsabilidad
general, esto es, abarca aspectos penales, civiles o puramente

administrativos. Estas tres clases de responsabilidad, en cuanto
se basan en distintos sectores del ordenamiento jurídico son entre
sí compatibles e independientes. Así tenemos que, en virtud de la
compatibilidad, una misma conducta de un funcionario público puede
dar lugar al nacimiento de varias de las responsabilidades
indicadas. Y, debido a la independencia que entre ellas existe, la
circunstancia de que una de las tres jurisdicciones competentes se
pronuncie por la inexistencia de la responsabilidad que enjuicia,
no constituye obstáculo para que cualquiera de las otras dos
aprecien la concurrencia de la responsabilidad que les corresponda
determinar. En concordancia con lo anterior podemos afirmar que la
existencia de una resolución judicial, que otorga un
sobreseimiento obligatorio a favor del actor no impide, en virtud
de la potestad disciplinaria que ostenta la Administración y de la
situación de sujeción especial en que los funcionarios públicos se
encuentran como consecuencia de la relación de servicios que les
une con ella, que la Administración, mediante un procedimiento
administrativo disciplinario, concluya que existió de parte del
actor una conducta reprochable desde el punto de vista
administrativo. IV.- El acto de despido del cual pretende el actor
derivar los supuestos daños y perjuicios, según se observa en el
expediente administrativo, se formó a través de un procedimiento
administrativo conforme con el ordenamiento jurídico, en el que no
se advierten vicios que lo socaven. De ahí que resultan infundados
las violaciones invocadas."

"I.- Por corresponder a los elementos de convicción que se citan,
el Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados que contiene la
sentencia apelada, aunque se indica que el número 2) tiene como
elemento probatorio los folios 85 y 61 del expediente
administrativo, Tomo II; y los números 4) y 5) el folio 8 del
expediente administrativo, Tomo II. Igualmente, se comparte el
hecho tenido por indemostrado. II.- La parte actora no expresó
agravios en esta instancia. Del expediente se concluye que el día
20 de noviembre de 1995, a las 5:30 de la tarde, el actor
estacionó en el Centro Comercial del Sur, el vehículo marca
Suzuki, placas 161772 asignado a la Comisión Nacional de Estudios
de Impacto Ambiental. Mientras el señor Arce Mora estaba en el

restaurante “Pizza Nápoli”, el vehículo fue robado del lugar por
desconocidos. Tal y como lo señala la sentencia apelada, en el
hecho medió culpa grave del actor, por las siguientes razones
1.- El vehículo no fue asignado al señor Arce Mora en su carácter
personal, sino a la Comisión Nacional de Estudios de Impacto
Ambiental, de la cual en el momento de los hechos era su Director
2.- No se trataba de un vehículo de uso discrecional, sino
administrativo, por estar destinado a los servicios regulares de
transporte, para el desarrollo normal de las instituciones o
ministerios, según la regulación establecida en los artículos 224,
225 y 226 de la Ley de Tránsito. 3.- Para que los vehículos de
uso administrativo (como lo era el placa 161772) puedan circular
en horas y días fuera del horario normal, debe mediar autorización
de la autoridad superior, salvo fuerza mayor, para desarrollar una
función específica del ministerio o de la institución (artículo
232 de la Ley citada). 4.- El actor, obvió los requisitos
establecidos por la ley para circular con un vehículo
administrativo en horas no laborables, estuviera cumpliendo o no
con sus funciones. El hecho de ser el Director de la Comisión a la
que se asignó el automotor, no significa que pudiera usarlo fuera
de horas de oficina a la libre, sin siquiera documentar la
necesidad para ello, y lo que es más grave, sabiendo que a esa
fecha no contaba con placas oficiales ni póliza de seguro. Siendo
así, la sanción disciplinaria y responsabilidad civil a favor de
la Administración por los daños causados, se ajustan plenamente a
lo dispuesto en los artículos 210, 211 y 213 de la Ley General de
la Administración Pública, por lo que debe confirmarse la
sentencia apelada."

niega que la actora tenga derecho a cobrar el preaviso, el auxilio
de cesantía y los daños y perjuicios, debido a que incurrió en

todas las faltas que se le atribuyeron, las cuales fueron
debidamente demostradas. De las faltas en que se fundamentó el
acto de despido, debe sustraerse la referente al “caso LASA”,
debido a que por ella la actora ya había sido amonestada por
escrito el 16 de junio de 1995 (folio 102 del expediente Nº 3),
siendo procedente la aplicación del principio “non bis in idem”,
que impide sancionar dos veces un mismo hecho. De las restantes
faltas, únicamente cabe analizar aquéllas respecto de las cuales
no operó la prescripción, sea: la negativa a entregar el vehículo
durante el período de vacaciones y el problema suscitado en el
programa La Rueda de la Fortuna el día 8 de abril de 1995. El
Ad-quem no consideró que estas dos faltas fuesen lo
suficientemente graves como para justificar el despido,
apreciación que no es compartida por la Sala, por los motivos que
se dirán. En cuanto a los problemas que se presentaron con los
controles de los tiquetes participantes en La Rueda de la Fortuna,
se tiene que la Auditoría Interna de la J.P.S. emitió, el 2 de
mayo de 1994, el Informe Nº 28-94, recomendándole a la Junta
Directiva, como punto N°2, que le solicitara a la Dirección
Ejecutiva “realizar un estudio detallado de los controles y
procedimientos respecto a los tiquetes y sobres que participan en
el programa La Rueda de la Fortuna, referente a la recepción y
recolección de los tiquetes en las urnas, su custodia y traslado a
la sala, retorno de los tiquetes a la institución, custodia antes
de su destrucción e incineración” (folio 284 del expediente Nº
1). Tal recomendación fue acogida por la Junta Directiva el 16 de
mayo de 1994, siéndole comunicado el acuerdo respectivo a la
accionante el 25 de mayo siguiente (folios 293-294 ídem). El 20
de junio de ese año, la actora le envió al encargado de la
Dirección de Producción y Ventas una copia del Informe de
Auditoría, con el fin de que implementara la recomendación
transcrita (folio 40). El 24 de junio, el Director de Producción
y Ventas le ordenó al Jefe del Departamento de Loterías realizar
el estudio solicitado (folio 41). El 17 de noviembre de ese año,
el Jefe del Departamento de Loterías puso en conocimiento del
Director de Producción y Ventas los cambios que se introdujeron
en el control de los tiquetes participantes en La Rueda de la
Fortuna: “los sacos, una vez concluido el programa, ya no se dejan
en el parqueo, sino que ahora son guardados dentro de nuestro
Departamento. Asimismo, todos los lunes a primera hora de la
mañana, se llevan todos los tiquetes y sobres a destruir, labor
que se lleva a cabo en presencia de un funcionario de la Auditoría
y Vigilancia” ; lo cual fue puesto en conocimiento de la Auditoría
el 16 de enero de 1995 (folio 296 del expediente Nº 1 y 37 del
principal). Posteriormente, a raíz de las anomalías que se
presentaron en el programa La Rueda de la Fortuna del 8 de abril

de 1995, se elaboró un nuevo Informe de Auditoría, Nº 21-95 del
28 de abril de 1995, en el que se consignó: “OBJETIVO: Indagar
sobre los procedimientos que se utilizaron para los sobres con
tiquetes de lotería instantánea que se envían al Programa La Rueda
de la Fortuna. Debe tenerse presente, la situación detectada el
día 8 de abril de 1995, en la que se localizaron en la caja de
fibra de vidrio varios sobres, los cuales mostraban roturas con la
presunta extracción de tiquetes (…). Al ser las 18:40 horas del
día sábado 8 de abril de 1995, en la Sala Estudio de Canal 2,
ubicado en el cantón de Tibás, lugar donde se realiza el programa
La Rueda de la Fortuna, los miembros asignados a la fiscalización
del Programa de la Rueda de la Fortuna para ese día (…)
procedieron a la colocación de los premios en las “raspaditas
gigantes”, así como a la verificación de las urnas que contienen
los sobres de diez tiquetes de lotería instantánea y tiquetes de
raspaditas con rueda, los cuales son enviados por el público para
participar en el programa antes indicado. En la revisión y
fiscalización se determinó por parte de la Auditoría y la
Representante de la Gerencia, que en la urna o caja de fibra de
vidrio que contiene los sobres de tiquetes de lotería instantánea
se localizó en el extremo derecho, parte frontal, una cantidad
considerable de sobres que mostraban roturas y cuyo contenido de
raspitas (10 raspitas por cada sobre) no se encontraban. Los
sobres violentados al parecer se encontraban agrupados en su
mayoría en ese lugar (…). El día 10 de abril del presente año, se
solicitó y realizó un estudio sobre los sobres que participaron en
el programa La Rueda de la Fortuna, para lo cual el Lic. Rodrigo
Fernández Cedeño entregó la totalidad de los sobres que
participaron el sábado 8 de abril (…). En total la población de
sobres participantes auditados fue de 14.654 unidades, de los
cuales (…) 443 presentaban roturas (o eventualmente violentados)
(…). En nota AU 306 se le solicitó al Jefe del Departamento de
Loterías, Lic. Rodrigo Fernández Cedeño, la descripción del
procedimiento de recolección, resguardo, custodia y destrucción de
los sobres de lotería instantánea que participan en el programa
La Rueda de la Fortuna. En respuesta a nuestro oficio se recibe
nota L474-95 (que aparece a folio 300 del expediente Nº 1) , en
donde el Lic. Fernández Cedeño describe el procedimiento
solicitado, determinándose las siguientes deficiencias: a) El
resguardo y custodia de los sobres con tiquetes de lotería
instantánea antes de ser enviados al programa La Rueda de la
Fortuna, es depositada en un pasadizo contiguo al área de la
cocina del Departamento de Loterías, en donde no existe la mínima
seguridad, por cuanto es un área donde transitan funcionarios
regularmente (…) los sacos donde se encuentran los sobres con
tiquetes no cuentan con medidas de seguridad apropiadas respecto

al cierre, además que el material utilizado en los sacos, facilita
la extracción de su contenido (…); b) Se pudo constatar que los
procedimientos establecidos, no se contempla el dejar evidencia
por escrito de parte de los encargados o funcionarios del
Departamento de Loterías involucrados, sobre la cantidad
disponible de sobres que serán enviados al programa La Rueda de la
Fortuna (…). RECOMENDACIÓN A PRESIDENCIA EJECUTIVA: 1
Establecer la eventual responsabilidad de parte del Departamento
de Loterías, respecto a lo acontecido el sábado 8 de abril de
1995, al determinarse debilitamiento en los controles internos
establecidos. 2. Girar instrucciones a la Dirección de Producción
y Ventas y al Departamento de Loterías, para que se proceda al
establecimiento de controles internos adecuados en la recolección,
manejo, custodia y destrucción de los tiquetes de lotería
instantánea que participan en el programa La Rueda de la Fortuna,
para lo cual se debe considerar lo siguiente: 2.1: Gestionar la
compra de sacos de lona con cierre de seguridad, para la custodia
de los tiquetes de lotería instantánea. 2.2: Custodiar los
tiquetes de lotería instantánea en una bóveda del Cementerio
Metropolitano de Pavas, una vez finalizado el programa La Rueda de
la Fortuna, requiriéndose que la puerta de acceso cuente con
llaves mancomunadas con el Departamento de Loterías y el
Departamento de Auditoría, hasta el momento de la respectiva
destrucción. 2.3: Solicitar al Departamento de Loterías para que
se estudie la factibilidad de que todos los tiquetes de lotería
instantánea con sobres que participen en el Programa de La Rueda
de la Fortuna contemplen en cada uno de ellos los datos del
participante o algún medio de invalidación por parte del jugador
2.4: Hacer cumplir la recomendación Nº 2 del Informe AUJPS 28-94,
acogida en el acta 13-94 de la Junta Directiva, punto II, inciso
c), de la sesión celebrada el 16 de mayo de 1994.” (folio 307 del
legajo de prueba Nº 1). El 24 de abril de 1995, la Presidenta
Ejecutiva le comunicó al Jefe del Departamento de Loterías los
nuevos procedimientos de control interno que debían implementarse
(folio 34). Por su parte, la Junta Directiva, en la sesión
celebrada el 25 de mayo de 1995, dispuso pedirle a la Gerencia que
revisara el procedimiento de fiscalización de tales tiquetes de la
lotería instantánea, lo que fue puesto en conocimiento de la
actora el 23 de junio de 1995 (folio 33). Doña Margarita estuvo
de vacaciones del 3 al 21 de julio de 1995 (folio 102 del legajo
Nº 4), razón por la cual no cumplió con lo requerido sino hasta el
27 de julio, día en que le expuso a la Presidenta Ejecutiva un
nuevo procedimiento que, en su criterio, garantizaría la seguridad
de esos tiquetes de La Rueda de la Fortuna (folio 30). El
Tribunal razonó que no cabía responsabilizar directamente a la
señora Bolaños Herrera por la violentación de los sobres, sino

que, a lo sumo, podía atribuírsele una deficiencia en la
implementación de los controles. Además, consideró que aun cuando
éstos hubiesen sido burlados, ello no implica que no existieran,
de manera que no puede culparse a la accionante de un
incumplimiento total de sus funciones. No obstante, de los hechos
expuestos, se colige que la actora no cumplía a cabalidad con sus
delicadas funciones. Por no haber realizado un estudio detallado
de los mecanismos de control, como se le había ordenado desde mayo
de 1994, no se detectaron a tiempo las deficiencias que lo
aquejaban, que, a la postre, culminaron con los problemas que se
presentaron en el programa La Rueda de la Fortuna de aquel 8 de
abril de 1995. Nótese que la orden de elaborar el estudio le fue
dirigida a ella personalmente, limitándose la señora Bolaños
Herrera a remitirle el asunto a uno de sus subalternos,
encargándole la realización del estudio, el cual, en definitiva,
nunca se hizo, sino que
simplemente se introdujeron dos pequeños cambios en los
procedimientos, los que obviamente resultaron insatisfactorios
La actora afirma que sí se confeccionó el estudio, pero aduce que
le fue imposible aportarlo al expediente por no tener acceso al
mismo. Sin embargo, llama poderosamente la atención que sí
haya tenido acceso a todos los demás -cuantiosos- documentos que
figuran en los autos y precisamente a ese no; aparte de que en el
recurso manifiesta haberlo elaborado con la ayuda de sus
colaboradores, cuyo testimonio bien pudo haber ofrecido en
sustento de su dicho. Ciertamente, la actora podía delegar la
elaboración del estudio en sus subalternos, pero debía darle
seguimiento al fiel cumplimiento de la tarea. Sin embargo, se
limitó a girar la instrucción, desentendiéndose después del
asunto. Es importante destacar que, según el artículo 212 de la
Ley General de la Administración Pública, cuando el incumplimiento
de la función se haya realizado en ejercicio de una facultad
delegada, el delegante será responsable si ha incurrido en culpa
grave en la vigilancia o en la elección del delegado. Lo anterior
evidencia una actitud negligente de parte de la actora, en un
asunto tan delicado como los controles de los tiquetes
participantes en La Rueda de la Fortuna, donde la confianza del
público en la pureza y legitimidad de los procedimientos resulta
fundamental para el éxito del programa. Respecto de la segunda
falta, quedó demostrado que la accionante disfrutó de 15 días de
vacaciones, del 3 al 21 de julio de 1995, llevándose el vehículo
de uso discrecional que tenía asignado, sin el chofer, según era
la costumbre institucional (folio 102 del expediente Nº 4 y
testimonios de María Luisa Castro Zamora, Irma Cecilia León
Valverde y Francisco Alberto Campos Monge, a folios 229, 239 y
240, respectivamente). La Junta Directiva de la J.P.S., en la

sesión ordinaria Nº 34-95 del 6 de julio de 1995, nombró al Lic
Jorge Villegas Rojas como Gerente interino, en sustitución de la
titular mientras ésta disfrutaba de sus vacaciones (folio 401 del
expediente Nº 1). Igualmente, acordó que “los vehículos de uso
discrecional se otorgan, no a los funcionarios, sino a las
funciones, no a las personas, sino a los puestos o cargos y por
tal motivo los vehículos deben permanecer al servicio de la
Institución en caso de que los funcionarios que cuenten con ese
beneficio se encuentren incapacitados o en período de vacaciones”
(folio 408 ídem). Dicho acuerdo le fue trasladado a la Presidenta
Ejecutiva para su ejecución el 7 de julio de 1995 (folio 28)
En virtud de lo anterior, el 10 de julio de 1995 ésta le envió a
la señora Bolaños Herrera la nota PRES-903, que a continuación se
transcribe: “Como es por usted sabido, el problema de la carestía
de vehículos en la Junta de Protección Social de San José limita
de manera importante el potencial de funcionamiento institucional
Por otra parte, se nombró interinamente a una persona para que
ocupe el puesto de Gerente, funciones que se cumplen a cabalidad
con la representación y diligencias pertinentes al cargo. Motivos
por los cuales sabidos también de que su interés como el mío es de
que la Institución funcione de la mejor manera, y por estar usted
disfrutando de sus vacaciones, le solicito a nombre de la Junta de
Protección Social, proceda a entregar el vehículo que posee en
custodia, a fin de que pueda usarse en funciones de la misma”
(folio 27). La demandante contestó dicha solicitud mediante
nota recibida el 12 de julio de 1995, en los siguientes términos
“Acuso oficio PRES-903 de fecha 10 de julio del año en curso,
donde su persona a nombre de la Junta de Protección Social me
solicita la entrega del vehículo de uso discrecional que me fuere
asignado, por estar gozando la suscrita de mis vacaciones. Pasé
el oficio a mis abogados y previa consulta a la Contraloría
General de la República, he decidido que el vehículo de marras
quedará bajo mi custodia como a derecho corresponde, por estar el
mismo bajo mi responsabilidad por ser la titular de la Gerencia de
la Junta de Protección Social” (folio 412 del expediente Nº 1)
Del acuerdo tomado por la Junta Directiva el 6 de julio de 1995 no
se enteró doña Margarita sino hasta el día 26 de ese mes (folio 26
del principal). Tanto el A-quo como el Ad-quem resolvieron que no
se estaba en presencia de una falta grave. El juez de primera
instancia tuvo por acreditada la costumbre que le permitía al
funcionario utilizar el vehículo durante las vacaciones, la cual
fue modificada mientras la actora se encontraba disfrutándolas
Aunado a lo anterior, recalcó que en la comunicación suscrita por
la Presidenta Ejecutiva no se hizo mención del acuerdo de la Junta
Directiva que le servía de sustento, por lo que la demandante
tenía fundadas razones para negarse a obedecer. El Tribunal

agregó que como tal costumbre fue variada encontrándose la actora
de vacaciones, hasta tanto éstas no finalizaran no podía hacérsele
cumplir la nueva disposición tomada por la Junta Directiva, la
cual no había adquirido la firmeza necesaria para vincular a los
servidores afectados, pues no se le había dado la publicidad
necesaria ni había transcurrido un plazo razonable para su
consolidación. En síntesis, estimó que la desobediencia no era
grave, debido a la forma intempestiva en que se tomó el acuerdo, a
espaldas de la actora y encontrándose ésta de vacaciones. La Sala
no comparte tales apreciaciones, ya que esa franca desobediencia
en que incurrió la demandante no puede permitirse, mucho menos en
el ámbito del Sector Público, donde las relaciones de servicio se
organizan jerárquicamente, revistiendo el deber de obediencia una
importancia capital (numerales 102 y 107 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública). El Reglamento Orgánico de
la Junta de Protección Social de San José, vigente para la época
en que sucedieron los hechos (Decreto Ejecutivo Nº 11276-P y sus
reformas), claramente establecía que el órgano colegiado
jerárquico supremo de la entidad era la Junta Directiva, al cual
le correspondía nombrar al Presidente, quien, a su vez, fungía
como superior jerárquico unipersonal de la institución, ubicándose
debajo de él el Gerente, máximo órgano administrativo de ejecución
(artículos 2, 8 y 12 de dicho Reglamento). El oficio PRES-903 era
una orden dirigida a doña Margarita por su superior jerárquico
(sin que fuese necesario, para reconocerle su carácter vinculante,
que en ella se indicase el acuerdo de la Junta Directiva que le
servía de fundamento). Dicha orden no era un acto arbitrario; por
el contrario, tenía buen sustento legal, pues es claro que
tratándose de un bien institucional, era evidente el interés
público en que se utilizase en la prestación del servicio, interés
éste que prima sobre la costumbre y sobre el interés particular
del funcionario afectado. No se trató de una mera ocurrencia de
la Presidenta Ejecutiva para perjudicar a la actora, sino que era
necesario dotar al Gerente interino de un vehículo para la
realización de sus labores. La existencia de una costumbre que
contradiga el contenido de una orden emanada del superior no tiene
la virtud de justificar la desobediencia, según la normativa antes
citada de la Ley General de la Administración Pública, que
contempla taxativamente los supuestos en que cabe una eventual
legítima desobediencia. Si doña Margarita dudaba de la legalidad
del acto o consideraba que afectaba sus derechos adquiridos, bien
pudo haberlo impugnado, pero de ninguna manera podía negarse por
las meras vías de hecho a entregar un bien que no le pertenecía y
que era requerido por la entidad para la realización de las
funciones asignadas a la Gerencia. En síntesis, al haber
resultado justificado el despido, no le corresponde a la

demandante el pago del preaviso ni del auxilio de cesantía (los
daños y perjuicios ya habían sido denegados por el Tribunal)."

No se dan los supuestos que establece la doctrina para estimar que
mediara dejadez, pues “La negligencia reviste carácter subjetivo,
y se caracteriza como un acto inexcusable del trabajador, que no
cumple sus tareas con la intensidad y cuidado debidos. La
negligencia constituye una forma de incumplimiento inherente al
contrato de trabajo por falta de empeño o dedicación, cuando no se
refleja en la actividad el mínimo de diligencia y de cuidado, que
es deber observar en el cumplimiento del contrato de trabajo
Constituye injuria a los intereses de la empresa y, por tanto,
causa justificada de despido, la deficiencia en el desempeño de
las tareas encomendadas específicamente; como cometer numerosos
errores en el contrato encomendado y cuando la negligencia provoca
destrozos o daños, o simplemente un perjuicio para los elementos o
intereses de la empresa ... No existirá negligencia cuando el
defectuoso cumplimiento de las prestaciones a cargo del trabajador
se debe a conductas imputables al empleador, como cuando asignan
al empleado tareas que éste no se encontraba, por su capacidad o
formación, en condiciones de cumplir satisfactoriamente, no se dan
las instrucciones necesarias para el manejo de nuevas maquinarias,
o cuando el empresario no ejercitara adecuadamente sus facultades
de dirección o no cumpliere con los deberes de seguridad y
protección, todos ellos derivados de la Ley de contrato de trabajo
...” (Cabanellas, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II,
Derecho Individual del Trabajo, Volumen 3, Contrato de Trabajo, 3°
edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina,
páginas 189 y 191)

II. Normativa aplicable

El Capítulo Segundo del Título Sétimo del Libro Primero de la Ley
General de la Administración Pública, Ley # 6227 del 2 de mayo de
1978, contempla el régimen de responsabilidad del servidor
público

Pero antes de entrar a analizar esas normas, conviene recordar que
el artículo 111 de la propia Ley General define al servidor
público como "la persona que presta servicios a la Administración
o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en
virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,
permanente o público de la actividad respectiva" y le fija, entre
otras obligaciones, la de "desempeñar sus funciones de modo que
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será
considerado como la expresión de los intereses individuales
coincidentes de los administrados"

Asimismo, el artículo 115 ibid. señala que "el servidor público
será un servidor de los administrados, en general, y en
particular, de cada individuo o administrado que con él se
relacione en virtud de la función que desempeña"

Retomando el planteamiento inicial, encontramos que los
funcionarios pueden ser responsables en tres ámbitos. En eso hay
unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia dictaminadora de
la Procuraduría General de la República

"Debe tenerse presente que los funcionarios públicos, en el
desempeño de las atribuciones asignadas, pueden incurrir en tres
tipos básicos de responsabilidad, a saber: PENAL (que se desprende
de la ejecución de actos o hechos penalmente sancionables); CIVIL
(que parte de la premisa de quien causa un daño a otro o a sus
intereses debe repararlo junto con los perjuicios, razón por la
que importa el resarcimiento de los daños y de los perjuicios
provocados) y DISCIPLINARIA (aquella que se atribuye a un
funcionario público que en su relación de servicio con la
Administración Pública, infringe con su conducta, activa o pasiva,
una o más normas de carácter administrativo, provocando con su
accionar doloso o culposo, una lesión al buen ejercicio del cargo
o deber público al que se encuentra obligado). Estos tres tipos
básicos de responsabilidad se pueden exigir conjunta o
separadamente, y se podrían derivar de un mismo acto o hecho
atribuíble al funcionario. (Procuraduría General de la República,
dictamen C-048-94 del 17 de marzo de 1994)

En el artículo 199 del mismo cuerpo legal, queda consagrada una
responsabilidad subjetiva de los servidores públicos ante
terceros, dado que se debe demostrar que medió dolo o culpa grave
en su accionar, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de
la Administración, la cual queda facultada para recobrar, a la luz
de los artículos 203 y siguientes, en la vía ejecutiva, las
cantidades pagadas como reparación para los administrados
afectados por la actuación contraria a derecho de sus empleados

"En el numeral 199 viene a definirse la responsabilidad del
servidor ante terceros. Se advierte que éste es "responsable
personalmente" ante terceros cuando haya actuado con "dolo" o
"culpa grave" en el desempeño de sus deberes o con ocasión del
mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que
le ofrece el cargo. Sin embargo, la Administración Pública es
solidariamente responsable, debiendo recobrar plenariamente lo
pagado por ella para responder del hecho doloso o culposo grave

La recuperación administrativa deberá incluir los daños y
perjuicios causados por la erogación respectiva (art. 203)

Consecuentemente, la falta personal, en los términos del artículo
199 de la LGAP, es generadora de responsabilidad personal cuando
esté revestida de dolo o culpa grave." (Procuraduría General de la
República, dictamen C - 050 - 92 del 16 de marzo de 1992)

Ya desde el seno legislativo, la responsabilidad del funcionario
fue objeto de extensas discusiones

"El funcionario va a responder ante la administración y va a
responder al particular. Nosotros hemos querido coger toda esa
evolución lo que consideramos que es sano. En principio sano
consiste en que el funcionario sepa que no obstante que es
funcionario debe tener el mismo deber de prudencia o diligencia y
respeto a los derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón
para que se castigue con responsabilidad a un ciudadano común que
le causa un daño a otro, y no se castigue con igual
responsabilidad a un empleado público que imprudentemente,
negligentemente le causa un daño a un particular. Todavía es más
punible nos parece éste último porque se supone que por su
condición ha de tener no solo una conducta más ejemplar sino más
controlada. El término tal (sic), es que el que viola gravemente
sus deberes del cargo en realidad comete una negligencia punible
Sin embargo hemos optado por emplear dos términos que en Costa
Rica se han empleado siempre en el Código Civil y en muchos

ordenamientos nuestros. El dolo o culpa grave, que significa
efectivamente una culpa que ya está muy definida por los
tribunales. Dependiendo de cada caso, es aquella caso (sic) en
dónde o intencionalmente o corriendose (sic)

un riesgo, o con obvia conciencia de que se están violando reglas
elementales se causó un daño. En esos casos nosotros consideramos
que es moral y además conveniente para el buen andamiento de la
administración, desde el punto de vista y que crea y
responsabilidad en un funcionario y que éste sea personalmente
responsable ante el particular por el daño que le causa. Aparte de
la responsabilidad disciplinaria que puede tener, éste señor le va
a responder a la administración si la administración tiene que
pagarle al particular. Es un freno para el descuido la negligencia
grave de la administración, en el desempeño de sus funciones. Por
eso hablamos de dolo o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa
leve o culpa profesional o culpa habitual, esos descuidos
explicables en un funcionario esos no se sancionan. Pero lo que es
un descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en
el desempeño de su cargo, esos es sancionado por ofendido y frente
a la administración..." (Acta Nº 104 de la Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de 3 de abril de 1970, pág

Sobre el particular que actualmente es el 210, el Lic. Eduardo
Ortíz expresó

"Esto se refiere al caso de que un empleado le causa daños a los
bienes del Estado. No es que daño a un tercero, sino que
sencillamente destruye un vehículo o le causa daño al equipo, sin
que haya intervención de un tercero." (Op. Cit. pág. 12). "
(Procuraduría General de la República, dictamen C - 106 - 92 del 9
de julio de 1992)

Por imperativo legal, la Administración debe ejercer la acción
que, según la doctrina que informa a la Ley General, podemos
llamar de recuperación (artículos 203 párrafo 2) y 210 párrafo
3)), a través de la cual se le cobrarían a los funcionarios
responsables

las sumas pagadas a los terceros como reparación por los hechos
dolosos o ejecutados con culpa grave de sus servidores, más los
daños y perjuicios que se deriven de dicha erogación, o bien,

los daños y perjuicios que el funcionario cause a la

Administración aunque no haya daños a terceros

A estos efectos, no existe ninguna diferencia si la indemnización
a terceros se da en virtud de un fallo judicial o por cualquier
otro medio, como podría ser una conciliación dentro del proceso, o
bien una satisfacción extraprocesal de la pretensión

Si son varios los funcionarios, al momento de ejercerse la
determinación de la responsabilidad y, consecuentemente la acción
de recuperación, deberá distribuirse entre todos ellos y por ese
motivo han de ser citados como parte al proceso. Asimismo, debe
valorarse, en la distribución interna de responsabilidades, si la
Administración como tal tiene algún grado de responsabilidad que
disminuya o limite la de sus funcionarios

Para tales efectos, deviene indispensable que la Administración
realice el procedimiento administrativo ordinario regulado en los
numerales 308 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública

La Ley General indica que, en cualquiera de las dos hipótesis -
daño a terceros indemnizado por la Administración o daño a la
Administración sin daño a terceros -, se efectuará la recuperación
en la vía ejecutiva, y serán documentos de esa naturaleza "la
certificación o constancia del adeudo que expida la
Administración, pero cuando haya sentencia por suma líquida la
certificación deberá coincidir so pena de perder su valor
ejecutivo" (artículo 204) y también "la certificación sobre el
monto del daño expedida por el jerarca del ente respectivo"
(artículo 210)1

declarada por la Sala Constitucional, mediante Votos 2180-96 de 10

Pero, repetimos, para expedir dicha certificación previamente
deben cumplirse una serie de etapas: la realización del respectivo
procedimiento ordinario y las intimaciones de ley. Esto no sólo
por expresa disposición de ley, sino también porque nuestros
Tribunales valoran dentro del ejecutivo si se cumplió o no con el
debido proceso

A manera de ejemplo, puede citarse la siguiente resolución

"III.-
Que el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública

otorga a la Administración, la facultad de ejecutar por sí, los
actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la
voluntad o resistencia del obligado. No obstante esa disposición,
y en razón de que el acto final puede causar perjuicio grave al
administrado para la mayoría de este órgano es necesario que se
lleve a cabo lo que en doctrina se conoce como el debido proceso y
que a nuestro entender, es el establecido en los artículos 308 y
siguientes de ese cuerpo normativo -procedimiento ordinario-, para
luego del acto final hacer uso de los medios coercitivos que
brinda la ley y para el caso de autos, resulta ser el inciso a)
del artículo 149, como medio de ejecución administrativa, sobre el
patrimonio del administrado cuando se trate de un crédito líquido
de la Administración. Este artículo preceptúa, que el título
ejecutivo lo constituye la certificación del acto constitutivo del
crédito expedido por el órgano competente

Que en el sub-litem y a instancia de la Procuraduría General de la
República, la que hizo ver al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes la necesidad de cumplir con el debido proceso, que se
procedió de esa manera obteniéndose del elenco de hecho probados,
la realización de la comparecencia oral y privada, la recabación
de la prueba y la citación en el término previsto y además, la
resolución final emitida por el Organo Director del Procedimiento,
lo que permite concluir que hasta ahí, se cumplió con lo
establecido por la ley empero, para la emisión del documento base
de la acción, lamentablemente dejó de lado lo establecido por el
artículo 150 ibid que a la letra reza: "1.-

La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad

Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas salvo
caso de urgencia

Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara
definición y comunicación del medio coercitivo aplicable que no
podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para cumplir

Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o
separadamente

Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el
servidor competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial
de entre los que sean suficientes al efecto

Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero
podrán variarse ante la rebeldía del administrado si el medio
anterior no ha surtido efecto." V.-

Que de lo expuesto en los acápites precedentes se determina que
luego de la culminación del procedimiento ordinario, y, antes de
la emisión del título ejecutivo, es requisito indispensable hacer
las intimaciones al obligado para la satisfacción de lo debido y
es del caso que en el sub examine, no consta que se hayan
realizado y tampoco se demostró la urgencia del cobro como para
obviarlas, única circunstancia permitida para hacer caso omiso a
lo ahí dispuesto. Así las cosas, para la mayoría de este Tribunal,
el documento base de la acción no es hábil para el cobro que se
intenta en la vía sumaria, al no cumplir a cabalidad, con las
exigencias del ordenamiento y en esa inteligencia, el fallo del a
quo que declara la falta de ejecutividad, merece la aprobación
(Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
No.289-92 de las 9:15 horas del 31 de marzo de 1992)

Es por ello que resulta indispensable que, junto con la
certificación que sirve como título ejecutivo, se acompañe copia
certificada de las piezas del expediente administrativo con las
cuales se pueda comprobar la existencia del debido proceso

De lo dicho hasta aquí, se concluye que, en efecto, la
Administración Pública puede proceder en sede judicial contra sus
funcionarios, pero siempre y cuando haya incurrido en erogaciones
por daños causados por ellos, aunque sólo se hayan utilizado los
medios y oportunidades que les ofrece el cargo, tal y como lo dice
el artículo 199 de la ley citada

No obstante, en los casos que se remiten, pese a que las
infracciones a la Ley de Tránsito están sancionadas con multa,
todas, en principio se encuentran, aparentemente, cargadas a las
licencias de los servidores en cuestión, o sea, se trata de una

responsabilidad personal o subjetiva, con lo cual no se cumple aún
el presupuesto principal para el ejercicio de la acción de
recuperación, toda vez que no hay daños a terceros ni ningún
perjuicio de tipo patrimonial para la Administración Pública

III. De los plazos de prescripción

El Derecho Administrativo faculta al particular para que reclame
todos los daños que la Administración Pública le haya causado,
sean éstos patrimoniales o de índole puramente moral

Del mismo modo, la Administración, como ya se dijo líneas atrás,
puede recuperar las sumas que, por la actuación dolosa o
gravemente culposa de sus servidores, haya tenido que entregar por
concepto de indemnizaciones, en vista de la responsabilidad
solidaria tipificada en el ordenamiento costarricense

Pero esta facultad se encuentra sujeta a un plazo perentorio de
cuatro años que empieza a partir del acaecimiento del hecho que
motiva la responsabilidad, según el artículo 198 de la Ley
General, plazo que es aplicable tanto a los administrados para
exigir la responsabilidad del Estado, como a la Administración
para hacer lo propio con sus servidores

Si se decide proceder judicialmente contra los funcionarios supra
citados, ha de tomarse en cuenta este plazo cuatrienal para
establecer si la acción ha prescrito

IV. Posibilidad de iniciar procedimiento administrativo

Lo manifestado hasta el momento no es óbice para que la
Administración Pública pueda, en caso de que haya cancelado parte
o la totalidad de las sumas, iniciar procedimiento administrativo
contra los tres servidores, para lo cual pueden servir como parte
del expediente los ya citados reportes del Consejo de Seguridad
Vial, así como la constancia de pago por parte de la
Administración

Si la Dirección General de Migración y Extranjería opta por esto
último, no es necesario ningún pronunciamiento de la Procuraduría
General de la República

Finalmente, nótese que no se hace análisis de posibles sanciones
disciplinarias, en tanto en la nota de remisión no se hace
refencia a ese punto

V. Conclusión

Con base en las consideraciones anteriores, la Procuraduría
responde a la consulta del Sr. Director General a.i. de Migración
y Extranjería

1) Que para llevar a cabo el cobro de las sumas por concepto de
infracciones de tránsito a sus funcionarios, es menester que la
Administración Pública, en este caso representada por la Dirección
General de Migración y Extranjería, haya sufragado las cantidades
que por dicho concepto se les imputan. De lo contrario, cada
servidor responde exclusivamente por esas infracciones, con lo
cual se hace innecesario una acción de recuperación

2) Que en el evento de que la Administración hubiese cancelado
dichas sumas, es necesario seguir procedimiento administrativo
ordinario para determinar la responsabilidad del servidor y el
monto de lo adeudado, así como realizar las intimaciones
dispuestas por ley, para posteriormente certificar los rubros
correspondientes. La certificación servirá como título ejecutivo,
cobrable en vía administrativa o judicial

FUENTES CITADAS

CORDERO Iannarella Alvaro. Malpraxis en Ciencias Médicas
análisis jurídico y lineamientos preventivos. Universidad Autónoma
de Centro America.Imprenta Lil. S.A. Costa Rica. 1996.p :67.68
el 8 de mayo de 2007 en :http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=imprudencia
de dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho
4 LEY 63. CÓDIGO CIVIL. Costa Rica, del veintiocho de septiembre de
mil novecientos ochenta y siete
N°000277-F-00, de las quince horas diez minutos del veintiséis de
abril del año dos mil
N° 251-2002, de las diez horas diez minutos del nueve de agosto

del dos mil dos
00150, de las catorce horas cuarenta minutos del nueve de abril
del año dos mil dos
00849, de las nueve horas cuarenta minutos del siete de octubre
del dos mil cinco
127 del 30/06/1998

Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr

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