Informe de Investigación

TÍTULO: EMBARGOS LABORALES SOBRE EL HABER SUCESORIO

Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Laboral, Derecho sucesorio Embargo
Tipo de investigación: Palabras clave
Embargo, créditos privilegiados, embargo, terminación
contractual por muerte del empleador, sucesorio
Fuentes: Fecha de elaboración
Doctrina, Legislación y Jurisprudencia 02/10/201012


Contenido


1. RESUMEN

El presente informe contiene una recopilación doctrinaria, normativa y jurisprudencial
relacionada con el embargo laboral sobre el haber sucesorio. A los efectos se incorporan
algunas reseñas doctrinarias sobre el carácter de crédito privilegiado que tienen los
créditos laborales, a su vez, se aborda el tratamiento del embargo en el proceso laboral y
del pago de prestaciones laborales ante la muerte del empleador; las principales


disposiciones normativas que regulan estas figuras y la jurisprudencia relacionada con el


2. DOCTRINA
2.1 Crédito privilegiado del salario y prestaciones laborales


“En el caso de que un empresario insolvente se enfrente, en vía de ejecución singular o
general (esto último como supuesto típico), con una concurrencia de acreedores a los que
no pueda satisfacer sus créditos íntegramente, se impone una prelació n o jerarquización de
los distintos créditos reconocidos que constituyen la «masa pasiva», de acuerdo con la
protección que cada uno merezca al Ordenamiento. Tal orden prelativo depara una
protección particularmente intensa al crédito salarial, cuya significación económico-social
motiva que el Derecho le asigne un carácter preferente o privilegiado para ser hecho
efectivo con carga a los bienes del deudor (de «masa pasiva»).”


2.2 El embargo en el proceso laboral


“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 455 del C.T., para que proceda el embargo,
solicitado antes de presentar una demanda laboral, es necesario
a) Que el gestionante se comprometa a presentar la demanda dentro de las 24 horas
siguientes
b) Que presente dos testigos que declaren sobre la veracidad de los hechos que se
fundamenta la solicitud
El embargo debe ser estimado por el petente, pero ello no obliga a decretarlo por el monto
solicitado, sino que el Juez, cuando acoge la solicitud puede establecer un monto prudencial
por el que se despacha el embargo. Es posible que éste coincida con la estimación dada por
el gestionante
Cuando el embargo se solicita al presentar la demanda o antes de que exista sentencia
firme, se puede decretar el mismo, siempre que exista mérito para ello (numeral 457 C.T.)
El embargo solicitado en esas circunstancias, para algunos juzgadores es preventivo y para
otros es precautorio. Consideramos que, al fin y al cabo, independientemente de la
denominación que se le dé, con el mismo la parte gestionante trata de garantizar el

resultado de una eventual sentencia estimatoria, por lo que es preventivo en el tanto tiene
como fin garantizar los resultados del proceso”

2.3 Terminación del contrato de trabajo por muerte del empleador


“La hipótesis última, «extinción de la personalidad jurídica del [empresario] contratante»,
refiere al empresario social. De nuevo, debe tratarse de extinción «sin sucesión», pues en
este caso se estaría en el supuesto de subrogación del art. 44. Bien entendido que el art
49.1.g) ET exige que para los contratos de trabajo se extingan que se sigan «los trámites del
art. 51» -salvo que el número de los afectado no sea superior a cinco… con el consiguiente
señalamiento de las indemnizaciones propias del despido por esta causa. La misma
solución, se recordará para el caso de concurso del empresario, cuya solución sea la
liquidación, y no el convenio de continuidad del total o parcial de la empresa, aplicándose el
expediente o procedimiento de extinción de los contratos de trabajo previsto en el art. 64
LC con carácter previo (art, 148.4 LC), sin perjuicio de la posible sucesión de la empresa y
de la aplicación del art. 44 ET con las singularidades previstas en el art. 149.2 LC si del «
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unilateralidades
productivas de bienes o servicios pertenecientes al deudor» se enajena alguno «como un
todo» que permita la existencia de una entidad económica con una entidad económica con
identidad propia para realizar alguna actividad económica esencial o accesoria.”


2. NORMATIVA
2.1 Código de Trabajo

“Artículo 33.-
Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán también cuando el
patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no. En caso de insolvencia,
concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozarán de los créditos que por
estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre todos
los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador, depositario,
albacea o interventor, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al
reconocimiento formal que ellos o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos, o en
el momento que haya fondos si al vencerse este plazo no los hubiere del todo


Artículo 85.-

Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador
y sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el
pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo
ordenado por el Código o por disposiciones especiales

a. La muerte del trabajador
b. La necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como la del servicio
militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a
imposibilidad absoluta de cumplimiento
c. La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación
judicial o extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sólo rige
cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria,
inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y
cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores
alimentarios del occiso, insolvente o fallido, y
d. La propia voluntad del patrono
e. Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez,
muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los
diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo
de Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las
municipalidades

(Así adicionado este inciso por Ley Nº 5173 de 10 de mayo de 1973, artículo 2º)

Las prestaciones a que se refiere el aparte a) de este artículo, podrán ser reclamadas por
cualquiera de los parientes con interés que se indican posteriormente, ante la autoridad
judicial de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serán entregadas por aquella
autoridad a quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar juicio
sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos

Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador, en el siguiente orden

1. El consorte y los hijos menores de edad o inhábiles
2. Los hijos mayores de edad y los padres; y
3. Las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos

Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual, y
sólo en falta de las que indica el inciso anterior entran las que señala el inciso siguiente

(Así adicionados estos párrafos por ley No.2710 de 12 de diciembre de 1960, artículo 1º)


Para el pago de las prestaciones indicadas, el Tribunal correspondiente ordenará la
publicación de un edicto en el "Boletín Judicial". Ocho días después de su publicación el juez
de trabajo determinará la forma en que deba entregarse el giro a los interesados conforme
al orden establecido. Si se presentaren consignaciones por este concepto, el juez deberá
llamar de inmediato a los interesados mediante la publicación del edicto indicado

(Así adicionado por Ley Nº 3056 de 7 de noviembre 1962, artículo 1º)

( NOTA: Mediante Resolución N° 3340- 96 de la Sala Constitucional de las 9:00 horas del 5
de julio de 1996, se dispuso lo siguiente: " ... Se evacua la consulta en el sentido de que el
inciso 1), párrafo segundo del artículo 85 del Código de Trabajo no es contrario a los
artículos 33, 51 y 52 de la Constitución Política


Artículo 455.- El arraigo y el embargo preventivo serán procedentes, sin necesidad de
fianza o garantía, si el actor se compromete a presentar su demanda dentro de las
veinticuatro horas siguientes y si dos testigos declaran, a satisfacción del Tribunal de
Trabajo, sobre la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya

Si la acción no se presentare, se revocará el auto de arraigo o de embargo que se haya
dictado, sin necesidad de gestión de parte. Además, el actor será condenado a pagar los
daños y perjuicios que se hayan irrogado al demandado, a cuyo efecto el Juez decretará de
oficio el embargo que corresponda y sea factible. El cobro de dicha indemnización podrá
hacerlo el demandado en el mismo expediente y el monto mínimo de la misma será de un
diez por ciento de la estimación que el actor haya dado a la gestión o que, en su defecto, el
Tribunal fije a ésta

Artículo 457.- En cualquier estado del juicio, los Tribunales de Trabajo, a petición de
parte, podrán, de acuerdo con el mérito de los autos, decretar y practicar embargo sobre
bienes determinados.”


2.2 Reforma Procesal Laboral


“Artículo 478. El embargo preventivo procederá sin necesidad de fianza cuando haya
evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse durante la
tramitación del proceso, como garantía de los eventuales derechos del trabajador,
tornándolo insuficiente. Con el propósito de comprobar prima facie la prestación personal
del servicio y la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya, el trabajador

podrá ofrecer el testimonio de dos personas, así como cualquier otro elemento probatorio
que juzgue importante. Las probanzas se sustanciarán sumariamente en forma escrita, aún
sin asistencia de la parte contra quien se solicita la medida y al valorarse la situación los
tribunales actuarán con prudencia, de tal manera que el embargo sea proporcionado y no
se utilice en forma innecesaria o abusiva. La prueba testimonial evacuada sólo tendrá
eficacia para sustentar la medida del embargo

Si el embargo se solicitare como acto previo a la demanda, la presentación de esta última
deberá hacerse a más tardar tres días después de practicado. Si no lo hiciere, de oficio o a
solicitud de parte, se revocará la medida y se condenará al solicitante al pago de los daños y
perjuicios en el tanto de un diez por ciento del monto del embargo. Estas consecuencias
serán advertidas en la resolución inicial. Su fijación y cobro mediante la vía del apremio
patrimonial, se hará en el mismo proceso

Artículo 475. Los asuntos laborales no estarán sujetos a fuero de atracción por los
procesos universales. Su trámite se podrá iniciar o continuar con el albacea, curador o
interventor

Si el contrato de trabajo terminare con motivo de la muerte, quiebra o insolvencia del
empleador y se planteare proceso laboral de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de
este Código, el órgano de la jurisdicción ordenará, de oficio, la anotación en el proceso
universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones en su momento
oportuno

El órgano que conoce del proceso universal remitirá al tribunal laboral el producto de la
liquidación que sea necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte
actora estará legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el
traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los dere chos dentro de
éste, según el orden de preferencia establecido en la ley

Los créditos laborales no soportarán gastos de la masa, a menos que del producto de la
liquidación no sobre lo suficiente para cubrirlos

Artículo 525. La distribución de las prestaciones laborales a que se refiere el artículo 85,
inciso a) de este Código, se regirá por lo dispuesto en esta Sección. También se dirimirá en
este proceso, a favor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo
orden que en ella se señala, la adjudicación de los montos de dinero por salarios,
compensación por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, así como cualquier otro extremo
derivado de la relación de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios y depósitos en cuentas
de intermediarios financieros provenientes del contrasto de trabajo, que por ley no tenga
un beneficiario distinto, adeudados a la persona trabajadora fallecida. Igual regla se
aplicará a los montos adeudados a las personas pensionadas o jubiladas fallecidas

Artículo 526. El proceso puede ser promovido por cualquiera que tenga interés, ante el
juzgado de trabajo competente. La solicitud deberá contener

1°. El nombre de la persona fallecida y el de la parte empleadora o de la institución o
dependencia deudora de los extremos a distribuir

2°. El nombre del consorte de la persona fallecida, de sus padres y de sus hijos, así
como la dirección de éstos, indicándose quienes son menores o incapaces

3°. Prueba del fallecimiento y del parentesco que sea de interés acreditar

Artículo 527. Presentada en forma la solicitud, se abrirá el procedimiento,
disponiéndose

1°. La publicación de un edicto en el Boletín Judicial, en el cual se citará y emplazará
por ocho días [101]a todo el que considere tener interés en la distribución, para que se
apersone a hacer valer sus derechos

2° La notificación a los interesados indicados en la solicitud inicial

3° Una orden a la persona o institución obligada al pago, de que, si no hubiere
consignado las prestaciones a distribuir, las deposite en la cuenta bancaria del despacho,
dentro de cinco días siguientes

4° Si hay menores interesados, la notificación al Patronato Nacional de la Infancia,
institución que asumirá la tutela de sus intereses en el caso de que estén en opuesto
interés al de su progenitor superviviente

5° Si hubiere inhábiles interesados, no sujetos a curatela, se le nombrará como
representante ad hoc a un abogado de asistencia social

Artículo 528. Transcurrido el término del emplazamiento, se hará la declaratoria de los
herederos a quienes corresponde el patrimonio a distribuir, disponiéndose su adjudicación
y entrega por partes iguales


Si surgiere contención sobre el derecho de participación, la cuestión se dirimirá en el
mismo expediente, aunque involucre la aplicación de normas e institutos propios del
Derecho de Familia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposición deberá re unir
los requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al ofrecimiento de las
pruebas. Figurarán como contradictoras las personas cuyo derecho se pretende afectar, a
quienes se trasladará la demanda por cinco días. El conflicto de juzgará sumariamente en
audiencia oral, debiendo dictarse la sentencia en la misma forma prevista para el proceso
ordinario

Artículo 529. Los interesados en la distribución no están legitimados para gestionar o
demandar en otras vías el pago directo de las prestaciones a distribuir, pero sí para que se
depositen judicialmente a la orden del Juzgado.”


2.3 Código Civil


“ARTÍCULO 520.- La sucesión de una persona se abre por la muerte de ella. Nada podrá
estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona, mientras esté viva, aunque ella
consienta

ARTÍCULO 521.- La sucesión comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del
causante, salvo los derechos y obligaciones que, por ser meramente personales, se
extinguen con la muerte

ARTÍCULO 522.- La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente manifiesta; y
a falta de ella, por disposición de la ley

La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada

ARTÍCULO 563.- Las particiones hechas extrajudicialmente o de acuerdo de todas las
partes, sólo pueden ser rescindidas en los casos en que pueden serlo los contratos; las
hechas mediando contención, sólo pueden ser atacadas en los casos que puede serlo una
sentencia

ARTÍCULO 564.- Los acreedores contra la sucesión se pagarán como fueren presentándose
pero si no fueren acreedores prendarios o hipotecarios y el pago se hiciere dentro de los
primeros seis meses después de iniciado el juicio de sucesión deberán garantizar que

devolverán como pago indebido lo que corresponda al acreedor de igual o mejor derecho
que reclame antes de vencerse dichos seis meses

Vencido este término, cesa la fianza y garantía que hubieren presentado

ARTÍCULO 565.- El acreedor que en los dos primeros años después de iniciado el juicio de
sucesión, no haga uso de los derechos que contra ella tenga, nada podrá reclamar de los
acreedores a quienes se hubiere pagado, y sólo podrá repetir contra los legatarios cuando
en la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir su crédito, y no hubieren
transcurrido dos años desde que éstos hayan entrado en posesión de su legado

Lo dispuesto en este artículo no modifica en manera alguna los derechos del acreedor
hipotecario

ARTÍCULO 566.- El albacea que no hubiere reservado lo suficiente para pagar a aquellos
acreedores no presentados, cuyo crédito constara de los papeles o documentos de la
sucesión, o fuere conocido del albacea, por cualquier otro medio, será responsable
personalmente de las cantidades entregadas a otras personas, en perjuicio de dichos
acreedores, si cuando éstos se presentaren no hubiere ya bienes de la sucesión con qué
pagarles y no pudieren repetir de los otros acreedores o de los legatarios las sumas
indebidamente percibidas por éstos

ARTÍCULO 567.- El acreedor cuyo crédito no fuere exigible en los seis primeros meses
después de iniciado el juicio de sucesión, para conservar ileso su derecho, deberá
presentarse pidiendo que se separen bienes suficientes para pagarle en su oportunidad, o
que se garantice el pago por el heredero


3. JURISPRUDENCIA
3.1 Prestaciones laborales créditos privilegiados


“II.- El artículo 85 del Código de Trabajo establece que la muerte del trabajador da derecho
al pago de prestaciones, y que las mismas pueden ser reclamadas por cualquiera de los
parientes con interés, ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda; dich o artículo
continúa indicando que esas prestaciones serán entregadas por aquella autoridad a
quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar juicio sucesorio para
ese efecto y sin pago de impuestos. Este procedimiento de entrega de pres taciones tiene un
mínimo de formalidades precisamente porque con el dinero la familia del occiso debe
satisfacer sus necesidades básicas inmediatas, aún más tratándose de una menor de edad la
cual depende por entero de sus padres. Como bien lo señala la jueza del Juzgado de Niñez y
Adolescencia obligar a la madre de la menor a acudir a establecer diligencias de utilidad y
necesidad ante el juzgado es dilatar el proceso en forma innecesaria; en deterioro de los
derechos fundamentales de la menor de edad y de su madre. No puede desconocerse que
las prestaciones laborales tienen como finalidad satisfacer las necesidades básicas de
sobrevivencia, del trabajador/a. Esa finalidad la siguen teniendo con igual y mucho mayor
razón cuando fallece, respecto a quienes dependían de él.”


“IV. En materia concursal los acreedores alimentarios y laborales tienen un privilegio
general sobre los otros acreedores. En lo que interesa, el artículo 33 del Código de Trabajo
establece que los créditos laborales previstos en los artículos 28, 29 y 31 de es e Cuerpo
Legal, gozarán de un privilegio especialísimo sobre los demás acreedores de la masa en
situaciones de quiebra. Es más, se establece un deber de pago dentro de los treinta días
siguientes al reconocimiento formal de esos derechos o en el momento en que haya fondos
Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 886, dispone que a los efectos de su
reconocimiento y pago los créditos se clasifican en el siguiente orden: con privilegio sobre
determinado bien; de los trabajadores de los arrendadores y arrendatarios; de la masa y
comunes. El segundo párrafo del artículo 887 del citado Código mercantil, dispone que los
créditos deben pagarse en el orden antes indicado. Por ello, los trabajadores tienen
privilegio para ser pagados sobre los acreedores de la masa…”


“IV.- En todo caso, aún en el supuesto de que el servicio de contabilidad hubiera sido
brindado mediante un sistema de organización empresarial, lo cierto es que al morir el
señor Mora Barrantes, la Sucesión no se hizo cargo de la Oficina de Contabilidad e incluso
recomendó que un tercero ajeno a ésta (don Jorge García Vargas) brindara el servicio a los
clientes. Si bien es cierto, en los primeros meses siguientes al deceso dicho profesional, el
señor García, realizó sus labores en la Oficina que venía ocupando el causante, ese hecho no
es motivo suficiente para concluir que la Sucesión asumió la organización, pues, la prueba
revela que quien lo hizo fue el indicado profesional por su cuenta y no la Sucesión. De ahí
en adelante, la relación fue del señor García con parte de los clientes, quien también

empezó a pagar el respectivo salario a la actora, sin que exista ningún indicio de que
debiera rendir cuentas a la Sucesión. Aún más, respecto, del pago del salario a la
demandante este deponente manifestó: "Yo hablé con doña Patricia y le dije que no podía
contratarla como empleada fija entonces le propuse que iba a ganar un cuarenta por ciento
de un cien por ciento, entonces doña Patricia aceptó y siguió laborando para mí desde el
mes de octubre a enero del año en curso." De otro lado, no fueron todos los clientes de la
Oficina de Contabilidad del fallecido los que decidieron contratar los servicios del nuevo
profesional y así lo señaló García Vargas: "Fueron siete o diez clientes que aceptaron que
nosotros siguiéramos llevando la contabilida...". Por último, según las declaraciones de los
testigos, la albacea de la Sucesión aceptó el hecho de tener que cancelarle a la demandante
los extremos que mediante este proceso pretende. Con relación al punto, García Vargas
dijo: "En una ocasión hablando con la señora Rosario ella me manifestó que estaba
esperando poder juntar el dinero para liquidar a la actora y además que habían roces con la
actora." En igual sentido declaró la testigo Muñoz Sequeira: "Doña Rosario en una ocasión
me dijo que estaba esperando el dinero de la Caja para pagarle la liquidación a la actora."
Esas manifestaciones abonan a la tesis sustentada por la Sala, con mucho más razón si
tomamos en cuenta que la demandada no demostró haber cancelado salarios a la actora en
el período comprendido entre la muerte del señor Mora Barrantes y el 14 de enero de 1997
(data en la que según la demandada concluyó la relación laboral), que tampoco acreditara
que durante ese lapso actuara la Sucesión como su patrono ni que continuara apareciendo
en planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lugar del fallecido. Por esas
razones, no puede decirse que se tratara de un negocio que continuara abierto con motivo
de la participación del nuevo profesional. Tampoco podemos pensar que se produjera una
sustitución en los términos del artículo 37 del Código de Trabajo, para efectos de exonerar
de responsabilidad a la Sucesión, sino que simplemente con motivo de la muerte de Mora
Barrantes, el señor García Vargas, también en forma personal, asumió, en parte, los
servicios que el causante prestaba a los clientes, lo que se hizo así con el consentimiento de
éstos; lo que implicó el nacimiento de nuevas relaciones diferentes de las anteriore s
V.- En consecuencia, al amparo de la normativa y doctrina citadas, la actora tiene derecho a
que la Sucesión demandada le cancele el preaviso y el auxilio de cesantía, pues, el deceso
del señor Mora Barrantes implicó la finalización de la relación de tr abajo que la
demandante mantenía con aquel. Por lo mismo, no se puede sostener -como lo hace la
mayoría del Tribunal ad quem- que en el caso se dio una renuncia por parte de la
demandante, por haberse inmediatamente relacionado laboralmente con el nuevo
profesional. En concordancia con lo que viene expuesto, tal y como lo reclama la
recurrente, la sentencia de segunda instancia incurrió en error al valorar la prueba
constante en el expediente. Por esa razón, procede revocar dicho pronunciamiento y
confirmar el de primera instancia, el cual concedió los extremos de preaviso y de auxilio de
cesantía.”


3.2 Embargo y proceso sucesorio


“IV. Sobre el incidente de nulidad de actuaciones y reposición de actos. Las alegaciones del
apelante impiden revocar lo resuelto por el juzgado aquo. No hay discusión en cuanto a que
el demandado Juan José Herrera Valerio falleció y de que en ese caso hay que aplicar las
normas de la sucesión procesal. Lo determinante para declarar alguna nulidad es que
efectivamente se le haya causado indefensión al fallecido como consecuencia de la falta de
representación. Tal como se ha tenido por acreditado, el demandado Herrera Valerio
falleció el quince de marzo de dos mil seis. Si se revisa el expediente con detalle se
observará (folios 460 a 494) que durante el periodo del treinta de agosto de dos mil cinco
(cuando el demandado no había fallecido aún) al once de mayo de dos mil nueve (en que el
actor hace la solicitud de que se notifique al albacea de la sucesión ya designado), no se
realizó ningún otro acto procesal (que no se haya anulado en la resolución recurrida) que
pudiera causar perjuicio al fallecido y a sus sucesores. Hay que tener presente que ya al
diez de octubre de dos mil ocho la sucesión tenía albacea designado, pues en esa fecha se
publicó el edicto llamando a interesados. La indefensión queda totalmente descartada, si se
toma en cuenta que el once de mayo de dos mil nueve (en la resolución que ordena el
remate), se ordena notificar al albacea de la sucesión. Y no es cierto que no se puedan
rematar bienes de un demandado fallecido, lo que no es posible es embargarlos una vez
que se produce el fallecimiento del deudor. Si ya se había practicado el embargo al
momento del deceso, el acreedor adquiere un derecho de persecución patrimonial y por
ello el remate es procedente. En este caso los bienes inmuebles estaban embargados (desde
el 11 de febrero de 2003 folios 481 y 483) antes del fallecimiento, de tal manera que lo
procedente es notificar al albacea del señalamiento para remate y proceder al mismo, tal
como se hizo en este proceso. En todo caso, la gestión de nulidad se alegó en forma
prematura. El remate es un acto complejo que lo integran la resolución que lo ordena, el
acto de remate y la resolución que lo aprueba. Mientras dicha resolución aprobatoria no se
haya dictado, el acto no se ha realizado en forma completa y no es posible impugnar un acto
que legalmente aún no se ha realizado (Véase entre otros, Voto de este Tribunal No. 1021 -
09. Como antecedente nacional del que proviene esta teoría, véase la sentencia No. 357 de
1990 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.) Que el albacea haya ef ectuado un
depósito, no es motivo para anular el remate celebrado (folio 513). La nulidad solo procede
en supuestos de indefensión. Ese acto tendrá las consecuencias que se establezcan
oportunamente, pero no la nulidad del remate. Por lo expuesto, no existen actos que
reponer. Ninguna indefensión se ha causado y por ello lo resuelto debe confirmarse, a
pesar de las alegaciones del incidentista.”


II.-El juzgado de origen mediante la resolución de las 13:57 horas del 29 de julio de 2009,
resuelve: "... Según se desprende de la solicitud de medidas cautelares (ver fls. 80 - 88) y
específicamente lo indicado a folio ochenta y dos, la acción del señor Soto Salazar fue en su
condición de albacea y así lo ha argüido a lo largo de este proceso, lo que implica que el
haber sucesorio que el representa responde por su actuación como albacea. De ahí, al estar
la finca del Partido de Limón matrícula de folio real 4790-000 a nombre del difunto Jorge
Martínez Segura, procédase a anotar decreto de embargo preventivo sobre la misma
conforme se solicita (ver folio 1324)

III.- La parte ejecutada Fabio Soto Salazar indica que a quien se condenó en costas fue al
actor Fabio Soto Salazar, por lo que no puede ser condenado como albacea de la Sucesión
de Jorge Martínez y se embargue el bien que pertenece a la Sucesión dicha por lo que la
resolución es nula

IV.- Conforme al ordinal 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, los Tribunales en esta sede
especializada están facultados por iniciativa propia para declarar nulidades y disponer la
reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del
proceso e igualmente ante el silencio de la ley para aplicar por analogía en primer lugar la
normativa de la legislación laboral. En esta disciplina el numeral 502 del Código de Trabajo
dispone que: "Una vez que los autos lleguen en apelación, ante el Tribunal Superior éste
revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare se ha omitido alguna
formalidad capaz de causar efectiva indefensión a alguna de las partes, decretará la nulidad
de actuaciones o de resoluciones que proceda hasta donde sea necesario para orientar el
curso normal del juicio...". En virtud de que el recurso de Casación en materia agraria no es
admisible por razones de forma, con excepción de lo dicho por incongruencia, el Tribunal
Superior con mayor razón debe ser un contralor de los procedimientos y proceder a
subsanar cualquier defecto u omisión procedimental capaz de causar indefensión a alguna
de las partes o para orientar el curso normal de los procedimientos. En este caso particular
debe tenerse presente que es lo que se ejecuta y en este caso es la condenatoria en costas
que se le hizo al señor Fabio Soto Salazar por Autosentencia de las 13:25 horas del 21 de
mayo de 2008 (véase folio 1256 a 1259), la cual fue confirmada por el Tribunal Agrario
mediante voto Nº 0096-F-09 de las 14:10 horas del 26 de febrero de 2009, la cual confirmó
lo resuelto modificando el monto de las costas a un millón de colones (véase folio 1271 y
1272). En este asunto la finca 4790-000, se encuentra registrada a favor de Jorge Martínez
Segura, pero tiene anotada al tomo 577, asiento 014017, la adjudicación de dicho bien en

sede notarial a favor de Fabio Soto Salazar (ver prueba documental visible a folios 1289 a
1317), quien queda como único y universal heredero en virtud de la cesión de derechos
hereditarios que se le hizo por el resto de coherederos. Los motivos expuestos supra, hacen
no lleve razón el recurrente en cuanto a los motivos de nulidad alegados, debido a lo cual
considera este Tribunal la medida dictada es procedente

V.- Lleva razón el apelante en señalar el a quo hace una fundamentación errónea en cuanto
a que si él había actuado como albacea de la Sucesión de Jorge Martínez su responsabilidad
como tal debía acarrear la finca inscrita a nombre del causante con los solicitado, lo cual no
podría hacerse partiendo de dicha premisa utilizada por el a quo, pero en razón de ser el
único y universal heredero de dicho bien adjuducado en sede notarial y lo cual consta
incluso anotado en el Registro Público, es procedente la medida dictada al ser el propio
Fabio Soto Salazar el ejecutado.."


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material indicado


MONTO YA MELGAR, Alfredo: (2010), "Derecho del Trabajo", Madrid, Ed. Tecnos, p. 391
VARELA ARAYA, Julia:(2008), “Manual de Procedimientos Laborales con Jurisprudencia ”, San José, IJSA, p. 53-56
Thompson Reuters, p. 663
SALA SEGUNDA, Voto No. 215-08, de las 9:35 de las 9 horas 35 minutos del 07 de abril de 2008
TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN II, Voto No. 62-04, de las 2 horas 40 minutos del 11 de mayo de 2004
SALA SEGUNDA, Voto No. 93-99, de las 2 horas 10 minutos del 21 de abril de 1999
TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, Voto No. 973-10 de las 8 horas 35 minutos del 22 de octubre de 2010
TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 785-10 de las 8 horas 40 minutos del 20 de agosto de 2010