Editar Transcripción - 1900 - Administracion Publica En La Bibliografia De Eduardo Garcia De Enterria

📝 Borrador Creado: 16/02/2026 05:39

📄 945 líneas 🔤 51,353 caracteres

Centro de Información Jurídica en Línea

Ver aviso legal al final del documento

DE ENTERRIA

ÍNDICE
1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a. La administración pública como persona jurídica
b. El concepto de Administración en la evolución del Derecho
Administrativo

a. El Derecho Administrativo es un Derecho Público
b. El Derecho Administrativo es el Derecho común de las
Administraciónes Públicas
c. La presencia de una Administración Pública es requisito
necesario para que exista una relación jurídico-
administrativa

ADMINISTRATIVO

a) La estructura jerarquizada del Ordenamiento Jurídico
b) Ordenamiento Secundarios y normas autonómicas
c) El Papel de la Costumbre
d) La contingencia y variabilidad del sistema normativo escrito
del Derecho Administrativo
e) Los principios generales del Derecho

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

DESARROLLO

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a. La administración pública como persona jurídica

“La más simple y tradicional definición del Derecho Administrativo
lo considera como el Derecho de la Administración pública, realidad
política radicalmente ajena a las Administraciónes privadas, al
menos desde el punto de vista jurídico, por más que, desde la
perspectiva neutra de las técnicas de organización o de los métodos
de trabajo ambas clases de Administraciónes puedan considerarse
bajo un prisma unitario (tampoco nunca totalmente abstracto e
intercambiable) por la llamada ciencia de la Administración
Así planteada la cuestión (el Derecho Administrativo como Derecho
de esa realidad del mundo político que es la Administración
Pública), la primera y fundamental pregunta a resolver es qué cosa
sea la Administración pública para el Derecho Administrativo
La pregunta, aparentemente sencilla, ha sido, sin embargo, el
centro de los debates que han hecho posible la elaboración
dogmática del Derecho Administrativo. Las respuestas y soluciones
han sido muchas y dispares a lo largo de un siglo y medio de
historia de la disciplina
No vamos, sin embargo, a reseñar ese largo itinerario, que no es
imprescindible seguir para el objetivo que nos es ahora propio

b. El concepto de Administración en la evolución del Derecho
Administrativo

A partir de la Revolución francesa, momento en el que nace el
Derecho Administrativo, y durante la primera mitad del siglo
pasado, la Administración Pública se identifica con el Poder
ejecutivo, en el marco constitucional del principio de división de
poderes. El Derecho Administrativo venía a ser entonces el régimen
jurídico especial del Poder Ejecutivo
Hacia mediados del siglo XIX, los esfuerzos dirigidos a garantizar
la autonomía del nuevo Derecho Público, con la necesidad de
abandonar las explicaciones personalistas y místicas del feudalismo
y el absolutismo, cristalizan en Alemania en una aportación
capital, sin duda tomada en préstamo del pandectismo iusprivatista
el reconocimiento del Estado como persona jurídica (ALBRECHT,
GERBER, LABAND, JELLINEK). El Estado sería, ante todo, una persona
jurídica, y esta constatación elemental permite iniciar, justificar
y sostener la magna construcción de su comportamiento ante el

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

Derecho. La personificación jurídica del Estado se erige así –dice
GERBER- en el presupuesto de toda construcción jurídica del Derecho
Público
En el plano que ahora nos interesa, el hecho de que se conidere que
la personalidad jurídica corresponde al Estado en su integridad y
no a cada uno de sus tres Poderes, hace que éstos pierdan su
sustantividad propia y se conviertan en simples expresiones
orgánicas de aquél. La Administración Pública, hasta aquí
identificada con uno de los poderes orgánicos e individualizados
del Estado, el Poder ejecutivo, pasa a ser considerada entonces
como una función del Estado persona
El problema queda planteado, de este modo, en unos términos muy
diferentes: ya no se ve en el Estado un conjunto de Poderes
individualizados (entre ellos el Poder ejecutivo o Administración
Pública), sino una persona jurídica única que realiza múltiples
funcinones, una de las cuales sería, precisamente, al de
administrar. La cuestión será entonces la de averiguar en qué
consiste, concretamente, esta función de administrar dentro del
cuadro de las funciones generales del Estado
El intento de aislar una abstracta función estatal de administrar,
para edificar sobre la misma el objeto formal del Derecho
Administrativo como disciplina, ha sido uno de los esfuerzos más
prolongados y más sutiles en la historia de nuestra ciencia –y
también uno de los más sutiles en la historia de nuestra ciencia –
y también uno de los más baldíos-. Administrar sería acción (frente
a declaración, como propia de las funciones legislativa y
judicial), o acción singular y concreta, o acción organizada, o
acción de conformación social, o gestión de los servicios públicos
(esta tesis dominó la primera mitad de este siglo en Francia), o
actuación bajo formas jurídicas peculiares (acto de autoridad
primero, acto-condición y acto subjetivo en DUGUIT, actuación
ejecutoria, etc.). El cansancio de este prolongado esfuerzo
dialéctico se manifestó en la sorprendente adopción final de
fórmulas exclusivamente negativas: administrar sería toda actuación
del Estado distinta de legislar o de enjuiciar (escuela alemana,
desde MAYER, que reaparece insólitamente en la Ley norteamericana
de procedimiento Administrativo de 1946). Criterio cuyo sentido
vendría del hecho de que legislar y juzgar se habrían separado del
complejo de funciones del viejo Estado absoluto como simples
técnicas formales, en tanto que el resto –un conglomerado o aluvión
histórico, donde se mezclan funciones y competencias heterogéneas-
no es reductible a ninguna técnica formal uniforme; o tesis de la
“regla o cláusula exorbitante”, desemplvada en Francia (porque
tiene un claro origen absolutista: los derechos del Príncipe
exorbitante a iure commune; nuestras Cortes de Valladolid de 1442

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

protestan ante el Rey de que en las Reales Cartas “se ponen muchas
exorbitancias de derecho”; en la Ley 7°, Título V, Libro III, de la
Novísima Recopilación, se habla de las Cartas Reales “que las
mandamos dar de nuestro propio motu y poderío Real absoluto, con
otras exorbitancias”) tras la crisis de la doctrina del servicio
público, en esta última post-guerra, y que se limita a catalogar en
el Derecho Administrativo las regulaciones Estado-súbditos que
salen (por arriba o por abajo; privilegios en más y en menos
RIVERO) de los moldes establecidos del Derecho Privado, renunciando
a una explicación uniforme de esa peculiaridad
¿Es verdad que hay que acoger cualquiera de esas explicaciones
negativas, una vez que se ha constatado el fracaso de una
caracterización positiva de la función de administrar?
La cuestión ha de plantearse más hondamente: si es cierto que
administrar sea una simple función abstracta jurídicamente
definible y que la Administración como organización carezca de toda
sustantividad propia, siendo un simple complejo orgánico relativo,
aunque más o menos constitucionalizado, que ha de referirse a la
verdadera entidad sustantiva desde el punto de vista jurídico, el
Estado. Apuremos esta vía crítica.” i

“Lo primero que hay que notar, en efecto, es que la Administración
Pública no es para el Derecho Administrativo una determinada
función objetiva o material. El fracaso de cuantos intentos se han
realizado en esta dirección es la mejor prueba de la inutilidad de
insistir en este punto. La movilidad de la propia materia
administrativa es, sin duda alguna un obstáculo insuperable para
intentar perfilar un modo –material o formal- de administrar. Las
funciones y actividades a realizar por la Administración son algo
puramente contingente e históricamente variable, que depende
esencialmente de una demanda social, distinta para cada órbita
cultural y diferente también en función del contexto socioeconómico
en el que se produce. A su vez, las técnicas formales de
administrar varían también circunstancialmente, por lo que sería
vano intentar aislar una de ellas como prototípica y definitoria
así se ha visto espectacularmente con la experiencia de las
nacionalizaciones y empresas públicas, que por sí sola ha bastado
en Francia para poner en crisis a la hasta ese momento hegemónica
“doctrina del servicio público2 que hacía un dogma de la aplicación
necesaria del Derecho Administrativo a la gestión de los servicios
públicos (el fenómeno de las empresas públicas ha roto

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

definitivamente esa correspondencia, al suponer, por una parte, la
aplicación del derecho privado en la gestión ad extra de servicios
públicos inequívocamente tales –ferrocarriles, electricidad, gas-
por otra, la aplicación del derecho público- en cuanto a
Administración genuinamente privada; por ejemplo, al Regie Renault,
que bajo una forma pública, fabrica los automóviles de esa marca)
La Administración Pública no es tampoco para el Derecho
Administrativo un complejo orgánico más o menos ocasional. La
relación estructural entre la realidad constituida por la
Administración Pública y el ordenamiento jurídico no se efectúa por
la consideración de la misma como un conjunto de órganos, sino a
través de su consideración como persona. Para el Derecho
Administrativo la Administración Pública es una persona jurídica
Este de la personificación es el único factor que permanece
siempre, que no cambia como cambian los órganos y las unciones, y
por él se hace posible el Derecho administrativo. Todas las
relaciones jurídico-administrativas se explican en tanto la
Administración Pública, en cuanto persona, es un sujeto de Derecho
que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular
de un patrimonio, es responsable, es justiciable, etc. La
personificación de la Administración Pública es así el dato
primario y sine qua non del Derecho Administrativo.”ii

“Pues bien, algo semejante sucede con el Derecho Administrativo,
que no es ni el Derecho propio de unos órganos o de un poder, ni
tampoco el Derecho propio de una función, sino un Derecho de
naturaleza estatutaria; en cuanto se dirige a la regulación de las
singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de
Administraciónes Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares
del Derecho común

A) El Derecho Administrativo es un Derecho Público
Por lo pronto hay que decir que el Derecho Administrativo es un
Derecho Público, del que constituye una de sus ramas más
importantes. Siendo la Administración Pública la única
personificación interna del Estado, cuyos fines asume, y siendo
también dicha persona el instrumento de relación permanente y
general con los ciudadanos (en tanto que las funciones no
administrativas del Estado son de actuación intermitente y, o bien
no se expresan en un sistema de relaciones jurídicas con los
ciudadanos, o cuando esto ocurre tales relaciones afectan sólo a
contados y excepcionales sujetos ) es lícito decir que el derecho
Administrativo es el Derecho Público interno del Estado por

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

excelencia

B) El Derecho Administrativo es el Derecho común de las
Administraciónes Públicas
El carácter estatutario del Derecho Administrativo supone, como
hemos dicho ya, que es un Derecho referido a un tipo determinado de
sujetos, las Administraciónes Públicas. Esto quiere decir, por lo
pronto, que el Derecho Administrativo tiene que atender básicamente
a las exigencias que estos sujetos presentan para su
desenvolvimiento jurídico normal. Dicho con otras palabras el
Derecho Administrativo es un microcosmos jurídicos, que tiende a
cubrir todas las posibles zonas en que se mueven las
Administraciónes Públicas, incluso aquellas que constituyen el
objeto de regulación de otras disciplinas. Así, pues, lo mismo que
hay un Derecho Procesal o un Derecho Penal generales, hay también
un Derecho procesal administrativo o un Derecho penal
administrativo. El proceso, las penas o sanciones, los contratos,
la propiedad, la responsabilidad, las servidumbres, la delegación,
etc., todas las instituciones y técnicas propias de los Derechos
comunes sufren, cuando inciden sobre sujetos administrativos, un
proceso de modificación o de modulación para adaptarse a las
especiales características de estos sujetos, dando así lugar al
contrato administrativo, la responsabilidad administrativa, la
delegación administrativa, etc. El Derecho Administrativo resulta
ser, de este modo, el Derecho común de las Administraciónes
Públicas. Esta afirmación hay que entenderla como opuesta a la
expresión Derecho especial. El Derecho mercantil por ejemplo, no es
un derecho común, sino un Derecho especial, ya que en las materias
que él mismo no regula se aplica el Derecho Civil. En el Derecho
administrativo, por el contrario, la situación es completamente
distinta: cuando en él hay una laguna, ésta se integra con sus
propios principios sin necesidad de acudir a otros Derechos. Así lo
viene declarando sistemáticamente el Tribunal Supremo
Como bien se comprende, esta observación tiene un valor práctico de
primera importancia, en relación a lo dispuesto en el artículo 4°-3
(antes 16) del CC, según el cual “las disposiciones de este Código
se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras
leyes”. En contra de la opinión tradicional de los civilistas, hay
que decir que el artículo citado se refiere sólo a las leyes
especiales del ordenamiento civil, pero no a las leyes especiales
del ordenamiento administrativo, que es capaz de autointegrar sus
propias lagunas sobre la base de sus mismos principios generales,
sin perjuicio de que estos principios remitan con frecuencia a los
criterios jurídicos generales formulados o desarrollados en el
Derecho Civil

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

El Derecho Administrativo, en cuanto Derecho común de las
Administraciónes Públicas, no está formado solamente por normas
positivas, sino también por principios generales, que sirven para
articular, interpretar y completar esas normas, a las que acompañan
formando en torno a ellas un aura inseparable. Sobre ello
hablaremos más despacio en el capítulo siguiente

C) La presencia de una Administración Pública es requisito
necesario para que exista una relación jurídico-administrativa
El carácter estatutario del Derecho Administrativo comporta una
última y decisiva consecuencia: para que exista una relación
jurídica administrativa es preciso que, al menos, una de las partes
en relación sea una Administración Pública. Esta afirmación
requiere, sin duda, algunas precisiones

a) La actividad materialmente administrativa de los demás órganos
del Estado
Al no ser referibles a la Administración Pública en cuanto persona,
es claro que no están sujetas al Derecho Administrativo, como antes
ya notamos, las supuestas “funciones administrativas” que realizan
los órganos o entidades situadas fuera de la misma. Así, por
ejemplo, la actividad de jurisdicción voluntaria que realizan los
Jueces y Tribunales, la policía de audiencia, los tratados
internacionales, las pensiones extraordinarias concedidas por las
Cortes, etc

b) La llamada actividad administrativa de los particulares
Con todo, para ser rectamente entendido el requisito de la
presencia de una Administración Pública para que una relación
jurídica pueda ser calificada de administrativa es preciso tener en
cuenta las observaciones que siguen

La Administración Pública no gestiona por sí misma todos los
servicios públicos de que es titular. Bajo el imperio de la
ideología liberal se impuso el dogma de la incapacidad del Estado,
para ser empresario y, para satisfacer las exigencias que en
ocasiones se le presentan para la organización de servicios que
suponen explotaciones industriales, se acudió a la técnica de la
concesión, por virtud de la cual la gestión del servicio se entrega
a un empresario privado bajo ciertas condiciones, reteniendo la
Administración la titularidad última del servicio concedido y con
ella las potestades de policía necesarias. En ocasiones, sin
embargo, la Administración concedente delega en el concesionario el
ejercicio de estas potestades de policía sobre los usuarios del
servicio. Este ejercicio por el concesionario de las potestades de

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

policía delegadas se traduce en actos (imposición de multas, por
ejemplo, al usuario que infringe los reglamentos del servicio),
cuya virtud y eficacia es la misma que si hubieran sido dictados
por la Administración delegante. Se trata, pues, de verdaderos
actos administrativos, en la medida en que el concesionario actúa
en lugar de la Administración Pública como delegado suyo
Este fenómeno de delegación se produce también fuera del campo de
la concesión de servicios públicos con los mismos efectos. El
delegado (que puede ser otra Administración Pública o, incluso, un
simple sujeto privado) actúa en el ámbito de la delegación como si
fuera la propia Administración Pública delegante. Dentro de este
concreto ámbito, las relaciones jurídicas que se traben entre los
particulares y el delegado serán, también, administrativas, aunque
este último sea formalmente un ente privado. Así, por ejemplo, los
actos dictados por las asociaciones administradoras de
concentraciones y agrupaciones de fincas forestales –sociedades
civiles, mercantiles o cooperativas- para la ejecución de los
planes de aprovechamiento de las fincas agrupadas son recurribles
ante la Administración forestal, como si hubiesen sido dictados por
ésta, según dispone el art. 260 del vigente Reglamento de Montes,
de 22 de febrero de 1962
En consecuencia, cuando se dice que para que exista una relación
jurídico-administrativa es necesario que esté presente en la
relación una Administración Pública, habrá que comprender dentro de
esta expresión no sólo lo que se señala en el art. 1-2 LJ (“la
Administración del Estado, en sus diversos grados; las Entidades
que integran la Administración Local y las Corporaciones e
Instituciones Públicas sometidas a la tutela del Estado o de alguna
Entidad local”), más las Comunidades Autónomas y sus entidades
públicas tuteladas, sino también lo que se dice en el art. 28-4-b)
de la misma Ley; esto es, a “los particulares, cuando obraren por
delegación o como meros agentes o mandatarios de ella”. Ambos
preceptos legales se complementan

c) El segundo término de la relación jurídico-administrativa
clases de relaciones
Si uno de los términos de toda relación jurídico-administrativa
tiene que ser necesariamente una Administración Pública, en el
sentido que acabamos de exponer, el otro puede serlo bien un
administrado, bien otra entidad administrativa o bien, incluso, la
misma Administración Pública en una relación reflexiva
El primer supuesto (relación Administración-administrado) es el más
común, el más importante incluso, desde una perspectiva política
elemental, pero no el único

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

El segundo supuesto (relaciones inter-administrativas) es también
frecuente. Todas las técnicas de engarce entre la Administración
del Estado y las múltiples Administraciónes Públicas infraestatales
(territoriales, corporativas o institucionales) resultan de este
tipo de relaciones, en las que la Administración del Estado suele
aparecer (aunque no necesariamente) en posición de supremacía. Pero
también son comunes las relaciones paritarias, en las que ninguna
de las Administraciónes afectadas ostenta una posición superior
así será común en la relación entre Administración del Estado y
comunidades Autónomas, ordenadas alrededor del principio
constitucional de órdenes competenciales diversos, aunque
eventualmente colaborativos
El tercer supuesto (relaciones reflexivas trabadas por una
Administración Pública consigo misma) alude al ámbito de la
organización, a las relaciones de organización. El tema de la
organización es polémico, sin embargo. Una importante corriente
doctrinal estima que la organización queda fuera del Derecho
Administrativo, ya sea por razones dogmáticas (al entender que la
relación jurídico-administrativa sólo puede establecerse entre la
Administración y los administrados), ya por razones sistemáticas
(por ejemplo, en Alemania, donde tradicionalmente se han venido
estudiando dentro del llamado Derecho estatal o Staatsrecht,
parcialmente equivalente a lo que en España se denomina Derecho
político)

Para los autores que conciben la Administración Pública como una
función es claro que los temas de organización no pueden integrarse
en el Derecho Administrativo, ya que, obviamente, la organización
no es una función. La utilidad y conveniencia de estudiar esta
materia dentro del Derecho Administrativo indujo, sin embargo, a
algunos de estos autores, a justificar la inserción de la misma en
su sistemática con argumentos más o menos forzados. Así, se ha
dicho que la organización, aunque no es propiamente actividad
administrativa, es un presupuesto de ésta o una subespecie de la
función administrativa, o bien que, al estar dirigida a la
actividad, puesto que lo que pretende la organización es asegurar
una acción eficaz, existe una íntima interdependencia entre ambas
Muchos autores, aun estimando que, en rigor, la organización no
pertenece al Derecho administrativo, la estudian dentro de él por
razones simplemente didácticas, históricas o de pura inercia
Frente a estas actitudes hay que sostener, sin embargo, que el
Derecho de la organización tiene un lugar dentro del Derecho
Administrativo, e incluso, un lugar preeminente, ya que se refiere
a su parte más estable, mientras que la actividad propiamente dicha
varía mucho con el tiempo y las circunstancias

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

Por otro lado, el criterio de la organización, de la integración en
la estructura administrativa, es fundamental, como veremos, a la
hora de determinar si una entidad pertenece o no a la
Administración Pública. Así ocurre, por ejemplo, con las empresas
públicas (una fábrica de electricidad o una empresa de
telecomunicaciones, por ejemplo). Por la función que realizan o la
actividad empresarial que despliegan no hay posibilidad de
integrarlas en la Administración Pública, ni de someterlas, al
menos en ciertos aspectos, al Derecho Administrativo. Si se toma en
consideración el aspecto organizativo, en cambio (por ejemplo, el
hecho de su inserción en el Instituto Nacional de Industria,
entidad pública), entonces es ya posible considerarla en cierto
modo parte de la Administración Pública y aplicarle, en lo que
proceda, el Derecho Administrativo
La concepción estatutaria del Derecho Administrativo justifica
sobradamente, y aun prioritariamente, la inclusión en su ámbito del
derecho de la organización en tanto que ésta determina la
constitución de las Administraciónes como sujetos, que es el primer
tema de todo derecho estatutario.”

Definido ya el Derecho Administrativo, corresponde ahora dar una
idea de sus características principales. Dichas características
giran en torno, naturalmente, a la singularidad de los sujetos que
el Derecho Administrativo regula. La Administración Pública
personifica el Poder del Estado; es por ello una pontentior
persona, un personaje poderoso, cuyo comercio jurídico aparece
penetrado por la idea de poder público (HAURIOU). La Administración
Pública, que, como hemos visto, asume el servicio objetivo de los
intereses generales, de acuerdo con el principio de eficacia (art
103,1 de la Constitución), dispone para ello de un elenco de
potestades exorbitantes del Derecho común, de un cuadro de poderes
de actuación de los que no disfrutan los sujetos privados
Así por ejemplo, puede crear, modificar o extinguir derechos por su
sola voluntad mediante actos unilaterales (por ejemplo, adquirir de
los particulares bienes o derechos sin contar con la voluntad de
éstos mediante la expropiación forzosa) e, incluso, ejecutar de
oficio por procedimientos extraordinarios sus propias decisiones –
privilegio de decisión ejecutoria y acción de oficio- (por ejemplo,
cobrar una multa por la vía de apremio, llegando, si es necesario,
a enajenar los bienes del deudor para satisfacer de ese modo su
crédito)
Para producir estos extraordinarios efectos no necesita ni siquiera

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

acudir al Juez. Sus actos constituyen verdaderos títulos ejecutivos
sin necesidad de declaración judicial al respecto. No tiene
necesidad, por tanto, de acudir a los Tribunales en juicio
declarativo para obtener una sentencia favorable que sirva de
título a una posterior realización material de sus derechos. Desde
este punto de vista, el acto administrativo vale tanto como la
propia sentencia del Juez. Por otra parte, a diferencia también de
lo que ocurre con los simples particulares, la Administración no
necesita acudir a los Tribunales en juicio ejecutivo para obtenerla
ejecución de sus títulos ejecutivos, de sus actos. Dispone, como
hemos dicho, de medios propios de ejecución. Puede, en
consecuencia, hacerse justicia por sí misma, sin necesidad de
pedirla a los Tribunales (privilegio de autotutela)
La virtud ejecutiva de sus actos arrastra también otra importante
consecuencia: el traslado a los particulares afectados por dichos
actos de la carga de impugnarlos jurisdiccionalmente. El control
jurisdiccional de los actos administrativos tiene así en principio
un carácter revisor, que matiza de forma importante, como en su
momento veremos, toda la mecánica procesal. Este control de los
actos administrativos se lleva a cabo a través de un orden
jurisdiccional diferente al civil, de carácter judicial, pero
especializado: la jurisdicción contencioso-administrativa en la que
la Administración comparece, como regla general, en la más cómoda
posición de demandada, adoptando los particulares que impugnan sus
actos la posición de demandantes
Por lo demás, la simple impugnación ante los tribunales de la
Jurisdicción contencioso-administrativa de los actos
administrativos no priva a éstos de su fuerza ejecutiva. El recurso
contencioso-administrativo no suspende por sí mismo, como regla
general, la eficacia del acto impugnado, que, a pesar del proceso
trabado, puede desplegar todos sus efectos, salvo que los
Tribunales acuerden excepcionalmente la suspensión de los mismos
El control jurisdiccional de la actividad de la Administración
resulta ser, por consiguiente, un control a posteriori, ex post
facto. La actividad de la Administración en el ejercicio de sus
propios poderes no puede, en fin, ser turbada, detenida ni
obstaculizada por los Tribunales. Contra los actos de la
Administración dictados en el marco de su competencia y a través
del procedimiento legalmente establecido no caben interdictos. La
competencia de la Administración viene, además, asegurada frente a
la acción de los Tribunales, mediante un sistema de conflictos que
garantiza la separación entre la Administración y la Justicia y la
autosuficiencia de la primera
Los bienes de la Administración cuentan también con un status
privilegiado. Los de dominio público, es decir, los afectados a la

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

utilidad pública, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables, y la Administración titular de los mismos puede
recuperar su posesión perdida sin necesidad de ejercitar acción
judicial alguna. La misma propiedad privada de la Administración
(bienes patrimoniales) es una propiedad privilegiada, no puede ser
embargad, por ejemplo, y, en caso de perderse su posesión, puede
ser recuperada de oficio en el plazo de un año sin acudir tampoco a
los Tribunales

Esta sumaria descripción de privilegios no debe, sin embargo,
inducir o equívocos en relación al carácter del Derecho
Administrativo. Junto a los privilegios en más mencionados hay
también privilegios en menos (RIVERO). La Administración es, en
ocasiones, menos libre que los particulares. No puede, por ejemplo,
contratar con quien desee, como puede hacerlo un particular. Tiene
que seguir un procedimiento determinado de selección de
contratistas establecido por la Ley y atenerse a sus resultados. No
puede tampoco formar libremente su voluntad. La Ley la obliga a
observar un procedimiento de formación de la voluntad cuya
infracción puede determinar la nulidad de la decisión final. Esta
decisión, si es favorable para terceros, si declara derechos, no
puede ya ser modificada por la Administración que la ha adoptado,
que queda vinculada a ella en términos muy estrictos

Por otra parte, el Derecho Administrativo coloca, junto a los
privilegios, las garantías. Unas, de carácter económico (el pago
del justo precio es requisito previo a la ocupación del bien
expropiado, toda lesión en los bienes o derechos de un particular
que resulte de la actividad de la Administración debe ser
indemnizada), otras de carácter jurídico (necesidad de observar un
procedimiento, sistema de recursos administrativos contra los actos
de la Administración, control jurisdiccional de éstos)
El Derecho Administrativo, como Derecho propio y específico de las
Administraciónes Públicas, está hecho, pues, de un equilibrio (por
supuesto, difícil, pero posible) entre privilegios y garantías. En
último término, todos los problemas jurídico-administrativos
consisten – y esto conviene tenerlo bien presente- en buscar ese
equilibrio, asegurarlo cuando se ha encontrado y reconstruirlo
cuando se ha perdido. En definitiva, de lo que se trata es de
perseguir y obtener el eficaz servicio del interés general, sin
mengua de las situaciones jurídicas, igualmente respetables, de los
ciudadanos.”iii

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

a) La estructura jerarquizada del Ordenamiento Jurídico
“Dentro de las fuentes escritas destaca la extraordinaria
peculiaridad del Reglamento. La Administración es el sujeto por
excelencia del Derecho Administrativo, como ya sabemos. Pero, por
diferencia notable de otros sujetos de Derecho, la Administración
no está simplemente infraordenada a las normas jurídicas, sino que
ella misma tiene potestad de crearlas. La norma creada directamente
por la Administración es el Reglamento. Un problema capital del
ordenamiento jurídico-administrativo es el de la coexistencia y
articulación de la Ley con esta norma de formulación
administrativa. Adelantemos que esa coexistencia y articulación se
ordenan alrededor del principio de jerarquía: la Ley vale más que
el Reglamento y éste está subordinado a aquélla. Pero, a la vez, no
existe un tipo único de Reglamento, sino una pluralidad de
formas reglamentarias, pluralidad que se organiza también mediante
una disposición jerárquica interna
El art. 23 LRJAE dice: «1. Ninguna disposición administrativa podrá
vulnerar los preceptos de otra de grado superior. 2. Las
disposiciones administrativas de carácter general ajustarán a la
siguiente jerarquía normativa: Primero, Decretos; Segundo,
Ordenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno
Tercero, Ordenes ministeriales; Cuarto, disposiciones de
autoridades órganos inferiores, según el orden de su respectiva
jerarquía.» De es modo, el ordenamiento administrativo se nos
aparece, en cuanto a componente de normas escritas, como un sistema
plural que se expresa en un orden jerárquico de normas (garantizado
como tal por el art. 9, de la Constitución), expresión, por tanto,
de una supuesta racionalidad, la racionalidad que deriva de un
reparto abstracto de competencias funciones entre los diversos
tipos normativos
Es una notable característica del ordenamiento administrativo esa
convergencia sobre un mismo objeto de normas escritas de desigual
valor normativo. Por supuesto, también los Reglamentos actúan en
otros sectores del ordenamiento; nunca, sin embargo, con tanta
intensidad y frecuencia como en el ámbito jurídico-administrativo
Por otra parte, la teoría misma del Reglamento es una teoría
jurídico-administrativa, con independencia de que el Reglamento
pueda tener un contenido material distinto (Reglamento Hipotecario,
materia penal, etc.), porqué se trata de una creación genuina de la
Administración que, como tal, sólo el Derecho Administrativo puede
regular. A la vez, entre Ley y Reglamento, con independencia de
esa disposición jerárquica básica se pueden establecer una serie
de importantes relaciones, que complican aparentemente todo el
sistema de las fuentes

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

Todo ello da al sistema normativo del Derecho Administrativo una
suerte de tercera dimensión. En el Derecho Civil, donde se expone
normalmente la teoría general de las fuentes del Derecho, al hilo
del título preliminar del Código Civil, se habla de la Ley como
equivalente de toda norma escrita; hay una suerte de concepción
«plana» de la Ley, donde se perpetúan dogmas tan ambiguos como el
de la «Ley en sentido material». Frente a esta concepción «plana»,
el Derecho Administrativo aporta la conciencia de una tercera
dimensión que supone una diferenciación esencial entre las
distintas normas escritas, la perspectiva en profundidad que
proporciona la acumulación sobre un mismo problema de normas
escritas de muy distinta procedencia y valor.”iv

b) Ordenamiento Secundarios y normas autonómicas
“Ya hemos avanzado en el capítulo anterior que la Administración se
nos presenta descompuesta en una pluralidad de entes diversos. Pues
bien, desde la perspectiva de las fuentes del Derecho cada uno de
esos entes constituye el centro de verdaderos ordenamientos
secundarios, precisamente porque, según hemos notado ya, el
ordenamiento es un correlato de la organización y ésta viene a
expresarse en centros múltiples
Pero esos ordenamientos secundarios, integrados en el ordenamiento
general como partes de un todo, no alcanzan verdadera entidad, por
razones que habremos de examinar más adelante (cap. VI), más que en
el caso de las Administraciónes territoriales, titulares de
competencias y potestades generales y con imperium referido a todos
los presentes en el territorio que constituye su base. Hasta ahora
esas Administraciónes territoriales se limitaban a la tradicional
Administración Local, y estaban afectadas por la grave crisis que
esta padece; por lo cual su peso en el sistema político general
resultaba escaso y, en realidad, en continuo repliegue, frente a
una Administración estatal poderosa y creciente
De este modo la «organización territorial del Estado» (epígrafe del
Título VIII de la Constitución) se ordena, en esos tres niveles
sucesivos, sobre el principio generalizado de autonomía (art. 137),
concepto que hemos de precisar más adelante, pero que, por de
pronto, implica, correspondiendo así a su etimología, una potestad
normativa propia, base de otros tantos ordenamientos singulares,
secundarios por relación al ordenamiento general del Estado. Si
antes hemos glosado la dualidad normativa entre Ley y Reglamento,
ahora nos aparece, desde ese panorama de las autonomías
territoriales, una dualidad diferente, la de normas estatales y
normas autonómicas, en principio referido a todos los niveles
subconstitucionales —Ley del Estado, Ley de las Comunidades

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

Autónomas, Reglamentos de uno y otro nivel. Reglamentos locales
Pues bien, esta dualidad normativa derivada de otros tantos centros
organizativos separados y las complejas relaciones internormativas
que de ella resultan no pueden ya explicarse sobre el principio de
jerarquía, como la dualidad de Ley y Reglamento. Aparece aquí un
principio nuevo de relación internormativa, el principio de
competencia: las normas autonómicas surgen en ámbitos
competenciales que en favor de las respectivas Comunidades ha
reservado la Constitución, en primer término, y, en aplicación de
la misma, los Estatutos de Autonomía, las Leyes orgánicas de
transferencia o delegación de facultades y las Leyes marco; o, en
el caso de los entes locales, las Leyes de Régimen Local.”v

c) El Papel de la Costumbre
“Una cierta tradición dogmática ha pretendido excluirla en base a
argumentos de este tenor: que el carácter racionalizado y reflexivo
del ordenamiento administrativo excluye las normas de formación
espontánea como es la costumbre; que el Derecho Administrativo es
por esencia un Derecho del Estado, en tanto que la costumbre es un
producto de la sociedad. Estas razones no son concluyentes. Por de
pronto, ya sabemos que la racionalización y la reflexión son una
tendencia en toda organización social, que es siempre la base de
todo ordenamiento, pero que en cualquier organización, de cualquier
clase, aun la más alquitarada y más abstracta, operan con mayor o
menor amplitud tendencias irracionales y disfuncionales,
resistencias y no sólo propósitos formales (esto es hoy un lugar
común en la Sociología de la burocracia, frente a la clásica
caracterización de Max WEBER); también es un simplismo, por otra
parte, identificar costumbre y espontaneidad, cuando es un hecho
que al formar costumbres la comunidad opera con una opimo inris vel
necesitatis que por sí sola la dota de una especial auto-
conciencia. En fin, justamente en el ámbito del Derecho del Estado,
concretamente en el Derecho Constitucional, es donde se produce la
más importante y más extensa aplicación de la costumbre como fuente
normativa
¿Tiene valor normativo de costumbre el llamado precedente ad-
ministrativo, la práctica reiterada por la Administración en la
aplicación de una norma? Parece evidente que no. Como ha notado DE
CASTRO, nuestro Derecho sólo admite la costumbre extra legem, no la
secundum legem. Cuando existe una Ley que ha de aplicarse, los
sujetos se ordenan directamente a ella, sin tener que pasar por la
versión que de la misma da uno de esos sujetos, la Administración

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

mucho más el argumento es aplicable respecto de los Tribunales, a
los que sería absurdo entender vinculados por esa práctica
administrativa
Dicho lo cual, conviene precisar inmediatamente que si no valor
normativo estricto, el precedente reiterado puede tener un
cierto valor vinculante para la propia Administración, en el
sentido de que apartarse de él en un caso concreto puede ser
índice de un trato discriminatorio, de una falta de buena fe, de
una actitud arbitraria. Este juicio se explica fácilmente, sin
necesidad de acudir a la tesis "del precedente como costumbre, por
virtud de los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la
Ley (art. 14 de la Constitución) y de la buena fe (en sus dos
vertientes, de protección de la confianza del tercero, que ha
podido orientar su actividad sobre el criterio mantenido hasta
entonces por la Administración, y de interdicción de la
arbitrariedad propia: arts. 7 CC y 9, 3 de la Constitución).”vi

d) La contingencia y variabilidad del sistema normativo escrito
del Derecho Administrativo

“Hemos hecho alusiones bastante explícitas a la multiplicidad y va-
riabilidad de las normas escritas que nutren el Derecho
Administrativo y aun a su falta de racionalidad sistemática, de
modo que unas se entrecruzan con otras, las innovaciones que las
nuevas producen sobre las existentes no son siempre conocidas por
la propia Administración que las formula, las vigencias mismas
suelen encontrarse en cuestión con normalidad. Los principios
formales de jerarquía, de lex posterior derogat priorem (el primero
para ordenar la concurrencia de normas escritas de diverso origen,
el segundo para articular su sucesión en el tiempo), a los que hay
que añadir ahora el principio de competencia para delimitar los
círculos ordinamentales diversos, según hemos visto, no bastan para
imponer la imagen con la que el aplicador del Derecho, sin
embargo, ha de trabajar, puesto que está obligado a sostener
respuestas unívocas y entre sí articulables a los infinitos
problemas que puedan presentarse— de un conjunto normativo cierto y
sistemático, que despliega un orden racional que ha de normar la
actuación de los sujetos
Pues bien, el campo más propio de la «Ley-medida» es, justamente el
administrativo. SCHMITT pretendía que era incluso la forma
legislativa típica de lo que llama el «Estado administrativo»,
supuesta fórmula política contemporánea que se caracterizaría por

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

un predominio de la Administración respecto a las otras funciones
tradicionales del Estado. La Administración s'exerce toujours sur
des choses momentanées, decía MONTESQUIEU refiriéndose al Poder
ejecutivo y a la necesidad por ello de personalizarlo. Y de HAURIOU
es esta otra observación, que viene a expresar la misma dualidad
que se ha expuesto: Le domaine de la vie administrative est le
domaine du provisoire, du revocable et du viager por diferencia de
lo propio de le domaine de la vie civile, qui est, au contraire, le
domaine du pefpetuel et du définitif. Y ocurre que la contingencia
y la provisionalidad y la singularidad de las situaciones con qué
la Administración ha de enfrentarse no se abordan sólo con actos
que se limitan a aplicar un orden general, sino también, y
especialmente, mediante la definición de órdenes normativos
singulares, provisionales y contingentes para afrontar las
situaciones concretas contempladas. En este sentido tan particular
puede acogerse el principio rousseauniano (aunque en su autor tenga
un sentido justamente opuesto) gouverner c'est légiferer
Hemos de aclarar inmediatamente que cuando hablamos de «Ley-medida»
no nos referimos sólo, ni siquiera primordialmente, a las Leyes en
sentido formal, sino que incluimos también, y sobre todo, al Regla-
mento. Es ésta la norma por excelencia de ese carácter contingente
y concreto. Y es él también el que, sobre esa actuación respecto de
situaciones específicas, añade una tendencia intrínseca hacia la
ocasionalidad y la circunstancialidad que es ya menos justificada
y, propiamente hablando, degenerativa. Ello ocurre como
consecuencia de que el Reglamento es un producto de la
Administración, ella misma, como ya sabemos, un sujeto de Derecho
que goza del formidable privilegio de crear, en una gran medida,
las propias normas que han de vincularla. Es entonces frecuente que
en esa creación retenga intereses propios, intereses corporativos u
organizativos y no necesariamente generales, de los que le será
difícil hacer abstracción. Como tal organización, además, pretende
normalmente alcanzar resultados concretos más que definir un orden
tendencialmente permanente. En fin, la Administración está animada
por hombres cuya normal voluntad de dominio no aminora, antes bien,
exacerba su inserción burocrática; porque si es cierto que la bu-
rocracia está teóricamente ordenada hacia una posición instrumental
y de servicio, no lo es menos que es consustancial a la misma
(frente a la ideal caracterización de Max WEBER) estar como tal
afectada de graves e inevitables «disfunciones», entre las cuales
se halla la tendencia a la apropiación del aparato, a convertirse
en fin y no en instrumento de la organización.”vii

e) Los principios generales del Derecho

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

“La expresión «principios generales del Derecho», empleada un tanto
intuitivamente por el artículo 6 CC en su primera redacción (hoy
artículo l. °-4), y más tarde generalizada en casi todos los
países, es muy certera para indicar su verdadero contenido. Al
decir que se trata de «principios» se está precisando su carácter
básico, en sentido ontológico, no sólo lógico, como soportes
primarios estructurales del sistema entero del ordenamiento, al que
por ello prestan todo su sentido. Son «generales» por lo mismo,
porque trascienden de un precepto concreto y organizan y dan
sentido a muchos, y, a la vez, porque no deben confundirse con
apreciaciones singulares y particulares que pudieran expresar la
exigencia de una supuesta «justicia del caso concreto» y mucho
menos con opiniones subjetivas del intérprete; lo general, lo
comunitario, es lo propio del mundo jurídico, aunque por supuesto,
el primero de los valores comunitarios, más aún, el fin propio de
todos ellos, sea justamente la libertad humana. Pero son,
finalmente, principios «del Derecho», esto es, como ya hemos
notado, fórmulas técnicas del mundo jurídico y no simples criterios
morales, o, menos aún, las famosas buenas intenciones o vagas o
imprecisas directivas
Si en todos los campos del Derecho el papel de los principios gene-
rales es cardinal, y no sólo, como pretendió la antigua redacción
del artículo 6 CC, como simple norma subsidiaria aplicable en
defecto de Ley o de costumbre, ello es especialmente cierto en el
ámbito del Derecho Administrativo. Por la peculiaridad de su
sistema de normas escritas, al que ya nos hemos referido, sólo un
esqueleto firme de principios puede permitir orientarse en el magma
innumerable de dichas normas, en su mayor parte ocasionales e
incompletas, sometidas, además, a un proceso de cambio incesante y
continuo. La «legislación motorizada» ha hecho simplemente
imposible en el orden fáctico una ciencia o una práctica jurídica
exegética, que se limitase a exponer y a aplicar asépticamente las
variadas, contradictorias, fugaces normas escritas y sus
respectivas conexiones
Hasta tal punto eso es así, que ocurre que muchas de esas normas,
no obstante su importancia política y colectiva (por ejemplo, los
planes económicos, art. 131, 1, de la Constitución), sólo muy
difícilmente y muy fragmentariamente pueden hacerse valer a través
de las vías jurídicas ordinarias, como las jurisdiccionales. Las
normas han dejado de ser en buena parte expresión de un sistema de
relaciones justas para convertirse en meros instrumentos de
políticas concretas y cambiantes, que tienden por ello a
instrumentalizar también a los ciudadanos y a sus derechos. Ahora

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

bien, inevitablemente, al introducir esas normas en la trama social
y al justificar en ellas decisiones administrativas que afectan en
mayor o menor medida a ciudadanos concretos, se producen,
necesariamente, problemas de justicia, o, si se prefiere, de ajuste
entre situaciones, intereses y derechos. La justicia no es un valor
de lujo del que se pueda prescindir más o menos ocasionalmente; es
un criterio ineludible para el funcionamiento de la vida social
(ubi societas, ibi ius). Esos problemas de justicia que plantea la
aplicación de la masa de «Leyes-medida» en que la Administración
justifica su actividad y sus concretas decisiones no pueden
resolverse más que disponiendo de un sistema flexible de principios
generales del Derecho capaces de calificar y encauzar toda clase de
situaciones, aun las más nuevas e imprevistas
Todavía más: si la Administración, sujeto de las relaciones
jurídico-administrativas, tiene calidad para producir por sí misma
normas jurídicas, no será excepcional que en estas normas se
sobrevaloren los intereses propios de la Administración como
sujeto, o se reflejen en alguna medida, como ya hemos notado, las
disfuncionalidades burocráticas que en la Administración
inevitablemente alientan. Frente a los riesgos propios de una
normación burocrática, con sus tendencias negativas, sólo un
sistema de principios generales del Derecho resueltamente aplicados
por los jueces puede restablecer los necesarios contenidos de la
justicia, que tantas veces es valorada como un simple obstáculo por
los administradores.”viii

FUENTES CONSULTADAS

Págs. 21-23 (Localización Biblioteca Facultad de Derecho
signatura 344 G216c3 1980)
Ibídem. Pag. 23-24
Ibídem. Pág. 32-38
Ibídem. Pag. 57-58
Ibídem. Pág. 59
Ibídem. Pág. 60-61
Ibídem. Pág. 64-65
Ibídem. Pág. 67-68

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea

AVISO LEGAL
El Centro de Información Jurídica en Línea es un centro de
carácter académico con fines didácticos, dentro del marco
normativo de los usos honrados realiza citas de obras
jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Derechos
de Autor y Conexos número 6683, reproduce libremente las
constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales,
reglamentos y demás actos públicos de conformidad con el
artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos número
6683. Elabora compendios de obras literarias o de artículos
de revistas científicas o técnicos con fines didácticos
dentro de los límites estipulados en el artículo 58 de la Ley
de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual número 8039

Dirección web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
Email: cijulenlineaa@abogados.or.cr

🎯 Procesar Transcripción

Extraer artículos, concordancias y guardar en la base de datos.

⚠️ Recomendamos revisar el texto antes de procesar.

📖 Leyenda de Formato

================ Separador de LIBRO

TITULO I Título/Sección

CAPITULO I Capítulo

---------------- Separador de Artículo

CONCORDANCIAS: Referencias a otros artículos

NOTAS: Reformas o comentarios

Editor de Transcripción

🎯 Procesar Transcripción

📖 Leyenda de Formato