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PROMULGACIÓN

RESUMEN: La presente recopilación de Doctrina, Normativa y
Jurisprudencia tiene como eje central, dar un acercamiento al
análisis del tema de la injerencia del Colegio de Abogados en la
promulgación del Decreto de aranceles, el cual además de
establecer el cobro de honorarios señala aspectos relacionados al
timbre del colegio, la Sala Constitucional considera que la
naturaleza jurídica del Timbre del Colegio de Abogados constituye
un recargo de honorarios de los profesionales en Derecho, lo
anterior según la resolución. Nº 2006-13332 como primer premisa se
establece que la formación de decretos es atribuida al Poder
Ejecutivo, en especifico al Ministro del ramo, labor que se
realiza en conjunto con el colegio, dispuesto de esta manera en el
Decreto de Aranceles, aunado a esto se establecen los parámetros
legales del timbre de abogados, siendo su finalidad la del
sostenimiento del Colegio y constituyendo un fondo público, tesis
que es sostenida en las consideraciones establecidas por la
Procuraduría General de la República


Índice de contenido
f) Análisis del carácter forzoso del pago del timbre en actuaciones notariales de carácter público


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Introducción


En cuanto a la naturaleza del timbre de abogados y a la injerencia
que tiene el Colegio de Abogados, los mismos se encuentran
delimitados por la ley y la jurisprudencia, de esta manera podemos
concluir que el artículo 22 inciso 5 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados establece como atribuciones de la Junta
Directiva fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y
condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que
presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán
al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y
promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de
acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y
funcionarios de toda índole
A continuación se incorporan los fallos que sustentan lo anterior
en cuanto a la naturaleza del timbre y de su utilización por parte
del Colegio de Abogados


1JURISPRUDENCIA


a)El timbre constituye un recargo de honorarios


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Extracto de la resolución
Res. Nº 2006-13332
las diecisiete horas treinta y cinco minutos del seis de
septiembre de dos mil seis


Ley 3245, que esla Ley de Creación del Timbre del Colegio de
Abogados


ARTÍCULO 3°.- El producto de este aumento ingresará al Colegio de
Abogados como contribución forzosa de los abogados, bachilleres en
leyes y procuradores judiciales en favor de dicha Corporación para
su sostenimiento y para formar un fondo de pensiones y
jubilaciones en beneficio de sus miembros. Deberá pagarse mediante
un timbre que emitirá el Colegio y que se denominará "Timbre del
Colegio de Abogados", que deberá agregarse y cancelarse en el
escrito inicial o demanda, el escrito de contestación, en los
documentos de carácter privado que sean autenticados y en los
certificados de prenda. La cancelación del timbre la hará el
abogado, bachiller en leyes o procurador judicial, en su defecto
la oficina que deba recibirlos


"ARTÍCULO 4°.- Cuando las oficinas administrativas o los
Tribunales de Justicia, de cualquier instancia o grado, notaren
que el timbre no ha sido agregado en todo o en parte, sin
perjuicio de dar trámite a la gestión, o del curso dado a las
anteriores, prevendrán el pago o reintegro correspondiente, dentro
del plazo de diez días bajo el apercibimiento de no oír al omiso
mientras no se cumpla lo ordenado sin retroacción de términos


Arancel de Profesionales en Derecho


Artículo 102.- Naturaleza y fines del timbre del Colegio de
Abogados


De conformidad con la ley No. 3245 del 3 de diciembre de 1963, el
timbre del Colegio de Abogados constituye un recargo de honorarios
de los profesionales en Derecho. Su producto ingresará a los
fondos del Colegio de Abogados como contribución obligatoria de


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esos profesionales en favor de esa Corporación para sostenimiento
y para engrosar el fondo de pensiones y jubilaciones de sus
miembros


El timbre consistirá de un sello que se adherirá al documento
respectivo, pero la Junta Directiva del Colegio podrá autorizar la
recaudación por otros sistemas


El Colegio de Abogados está obligado a emitir las diferentes
clases del timbre referido, y podrá expenderlos por medio de los
Bancos del Estado u otras instituciones, concediendo descuentos
del 6% en ventas mayores de ø 1,00


El timbre se pagará en los asuntos que se indican en el presente
arancel de acuerdo con dicha ley y en las sumas que se indican
conforme con las atribuciones fijadas a la Junta Directiva del
Colegio en el artículo 16 inciso 13) de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados No. 13 del 28 de octubre de 1941 y sus
reformas para fijar los honorarios de los profesionales en
Derecho


b)Análisis sobre la injerencia de los Colegios Profesionales en la
regulación de tarifas


Extracto de la sentencia
No. 96-2003
SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo
Circuito Judicial de San José, a las once horas veinte minutos del
dos de abril del dos mil tres


V.- Ahora bien, a partir de la consideración anterior según la
cual, la prestación de servicios profesionales es un servicio
público y por ende, no es susceptible de recibir un tratamiento
igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado
nacional, procede entrar a analizar lo relativo a la impugnación


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que se hace respecto de la derogatoria expresa que hizo el decreto
ejecutivo número 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-MP del Arancel de
Profesionales en Derecho; del Reglamento Tarifario Mínimo del
Colegio de Geólogos; de las Regencias y Honorarios mínimos del
Colegio de Ingenieros Agrónomos ; del Reglamento de Honorarios
Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica
de las Tarifas de Honorarios del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica; del Arancel de Servicios Profesionales
de Consultoría para Edificaciones; de los Aranceles por Servicios
de peritaje y avalúo de los Ingenieros y Arquitectos, y del
Reglamento de Tarifas Profesionales en Química e Ingeniería
Química. En criterio de la Sala, la fijación de honorarios,
aranceles y tarifas de los trabajadores a los que se refiere el
decreto impugnado y que ha sido hecha por el Poder Ejecutivo, está
conforme con la Constitución…. Sobre el asunto y específicamente
referido al caso de los abogados, este Tribunal ha manifestado en
la Sentencia número 4637-99 de las quince horas con cuarenta y dos
minutos del dieciséis de junio de este año: "VII.- El arancel de
honorarios de abogados que el Colegio propone al Poder Ejecutivo y
que éste promulga por vía de decreto, tiene el propósito de
establecer criterios que los agremiados deben tener en cuenta al
momento de pactar la prestación de sus servicios. En algunos casos
se fijan reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala
sumas mínimas. Sin perjuicio del acuerdo que pueda mediar entre
las partes para determinar sumas mayores (en particular mediante
el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este mecanismo), lo
cierto es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera
como un mínimo o "piso" que el profesional no está autorizado a
reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y
ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la calidad del
servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el
decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar
que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia
de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las
condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en
circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles
guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros
propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a
la condición de simple mercancía. Es esencial recalcar, entonces,
que el señalamiento de honorarios profesionales en los términos
expresados va dirigido tanto al profesional –permitiéndole fijar
un criterio para la negociación de la retribución a que justamente
tiene o tendrá derecho a percibir– como al cliente, para que, como
lo sostiene el Colegio de Abogados, tenga así un punto de partida
para conocer de antemano el valor de los servicios que requiere,
evitando circunstancias en las que pueda ser víctima de abusos.-


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VIII.- La Procuraduría sostiene que en la promulgación de las
normas sobre honorarios de abogados existe infracción de los
parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad,
en la medida en que –según el órgano asesor– la imposición de
precios no está sujeta a un acuerdo de partes y a una razonable
ponderación de los aspectos que median en la prestación de un
servicio profesional, sino que depende únicamente de la estimación
de un proceso. Pero lo cierto es exactamente lo contrario,
partiendo de que la estimación del proceso permite determinar
solamente un emolumento mínimo, es decir, el punto a partir del
cual cliente y profesional podrán discutir los términos de un
pago, precisamente en razón de esa razonable ponderación de los
aspectos relevantes de la litis o asunto concreto. Esto no
necesariamente quiere decir que los porcentajes o parámetros que
para cada caso fije el arancel sean siempre los más adecuados, ya
que tanto podría argumentarse en algunos supuestos que el
señalamiento es irrazonable o desproporcionado –por elevado– como
podría afirmarse que lo es –por insuficiente–. Pero recuérdese que
lo que se analiza aquí es la conformidad constitucional de la
fijación de honorarios en sí considerada, y no la de tal o cual
disposición o regla de cálculo concreta. Por ende, si se llegara a
considerar que alguna o algunas de las normas individuales sobre
honorarios de abogados son contrarias al Texto Fundamental,
deberán ser objeto de la impugnación separada correspondiente.- …
También en la sentencia número 5561-95 de las quince horas y
cincuenta y un minutos del once de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, se dispuso sobre el decreto que regulaba los
aranceles de los profesionales en derecho que: "III.- El argumento
de que el decreto impugnado establece un "oligopolio en la oferta
de servicios, que perjudica la sana concurrencia entre los
profesionales, ... infringiéndose así el artículo 46 de la
Constitución Política", resulta insostenible. En primer término,
porque, como se dijo, la normativa se aplica por igual a todos los
abogados, es decir, no privilegia a un grupo de profesionales en
detrimento de otros y además porque, contrario a lo alegado, el
determinar cobros mínimos para la prestación de servicios legales,
tiende a fortalecer la sana concurrencia y evitar la competencia
desleal entre profesionales." VI.- Por otra parte, además de lo
dicho, también el Decreto Ejecutivo número 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-
MP al derogar expresamente los Decretos Ejecutivos que ahí se
disponen, pero específicamente en el caso del Arancel de los
profesionales en Derecho, lesiona lo dispuesto en los artículos
166 del Código Notarial, 233 del Código Procesal Civil y 22 inciso
15) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Tales artículos
disponen lo siguiente, - el artículo 166 del Código Notarial,
señala: "Los notarios públicos cobrarán honorarios según se


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establezca en el arancel respectivo. Corresponde al Colegio de
Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la
aprobación del Ministerio de Justicia y Gracia, que las promulgará
vía Decreto Ejecutivo. Los notarios consulares devengarán
honorarios de acuerdo con el arancel consultar". - el artículo 233
del Código Procesal Civil dispone: "Los honorarios de abogado se
fijarán con base en la tarifa que se establezca mediante el
procedimiento que dispone la Ley Orgánica del Colegio de Abogados"
- el artículo 22 inciso 15) de la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados establece: "Son atribuciones de la Directiva: ... 15)
Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modificaciones y
condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que
presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán
al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y
promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de
acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y
funcionarios de toda índole" Como se puede observar, de los tres
artículos anteriores se desprende que la voluntad del legislador
fue la de que existieran tarifas, expresamente establecidas para
los profesionales en derecho; tarifas que serían reguladas
mediante una tabla de aranceles aprobada por el Poder Ejecutivo,
previa intervención que tiene en ese sentido el Colegio de
Abogados, como corporación encargada de tutelar los intereses de
sus agremiados. Sin embargo, el decreto impugnado, en vista de que
derogó expresamente ese arancel de profesionales en derecho, ha
lesionado los principios contenidos en los tres numerales arriba
citados –los cuales son anteriores a la promulgación del decreto
impugnado-, pero específicamente ha violado lo establecido en el
artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política que señala como
deber y atribución del Poder Ejecutivo, el sancionar y promulgar
las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto
cumplimiento. VII.- Partiendo entonces de todo lo dicho hasta el
momento, debe decirse que, el decreto impugnado número 27624-J-
MINAE-MAG-MOPT-MP de 25 de enero de 1999, resulta ser
inconstitucional; inconstitucionalidad que no solo está referida a
la derogatoria que hiciera del Arancel de Honorarios de abogados,
sino también a la derogatoria que se hizo del Reglamento Tarifario
Mínimo del Colegio de Geólogos; de las Regencias y Honorarios
mínimos del Colegio de Ingenieros Agrónomos; del Reglamento de
Honorarios Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería
Topográfica; de las Tarifas de Honorarios del Colegio de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica; del Arancel de Servicios
Profesionales de Consultoría para Edificaciones; de los Aranceles
por Servicios de peritaje y avalúo de los Ingenieros y
Arquitectos, y del Reglamento de Tarifas Profesionales en Química
e Ingeniería Química. Ahora bien, esta consideración se


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fundamenta, en primer lugar, en el hecho de que si la prestación
de servicios de los profesionales en las áreas que contiene el
Decreto es considerada como un servicio público, en consecuencia,
a estos grupos profesionales no se les puede aplicar lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472; grupos respecto de
los cuales, entonces, la aplicación de este numeral estaría
excluída. … En segundo lugar, además de lo anterior, se reconoce
que el decreto impugnado lesiona lo dispuesto en el artículo 140
inciso 3) de la Constitución Política por cuanto se ha obviado el
deber que tiene el Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes. En
consecuencia con todo lo dicho, el decreto que está siendo
impugnado y que es el objeto de la presente acción de
inconstitucionalidad (número 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-MP), debe ser
declarado inconstitucional, como en efecto se ordena." (SALA
CONSTITUCIONAL, Voto 07657-99, de 16:03 horas del 6 de octubre de
1999, Exp: 99-001332-007-CO-P. La negrilla no es del original).-
"En consecuencia, el alegato de la accionante es de recibo y
procede decretar la nulidad, por violación de la LOCIACR y de la
Constitución Política (numeral 140. 3°), del artículo 4° del
decreto impugnado, en cuanto deroga "El Capítulo VII De los
Salarios y Honorarios por Regencia y de las cuotas regenciales,
del artículo 26 del decreto ejecutivo N° 26503-MAG…". No obstante
lo anterior, se considera que la imposición de horarios mínimos no
encuentra el mismo amparo en la normativa en comentario, pues la
ley impone la obligación de contratar al profesional y a este la
responsabilidad de cumplir con sus deberes completamente, pero no
exige a los empresarios a someterse a cuotas de tiempo laboral
determinadas, lo cual si se considera que puede quedar a la libre
contratación de los interesados bajo responsabilidad del agrónomo,
por lo que la abolición del Capítulo VI sobre horarios, no resulta
ilegal.- VIII.- No se estima de recibo el alegato de que faltó
constatar la realidad del motivo del acto (artículo 133 de la
LGAP), dado de que según la prueba aportada, la propuesta de
reforma nació de la gestión de la Comisión Mixta, y de la
propuesta de grupos representantes de diversos intereses,
incluyendo consumidores, importadores, usuarios, distribuidores y
similares, los que concordaron en que la existencia de esas
regulaciones implicaban un aumento en los costos de producción, de
manera que la autoridad tuvo elementos de juicio suficientes para
juzgar como legítimo, real y adecuado el motivo del acto. Además,
se ha concluido por este tribunal que ciertamente había categorías
que excedían las actividades, requisitos y condiciones
establecidos por las leyes. IX.- En cuanto a la capacidad de
autoadministración del Colegio, establecida en los numerales 1°,
2° y 33 LOCIACR, le permiten organizarse y dictar disposiciones


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que obliguen a sus agremiados, lo que incluye dictar normas de
carácter general de rango interno (art. 120 LGAP), así como tener
iniciativa en la promulgación de normas referidas a la materia de
su competencia establecidas en su norma fundamental, pero ello no
implica que tenga la autoría exclusiva de estas en materia de
agricultura, ganadería y similares, ni mucho menos que dicha ley
le cercene la capacidad reglamentaria y de ejecución de las leyes
al Poder Ejecutivo, sobre todo si las mismas deben obligar o
afectar a personas no integradas a su gremio. Por ende el alegato
de que se ha violado dicho principio carece de fundamento legal
Su participación en la promulgación no supone que sea
necesariamente el autor, ni que sus observaciones sean
vinculantes, en autos consta que oportunamente participo en la
discusión del proyecto y tuvo amplia oportunidad de hacer sus
observaciones, ello agota sus potestades y las obligaciones
procesales del Estado en este tipo de tramite, por lo que no hay
tal infracción a los numerales 10 y 11 de la Constitución, ni la
LGAP. Tampoco es exacta la afirmación de que se infraccionaron las
atribuciones de ordenación, fiscalización y reglamentaria del
Colegio, pues las obligaciones que correspondían a los regentes
según se categoría no fueron modificadas, tan solo se
acondicionaron éstas a los requerimientos justos de la ley, con la
excepción de los violaciones indicadas arriba.-"


c)Naturaleza de la fijación de honorarios a la luz de la
jurisprudencia constitucional


Extracto de la sentencia
Res: 000810-F-2003
nueve horas cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre del año
dos mil tres


IX.- En primer término es preciso apuntar, contrario a lo indicado
por el casacionista, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, en el voto número 7657-99, de las dieciséis horas con
tres minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y
nueve, dictada en una acción de inconstitucionalidad contra el
Decreto Ejecutivo 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-MP, el cual derogaba,


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entre otros, el Arancel de Profesionales en Derecho, en ningún
momento indicó que esta normativa tuviera rango constitucional. Lo
afirmado por dicho órgano jurisdiccional, en lo conducente, fue: “
V.- Ahora bien, a partir de la consideración anterior según la
cual, la prestación de servicios profesionales es un servicio
público y por ende, no es susceptible de recibir un tratamiento
igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado
nacional, procede entrar a analizar lo relativo a la impugnación
que se hace respecto de la derogatoria expresa que hizo el decreto
ejecutivo número 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-MP del Arancel de
Profesionales en Derecho; del Reglamento Tarifario Mínimo del
Colegio de Geólogos; de las Regencias y Honorarios mínimos del
Colegio de Ingenieros Agrónomos; del Reglamento de Honorarios
Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica
de las Tarifas de Honorarios del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica; del Arancel de Servicios Profesionales
de Consultoría para Edificaciones; de los Aranceles por Servicios
de peritaje y avalúo de los Ingenieros y Arquitectos, y del
Reglamento de Tarifas Profesionales en Química e Ingeniería
Química. En criterio de la Sala, la fijación de honorarios,
aranceles y tarifas de los trabajadores a los que se refiere el
decreto impugnado y que ha sido hecha por el Poder Ejecutivo ,
está conforme con la Constitución y en el supuesto de que
existiera alguna norma de los aranceles y tarifas que sea
contraria a la Constitución Política, debería ser objeto de la
impugnación correspondiente, lo que, obviamente no implica que los
aranceles en sí mismos o la intención por la cual se han dictado,
sean inconstitucionales. Sobre el asunto y específicamente
referido al caso de los abogados, este Tribunal ha manifestado en
la Sentencia número 4637-99 de las quince horas con cuarenta y dos
minutos del dieciséis de junio de este año: "VII.- El arancel de
honorarios de abogados que el Colegio propone al Poder Ejecutivo y
que éste promulga por vía de decreto, tiene el propósito de
establecer criterios que los agremiados deben tener en cuenta al
momento de pactar la prestación de sus servicios. En algunos casos
se fijan reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala
sumas mínimas. Sin perjuicio del acuerdo que pueda mediar entre
las partes para determinar sumas mayores (en particular mediante
el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este mecanismo), lo
cierto es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera
como un mínimo o "piso" que el profesional no está autorizado a
reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y
ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la calidad del
servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el
decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar
que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia


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de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las
condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en
circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles
guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros
propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a
la condición de simple mercancía. Es esencial recalcar, entonces,
que el señalamiento de honorarios profesionales en los términos
expresados va dirigido tanto al profesional –permitiéndole fijar
un criterio para la negociación de la retribución a que justamente
tiene o tendrá derecho a percibir– como al cliente, para que, como
lo sostiene el Colegio de Abogados, tenga así un punto de partida
para conocer de antemano el valor de los servicios que requiere,
evitando circunstancias en las que pueda ser víctima de abusos.-
VIII.- La Procuraduría sostiene que en la promulgación de las
normas sobre honorarios de abogados existe infracción de los
parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad,
en la medida en que –según el órgano asesor– la imposición de
precios no está sujeta a un acuerdo de partes y a una razonable
ponderación de los aspectos que median en la prestación de un
servicio profesional, sino que depende únicamente de la estimación
de un proceso. Pero lo cierto es exactamente lo contrario,
partiendo de que la estimación del proceso permite determinar
solamente un emolumento mínimo, es decir, el punto a partir del
cual cliente y profesional podrán discutir los términos de un
pago, precisamente en razón de esa razonable ponderación de los
aspectos relevantes de la litis o asunto concreto. Esto no
necesariamente quiere decir que los porcentajes o parámetros que
para cada caso fije el arancel sean siempre los más adecuados, ya
que tanto podría argumentarse en algunos supuestos que el
señalamiento es irrazonable o desproporcionado –por elevado– como
podría afirmarse que lo es –por insuficiente–. Pero recuérdese que
lo que se analiza aquí es la conformidad constitucional de la
fijación de honorarios en sí considerada, y no la de tal o cual
disposición o regla de cálculo concreta. Por ende, si se llegara a
considerar que alguna o algunas de las normas individuales sobre
honorarios de abogados son contrarias al Texto Fundamental,
deberán ser objeto de la impugnación separada correspondiente. -
IX.- Del mismo modo, cabe dejar en claro que no se pretende
tampoco legitimar con este pronunciamiento las actuaciones
profesionales que un cliente pueda considerar indebidas o
incompetentes, como lo hace la parte coadyuvante. Por el
contrario, la Sala es consciente de que una intervención
profesional capacitada y hábil es una exigencia para que se pueda
hacer realidad el derecho fundamental de acceso a la justicia
(artículo 41 de la Constitución Política). Pero si en un dado caso
existieran reparos acerca de la forma en que un abogado haya


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desempeñado su labor o de si éste es merecedor o no de los
emolumentos que pretende, la vía para ventilar ese agravio no
resulta ser la de la acción de inconstitucionalidad, sino que se
debe ejercitar las acciones legales respectivas, incluso –
justamente– la de acudir al Colegio de Abogados con la queja que
quepa.- También en la sentencia número 5561-95 de las quince horas
y cincuenta y un minutos del once de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, se dispuso sobre el decreto que regulaba los
aranceles de los profesionales en derecho que: "III.- El argumento
de que el decreto impugnado establece un "oligopolio en la oferta
de servicios, que perjudica la sana concurrencia entre los
profesionales, ... infringiéndose así el artículo 46 de la
Constitución Política", resulta insostenible. En primer término,
porque, como se dijo, la normativa se aplica por igual a todos los
abogados, es decir, no privilegia a un grupo de profesionales en
detrimento de otros y además porque, contrario a lo alegado, el
determinar cobros mínimos para la prestación de servicios legales,
tiende a fortalecer la sana concurrencia y evitar la competencia
desleal entre profesionales." VI.- Por otra parte, además de lo
dicho, también el Decreto Ejecutivo número 27624-J-MINAE-MAG-MOPT-
MP al derogar expresamente los Decretos Ejecutivos que ahí se
disponen, pero específicamente en el caso del Arancel de los
profesionales en Derecho, lesiona lo dispuesto en los artículos
166 del Código Notarial, 233 del Código Procesal Civil y 22 inciso
15) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Tales artículos
disponen lo siguiente, - el artículo 166 del Código Notarial,
señala: "Los notarios públicos cobrarán honorarios según se
establezca en el arancel respectivo. Corresponde al Colegio de
Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la
aprobación del Ministerio de Justicia y Gracia, que las promulgará
vía Decreto Ejecutivo. Los notarios consulares devengarán
honorarios de acuerdo con el arancel consultar"


- el artículo 233 del Código Procesal Civil dispone


"Los honorarios de abogado se fijarán con base en la tarifa que se
establezca mediante el procedimiento que dispone la Ley Orgánica
del Colegio de Abogados" - el artículo 22 inciso 15) de la Ley
Orgánica del Colegio de Abogados establece: "Son atribuciones de
la Directiva: ... 15) Fijar todas las tarifas de honorarios, sus
modificaciones y condiciones aplicables al cobro de servicios
profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales
tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión,
estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada


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Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los
profesionales, particulares y funcionarios de toda índole" Como se
puede observar, de los tres artículos anteriores se desprende que
la voluntad del legislador fue la de que existieran tarifas,
expresamente establecidas para los profesionales en derecho
tarifas que serían reguladas mediante una tabla de aranceles
aprobada por el Poder Ejecutivo, previa intervención que tiene en
ese sentido el Colegio de Abogados, como corporación encargada de
tutelar los intereses de sus agremiados. Sin embargo, el decreto
impugnado, en vista de que derogó expresamente ese arancel de
profesionales en derecho, ha lesionado los principios contenidos
en los tres numerales arriba citados –los cuales son anteriores a
la promulgación del decreto impugnado-, pero específicamente ha
violado lo establecido en el artículo 140 inciso 3) de la
Constitución Política que señala como deber y atribución del Poder
Ejecutivo, el sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas,
ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento .... ”(Lo subrayado
no es del original). Queda claro que la Sala Constitucional
señala, expresamente, que la fijación de honorarios, aranceles y
tarifas de los profesionales en derecho la realiza el Poder
Ejecutivo, vía decreto, previa propuesta del Colegio respectivo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140 inciso 3
constitucional, tocante a su deber y atribución de sancionar y
promulgar las leyes, reglamentarlas y ejecutarlas, velando por su
exacto cumplimiento. Es decir, el susodicho Arancel está
subordinado a la ley. X.- Por otro lado, el alegado quebranto, por
falta de aplicación de los artículos 140 inciso 3 de la
Constitución Política, 166 del Código Notarial, 233 del Código
Procesal Civil y 22 inciso 15 de la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados, no se da, por cuanto ninguno resulta de aplicación a la
especie. Como lo señaló el Tribunal Constitucional en el voto
transcrito parcialmente en el considerando anterior, se repite,
tocante al canon 140 inciso 3, su quebranto, en ese caso, se dio
por cuanto el reglamento ahí impugnado, limitó el deber y
atribución del Poder Ejecutivo de sancionar y promulgar las leyes,
reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento
Respecto al numeral 166 del Código Notarial, como el propio
casacionista lo ha reconocido, dicho cuerpo normativo se promulgó
con posterioridad a los hechos realizados por los actores, y
entonces la normativa aplicable es la de la Ley Orgánica de
Notariado, número 39 de 5 de enero de 1943 y sus reformas. Por su
parte, los cánones 233 del Código Procesal Civil y 22 inciso 15 de
la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, refiérense al tema de la
fijación de los honorarios de abogado, lo cual es un tema ajeno a
lo discutido en el sub-júdice


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d)Análisis de la finalidad de la regulación de las tarifas de
honorarios


Extracto de
Res: 2006-00802
nueve horas treinta y ocho minutos del veinticinco de agosto del
dos mil seis


de principio general, el artículo 233 del Código Procesal Civil
establece que los honorarios de abogado se fijarán con base en la
tarifa establecida según el procedimiento dispuesto por la Ley
Orgánica del Colegio de Abogados. Como regla específica, el
artículo 234, señala la forma en la que los juzgadores deberán
proceder al cálculo de las costas personales en que es condenada
la parte vencida . En relación con la forma de cálculo de los
honorarios del abogado/a respecto de su cliente, rige entonces
aquella otra norma general. La ley Orgánica del Colegio de
Abogados, Nº 13 del 28 de octubre de 1941 reformada por la No
6595 del 6 de agosto de 1981, en sus artículos 9 y 22, en lo que
interesa, establecen: “ Artículo 9.- Los Abogados que pertenezcan
al Colegio están obligados: ...4.- Acatar las tarifas de
honorarios que dicte el Colegio, debidamente promulgadas de
acuerdo con esta ley...”. “Artículo 22.- Son atribuciones de la
Directiva:...15. Fijar todas las tarifas de honorarios, sus
modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios
profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales
tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión,
estudio, aprobación y promulgación mediante resolución razonada
Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los
profesionales, particulares y funcionarios de toda índole.” El
último de los aranceles de profesionales en derecho establecido
por la Junta Directiva del Colegio de Abogados, en atribución de
esas facultades y que se encuentra actualmente vigente, es el
Arancel adoptado mediante el Decreto Ejecutivo No. 32493-J del 9
de Marzo del 2005; publicado en La Gaceta No. 150 del 5 de Agosto
de ese año. Sin embargo, para la fecha en que fue tramitado el


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proceso principal con ocasión del cual surgió el derecho a
honorarios profesionales de la licenciada Ramírez Ulate, el
arancel vigente fue el promulgado a través del Decreto Ejecutivo
Nº 20307-J, el cual, entró en vigencia el 4 de abril de 1991. El
Tribunal estimó correcta la decisión del juzgado de fijar los
honorarios de la incidentista con base en la estimación de la
ventaja patrimonial obtenida por la incidentada, es decir, el
cincuenta por ciento sobre el valor dado al inmueble ganancial
objeto del litigio y que corresponde a la suma de seis millones
cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y cinco colones. Con
base en ese monto y a tenor de lo dispuesto en el artículo 17, el
monto de los honorarios profesionales de la incidentista fue
fijado en la suma de seiscientos cincuenta mil colones; rebajados
a quinientos cincuenta mil colones al tenerse por acreditado un
pago parcial de cien mil colones. Ante esta Sala, la incidentada
pide la reducción de ese monto, porque no fue considerado que ella
personalmente realizó muchas de las gestiones necesarias para la
prosecución del proceso principal; y porque además, el monto
inicialmente cobrado por la incidentista, fue de cien mil colones,
que ya ella le canceló. Examinados tales agravios, a la luz de las
probanzas aportadas al expediente, se concluye que los mismos no
resultan de recibo. Según se dijo en líneas anteriores, la
regulación de los montos correspondientes por honorarios
profesionales está dada por norma reglamentaria expresa, a través
de la cual, el ordenamiento jurídico hace efectivos una serie de
objetivos. Uno de ellos es limitar la competencia desleal entre
los profesionales de un mismo campo; pero también, constituye una
forma objetiva de determinación de la remuneración de los
servicios profesionales, que contribuye a la paz social, en tanto
las personas pueden de antemano conocer los gastos en que deben
incurrir por la contratación de un profesional. El Decreto
aplicable en la especie también permitía la fijación y el acuerdo
de honorarios, entre la parte y el profesional, siempre que éste
se pactara por escrito y por montos no inferiores a los
establecidos en el Arancel (artículos 8 y 9). La ausencia de tal
acuerdo provoca indefectiblemente la aplicación de los montos
establecidos por la reglamentación vigente. En el caso que nos
ocupa, la recurrente no logró acreditar que efectivamente, entre
ella y la incidentista existiera un convenio en virtud del cual,
se hubiera pactado un monto fijo de cien mil colones, en concepto
de honorarios derivados del proceso principal. Contrariamente, en
la copia del recibo aportado a los autos (visible a folio 24), de
fecha 29 de agosto del 2002, claramente se indica que la suma
recibida en esa fecha, era un “Adelanto Juicio Ordinario”, lo que
permite concluir que lo cancelado en ese momento era un pago
parcial, y que quedaba un saldo pendiente. De esta forma, ante la


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falta de demostración de un pacto expreso en el sentido alegado
por la incidentada; y frente a los datos que se desprenden de la
documental referida, no es posible arribar a la pretendida
conclusión de que el monto de los honorarios pactados, era de cien
mil colones; procediendo en consecuencia, la fijación tasada con
base en la regulación existente. Tampoco es posible atender la
reducción que pide la recurrente -sobre el monto ordenado por el
Juzgado- pues además de que según el Decreto mencionado, los
honorarios profesionales comprenden la actuación profesional como
abogado (artículo 1°) según las diferentes etapas procesales de un
juicio (artículo 17) -pues otras labores distintas, como el
estudio de expedientes o los estudios registrales, el Decreto las
contempla separadamente (artículos 54, 55 y 60)-, no existe prueba
alguna en el expediente que acredite la gestión personal que la
recurrente menciona haber realizado."


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e)Consideraciones sobre la naturaleza del Timbre del Colegio de
Abogados


C-198-96


5 de diciembre de 1996 Señor Lic. Horacio González Quiroga
Presidente Junta Directiva Colegio de Abogados de Costa Rica S. O


Estimado señor
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, tenemos el
agrado de referirnos al oficio de fecha 2 de setiembre del año en
curso, complementado a través de nota del pasado 23 de octubre,
por medio del cual la Subdirectora del Departamento Legal del
Colegio, en ejecución de lo acordado por Junta Directiva en sesión
Nº 30-96 del 13 de agosto anterior, artículo 7, solicita
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República en
torno a si "... el Colegio de Abogados debe mantenerse bajo la
regulación de la Ley de Contratación Administrativa, donde
[además] se indique si la naturaleza jurídica de los fondos [que
percibe el Colegio] son de naturaleza pública o privada"


Dicha petición consultiva se produce, según se informa, en virtud
de que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 7612, de 22 de julio
de 1996, se reformó el artículo 2º de la Ley de Contratación


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Administrativa, exceptuándose de su aplicación a los entes
públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un
cincuenta por ciento, de recursos propios, aportes o
contribuciones de sus agremiados


Al respecto, nos permitimos indicarle lo siguiente
I. Competencia consultiva de la procuraduria y la contraloria
generales de la republica


Conforme lo dispuesto en su Ley Orgánica, la Procuraduría General
de la República es el órgano superior consultivo, en materia
jurídica, de la Administración Pública, lo que la faculta para
emitir los criterios que sobre cuestiones jurídicas le soliciten
el Estado y los demás entes públicos. Su competencia consultiva es
genérica, de manera que puede pronunciarse sobre cualquier duda
que se presente en torno a un tema jurídico, salvo que el
ordenamiento expresamente atribuya una potestad consultiva
específica a otro órgano, como es el caso del artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº 7428 de
7 de setiembre de 1994)


En el caso que nos ocupa, determinar si el Colegio de Abogados
está exento o no de la aplicación de la Ley de Contratación
Administrativa, es un aspecto propio de esa competencia consultiva
específica de la Contraloría, y no de la genérica de la
Procuraduría General de la República, como se ve a continuación


La Contraloría General de la República está constitucionalmente
definida como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la
vigilancia de la Hacienda Pública (art. 183)


Coherentemente con ello, su Ley Orgánica le confiere la rectoría
del sistema de fiscalización que ella misma establece (art. 1º)
sistema que persigue "garantizar la legalidad y la eficiencia de
los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los
entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría ..."


Si a lo anterior agregamos que, según la misma Ley Orgánica de


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cita, a la Contraloría le compete la aprobación de los contratos
estatales (art. 20) y la potestad anulatoria de los contratos
administrativos en general (art. 28), así como intervenir en los
procedimientos de contratación administrativa (art. 37.3), según
las reglas contenidas en la Ley de Contratación Administrativa, se
concluye sin dificultad que la determinación del ámbito subjetivo
de aplicación de esta última Ley, mediante la especificación de
aquellos entes públicos que escaparían de los trámites concursales
ahí disciplinados, es algo que corresponde a la propia Contraloría
-y no a la Procuraduría-, en ejercicio de la potestad consultiva
que le es propia
No obstante lo anterior, sí es propio de esta Procuraduría
teorizar sobre la naturaleza de los diversos fenómenos jurídicos
lo que le permite, en el caso concreto, referirse al carácter
jurídico del Colegio de Abogados y de los fondos con que cuenta,
en particular de los obtenidos a través del "timbre" que
legalmente le corresponde a tal corporación


II. El colegio de abogados como un ente publico no estatal


El Colegio de Abogados de Costa Rica, al igual que los demás
colegios profesionales, constituye una persona de Derecho Público
de carácter no estatal, en virtud de las funciones que se le han
encomendado
Se trata de una corporación pública, a la que se le asignan
objetivos que trascienden la simple promoción y defensa de los
intereses comunes de sus agremiados; para la protección del
interés público involucrado, el ordenamiento le ha conferido
atribuciones públicas
Bajo la denominación de "entes públicos no estatales" se reconoce
la existencia de una serie de entidades, normalmente de naturaleza
corporativa o profesional, a las cuales si bien no se les enmarca
dentro del Estado, se les reconoce la titularidad de una función
administrativa, y se les sujeta -total o parcialmente- a un
régimen publicístico en razón de la naturaleza de tal función


En relación con el carácter público de esta figura jurídica, la
Procuraduría ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse indicando
que "... la razón por la cual los llamados «entes públicos no
estatales» adquieren particular relevancia para el Derecho Público
reside en que, técnicamente, ejercen función administrativa. En


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ese sentido, sus cometidos y organización son semejantes a los de
los entes públicos
En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza
pública en virtud de las competencias que le han sido confiadas
por el ordenamiento. El ente, a pesar de que su origen puede ser
privado, sus fondos privados y responder a fines de grupo o
categoría, es considerado público porque es titular de potestades
administrativas; sean éstas de policía, disciplinarias,
normativas, etc
En ejercicio de esas potestades, el ente público no estatal emite
actos administrativos. Es, en esa medida, que se considera
Administración Pública" (Procuraduría General de la República,


015-96, de 17 de abril de 1996)
En igual sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional,
reconociéndole a los colegios profesionales su carácter público


doctrinarios y jurisprudenciales, corresponde, ahora, que la Sala
exprese su criterio sobre la naturaleza jurídica de los colegios
profesionales, siempre, desde luego, dentro de la cuestión de si
son simples asociaciones privadas o si por el contrario, son
corporaciones con personalidad jurídica pública. La Sala opta por
la tesis que califica a los colegios profesionales como
manifestación expresa de la llamada «Administración Corporativa»,
que es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades
públicas representativas de intereses profesionales o económicos
calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones de Derecho
Público. Bajo esta síntesis definitoria, el colegio profesional
resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la
ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos fines,
junta con la defensa de los intereses estrictamente privados,
propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer
determinadas funciones públicas


Así, a los Colegios profesionales se les asigna como norma el
control objetivo de las condiciones de ingreso en la profesión y
la potestad disciplinaria sobre sus miembros y no cabe duda que la
encomienda de estas funciones públicas juega con frecuencia como
causa determinante de la creación de las Corporaciones públicas


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sectoriales o colegios. En realidad se trata de verdaderos agentes
de la Administración (descentralización) de la que reciben, por
delegación, el ejercicio de algunas funciones propias de aquélla y
controladas por ella misma" (Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, voto Nº 5483-95 del 6 de octubre de 1995. En
el mismo sentido véanse los votos Nº 1386-90 del 24 de octubre de
1990 y Nº 789-94 del 8 de febrero de 1994)


En virtud de ese carácter público -aunque no estatal- del Colegio
de Abogados, le será aplicable la normativa de Derecho Público, en
particular la administrativa y sus principios, con todas las
consecuencias jurídicas que ello trae consigo, sin perjuicio de la
posibilidad de que, en cuanto no ejerza funciones de carácter
público, pueda reconocérsele capacidad de derecho privado, según
lo admite y prevé el artículo 1º de nuestra Ley General de la
Administración Pública


III. Naturaleza jurídica de los fondos del colegio de abogados


El artículo 29 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados (Nº 13
de 28 de octubre de 1941 y sus reformas) establece cuáles son los
fondos del Colegio


"Constituirán los fondos del Colegio: 1º.-
Las contribuciones que se establezcan a cargo de los miembros del
Colegio
Las donaciones que se hagan a la Corporación
Las multas que se impongan disciplinariamente por el Colegio o por
los Tribunales de Justicia a los profesionales en derecho o a las
partes litigantes
Las subvenciones que acuerde a su favor la Universidad de Costa
Rica o el Gobierno de la República"


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Con vista de las anteriores fuentes de recursos, puede apreciarse
que algunos de los fondos del Colegio son de naturaleza privada,
como las contribuciones de sus miembros (a las que están obligados
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la misma Ley
Orgánica); otros son de naturaleza pública, como las subvenciones
que acuerde la Universidad de Costa Rica o el Gobierno. No
obstante, surge la duda respecto a los fondos que obtiene el
Colegio a través del "Timbre del Colegio de Abogados"


Dicho "timbre" fue creado por Ley Nº 3245 de 3 de diciembre de
1963. Esta, luego de establecer aumentos en los honorarios de
abogado y notario, dispone en sus artículos 3º y 6º: "Artículo
El producto de este aumento ingresará al Colegio de Abogados como
contribución forzosa de los abogados, bachilleres en leyes y
procuradores judiciales en favor de dicha Corporación para su
sostenimiento y para formar un fondo de pensiones y jubilaciones
en beneficio de sus miembros. Deberá pagarse mediante un timbre
que emitirá el Colegio y que se denominará «Timbre del Colegio de
Abogados», que deberá agregarse y cancelarse en el escrito inicial
o demanda, el escrito de contestación, en los documentos de
carácter privado que sean autenticados y en los certificados de
prenda. La cancelación del timbre la hará el abogado, bachiller en
leyes o procurador judicial, en su defecto la oficina que deba
recibirlos"


"Artículo 6º.-
El producto de este aumento ingresará al Colegio de Abogados, como
contribución forzosa que los notarios hacen en favor de dicha
corporación para su sostenimiento y para formar y acrecentar el
fondo de pensiones y jubilaciones a que alude el artículo 3º. Se
pagará mediante el Timbre del Colegio de abogados, agregándolo y
cancelándolo en todo testimonio que se expida, salvo que se
hubiere cancelado en la matriz"
El artículo 102 del Arancel de Profesionales en Derecho (Decreto
Ejecutivo Nº 20307-J de 11 de marzo de 1991) se refiere al timbre
del Colegio en términos similares, insistiendo en calificarlo como
una "contribución" que se impone "obligatoriamente" sobre los
abogados y notarios


Resulta claro, entonces, que el timbre del Colegio de Abogados es,
en conformidad con las anteriores normas, una "contribución


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forzosa" de parte de los agremiados y en favor del Colegio, por
cuyo intermedio queda gravada la percepción de honorarios
profesionales; contribución que debe efectuarse con motivo de la
suscripción de los documentos forenses y notariales que se
precisaron. Dichos recursos se recaudan para el sostenimiento del
Colegio y para constituir un fondo de pensiones para sus miembros
El incumplimiento de esa obligación gremial trae aparejadas graves
consecuencias: si se trata de documentos presentados ante
despachos administrativos o judiciales, no se oirá al interesado
mientras no cumpla con la prevención de pago que al efecto se le
formulará (art. 4º de la Ley y 109.b del Arancel); si se trata de
documentos notariales, no se inscribirán y, si no fueran
susceptibles de inscripción, carecerán de efectos jurídicos, todo
ello hasta tanto se remedie el incumplimiento (art. 7º de la Ley y
109.a y 109.c del Arancel)


Las características analizadas, aunadas a la imperatividad o
coercitividad apuntada, dotan al "timbre" de una evidente
connotación tributaria (sobre la coercitividad como elemento
característico de los tributos, puede verse el voto de la Sala
Constitucional Nº 4548-95 de 16 de agosto de 1995). Dicha
naturaleza es, de conformidad con un importante sector doctrinal,
propia de las contribuciones profesionales en general (en este
sentido, puede consultarse a Carlos M. Giuliani Fonrouge, "Derecho
financiero", v. II, Buenos Aires, Depalma, 1978, p. 951 y ss.)


aunque, por tratarse de recursos que no incorporan al presupuesto
estatal, ejemplifican el fenómeno de la "parafiscalidad" (ibid.,
p. 941 y ss.)


La Procuraduría, a propósito del aporte de los productores
agrícolas al Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas (dictamen
Nº C-203-89 de 27 de noviembre de 1989) y de la contribución de
los caficultores al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera
-FONECAFE- (Nº C-080-96 de 23 de mayo de 1996), analizó la noción
"contribución especial de naturaleza parafiscal". En el primero de
dichos dictámenes, se caracterizaba dicha figura jurídica del
siguiente modo
"La doctrina imperante en la materia califica a este tipo de
aportes como un caso de parafiscalidad pero mantiene su naturaleza
tributaria especial que los distingue de los tributos propiamente
fiscales. Como lo expresa el autor Manuel de Juano, en su obra
«Curso de Finanzas y Derecho Tributario»: «La doctrina se ha


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manifestado con un criterio uniforme sobre la conveniencia de
ubicar tributariamente a esta clase de recursos. Su naturaleza
tributaria se acepta hoy por la generalidad de los autores ... En
tal sentido afirmamos que son tributos que participan de la
naturaleza del impuesto por su gravitación económica sobre el
consumidor, lo que les acuerda cierta semejanza con la imposición
indirecta y por su obligatoriedad, pero no tienen figuración
específica en el presupuesto del Estado y están afectados a gastos
determinados que se especifican por la disposición legal que los
ha creado ... en efecto, si los recursos parafiscales,
cualesquiera fueren sus características variaciones de la extensa
gama en que se agrupan, son consecuencia y expresión del poder
tributario del Estado y sus peculiaridades no permiten
identificarlos con la otras tres categorías de recursos derivados,
siempre será necesario analizarlos a través del enfoque de su
propia naturaleza ... Dejaremos sentado, en primer término, como
lo recuerda Giuliani Fonrouge, que bajo la denominación genérica
de contribuciones parafiscales, se agrupan numerosos tributos
exigidos por organismos públicos o semipúblicos, que con
independencia de las rentas generales del Estado, están destinados
a financiar actividades específicas. La etimología del término,
nos lleva sin embargo, a su ubicación en el sector de las
instituciones tributarias: «para», raíz griega que significa al
lado o junto a, y «fiscal» que viene de fiscus, equivalente a
tesoro público o concreción patrimonial del Estado.» (Ediciones
Molachino, Rosario, 1971, pag. 692)


Para lograr una mejor precisión del concepto de parafiscalidad nos
ayuda el criterio del tratadista español José Juan Ferreiro
Lapatza, quien en su obra denominada «Curso de Derecho Financiero
Español» manifiesta: «Un tributo fiscal es aquel que ha sido
creado por el Estado por medio de una ley, cuya gestión, o al
menos su dirección y control, está encomendada a los órganos de la
Administración Financiera que normalmente tiene atribuida esta
tarea y cuyo producto se integra en los presupuestos generales del
Estado para financiar indistintamente el gasto público. Un tributo
fiscal es así un tributo que siguen en su creación, vida y destino
el régimen jurídico normal y típico de los tributos. La existencia
de un tributo que no responda a este esquema (...) significa la
existencia de un circuito paralelo al circuito típico y normal de
los ingresos y gastos del Estado. Y así frente a la fiscalidad
estatal, representada básicamente por los tributos típicos y
normales, podemos hablar de una parafiscalidad compuesta por
tributos que no siguen el régimen jurídico típico y normal de los
ingresos y gastos del Estado.» (Instituto de Estudios Fiscales,


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1980, pc. 390)
Las contribuciones parafiscales reciben las más variadas
designaciones en el derecho positivo, tales como tasa,
contribuciones, aportes, cuotas, cotizaciones, retribuciones,
derechos, caras, etc, y si bien son impuestas por el Estado, no
figuran en el presupuesto general, de ahí el término de
«parafiscalidad». También la diferencia se presenta no solamente
en la forma, en cuanto a su pertenencia o no al presupuesto del
Estado, como se ha indicado en las consideraciones anteriores,
sino también se presenta otra sustancial ya que los tributos
parafiscales «no suponen sólo un simple proceso de afectación de
ingresos coactivos, sino que difieren de los impuestos en sus
circunstancias económicas, porque no se proponen actuar la
justicia tributaria y no tienen en cuenta la capacidad de pago del
sujeto pasivo ... pues en los tributos fiscales, cuando el sujeto
pasivo obtiene una ventaja individualizada paga una tasa, y si es
indivisible, paga un impuesto. Entre ambos términos hay una zona
difuminada; las ventajas que un grupo social encuadrado en el
ámbito de acción de un ente administrativo puede obtener y este
tipo de utilidad está compensada en la parafiscalización,
contribuyéndose no por la capacidad económica, sino por la
pertenencia a un grupo. Con arreglo a estas notas negativas, los
tributos parafiscales se pueden caracterizar como tributos
extrapresupuestarios, extrafiscales (que no se rigen por las
reglas generales de recaudación y empleo de tributos fiscales) y
afectados necesariamente a un fin público.» (Carretero Pérez
Adolfo; Derecho Financiero; pc. 360.)


Nos resta determinar, dentro de la clasificación tripartita de los
tributos que nos da el artículo 4 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, la ubicación de esta exacción
parafiscal. Siguiendo al autor argentino Giuliano Fonrouge, cuyo
pensamiento es de notable influencia en la doctrina tributaria
nacional podemos afirmar que: «aceptada la clasificación
tripartita de los tributos la parafiscalización se incluye en la
categoría de las contribuciones especiales, por tratarse de
prestaciones obligatorias y debidas a causa de beneficios
individuales o grupales, derivados de especiales actividades del
Estado


Se dan en el caso las características de los tributos, pues los


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aportes, cuotas, contribuciones o como se les llame, son
establecidos por el Estado en ejercicio de su imperium; se aplican
coactivamente y son de observancia obligatoria por quienes se
hallen en las situaciones previstas por el instituto creador
Cualquiera que sea el ente que perciba la contribución-estatal o
no estatal, territorial o institucional, es menester que una ley
establezca el hecho generador y defina los sujetos pasivos, ya
sean deudores de la obligación (contribuyentes) o meros
responsables de sus pagos
el monto o cuantía de la obligación también debe ser fijado por
ley...» (Derecho Financiero, Tomo II, Ediciones Depalma, pc
1026)"


La naturaleza de contribución parafiscal de los indicados aportes
al Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas fue ratificada por la
Sala Constitucional


"El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas ... se define
como un programa de asistencia en favor de los productores
agrícolas que se vean afectados por desastres naturales. Esta
especial configuración jurídica implica, necesariamente, que los
aportes, tanto los de los productores, como los de los terceros,
incluyendo al Estado, que conforman el Fondo ..., sean verdaderas
contribuciones con claros fines económicos y sociales, conocidas
en lo doctrina del Derecho Tributario, como «contribuciones
parafiscales», que son impuestas por el Estado pero no figuran en
el presupuesto general de ingresos y gastos, por lo que recibe la
denominación antes referida. La misma doctrina del Derecho
Financiero define la figura como «tributos establecidos en favor
de entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para
asegurar su financiación autónoma». Quiere decir, lo anterior, que
la contribución parafiscal no constituye una figura distinta de la
tributación general" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, voto Nº 4785-93 del 30 de setiembre de 1993)
Las anteriores características le resultan aplicables al Timbre
del Colegio de Abogados, el cual constituye también una
contribución especial de naturaleza parafiscal


En efecto, es una obligación establecida por ley, por medio de la
cual se establece una carga tributaria al ejercicio profesional
Dicha obligación, cuyo sujeto activo lo es el Colegio y su sujeto
pasivo los agremiados, tiene por hecho generador la suscripción de


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ciertos documentos profesionales y notariales; encontrándose
también normativamente predeterminada la tarifa correspondiente
Sin embargo, no es un tributo administrado por órganos del Estado
ni figura como ingreso presupuestario suyo. La ley le dota de un
destino específico, a saber, el sostenimiento del Colegio y
engrosar un fondo de pensiones y jubilaciones para sus miembros
con lo cual resulta claro que se trataría de una exacción
autorizada normativamente en beneficio del mismo sector social que
la sufre, sea, es una regulación económica para la seguridad de
los propios profesionales en Derecho


IV. CONCLUSIONES
A la luz de lo expuesto, se concluye que el Colegio de Abogados de
Costa Rica es un ente público no estatal; que sus fondos tienen un
origen tanto público como privado; y, finalmente, que la
obligación de adherir y cancelar el timbre del Colegio de
Abogados, tiene una evidente connotación tributaria y,
específicamente, constituye una contribución especial de
naturaleza parafiscal, legalmente establecida en favor del Colegio
y a cargo de sus agremiados
Por ser a la Contraloría General de la República a quien
legalmente le compete determinar si el Colegio de Abogados se
encuentra específicamente cubierto por la hipótesis de excepción
que establece el artículo 2º in fine de la Ley de Contratación
Administrativa -tarea que habrá de acometer teniendo presente las
anteriores conclusiones-, se recomienda al ente consultante
solicitar el pronunciamiento respectivo del citado Organo
Contralor


Del señor Presidente del Colegio de Abogados, atentos se
suscriben, Dr. Luis Antonio Sobrado González Lic. Omar Rivera


cc: Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la
República
Licda. Ileana Badilla Chaves, Subdirectora del Departamento Legal


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APLICACION)


C-198-96. Consulta el Colegio de Abogados si, a la luz de lo
establecido en el artículo 2º in fine de la Ley de Contratación
Administrativa, queda esa corporación excluida de los
procedimientos concursales establecidos en tal Ley. El Procurador
Luis Antonio Sobrado González y el Lic. Omar Rivera Mesén
concluyen que el Colegio es un ente público no estatal; que sus
fondos tienen un origen tanto público como privado; y que la
obligación de adherir y cancelar el timbre del Colegio de
Abogados, tiene una evidente connotación tributaria y,
específicamente, constituye una contribución especial de
naturaleza parafiscal, legalmente establecida en favor del Colegio
y a cargo de sus agremiados. Por ser a la Contraloría General de
la República a quien legalmente le compete determinar si el
Colegio se encuentra específicamente cubierto por la hipótesis de
excepción que establece el citado artículo de la Ley de
Contratación Administrativa -tarea que habrá de acometer teniendo
presente las anteriores conclusiones-, se recomienda al ente
consultante solicitar el pronunciamiento respectivo del citado
Órgano Contralor


f)Análisis del carácter forzoso del pago del timbre en actuaciones
notariales de carácter público


C-52-91
19 de setiembre de 1991 Señora Licda. Mónica Nagel Berger Vice-
Ministra de Justicia Ministerio de Justicia S. D
Estimada señora: Con la aprobación del señor Procurador General de
la República, me refiero a su oficio Nº D.V.-


000575 de fecha 9 de setiembre de 1991, mediante el cual solicita


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la opinión de esta Procuraduría, respecto a si las leyes Nºs 3245
del 3 de diciembre de 1963 y 6595 del 6 de agosto de 1981 facultan
para el cobro del Timbre del Colegio de Abogados en las
certificaciones que emitan los Notarios Públicos. Agrega que el
Decreto Ejecutivo Nº 20307- J, publicado en La Gaceta del 4 de
abril de 1991 no incluyó el pago del citado timbre por considerar
que las leyes citadas no facultan para ello


Análisis de la normativa jurídica


La Ley Nº 3245 del 3 de diciembre de 1963 (TIMBRE DEL COLEGIO DE
ABOGADOS), dispone en su artículo 5


" Se aumentan los honorarios de notario, establecidos por la Ley
Orgánica de Notariado Nº 39 de 5 de enero de 1943, reformada por
la ley 1128 del 17 de enero de 1950, con relación a los actos y
contratos susceptibles o no de inscripción en los Registros
Públicos, así: ..." (Subrayado no es del texto)


El artículo 6º, en lo que interesa dispone
" El producto de este aumento ingresará al Colegio de Abogados,
como contribución forzosa que los notarios hacen en ... Se pagará
mediante el Timbre del Colegio de Abogados, agregándolo y
cancelándolo en la matriz"


Finalmente en lo que interesa, el artículo 7 de la ley de
comentario, dispone


" (...). Los documentos no susceptibles de inscripción en dichos
Registros, no surtirán efectos jurídicos mientras no se les
agregue y cancela el Timbre correspondiente (...)"


La Ley 6595 del 6 de agosto de 1981, en su artículo 1º reforma la
Ley Orgánica del Colegio de Abogados Nº 13 del 28 de octubre de
1941 y sus reformas, adicionándo al artículo 16, un nuevo inciso
-el 15- sobre las atribuciones de la Junta Directiva del Colegio
de Abogados, que dice al respecto
" Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y


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condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que
presten los abogados y notarios, tales tarifas se presentarán al
Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y
promulgación, mediante resolución razonada. (...)"


Por su parte, el artículo 3º de la ley de cita, deroga los
artículos 1, 4, y 5 de la Ley 1128 del 17 de enero de 1950 y sus
reformas, y los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley Orgánica de
Notariado Nº 39 del 5 de enero de 1943 y sus reformas


Del estudio de ambas leyes, debe advertirse en primer lugar, que
las derogatorias contenidas en la Ley 6595 no alcanzan lo
dispuesto en los numerales 5 y 7 de la Ley 3245, por cuanto las
modificaciones introducidas afectan únicamente las tarifas de
honorarios respecto de las cuales se debe de cobrar el Timbre del
Colegio de Abogados como incremento en los honorarios y no las
disposiciones generales contenidas en tales artículos


Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que a la luz del
artículo 5 de la Ley 3245 la actividad notarial se despliega en
dos sentidos: Por un lado en la realización de actos y contratos
sujetos a inscripción en el Registro Público, y por otro, en la
realización de actos y contratos privados no susceptibles de
inscripción, lo que permite también hacer una distinción entre los
actos y contratos que necesariamente deben consignarse en el
protocolo y los actos y contratos que no requieren de
protocolización. En los primeros deben ubicarse los instrumentos
públicos -entendidos éstos como los documentos autorizados, con
las solemnidades legales por Notario competente, a requerimiento
de parte, e incluídos en el protocolo y que contienen y revelan o
exteriorizan un hecho, acto o negocio jurídico-, en tanto que los
actos o contratos privados no susceptibles de inscripción, no
requieren asentamiento protocolar ni están sujetos a solemnidades,
pero si tendrán la condición de documentos públicos al emanar de
un notario público, tal es el caso de las certificaciones
expedidas por notario público al amparo del artículo 82 bis de la
Ley Orgánica de Notariado; y respecto de tales documentos
públicos, el artículo 7 de la Ley 3245 dispone que "... Los
documentos no suceptibles de inscripción en dichos Registros, no
surtirán efectos jurídicos mientras no se les agregue y cancele el
Timbre correspondiente. (...)"
Siguiendo este lineamiento, el Decreto 20307-J, al establecer el
pago del Timbre del Colegio de Abogados, dispuso en su artículo


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104, la obligación de cancelar dicho timbre conforme a la tarifa
de honorarios establecida en los instrumentos públicos, sea
respecto de aquellos actos sujetos a inscripción en el Registro
Público o que sean objeto de protocolización; no obstante en el
numeral 106 al referirse a las diligencias notariales
extraprotocolo, únicamente sujetó al pago del Timbre del Colegio
de Abogados la autenticación -por Notario Público- de los
contratos privados, dejando por fuera los actos notariales que no
requieren de levantamiento de acta en el protocolo, tal es el caso
de las certificaciones notariales, con lo cual se restringe por
omisión los alcances del artículo de la Ley 3245, que a juicio de
esta Procuraduría faculta al Colegio de Abogados para el cobro del
respectivo timbre en las certificaciones notariales que no
revisten el carácter de instrumentos públicos


CONCLUSION
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 3245 de 3 de noviembre
de 1963 las certificaciones que emitan los Notarios Público y que
no revistan el carácter de instrumentos públicos, están sujetas al
pago del Timbre del Colegio de Abogados


2NORMATIVA


a)Ley Orgánica del Colegio de Abogados


Artículo 22.- Son atribuciones de la Directiva
1º.- Acordar la convocatoria de Asamblea Ordinaria en la fecha que
señala esta ley, y las Juntas Generales extraordinarias; publicar
la convocatoria y señalar el día y la hora en que éstas deban
verificarse
5.- Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y


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condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que
presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán
al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y
promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de
acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y
funcionarios de toda índole
(ADICIONADO por el artículo 1º de la ley No.6595 de 6 de agosto de
1981, que dispuso además correr la numeración del inciso
siguiente)


b)Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y
Notariado


Decreto Nº 32493
En uso de sus facultades conferidas en incisos 3) y 18) del
artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política, y


Considerando
I.—Que de conformidad con lo que establece el artículo 22, inciso
15) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, Ley Nº 13 del 28
de octubre de 1941 reformada por Ley Nº 6595 del 6 de agosto de
1981, así como lo prescrito en el artículo 166 del Código
Notarial, Ley Nº 7764 del 22 de mayo de 1998, corresponde a la
Junta Directiva del Colegio de Abogados elaborar las tarifas de
honorarios y condiciones aplicables al cobro de servicios
profesionales que presten los abogados y notarios, y al Poder
Ejecutivo, revisar, estudiar, aprobar y promulgarlas


II.—Que la última revisión del arancel de honorarios de abogados y
notarios y su respectivo Decreto Ejecutivo, se realizó el cuatro
de abril de mil novecientos noventa y uno


III.—Que fue aprobado y conocido por el Colegio de Abogados en
sesión Nº 15 del 15 abril del 2004. Por tanto,


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DECRETAN
NOTARIADO”


TÍTULO I De los alcances y objeto del Arancel


CAPÍTULO I
Competencia y definiciones
Artículo 1º—Competencias. Este Arancel es de acatamiento
obligatorio para los profesionales aquí regulados, para los
particulares en general y para los funcionarios públicos de toda
índole, y contra él no podrán oponerse acuerdos o disposiciones de
entidades públicas o privadas en esta materia en relación con
honorarios y la oportunidad de su pago, y la imposición de costas
en sede jurisdiccional
Corresponde a la Comisión de Aranceles en calidad de órgano
consultivo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, conocer
y resolver en relación con las consultas de los profesionales
acerca de la procedencia o derecho que les asiste a los abogados y
a los notarios para el cobro de honorarios por la prestación
futura de servicios profesionales que les hayan sido requeridos,
cuando este Arancel expresamente no contemple el caso concreto
Igualmente conocerá esta Comisión de aquellos casos en los cuales
se haya dado un conflicto de intereses o discrepancia entre el
profesional y su cliente acerca del monto de cobro de honorarios,
o en relación con las circunstancias de dicho cobro o pretensión,
con ocasión de la prestación de servicios profesionales brindados,
y los que resulten de los casos en que hubiere condenatoria en
costas personales en cualquier tipo de litigio jurisdiccional


Las resoluciones de la Comisión en relación con los casos
señalados en el párrafo anterior no tendrán carácter vinculante
para la Junta Directiva la cual resolverá de pleno derecho. El
criterio externado por la Comisión tendrá igual carácter en caso
de consulta por otros órganos internos del Colegio de Abogados
El Arancel fijará el monto de honorarios a cobrar como mínimos o
máximos y señalará aquellos casos de libre negociación entre el
profesional y su cliente


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Artículo 2º—Conceptos y definiciones. Para los propósitos de
aplicación e interpretación del presente Arancel, cuando su texto
se refiera a algunos de los siguientes conceptos, se entenderán
los mismos según se indica en cada caso
a. Abogado: Profesional con título universitario de Licenciado en
Derecho e incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica y que
ha sido debidamente autorizado por el Colegio para el ejercicio
profesional de Abogado
b. Arancel: El presente “Arancel de Honorarios por Servicios
Profesionales de Abogacía y Notariado”
c. Asociado: Profesional vinculado de hecho o derecho con otro
profesional para prestar servicios profesionales a favor de un
cliente de aquel
d. Colegiados: Miembros del Colegio de Abogados de Costa Rica en
ejercicio profesional activo y no suspendidos
e. Colegio: Colegio de Abogados de Costa Rica
f. Comisión: Comisión de Aranceles del Colegio de Abogados de
Costa Rica
g. Cliente: persona física en su condición personal, o a quien
bajo cualquier condición o calidad a nombre de una persona
jurídica pública o privada, solicite o se beneficie con los
servicios profesionales de abogacía o de notariado, o de ambos a
la vez, independientemente de la forma o modalidad de
requerimiento con o sin instrumento contractual
h. Dirección: Dirección Nacional de Notariado
i. Honorarios: Retribución o pago en dinero por servicios
profesionales
j. Junta Directiva: Junta Directiva del Colegio de Abogados
k. Notario: Profesional con título universitario específicamente
en esta especialidad y debidamente autorizado para el ejercicio
profesional por la Dirección Nacional de Notariado
l. Profesional: El Abogado o el Notario o a ambos a la vez, según
corresponda
m. Servicios Profesionales: Servicios de abogacía, o servicios de
notariado, o a ambos a la vez, según corresponda
n. Tarifa General: se refiere al texto del artículo 70 de este
Reglamento


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Del uso del timbre del Colegio de Abogados


Artículo 104.—Naturaleza y fines del timbre del Colegio de
Abogados. De conformidad con la Ley Nº 3245 del 3 de diciembre de
1963, el timbre del Colegio de Abogados constituye un aporte de
honorarios de los profesionales. Su producto ingresará a los
fondos del Colegio de Abogados como contribución obligatoria de
esos profesionales a favor de esa Corporación para su
sostenimiento y para engrosar el fondo de pensiones y jubilaciones
de sus miembros y los demás fines asignados por Ley


Artículo 105.—En procesos. En el escrito inicial o de demanda y en
el de contestación, en procesos civiles, comerciales y contencioso
administrativos, se pagará el timbre conforme con su cuantía y la
siguiente escala
a. Procesos con estimación hasta doscientos cincuenta mil colones
estarán exentos
b. Procesos con estimación mayores de doscientos cincuenta mil
colones y hasta un millón de colones, quinientos colones en el
escrito inicial
c. Procesos con estimación mayores de un millón de colones hasta
cinco millones, mil colones en el escrito inicial
d. Procesos con estimación mayores de cinco millones de colones
hasta diez millones de colones, dos mil colones en el escrito
inicial
e. Procesos con estimación mayor de diez millones de colones en
adelante, tres mil colones
f. Procesos de cuantía inestimable, excepto los referentes al
Código de Familia, Código de Trabajo y Código Penal, doscientos
cincuenta colones en el escrito inicial
(Así reformado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N° 32683
del 30 de agosto del 2005)


Artículo 106.—En instrumentos públicos. En los instrumentos
públicos se pagará el timbre del Colegio de Abogados de acuerdo
con la cuantía del acto o contrato así
a. Hasta doscientos cincuenta mil colones estarán exentos, así
como tratándose de los casos exceptuados por ley
b. Mil colones cuando la cuantía sea mayor de doscientos
cincuenta mil colones y no pase de un millón de colones


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c. Dos mil colones cuando la cuantía sea mayor de un millón de
colones y no pase de cinco millones de colones
d. Tres mil colones cuando la cuantía sea mayor de cinco millones
de colones y no pase de diez millones de colones
e. Cinco mil colones cuando la cuantía sea mayor de diez
millones de colones y no pase de los cincuenta millones de
colones
f. Diez mil colones cuando la cuantía sea mayor a cincuenta
millones de colones
g. Los instrumentos adicionales que no aumenten la cuantía
estarán exentos de timbres
h. Si el documento contuviere varios operaciones el timbre se
tasará sobre la suma de cada una de ellas, pero si fueren asuntos
inestimables, cubrirán cada uno doscientos cincuenta colones de
timbre
i. El timbre se pagará en el primer testimonio o certificación
si se expiden testimonios se agregará a cualquiera de ellos y en
los demás se indicará en cuál testimonio se pagó; pero si no se
expide una reproducción el timbre se agregará al margen de la
matriz
j. Si se tratare de traspaso de muebles o inmuebles la cuantía
se establecerá de acuerdo con el mayor valor que resulte entre el
valor fiscal y el declarado por las partes
k. Toda certificación notarial pagará doscientos cincuenta
colones
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34442
de 17 de diciembre del 2007)


Artículo 107.—El Timbre del Colegio de Abogados se calculará sobre
el valor de los bienes asignados por el Ministerio de Hacienda y
en su defecto según el valor indicado en la escritura


Artículo 108.—Autenticación de firmas de actos y contratos
privados. Tratándose de autenticación de firmas en actos y
contratos privados se pagarán doscientos cincuenta colones en
timbres del Colegio de Abogados
(Así reformado por el artículo 6° del decreto ejecutivo N° 32683
del 30 de agosto del 2005)


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Artículo 109.—Certificados de prenda. Mientras no se dicte norma
en contrario, los certificados de prenda pagarán el timbre del
Colegio de Abogados sobre la cuantía de la obligación según la
tarifa que indica el artículo 106


Artículo 110.—Cancelación del timbre. La cancelación del timbre a
fin de inutilizarlo se realizará por el Tribunal o por la oficina
que deba recibir los documentos, o en su defecto por el
profesional


Artículo 111.—Falta de pago del timbre. Cuando el timbre no se
haya pagado en todo o en parte se procederá así
a) Si se tratare de documentos sujetos a inscripción en registros,
dejarán de inscribirlos mientras no se pague o complete el timbre
b) Si los Tribunales de Justicia u otras oficinas administrativas
notaren esa falta, prevendrá al interesado su pago o reintegro
bajo la advertencia de no tramitar la gestión
c) Los documentos no susceptibles de inscripción carecerán de
efectos jurídicos mientras no se les agregue o complete el timbre
correspondiente


Disposiciones finales
Artículo 112.—Se deroga el Decreto Ejecutivo Nº 20307-J publicado
en La Gaceta Nº 64 del 4 de abril de 1991


Artículo 113.—Indexación. Cada año a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, la Junta Directiva del Colegio de
Abogados deberá solicitar al Banco Central de Costa Rica, la tasa
oficial de inflación para dicho período, por razón de la cual
podrá la Junta Directiva del Colegio de Abogados, mediante
resolución motivada, actualizar las tarifas del presente decreto,
en el mismo porcentaje indicado por el Banco Central de Costa


Las nuevas tarifas deberán ser enviadas por la Junta Directiva del
Colegio de Abogados para su correspondiente publicación en el
Diario Oficial y entrarán a regir a partir de su publicación


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Artículo 114.—Derecho a la información de los consumidores y
usuarios. En los juzgados y tribunales de toda clase y en las
oficinas públicas ante las cuales deban tramitarse documentos y
actos de los comprendidos en el presente Decreto, se colocará un
ejemplar en un lugar visible


Artículo 115.—Este Decreto rige a partir de su publicación


c)Ley N° 3245


Crea Timbre del Colegio de Abogados y Reforma Ley Timbre Forense


ARTÍCULO 1º.- Se aumentan los honorarios de abogado que establecen
la ley 1128 del 17 de enero de 1950 y los artículos 1040 y 1041
del Código de Procedimientos Civiles (Ley 2859 de 14 de noviembre
de 1961) en los juicios civiles, contencioso administrativos y
actos de jurisdicción voluntaria, así
a) En cincuenta céntimos en los juicios cuya cuantía exceda de
¢250.00 y no pase de ¢ 500.00
b) En un colón en los juicios cuya cuantía exceda de ¢ 500.00 y no
pase de ¢ 1,000.00
c) En dos colones en los juicios cuya cuantía exceda de ¢ 1,000.00
y no pase de ¢ 5,000.00; o si con de cuantía inestimable
d) En cinco colones en los juicios cuya cuantía exceda de ¢ ,
000.00 y no pase de ¢ 20,000.00
e) En diez colones en los juicios cuya cuantía exceda de
¢20,000.00 y no pase de ¢50,000.00
f) En veinte colones en los juicios cuya cuantía exceda de ¢
50,000.00


ARTÍCULO 2º.- Se aumentan los honorarios de abogado en un colón,
por la autenticación de firmas en documentos de carácter privado y
certificados de prenda


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ARTÍCULO 3º.- El producto de este aumento ingresará al Colegio de
Abogados como contribución forzosa de los abogados, bachilleres en
leyes y procuradores judiciales en favor de dicha Corporación para
su sostenimiento y para formar un fondo de pensiones y
jubilaciones en beneficio de sus miembros. Deberá pagarse mediante
un timbre que emitirá el Colegio y que se denominará "Timbre del
Colegio de Abogados", que deberá agregarse y cancelarse en el
escrito inicial o demanda, el escrito de contestación, en los
documentos de carácter privado que sean autenticados y en los
certificados de prenda. La cancelación del timbre la hará el
abogado, bachiller en leyes o procurador judicial, en su defecto
la oficina que deba recibirlos


ARTÍCULO 4º.- Cuando las oficinas administrativas o los Tribunales
de Justicia, de cualquier instancia o grado, notaren que el timbre
no ha sido agregado en todo o en parte, sin perjuicio de dar
trámite a la gestión, o del curso dado a las anteriores,
prevendrán el pago o reintegro correspondiente, dentro del plazo
de diez días, bajo el aprecibimiento de no oir al omiso mientras
no se cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos
El Registro de Prendas no inscribirá el certificado hasta tanto no
se agregue el timbre y tendrá el documento como defectuoso
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3596 de 9 de
diciembre de 1965)


ARTÍCULO 5º.- Se aumentan los honorarios de notario establecidos
por la Ley Orgánica de Notariado Nº 39 de 5 de enero de 1943,
reformada por la ley 1128 de 17 de enero de 1950, con relación a
los actos y contratos susceptibles o no de inscripción en los
Registros Públicos, así
a) En un colón si el acto o contrato no excede de ¢ 1,000.00
b) En dos colones si el acto o contrato excede de ¢ 1,000.00 y no
pase de ¢ 5,000.00, o si es de cuantía inestimable
c) En cinco colones si el acto o contrato excede de ¢ 5,000.00 y
no pase de ¢ 10,000.00
d) En diez colones si el acto o contrato excede de ¢ 10,000.00 y
no pase de ¢ 20,000.00
e) En veinte colones si el acto o contrato excede de ¢ 20,000.00 y
no pase de ¢ 50,000.00


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f) En cincuenta colones si el acto o contrato es superior a ¢
50,000.00
En caso de que el documento contuviere varias operaciones, el
aumento de honorarios se cobrará en relación con la cantidad
resultante de la suma de ellas, pero respecto de actos o contratos
inestimables o indeterminados, cada uno soportará el aumento que
le corresponde


ARTÍCULO 6.- Un cincuenta por ciento (50%) de este aumento,
producto de las operaciones notariales inscribibles en el Registro
Nacional, será girado por el Colegio de Abogados de Costa Rica,
para financiar a la Dirección Nacional de Notariado. Estas sumas
serán giradas según información contable remitida por el Registro
Público al Colegio de Abogados una vez al mes, el cual deberá
girar, a más tardar quince días después de recibida la información
indicada. El cincuenta por ciento (50%) restante del producto de
este aumento ingresará al Colegio de Abogados, como contribución
forzosa que los notarios aportarán a dicha corporación para
sostenerla, así como para formar y acrecentar el fondo de
pensiones y jubilaciones aludido en el artículo 3
Este aumento se pagará mediante el timbre de abogados, el cual se
agregará y cancelará en todo testimonio que se expida, salvo si se
hubiere cancelado en la matriz
(Así reformado por el artículo 185 del Código Notarial No.7764 de
17 de abril de 1998)
*(Anulado parcialmente por Resolución de la Sala Constitucional N°
06-07965, de las 16:58 horas del 31 de mayo del 2006, aclarada
mediante resolución de la misma Sala N° 8499-06, de las 14:49
horas del 14 de junio del mismo año.)


ARTÍCULO 7º.- Se considerará como defecto que impide la
inscripción del documento en los Registros Público y de la
Propiedad de Vehículos, la falta del Timbre que establece esta
ley. Los documentos no susceptibles de inscripción en dichos
Registros, no surtirán efectos jurídicos mientras no se les
agregue y cancele el Timbre correspondiente. Cuando no se expida
primer testimonio, el Timbre se agregará y cancelará al margen de
la matriz. Cuando se expidan varios primeros testimonios, se
agregará y cancelará en cualquiera de ellos, haciendo constar en
cual se canceló
La cancelación del Timbre la hará el notario o en su defecto la
oficina que deba recibir los documentos


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ARTÍCULO 8º.- El Colegio de Abogados, para efectos de la
percepción de estos fondos, está obligado a emitir los timbres
respectivos, y podrá expenderlos por medio de los Bancos del
Estado y conceder descuentos hasta del 6% en ventas mayores de
525.00


ARTÍCULO 9º.- Los aumentos y contribuciones decretados por la
presente ley estarán exentos del Impuesto sobre la Renta


ARTÍCULO 10.- Se reforman los artículos 7º y 13 de la Ley de
Timbre Forense, Nº 176 de 17 de agosto de 1944, reformada por
leyes 1234 de 29 de noviembre de 19500, 2545 de 17 de febrero de
1960 y 2565 de 23 de mayo de 1960, para que en los sucesivo se
lean así


"ARTÍCULO 7º.- Toda certificación expedida por las dependencias de
los Poderes Ejecutivo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones,
instituciones autónomas y los notarios, pagarán Timbre Forense por
valor de un colón, salvo los casos contemplados en leyes
especiales"


"ARTÍCULO 13.- El notario o funcionario que autorice
certificaciones sujetas al pago del Timbre Forense, deberá
cancelarlos firmando sobre ellos o sellándolos, según el caso, y
si se defraudare ese impuesto, incurrirá en una multa a favor del
Estado, equivalente a diez veces el impuesto defraudado"


ARTÍCULO 11.- Se derogan los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10
y 14 de la Ley de Timbre Forense, Nº 176 de 17 de agosto de 1944 y
sus reformas


ARTÍCULO 12.- Esta ley deroga todas aquellas que se le opongan y
rige 30 días después de su publicación


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3DOCTRINA


a)Concepto y naturaleza de los Decretos legislativos


“Con la forma de decreto se emiten también los actos con valor de
ley. Estos son los dictados por el Poder Ejecutivo con un régimen
jurídico formal de ley, sobre todas clase de materias, con o sin
autorización constitucional
La doctrina nos habla de tres tipos fundamentales de actos con
valor de ley: los decretos de facto, decretos de urgencia y
legislativos


Los decretos-ley


Los decreto-ley o decretos de facto, por su propia naturaleza, no
están regulados en la Constitución. Los decretos de facto son
aquellos decretos emanado de un Gobierno de facto que, en tal
caso, asume el Poder Legislativo


Los decretos de urgencia


Los decretos de urgencia son los dictados por el Poder Ejecutivo
con el valor y la eficiencia de la ley en razón de una absoluta y
urgente necesidad. Estos decretos deben ser ratificados
posteriormente por la Asamblea Legislativa, de conformidad con el
artículo 121, inciso 7 en relación con el 140, inciso 4
La justificación doctrinal de estos decretos se encuentra en el
principio “salu populi suprema lex”, que permite y obliga a la
Administración a actuar en situaciones excepcionales para salvar
los valores sociales y políticos del Estado. Estos decretos son
posibles en Costa Rica porque el artículo 121, inciso 7 de la


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Constitución Política permite al Poder Ejecutivo tomar las medidas
necesarias para salvar el orden público o mantener la seguridad
del Estado; estas medidas deben ser ratificadas por la Asamblea
Legislativa en su próxima sesión


El decreto Legislativo


El tercer tipo de actos con valor de ley es el decreto
legislativo. El decreto legislativo es dictado por delegación de
la función legislativa de parte de la Asamblea al Poder Ejecutivo,
a lo cual nos referimos posteriormente.”


FUENTES CITADAS
2006-13332. San José, a las diecisiete horas treinta y cinco minutos
del seis de septiembre de dos mil seis
No. 96-2003. Segundo Circuito Judicial de San José, a las once horas
veinte minutos del dos de abril del dos mil tres
San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del tres de
diciembre del año dos mil tres
San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del veinticinco de
agosto del dos mil seis
7 Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Ley : 13
del 28/10/1941
8 Poder Ejecutivo. Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de
Abogacía y Notariado. Decreto Ejecutivo : 32493 del 09/03/2005
9 Asamblea Legislativa. Crea Timbre del Colegio de Abogados y Reforma
Ley Timbre Forense Ley: 3245 del 03/12/1963. Fecha de vigencia desde
05/01/1964
10ROJAS, Magda Ines. El poder ejecutivo en Costa Rica. San José, C.R
Edit Juricentro, 1980, pp 255-256


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