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RESUMEN: A lo largo del presente informe investigativo, se
analizan los aspectos más trascendentales sobre la expropiación,
así como la indemnización y sus componentes esenciales
Primeramente, se aborda el concepto y naturaleza jurídica de la
expropiación, para pasar a analizar más adelante el contenido del
artículo 45 constitucional, así como los aspectos importantes de
la expropiación y la indemnización. Posteriormente se examinan las
características de la indemnización, junto con las modalidades
existentes de la misma. Por último, se incorpora la normativa y
jurisprudencia relacionada, en la que se analizan las
especificidades y contenido normativo, que debe contemplarse a la
hora de indemnizar a los administrados, cuando sufran una
expropiación forzosa


Índice de contenido
c. El Contenido del Artículo 45 de la Constitución Política. . .5


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b. Naturaleza, Finalidad y Fijación del Pago de Daños
e. Criterios y Normativa Aplicable en la Valoración de los


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DESARROLLO


1. Doctrina

a. Concepto de Expropiación Forzosa
“Como señala Garrido Falla clásicamente se ha entendido bajo el
nombre de expropiación forzosa un instituto de Derecho público que
consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un
particular a una Administración pública, o a otro particular, por
razón de interés público y previo pago de su valor económico,
siendo pues dos las notas características en tal concepto : 1.a
Que la expropiación es una transferencia coactiva, lo que hace de
ella típicamente una institución característica del Derecho
público, no asimilable a la compraventa prevista en el Derecho
civil; 2.a Que el expropiado tiene derecho a recibir una
indemnización equivalente al valor económico de la cosa
expropiada, lo que diferenciaba el instituto de otras figuras
afines como la confiscación
A su vez Rodríguez Moro recogiendo el estado doctrinal de mayor
relevancia en este punto del concepto de la expropiación forzosa,
destaca los criterios de Alessi y de Zanobini, para el primero de
cuyos autores la expropiación es una institución de derecho
público en virtud de la cual se otorga, en favor de una empresa
declarada de utilidad pública, la transferencia coactiva de la
propiedad de una cosa, convirtiéndose el derecho del propietario
en un derecho a justa indemnización. Para Zanobini se trata de una
institución de derecho público por la que un sujeto, previa
indemnización, puede ser privado del derecho de propiedad que
tiene sobre una cosa, en favor de otro sujeto diverso cuando así
lo requieren las exigencias del interés público. En poco difiere
la opinión de Lucifredi, recogida también por el mismo autor
García de Enterría destaca el tratamiento constitucional del la
expropiación forzosa, de lo que no ha sido una excepción nuestra
historia jurídica, plasmado finalmente en el Fuero de los
Españoles
La vigente Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de'
1954, en este su artículo primero, como precisa en su Exposición
de motivos, es meramente una norma delimitadora del campo objetivo
de aplicación a que la Ley se extiende, y no una expresión
conceptual de la figura jurídica de la expropiación
Veamos, en efecto, cómo el texto legal se inicia con las palabras
"Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa..." No


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obstante, en el artículo primero del Reglamento de 26 de abril de
1957, complementario de la Ley, viene a contenerse una definición
del instituto, puesto que se expresa que toda intervención
administrativa que implique privación singular de la propiedad,
derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el
art. 1.° de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los
efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación
legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía
jurisdiccional frente a la misma, añadiendo seguidamente que la
enumeración de supuestos de privación singular de la propiedad y
demás bienes que hace; el art. 1.° de la Ley tiene carácter
meramente enunciativo
Si tratamos de extraer de la doctrina jurisprudencial de nuestro
Tribunal Supremo un concepto de la expropiación forzosa, bien
podría ser el que se precisa en la S. de 1 de mayo de 1961,
expresiva de que la expropiación forzosa es un medio por el que el
Estado, i en ejercicio de su autoridad por razones de interés
público o de utilidad social, priva de derechos a los
particulares, adjudicándolos al mismo Estado o a los Organismos a
quien tiene encomendado la defensa de esos intereses superiores
Teniendo asimismo declarado que la expropiación forzosa constituye
un sistema ideado para adquirir en beneficio de la comunidad
bienes privativos de los ciudadanos que desean conservarlos y que
para alejar la más mínima sospecha de abuso o de confiscación, se
han excogitado profusas normas conducentes a averiguar y
establecer el verdadero valor de aquéllos, siempre con la mira
puesta en el empeño de aminorar en lo posible el detrimento de los
propietarios privados del dominio contra su voluntad. SS. 17
febrero 1953 y 17 junio 1955
El mismo Tribunal ha declarado, en S. de 27 de junio de 1961, que
la expropiación forzosa no es sino la transformación en dinero del
valor justo de la propiedad, que se sustrae del patrimonio
individual para llenar finalidades referentes al bien común.”

b. Naturaleza Jurídica
“En orden a precisar cual sea realmente la naturaleza jurídica de
la institución de la expropiación forzosa, la doctrina prevalente
ha mantenido dos posiciones fundamentales y diversas, consistente
una de ellas en estimar que la expropiación forzosa no es más que
una de las prestaciones obligatorias de los particulares a la
Administración, opinando la segunda tendencia que la expropiación
es una limitación en las facultades dominicales del propietario
Participan del primer criterio varios tratadistas italianos, tales


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como Alessi y Lucifredi, y del segundo un gran sector de la
doctrina española ya que lo mantienen, entre otros, Royo,
Villanova, García Oviedo y Fernández de Velasco
Para Garrido Falla, y según explica en el trabajo antes aludido,
aparte las limitaciones que la propiedad privada sufre en
beneficio de otros particulares, todas las instituciones a través
de las cuales se manifiesta la subordinación en que el derecho de
propiedad se encuentra respecto del interés público constituyen en
su conjunto lo que denomina "régimen administrativo de la
propiedad privada", integrando en este régimen las limitaciones
policiales de la propiedad, los supuestos de prestaciones
obligatorias "in natura" a favor de la Administración, y las
servidumbres administrativas sobre los bienes privados
Añade este Profesor que en la doctrina antigua la expresión
"limitaciones de la propiedad privada" se utilizaba en un sentido
genérico que abarcaba incluso instituciones como la expropiación
forzosa. Es evidente, sin embargo, que la naturaleza jurídica de
este último instituto no puede ser explicada mediante la idea de
limitación, pues antes de que la expropiación se acuerde, la
propiedad es plena y sin limitaciones, y después de acordada no
hay limitación sino privación. Sitúa, en fin, la expropiación
forzosa, las requisas, las ocupaciones temporales y las
transferencias coactivas de bienes fungibles entre las
prestaciones obligatorias "in natura" de los particulares a la
Administración
En el art. 19 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril
de 1964 se proclama que el Estado podrá adquirir bienes y derechos
a título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de
expropiación. En el segundo párrafo de su art. 23 se añade que las
adquisiciones que provengan del ejercicio de la facultad de
expropiación se regirán por las normas de la Ley y Reglamento de
Expropiación Forzosa
La misma Ley, en en art. 54, expresivo de que las adquisiciones de
bienes inmuebles se acordarán en cualquier caso por el Ministerio
de Hacienda, exceptúa aquellas que se lleven a efecto al amparo de
la Ley de Expropiación Forzosa, bien que una vez concluido el
expediente de expropiación, el organismo que la haya realizado
dará cuenta a aquel Ministerio de la adquisición efectuada
La Ley repetidamente citada, al regular la afectación de bienes al
dominio público, prescribe que cuando las adquisiciones de bienes
se realicen en virtud de expropiación forzosa, la afectación se
entenderá implícita en la misma y se dará cuenta de aquellas al
Ministerio de Hacienda, a los efectos procedentes (art. 119).”


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c. El Contenido del Artículo 45 de la Constitución Política
“Art. 45. "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de
la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa
indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin
embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años
después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de
necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la
propiedad limitaciones de interés Social"
El artículo 45 de la Constitución Política contiene tres normas, a
saber: a) la inviolabilidad de la propiedad; b) las limitaciones a
la propiedad por una mayoría calificada (dos tercios de votos de
la Asamblea Legislativa); c) la expropiación previa indemnización
Las limitaciones que contempla son aquellas justificadas en una
"necesidad pública" y para satisfacer el "interés social"
Según la Corte Plena (votación núm. 19 de 25 de marzo de 1983) las
limitaciones por intereses distintos de los "sociales" no están
contempladas en el artículo 45 y su adopción legislativa exige la
existencia de otra norma constitucional que las autorice, sin lo
cual el artículo 45 las prohibe, por el hecho de no permitirlas
Dado el dogma de la universalidad de la materia disponible para la
Asamblea Legislativa, la Corte Plena parece implicar que la
prohibición radica, más que en el silencio del artículo 45
respecto de limitaciones a la propiedad por intereses distintos de
los "sociales", en la inviolabilidad de la propiedad que declara
el mismo artículo 45 párrafo primero, que así tiene que entenderse
como declaratorio de una inmunidad del derecho de propiedad frente
a cualquier ley limitativa en orden a la satisfacción de intereses
de distinta índole, salvo norma constitucional que disponga lo
contrario y le dé existencia y eficacia en su contra
No contempla tampoco el artículo 45 la posibilidad de
"nacionalizaciones" o "estatizaciones" de categorías de objetos,
que, por evidente mayoría de razón, están regidas por iguales
reglas y principios restrictivos que las limitaciones, por ser
cercenamientos del campo objetivo de vigencia de la propiedad
privada de máxima gravedad, desde luego que consisten en hacerla
legalmente imposible en el respectivo sector
Para precisar el alcance de la jurisprudencia constitucional
citada resulta necesario saber en qué consiste "lo social" del
interés a que aluden tanto ella como el artículo 45 párrafo
segundo como causa de justificación de las limitaciones a la
propiedad autorizadas por dicha norma. La definición aproximada de


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aquel concepto resulta dada en el Considerando IV del fallo de
Corte Plena núm. 19 de 25 de marzo de 1983, ya citado, que en lo
conducente dice
"La solución del problema consiste, pues, en definir en qué
sentido se usa el concepto "interés social" en el artículo 45
párrafp segundo de la Constitución, pues de ello depende el ámbito
de aplicación de esa facultad extraordinaria que la citada norma
constitucional otorga a la Asamblea Legislativa
El vocablo "social" es de un amplio significado, pues se emplea
para referirse a todo lo que concierne a la sociedad. Pero también
tiene una aceptación más restringida, como lo deja ver el
Diccionario de la Academia, al definir ese vocablo en los
siguientes términos
"SOCIAL Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas
entre unas y otras clases"
Esa acepción que habla de "las contiendas entre clases" es la que
interesa en el presente caso, y es la misma que se usa para aludir
a la llamada "cuestión social", a la justicia social, a la
doctrina social de la Iglesia, a los problemas sociales, con
especial referencia a la necesidad de proteger a las clases de
menores recursos económicos, y de allí proviene también el
concepto de "función social de la propiedad", que considera a la
propiedad no sólo como un derecho sino también como un deber
"...que en la Constitución de 1949 no se llegó a declarar o
reconocer la llamada "función social" de la propiedad; pero sí se
mantuvo el mismo concepto de "interés social"; y tanto por la
época en que esa regla fue incorporada al Derecho Constitucional
patrio, ¡unto con las Garantías Sociales, como por los motivos que
impulsaron la reforma y por el sentido que desde años anteriores
se daba a esa expresión en la literatura jurídica, no hay duda de
que aquel concepto se identifica con los problemas de las clases
sociales, acentuadamente las de menores recursos, y con las
medidas que deben adoptarse para mejorar las condiciones
económicas de esas clases y lograr que la convivencia humana se
oriente hacia la consecución del bien común y de la justicia
social. . ." (págs. 18, 20 y 21 ibídem).”

d. La Expropiación
“Dos son los límites que impone el art. 45 de la Carta a la
propiedad privada: la expropiación y las limitaciones de interés
social
No es el caso de extendernos aquí en la teoría de la expropiación


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Basta al efecto observar que su consagración constitucional
presenta los siguientes rasgos
i) la esencia de la expropiación no está en una transferencia
forzosa de derecho real, sino en la privación de un bien, aunque
ni el Estado ni otro sujeto resulten beneficiarios, como nuevos
dueños del mismo, pues se trata fundamentalmente de proteger al
propietario, y no sólo de evitar un enriquecimiento sin causa
ii) no se determina ninguno de los siguientes extremos: 1) tipo o
clase de los bienes expropiables; 2) tipo o clase del acto
expropiatorio, si legislativo, administrativo o cualquiera de los
dos; 3) beneficiario de la expropiación, si ente público, privado
o comunidad genérica; 4) extensión o alcance de la expropiación,
si general, singular o cualquiera de los dos efectos
Significa ello que tales elementos han de ser los que determine la
ley y se da, al respecto, una marcada evolución
La expropiación clásica se construía sobre las siguientes cuatro
determinaciones
-Recaía únicamente sobre inmuebles; quedaba excluida la
expropiación de muebles y, sobre todo, de derechos inmateriales,
como la propiedad industrial, atributos privados del dominio,
utilidades y usos del bien para fines determinados, sin
transferencia de la titularidad en favor de otro sujeto. Nuestra
vieja Ley General de Expropiación Forzosa (# 36 del 26 de junio de
1880) contemplaba, ante todo, la expropiación para la realización
de obras públicas, que sigue siendo el principal objetivo de la
institución en C.R., y su articulado está todo referido á
inmuebles (art. 4, 6, 7, 8,12, 13, etc.)
Pero hoy se dan múltiples ejemplos de expropiación de muebles,
sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y en contra de
nacionales del Eje, sin que, por ello, se tuviese ni tramitase el
acto como una sanción; se trató de expropiación común, pero de
muebles. No han escapado, últimamente, los bienes incorporales de
su esfera de poder, como los derechos indivisos en fincas afectas
a fines viales, y, sobre todo, derechos subjetivos incorporales
(derechos de autor, patentes, marcas de fábrica, etc.),
principalmente patentes o derechos de autor, que han sido objeto
de expropiación
-En el derecho comparado la ley cumplía normalmente su función en
materia de expropiación sentando su régimen general y
eventualmente definiendo los títulos de utilidad pública que
podían justificarla en casos concretos. No era usual y se reputaba
peligroso que la expropiación fuese ope legis, operada por ley
formal


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El art. 14 de la Constitución Federal de Alemania impone, a la
inversa, que la expropiación sea fundamentalmente legal, con
determinación legislativa de las bases y criterios de cálculo de
la respectiva indemnización (Junktim Klause). En C.R. nunca hubo
problema al respecto y la jurisprudencia constitucional entiende
que la ley es acto perfectamente constitucional y suficiente para
expropiar, y ello tanto dentro de la actual como de la vieja
Constitución de 1871 (que rigió hasta la promulgación de la
vigente, el 12 de noviembre de 1949). Tal situación ha habilitado
en C.R. la distinción material entre expropiación y limitaciones a
la propiedad, sin atender al origen
-Beneficiario normal de la expropiación es y sigue siendo el
Estado o ente público interesado, sobre todo en J una obra
pública, pero también ha llegado a serlo el particular, a título
precisamente de realización del interés público; envuelto, que
puede consistir en la transformación y distribución de lo
expropiado entre individuos necesitados,, como ocurre con la
construcción y venta de alojamientos populares, con la entrega de
títulos de propiedad en la reforma agraria, etc. Característica
notable de la expropiación,, en su evolución última es, sin
embargo, que puede justificarse en necesidades públicas objetivas
y no correspondientes a nadie, sin que tampoco medien obra ni
trabajo público de ninguna especie, por ej.: expropiaciones para
la preservación de monumentos o paisajes, para evitar la
contaminación del aire y con otros fines ecológicos, etc. Se trata
del expropiaciones sin otro beneficiario que la masa del público o
de los administrados, en forma indeterminada
-La expropiación es concreta en cuanto al derecho sobre el que
recae, que ha de ser perfectamente individualizado, y singular en
cuanto al dueño o poseedor afectado, que ha de ser perfectamente
identificado. Pero son cada día más frecuentes las expropiaciones
globales de bienes con fines de conformación de la realidad social
(para salvamentos zonales y traslado de poblaciones por causa de
desastres, para urbanizaciones destinadas a ensanchamientos
extensos de la ciudad, para creación de zonas ecológicas y
forestales, etc.), o, con igual fin, de enteras categorías de
derechos (por ej.: de todas las acciones de capital de sociedades
bancarias, de todas las empresas comerciales de seguros, de todos
los expendios de gasolina, etc.). En estas hipótesis, por no
tratarse de normas, la expropiación continúa siendo un acto
(administrativo o legislativo), pero de efecto general y relativo
a un grupo de componentes indeterminados (aunque determinable), lo
que acerca su figura, cada vez más, al de la ley
En síntesis: hay dos tipos de expropiación, con múltiples
impurezas de matiz, por mezcla de los rasgos de una con los de la
otra: la expropiación clásica heredada del pasado siglo y la


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expropiación multiforme que diariamente interviene sobre la vida
del ciudadano de hoy
La expropiación clásica era sobre bienes inmuebles corporales,
singularizados, se daba por acto administrativo y tenía por efecto
la transferencia del dominio o la constitución de uno nuevo en
beneficio de alguien identificado. La expropiación de hoy se
refiere a cualesquiera derechos de contenido patrimonial (aunque
sean muebles inmateriales); frecuentemente se opera por acto
legislativo; su efecto esencial es privar de un derecho o
disminuir su contenido concreto, aunque no haya transferencia ni
'< constitución de dominio en favor de nadie; y también
frecuentemente es de alcance general, por referirse a un número
indeterminado de sujetos pasivos, sin beneficiario, subjetivo
identificado
El texto constitucional abarca ambos tipos, por lo que puede
hablarse de un concepto estricto y de otro lado de expropiación,
de los cuales sólo el último tiene rango constitucional y el
primero cada día menos vigencia efectiva. La evolución de la
institución, tal y como queda someramente descrita, es claramente
expansiva. El centro de la noción expropiatoria no es ya ningún
tecnicismo legal sino un dato decisivo: es la noción de sacrificio
intencionalmente provocado en el patrimonio del propietario o
afectado. Han pasado a plano secundario los demás rasgos y notas
del instituto. El punto de vista asumido para definir la
institución es la noción de sacrificio
El sacrificio del derecho patrimonial o, como lo llama nuestra
Constitución, su "privación", es el correlato del contenido
constitucional garantizado de ese derecho: es toda-intervención
pública, legislativa o administrativa, general o singular, que
suprima o disminuya equivalentemente, sin nombrarlas, las
potestades de gozo y de disposición del bien, en forma tal que el
propietario, aunque no deje de serlo y aunque no se transfiera a
nadie su derecho, quede imposibilitado, jurídica o materialmente,
para obtener del bien una utilidad suficiente que justifique tener
y mantener su titularidad y/o su posesión. Sería absurdo, en
efecto, que una ley o un acto administrativo pudiese privar a su
dueño, en forma pura y simple, de cualesquiera o de todos los
atributos jurídicos o reales de la propiedad, cuando la misma está
constitucionalmente garantizada o declarada inviolable, no
obstante ser importantes, esenciales o decisivos, para el uso de
la propiedad, los elementos o partes suprimidos. Sacrificio del
tal tipo amerita, como la expropiación clásica, indemnización
adecuada y no meramente simbólica del daño causado.”


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e. La Indemnización
“La indemnización es la garantía económica que tiene el
propietario expropiado, ante el acto coactivo del poder público
que transfiere a su esfera de competencia la propiedad del
particular
Esta es una de las principales características de la expropiación,
si bien es cierto la Administración utiliza su potestad de imperio
para expropiar, el expropiado tiene el derecho de que previo a que
le sea quitado el bien, se le indemnice. La Constitución Política
artículo 45, establece claramente que ademas de la necesidad de
una declaratoria de interés público, se debe dar una previa
indemnización
Obnan Rivera nos dice al respecto
"... la Administración expropiante asume un deber que no es
simple, sino complejo, y que está obligado por dos deberes
fundamentales: uno, para no dejar lesionado el interés privado que
sucumbió ante el más preeminente interés público; y el otro, para
que este interés público sea servido. Estos deberes son el pago
del justiprecio, previo la toma de posesión y la realización de la
obra o del fin de la expropiación."
El concepto de indemnización implica de acuerdo con su etimología,
(in-demnis = libre daño) la idea de pago de un daño causado ; y
sí, como ya se ha dicho, al Estado corresponde, en función de
servicio público, satisfacer las necesidades de la colectividad
seria contradictorio a ese propósito, la falta de indemnización,
porque el sujeto expropiado es parte integrante de esa
colectividad
Para García de Enterría, con la indemnización expropiatoria se
logra el equivalente económico ante la privación del bien o el
derecho expropiado con el fin de que éste quede debidamente
compensado, y el valor de la sustitución se establece tomando en
cuenta el valor de mercado para la adquisición de una cosa análoga
a la perdida en la expropiación.”

f. Características de la Indemnización

i. Debe ser Previa
“Tanto el artículo 45 de la Constitución Política como el lo. de
la Ley de Expropiaciones, establecen que el pago de la
indemnización debe ser previo


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La indemnización siempre debe garantizarse antes de tomar posesión
del bien expropiado. Esto se hace por medio del depósito del
avaluó administrativo
Un ejemplo de esta garantía que tiene el expropiado se encuentra
en el artículo 31 párrafo tercero de la Ley de Expropiaciones
" También en la resolución inicial, se le concederá un plazo de
dos meses al expropiado para desocupar el inmueble, siempre y
cuando la Administración haya depositado el monto del avalúo
administrativo/' Y el párrafo cuarto establece la posibilidad de
que, si el juez determina que el monto del avalúo no se adecúa al
valor del objeto expropiado, no ordene la desocupación: "El juez
está facultado para no ordenar la desocupación del inmueble
cuando, en su criterio, el monto del avalúo no corresponda con el
principio de precio justo, según los precedentes para casos
similares."
El expropiado puede retirar del Juzgado el monto del avalúo
administrativo, y aún así, puede discutir el justiprecio en las
diligencias de expropiación.”

ii. Cómo debe Hcerse el Pago
“El justiprecio se pagará con dinero en efectivo, salvo que el
expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos
se tomarán por su valor real, el cual certificará la Bolsa
Nacional de Valores por medio de sus agentes o, en su defecto, por
un corredor jurado (art. 47 Ley de Expropiaciones)
Si la expropiación es en sí, un acto de poder que implica la
privación del ejercicio de un derecho, no debe agravarse esa
situación sometiendo al particular expropiado a la condición de
aceptar otro bien que para él no pueda serle satisfactorio. La
mejor forma de compensación es la indemnización en dinero
efectivo, que está en capacidad de procurar al particular la
búsqueda de otros bienes que sean de su agrado y provecho.”

iii. Debe ser una Indemnización Integral
“Por tanto, no solo se debe pagar el valor del bien expropiado,
sino también los daños y perjuicios causados al expropiado por el
desapoderamiento
"La suma a pagar en la expropiación debe cubrir exactamente el
daño que se irroga el expropiado, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda razonablemente
alcanzarse". Por ejemplo para Villegas Basavilbaso
"...el expropiado tiene derecho a la reparación integral, ésto es
a un equivalente económico, comprensivo, no sólo del bien


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expropiado, sino también de los daños y perjuicios causados por la
privación de su propiedad."
Nuestra Ley de Expropiaciones procura que se cumpla con este
requisito, ya que dentro del procedimiento, se debe determinar el
valor del bien expropiado y los posibles daños que se causen (art
22, 23 y 24 de la Ley de Expropiaciones).”

iv. Debe ser Justa
La indemnización debe ser justa, es necesario que el propietario
del bien reciba una suma de dinero acorde a los principios de
justicia y equidad, que deben prevalecer dentro del procedimiento
expropiatorio y en la determinación del daño que se comete
La jurisprudencia ha reconocido que la indemnización debe ser
justa, así, una sentencia del Tribunal Superior Contencioso
Administrativo nos lo confirma
"Por su parte, nuestra Carta Magna, dispone que en los casos en
que medie una expropiación, ésta debe ser indemnizada en forma
justa y previamente a la ocupación, lo que sin duda conlleva a
afirmar que el expropiado tiene derecho a una reparación
general que comprenda tanto el valor real del bien como los daños
y perjuicios que sean una consecuencia inmediata y directa de la
privación de dominio o de uso, según sea el caso, a que se le
somete, en beneficio del interés público, con el firme propósito
de conseguir el equilibrio económico que le produce la desposesión
o desuso..."
Cuando se toma la decisión de expropiar, son los particulares los
más afectados a pesar de darse un beneficio de intereses de orden
público, de la colectividad. De ahí que debe pagarse la
indemnización previa a la desposesión, otorgando como justiprecio,
el suficiente para que el desposeído, pueda adquirir con él, una
cosa al menos semejante a la que tenía. Por eso se ha dicho, que
"La indemnización al expropiado tiene su fundamento en el
principio de igualdad ante la Ley en el reparto de las cargas
públicas, según el cual quien se ve privado de su propiedad no
debe sufrir él solo el perjuicio, sino que debe ser soportado y
compartido por la colectividad beneficiada, de la que aquél
también forma parte, compensando de esta suerte, la carga que
supone la privación de la propiedad con la que implica su
resarcimiento, mediante la adecuada indemnización..."
Para llegar a satisfacer el fin de las expropiaciones -pago de un
precio justo-, y por ser la materia de valoración un aspecto ajeno
a la ciencia de los juzgadores, se busca el auxilio de expertos,
que den luz en ese campo, y con base en los dictámenes que ellos


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rindan, analizados en su conjunto, determinar el monto de la
indemnización definitiva
En efecto, en nuestro sistema, el precio a pagar, se determinaba o
fijaba por medio de pentos. El problema que se había planteado con
los dictámenes elaborados por ellos, en la vía administrativa, es
que casi nunca correspondían al verdadero valor del bien que se
quería expropiar, por lo que, los expropiados se tenía que ir a la
vía judicial a reclamar la adecuación del justiprecio. Con la
nueva Ley de expropiaciones, se dice claramente qué debe abarcar
el dictamen de los peritos (art. 22 de la Ley de Expropiaciones) y
además se establece la posibilidad de ir a un arbitraje, ya sea en
vía administrativa o judicial, para determinar el justiprecio,
pero sobre este punto hablaremos en el segundo título de este
trabajo
Es muy interesante el comentario que al respecto hace el Lie
Jorge Córdoba Ortega: "Comúnmente el ente solicita avalúos en vía
administrativa para negociar la compra de un inmueble, pero
resulta que su monto generalmente no satisface al particular, de
ahí, que el ente pasa de ser negociador a ser expropiante, y
utiliza el avalúo administrativo como base para plantear las
diligencias expropiatorias. Este avalúo administrativo de compra,
es diferente a los parámetros que son tomados en cuenta al
elaborar un avalúo específicamente para expropiación, ya que el
mismo, consiste en una supresión coactiva del derecho de
propiedad. De esta forma, se toma en cuenta el llamado Valor de
Reposición, que no se utiliza en el avalúo de compra. Este
supuesto que he presentado se ha constituido en uno de los
elementos determinantes para que todos los asuntos relacionados
con expropiación se tenga que ir a la vía judicial, pudiendo ser
resueltos a nivel administrativo. Actualmente, en la Ley de
Expropiaciones se va a lograr una uniformidad y sistematización en
los avalúos administrativos y judiciales, que eran muy diferentes
en sus montos, ya que la forma de elaborarlos y valorar los bienes
va a ser igual.”

v. Única
“El término "única", quiere decir que el pago debe ser uno solo,
una sola suma indemnizatoria
El problema se presenta cuando se debe indemnizar la expropiación
de un bien, sobre el que existen derechos pertenecientes a varias
personas. Cómo se debe hacer la indemnización, en conjunto o a
cada uno por separado?
Existen varios Decretos en el que se expropia tanto la propiedad
como tal y los derechos que pueden tener otros sobre ella. Por


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ejemplo en el Decreto No. 3 de 7 de agosto de 1939 se expropia un
terreno en copropiedad, el Decreto No. 72,25 de setiembre de 1959,
se expropió a solicitud del I.N.V.U. un derecho a la nuda
propiedad y un derecho a la mitad de un usufructo y a otro
particular el derecho a la otra mitad del usufructo de esa
propiedad, etc. ^ En la Ley de Expropiaciones, artículo 7 se
indica el derecho que tienen los terceros interesados de ser
escuchados en el juicio de expropiación, siempre que justifiquen
sus interés y que puedan sufrir perjuicio. El artículo 8
relacionado con la subrogación de derechos, establece que se debe
continuar el procedimiento, y el nuevo titular, se subroga en los
derechos y obligaciones del anterior, por lo que, dentro del
procedimiento expropiatorio cabe la posibilidad de que haya más de
un sujeto pasivo (art. 6 de la Ley de Expropiaciones)
En Costa Rica se ha seguido la práctica de indemnizar a cada uno
de los expropiados por aparte aunque en el mismo juicio
En virtud de lo expuesto, se debe entender que la indemnización es
solo una, pero dividida en tantas partes como expropiados de un
mismo bien hayan; y proporcional al tipo de derecho que
corresponda a cada uno.”

g. Modalidades de Indemnización

i. Reubicación del Expropiado
En razón de que estamos frente a una potestad de imperio de la
Administración, la cual la ejerce por medio de sus facultades
expropiatorias frente a la propiedad privada del administrado, se
hace necesario introducir una serie de normas de naturaleza
garantista que busquen proteger los derechos subjetivos de los
expropiados
Dentro de la doctrina española la reubicación del expropiado
constituye un procedimiento especial, que se presenta dentro de la
aplicación del instituto expropiatorio
Debemos de entender que la reubicación que plantea esta
disposición, debe ser en condiciones similares o mejores, nunca en
menoscabo o perjuicio de la situación actual en que se encuentra
el administrado perjudicado, debiendo respetar las garantías
procesales y sustanciales del administrado
Esta norma es fundamental, ya que se dirige al caso concreto de
reubicación de un sujeto y su familia, individualizados
claramente, a pesar ello, a esta situación tan particular se le
aplican muchas de las ventajas que se plantean con el traslado de


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poblaciones, que constituye la figura general y que estudiaremos
en el artículo que sigue
Como referencia legislativa, podemos mencionar el artículo 106 del
Reglamento a la L.E.F.E., que dice: "Además de la indemnización a
que tienen derecho los vecinos de la Entidad por los perjuicios
que les ocasione el traslado, los mismos podrán pedir su
instalación en el territorio de la nueva Entidad local que se
constituya, en las condiciones que determina el artículo 111 de
este Reglamento."

ii. Reubicación de Poblaciones
La Ley No. 6313 del ICE, en su artículo 26 que dice: "Cuando, a
criterio del ICE, proceda la reubicación, parcial o total de
poblaciones afectadas por la expropiación, corresponderá al
expropiante la construcción de todas las obras de infraestructura
y la provisión de servicios públicos, los cuales serán similares a
los que existían en las poblaciones afectadas, sin perjuicio de
que se celebren convenios cooperativos con otras instituciones
públicas, con competencia para el cumplimiento de dichos fines."
Lo importante de este aspecto es que en la Ley No. 36 de 1896 no
establecía este tipo de supuestos, y que ahora en esta ley de
carácter general se incluye dicha situación. Consideramos que es
un avance en esta materia, ya que como vimos, únicamente mediante
la legislación especial se regulan este tipo de actos
Con la introducción de esta norma, se otorga el fundamento
jurídico de los traslados de poblaciones, en una Ley general, como
lo es, la de Expropiaciones
Sobre esta materia, los artículos 86 al 96 de la Ley de
Expropiación Forzosa de España, regulan la materia de manera
amplia. Citamos a continuación algunos de los artículos de mayor
interés. ". Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan
de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las
familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo
de Ministros acordará, de oficio o a instancia de las
Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la
población.... La expropiación se llevará a cabo con arreglo a lo
dispuesto en la presente Ley, y se extenderá no sólo a las tierras
de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los bienes
inmuebles que estén sitos en el territorio de la Entidad afectada,
salvo que los interesados soliciten que la expropiación se limite
a aquéllas.... Los vecinos de la Entidad local tendrán derecho a
una indemnización por los perjuicios que les ocasione el traslado
y a ser instalados en una porción de terreno de características
similares al territorio de la Entidad afectada.... A los efectos
del artículo anterior, se estimarán como perjuicios indemnizables


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los definidos en Iso conceptos siguientes: A) Cambio forzoso de
residencia.a) Gastos de viaje por traslado familiar.b)Transportes
de ajuar y elementos de trabajo. c)Jornales perdidos durante el
tiempo a invertir en los referidos transportes. B) Reducción del
patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción
agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada
en los aspectos de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute
de terrenos comunales por razón de vecindad. C) Quebrantos por
interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales
ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su
residencia....E1 pago de la indemnización se llevará a cabo con
arreglo a las normas generales establecidas en esta Ley.... 1. Por
el Instituto Nacional de Colonización se procederá a instalar a
los vecinos en el nuevo territorio de la Entidad, proporcionándose
a cada uno de ellos, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda
o local de negocio de características similares a la que ocupaban
en la zona expropiada..."
Como observamos, la normativa que se establece en la legislación
española es mucho más decriptiva y amplia en razón de que se están
afectando gran cantidad de derechos. Pese a ello, espero que los
artículos citados puedan ser utilizados como base para una
interpretación y ejecución en el traslado de poblaciones, tomando
en cuenta la experiencia que se ha presentado en la legislación
española y en el caso de Costa Rica, tomar en consideración lo
actuado por Instituto Costarricense de Electricidad en esta
materia.”

iii. Disconformidad con la Reubicación
“Conforme a la regulación que establece este artículo, se deberá
ir a un proceso contencioso administrativo, que tenga similitudes
con las diligencias judiciales de expropiación, para resolver la
disconformidad con la reubicación
Esta regla debe analizarse en relación con lo expuesto en las dos
disposiciones anteriores, referente a la reubicación del
expropiado y de poblaciones
Se brinda mediante este proceso, el ejercicio del debido proceso y
real defensa de las partes afectadas, ya que las mismas podrán
exigir a la Administración su participación directa, cuando no
están conforme con la reubicación. En fin, es una garantía
procesal que tiene el expropiado de recurrrir contra la
reubicación que perjudique su condición anterior, estableciéndose
de igual forma la jurisdicción y competencia de lo contencioso
administrativo para conocer este tipo de situaciones. Algo que
llama la atención es que no se establece un plazo para recurrir,
para ello, debemos utilizar supletoriamente los requerimientos


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procesales exigidos en las diligencias de expropiación
A pesar de lo anterior, el plazo debe interpretarse en forma
razonable y proporcional, sin menoscabo de la celeridad del
proceso y ni de los derechos fundamentales del expropiado
En esta etapa procesal debemos remitirnos supletoriamente a la Ley
Reguladora de la JurisdicciónContenciosa Administrativa.”


2. Normativa


a. Constitución Política8


Artículo 45.-
La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si
no es por interés público legalmente comprobado, previa
indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin
embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años
después de concluido el estado de emergencia
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa,
mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus
miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social


b. Ley de Expropiaciones9


Artículo 3.- Estudios previos
Ningún propietario o poseedor, por cualquier título, podrá
oponerse a que se practiquen, sobre sus bienes inmuebles, los
estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra
pública. También están obligados a mostrar los bienes muebles,
para su examen cuando en ellos exista un interés público
previamente declarado. En caso de negativa del propietario, por
vía incidental, se le deberá solicitar autorización al juez
competente en la materia y esos actos se realizarán ante una
autoridad jurisdiccional
Si tales estudios provocan algún daño, este se indemnizará
siguiendo los trámites previstos en esta Ley para la ocupación
temporal


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Antes de realizar los estudios, el funcionario comisionado
comunicará por escrito al interesado, la fecha, la hora, el tipo
de estudio y los motivos que lo originan


Artículo 22.- Determinación del justo precio. (*)
Para determinar el justo precio, aparte de los criterios
estipulados en el inciso 2) del artículo 40, el perito deberá
cumplir las siguientes disposiciones
El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios
para valorar el bien que se expropia y describirá, en forma amplia
y detallada, el método empleado
En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá obligatoriamente
una mención clara y pormenorizada de lo siguiente
a) La descripción topográfica del terreno
b) El estado y uso actual de las construcciones
c) El uso actual del terreno
d) los derechos de inquilinos o arrendatarios
e) las licencias o los derechos comerciales, si procedieren
conforme a la ley, incluidos, entre otros, todos los costos de
producción, directos e indirectos, impuestos nacionales,
municipales y seguros
f) los permisos y las licencias o concesiones para la explotación
de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la
ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción,
directos e indirectos, el pago de las cargas sociales, los
impuestos nacionales, municipales y los seguros
g) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras
propiedades de la zona o el de las ventas efectuadas en el área,
sobre todo si se tratare de una carretera u otro proyecto similar
al de la parte de la propiedad valorada, para comparar los precios
del entorno con el de la propiedad que se expropia, así como para
obtener un valor homogéneo y usual conforme a la zona
h) los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del
bien, fijado por el propietario para estas transacciones
i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de
valoración e indemnización
Cuando se trate de zonas rurales, extensiones considerables o
ambas, el precio se fijará por hectárea. En caso de zonas urbanas,
áreas menores o ambas, el precio podrá fijarse por metro cuadrado
En cualquier momento del proceso, la Administración expropiante,


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el propietario o el juez podrán pedir opiniones técnicas a la
Dirección General de Tributación Directa, que podrá elaborar
estudios de campo, si se estimare necesario. Esta opinión será
rendida en el plazo de cinco días hábiles a partir de recibida la
petición
Para fijar el valor del bien, se considerarán solo los daños
reales permanentes; pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta
los hechos futuros ni las expectativas de derecho. Tampoco podrán
reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la
expropiación
En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará
separadamente y se indicarán las características que influyen en
su valoración
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7757
de 10 de marzo de 1998. LG# 72 de 15 de abril de 1998


Artículo 40.- Valoración de la prueba y sentencia. (*)
En todo proceso de expropiación, el juez deberá practicar un
reconocimiento judicial del inmueble sujeto a expropiación, con el
fin de formarse un mejor criterio de la validez y realidad de las
pericias efectuadas y asegurarse de que el valor asignado por el
perito u otras pruebas se ajusten a las circunstancias reales. Al
reconocimiento serán citadas las partes, los peritos u otras
personas entendidas en la materia para que expongan, de viva voz,
las observaciones o consideraciones vertidas sobre los avalúos
Asimismo, las partes podrán aportar al proceso otros elementos e
prueba, como por ejemplo
a) Informes de asociaciones o cámaras de corredores de bienes
raíces sobre el bien en cuestión o sobre precios de la zona o de
inmuebles similares
b) Fotografías, publicaciones o anuncios hechos por el
propietario, los colindantes o vecinos, por cualquier medio, que
ofrezcan en venta la finca expropiada u otros inmuebles de la
c) Valor declarado por el propietario o fijado por la
Administración para efectos de cancelación de impuestos locales o
nacionales
d) Valor del bien o de los colindantes, fijado para trámites
bancarios
e) Informes de expertos o peritos
f) Índices de precios oficiales o de entidades privadas


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g) Cualesquiera otros que permitan la valoración del inmueble
Todas las pruebas, incluido el informe del perito, serán
apreciadas por el juez en conjunto, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica racional y tomando en cuenta los criterios del
artículo 22 de esta ley. Para ello, el juez podrá apartarse de los
dictámenes periciales o de cualquier otra prueba, con tal de
revisar el avalúo administrativo
Vencidas las audiencias tanto sobre el dictamen pericial como
sobre sus adiciones y aclaraciones, y sin existir otra prueba por
evacuar, el juez procederá a dictar la resolución final dentro de
los quince días hábiles siguientes
En ningún caso, el monto de la indemnización podrá exceder de la
suma mayor estimada en los avalúos
La sentencia firme se notificará a la Dirección General de
Tributación Directa y a la municipalidad correspondiente, para la
determinación de los impuestos nacionales o municipales conforme a
la ley
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7757
de 10 de marzo de 1998. LG# 72 de 15 de abril de 1998


Artículo 51.- Reubicación del expropiado
A título de indemnización y por así acordarlo con el expropiado,
la administración expropiadora podrá reubicar al expropiado en
condiciones similares a las disfrutadas antes de la expropiación


Artículo 55.- Disconformidad con la indemnización
Si el administrado no está conforme con los términos de la
resolución mencionada en el artículo anterior, dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la notificación respectiva, podrá
recurrir ante el jerarca de la administración e indicar,
expresamente, el fundamento de su disconformidad
La administración deberá resolver dentro de los dos meses
siguientes, con lo cual dará por agotada la vía administrativa

Artículo 58.- Daños subsiguientes
Los daños y perjuicios, distintos de los que han sido objeto de
indemnización, que surjan como consecuencia directa de la
ocupación, serán valorados nuevamente por la administración,
siguiendo para ello el procedimiento anteriormente descrito, todo
a instancia del interesado


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3. Jurisprudencia

a. Indemnización por Expropiación
"IV.- De conformidad con los avalúos administrativos, el bien
expropiado se ubica en una zona comunicada por medio de una red
vial que comprende vías asfaltadas y caminos de lastre, de buen
tránsito. Las propiedades de la zona, se agrupan en caseríos,
primordialmente con acceso directo a la calle principal. El
vecindario es variado, con construcciones que van desde madera de
corte tradicional sencillo, hasta edificaciones recientes en
bloques de concreto con buenos materiales y acabados. Se dispone
de regular servicio de transporte colectivo de personas, agua
potable por sectores, electricidad y en la cabecera de los
poblados servicio telefónico. La zona se dedica principalmente a
la agricultura y ganadería. La finca expropiada, presenta una
forma regular con topografía bastante plana, con tres frentes a
vías públicas y en la actualidad está destinada a la siembra de
cultivos anuales, pero es apta para cualquier tipo de desarrollo
Por su parte, el perito nombrado en autos, señala que la finca
"posee en sus tres linderos, tres calles de acceso en buen estado,
la cual la hacen más atractiva para el desarrollo de actividades
urbanizables al tener acceso, agua y luz eléctrica, así como
cercanía de tres kilómetros aproximadamente al centro de la Ciudad
de Ciruelas la cual cuenta con casi todos los servicios públicos y
también esta cercana a la cabecera del cantón de Alajuela
densamente poblado a solo nueve Kilómetros y a la carretera
Bernardo soto, con lo cual da acceso a la capital el cual es una
excelente posición en este valle central ..." V.- El párrafo sexto
del artículo 22 de la Ley de Expropiaciones, establece que para
fijar el valor del bien, sólo deben considerarse lo daños reales
permanentes, sin incluir hechos futuros ni expectativas de
derecho, así como tampoco las plusvalías derivadas del proyecto
que origina la expropiación. En el presente caso, en el criterio
del Tribunal, el peritaje rendido en vía judicial no transgrede la
ley; porque tomar en cuenta el desarrollo que presenta la zona
donde se ubica el fundo expropiado o bien su potencial para varias
actividades, no es partir de un hecho futuro ni de expectativas de
derecho, sino atenerse a elementos que son intrínsecos del valor
de las cosas inmuebles. No es lo mismo un terreno quebrado, que
apenas se puede sembrar y no es apto para construir, que uno que
por su topografía y por las características climáticas y ubicación
de la zona, puede ser utilizado para la agricultura, la ganadería
o bien proyecto urbanísticos. VI- El juez de primera instancia no
fijó una indemnización mayor a la estimada en los avalúos; lo que
sucedió es que el perito nombrado en vía judicial, calculó el


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precio sobre la medida registral del inmueble, que es menor a la
cabida real. Si bien es cierto ese experto valoró el terreno por
metros y no en hectáreas, como correspondía por ser un fundo
rural, también lo es que lo anterior, por sí sólo, no tiene la
virtud de invalidar su dictamen. El avalúo rendido en vía
administrativa, concedió un valor de quince millones de colones la
hectárea, y si el precio del informe pericial lo transformamos de
metros a hectáreas, se tiene un precio por ésta última unidad de
medida de diecinueve millones. El aumento entre el avalúo
administrativo y la indemnización determinada en sentencia, es de
alrededor un 26% como afirma la representación estatal. El perito
C.R., lo explica y justifica de la siguiente manera: "a) El último
precio es dado el 23 de febrero de 1997, por un perito del MOPT el
cual lo fijó en la suma de 1500 colones (mil quinientos colones)
Esta cantidad referenciada a una moneda extranjera sostenible en
el tiempo es equivalente de 7.541 dólares por metro cuadrado (...)
b) A este precio se le adiciona la plusvalía y los demás valores
mencionados anteriormente para el cálculo final o sean 155.38
colones en todo el tiempo transcurrido desde la última valoración,
el tipo de cambio del dólar de 231.35 colones, como valor
referencial e índice de cálculo en la segunda quincena de junio de
1997. Así el aumento suma la cantidad de 400 colones por metro
cuadrado (Cuatrocientos colones por metro cuadrado). O sea desde
23 de febrero de 1996 a Junio de 1997 (más de 15 meses) con un
promedio de aumento de 26.66 colones por mes el cual es bajo si se
toma en cuenta la inflación y el valor de reposición del dinero."
Se extrae de la anterior transcripción, que el perito nombrado en
autos, utilizó dos mecanismos de indexación para determinar el
valor del bien: la plusvalía y el índice inflacionario, lo que no
es procedente, puesto que uno es excluyente del otro. Si se
utilizan ambos, se actualiza por duplicado el precio del inmueble
Siendo así, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de
Expropiaciones, procede modificar la sentencia apelada, para fijar
la indemnización debida en la suma de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS COLONES, que es el precio medio entre el
avalúo administrativo y el dictamen rendido por el perito en vía
judicial."

b. Naturaleza, Finalidad y Fijación del Pago de Daños
Indemnizables
"IV.- Que en primer término, se avoca este Despacho a pronunciarse
sobre el extremo "diferencia inquilinaria", aspecto del que se
considera, asiste razón al inconforme. Este rubro fue analizado y
otorgado en sede administrativa, como una consecuencia lógica e
inmediata del desalojo del local que ocupa C.B., considerando


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además, el factor inflacionario de la moneda, concediendo una suma
por alquiler superior a la que paga en la actualidad. Este aspecto
fue examinado por los expertos nombrados en sede judicial y ambos
fueron contestes en cuanto a la cantidad. El punto, se conoció en
el fondo de la sentencia impugnada y se acogió en la suma de un
millón trescientos dieciocho mil ciento cincuenta colones; no
obstante, el a quo, omitió este extremo en la parte dispositiva de
su sentencia. Si se parte del principio rector del instituto de la
expropiación forzosa, en aras del interés público, como
transferencia coactiva de la propiedad, previo pago de una
indemnización justa, equitativa y actual, con fundamento en la
protección constitucional contenida en el artículo 45 de la Carta
Magna, debe entenderse, que lo que se busca, es dejar a las partes
en igualdad de condiciones a las que tenían antes de que se
produjera el hecho, de modo tal, que el desposeído, con el precio
que se le asigne, pueda al menos compensar lo que le ha sido
quitado, evitando de este modo, un enriquecimiento injusto para
cualesquiera de las partes involucradas. Debe considerarse, que de
conformidad con el numeral 40 de la Ley de Expropiaciones vigente,
el monto que se acuerde pagar no puede exceder la suma mayor
estimada por los avalúos y por jurisprudencia se ha determinado
también, la imposibilidad de que sea menor al valorado. Estos
principios llevan al convencimiento de este órgano colegiado, que
el expropiado tiene el derecho a que se le indemnicen el monto
correspondiente. En estas circunstancias, se estima que debe
revocarse este aspecto del fallo para en su lugar, otorgar por
este concepto, la suma de un millón trescientos dieciocho mil
ciento cincuenta colones. V.- Que en lo que hace al lucro cesante
y pago de prestaciones legales, se discrepa de lo argumentado por
el apelante y por ende, se mantiene la denegatoria de estos
extremos que hizo la autoridad que tiene a su cargo el
conocimiento del asunto. Cierto es que el derecho de llave lleva
implícita, la cantidad que se debe pagar por las utilidades que
rinde un negocio, capitalizadas a un interés razonable, valorando
la situación del local, la clientela de que goza y, las ganancias
líquidas que obtiene, lo que bien podría pensarse, que no
involucra en su concepto, los rubros mencionados. Sin embargo,
dentro del proceso expropiatorio, por mandato legal - artículo 22
de la Ley de Expropiaciones -, y doctrinal, únicamente deben ser
objeto de pago, los daños reales permanentes sin que puedan
incluirse, ni hechos futuros, expectativas de derecho ni
plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación. Si
bien devienen en razonables los argumentos del inconforme en estos
aspectos, no es menos cierto, que lo reclamado califica dentro del
concepto de "expectativas de derecho", ya que son extremos que no
se han dado y de una eventual producción, lo que está prohibido
por la ley.- VI.- Que en lo que hace al extremo combatido de


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"mejoras en el nuevo local", sirven los mismos argumentos
expuestos en el acápite precedente. El artículo 40 de la Ley no
permite otorgar indemnizaciones superiores a las fijadas en los
distintos avalúos y es del caso, que la concedida fue la mayor
otorgada por el licenciado G.S., sin que pueda, como se dijo,
incrementarse, ya que la cantidad ahí establecida es el límite
para los despachos judiciales que conocen de estos asuntos. Por
otra parte, podrían ser ciertos los gastos que se mencionan, pero
ellos son hechos futuros no indemnizables de conformidad con la
ley - artículo 22 citado VII.- Que resta analizar lo relativo al
renglón de intereses, aspecto que también debe mantenerse. El
artículo 11 de la ley es claro al determinar, que ellos proceden "
(...) a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo
(...)", y en razón de lo cual, ante disposición tan clara, no
puede resolverse en contra de lo dispuesto por ella. Acceder a lo
que se intenta, significaría una violación legal, lo que está
prohibido para los administradores de justicia."

c. Avalúo Administrativo para Expropiación
"IV).- Lleva razón el señor Bolaños González, cuando afirma que sí
le asiste derecho a oponerse en esta vía al avalúo administrativo,
no obstante que en su oportunidad, al notificársele éste por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, manifestó estar
conforme con su contenido.- Consta en el expediente, que aquélla
manifestación de voluntad se produjo el once de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, y que estas diligencias se
presentaron el primero de abril del año siguiente, es decir, con
anterioridad a la vigencia de la ley 7757, que inició el quince de
abril de mil novecientos noventa y ocho. Recuérdese que fue este
último cuerpo legal, el que eliminó toda posibilidad de cuestionar
en sede judicial esa valoración, cuando hubiere sido aceptado en
sede administrativa, pues antes de su promulgación, regía el texto
original de los artículos 25 y 28 de la Ley de Expropiaciones No
7495 del 3 de mayo de 1995, que establecían lo siguiente
“Artículo 25.- Notificación del avalúo. El avalúo se notificará
tanto al propietario como al inquilino, al arrendatario y los
otros interesados en su caso, mediante copia literal que se les
entregará personalmente o se les dejará en su domicilio. En la
misma resolución que ordene notificar el avalúo, al administrado
se le concederá un plazo no menor de ocho días hábiles para que
manifieste su conformidad con el precio asignado al bien y
comparezca, posteriormente, para otorgar la escritura
correspondiente o, en su defecto, declare su inconformidad con el
valor dado” “Artículo 28.- Acuerdo de expropiación. La
Administración iniciará el proceso especial de expropiación, una


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vez firme, en sede administrativa, el monto de avalúo y si no
existe convenio de traspaso directo entre la parte expropiante y
el administrado. También podrá empezarlo si los interesados no
contestan la audiencia concedida o si el titular del derecho por
expropiar está ausente y carece de representante legal o de
capacidad activa.” Con base en esta normativa, se admitió que aún
y cuando existiera aceptación del avalúo administrativo, el
expropiado podía dejar sin efecto tal declaración y manifestar su
inconformidad, mientras no se otorgara el convenio respectivo, y
por ello, es claro que al haberse iniciado el trámite de este
asunto, antes del establecimiento expreso de la prohibición
indicada, la oposición formulada por el señor Bolaños González sí
es de recibo, máxime que el Transitorio de la citada Ley 7757,
expresamente dispone que: "Los procesos de expropiación pendientes
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán
tramitándose de conformidad con las disposiciones vigentes al
momento de iniciarlos" , que es justamente el caso de autos.- V).-
Dicho lo anterior, procede determinar si como se reclama, la
indemnización que corresponde por el despojo debe actualizarse,
cuestión a la que este órgano colegiado responde afirmativamente.-
La doctrina que informa los artículos 45 de la Carta Fundamental,
22 y 40 de la Ley de Expropiaciones, es la que señala que el
cálculo debe hacerse conforme al valor del inmueble en la fecha
más cercana a la del dictado del fallo, tal y como lo indicó la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución 166-
F-92, de las 16:20 horas del 18 de diciembre de 1992, que a la
letra dice: “XXV.- El momento del cálculo o tasación de la
indemnización es de vital importancia, por la influencia de los
procesos inflacionarios o deflacionarios, la devaluación de la
moneda, la mutación del valor de los bienes en el mercado, el
tiempo de los procesos judiciales, y la falta de concomitancia
entre su fijación y la privación. Si la expropiación tiende a
equilibrar la situación anterior con la posterior al acto
ablatorio no puede subestimarse al momento de la tasación de la
indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas
1) la fecha de la afectación: decreto expropiatorio; 2) Inicio del
juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de
efectuar la expropiación, pero no produce por sí la transmisión
del dominio. 3) el momento de la ocupación, posesión o desapropio
por parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia
definitiva. Se ha señalado, si no hay una depreciación monetaria
galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario,
el vigente a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede
ser la solución más ajustada al requisito constitucional de la
indemnización "previa", es decir, la transmisión de la propiedad
únicamente opera si se paga anticipadamente la respectiva
indemnización, y como ésta se determina en la sentencia definitiva


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ese es el momento para cuantificarla. En el caso de las otras
soluciones propuestas el lapso entre la tasación y la sentencia
definitiva suele ser prolongado resultando por ello
inconvenientes. En suma, la fecha de la sentencia definitiva es la
más próxima al del pago de la indemnización, por lo cual debe ser
el parámetro temporal para fijar la indemnización justa y plena .”
(énfasis agregado) En la especie, se advierte que el avalúo
administrativo Nº97-042, que fijó el precio por metro cuadrado en
mil quinientos colones, data del veinte de octubre de mil
novecientos noventa y siete (folios 83 a 87 del expdte. admvo.),
lo cual significa que han transcurrido más de cinco años y medio
desde entonces, y ello torna imperativo revisarlo, a fin de no
vaciar de contenido la garantía patrimonial que para el
expropiado, establece nuestro ordenamiento jurídico.- Para tales
efectos, toma en cuenta este Tribunal, el dictamen pericial
rendido el 18 de setiembre de 1998, por el Ingeniero Sigifredo
Fernández Gamboa, designado por el Juzgado, y que obra de folio 68
al 70 del principal . De acuerdo con esa experticia, el inmueble
está destinado a labores agrícolas, tiene forma irregular y limita
al Oeste con una calle pública y por el Este con la línea del
ferrocarril hacia el Pacífico. En términos generales, señala, la
topografía puede considerarse como ondulada y para el momento de
la inspección que se efectuó, estaba sembrado de maíz y varios
árboles, salvo la franja a expropiar, que está encharralada
Indica el Ingeniero Fernández que en el sector hay terrenos que se
ofrecen a precios que oscilan entre cuatro mil y cuatro mil
quinientos colones el metro cuadrado, pero que con base en una
consulta hecha en el Departamento de Avalúos del Banco Nacional de
Atenas, así como en su propio criterio profesional, considera que
el terreno en el sitio en que se ubica la finca tiene un precio de
dos mil colones por metro cuadrado, por lo que hecha la operación
aritmética del caso y sumado el valor de los árboles, de ciento
quince mil colones, la indemnización asciende a dieciocho millones
doscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta colones
(¢18.257.740,00).- Las apreciaciones y valoraciones de dicho
perito coinciden en lo esencial, con las expresadas por los
expertos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el
avalúo 97-042, salvo en lo referente al valor unitario por metro
del terreno, que éstos fijaron en una suma menor, de mil
quinientos colones.- No obstante, tomando en consideración el
contenido de ambos documentos, el tiempo transcurrido entre éstos
y la fecha de esta sentencia, así como lo dispuesto por el numeral
40 párrafo quinto de la Ley de Expropiaciones, se arriba a la
conclusión de que dos mil colones por metro cuadrado es un precio
justo, en mérito de lo cual debe modificarse el fallo venido en
alzada para fijar la indemnización en dieciocho millones
doscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta colones


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(¢18.257.740,00) .- "

d. Presupuestos en la Valoración del Inmueble
"IV. Primeramente debemos indicar que son muy respetables los
argumentos dados por el Estado en esta instancia más no
compartidos en su totalidad, ya que no se nota que los peritos
nombrados solo hayan actualizado y no revisado el avalúo
administrativo. El señor perito Freddy Vargas Vargas se limita en
su experticia a describir el inmueble en discusión, las
características del sector y el detalle del lote en total,
justifica el valor del inmueble, por las características del
sector en el que se ubica, por las condiciones topográficas del
mismo y por el valor de los lotes en ese sector. Además valora los
frutales y el daño al remanente. El tercer perito en discordia
valora en igual sentido, nada más que con diferentes montos. V. Es
lo cierto que los Jueces pueden apartarse de las pericias, ya que
deben apreciar las pruebas con base en las reglas de la sana
crítica, pero ello se daría si evidentemente se considera que el o
los informes periciales rendidos contravienen la ley, son omisos u
oscuros o contienen cualquier otro defecto o error que le indiquen
al juzgador, de conformidad con las mencionadas reglas, que no
pueden ser tomados en cuenta como ayuda en el caso concreto. Los
expertos nombrados en los procesos jurisdiccionales son auxiliares
del juez, que le ayudan a éste a dilucidar un punto ajeno al
derecho, y con su colaboración, aclaran el panorama del asunto en
discusión y concretamente en el caso de las expropiaciones, la ley
de la materia señala la forma y los temas que debe contener el
dictamen del experto. Es así como el artículo 22 de la Ley de
Expropiaciones indica los puntos concretos sobre los que debe
versar el reporte e indica que, para fijar el valor del bien, se
deben tomar considerar solamente los daños reales permanentes,
pero no los hechos futuros ni expectativas de derecho, ni las
plusvalías derivadas del proyecto que originó la expropiación. Por
su parte el artículo 24 de la ley de marras dispone concretamente
“ El perito deberá determinar el valor del bien expropiado a la
fecha de su dictamen . También determinará los posibles daños que
se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables
sufridas al aplicar las medidas precautorias. Además, sólo
considerará las mejoras necesarias introducidas después de la
declaración de interés público ” ( destacado no es del
original)Así mismo, el numeral 30 de dicha legislación indica que
en este tipo de procesos sólo se discutirán asuntos relativos a la
revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las
condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la
indemnización. Todo lo anterior hace ver que el avalúo


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administrativo no sólo puede revisarse por el o los peritos
nombrados en sede judicial, sino que éstos pueden actualizarlo,
siempre y cuando no tomen en cuenta para fijar el monto de la
indemnización los hechos futuros, las expectativas de derecho, ni
las plusvalías derivadas del proyecto que originó la expropiación,
tal es el sentido con que debe interpretarse el numeral 30 citado
al indicar que “ sólo se discutirán los asuntos relacionados con
la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado según
las condiciones en que se encontrab a”, y no encuentra este
Tribunal que los expertos nombrados en autos hayan transgredido
las disposiciones citadas, pues se repite, se puede actualizar el
avalúo siempre que no se violenten los principios indicados. El
dictamen acogido en autos no toma en cuenta hechos futuros,
expectativas de derecho ni plusvalías del proyecto a desarrollar,
razones por las que se considera que basar el justiprecio
concedido en el dictamen pericial del Ingeniero Freddy Vargas no
es violatorio de la Ley de Expropiaciones y lo fue en aplicación
de las reglas de la sana crítica. En lo que sí lleva razón el
Estado es en cuanto a la indemnización por daño al remanente, pues
no existe prueba de que el mismo ocurra. Nótese inclusive que la
finca madre no es seccionada a causa de esta expropiación, sino
que queda en una sola porción, y no se nota ningún otro daño que
amerite ser indemnizado, pues la disminución en la cabida no es
razón por sí sola, para acceder a reconocer dicho extremo. Así, en
cuanto a este rubro concretamente se debe revocar la resolución
recurrida.”

e. Criterios y Normativa Aplicable en la Valoración de los
Inmuebles Afectados
"III) Como ya ha indicado este órgano colegiado en anteriores
oportunidades, la Ley de Expropiaciones, número 7495 del tres de
mayo de mil novecientos noventa y cinco, establece minuciosamente
los criterios que deben seguirse en la valoración de los inmuebles
afectados, tanto para el perito valuador de la Administración,
como para los que se designen en esta sede y que se pueden
sintetizar de la siguiente forma (artículos 22, 24, y 40). En
primer término, el avalúo debe indicar todos los datos necesarios
para ello y explicar amplia y detalladamente el método empleado
Si se trata de inmuebles, el dictamen debe contener los siguientes
aspectos: a) La descripción topográfica del terreno. b) El
estado y uso actual de las construcciones. c) El uso actual
del terreno. d) Los derechos de inquilinos o arrendatarios. e)
Las licencias o derechos comerciales, si procedieren conforme a la
ley, tomando en cuenta, entre otros, todos los costos de
producción, directos e indirectos, el pago de las cargas sociales,


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los impuestos nacionales, municipales y los seguros. f) Los
permisos y las licencias o concesiones para la explotación de
yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley,
tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción, directos
e indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos
nacionales, municipales y los seguros. g) El precio estimado de
las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el
de las ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratare de
una carretera u otro proyecto similar al de la parte de la
propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el
de la propiedad que se expropia, así como para obtener un valor
homogéneo y usual conforme a la zona. h) Los gravámenes que
pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el
propietario para estas transacciones. i) Cualesquiera otros
elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización
Además, de ser posible su obtención, pueden servir como base para
la fijación –pericial y judicial-, cualesquiera otros elementos de
prueba, incluso los regulados en el artículo 40.2, a saber: a)
Informes de asociaciones o cámaras de corredores de bienes raíces
sobre el bien en cuestión o sobre precios de la zona o de
inmuebles similares. b) Fotografías, publicaciones o anuncios
hechos por el propietario, los colindantes o vecinos, por
cualquier medio, que ofrezcan en venta la finca expropiada u otros
inmuebles de la zona. c) Valor declarado por el propietario o
fijado por la Administración para efectos de cancelación de
impuestos locales o nacionales. d) Valor del bien o de los
colindantes, fijado para trámites bancarios. e) Informes de
expertos o peritos. f) Índices de precios oficiales o de entidades
privadas. g) Cualesquiera otros que permitan la valoración del
inmueble. Otras reglas a tomar en consideración, y que derivan de
esa normativa (artículo 22), son las que siguen: i) Si se trata de
zonas rurales, extensiones considerables o ambas, el precio se
fijará por hectárea. ii) En caso de zonas urbanas, áreas menores o
ambas, el precio podrá fijarse por metro cuadrado. iii) Para
valorar el bien, sólo han de fijarse los daños reales permanentes
sin que sea posible incluir los hechos futuros o expectativas de
derecho. iv) No pueden reconocerse plusvalías derivadas del
proyecto que origina la expropiación. v) Si se trata de bienes
muebles, cada uno debe valorarse por separado, con indicación de
las características que influyen en su valoración. vi) El perito
debe determinar el valor del bien a la fecha de su dictamen, y el
juez, a la de la sentencia. vii) Deben determinarse los daños que
se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables
sufridas al aplicar las medidas precautorias, si éstas se
instauran. viii) En cuanto a mejoras, las introducidas después de
la declaratoria de interés público sólo pueden incluirse en el
precio, si revisten el carácter de necesarias. IV) El Juez, por su


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parte, debe apreciar todas las pruebas, incluidos los informes
periciales, en su conjunto, y de acuerdo con las reglas de la sana
crítica racional. Puede hasta apartarse de dichos expertajes o de
cualquier otro elemento, con tal de revisar el avalúo
administrativo, eso sí, el monto de la indemnización no podrá en
ningún caso, exceder la suma mayor estimada por los peritos
(artículo 40 párrafos 3, 4 y 5).- Todo a condición, por supuesto,
de que los resultados de esa valoración, tanto como las
motivaciones que lo hicieron arribar a ellos, deben quedar
claramente plasmados en la resolución, por imperativo
constitucional (artículos 39 y 41 de la Carta Fundamental) y legal
(artículo 155 del Código Procesal Civil y 40 de la citada Ley de
Expropiaciones), bajo pena de nulidad, sin que sea válido a estos
efectos, enunciar vagamente la existencia de las probanzas en que
funda su pronunciamiento o citar simplemente las disposiciones
legales en que aquélla se basa. En esencia, el Juzgador tiene el
deber ineludible de realizar un esfuerzo por incorporar en el
fallo, las razones que lo llevaron a optar por una u otra
decisión, pues como bien lo ha señalado la Sala Constitucional: “…
ese deber u obligación del juez de motivar las sentencias implica,
en consecuencia, un derecho del ciudadano a obtener, de parte del
órgano jurisdiccional, no sólo una resolución fundada en derecho
sino también debidamente razonable, a partir de todos los
elementos visibles para el caso concreto. Así, la motivación
constituye el signo más importante y típico de la racionalización
de la función jurisdiccional y sirve para demostrar que el fallo
es justo y por qué es justo y para persuadir a la parte vencida de
que (-la solución dada-) ha sido el necesario punto de llegada de
un meditado razonamiento, y no el fruto improvisado de la
arbitrariedad y la fuerza, sirviendo además, en una función más
estrictamente jurídica, como conducto para la impugnación, lo que
permite poner a las partes en condición de verificar si, en el
razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado
sentido, puede descubrirse alguno de aquellos defectos que dan
motivo a los diversos medios de impugnación ante los órganos
competentes, constituyendo entonces la motivación, el espejo
revelador de los errores del juzgador. Se entiende entonces que,
el deber de fundamentación es una garantía primordial… por cuanto
incide directamente en el derecho de defensa y por ende, en el
derecho al debido proceso y en el derecho a la tutela judicial
efectiva. Esa fundamentación se ha de referir a todos los
razonamientos y criterios por los cuales el Juez llega a la la
conclusión que plasma en la parte dispositiva de la sentencia,
fundamentación que requiere un ítem lógico y que implica
necesariamente que todos y cada uno de los elementos que obran en
el expediente, deberán ser valorados conforme a las reglas de la
sana crítica racional.” (sentencia número 4846-96).- V) Es


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importante acotar que la indemnización que corresponde por despojo
debe actualizarse. La doctrina que informa los artículos 45 de la
Carta Fundamental, 22 y 40 de la Ley de Expropiaciones, es la que
señala que el cálculo debe hacerse conforme al valor del inmueble
en la fecha más cercana a la del dictado del fallo, tal y como lo
indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su
resolución 166-F-92, de las 16:20 horas del 18 de diciembre de
1992, que a la letra dice: “XXV.- El momento del cálculo o
tasación de la indemnización es de vital importancia, por la
influencia de los procesos inflacionarios o deflacionarios, la
devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes en
el mercado, el tiempo de los procesos judiciales, y la falta de
concomitancia entre su fijación y la privación. Si la expropiación
tiende a equilibrar la situación anterior con la posterior al acto
ablatorio no puede subestimarse al momento de la tasación de la
indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas
1) la fecha de la afectación: decreto expropiatorio; 2) Inicio del
juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de
efectuar la expropiación, pero no produce por sí la transmisión
del dominio. 3) el momento de la ocupación, posesión o desapropio
por parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia
definitiva. Se ha señalado, si no hay una depreciación monetaria
galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario,
el vigente a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede
ser la solución más ajustada al requisito constitucional de la
indemnización "previa", es decir, la transmisión de la propiedad
únicamente opera si se paga anticipadamente la respectiva
indemnización, y como ésta se determina en la sentencia definitiva
ese es el momento para cuantificarla. En el caso de las otras
soluciones propuestas el lapso entre la tasación y la sentencia
definitiva suele ser prolongado resultando por ello
inconvenientes. En suma, la fecha de la sentencia definitiva es la
más próxima al del pago de la indemnización, por lo cual debe ser
el parámetro temporal para fijar la indemnización justa y plena .”
(énfasis agregado). En la especie, se advierte que el avalúo
administrativo Nº 2001-22, que fijó el precio por metro cuadrado
en quince mil colones, data del tres de mayo del dos mil uno
(folios 23 del expdte. admvo.), lo cual significa que han
transcurrido más de dos años y medio desde entonces, y ello torna
imperativo revisarlo, a fin de no vaciar de contenido la garantía
patrimonial que para el expropiado, establece nuestro ordenamiento
jurídico. VI) En el caso concreto, para fijar el justiprecio la
señora Juez tomo en consideración el informe rendido por el
Ingeniero Centeno, otorgado en sede judicial, lo cual, constituye
una facultad suya. Se desprende de los autos que el terreno sobre
el que versa la expropiación posee casa de habitación en la cual
se consideró tanto la vivienda original como el área remodelada y


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ampliada, el acabado de sus pisos, los cielos y el techo, el
estado de las paredes, un taller mecánico del cual se detalla su
ubicación exacta, el material con que esta construido, sus pisos,
iluminación, y sistema eléctrico, así como una oficina que se
encuentra ubicada dentro de su estructura, la instalación de aguas
pluviales entre otros, la estructura de una perrera que tiene el
terrero del cual se indico su medida y altura, su sistema de
construcción y materiales, piso y estado de conservación, el área
de parqueo que posee, así como indicación de tapias, árboles y
demás factores influyentes en la fijación de justiprecio. Tomando
en cuenta estos aspectos, así como los valores asignados por los
expertos tanto al precio del terrero como al de las construcciones
existentes, el Tribunal arriba a la conclusión de que no lleva
razón el apelante en sus manifestaciones y por el contrario,
procede impartir su aprobación al monto asignado por el juzgado al
estimarse, que se ajusta a la realidad económica imperante y
permite el equilibrio de la ecuación propia en estos procesos por
medio de la cual se trata de conciliar el interés público que
provoca el despojo con el del particular que se ve sometido a esa
medida."


FUENTES CITADAS


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
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1 PERA VERDAGUER, Francisco. Expropiación Forzosa. Segunda Edición. Casa
Editorial Bosch. Barcelona, 1970. pp. 27-29

2 PERA VERDAGUER, Francisco. Expropiación Forzosa. Segunda Edición. Casa
Editorial Bosch. Barcelona, 1970. pp. 29-30

3 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Propiedad y Constitución. Revista Judicial. (No
37): pp. 16, San José, junio 1986

4 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Expropiación y Responsabilidad Públicas. 1°
Edición. Litografía e Imprenta LIL. San José, 1996. pp. 140-145

Potestades Expropiatorias del Estado y el Interés Público como Causa
de Expropiación, el Arbitraje Medio Alternativo para la Valoración del
Bine Expropiado, un Análisis Comparativo. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa
Rica, Facultad de Derecho, 1997. pp. 93-94

Potestades Expropiatorias del Estado y el Interés Público como Causa
de Expropiación, el Arbitraje Medio Alternativo para la Valoración del
Bine Expropiado, un Análisis Comparativo. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa
Rica, Facultad de Derecho, 1997. pp. 95-101

7 CÓRDOBA ORTEGA, Jorge. Comentarios a la Ley de Expropiaciones
Costarricense. 1° Edición. Editorial Juricentro. San José, 1995. pp
157-161


9 Ley Número 7495. Costa Rica, 3 de mayo de 1995

144-2000, de las once horas con quince minutos del veintiuno de julio
de dos mil

159-2000, de las once horas con treinta minutos del seis de junio de
dos mil

217-2003, de las once horas con cinco minutos del treinta de abril de
dos mil tres

332-2003, de las quince horas del dos de setiembre de dos mil tres

332-2004, de las diez horas con cueranta minutos del dieciseis de
julio de dos mil cuatro