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RESUMEN: En el presente informe de investigación se recopila la
doctrina, normativa y jurisprudencia atinente al tema de las
relaciones de suejeción especial, en el mismo se abarcan temas
como los tipos que se encuentran presentes en el derecho
costarricense, así como su fundamento normativo y definición. En
el apartado de jurisprudencia se ejemplifica con análisis de la
Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo
aplicado a casos concretos


Índice de contenido
Los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o
b)Análisis de la reserva de ley y su relación con el principio de
El Artículo 14 de la ley general de la administración pública de
a)Criterio de la Sala Constitucional sobre la sujeción especial en el
b)Sobre el establecimiento de relaciones especiales bajo el amparo del


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DOCTRINA


a)Las sujeciones especiales en el derecho público costarricense


“Someramente explicaremos que, constitucional y legalmente son
posibles ese tipo de relaciones


En el Derecho de la función publica es posible establecer
modificaciones al principio de Reserva de Ley en materia
sancionatoria, así como con respecto a algunos sujetos que entran
en relación especial y no general con la Administración Pública

Las relaciones de sujeción son un instrumento del Estado Social de
Derecho que permiten el funcionamiento eficiente de la
Administración Pública. Es una categoría jurídica que tiene
validez en el ordenamiento jurídico costarricense que permite el
fortalecimiento de la posición de la Administración Pública frente
al administrado, como consecuencia del desarrollo de una relación
jurídico administrativa que crea un espacio jurídico de naturaleza
especial

Los derechos fundamentales y sus garantías tendrán una aplicación
distinta a la que existe en las relaciones comunes con la
Administración, de ahí que, el Estado debe utilizarlo en una forma
que no abuse, o sea, que no sea para fines ajenos a la ciudadanía
en general, o sea, al interés público, al bienestar general. Lo
anterior, a fin de evitar que se violen los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política, o sea, que ese tipo de
relación sea inconstitucional

Las Relaciones de Sujeción Especial son una categoría jurídica que
pretende facilitar el funcionamiento administrativo en ciertos


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supuestos fáctico-jurídicos, para que el aparato estatal pueda
cumplir correctamente con sus funciones, delimitadas por el Estado
Social de Derecho; su aplicación resulta sumamente importante para
la actuación diaria del Estado. Es por esta razón se justifica una
aplicación distinta de las garantías inherentes a todo ciudadano
en dichos supuestos

El artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública
expresa

"1. Los principios generales de derecho podrán autorizar
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios
para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas
entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos
administrativos de duración

2. Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso,
podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y
bienes creados por la Administración dentro de la relación
especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de
los otros propios del particular

3. El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la
Administración dentro de este tipo de relaciones."

Es importante establecer que el hecho de que exista una relación
de sujeción especial, no significa que el sujeto pasivo, el
concesionario, el servidor público, renuncia a la protección de
los derechos fundamentales en su favor. No obstante, por razones
básicamente del fin público, es lo cierto que el servidor público
que está en una relación, tiene limitados sus derechos, por
ejemplo, la libertad de expresión. El artículo 29 de la
Constitución Política establece, la garantía el poder de los
ciudadanos a poder comunicar sus ideas y pensamientos sin que
exista una censura previa. De ahí que un servidor público, tiene
que guardar el principio de reserva, no puede comunicar a la
prensa aspectos propios de su función, ni menos faltar el respeto
a sus superiores, criticando aspectos de su jefe, a pesar de que
tiene garantizado su derecho, se encuentra limitado en virtud de
la relación de sujeción especial. Tampoco puede realizar
propagando religiosa ni política en su horario de trabajo

Como ejemplos de las relaciones de sujeción especial en el Derecho
Público encontramos las siguientes


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La libertad de cátedra


Esta está establecida en el Artículo 87 de la Constitución
Política y faculta al Profesor o Catedrático, para introducir
elementos variados en sus cursos, aunque estos no estén
expresamente establecidos en los programas aprobados. Al efecto el
referido numeral textualmente expresa

"La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza
universitaria"

Dicha libertad no es irrestricta, porque no puede alterar el
contenido total de los cursos, o dejar sin efecto disposiciones
administrativas específicas sobre fechas de exámenes o la cantidad
o tipo de estos

Cuando se trate de una Universidad Pública, existe una relación de
sujeción especial, los profesores se encuentran bajo una relación
jurídica administrativa, que pretende que estos satisfagan los
intereses sociales estatales, brindando una educación seria,
responsable, excelente, objetiva y cierta

Los profesores universitarios muchas veces son servidores públicos
e incluso servidores judiciales, al menos en la Cátedra de
Derecho

De ahí que surgen los problemas derivados de esa doble función,
servidor público, profesor universitario

Ambos son dos tipos de relaciones en el Derecho Público
costarricense


El Notario Público


Este está sujeto a un régimen disciplinario de naturaleza
excepcional, y es claro que existe una relación de sujeción
especial


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Es el ejercicio privado de funciones públicas, que recoge la
Doctrina Administrativa costarricense y tiene una serie de
consecuencias, entre las cuales está la obligación de prestar el
servicio, la sujeción a controles administrativos, a la potestad
disciplinaria, a órdenes y directrices de la Administración
Pública y el derecho a prestar el servicio atribuido

El Notario Público se encuentra bajo una relación de sujeción
especial, las directrices que emite la Dirección Nacional de
Notariado regulan su actuación

El Concesionario de servicio público como sujeto también inserto
dentro de una relación de Sujeción Especial

La Administración siempre se encontrará en una posición superior
en los Contratos Administrativos de cooperación (concesiones,
Gestión Interesada, B.O.T.). Las concesiones se establecen en la
Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos,
Ley No. 7762 de 14 de abril de 1998, su Reglamento, el Cartel de
Licitación y el Contrato suscrito

Existe la relación de sujeción especial, en los casos en que se
obligaba a un constructor de casas, a no realizar ciertas
actividades, mientras cumple el Contrato Público

También en materia electoral, en la cual se somete a limitaciones
en cuanto al acceso a la deuda pública de los Partidos Políticos


Los Contratos de Gestión Interesada


El contrato de Gestión Interesada, se conceptualiza, a grandes
rasgos, como una modalidad del contrato administrativo típico de
la concesión, por el cual un particular denominado gestor (persona
física o jurídica) desarrolla un servicio público o constituye una
obra pública, mediante una retribución determinada en el contrato
Es decir, el gestor recibe una participación en los beneficios de
la ejecución y explotación del contrato

En lo referente al contrato de gestión servicios públicos, la Ley
de Contratación Administrativa de Costa Rica, Ley número 7494 de
24 de abril de 1995, establece en el artículo 74 lo siguiente


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Artículo 74.- Supuestos y régimen

1.- La Administración podrá gestionar, indirectamente y por
concesión, los servicios de su competencia que, por su contenido
económico, sean susceptibles de explotación empresarial. Esta
figura no podrá ser utilizada cuando la prestación del servicio
implique el ejercicio de potestades de imperio o actos de
autoridad

2.- La Administración siempre conservará los poderes de
supervisión e intervención, necesarios para garantizar la buena
marcha de los servicios

3.- La concesión de gestión de servicios públicos no podrá tener
carácter indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el
Reglamento se fijará su duración, que no podrá exceder de
veinticinco años

4.- Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán
precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se
definirán, minuciosamente, las condiciones de la prestación, las
tarifas, las facultades para supervisar, las garantías de
participación y cumplimiento, las modalidades de intervención
administrativa y los supuestos de extinción

5.- Los concesionarios de gestión de servicios públicos
responderán, directamente, ante terceros, como consecuencia de la
operación propia de la actividad, excepto cuando el daño producido
sea imputable a la Administración

6.- La Administración podrá variar las características del
servicio concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones
de interés público, debidamente acreditadas, previo trámite del
expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el
equilibrio financiero de la gestión, la Administración deberá
compensar al contratista, de manera que se restablezcan las
condiciones consideradas en el momento de la adjudicación. 7.- El
régimen definido en este Artículo no se aplicará a las concesiones
de servicios públicos, a cargo de particulares, reguladas por ley
especial


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Los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o
de Concesión de Obra Pública con Servicio Público


Mediante Decreto Ejecutivo número 31836-MOPT de 10 de junio de
2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 132 de 7 de
julio de 2004, entró en vigencia el Reglamento de los Proyectos de
Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de
Obra Pública con Servicio Público, el cual regula los trámites,
procedimientos y actuaciones de la Administración concedente y de
los particulares interesados en presentar proyectos de iniciativa
privada para la concesión de obra pública y de obra pública con
servicios públicos, en los términos del artículo 20 de la Ley
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley
número 7762 del 14 de abril de 1998, el cual literalmente dispone


Artículo 20-Proyectos de iniciativa privada

1- Los particulares podrán presentar a la respectiva
Administración concedente, sus propuestas de nuevas concesiones,
las cuales para ser concesionadas requerirán

a) Estar investidas de interés público

b) Estar acompañadas de estudios de fac-tibilidad técnica,
ambiental y económica, y de un plan de construcción y explotación,
según el caso

2- La Administración concedente examinará las propuestas de
concesión y, de considerarlas factibles y de interés público,
procederá a su licitación dentro del plazo de un año, según se
dispone en esta ley

3- El proponente privado de una idea de concesión participará en
la licitación en los mismos términos y condiciones que otros
particulares y será admitido de pleno derecho, cuando se efectúe
la precalificación

El referido Reglamento, define los proyectos de iniciativa
privada, como la propuesta y el

conjunto de documentos que personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado presentan ante la Administración concedente y


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que contienen una propuesta de diseño, modificación,
planificación, financiamiento, construcción, conservación,
ampliación, reparación o explotación de una obra pública mediante
el régimen de concesión de obra pública o concesión de obra
pública con servicio público. El procedimiento de iniciativa
privada, se encuentra sujeto a las normas y principios
constitucionales y legales, de publicidad, eficiencia, libre
competencia, igualdad y transparencia que orientan los
procedimientos de contratación administrativa costarricense

En términos generales, la presentación de la iniciativa privada se
hará de acuerdo con un procedimiento que comprende dos etapas. En
la primera, denominada "postulación", el proponente entrega a la
Administración la información y los estudios preliminares del
proyecto a nivel de prefactibilidad, a fin de que la
Administración evalúe la susceptibilidad de su otorgamiento en
concesión y la existencia de un interés público en su ejecución
Realizado el examen indicado y cumplida la prefactibilidad
requerida, la segunda etapa denominada "proposición", consiste en
que el proponente presente los estudios indispensables que
determinen la factibilidad técnica y financiera del proyecto, así
como su viabilidad social, ambiental y legal, que de ser aceptada
por la Administración, ésta pondrá a disposición del proponente un
modelo del cartel de licitación. Si el proponente de una
iniciativa privada participa en la licitación, lo hará en los
mismos términos y condiciones que cualquier otro oferente y será
admitido de pleno derecho en caso de que se efectúe la
precalificación


XI. CONCLUSIÓN

Es en Grecia, y más precisamente en Atenas, en la época de
Pericles en los siglos V y IV A.C, donde se estableció la
democracia directa, pero era la democracia de unos, no de todos
La pretensión principal era impedir la tiranía, y otorgarle el
poder político a la población, pero a una clase de población

Eran los ciudadanos, los únicos que podían ejercer la Democracia
directa. Los esclavos estaban excluidos de participación de los
asuntos de la cosa pública

Esa participación era ejercida en Asambleas Populares, en las que
sólo asistían los ciudadanos


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Inminentemente la humanidad, evoluciona de un poder único y
concentrado (L'etat c'est moi) bajo el principio político del
Leviatán de Holhs, evoluciona a una Democracia representativa por
la cual se nombra a algunos para que represente a todos bajo los
principios de un “Contrato Social” (Rosseau) y el pensamiento del
Barón de Montesquieu “El Espíritu de las Leyes”

Hoy , la nueva Doctrina es pretender una participación directa de
la ciudadanía, básicamente en determinados asuntos que son
socialmente importantes, no obstante la misma resulta incipiente
Es un intento válido, para lograr algún día una forma más
sistematizada, más real, más cierta, a fin de lograr una sociedad
igualitaria y solidaria, bajo los principios de respeto de la
libertad y el derecho.”


b)Análisis de la reserva de ley y su relación con el principio de
Legalidad


“Sin embargo, este análisis no puede excluir la noción de la
Reserva de Ley y su aplicación en el ámbito del Derecho Público
En este sentido, para determinar fehacientemente cuál tipo de
Reserva de Ley se utiliza en Costa Rica, es necesario partir del
Principio de Legalidad. Como se demostró anteriormente, el
Principio de Legalidad en Costa Rica no debe considerarse ni de
acepción positiva ni negativa, sino que de un corte intermedio. Al
ser de un corte intermedio, junto con el fundamento constitucional
del artículo 140.18, será válido afirmar la existencia de las
relaciones de sujeción especial. Esta categoría jurídica se
desarrolla dentro del ámbito de una intensa relación jurídico
administrativa que determina un espacio distinto o especial en que
actúa la Administración. Por lo tanto, dentro de ese ámbito
especial, utilizado primordialmente para una satisfacción del
interés general, no será válido hablar de una Reserva absoluta a


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la Ley

Al contrario, la Reserva a la Ley será relativa, ya que la
Administración, siempre sometida al Principio de Legalidad, tendrá
mayores y más amplias facultades discrecionales para actuar,
aunque no exista una habilitación legal específica; las facultades
amplias de la Administración y la reducción de la formalidad de la
Reserva de Ley se encontrarán justificadas en la propia relación
de sujeción especial, que promueve una mayor eficiencia
administrativa para satisfacer los intereses sociales y colectivos
de la ciudadanía; mantener una Reserva de Ley excesivamente
formalista impediría que la Administración cumpliera fielmente con
cada una de sus obligaciones constitucionales y legales

Simultáneamente, esto querrá decir que en las relaciones
administrativas de poca intensidad la reserva de Ley será
absoluta, por cuanto el ámbito especial no existe y el sujeto no
está integrado a la estructura organizativa de la Administración
Dado que existe una relación jurídico administrativa de poca
intensidad entre un sujeto inserto y la Administración, no es
posible desformalizar el régimen de garantías que le protege. De
no ser así, el régimen de garantías constitucionales a favor del
ciudadano no tendría ninguna aplicación práctica. Por lo tanto, la
discrecionalidad de la Administración se limita, ya que su ámbito
de actuación es de aplicación general y no específico, como en una
relación de sujeción especial


El Artículo 14 de la ley general de la administración pública de
costa rica


El tipo de Principio de Legalidad Administrativo que tiene
vigencia en Costa Rica permite concluir que, efectivamente, la
categoría jurídica de las relaciones de sujeción especial existen
y se desarrollan en el ámbito del Derecho Público costarricense
La doctrina alemana quiso sepultar las relaciones de sujeción
especial tomando una acepción positiva del Principio de Legalidad
aún así, ésta se mantuvo. En el caso costarricense, puede
afirmarse con mayor facilidad que éstas existen, precisamente,
porque el Principio de Legalidad no es absolutamente positivo
Esto permite que la Administración pueda desenvolverse de una
manera armónica con sus fines, para que el Parlamento no tenga que


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definir cada uno de sus espacios de su actuación. De ser así, la
Administración sería sumamente lenta e ineficaz, lo que traería
como consecuencia un colapso en el funcionamiento estatal. Al
analizar el Principio de Legalidad y de Reserva de Ley a nivel
constitucional, se determinó que en una relación de sujeción
especial la acepción intermedia del primero permitirá la
relatividad del segundo. Por lo tanto, es válido reconocer a las
relaciones de sujeción especial como una categoría jurídica más
del Derecho Público costarricense

Sin embargo, aunque con fundamento en los instrumentos básicos que
regulan el derecho administrativo costarricense se puede
determinar la existencia de las relaciones de sujeción especial,
la Ley General de la Administración Pública va un paso más
adelante. Concretamente, en su artículo 14 establece que "los
principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente
los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor
desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los
particulares por virtud de actos o contratos administrativos de
duración"

En este sentido, siempre será necesario definir si la descripción
que hace la citada norma se puede acoplar y ajusfar a las
especificaciones de una relación de sujeción especial. De ser así,
el ordenamiento jurídico administrativo costarricense permitiría
que la Administración acudiera, de manera justificada, al ámbito
de las relaciones de sujeción especial para satisfacer sus fines
Esto es sin duda un elemento de suma trascendencia, pues en ningún
otro ordenamiento jurídico se encuentran recogida positivamente
esta categoría jurídica en una Ley de alcances tan generales e
importantes, como lo es la Ley General de la Administración
Pública en Costa Rica. Por ende, resulta necesario definir, clara
y precisamente, que es una relación de sujeción especial


La definición del concepto de relación de sujeción especial


M. López Benítez ha definido a las relaciones de sujeción especial
como "las relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por
una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera
organizativa de la Administración, a resultas de la cual queda
sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un


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especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, deforma
adecuada a los fines típicos de cada relación"?0 Esta definición
parte del contexto alemán en que se desarrollaron, y es difícil
que pueda aplicarse directamente al ordenamiento jurídico
costarricense. Indudablemente, la existencia del artículo 14 de la
Ley General de la Administración Pública y el esquema
constitucional costarricense impiden que una definición basada en
conceptos del Derecho Alemán se pueda adaptar perfectamente al
ámbito costarricense

En primer término, es necesario partir del hecho de que las
relaciones de sujeción especial se originaron en una Monarquía
Constitucional, dominada por un Soberano absoluto, donde privaba
el Principio Monárquico y la Teoría de STAHL. Por lo tanto, se
justificaba que se desarrollara el llamado ámbito o espacio de
libertad restringida, pues si un sujeto se hacía parte, o
integraba a la Administración, debía cumplir ciegamente las
disposiciones y órdenes que se le giraban. Así, es absolutamente
válido reconocer un espacio restringido de libertades, o incluso,
vacío de derechos, pues la voluntad del Soberano priva sobre toda
decisión. Por ello, era necesario ingresar en el círculo
administrativo, dominado por una sola figura; sólo así se podría
encontrar una persona totalmente sometido a éste

Sin embargo, no es posible simplificar el ámbito administrativo
costarricense a supuestos tan simples como los de la Monarquía
Constitucional alemana. Primero que todo, el régimen
constitucional de 1949 no concentra el poder en una sola figura, y
descarta en su totalidad el Principio Monárquico; es el Principio
Democrático el que priva en el sistema constitucional costarri
cense, y el Parlamento es el que mantiene la ver- 1 dadera
preeminencia entre los tres Poderes y el I Tribunal Supremo de
Elecciones. Asimismo, no ! es correcto hablar de que en Costa Rica
se reconozca o establezca un ámbito de libertad restrin-1 gida,
pues dicha terminología implicaría un desconocimiento absoluto de
los derechos fundamentales estipulados constitucionalmente
libertad restringida denota la existencia de un campo donde sólo
ciertos derechos fundamentales reco- j nocidos constitucionalmente
podrían aplicarse. Dicho término, precisamente, se origina de la
sumisión total que había hacia el Soberano. Indudablemente, un
espacio de dicha naturaleza sería contrario al espíritu
constitucional y a los tratados internacionales, reconocidos y
vigentes en Costa Rica, relacionados con los derechos
fundamentales, como el Pacto de San José. Por lo tanto, no es


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apropiado considerar que se entra en un ámbito de libertad
restringida al integrarse una relación de sujeción especial en el
ordenamiento jurídico costarricense

Sin duda alguna, resulta más apropiado caracterizar de manera
diferente lo que en su momento se denominó espacio de libertad
restringida. En este sentido, éste puede describirse como un
ámbito de naturaleza especial, distinto al que se encuentra un
ciudadano que no ha trabado una relación de reconocida proximidad
con la Administración

Por otra parte, no se puede afirmar con certeza que existen
únicamente dos tipos de relaciones entre la Administración y los
ciudadanos. Precisamente, no existe una figura central a la cual
se sometan los ciudadanos al integrarse a su esfera de poder. Un
sujeto puede establecer una serie de relaciones jurídicas
de,distinta índole con la Administración, sin que esto implique
una sumisión total a ésta. Al mismo tiempo, habrán supuestos en
los cuales, sin que haya una integración a la organización
administrativa, se tendrá una-serie de controles intensos sobre el
particular. Claramente, existen varios tipos de relaciones
jurídico-administrativas, de reconocida intensidad, en las cuales
no es necesario la integración o inserción a la organización
administrativa para que ésta se pueda originar. Por ejemplo, un
concesionario de servicios públicos mantiene una relación de
reconocida intensidad con el Estado. Por lo tanto, se puede
concluir que el concepto de inserción o integración a la
organización administrativa resulta inapropiado para poder
distinguir una relación de sujeción especial en la legislación
costarricense. En otras palabras, no es necesario que haya una
integración a la organización administrativa para que exista una
relación de gran intensidad entre la Administración y otro sujeto

Si se mantuviese un criterio tan estricto para distinguir una
relación de sujeción especial, el funcionamiento estatal se vería
seriamente perjudicado, ya que existirían menos facultades a su
favor para conseguir el fin público que se persigue
Indudablemente, cada vez que existiera una relación administrativa
de gran intensidad, la Administración vería su ámbito de acción
excesivamente limitado

Las relaciones de sujeción especial justifican el desarrollo de un
ámbito jurídico administrativo distinto al que se encuentra un
ciudadano común. Por ende, al establecer un sujeto una relación o
contacto con la Administración Pública, dependiendo de la


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intensidad que se desarrolle entre ambos, podría crearse una de
este tipo. Precisamente, dicho elemento se resalta en la
definición de López Benítez, cuando afirma que el particular
"queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en
un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, deforma
adecuada a los fines típicos de cada relación". Como consecuencia
de esto, se da el nacimiento de una nueva situación de orden
jurídico. Al ser distinta al régimen común de relaciones jurídicas
entre un particular y el Estado, ésta se denominará especial

Adicionalmente, para justificar el ámbito especial se requerirá
que el sujeto objeto de una de estas relaciones esté en una
posición de mayor proximidad al que se encuentra la ciudadanía, en
general. Dado que existe una mayor proximidad entre el Estado y
una persona específica, se desarrollará un vínculo de considerable
intensidad, que producirá más control por parte del Estado. Como
resultado de esto, la gradación de la proximidad en que se
encuentre un sujeto en relación a la Administración, permitirá
determinar la existencia o no de una relación de sujeción
especial

A estas características debe añadirse un elemento de suma
importancia. El ámbito de naturaleza especial en que se origina
una relación de sujeción especial debe de tener un carácter de
permanencia en el tiempo. En otras palabras, el espacio creado por
ésta no puede ser fugaz o de poca duración. Claramente, la razón
de la necesaria permanencia en el tiempo es el hecho de que
únicamente por medio de ésta se puede considerar que se ha
constituido verdaderamente una relación jurídica. Indudablemente,
no podría justificarse la creación de un nuevo ámbito jurídico
como consecuencia de contactos esporádicos con la Administración
de permitirse esto, no podría considerarse que se origine un
espacio jurídico especial que altera la aplicación de los derechos
fundamentales. Por lo tanto, esto hace que deba concluirse que la
relación del sujeto con la Administración deberá de ser
permanente, o al menos, tener aspecto de permanencia; la relación
temporal o fugaz no podrá ser considerada como relación de
sujeción especial

Con base en los elementos descritos anteriormente, puede
precederse a elaborar un concepto, aplicable al ordenamiento
jurídico costarricense. Toda relación de sujeción especial parte
de un aspecto básico, que será la existencia de una relación
jurídico administrativa. Como bien lo señala López Benítez, esto


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querrá decir que éstas "tienen a una Administración pública como
uno de sus sujetos". Adicionalmente, será necesario que ésta se
regule en su totalidad por el derecho administrativo. Como
consecuencia de ello, aspectos ajenos que no se ajusten a las
exigencias de los Principios generales del derecho administrativo
no podrán ser introducidos en las mismas

Sin embargo, la relación jurídico administrativa que sirve de base
para una relación de sujeción especial no puede ser de cualquier
tipo. En efecto, es indispensable que el vínculo implique una
mayor proximidad con la Administración a la que podría tener un
ciudadano común; esta proximidad producirá un vínculo de gran
intensidad entre ambas partes. Claramente, para poder desarrollar
un vínculo de esa naturaleza, el sujeto parte de una relación de
sujeción especial deberá de estar percibiendo una serie de
ventajas o beneficios de la Administración, o tener una serie de
obligaciones con ésta para ayudarle obtener un fin específico
Estos dos supuestos le colocarán en una posición distinta a la del
resto de los ciudadanos, fortaleciendo la posición de la
Administración. Al darse este fenómeno, se le estarán garantizando
mayores formas de control al Estado. Dichas medidas de control se
justifican, precisamente, por la posición especial en que se
encuentra el sujeto parte en una de estas relaciones

Por lo tanto, al constituirse la relación jurídico administrativa
de denotada intensidad y carácter permanente, se creará un ámbito
especial; en este espacio jurídico estará vigente lo que López
Benítez denominó un "régimen peculiar" de derechos fundamentales
Así, en este ámbito jurídico de naturaleza especial los derechos
fundamentales y sus garantías se aplican de manera distinta; se
ajustan para que se pueda cumplir fielmente el fin de la relación
de sujeción especial

Por lo tanto, se puede concluir que el concepto de relación de
sujeción especial deberá de integrar cada uno de los elementos
citados anteriormente. En efecto, una relación de sujeción
especial será toda relación jurídico administrativa de carácter
permanente y de considerable intensidad, entre un particular y la
Administración. La intensidad de la relación jurídico
administrativa se deriva de la mayor proximidad entre ambas
partes, producto de una serie de ventajas, beneficios u
obligaciones con la Administración. De esta forma, se crea un
ámbito jurídico de naturaleza especial que tiene como consecuencia
que los derechos fundamentales y sus garantías deban interpretarse
y aplicarse conforme al fin de la misma


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CONCLUSIONES

El análisis jurídico y constitucional que se ha realizado
demuestra que las relaciones de sujeción especial es una categoría
jurídica que tiene validez en el ordenamiento jurídico de Costa
Rica. Concretamente, se ha determinado que las relaciones de
sujeción especial, como categoría jurídica con plena validez
constitucional, permiten el fortalecimiento de la posición de la
Administración Pública frente al administrado, como consecuencia
del desarrollo de una relación jurídico administrativa que crea un
espacio jurídico de naturaleza especial. Por lo tanto, se
desarrollará un ámbito jurídico en dónde los derechos
fundamentales y sus garantías tendrán una aplicación distinta al
que se da en las relaciones comunes con la Administración

Las relaciones de sujeción especial son una categoría jurídica que
pretende facilitar el funcionamiento administrativo en ciertos
supuestos, para que el aparato estatal pueda cumplir corree- 1
tamente con sus funciones, delimitadas por el Estado Social de
Derecho; su aplicación resulta sumamente importante para la
actuación diaria del Estado. Precisamente, por esta razón se
justifica la distinta aplicación de las garantías inherentes a
todo ciudadano en dichos supuestos. Por lo tanto, puede verse lo
delicado que es esta figura, por cuanto su abuso podría permitir
que, injustificada e irresponsablemente, el Estado la utilice para
fines ajenos a los de la ciudadanía en general. De esta forma,
requiere una utilización responsable y una precisión técnica
rigurosa para evitar abusos. Sin duda alguna, utilizadas
responsablemente, corresponden a un instrumento sumamente útil
para el funcionamiento diario de la Administración Pública. Sin
embargo, no se debe nunca permitir que, por satisfacer intereses
contrarios a los de la ciudadanía en general, se recurra a
construcciones científicas que pretenden, precisamente, lo
contrario; esto es, garantizar un mejor Estado que pueda
satisfacer las necesidades propias de todos sus ciudadanos.”


2 NORMATIVA


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a)Ley General de la Administración Pública


Artículo 14.-


1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios
para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas
entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos
administrativos de duración


2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso,
podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y
bienes creados por la Administración dentro de la relación
especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de
los otros propios del particular


3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la
Administración dentro de este tipo de relaciones


3 JURISPRUDENCIA


a)Criterio de la Sala Constitucional sobre la sujeción especial en
el caso de Colegios Profesionales


Exp. No. 6538-M-96
Voto: No.7041-96


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las diez horas del veinticuatro de diciembre de mil novecientos
noventa y seis


Acción de inconstitucionalidad de Jorge Mario Marín Barquero,
mayor, soltero, abogado, vecina de San José, cédula de identidad
número 1-598-400, contra el artículo 38 inciso 6) y el capítulo
sobre las sanciones disciplinarias del Código de Moral del Colegio
de Abogados


RESULTANDO


1o. Alega el accionante que el artículo 38 inciso 6) del Código de
Moral del Colegio de Abogados, es inconstitucional por infringir
los artículos 42, 39, 56, 33 y 41 de la Constitución Política,
contraviniendo, respectivamente, el principio "non bis in ídem",
principio de inocencia, el derecho al trabajo, principio de
igualdad, principio del debido proceso. El promovente manifiesta
que mediante la sentencia número 216-1-90, dictada por el Tribunal
Segundo Penal, Sección Segunda de San José, fue indebidamente
condenado por el delito de falso testimonio, ya que la sentencia
se basó en hechos falsos, razón por la que presentó denuncia penal
contra dicho Tribunal por el delito de prevaricato y contra Jorge
Luis Salazar Rodríguez por los delitos de denuncia calumniosa y
falso testimonio. Con fundamento en la referida condenatoria el
Consejo de Disciplina del Colegio de Abogados le sanciona con
suspensión en el ejercicio profesional. Se argumenta que la
sanción supone doble sanción por una misma falta, pues los mismos
hechos en vía judicial son utilizados para imponer una sanción
administrativa, amén de que se lesiona su derecho al trabajo y su
honra. Considera violado el principio de inocencia, "la imposición
de sanciones disciplinarias no puede fundamentarse en el argumento
simplista de establecer la sanción por necesaria aplicación del
artículo 38 inciso 6), que así los dispone, sin que previamente se
me permita demostrar mi inocencia" (fl. 4 de la acción). Alega que
si la Junta Directiva del Colegio de Abogados conoce de la
existencia de las denuncias presentadas y aún así le impone la
sanción disciplinaria, ésta sería impuesta contra la presunción
constitucional que le asiste de ser considerado inocente: "Si mi
defensa se basa en que la sentencia se fundó en hechos falsos, lo
procedente es esperar a que se resuelvan dichas acusaciones y
mantener la presunción de inocencia que garantiza la Constitución,
pues hay mérito suficiente para considerar que se cometió la


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arbitrariedad denunciada, sin que ello implique incompatibilidad
con la misma presunción que existe respecto de las personas
denunciadas" (fl 5 de la acción). En cuanto a la violación del
derecho al trabajo, considera que una disposición arbitraria que
no se encuentra debidamente fundamentada no puede limitar su
derecho a trabajar dignamente. Agrega que la sanción disciplinaria
viola los principios de justicia, de equidad y proporcionalidad en
la sanción, dado que el Tribunal Penal le impuso una pena de un
año de prisión y le concedió el beneficio de ejecución condicional
mientras que la sanción administrativa que pretende imponerle el
Colegio de Abogados es tres veces mayor que la sanción judicial
También, considera violado el principio de igualdad ante la ley,
porque el artículo 38 inciso 6) del Código citado reza


"Artículo 38.- Los profesionales en derecho serán corregidos
disciplinariamente en los casos que a continuación se apuntan


... 6) Con suspensión de tres a cinco años o inhabilitación, si se
dictare contra ellos auto firme de prisión y enjuiciamiento o si
fueren condenados por las autoridades judiciales a sufrir alguna
pena; siempre que en ambos supuestos el Consejo de Disciplina
estime necesario sancionar al profesional en derecho, sea por lo
deshonroso o perjudicial del hecho, sea por las circunstancias en
que se cometió; todo sin perjuicio de lo que establece el capítulo
siguiente"


El accionante considera que el texto transcrito permite un trato
desigual entre iguales. "La interpretación que a conciencia pueda
dar la Junta Directiva del Colegio de Abogados frente a dos casos
exactamente iguales, permite que uno pueda resolverse de una forma
y otro de una manera distinta, y sin que medie un criterio seguro
que garantice igualdad a los dos profesionales" (fl 7 de la
acción). Finalmente, considera el artículo 38 inciso 6) del Código
de Moral del Colegio de Abogados violenta el principio del debido
proceso, alegando quebranto de los principios de amplitud de la
prueba, valoración razonable de la prueba y, de la doble
instancia


2o. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
faculta a la Sala para rechazar por el fondo cualquier gestión
cuando existan suficientes elementos de juicio para ello


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Redacta el Magistrado Mora Mora; y


Considerando


Io. Para promover esta acción de inconstitucionalidad, se invoca
la existencia de un proceso previo que consiste proceso de queja
que se tramita en el expediente número 106-92-2, seguido por el
Colegio de Abogados y, dentro del cual el accionante interpuso
recurso de apelación contra la resolución de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados, constituida en Consejo de Disciplina,
acuerdo III-4, tomado en Sesión número 27-96 del treinta de julio
del presente año, en consecuencia se admite la legitimación de los
accionantes a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional


IIo. Esta Sala ya se ha pronunciado sobre cada uno de los reclamos
que se formulan en esta acción. Se cuestiona el régimen
disciplinario que establece el Código de Moral del Colegio de
Abogados y se alega la violación del principio del debido proceso
consagrado e el Artículo 41 de la Constitución Política, pues el
inciso 6) del artículo 38 del Código dicho quebranta, a su vez,
los principios de amplitud de la prueba, de valoración razonable
de la prueba y, el principio de la doble instancia. En reiteradas
oportunidades, la Sala ha dicho que en todo proceso administrativo
la resolución tiene que estar debidamente fundamentada, la prueba
que la fundamenta ha de ser legal y valorada racionalmente, siendo
que todo medio de prueba que se considere en el procedimiento, se
analizará de conformidad con criterios de razonabilidad y con las
reglas de la sana crítica (sobre este particular puede consultarse
la sentencia número 4100-94 de las quince horas treinta y nueve
minutos del nueve de agosto mil novecientos noventa y cuatro). En
lo que respecta a la valoración razonable de la prueba, la Sala
precisó


"El proceso penal especialmente, al menos tal como debe entenderse
en nuestro país,...el juzgador, el cual tiene...la potestad y
obligación de valorar la prueba recibida conforme a las reglas de
la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad pero
la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para


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impugnar una valoración arbitraria o errónea. Desde luego, la
arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar
indebidamente elementos o posibilidades de convicción pertinentes,
como al atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto o
al desdeñar el verdadero -errores de hecho-, como, finalmente, al
otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o
negarles el que razonablemente tienen, como, en síntesis, al
violar los principios de la sana crítica conducentes a un correcta
determinación de la verdad de los hechos relevantes del
caso." (sentencia número 1739-92 de las once horas cuarenta y
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y


Si bien tal sentencia se refiere al procedimiento penal, lo cierto
es que los principios que allí se expresan son plenamente
aplicables al proceso sancionatorio administrativo. En
consecuencia, no habrá vicio de inconstitucionalidad, siempre y
cuando el procedimiento que se aplique respete los contenidos
mínimos del derecho de defensa y que la interpretación de la
prueba se sujete a los criterios de la sana crítica y se
fundamenten las conclusiones. En la sentencia número 5594-94 de
las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de
setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala se
pronunció con amplitud sobre el régimen disciplinario y el
principio de tipicidad


"II. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. La responsabilidad administrativa o
disciplinaria es la que nace de la transgresión de una obligación
administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o empleado,
que se hace efectiva cuando el sujeto comete una falta de servicio
o de comportamiento, transgrediendo las reglas de la función
pública. La transgresión de los deberes administrativos tiene su
sanción característica en la responsabilidad administrativa del
funcionario, que se hace efectiva por el procedimiento dirigido a
hacer cumplir la obligación debida, o por la sanción
administrativa que se impone. Por ello, el concepto de sanción
disciplinaria se refiere necesariamente al funcionario o empleado,
o mejor dicho, a los derechos del funcionario. Este régimen es una
especie de la potestad "sancionadora" del Estado, de la que
dimana, potestad que es inherente y propia de la Administración
Pública, traduciéndose en la facultad de, por lo menos, un
"mínimo" de poder para que ésta aplique sanciones disciplinarias a


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sus funcionarios o empleados cuando falten a sus deberes. Sin
embargo, el poder disciplinario no es exclusivo del régimen del
derecho público. Así por ejemplo, se da en la familia, ejerciendo
ese poder los padres, no sólo para la corrección de los hijos,
sino también para la preservación de la unidad moral de la
familia, y se reprende no por lo que se ha hecho, sino para que no
se vuelva a hacer; en el campo laboral privado -industrial y
comercial-, lo ejerce el patrón en defensa de la regularidad en la
esfera de trabajo; en los colegios profesionales, etc. Se puede
concluir que en realidad, el fin de la responsabilidad
disciplinaria es asegurar la observancia de las normas de
subordinación y, en general, del exacto cumplimiento de todos los
deberes de la función. Así, el derecho disciplinario presupone una
relación de subordinación entre el órgano sometido a la disciplina
y el órgano que la establece o aplica, más que para castigar, para
corregir, e incluso educar al infractor de la norma, de ahí el
carácter correctivo de las sanciones disciplinarias (...)


existencia de un conjunto de deberes de los funcionarios -y a la
vez de sus atribuciones-, sean deberes comprendidos en la
obligación de la función o del servicio que desempeñan, o los que
derivan de la subordinación jerárquica, exige normas establecidas
para reglar esas relaciones, y sanciones para cuando se violan
tales obligaciones. El principio de tipicidad es una aplicación
del principio de legalidad y exige la delimitación concreta de las
conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción (...)


Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un
principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no
en la misma forma que en ámbito jurídico-penal, ya que los
principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no
tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho
penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole
penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos
diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios
del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más
amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado
Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena
debe estar establecida en la ley con respecto al hecho
incriminado, excluyendo, por su generalidad, toda posibilidad de
referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminados, o


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las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está
plenamente definido no hay pena. En el derecho disciplinario, en
razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social
general, y de la materia que regula, --la disciplina-, la
determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que
la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser
calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que
en algunas legislaciones no están especificados, y, en otras, sí
De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí
que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes
funcionales, sin necesidad de que estén detalladas concretamente
como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los
hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter
limitativo. Motivado en la variedad de causas que pueden generar
su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en
la esfera de aplicación, no siempre es orgánico ni claro en la
expresión literal, razón por la cual puede sancionarse
discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero que
se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de
la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un
procedimiento creado al efecto. La falta o infracción
disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al
funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún
cuando no haya sido especialmente definida aunque si prevista. Los
hechos determinantes de las faltas disciplinarias son
innumerables, pues dependen de la índole de los comportamientos o
conductas de los sujetos "subordinados", comportamientos o
conductas en verdad ilimitados en número dada su variedad; por
ello se deduce la existencia de tres elementos de la falta
disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una
omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a
una voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la
perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o
posible de su eficacia


El accionante argumenta que la norma impugnada contiene conceptos
jurídicos indeterminados que lo perjudican, tales como
"deshonroso" o "perjudicial del hecho". La sala analizó la
problemática de los conceptos jurídicos indeterminados de la
siguiente manera


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DISCIPLINARIO. En razón de la sanción a aplicar -la penal o la
disciplinaria- es que puede tomarse en consideración para
determinar la mayor o menor exigencia en cuanto a las garantías
del debido proceso, entre las que se encuentra el principio de
tipicidad, por cuanto, a mayor sanción debe haber mayores
garantías, la cual se traduce en el caso en estudio -en el proceso
disciplinario-, en la menor rigidez de este principio. Por ello,
fundamentado en la materia que regula y en la variedad sin fin de
conductas que involucra, en la esfera disciplinaria no sería fácil
concluir la eliminación de todo tipo de infracción definido en
términos abiertos, como los que hacen referencia a conceptos
jurídicos indeterminados. No obstante lo anterior, no puede
afirmarse que se puede obviar totalmente la definición de las
conductas que se han de sancionar en aplicación del principio de
legalidad, y más específicamente del de tipicidad. Por ello, debe
entenderse, que los tipos enunciados en términos aparentemente
deontológicos deben convertirse en tipos jurídicos perfectamente
tecnificados, en el sentido de formular conceptos determinables,
por lo cual los conceptos jurídicos indeterminados de conductas
habrán de ser concretados o completados a través del análisis
pormenorizado de los hechos y de una interpretación de los mismos
desde los valores que en dichos conceptos se define. De esta
manera, los tipos más o menos imprecisos -en el sentido de la
técnica de los conceptos jurídicos indeterminados- o abiertos, son
de utilización imprescindible en la esfera disciplinaria, dada la
indeterminación misma de los deberes profesionales y de disciplina
que se intentan garantizar, que sólo en términos muy generales son
susceptibles de enunciarse. Pero lo anterior no puede justificar
apreciaciones totalmente abiertas e inespecíficas, estimaciones
"en conciencia", tanto respecto a la amplitud del deber
profesional o de conducta cuya falta se reprocha, sino que debe
aplicarse sobre la realidad de la conducta reprochada, haciendo
así efectivo el principio de legalidad -artículo 39
constitucional- pero adecuado a la materia administrativa. De tal
manera, por ejemplo, no será en modo alguno suficiente limitarse a
reprochar a un funcionario una falta de probidad, en abstracto,
sino que es necesario concretar en la conducta específica que se
enjuicia, dónde es imputable dicha falta en concreto, desde la
perspectiva de los deberes positivos del funcionario, a los que ha
faltado. Consecuencia de lo anterior, al momento de interpretar
una norma, debe hacerse en relación con la actividad que ella
regula; en el caso en estudio debe hacerse en función de la
Educación, con lo cual se evita la arbitrariedad en la utilización
de los "conceptos jurídicos indeterminados"


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V. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados
o indeterminados. Los primeros delimitan el ámbito de realidad al
que se refieren de una manera precisa e inequívoca, como lo son la
mayoría de edad, plazos para promover recursos y apelaciones, etc
Por el contrario, con la técnica del concepto jurídico
indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites
no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual,
es claro que intenta delimitar un supuesto concreto, conceptos
como lo son la buena fe, la falta de probidad, la moral, las
buenas costumbres, etc. Así, aunque la ley no determine con
claridad los límites de estos conceptos, porque se trata de
conceptos que no admiten cuantificación o determinación rigurosa,
pero que en todo caso, es manifiesto que con ellos se está
refiriendo a un supuesto de realidad que, no obstante la
indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento
de aplicación. La ley utiliza conceptos de valor -buena fe,
estándar de conducta del buen padre de familia, orden público,
justo precio, moral-, o de experiencia -incapacidad para el
ejercicio de sus funciones, premeditación, fuerza irresistible-,
porque las realidades referidas no admiten otro tipo de
determinación más precisa. Pero resulta claro que al estarse
refiriendo a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o
contradictorias, como es el caso de la determinación de las
infracciones o faltas disciplinarias, la aplicación de tales
conceptos a la calificación de circunstancias concretas no admite
más que una solución: o se da o no se da el concepto; o hay buena
fe o no la hay, o acciones contrarias al orden público o no las
hay, o hay acciones contrarias a la moral o no las hay, etc. En
esto radica lo esencial de este tipo de conceptos, de manera que
la indeterminación del enunciado no se traduce en una
indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo
permiten una "unidad de solución justa" en cada caso. La técnica
de los conceptos jurídicos indeterminados, que no obstante su
denominación, son conceptos de valor o de experiencia utilizados
por las leyes, se da en todas las ramas del derecho, como por
ejemplo en la civil -buena fe, diligencia del buen padre de
familia, negligencia-, en la comercial -interés social-, en la
procesal -pertinencia de los interrogatorios, medidas adecuadas
para promover la ejecución, perjuicio irreparable-, o en la penal
-alevosía, abusos deshonestos-, son sólo algunos de los ejemplos
que se pueden citar. En el Derecho Administrativo, no existe
diferenciación en cuanto a la utilización de conceptos tales como
la urgencia, el orden público, el justo precio, la calamidad


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pública, las medidas adecuadas o proporcionadas, la necesidad
pública o el interés público, etc., no permitiendo una pluralidad
de soluciones justas, sino sólo una solución a cada caso concreto"
(sentencia número 5594-94 de las quince horas cuarenta y ocho
minutos del veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y
cuatro)


Ciertamente, los términos "deshonroso" y "perjudicial" contenidos
en el inciso 6 del artículo 38 impugnado, son conceptos jurídicos
indeterminados, es decir conceptos de valor o de experiencia
utilizados por la ley; sin embargo, por sí solos no son
inconstitucionales y, como se dijo, no obstante la indeterminación
de los conceptos, éstos admiten ser precisados en el momento de
aplicación, la cual debe hacerse en relación con la actividad que
regula la norma; en el caso en estudio debe hacerse en función de
la Abogacía, con lo cual se evita la arbitrariedad en la
utilización de los mismos. Como último aspecto de este motivo, el
promovente estima que las normas recurridas violentan el principio
de doble instancia, alegando que según el Código de Moral, lo
resuelto carece de recurso. Esta apreciación es incorrecta, el
artículo 49 de la Constitución Política establece la jurisdicción
contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con
el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa
del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho
público. Como se observa, el accionante sí tiene el derecho
constitucional de recurrir lo resuelto por el Colegio de Abogados


IIIo. Se alega también como argumento de inconstitucionalidad, que
la norma impugnada viola el principio constitucional de non bis in
ídem, "en virtud de existe dualidad de juzgamiento (penal y
administrativo) con base en los mismos hechos". Sobre este tema se
ha dicho que


"Si bien es cierto que existe independencia entre el procedimiento
administrativo sancionatorio y el juzgamiento de los hechos en la
vía penal, no puede interpretarse, sin contrariar el derecho al
debido proceso y el principio del non bis in ídem, que si se juzga
un hecho en la vía penal y el imputado resulta absuelto, pueda ser
disciplinariamente sancionado en vía administrativa por los mismos
hechos. Se reconoce que uno de los límites de la potestad
sancionadora de la Administración es su subordinación a la
Autoridad Judicial. De haber colisión entre una actuación


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jurisdiccional y una actuación administrativa, se debe resolver en
favor de la primera. De este mismo principio se deriva la
necesidad de que se respete la cosa juzgada. Al respecto dijo el
Tribunal Constitucional Español, en sentencia número 77 del tres
de octubre de mil novecientos ochenta y tres


"El principio non bis in ídem determina una interdicción de la
duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos
mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que,
cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y
en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una
calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la
calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan
con independencia, si resultan de la aplicación de normativas
diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se
refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos
mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los
órganos del Estado. Consecuencia de lo dicho, puesto en conexión
con la regla de la subordinación de la actuación sancionadora de
la Administración a la actuación de los Tribunales de justicia es
que la primera, como con anterioridad se dijo, no puede actuar
mientras no lo hayan hecho los segundos y deba en todo caso
respetar, cuanto actúe a posteriori, el planteamiento fáctico que
aquellos hayan realizado, ..."


(...) Si en vía penal se determina que el hecho no se cometió o no
lo fue por la persona a la que se le atribuye, el notario no
podría ser sancionado administrativamente por los mismos hechos
Si en vía penal se determina que el hecho irregular existió, pero
no constituye delito, por ejemplo, por no haber sido cometido en
forma dolosa, el asunto si podría ser examinado en vía
administrativa. Se debe aclarar, sin embargo, que lo contrario no
es inconstitucional. Es decir, es posible imponer una sanción
disciplinaria cuando el hecho si fue penalizado en la jurisdicción
común" (sentencia número 3484-94 de las doce horas del ocho de
julio de mil novecientos noventa y cuatro)


Así las cosas, existe una independencia de vías entre lo penal y
lo administrativo, pues ninguna está en principio subordinada a la
otra en virtud de que gozan de autonomía; sin embargo, a pesar de
que la palabra autonomía evoca la idea de independencia que no
significa necesariamente independencia en todos los aspectos, no


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implica tampoco el aislamiento de una determinada rama jurídica
del resto que conforma el todo llamado ordenamiento jurídico
Precisamente, el punto de análisis configura un buen ejemplo de
complementación entre dos regímenes sancionatorios, pues la
administrativa en este caso concreto necesita de la certeza y la
seguridad jurídica que otorga el proceso penal, para poder imputar
un determinado ilícito al abogado, y configurarse con ello una de
las causales de suspensión del ejercicio profesional. Por
consiguiente, no existe en la especie el vicio de
inconstitucionalidad por violación al principio del non bis in
ídem, ni a la libertad de trabajo


IVo. En cuanto a la violación del derecho al trabajo, consagrado
en el artículo 56 de la Carta Fundamental, se ha dicho


"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación de éste
con la sociedad, y el Estado debe procurar que todos tengan
ocupación honesta y útil. La libre elección de una ocupación
significa que no puede forzarse a un ciudadano a desempeñar
labores que no desee realizar, a tenor de lo preceptuado por el
artículo 56 de la Carta Magna. Sin embargo, no significa que se
trate de un derecho absoluto, pues no es posible por razones
obvias. Hay restricciones lícitas, originadas en la misma
Constitución, legitimadas por el ordinal 28 que establece los
límites a las libertades, al consignar que


"...Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público
o que no perjudiquen a terceros, están fuera del dominio de la
ley."


En el derecho al trabajo no existe limitación alguna, pero sí
existen ciertos requisitos que deben cumplirse necesariamente para
ejercer determinada función, a fin de que la profesión se ejerza
de acuerdo con las reglas del arte" (sentencia número 0789-94 de
las quince horas veintisiete minutos del ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro)


En tal sentido, esta Sala en sentencia número 3173-93 de las
catorce horas con cincuenta minutos del seis de julio de mil
novecientos noventa y tres, estableció que


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"I.- Es corrientemente aceptada la tesis de que algunos derechos
subjetivos no son absolutos, en el sentido de que nacen limitados
en primer lugar, en razón de que se desarrollan dentro del marco
de las reglas que regulan la convivencia social; y en segundo, en
razón de que su ejercicio está sujeto a límites que se refieren al
derecho en sí, es decir, a su contenido específico, de manera tal
que la Constitución al consagrar una libertad pública y remitirla
a la Ley para su definición, lo hace para que determine sus
alcances. No se trata de restringir la libertad cuyo contenido ya
se encuentra definido por la propia Constitución, sino únicamente
precisar, con normas técnicas, el contenido de la libertad en
cuestión. Las limitaciones se refieren al ejercicio efectivo de
las libertades públicas, es decir, implican por sí mismas una
disminución en la esfera jurídica del sujeto, bajo ciertas
condiciones y en determinadas circunstancias. Por esta razón
constituyen las fronteras del derecho, más allá de las cuales no
se está ante el legítimo ejercicio del mismo. Para que sean
válidas las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar
contenidas en la propia Constitución, o en su defecto, la misma
debe autorizar al legislador para imponerlas en determinadas
condiciones


II.- Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir
con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás
por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas
veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades,
aunque sea únicamente en la medida precisa para que las otras
personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el
principio de coexistencia de las libertades públicas -el derecho
de terceros- no es la única fuente justa para imponer limitaciones
a éstas; los conceptos "moral" concebida como el conjunto de
principios y creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya
violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros y
"orden público", también actúan como factores justificantes de las
limitaciones de los derechos fundamentales..."


Vo. Las limitaciones que se establecen legalmente para permitir a
determinadas personas, que cumplan con ciertos requisitos, el
desempeño de algunas profesiones, tampoco violan el principio
constitucional de igualdad jurídica consagrado en el artículo 33
de la Constitución Política. En sentencia número 0138-93, de las


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quince horas y cincuenta y cinco minutos del doce de enero de mil
novecientos noventa y tres, de esta Sala se definió


"...Deben recibir igual tratamiento quienes en igual situación se
encuentran, como la regla no es absoluta, ha de entenderse como
mandato de tratar igual a todos los que sean parte de una
determinada categoría. Tradúcese así el problema de que las
categorías no deben ser arbitrarias y que tampoco deben serlo los
criterios para formar parte de ellas o ser excluidas de ellas."


En el mismo orden de ideas, la sentencia número 0789-94, citada en
el considerando anterior, dispuso lo siguiente


"En nuestro Ordenamiento, de conformidad con la ley Orgánica de
cada Colegio, la colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la
profesión respectiva; lo que significa que no basta con tener un
título, sino que además es necesario formar parte de un Colegio, a
fin de ejercer la profesión de conformidad con la legislación
vigente. En este orden de ideas, el requisito en cuestión es
consecuencia del poder fiscalizador que posee el Estado en aras de
bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o bien,
como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en
una organización no estatal -Colegio Profesional-, pues intereses
superiores a los particulares de los administrados exigen que
exista un control sobre la actividad que realiza un grupo
determinado de profesionales por constituir su actividad un
servicio público cumplido a través de sujetos particulares. Así,
debe examinarse con sumo cuidado el uso que se hace de tal
potestad, ya que el daño que podría, eventualmente, derivarse para
los agremiados por las actuaciones del Colegio Profesional, dada
la obligatoriedad de la inscripción, no se debe a la colegiatura
en sí, sino al uso que de ella se haga. Es por ello que las
obligaciones que se imponen por el Colegio, atendiendo a un
interés tanto de los colegiados como de la comunidad en general
-que aquél interpreta-, no podrían dejarse al arbitrio de quienes
ejercen liberalmente determinada profesión, pues aún cuando es una
actitud loable que esas obligaciones se acaten voluntariamente por
quienes se dedican a una profesión en particular, en cuyo
ejercicio haya inmerso un interés público, lo cierto es que de no
imponerse forzosamente, la competencia profesional llevaría a que
aquellas obligaciones fueran difícilmente cumplidas por los
profesionales, con evidente perjuicio para el interés de los


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administrados en general. Así, existen razones de interés público
-por ejemplo, garantizar la responsabilidad de los profesionales-
que justifican que los Poderes Públicos autoricen a los colegios
profesionales la exigencia de dichas obligaciones. En síntesis, se
estima que la colegiatura obligatoria, que sigue nuestro sistema
jurídico, es aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan
su profesión conforme a las leyes y disposiciones respectivas, de
manera tal que con la creación de estos Colegios, aquellos puedan
ser supervisados en su función


(...) Los Colegios Profesionales poseen fines públicos que han
sido otorgados por el Estado, para cuyo cumplimiento éste dota a
las corporaciones de funciones de regulación y de policía,
funciones que normalmente pertenecen y son ejercidas por el mismo
Estado. Dentro de las funciones administrativas desempeñadas por
los citados Colegios están las de fiscalización y control respecto
del correcto y eficiente ejercicio profesional, lo que lleva
implícito una potestad disciplinaria sobre los Colegios, en donde
la imposición de sanciones debe realizarse respetando el principio
del debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de
defensa, de ser oído y de producir las pruebas que entienda
pertinentes, en apego al artículo 39 constitucional. Por ello se
dice que estos Colegios son titulares de potestades de imperio
respecto de sus miembros, los cuales entran en una relación
jurídica administrativa de sujeción especial como destinatarios de
los actos administrativos, en ejercicio de aquella potestad
disciplinaria, expresiva de la función administrativa que
desarrolla y que dicta el Colegio profesional."


VIo. Conforme a lo expuesto y no existiendo motivos para variar de
criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar
los criterios expuestos, procede rechazar por el fondo la acción
de inconstitucionalidad


Por tanto
Se rechaza por el fondo la acción


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b)Sobre el establecimiento de relaciones especiales bajo el amparo
del artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública


NUMERO 223-99
SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo
Circuito Judicial de San José, a las nueve horas del treinta de
junio de mil novecientos noventa y nueve.-


Proceso ORDINARIO establecido por CONSTRUCCIONES ORIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA, representada por su Vicepresidente, señor Henry Castro
González, ingeniero civil, divorciado una vez, cédula número uno -
trescientos sesenta y nueve - ciento cuarenta y cinco, contra el
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL , representado por su
apoderado general judicial, licenciado Carlos Eduardo Vargas
Chacón, cédula número tres - ciento ochenta y tres - novecientos
setenta y seis.- Intervienen los licenciados RAFAEL GONZÁLEZ
BALLAR, cédula número uno - cuatrocientos setenta y nueve -
seiscientos sesenta y tres, y ALFONSO CARRO SOLERA, cédula número
dos - trescientos ochenta y tres - cuatrocientos cuarenta y siete,
como apoderados especiales judiciales de la actora.- Todos son
mayores, vecinos de San José y con las salvedades hechas casados y
abogados.-


RESULTANDO
I.- Que, la actora, con base en los hechos que expuso y
disposiciones legales que citó, formalizó demanda ordinaria,
estimada en veintisiete millones quinientos cuarenta y un mil
trescientos treinta y cinco colones cuarenta y cinco céntimos,
para que en sentencia se declare: “I.- Que el Banco es responsable
por el fracaso evidente del proyecto que emprendiera conjuntamente
con CONSTRUCCIONES ORIÓN S.A., para la construcción de 21
viviendas, y que tuvo su nacimiento mediante la firma de la
escritura de 17 horas del 3 de julio de 1987, número diecisiete,
del tomo undécimo del protocolo de la Notaria Liliam Tossi Fallas
II.- Que siendo responsable el Banco por el fracaso de dicho
proyecto, debe indemnizar a CONSTRUCCIONES ORIÓN S.A. de la
siguiente manera: a) El proyecto estaba previsto para dejar una
utilidad al constructor del 15% sobre el monto total del préstamo,


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que finalmente se redujo a Ë 17.221.501.70. El porcentaje no
percibido por mi representada lo estimamos en la suma de Ë
2.500,000.oo b) El costo de la administración, según el
proyecto, se calculó en un 7% del valor total del mismo,
programado para un año de administración. Prácticamente ese costo
se duplicó, pues el constructor tuvo que administrar durante otro
año adicional, debido a los atrasos del Banco. Además, tenía que
hacerse un doble esfuerzo para la venta de las viviendas, pues se
debía luchar contra la idea generalizada de que Construcciones
Orión S.A. tenía problemas financieros con el Banco. Este rubro,
lo estimamos en Ë 2.400,000.oo, los cuales no fueron recuperados
en su totalidad. c) El Banco, deberá reconocer a mi representada,
todos los intereses que se le han cancelado indebidamente,
partiendo del hecho de que el proyecto, como estaba programado, se
llevó a buen término y, de que, si existieron trastornos o
infortunios en su realización, no fue por culpa ni responsabilidad
de Construcciones Orión S.A. El pago indebido de intereses, lo
estimamos en la suma de Ë 5.000,000.oo. d) Lo invertido y no
recuperado por Construcciones Orión S.A., es decir, los lotes,
suman Ë 6.000,000.oo. Este rubro, lo perdió mi representada en su
totalidad, por lo que así debe ser reconocido. e) A estas
alturas, faltan de vender 2 casas. Deberá permitirse al
constructor, la venta libre de esas casas, para poder cumplir con
sus compromisos. f) Construcciones Orión S.A. en cabeza de su
representante, Ing. Henry Castro González, fue denunciado
penalmente por el delito de estelionato. La razón: Se vendió una
vivienda, y el Banco imputó la totalidad del pago a intereses que
indebidamente ha cobrado a mi representada, por lo que no se ha
cancelado el gravamen hipotecario que pende sobre ese inmueble
Ese daño a la reputación de la empresa, así como a la reputación
de su representante, deben ser indemnizados, lo que se estima en Ë
6.000,000.oo. g) En general, el daño moral y profesional que han
sufrido el constructor y el Ing. Henry Castro González, por el
fracaso del proyecto. Este daño se estima en Ë 2.500,000.oo. h)
Mi representada ha tenido que cancelar por concepto de impuesto
territorial y municipal, pólizas de incendio y mantenimiento de
las viviendas, una suma que se estima en Ë 300,000.00, los cuales
deben ser reconocidos, pues se refieren únicamente al período
posterior a la finalización del proyecto. i) Se esperaba que
Construcciones Orión S.A., obtuviera un promedio anual de
ganancias de Ë 2.500,000.oo. La empresa se encuentra paralizada
por desfinanciamiento, desde mediados de 1988, por lo que el lucro
cesante de la empresa se estima en Ë 5.000,000.oo. j) El Banco
deberá reconocer intereses sobre esas sumas, al 26% anual, que es


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la misma tasa de interés que le ha cobrado a mi representada,
desde el inicio del proyecto. Este interés, que aquí solicitamos,
podría ser concedido por el Juez, aplicando principios de equidad
y reciprocidad entre las partes contratantes. Además, se supone
que estas sumas de indemnización constituyen el capital de trabajo
de mi representada. Por lo que, haciendo una analogía, se puede
subsidiariamente, calcular el interés de esas sumas, reconociendo
los índices de incremento en la construcción que, en forma
mensual, la CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN emite. En las
dos formas, se estiman esos intereses en Ë 10.000,000.oo. K) El
Banco deberá correr con el pago de ambas costas de este proceso.-”
II.- Que, el demandado, contestó negativamente la pretensión de la
actora, e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de
causa, falta de legitimación activa y pasiva y la genérica de sine
actione agit, y declarar sin lugar la demanda en todos sus
extremos petitorios, por considerarla ilógica e incongruente con
la realidad de lo sucedido durante el proceso de crédito.-
III.- Que el licenciado José Paulino Hernández, Juez Contencioso
Administrativo, por resolución número 432-98, de nueve horas diez
minutos del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho
dispuso: "POR TANTO: En este proceso ORDINARIO, establecido por
CONSTRUCCIONES ORIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA contra BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL, se declara : Primero : Se admiten como
documentos presentados extemporáneamente, la sentencia del
Tribunal Superior Segundo Penal, Sección Primera, San José, número
255-90 de diecisiete horas veinticinco minutos de seis de
noviembre de 1990, y la carta fechada catorce de noviembre de
1988, suscrita por el señor Marcos Bermúdez Portilla; los
restantes documentos se rechazan; Segundo : Se rechaza el
incidente de presentación de documentos nuevos; Tercero : Se
rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de causa,
falta de legitimación activa y pasiva, y la genérica de sine
actione agit, en lo que las comprende, salvo en los extremos
objeto de rechazo donde deben tenerse por admitidas; Cuarto : Se
declara parcialmente con lugar la demanda y, entendiéndose
denegada en lo que expresamente no se enuncie, se condena al
demandado a pagar los siguientes extremos por concepto de daños y
1.546.986.60}, que representa un treinta por ciento de la utilidad
361.651.50}, por costo de administración, equivalente a un treinta


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por ciento del porcentaje {7%} presupuestado sobre el monto total
del préstamo aprobado; --- c} los intereses que indebidamente
cobró por el importe que individualmente garantizaban dentro del
crédito las casas 5-C, 13-C, 11-B, y 1-B, y los lotes 17-D y 19-D,
al tipo del veintiséis por ciento anual, desde la fecha de
suscripción de la opción hasta el día de la firma de la escritura
contentiva del traspaso definitivo; para los lotes ese período se
extiende del catorce de julio de 1988 al doce y diecisiete de
enero de 1989; del monto resultante a pagar, se rebajará un mes
calendario, que es el costo financiero a cargo de la empresa
constructora.- También pagará el Banco los intereses percibidos
durante las suspensiones decretadas del proyecto, ocurridas entre
el seis de abril y el nueve de mayo, y entre el veinticuatro de
mayo y el doce de agosto de 1988; la fijación del importe de estos
extremos, se hará en la fase de ejecución de esta sentencia; ---
d} CINCO MILLONES DE COLONES, por concepto de daño moral objetivo
a favor de la actora, suma en la cual se fija prudencialmente; ---
e} Sobre los extremos concedidos, el demandado pagará intereses
del veintiséis por ciento anual, a partir del veintisiete de julio
de mil novecientos ochenta y nueve, y hasta el día del efectivo
pago; Quinto : Se condena al demandado al pago de las costas
personales y procesales”.- ADICIONADA por la Número 432-98-Bis de
ocho horas quince minutos del dieciséis de setiembre de ese año,
del mismo juzgador, que dispuso: “POR TANTO: Se declara sin lugar
la solicitud de aclaración y adición de la sentencia planteada por
la parte actora”.-
4).- Que inconformes con esa resolución, ambas partes apelaron,
recurso que les fue admitido y en virtud del cual conoce este
Tribunal en alzada
5).- Que como al recurso se le ha dado el trámite que le es propio
y no se notan defectos que invaliden lo actuado o que deban ser
corregidos, se procede a dictar esta resolución, previa la
deliberación de rigor


CONSIDERANDO


EXTEMPORÁNEAMENTE. El actor, al fundamentar su recurso, requiere
que se reconsidere lo resuelto en relación con los incidentes de


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documentos extemporáneos y de otros nuevos presentados mediante
escritos de 10 de enero de 1991 (fs. 1108 del Tomo III de este
Expediente), 17 de marzo de 1992 (f. 1229 ibídem) y 7 de julio de
1992 (f. 1243 ibídem), analizados por el A-quo en los
considerandos I, II y III de su sentencia, resolviendo acoger
solamente la cédula de notificación de la sentencia 255-90 del
Tribunal Superior Segundo Penal, Sección I. de San José y la carta
del 14 de noviembre de 1988, de Marcos Bermúdez Portilla a la
Junta Directiva del Banco, y rechazando los restantes. Vistas las
razones que señala el juez de instancia, este tribunal coincide
con sus apreciaciones, y concluye que las pruebas en cuestión no
se refieren a hechos nuevos, no conducen a demostrar situaciones
de interés para resolver el fondo del asunto, o en todo caso se
refieren a otras que ya tienen demostración mediante otros medios
de prueba, de manera que se confirma lo resuelto en este aspecto.-


II.- SOBRE HECHOS PROBADOS: La relación de hechos probados que
contiene la resolución recurrida se debe aprobar, por ser conforme
a los elementos de prueba evacuados en el expediente. No obstante,
se debe hacer la observación, en cuanto a que los hechos no están
presentados en orden cronológico, así los numerados 22 a 27, 30,
32 a 50, 58, 59 y 72 se refieren a fechas a veces muy anteriores a
los que les preceden, haciendo un tanto confusa la lectura y su
compresión. Por otro lado, están incompletos en parte o no indican
la fecha en que se dieron, los numerados 63, 64 y 66, los cuales
se corrigen así: 63 ° } que en los primeros días de mayo de 1987,
la División de Crédito del Banco demandado, con base en el informe
de la firma asesora INVERSIONES RAK S.A., recomendó la
“precalificación de la solicitud de crédito planteada por
CONSTRUCCIONES ORIÓN, S.A., dentro del programa de financiamiento
a empresas constructoras por un monto de Ë 13.748.400.00, para la
construcción de 20 casas de habitación en la Urbanización Don
Bosco, ubicada en San Pedro de Montes de Oca”; los desembolsos se
girarían de acuerdo al avance de las obras, previa inspección y
autorización de la firma asesora, el tiempo necesario para la
ejecución del proyecto sería de seis meses a partir del primer
desembolso y se recomendó un plazo de doce meses para el
crédito(informe a fs. 519 a 526, 534-542 de Exp. Principal,
167-190 de T. IV de Exp. Adm.).- 64 ° } Que entre noviembre de
1987 y el 30 de abril de 1991, la sociedad actora pagó al Banco
Popular, por concepto de intereses, la suma de Ë 4´373,020.40,
cuando lo que debió pagar según la ecuación financiera o modelo
económico del proyecto era la suma de Ë 1´479,750.67, lo que


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representa una diferencia de Ë 2´893,269.73 {ver ampliación N ° 1,
del informe pericial, f.809 ibídem}.- 66 ° } Que entre el 9 de
julio de 1987 y el 30 de marzo de 1988, el Banco demandado, giró a
favor de la accionante, un total de catorce desembolsos, conforme
al avance de las obras, previa recomendación pericial del
ingeniero Ricardo Aymerich K., representante de “Inversiones Rak,
Sociedad Anónima”, incluyendo los aumentos por costos de
construcción (fs.63 a 100 del Tomo IV ° del Exp. Adm.; 849 a 868
de principal; hecho 24 de la demanda admitido a fs. 133 fte. y 212
fte.).- Finalmente, se considera necesario agregar los siguientes
76) Que desde su inicio hasta la venta total de casas construidas
y lotes sin construir el proyecto duró cuarenta y seis meses, o
sea dos años y diez meses más del plazo previsto para el crédito
(informe pericial a fs. 491-501 de Exp. Princp.).- 77) Que a
partir de 1988, en que se ordenó la suspensión de aprobación de
créditos para este proyecto, el Banco accionado se negó, pese a
las reiteradas gestiones de los interesados, a dar información
sobre la situación del mismo o del crédito en cuestión
415-417 del principal).- 78) Que el estado de incertidumbre que
mantenía el Banco en relación al proyecto de la actora, en cuanto
a la existencia de un problema crediticio respecto del cual no se
liberaba la hipoteca de los terrenos ni se resolvía otra cosa,
creó un mal ambiente entre los posibles compradores que dificultó
las ventas (testimonios de Alvaro Vargas Rojas y Marco A
Protilla, fs. 412-414 y 417, informe pericial fs. 491-501 de
principal).- 79) Que al finalizar las ventas de este proyecto, la
actora contabilizó pérdidas por Ë 12´125,163.20 al 30 de abril de
1991, con una diferencia negativa en el pago de intereses respecto
de lo proyectado por Ë 2´893,269.73, gastos en ventas por Ë 2
´061,804.4o, gastos de administración por Ë 8´310,790.85 y gastos
financieros por Ë 6´217.790.99, quedando en un estado virtual de
quiebra, cálculos hechos al 30 de abril de 1991 (informe pericial
a fs. 468-508, 761, 809, anexo E. fs. 754-773 de principal).-


III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: El elenco de hechos que se
tienen por no demostrados, también se aprueba, con excepción del
tercero, el cual se elimina por las razones que se dirán más
adelante


IV.- El actor impugna el segundo hecho tenido por no demostrado,
en cuanto a su estado de quiebra, al efecto se debe observar dicha


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situación jurídica es una institución legal, prevista por los
artículos 851 y siguientes del Código de Comercio, en relación con
el 737 y siguientes del Código Procesal Civil, en que, a gestión
de parte interesada se declara judicialmente el estado de
incapacidad de pago de una entidad comercial; en tal sentido va la
afirmación de que este hecho no ha sido demostrado, la apreciación
del perito que se invoca a tal efecto, se refiere a la situación
económica de la empresa, no a la legal


V.- El banco accionado fundamenta su inconformidad básicamente en
que la causa del fracaso del proyecto y del estado económico de la
actora radica en el incumplimiento de los términos del contrato,
según se expone por su representante, en acuerdo de la Junta
Directiva, y que integra la relación suscrita entre las partes, se
estableció que la construcción de las casas se haría en el plazo
de seis meses, aunque el plazo del crédito sería de un año,
debiendo construir la actora 21 casas con la suma prestada y si
había un aumento en el costo de la construcción tal que hiciera
improbable terminar el proyecto, la empresa debía hacer el trámite
correspondiente a una ampliación del crédito o un nuevo préstamo
sin embargo, la actora en forma unilateral modificó su compromiso
incumpliendo el contrato cuando tardó diez meses en construir solo
18 casas utilizando casi la totalidad del préstamo, o sea cambió
el plazo de construcción, la cantidad de casas, el monto de
crédito reconocido por cada una e introdujo el aumento del costo
de construcción en el monto acordado; remitiéndose al efecto al
informe que rindió la empresa asesora del Banco, Inversiones RAK
S.A., la recomendación de la División de Crédito, el acuerdo de la
Junta y la escritura inicial, en que se definen estas condiciones
El argumento así presentado es de suyo respetable y lógico, pero
adolece de una serie de incongruencias que lo hacen inadmisible,
en primer lugar, el acuerdo se basó en la recomendación de la
firma asesora, pero no se ha hecho constar que la empresa actora
expresamente se comprometiera a construir todas las casas en seis
meses, cuando ha razonado que ello es material y económicamente
ilógico, en particular, el dictamen pericial señala en forma clara
que los porcentajes de gastos, administración y ganancia prevista,
o sea lo que se llama la ecuación financiera, no resulta viable ni
aceptable en tales términos (fs. 503-505 de principal), siendo la
única interpretación posible la construcción escalonada del
proyecto en plazos de cuatro meses. Lo anterior revela una mala
apreciación del plan a desarrollar y un mal cálculo de la ecuación
en comentario.- En segundo lugar, en dos documentos del banco, que


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son parte del contrato (fs. 68-75 del T.III de Exp. Adm.), el
DE LA CONSTRUCCIÓN”, párrafo 4.3. se establece que


“Se reconocerán al precio de venta final de las viviendas, por los
montos antes indicados, las variaciones en el índice de precios
que mensualmente fija la Cámara Costarricense de la construcción
durante el plazo de la ejecución del proyecto.”


PROGRAMAS COLECTIVOS DE VIVIENDA, en su artículo 2do., párrafos
4to., en relación a la venta de lo construido a quien lo solicite
a la empresa que
“...el banco aprobará el precio de las viviendas, conforme con el
aumento de costo, ...”


Estos textos establecen que el aumento del costo será reconocido
en precio final de las casas, sin indicar cual es el mecanismo por
el que dicho concepto debe incorporarse en la relación durante el
desarrollo de la obra, hay de por medio una omisión que conduce a
interpretar eventualmente que el préstamo incluiría el concepto,
cuestión que la interesada debió haber aclarado con el Banco,
cuando se dio el fenómeno del aumento en esa época fue de un 27%,
o sea que el precio aumentaba en una cuarta parte. Si bien el
Tribunal considera que la condición y norma citadas se refieren al
valor de venta de la construcción y no a una cláusula del
contrato, lo cierto es que lleva a confusión y que la actora
incurrió en ella no en forma unilateral como se acusa sino en
acuerdo con un representante del banco. En efecto, está claro que
INVERSIONES RAK S.A. ejercía la supervisión de los trabajos, los
aprobaba y sólo a su requerimiento se giraban los cheques
correspondientes al avance de las obras, por ende, su inspección y
aprobación le daban el carácter de representación del Banco (hecho
3o. de la demanda admitido por el accionado); en este sentido la
jurisprudencia ha dicho


“De igual manera, no puede eximirse de responsabilidad a la
administración, cuando, para realizar sus fines, encarga a
terceros el cumplimiento de actos, como sucedió en el sublite


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Si además de la responsabilidad de la Administración, originada en
dicha falta de vigilancia y cuidado, existe también
responsabilidad del encargado de los juegos pirotécnicos, se
estaría frente a un supuesto de culpa (y responsabilidad)
concurrente. El artículo 190 citado establece, como causa de
exoneración de la responsabilidad de la Administración, el hecho
de un tercero. Ello es así cuando dicho tercero actúa en forma
independiente de la Administración, sin que exista relación
jurídica alguna entre ellos..." (CAS. SALA I, No. 29 DE 14:30"
25 DE NOVIEMBRE DE 1994.)”


Por lo que se estima que en tal carácter aprobó la interpretación
cuestionada, de manera que la modificación del contrato no resulta
unilateral, sino en acuerdo con el accionado a través de esa
organización debidamente autorizada, quien no solo reconoce la
validez de lo actuado cuando afirma que el plan se ha ejecutado
estrictamente (informes a fs. 48-86 de T.I, 31-39 de T.II de Exp
Adm., 182-185, 845-868 de principal), sino que lo fundamentó en
las leyes 5501 y 5518 sobre la contratación administrativa y se
manifiesta desconocedor de la necesidad de solicitar una
ampliación del crédito. Ello no solo demuestra que la modificación
del contrato fue bilateral, sino que había un problema de
organización y comunicación dentro del funcionamiento de la
entidad demandada, lo que representa una falta de servicio. A lo
anterior hay que agregar que el acuerdo fue variado en una ocasión
para reemplazar la construcción en condominio por unidades
independientes, lo que entre la solicitud, aprobación y firma de
la escritura implicaba un forzoso retraso y replanteamiento de los
plazos. De manera que no se puede concluir que hubo un
incumplimiento particular de las condiciones por parte de la
actora, sino una serie de conductas de ambas partes que conducían
lógicamente a entender, de común acuerdo, que se varió el plazo de
construcción y se incorporó el concepto de aumento en el costo
dentro del presupuesto del préstamo, permitiendo solo la
construcción de 18 de las casas.-


VI.- Legalmente el demandado se regula por su ley de creación
Número 4351 del 11 de julio de 1969 y sus reformas, que establece
entre sus funciones el otorgar préstamos a proyectos específicos
de desarrollo comunal o regional con instituciones públicas o
privadas y el favorecer la compra y construcción de viviendas


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populares (artículo 34 inciso c); remitiendo al reglamento las
normas, condiciones y garantías para los créditos (art. 35), dicha
normativa se estableció por Decreto Ejecutivo 5945 de 30 de marzo
de 1976, que reguló estas operaciones a partir del artículo 84 y
siguientes, y estableció reglas en cuanto a los requisitos
particulares de los beneficiarios como lo es su historial
crediticio y ser ahorrantes del sistema (art. 88), en particular
se establece que la institución no podrá involucrarse en
operaciones no autorizadas legalmente si no responden a la
naturaleza técnica de la actividad bancaria (art. 90 inc. a), y en
general no podrá participar directa o indirectamente en empresas
industriales, comerciales o de cualquier índole. Por su parte, la
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de 26 de
setiembre de 1953), regula las actividades a las que los bancos
estatales o privados, están autorizados, concretamente se
establece


"Artículo 61.- Los bancos comerciales podrán efectuar operaciones
de crédito y hacer inversiones para los siguientes fines:... 8)
Para realizar operaciones de crédito que fueren compatibles con la
naturaleza técnica de los bancos comerciales y que no estén
expresamente prohibidas por las leyes


A tales efectos, la ley requiere a la institución que se guíe por
criterios de absoluta generalidad e imparcialidad (art.62) y que
las solicitudes de crédito se resuelvan a la mayor brevedad
posible, con el criterio de interés público que tiene la
producción nacional, por lo que el atraso injustificado en sus
resoluciones será considerado como responsabilidad personal de los
funcionarios que forman la Comisión de Crédito o la Junta
Directiva en cada caso (art. 63 párrafo. 3.)- Este marco jurídico
nos lleva a tres conclusiones importantes: una que la institución
no puede participar directamente en empresas industriales, otra
que su funcionamiento debe ser ágil y la tercera, que el ente está
legalmente autorizado a llevar a cabo todas las operaciones
comerciales que correspondan a su naturaleza, en el tanto que no
estén expresamente prohibidas. En relación a esta última, se le
permite participar en operaciones típicas del Derecho Privado
sujeta tanto a la legislación como a los principios generales de
tal rama jurídica; en otras palabras, si bien son instituciones
públicas sujetas en cuanto a administración y política a los
principios generales del Derecho Público, está legalmente


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autorizada a realizar operaciones típicas del Derecho Privado, por
lo que podemos aplicar el artículo 1007 y siguientes del Código
Civil en cuanto a la eficacia de los contratos civiles, en
particular el 1023 p. 1o., que establece que los contratos obligan
a lo que se expresa en ellos, y a las consecuencias que la
equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación. Esta regla,
que remite a la equidad, nos indica que ambas partes deben poner
todos sus esfuerzos en lograr que el contrato llegue a buen
término, procurando el beneficio común y la adaptación que las
circunstancias impongan.-


VII.- Este tribunal coincide con el A-quo en que no hay un
contrato de sociedad entre las partes, ello no se desprende en
modo alguno de los acuerdos que lo integran, además de que por la
disposición citada de su Reglamento, sería una cláusula contraria
al ordenamiento; sin embargo es importante señalar que el contrato
sí impone una relación estrecha y compleja entre las partes, en
particular ata a la empresa constructora al cumplimiento de una
serie de condiciones que le impiden el desarrollo normal de su
actividad comercial independiente, pues si bien el propósito puro
y simple del proyecto es la construcción de casas para la venta,
la urbanizadora se encuentra obligada por el artículo 14 del
Reglamento de Crédito a Empresas Constructoras para Programas de
Vivienda, para la adjudicación, venta o traspaso de cada vivienda
a dar preferencia a las solicitudes que el Banco le señale y a
falta de solicitantes del Banco, deberá pedir su autorización para
colocar las viviendas en otros interesados, ciertamente esta norma
representa una cláusula abusiva pues amarra la actividad de la
empresa a las decisiones del prestamista y prácticamente la
paraliza, lo que la doctrina se llama una relación de sujeción
especial, pues no solo le impone dar preferencia a las solicitudes
del Banco, sino que implica el compromiso de éste de aportarlas,
pues sólo a falta de éstas se permite la venta a terceros, sujeta
a una previa aquiescencia del ente público, ante este cuadro, la
equidad obliga al banco a una actitud colaboradora, y ante todo
eficiente y ágil.- Según el informe del perito, el Banco no sólo
no aportó ninguna gestión de crédito para vivienda, sino que tardó
hasta ocho meses en aprobar las que se presentaron, y postergó
otro tanto en aprobar la venta de lotes sin construir y los
cambios en el proyecto, incumpliendo su propio propósito de que
las gestiones de crédito se aprobarían en el plazo de un mes.-
Retomando los informes del supervisor de la obra, el dictamen del
perito y lo considerado arriba se concluye que el fracaso del


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proyecto se debió principalmente a las siguientes razones, la
ecuación financiera del contrato está mal diseñada y la redacción
del acuerdo se presta a confusión, el Banco por medio de su
representante autorizó la modificación del proyecto y la inclusión
del aumento del costo en el desarrollo de las obras de tal manera
que sólo se construyeron 18 casas en diez meses, haciendo un
aprovechamiento adecuado de los recursos, finalmente, al llegar a
este punto el banco entró en una etapa de actuar errático,
paraliza el otorgamiento de préstamos a los compradores o trabaja
con lentitud y confusión, incurre en una inactividad parcial que
es una forma de funcionamiento anormal. A los compradores
eventuales se les da información inexacta y contradictoria, lo que
crea un ambiente de temor y desconfianza que perjudica no solo las
ventas en general, sino el nombre y operatividad de la actora en
particular. El negarse a dar información clara, precisa y completa
tanto a los compradores como a la actora, no solo es un
incumplimiento del deber de equidad en el contrato sino una
deslealtad y actuar malicioso. Si bien es cierto que llamaba a
confusión la no construcción de tres de las casas, es lo cierto
que, además de la aprobación del Banco a través de Inversiones RAK
S.A., en esa decisión, hay concordancia entre tal asesor y el
perito en que era la solución más lógica y conveniente para las
partes, en todo caso, la reacción del banco debió ser más rápida,
ágil y oportuna, al fin de cuentas aprueba lo hecho, pero su
primera decisión de paralizar la aprobación de créditos y su
lentitud posterior para toda autorización provocó la ruina del
proyecto y la empresa accionante, observando una actitud como se
dijo maliciosa, insegura y desleal al propósito común del
contrato


VIII.- En cuanto a la inscripción del cambio de responsabilidades
de los inmuebles garantes, hay varias observaciones: Anteriormente
informa el perito que se había hecho con dos lotes en forma
administrativa, de manera más ágil; y el acuerdo al respecto de la
Junta Directiva no especificó esa formalidad, por ende la decisión
del Departamento de Crédito de exigirla carece de fundamento.-
Estamos ante una relación de sujeción especial mediante un
contrato, situación prevista en el artículo 14 de la Ley General
de Administración Pública, que prevé el establecimiento de
relaciones especiales entre la Administración y los particulares,
dentro de las cuales los principios generales de derecho podrán
autorizar actos necesarios para el mejor desarrollo de las mismas,
pero sujetas a control de legalidad del juez; así la imposición


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de esta condición es lógica y coherente con el celo de proteger
los intereses del Banco, pero contraria a los requerimientos de la
ejecución del contrato, en todo caso, la toma de la decisión y su
ejecución debieron haberse hecho con mucha mayor celeridad, pero
el resultado final es que un proyecto de un año tarda casi cuatro
en concluirse, obligando a la accionante a vender a precios
totalmente desactualizados, reconociendo intereses no planificados
y quedando en total postración económica, por la actitud de su
cocontratante. Alega la institución demandada que es evidente que
la causa del daño es la falta de experiencia de la empresa, sin
embargo la actuación de ella misma revela igualmente improvisación
e inexperiencia, como luego dirá el informe de la Autoridad
General de Entidades Financieras, no es admisible el hecho de que
el banco tenía seis meses para aprobar los créditos, pues del
proyecto aprobado por la Junta se desprende claramente que se
calculó un mes para tal efecto, y el problema no es porque en el
caso del señor Fernando Retana se tardara dos meses, sino porque
se generalizó el hecho de que dilataban más de tres meses para las
aprobaciones. En conclusión, el Banco incurrió en graves y
unilaterales incumplimientos del contrato por inactividad parcial,
que produjeron daños a la actora, y por ende está en la obligación
de resarcirlos de conformidad con los artículos 701 y siguientes
del Código Civil.-


IX.- En cuanto a la discusión de la cuota escalonada, se estima
que el compromiso del banco era aplicarla cuando fuere posible a
los créditos solicitados dentro del contexto de su política, pero
no hay un compromiso de crear una cuota adecuada a las necesidades
de la actora o a los cambios económicos del país, el crear un
concepto restringido sin cálculo del proceso inflacionario es un
problema de carácter político y de oportunidad, pero no legal y
por ende ajeno a la consideración de los tribunales


X.- Alega la demandada que se le condena dos veces por el mismo
concepto, sea por daño moral y por el juicio penal interpuesto
contra la actora y su representante, apreciación que no responde a
la letra de la parte dispositiva de la demanda, que tiene un monto
único por concepto de daño moral a la empresa, por lo que el
reproche no resulta de recibo.-


XI.- Finalmente, en cuanto a los alegatos de la parte demandada,
se señala la improcedencia de fijar los intereses en forma


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retroactiva.- El juzgado de primera instancia estableció que estos
empiezan a correr desde la fecha del reclamo administrativo, lo
cual estima este tribunal que es procedente respecto de los montos
que eran liquidables en ese momento, a saber sobre la ganancia
dejada de percibir, el costo adicional por administración del
proyecto y los intereses que la actora canceló fuera de lo
previsto; en este sentido esta obligación no se está aprobando en
forma retroactiva, sino a partir del momento en que las sumas era
reconocibles y debieron ser admitidas por el obligado al conocer
el reclamo. Sin embargo, en cuanto a la estimación del daño moral,
la doctrina es conteste en interpretar las normas correspondientes
(artículos 706, 1163 del Código Civil, 497 del Código de
Comercio), en el sentido de que los intereses corren a partir del
momento en que se conoce la suma líquida de la obligación, no
pudiendo proceder de otra forma, pues no puede pagar quien no sabe
lo que debe, en tal sentido cabe citar


“Resulta de suma importancia añadir que el pago de intereses
moratorios de carácter legal en una obligación extracontractual
(deber de resarcir), debe determinarse a partir de la firmeza
del fallo y no antes, pues la obligación de indemnizar los daños
perjuicios tiene por objeto o prestación un valor abstracto no
determinado ni sujeto a medida alguna.” [Sentencia No. 49 de la
Sala Primera de la Corte suprema de Justicia, e las 15 horas del
19 de mayo de 1995, citada en voto 272-97 de 10:30 hrs. del 5 de
agosto de 1997, del Trib. Sup. Contenc. Adm, Sec. I.]-


XII.- Por su parte, el actor requiere, en primer lugar que se
reconozca la indexacción correspondiente al valor de los montos
acordados, en este sentido se debe recordar el extremo J) de su
petitoria, que solicita la condena al pago de intereses sobre esas
sumas, al 26% anual desde el inicio del proyecto, lo que se ha
admitido parcialmente, desde la fecha del reclamo administrativo,
en la forma referida en el considerando anterior, por las razones
legales invocadas, tanto por el Despacho de origen, como por éste
Sigue diciendo la petitoria


“Este interés, que aquí solicitamos, podría ser concedido por el
Juez, aplicando principios de equidad y reciprocidad entre las
partes contratantes. Además, se supone que estas sumas de
indemnización constituyen el capital de trabajo de mi
representada. Por lo que, haciendo una analogía, se puede


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subsidiariamente, calcular el interés de esas sumas, reconociendo
los índices de incremento en la construcción que, en forma
mensual, la CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN emite. En las
dos formas, se estiman esos intereses en Ë 10.000,000.oo.” (La
negrilla es nuestra)


En este punto el actor hace una confusión de términos, por un lado
pide el interés, luego subsidiariamente, o sea, en defecto de la
aprobación del interés, solicita nuevamente el mismo concepto pero
reconociendo los índices de incremente del costo que informa la
Cámara de Construcción, lo cual es contradictorio. Cabe suponer
que se refiere a calcular el incremento sobre el capital y no
sobre los intereses, lo que sería más lógico aunque no es lo que
dice la oración, en todo caso, el extremo se debe rechazar con
base en el criterio ya expresado por el Despacho en voto de la
Sección Primera, No. 179-96 de 10:40 horas del 25 de junio de
1996, citando a Casación


"Cabe señalar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de
admitir el reajuste del principal cuando media acuerdo expreso
(indexacción convencional) v.gr. cláusula de estabilización
monetaria. ( Sentencias Nos 57 de las 11 horas. del 24 de julio de
l989 y 75 de las l6 hrs. del 23 de mayo de l992). Empero en
relación con la indexacción protestada fuera de convenio, este
mismo tribunal ha dicho que : "X... no ignora las razones de
equidad y de justicia que abonan la tesis de que los valores
pendientes de pago se actualicen... pero tal medida debe ser
objeto de una concienzuda reglamentación legislativa, por las
enormes consecuencias que tendría en el ámbito de la vida
económica de la nación." (Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia N ° 49 de las 15 horas del l9 de mayo de l995)..."


En consecuencia se debe rechazar la gestión de la actora en este
sentido


XIII.- En cuanto a los demás daños y perjuicios. La actora
solicitó la ganancia dejada de percibir en el proyecto en cuestión
por la suma de dos millones y medio de colones, al efecto el A-quo
la redujo haciendo una serie de consideraciones de riesgo e
inflación. A juicio del tribunal, observando que el perito había
calculado el doble de dicha suma (ver hecho probado 73), y que el


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aumento de costo se compensaba en el precio de la construcción,
estima procedente admitir el monto solicitado y condenar al pago
de Ë 2´500,000.oo .- En cuanto al costo de administración , la
actora solicitó la suma de Ë 2´400,000.oo , el informe pericial
estima las pérdidas por dicho concepto en una suma cuatro veces
mayor, se estima de justicia acoger el monto propuesto. También se
pide restituir los intereses que la actora canceló fuera de lo
previsto en el proyecto; dado que se ha concluido que fue por la
lentitud del banco que se dio el atraso y fracaso final, se admite
el extremo que el perito fijó por Ë 2´893,269.73 . En cuanto al
concepto de daño moral , considerándose que él abarca más de un
año de contienda administrativa, la pérdida de prestigio de la
empresa, el ver su nombre envuelto en acusaciones penales por
supuesto incumplimiento de sus contratos, y su postración
económica a partir de entonces, se resuelve mantenerlo en la suma
de Ë 5´000,000.oo .- En cuanto al valor de los lotes, o sea la
inversión de la actora en el proyecto, se prohíja la razón del A-
quo, que consideró que el extremo va incluido al indemnizar la
ganancia no recibida, igualmente se rechazan los extremos de
impuestos territoriales y municipales, y el de ganancias futuras
del desarrollo de la empresa por falta de prueba; también el monto
por casas pendientes de vender, por haber sido ya traspasadas a la
fecha


XIV.- En relación al monto solicitado por daño moral al
representante de la empresa, Ing. Henry Castro González,
igualmente se rechaza el extremo pues él no se ha apersonado en
autos a requerir el monto a título personal: en consecuencia se
debe aclarar que respecto a este extremo solamente se admite la
excepción de falta de legitimación ad causam activa, por cuanto la
actora no es la persona indicada para reclamar los derechos de ese
otro interesado.-


XV.- Se debe revocar la sentencia venida en alzada en cuanto
rechaza todas las defensas, para en su lugar admitir la de falta
de derecho respecto de los extremos que se han declarado
improcedentes; también en cuanto acogió los intereses a partir del
veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, para
dejarlos a partir de la firmeza de la sentencia al mismo tipo, y
fijar los extremos a indemnizar en la sumas dichas en el
considerando anterior; confirmando todo lo demás.-


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Se revoca la sentencia venida en alzada en cuanto rechaza todas
las excepciones, y en su lugar se admite la de falta de
legitimación ad causam activa respecto del reclamo por daño moral
del Ing. Henry Castro González, también se admite la excepción de
falta de derecho en cuanto a los extremos que se rechazan. Se
modifica el monto de las siguientes indemnizaciones que se fijan
así: ganancia dejada de percibir: dos millones quinientos mil
colones ( Ë 2,500,000.oo); costo adicional por administración del
proyecto: dos millones cuatrocientos mil colones ( Ë
2,400,000.oo); y los intereses que la actora canceló fuera de lo
previsto: dos millones ochocientos noventa y tres mil doscientos
sesenta y nueve colones setenta y tres céntimos ( Ë 2,893,269.73),
también en cuanto al momento en que corren los intereses en lo
referente al daño moral, que deberán pagarse a partir de la
firmeza de esta sentencia. En lo demás se confirma


FUENTES CITADAS


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1 ROJAS FRANCO, Enrique. Participación ciudadana en el derecho
administrativo costarricense. Artículo publicado en Revista
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Año 5, N° 5. 2005
San José, C.R. Las Asociaciones y el Instituto, 2005. pp 146-150
2 VENTURA RODRIGUEZ, Manuel. El fundamento jurídico y constitucional de
las relaciones de sujeción especial en Costa Rica. Artículo publicado
en Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Año 4,
190-194
3 Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública. Ley
6227 del 02/05/1978
San José, a las diez horas del veinticuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y seis
N. 223-99. Segundo Circuito Judicial de San José, a las nueve horas
del treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve