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DELEGACIÓN DE FIRMAS

a. DELEGACIÓN DE FIRMAS
2. DOCTRINA APLICABLE
a. CONCEPTO
b. NATURALEZA
3. JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
a. C-171-95
b. OJ-050-97
c. C-057-1999
d. C-308-2000
e. C-098-2005


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a. DELEGACIÓN DE FIRMAS

“Artículo 91.- Ley General de la Administración Pública
El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del
delegado y podrá ser responsable con éste por culpa en la
vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta
haya sido discrecional.”1

“Artículo 92.- Ley General de la Administración Pública
Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá
resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél.” 2
“Artículo 94.- Ley General de la Administración Pública
El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y decisión de
cualquier asunto concreto que corresponda decidir al inferior en
virtud de la delegación general.” 3
“Artículo 212.- Ley General de la Administración Pública
Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en
ejercicio de una facultad delegada, el delegante será responsable
si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elección
del delegado.”4

Artículo 102.- Ley General de la Administración Pública

El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades
e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así
como sustituirlo en casos de inercia culpable, o subrogarse a él
ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea
nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones
señaladas por esta ley; y” 5

“Artículo 25.- Ley General de la Administración Pública

1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán
las atribuciones que conjuntamente les señala la Constitución
Política y la ley


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2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder
Ejecutivo, el Ministro será el órgano jerárquico superior del
respectivo Ministerio, sin perjuicio de la potestad del Presidente
de la República para avocar el conocimiento, conjuntamente con
aquél, de cualquiera de los asuntos de su competencia.” 6


“Artículo 104.- Ley General de la Administración Pública

1. El silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y
remover a todos los servidores del ente, de conformidad con los
artículos 191 y 192 de la Constitución Política
2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro
unipersonal de tipo ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a
este último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del
ente que indique el reglamento, y corresponderá al jerarca
ejecutivo el nombramiento del resto del personal.” 7

2. DOCTRINA APLICABLE

“En diversos textos doctrinales se puede encontrar referencia al tema. A
manera de ejemplo, se citarán algunos de ellos
Cabe iniciar este aparte con la introducción de un concepto de la
delegación como instituto jurídico del Derecho Administrativo

"Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro inferior el
cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido
como propias a dicho órgano superior. Pero este es un concepto muy
general, y por ello no técnico. Jurídicamente, la delegación implica algo
más que el mero "encargo" hecho por el superior al inferior para que éste
realice funciones suyas. La delegación supone "desprendimiento" de un
deber funcional. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación; "no
existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o
persona descargándolo sobre ella." De manera que en la delegación de
competencia el delegante se "desprende" del ejercicio de una función,
"descargando" tal ejercicio sobre el delegado." (MARIENHOFF, Miguel,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo- Perrot,
1977, p. 578)”8

f. CONCEPTO
“Introduciendo una primera distinción entre la delegación en sentido
estricto y el concepto de la delegación de firma, Entrena Cuesta indica
"a) Concepto. De cuanto hemos expuesto hasta el momento se deduce que la
delegación consiste en un acto en virtud del cual un órgano
administrativo transfiere a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio


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de funciones que tiene atribuidas de forma alternativa conservando la
titularidad sobre las mismas.”9

g. NATURALEZA
“b) Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la función
delegada será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan
sólo su titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la
delegación de firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el
órgano inferior se limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden
de"...- una resolución adoptada por el propio titular de la función
ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo,
72-73)”10


“A nivel de doctrina se ha hecho hincapié en esa diversa naturaleza que
debe mediar entre el concepto genérico de delegación y el tema específico
de la delegación de firmas

"La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una
persona física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos
de la misma organización. En consecuencia supone una alteración parcial
de la competencia, ya que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a
una parte de aquella. Debe subrayarse el carácter personal y temporal de
la delegación que lleva la consecuencia de que cuando cambian las
personas que están al frente de los órganos deja de ser válida y hay que
repetirla. Otra consecuencia del carácter personal de la delegación es
que no puede delegarse a su vez, lo que se expresa tradicionalmente con
la máxima latina delegata potestas non delegatur. Los actos dictados por
delegación, a los efectos jurídicos, se entienden dictados por el titular
del órgano delegante, ya que dicho órgano no pierde su competencia
No hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de
firma, que significa sólo autorizar al inferior para que firme
determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el
que ha tomado la decisión." (BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Curso de Ciencia
de la Administración, Volumen Primero, Madrid, Editorial Tecnos S.A.,
Segunda Edición, 1985, pp. 74-75)

Por su parte, el tratadista francés Georges Vedel establece tanto los
aspectos de coincidencia como los de distinción entre ambas figuras

"Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad superior en
beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación de competencia,
de una parte, y la de firma, por otra
La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de
competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de
competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la
delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder


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transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de
la firma. Ahora bien, si las condiciones en las cuales se dan los dos
tipos de delegaciones son en buena medida semejantes, sus efectos son muy
diferentes

a) Las condiciones comunes. En primer lugar, la delegación no es posible
si no existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita
concederla. Por ejemplo, el decreto de 23 de enero de 1947, modificado
por el decreto de 19 de julio de 1968, ha autorizado a los ministros a
delegar, mediante una simple orden y con ciertas condiciones, su firma a
algunos de sus colaboradores

En segundo lugar, las delegaciones deben ser publicadas, al menos cuando
las decisiones a las cuales se aplican deben ser oponibles respecto de
terceros. Finalmente, ciertas delegaciones están en cualquier caso
prohibidas: tal ocurre con aquellas que supongan una transferencia total
de las atribuciones de la autoridad delegante a la autoridad delegada, o
de aquellas que supongan la transferencia por parte de la autoridad
superior, de poderes cuyo ejercicio por dicha autoridad constituye una
garantía en beneficio de los administrados

La mayor preocupación es evitar la alteración del orden de competencias
que resultaría de reemplazar totalmente la autoridad superior por la
inferior, evitando de este modo que sea burlada la ley que, en razón de
las garantías que se pretendía dar a los administrados, exigía la
intervención de la autoridad superior

b) Los efectos. Aquí los dos tipos de delegación se asemejan menos
En primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la
autoridad superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que
la delegación de competencia subsiste. En particular, la autoridad
superior no puede avocar, es decir, pedir que le sea sometido un asunto
determinado comprendido dentro de la delegación de competencia
Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de
competencia, sino solo una organización del cometido material de la
firma, la cual en todo momento, y sin que sea necesario modificar la
delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así como la autoridad
superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal asunto sea
reservado a su propia firma
La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de
competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad
a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia
cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea
revocada.(4)
(4) Confróntese con lo indicado por BAENA DE ALCAZAR, op. cit, página 2,
para quien la sustitución del titular implica la extinción de la
delegación
Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen in concreto, es
decir, en razón de la personalidad, tanto del delegante como del


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delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante
o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que
una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio
del nuevo delegado
En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la
delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en
tanto que en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el
papel de autor real del acto." (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo,
Madrid, Aguilar S.A. de Ediciones, Primera Edición, 1980, pp. 155-156)
Las precisiones doctrinales apuntadas deben ser confrontadas con la forma
en que nuestro Ordenamiento positivo recepta las figuras de la delegación
de competencias y la delegación de firmas, y con la interpretación
contenida, tanto en la jurisprudencia de este Organo Asesor como en la de
Sala Constitucional.” 11

3. JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
“Ya en varias oportunidades esta Procuraduría ha emitido criterio,
puntualizando la naturaleza de la delegación de firma, así como su
obligada distinción con la delegación de competencia en los dictámenes C-
171-95 de 7 de agosto de 1995 y C-057-99 de 19 de marzo de 1999, así como
en el pronunciamiento OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
En el primero de ellos se señaló

"III. Consideraciones Generales en torno al Artículo 92 de la Ley General
de la Administración Pública
Una primera interrogante que resulta necesario disipar tiene relación con
los requisitos a que ha de sujetarse la delegación de firmas en nuestro
ordenamiento jurídico. Esto es, si la ubicación del artículo 92 dentro de
la Sección denominada "De la Delegación" implica que las regulaciones que
ahí se prescriben para este tipo de transferencia de competencia le son
aplicables en toda su extensión al fenómeno que interesa para los efectos
de la presente consulta
En criterio de este Organo Asesor la respuesta debe ser negativa. Lo
anterior por dos órdenes de razonamientos: en primer lugar, ha quedado
claramente establecido con fundamento en la doctrina que la delegación de
firmas no importa en sí una transferencia de competencia, es decir, la
potestad decisoria sobre el asunto que ha de ser suscrito por un
funcionario público descansa en la cabeza de su titular. Lo que sucede en
estos casos es que el requisito material de firmar (vid. artículo 134,
inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) el acto
administrativo correspondiente no lo realiza el órgano que tomó la
decisión, sino otro al cual el titular de la competencia le confiere la
potestad de suscribirlo en una especie de "representación". Sin embargo,
no existe duda de que en el fondo quien resuelve es aquel que delega la
firma, de donde la competencia decisoria no ha sufrido alteración alguna
En segundo lugar, el mismo artículo 92 de la Ley General viene a receptar
esa elaboración doctrinaria, pues es claro en establecer que el órgano
delegado se circunscribe únicamente a firmar, de donde la resolución del
asunto, y la consecuente responsabilidad, siguen en cabeza del titular de


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la potestad
Por ende, y desde la perspectiva de la Ley General de la Administración
Pública, es dable afirmar que la delegación de firmas en materia de
resoluciones es una potestad atribuida a los órganos decisorios de la
Administración que, sin embargo, se encuentra ubicada en un lugar de
dicho cuerpo normativo que regula un fenómeno distinto cual es la
transferencia de competencias. La similitud que existe entre la
delegación en sentido estricto y la que entraña el acto material de
suscribir un determinado acto radica, en nuestro criterio, únicamente en
el hecho de que existe un acuerdo del titular para que se proceda en tal
sentido, de tal suerte que encarga a un subordinado una actuación
determinada. Pero, mientras que en la delegación de firmas se encarga la
realización de una formalidad atinente al acto mediante el cual se
materializa la resolución de un asunto, en la delegación stricto sensu lo
que se acuerda es la transmisión de la potestad decisoria, con todas las
consecuencias y limitaciones que se prescriben en los artículos 84 y
siguientes
Consecuentes con lo afirmado en el párrafo precedente, cabría afirmar que
no existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delegue
en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior)
la firma de las resoluciones que le correspondan, siempre entendiendo que
en tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello,
debe precisarse que, en caso de los Ministros como órganos superiores de
la Administración del Estado (vid. artículo 21 de la Ley General) dicha
"delegación" se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que
sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no
impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República en
tratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo, pues, como
prescribe el numeral 146 de la Constitución Política:…"(5)
(5) Dictamen C-171-95 de 7 de agosto de 1995
Claramente, en el siguiente se indica que "…esta Procuraduría ha
considerado admisible la delegación de firma de resolución, en aplicación
del numeral 92 de la Ley General de la Administración Pública, el cual es
acorde con la doctrina en la materia"(6)
(6) Opinión Jurídica OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
De manera más reciente, y sobre el mismo tema, se ha señalado que
"En cuanto a la delegación de firma que es la que les interesa dijimos
que podría referirse a un acto determinado o a un cierto tipo de actos
En ambos casos, basta un Acuerdo del titular del Organo Competente, en
este caso, del Director General de Migración. Pero, en el primero, dicho
Acuerdo ha de hacerse por simple oficio o circular a lo interno de la
Dirección. Lo cual debe ser indicado por el delegado al firmar la
resolución concreta a efecto de que su destinatario quede enterado de
ello(7).En el segundo caso, el Acuerdo debe ser publicado en el Diario
Oficial con el objeto de que se otorgue seguridad jurídica a los terceros
afectados por el acto(8)
(7) Ortiz Ortiz Eduardo, "Derecho Administrativo". San José, Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica. Páginas 6 y 7
(8)Vedel George, "Derecho Administrativo". Primera Edición. Madrid,


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Ediciones Aguilar S.A., 1980. Páginas 155-156
Lo anterior, tiene fundamento en el numeral 89 inciso 4) de la Ley 6227,
el cual establece que la delegación deberá ser publicada en el Diario
Oficial cuando se refiere a un tipo de acto y no para un acto
determinado. A contrario sensu, la delegación de firma para resolución
determinada no requiere publicación, pudiendo hacerse como se dijo por
simple Oficio o Circular. Se trata de uno de los requisitos comunes entre
la delegación propiamente dicha referida a trasferencia de competencias y
la delegación de firma. En aplicación del numeral citado se ha
pronunciado la Sala Constitucional considerando que
‘…tal delegación debe ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para
un tipo de acto y no para un acto determinado (artículo 89 inciso 4 de la
Ley General de la Administración Pública, lo que a la luz del citado voto
# 2852-93 implica el otorgamiento de "seguridad jurídica a los (…)
potencialmente destinatarios del tipo de medidas que contra ellos podría
tomarse en virtud de la delegación(9)."(10)
(9) Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº
4771-93 de 17:42 hrs del 29 de setiembre de 1993, 5632-93 de 17:30 hrs
del 3 de noviembre de 1993, 2853-93 de 10:06 hrs del 18 de junio de 1993
(10) Dictamen C-057-99 de 19 de marzo de 1999
d. Jurisprudencia de la Sala Constitucional
Si bien en algunas resoluciones la Sala Constitucional ha expresado que
el tema de la delegación de firmas es un aspecto de legalidad y no de
constitucionalidad(11), en algunos casos sí ha entrado a considerarlo
Veamos
(11) Sobre las demás alegaciones esgrimidas por la parte recurrente, se
tratan de aspectos que por su naturaleza -delegación de firmas- no son de
conocimiento de este Tribunal, por tratarse de cuestiones de legalidad
más no de constitucionalidad, por lo que se remite al interesado a la vía
judicial ordinaria correspondiente. Así las cosas lo procedente es
declarar sin lugar el recurso." (Resolución 4025-96 de 9 de agosto de
1996)
"Existen además otras pretensiones planteadas por la recurrente que
considera han sido violatorias de sus derechos constitucionales, como son
la delegación de firmas, la división de su departamento, el nombramiento
de un subjefe para el Departamento y la baja calificación de sus
servicios. Al respecto, esta Sala Constitucional es del criterio que
tales actuaciones administrativas se encuentran comprendidas dentro de
las potestades otorgadas a los recurridos por la Ley General de la
Administración Pública, de modo tal que se constituyen en un problema de
legalidad, pues la Sala no puede valorar la eficiencia en la prestación
de los servicios asignados a la recurrente, ya que ello es una función de
discrecionalidad administrativa que como tal deberá ser discutida en la
instancia común correspondiente, pero no en esta vía Constitucional,
siendo por ello lo procedente el declarar sin lugar el recurso en cuanto
a estos extremos." (Resolución 2991-94 de 17 de junio de 1994)
"I.- El recurrente pretende que se obligue al Ministerio del Ambiente y
Energía otorgar el título de concesión de extracción de materiales; que
tal título debe ir firmado por el Ministro y no por el Director Superior


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de Minería pues considera que el Ministro no tiene potestad para delegar
este tipo de funciones ni siquiera mediante decreto ejecutivo; y por
último que en virtud de lo anterior se derogue el artículo 3 del Decreto
Ejecutivo número 24578-MIRENEM, del 28 de agosto de 1995
II.- En cuanto a la segunda y tercera pretensión, el artículo 92 de la
Ley General de la Administración Pública establece que
‘Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante
será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a
firmar lo resuelto por aquél.’
Con ello nuestro ordenamiento jurídico está previendo la posibilidad de
delegar firmas tal como sucedió en el Decreto Ejecutivo número 24578-
MIRENEM, de 28 de agosto de 1995, en cuanto a las concesiones de
Explotación de materiales en cauce de dominio público (artículo 3 inciso
c)."(12)

(12) Resolución Nº 4782-96 de 11 de setiembre
"VII.- Finalmente procede examinar la procedencia o improcedencia del
alegato referido a la ilegalidad de la firma delegada del Ministro del
Ambiente y Energía en el Oficial Mayor del Ministerio, para lo que
resulta menester hacer un análisis del articulado correspondiente para
lograr tener una visión más clara del asunto. Nuestra legislación
administrativa es muy clara en cuanto a la definición de competencias de
uno y otro funcionario encargado de labores especializadas en cada órgano
y ente que conforma nuestro Estado. Así, las competencias atribuidas a un
Ministerio no pueden ser soslayadas por otro Ministerio, y las de un
órgano tampoco lo pueden ser por otro de igual jerarquía administrativa
Por otra parte, existen materias que son de conocimiento y resolución
única de los jerarcas de los distintos entes del Estado, por lo cual no
pueden ser delegadas en otros para su conocimiento y resolución si no lo
es por medio de las normas previamente establecidas para la delegación
La delegación es un acto directo y concreto que realiza un superior en su
inmediato inferior o en otro de distinta jerarquía, con el fin de que
aquel se arrogue el conocimiento y resolución de asuntos que -por la
especial característica del órgano delegado y no de la persona- pueden
ser conocidos y resueltos en una oficina distinta de que debía hacerlo
inicialmente. Nótese que en este punto nos referimos específicamente a
una delegación de competencia total en la cual se delega todo el asunto,
no solamente el conocimiento sino la resolución final y, obviamente, la
firma. Por otra parte tenemos la figura ante la que nos encontramos
actualmente, la cual se encuentra contenida en el numeral 92 de la Ley
General de la Administración Pública, y que a la letra dice
"Artículo 92: Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,
limitándose a firmar lo resuelto por aquel."
Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una
delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no
interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto
formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto
implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni


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responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen
concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se
colige que el que conoce de un asunto puede diferir -sin ocasionar
agravio alguno- de la persona que firme el acto final, toda vez que la
responsabilidad y el conocimiento continúa siendo de quien delega. Así,
se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es
el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de
validez -en cuanto a forma- de dicho acto final, pero dicha delegación no
importa una delegación de competencia y de conocimiento del Ministro en
su Oficial Mayor, toda vez que es el Ministro el que conoce y el que
resuelve, limitándose el Oficial Mayor únicamente a firmar lo resuelto
por aquél. Por lo anterior, no se encuentra en la actuación de la
Administración violación a derecho fundamental alguno, ni en este punto
ni respecto a los analizados supra, por lo que el reclamo del recurrente
debe ser rechazado."(13)

(13) Resolución Nº 4527-97 de 1 de agosto de 1997
e. Conclusiones sobre la delegación de firmas
A partir de lo expuesto tenemos lo siguiente
1. La delegación de firmas está expresamente regulada en el
artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública
2. Hay que distinguir las figuras de la delegación de
competencias de la delegación de firmas
3. En la delegación de firmas no hay transferencia de
competencias
4. No es necesario delegar en el inmediato inferior
5. Cuando se delega la firma, la responsabilidad sigue siendo
del delegante
6. Si la delegación de firma es para uno o varios tipos de
actos, el acuerdo debe ser publicado.” (El destacado en negrita es del
original)

Interesa rescatar, y destacar a la vez, que la delegación de
firma sólo significa autorizar al inferior para que firme determinados
documentos, es decir transfiere simplemente a la autoridad subordinada
el cometido material de la firma. Así, en la delegación de firmas se
encarga la realización de una formalidad atinente al acto mediante el
cual se materializa la resolución de un asunto.” 12

a. C-171-95
7 de agosto de 1995 Ingeniero René Castro Salazar Ministro Ministerio de Recursos
Naturales Energía y Minas S.D
Estimado señor Ministro: Con la aprobación del señor Procurador General de la
República, me refiero a su oficio DM-118-95, de fecha 14 de marzo del año en
curso, mediante el cual solicita nuestro criterio en torno a la posibilidad de
delegar la firma de todos los actos - resoluciones- administrativos emitidos por
el Despacho del Señor Ministro en el Oficial Mayor de la citada Cartera. Se
acompaña el criterio de la asesoría legal, suscrito por los Directores y Jefes de


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los Departamentos Legales de las distintas dependencias del Ministerio. Cabe
dejar constancia que existe una divergencia de criterio entre la posición que
sostiene el Jerarca con respecto a la defendida por los titulares de las
asesorías jurídicas indicadas. Sobre lo anterior, nos permitimos informarle lo
siguiente
I. Delimitación del objeto de análisis

Cabe iniciar este aparte con la introducción de un concepto de la delegación como
instituto jurídico del Derecho Administrativo

"Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro inferior el
cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido como
propias a dicho órgano superior. Pero este es un concepto muy general, y por ello
no técnico. Jurídicamente, la delegación implica algo más que el mero "encargo"
hecho por el superior al inferior para que éste realice funciones suyas. La
delegación supone "desprendimiento" de un deber funcional. Como dijo la Corte
Suprema de Justicia de la Nación; "no existe propiamente delegación sino cuando
una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese
poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella." De manera que en la
delegación de competencia el delegante se "desprende" del ejercicio de una
función, "descargando" tal ejercicio sobre el delegado." (MARIENHOFF, Miguel,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1977,
p. 578)

Introduciendo una primera distinción entre la delegación en sentido estricto y el
concepto de la delegación de firma, ENTRENA CUESTA indica

"a) Concepto. De cuanto hemos expuesto hasta el momento se deduce que la
delegación consiste en un acto en virtud del cual un órgano administrativo
transfiere a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio de funciones que tiene
atribuidas de forma alternativa conservando la titularidad sobre las mismas
b) Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la función delegada
será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan sólo su
titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la delegación de
firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el órgano inferior se
limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden de"...- una resolución adoptada
por el propio titular de la función ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso
Edición, 1982, pp. 72-73)
A nivel de doctrina se ha hecho hincapie en esa diversa naturaleza que debe
mediar entre el concepto genérico de delegación y el tema específicio de la
delegación de firmas

"La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una persona
física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos de la misma
organización. En consecuencia supone una alteración parcial de la competencia, ya
que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a una parte de aquella. Debe
subrayarse el carácter personal y temporal de la delegación que lleva la
consecuencia de que cuando cambian las personas que están al frente de los
órganos deja de ser válida y hay que repetirla. Otra consencuencia del carácter
personal de la delegación es que no puede delegarse a su vez, lo que se expresa
tradicionalmente con la máxima latina delegata potestas non delegatur. Los actos


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dictados por delegación, a los efectos jurídicos, se entienden dictados por el
titular del órgano delegante, ya que dicho órgano no pierde su competencia
No hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de firma,
que significa sólo autorizar al inferior para que firme determinados documentos,
en nombre del superior, si bien ha sido éste el que ha tomado la decisión."
(BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Curso de Ciencia de la Administración, Volumen
Primero, Madrid, Editorial Tecnos S.A., Segunda Edición, 1985, pp. 74-75)
Por su parte, el tratadista francés Georges VEDEL establece tanto los aspectos de
coincidencia como los de distinción entre ambas figuras

"Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad superior en
beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación de competencia, de una
parte, y la de firma, por otra
La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de competencia
implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de competencia, de
poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la delegación de firma no priva
a la autoridad superior de su poder; transfiere simplemente a la autoridad
subordinada el cometido material de la firma. Ahora bien, si las condiciones en
las cuales se dan los dos tipos de delegaciones son en buena medida semejantes,
sus efectos son muy diferentes
a) Las condiciones comunes. En primer lugar, la delegación no es posible si no
existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita concederla. Por
ejemplo, el decreto de 23 de enero de 1947, modificado por el decreto de 19 de
julio de 1968, ha autorizado a los ministros a delegar, mediante una simple orden
y con ciertas condiciones, su firma a algunos de sus colaboradores
En segundo lugar, las delegaciones deben ser publicadas, al menos cuando las
decisiones a las cuales se aplican deben ser oponibles respecto de terceros
Finalmente, ciertas delegaciones están en cualquier caso prohibidas: tal ocurre
con aquellas que supongan una transferencia total de las atribuciones de la
autoridad delegante a la autoridad delegada, o de aquellas que supongan la
transferencia por parte de la autoridad superior, de poderes cuyo ejercicio por
dicha autoridad constituye una garantía en beneficio de los administrados
La mayor preocupación es evitar la alteración del orden de competencias que
resultaría de reemplazar totalmente la autoridad superior por la inferior,
evitando de este modo que sea burlada la ley que, en razón de las garantías que
se pretendía dar a los administrados, exigía la intervención de la autoridad
superior
b) Los efectos. Aquí los dos tipos de delegación se asemejan menos
En primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la autoridad
superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que la delegación de
competencia subsiste. En particular, la autoridad superior no puede avocar, es
decir, pedir que le sea sometido un asunto determinado comprendido dentro de la
delegación de competencia
Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de competencia,
sino solo una organización del cometido material de la firma, la cual en todo
momento, y sin que sea necesario modificar la delegación, podrá derogar la
autoridad superior. Es así como la autoridad superior podrá avocar un asunto
particular y ordenar que tal asunto sea reservado a su propia firma
La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de competencia
es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad a autoridad. Por
consiguiente, si el titular de una u otra competencia cambia, la delegación de
competencia subsiste, hasta tanto no sea revocada


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Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen in concreto, es decir, en
razón de la personalidad, tanto del delegante como del delegado. Si, por tanto,
se produce un cambio de identidad del delegante o del delegado, la delegación de
firma cesa inmediatamente, a menos que una nueva delegación sea consentida por la
nueva autoridad en beneficio del nuevo delegado
En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la
delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en tanto que
en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el papel de autor real
del acto." (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, Madrid, Aguilar S.A. de
Ediciones, Primera Edición, 1980, pp. 155-156)
Las precisiones doctrinales apuntadas deben ser confrontadas con la forma en que
nuestro Ordenamiento positivo recepta las figuras de la delegación de
competencias y la delegación de firmas, aspecto que de seguido pasamos a
analizar
II. Normativa Aplicable
A nivel de nuestro derecho positivo, conviene examinar con algún grado de
detenimiento lo preceptuado en el Capítulo Tercero del Título Tercero del primer
Libro de la Ley General de la Administración Pública, que versa sobre la
Distribución y los Cambios de Competencia

Sobre lo anterior, el artículo 84 del citado cuerpo normativo define el fenómeno
de los cambios de competencia como "transferencia" de las mismas, indicando los
diversos tipos que puede asumir: delegación, avocación, sustitución del titular o
de un acto, subrogación y suplencia
Para todos estas "especies" del género de la transferencia, se preceptúa que
entratándose de competencias externas que se trasladan de un órgano a otro, o de
un servidor público a otro, las mismas requerirán de una norma expresa para
tenerse como autorizadas; debiendo dicha norma ser de un rango jerárquico igual o
superior al de aquella que crea la competencia y proscribiéndose, de modo
expreso, la transferencia en virtud de práctica, uso o costumbre. (artículo 85)
Por otra parte, el numeral 87 viene a introducir las limitaciones a las que debe
sujetarse la transferencia en cuanto a su duración y alcances (inciso 1) y
necesidad de contar con una motivación (inciso 2), requisitos ambos que deben
constar en todo acto de transferencia, so pena de acarrear la nulidad tanto del
acto origen como de aquellos dictados en ejercicio de ésta (inciso 3)

En lo que atañe específicamente al fenómeno de la delegación, los numerales 89 a
91 establecen los requisitos a que ha de ajustarse tal tipo de transferencia de
competencias. Bajo esta óptica, se indica la autorización genérica para que el
superior traspase a su inmediato inferior sus funciones propias, siempre que
entre ambos medie una similitud en la naturaleza de dichas funciones (inciso 1,
artículo 89)
Se regula, asimismo, que la delegación no jerárquica o en diverso grado requiere
de norma expresa (inciso 2), mientras que se proscribe tal posibilidad cuando la
competencia haya sido otorgada en virtud de las específicas condiciones
personales del funcionario (inciso 3). Por último, se establece la obligación de
que la transferencia de competencias para una serie de actos de un mismo tipo
deba ser publicada en el Diario Oficial (inciso 4)
Por su parte, el artículo 90 establece las limitaciones aplicables a todo tipo de
delegación: revocabilidad de la potestad transferida; imposibilidad de transferir
una competencia que haya sido a su vez delegada o que implique que la misma se


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encarga de modo total al delegado, como tampoco aquellas que son esenciales del
órgano. También se establece que la delegación opera solo entre órganos de la
misma clase, por razón de la materia, el territorio y la naturaleza de la
función. Y, en cuanto a los órganos colegiados, se faculta únicamente a que
puedan delegar la instrucción de los asuntos propios de su ámbito de actividad en
el secretario

Al final de esta Sección Tercera se introduce la norma que ha de ser analizada
para los efectos de esta consulta

"Artículo 92. Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose
a firmar lo resuelto por aquél."

También se reputa la existencia de un Reglamento Orgánico del Ministerio de
Recursos Naturales, Energía y Minas (Decreto Ejecutivo Nº 19423-MIRENEM de 6 de
diciembre de 1989) cuyo fundamento legal se encontraba en las Leyes Nº 6812 y
7089. Dicha normativa ha de ser tenida en cuenta para los efectos de la presente
consulta toda vez que, a pesar de haberse emitido con anterioridad a la Ley Nº
7152 de 6 de mayo de 1990 (Ley Orgánica del Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas), sus disposiciones no fueron afectadas por el contenido de la
esta Ley y, además, ha sido modificado expresamente a través de otros decretos
ejecutivos (vid., Decretos Ejecutivos Nº 20473, 22179, 22632 y 22700) que se
emitieron con fundamento en la precitada Ley Nº 7152

Así, destacamos en lo conducente, las siguientes disposiciones: "DEL MINISTRO
Artículo 8. La autoridad máxima del MIRENEM reside en el Ministro, a quien
corresponde
a)..., b)..., (...) d) Suscribir los decretos ejecutivos, acuerdos ejecutivos,
resoluciones y demás documentos de similar naturaleza, en conjunto con el
Presidente de la República, cuando así fuere necesario. (...)"
Por su parte, las competencias que atañen al Oficial Mayor del Ministerio se
definen en el numeral décimo, del cual interesa destacar su inciso f) que a la
letra dispone

"DEL OFICIAL MAYOR
Artículo 10. Depende del Ministro y le corresponde
a)..., b)..., (...) e) Desempeñar aquellas labores que el Ministro le señale, en
su calidad de funcionario de confianza
f) Firmar acciones de personal, cheques, documentos y otros, por delegación del
Ministro. (...)"
Por último, el artículo 23 prescribe que

"El Director Administrativo y Financiero con rango de Director General tendrá las
siguientes funciones
a)..., b)..., c) Firmar las acciones de personal, cheques, documentos y otros por
delegación del Ministerio."
Cabe aclarar que la disposición contenida en el inciso c) del artículo 23 supra
transcrito se incluyó en el Reglamento Orgánico en virtud del Decreto Ejecutivo
Nº 22700 de 23 de noviembre de 1993, sin que se modificara, de modo expreso, la
atribución contenida en el artículo 10 inciso f) ibidem. De donde es dable
sostener que se operó una derogación tácita en cuanto al órgano facultado para


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asumir la tarea de firma de las acciones de personal, cheques, documentos y
otros, trasladándose ésta al Director Administrativo
III. Consideraciones Generales en torno al Artículo 92 de la Ley General de la
Administración Pública
Una primera interrogante que resulta necesario disipar tiene relación con los
requisitos a que ha de sujetarse la delegación de firmas en nuestro ordenamiento
jurídico. Esto es, si la ubicación del artículo 92 dentro de la Sección
denominada "De la Delegación" implica que las regulaciones que ahí se prescriben
para este tipo de transferencia de competencia le son aplicables en toda su
extensión al fenómeno que interesa para los efectos de la presente consulta
En criterio de este Organo Asesor la respuesta debe ser negativa
Lo anterior por dos órdenes de razonamientos: en primer lugar, ha quedado
claramente establecido con fundamento en la doctrina que la delegación de firmas
no importa en sí una transferencia de competencia, es decir, la potestad
decisoria sobre el asunto que ha de ser suscrito por un funcionario público
descansa en la cabeza de su titular. Lo que sucede en estos casos es que el
requisito material de firmar (vid
artículo 134, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) el acto
administrativo correspondiente no lo realiza el órgano que tomó la decisión, sino
otro al cual el titular de la competencia le confiere la potestad de suscribirlo
en una especie de "representación". Sin embargo, no existe duda de que en el
fondo quien resuelve es áquel que delega la firma, de donde la competencia
decisoria no ha sufrido alteración alguna. En segundo lugar, el mismo artículo 92
de la Ley General viene a receptar esa elaboración doctrinaria, pues es claro en
establecer que el órgano delegado se circunscribe únicamente a firmar, de donde
la resolución del asunto, y la consecuente responsabilidad, siguen en cabeza del
titular de la potestad
Por ende, y desde la perspectiva de la Ley General de la Administración Pública,
es dable afirmar que la delegación de firmas en materia de resoluciones es una
potestad atribuida a los órganos decisorios de la Administración que, sin
embargo, se encuentra ubicada en un lugar de dicho cuerpo normativo que regula un
fenómeno distinto cual es la transferencia de competencias. La similitud que
existe entre la delegación en sentido estricto y la que entraña el acto material
de suscribir un determinado acto radica, en nuestro criterio, únicamente en el
hecho de que existe un acuerdo del titular para que se proceda en tal sentido, de
tal suerte que encarga a un subordinado una actuación determinada. Pero, mientras
que en la delegación de firmas se encarga la realización de una formalidad
atinente al acto mediante el cual se materializa la resolución de un asunto, en
la delegación stricto sensu lo que se acuerda es la transmisión de la potestad
decisoria, con todas las consecuencias y limitaciones que se prescriben en los
artículos 84 y siguientes

Consecuentes con lo afirmado en el párrafo precedente, cabría afirmar que no
existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delege en un
subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior) la firma de las
resoluciones que le correspondan, siempre entendiendo que en tal proceder quien
toma la decisión es el delegante. Amén de ello, debe precisarse que, en caso de
los Ministros como órganos superiores de la Administración del Estado (vid
artículo 21 de la Ley General) dicha "delegación" se circunscribe únicamente a la
resolución de asuntos que sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano,
es decir, que no impliquen competencias compartidas con el Presidente de la


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República entratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo, pues, como
prescribe el numeral 146 de la Constitución Política

"Artículo 146. Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder
Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de la República y
del Ministro del ramo y, además en los casos que esta Constitución establece, la
aprobación del Consejo de Gobierno."

IV. La Delegación de Firmas en el caso concreto del Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas

Partiendo de lo anterior, resta por analizar la trascendencia de la normativa que
a nivel infralegal rige para el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y
Minas. Observamos líneas atrás que el Reglamento Orgánico de dicha Cartera
Ministerial contiene disposiciones expresas que atañen al tipo de actos que debe
suscribir el Ministro, y a la delegación de firmas por parte de ese funcionario
para otro tipo de documentos. Si bien en un principio esta delegación de firmas
estaba acordada en favor del Oficial Mayor, es lo cierto que, en virtud de las
modificaciones posteriores de que fue objeto el Decreto Ejecutivo Nº 19423-
MIRENEM, esta facultad fue encargada al Director Administrativo y Financiero. La
expresa indicación de que, en los supuestos contemplados en el inciso c) del
artículo 23, lo que se suscita es una delegación de firmas nos permite sostener
que se ha operado una reglamentación del artículo 92 de la Ley General de la
Administración Pública para el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas

Dado que dicha reglamentación se realiza con fundamento en el artículo 140 inciso
3) de la Constitución Política, su ubicación en la escala jerárquica de las
fuentes del Derecho Adminstrativo corresponde a lo indicado en el artículo 6º,
inciso d) de la Ley General. De modo que, en lo que atañe a la firma de "
acciones de personal, cheques, documentos y otros..." no existe duda de que se
operado una delegación de tal facultad en cabeza del Director Administrativo y
Financiero. En lo que respecta a la firma de "... decretos ejecutivos, acuerdos
ejecutivos, resoluciones y demás documentos de similar naturaleza", el inciso d)
del artículo 8 del Reglamento Orgánico regula que tal potestad reside en el
jerarca del Ministerio, sin que se haya contemplado la posibilidad de la
delegación de la firma para el caso de las resoluciones. De tal suerte que, para
el tema de las resoluciones administrativas, tendría que operarse una
modificación, vía decreto ejecutivo o norma de superior rango normativo, para que
se pueda operar la delegación que interesa para los efectos de la presente
consulta, en respeto a lo preceptuado por el numeral 13º de la Ley General de la
Administración Pública

De lo expuesto es dable concluir lo siguiente: en virtud de la regulación
contenida en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Recursos Naturales, Energía
y Minas, la delegación de firmas que contempla como potestad genérica el artículo
92 de la Ley General de la Administración Pública se circunscribe, entratándose
del Ministro, a lo relacionado con las acciones de personal, cheques, documentos
y otros. La firma de resoluciones a cargo del citado Ministerio ha sido encargada
de modo expreso a su jerarca. De modo que, para los efectos de que éstos
específicos actos administrativos puedan ser objeto de firma por parte de otro
órgano que no sea el Ministro, debe operarse una modificación del citado Decreto
Ejecutivo, sin que quepa que por vía de simple resolución administrativa se
disponga en sentido contrario, en atención al principio de la jerarquía de las
fuentes del Derecho Administrativo y del principio de inderogabilidad singular de
los reglamentos


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V. Antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional

Aunque no directamente relacionado con el tema de estudio del presente dictamen,
consideramos oportuno hacer mención del Voto Nº 1053-91 de las catorce horas
treinta y ocho minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y uno, en
donde la Sala Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la delegación de competencias para que un Viceministro
acuerde la destitución de funcionarios públicos

"CONSIDERANDO: Como se desprende de los informes rendidos -que se tienen dados
bajo juramento- el hecho de que el Viceministro de la cartera de Gobernación y
Policía cesara en el desempeño de sus cargos a los recurrentes, sin tener
competencia legal para ello -toda vez que esa facultad constituye una atribución
indelegable del Ministro, a propuesta de la Dirección y con base en lo que al
efecto disponga el Estatuto del Servicio Civil, quebranta lo dispuesto por el
artículo 11 Constituciónal, lo que hace que el recurso sea procedente y así deba
declararse y, como consecuencia, ordenar la restitución de aquellos, en sus
respectivos cargos -sin entrar a prejuzgar sobre la conveniencia o no de los
despidos de los que aquí se reclama- y apercibir a los demandados no incurrir en
conductas posteriores que podrían hacer aplicable lo dispuesto en los artículos
71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional." VI. Conclusión

En virtud de lo expuesto, se concluye que la potestad conferida mediante el
artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública no puede considerarse
una "delegación" en el sentido en que dicha transferencia de competencia está
regulada en la Ley General de la Administración Pública

Por otra parte, para el caso concreto del Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas, por vía de Decreto Ejecutivo se ha dado una reglamentación del
precitado numeral 92 de la Ley General, de tal suerte que se especifica en qué
casos se puede operar la denominada delegación de firmas. Para modificar lo
preceptuado en dichos cuerpos normativos, deberá atenderse a la jerarquía de las
fuentes del Derecho Administrativo, con respeto al principio de inderogabilidad
singular de los reglamentos

Sin otro particular, nos suscribimos, Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel Lic. Iván


b. OJ-050-97

San José, 29 de setiembre de 1997 Dr

Herman Weinstok Wolfowicz Ministro de Salud S. D

Estimado señor

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy
respuesta a su oficio DM-1718-97 de 21 de mayo de 1997, en el cual
solicita criterio a este Organo en relación con "la autorización vía
delegación en las Jefaturas Regionales, de conformidad con los artículos
89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de la


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firma de cheques girados contra las cuentas del Consejo Técnico de
Asistencia Médico Social (C.T.A.M.S.)"

Se indica que "lo que se propone es autorizar vía delegación a los Jefes
Regionales de Salud y a los Administradores Regionales, para que
conjuntamente suscriban cheques girados contra las cuentas del
C.T.A.M.S., previo presupuesto de los gastos y bajo la fiscalización de
la Subdivisión Financiera Contable de ésta Institución."

La Asesoría legal del Despacho consultante indicó, con respecto al tema
que se estudiará, lo siguiente

"El artículo 14 de la Ley Orgánica de este Ministerio, establece que los
cheques que se giren contra las cuentas corrientes del C.T.A.M.S., deben
ser firmados por el Ministro de Salud y por la Directora General de Salud
o en su defecto, por el Viceministro de Salud y el Director de la
División Administrativa de la institución respectivamente

Por su parte, los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública, autorizan la delegación de funciones en un
inferior siempre y cuando la función a delegarse no haya sido otorgada al
delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo y que el acto
de delegación cumpla con los requisitos de validez citados por los
artículos 128 y siguientes del citado cuerpo legal

En el presente caso y dado que lo que se pretende es delegar en el Nivel
Regional la potestad de firma de cheques girados contra cuentas del
C.T.A.M.S., ello con el fin de no entorpecer la labor de esta institución
a nivel regional, que el ejercicio de dicha delegación sería en todo caso
vigilado por la Subdivisión Financiero Contable de este Ministerio, que
no se trata de un (sic) función otorgada al señor Ministro y a la señora
Directora General de Salud en razón de su específica idoneidad para el
puesto y que las funciones del Nivel Regional son de igual naturaleza a
aquellas ejercidas por el señor Ministro de Salud y por la señora
Directora General de Salud, es que esta Asesoría legal considera
legalmente factible la delegación propuesta." (El subrayado sí es del
original)


La Contraloría General de la República es el órgano encargado
constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública

Es así como la Constitución Política en su numeral 183 dispone que: "La
Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública (...)" (El
subrayado no es del original)

Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re pública
establece


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General de la República es un órgano constitucional fundamental del
Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la
Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta
Ley." (El subrayado no es del original)

Asimismo, el numeral 8 de la misma ley Orgánica citada establece que

"Hacienda Pública es la organización formada por los entes y órganos
públicos, incluyendo los no estatales, propietarios o encargados, por
cualquier título, de la administración del patrimonio público; salvo la
contribución obrero patronal que es de naturaleza pública

Los recursos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrán el
carácter que su propia ley orgánica le otorga

Patrimonio público es la universalidad constituida por los fondos
públicos y por los pasivos a cargo de la Hacienda Pública

Los componentes de la Hacienda Pública son las instituciones,
corporaciones y empresas públicas, sean entes u órganos."(El subrayado no
es del original)

Además el artículo 9 de la misma ley dispone

"Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad
del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos." (El subrayado
no es del original)

En virtud de la función contralora otorgada a la Contraloría, el
legislador ha establecido que los pronunciamientos en relación con su
competencia son vinculantes

En este sentido el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República antes citada, establece que

"La Contraloría General de la República es el órgano rector del
ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta

Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro
del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y
prevalecerán sobre cualquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos
que se le opongan. (...)" (El subrayado no es del original)

Es claro que lo discutido es parte integral de la Hacienda Pública en el
tanto se trata del manejo de fondos públicos, por lo que lo dispuesto en
este asunto por la Contraloría General de la República será vinculante
para la administración consultante, además de que la competencia de dicha
entidad es exclusiva y excluyente, incluso, en relación con esta
Procuraduría


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A pesar de lo expuesto, y con el propósito de colaborar con la
administración activa, este Organo Superior Consultivo de la
Administración Pública emite opinión jurídica sobre lo consultado, que
carecerá del carácter vinculante que establece el numeral 3 de la Ley
Orgánica de esta Procuraduría, en vista de la competencia que priva en la
materia de la Contraloría General de la República

La consulta en estudio implica el análisis y comparación de la delegación
de competencia y de la delegación de firma, a efecto de determinar cuál
de las dos figuras permite la posibilidad de satisfacer los
requerimientos de la Administración Activa


NIVEL DOCTRINAL

En cuanto a la delegación de competencia, la doctrina afirma que

"Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro inferior el
cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido
como propias a dicho órgano superior. Pero este es un concepto muy
general, y por ello no técnico. Jurídicamente, la delegación implica algo
más que el mero "encargo" hecho por el superior al inferior para que éste
realice funciones suyas. La delegación supone "desprendimiento" de un
deber funcional. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "no
existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o
persona descargándolo sobre ella." De manera que en la delegación de
competencia el delegante se "desprende" del ejercicio de una función,
"descargando" tal ejercicio sobre el delegado." (MARIENHOFF, Miguel,
Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, T.I, 4a
ed. 1990, p. 578)

Por otra parte se afirma que

" La llamada delegación de firma no importa una verdadera delegación en
sentido jurídico, en virtud de que no opera una real transferencia de
competencia, sino que tan sólo tiende a descargar una porción de la tarea
material del delegante. En este caso, el órgano delegado carece de
atribuciones para dictar actos administrativos por sí, limitándose sus
facultades a la firma de los actos que le ordene el delegante, quien en
definitiva asume la responsabilidad por su contenido

La delegación de firma constituye un instituto de excepción que requiere
para su justificación y procedencia el cumplimiento conjunto de dos
condiciones : a) debe tratarse de actos producidos en serie o en cantidad
considerable ; b) el objeto del acto ha de estar predominantemente
reglado, sin perjuicio de que reviste carácter discrecional la
oportunidad de emitirlo y la elección de la alternativa escogida


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En España, la delegación de firma se halla regulada en la Ley de
Procedimiento Administrativo, donde se distingue la delegación de firma
para competencias decisorias de aquellas delegaciones referidas a simples
trámites de naturaleza interna

En lo que concierne a la sub-delegación hay que advertir que
constituyendo el instituto de la delegación una excepción al principio de
improrrogabilidad de la competencia no resulta lógico aceptar que la
transferencia de funciones pueda ser nuevamente objeto de una segunda
delegación por parte del delegado, la cual extendiendo el proceso, podría
llegar hasta el órgano de inferior jerarquía de la organización
administrativa. Por esa causa, la subdelegación es en principio,
improcedente, salvo autorización expresa de la norma o del delegante
originario." (CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, T.I, 2da. ed., 1980, p.248 y 249) (El subrayado no
es del original)

Adicionalmente se indica que

"(...) la delegación de firma, que tiene lugar cuando el órgano superior
ejerce la competencia sobre actos de trámite en forma verbal, lo que
tendrá lugar, con excepción a la regla, de que los actos deben
manifestarse por escrito, cuando su naturaleza o circunstancias no exijan
o permitan otra forma más adecuada de expresión en cuyo caso el órgano
inferior que la reciba expresará en la comunicación a los interesados la
fórmula de "orden de ..." ; si se trata de resoluciones el titular de la
competencia habrá de autorizar con su firma una relación de las que haya
dictado en forma verbal, con expresión de su contenido. La delegación de
firma no se admite en las decisiones de carácter sancionador, en los
actos limitativos de derechos, en actos resolutorios de recursos, en lo
que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen de órganos consultivos, los que deban ser motivados y los
acuerdos de suspensión de recursos ( arts. 41 y 43 de la Ley de
Procedimiento Administrativo)

Como se ve, en la delegación de firma, el órgano superior no transfiere
al inferior más que la posibilidad de la redacción escrita de los actos y
su notificación." (PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, Madrid, Marcial
no es del original)

En relación con las dos figuras en estudio, se expresa que

" A) La delegación.- a) Concepto. De cuanto hemos expuesto hasta el
momento se deduce que la delegación consiste en un acto en virtud del
cual un órgano administrativo transfiere a otro jerárquicamente
subordinado el ejercicio de funciones que tiene atribuidas de forma
alternativa conservando la titularidad sobre las mismas


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Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la funci ón
delegada será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan
sólo su titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la
delegación de firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el
órgano inferior se limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden
de..."- una resolución adoptada por el propio titular de la función
ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo,
Madrid, Editorial Tecnos, Vol. I/2, 9a. ed, 1988, p.85) (El subrayado no
es del original)

En cuanto a los dos tipos de delegación estudiados es preciso indi car

"La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una
persona física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos
de la misma organización. En consecuencia supone una alteración parcial
de la competencia, ya que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a
una parte de aquella. Debe subrayarse el carácter personal y temporal de
la delegación que lleva la consecuencia de que cuando cambian las
personas que están al frente de los órganos deja de ser válida y hay que
repetirla. Otra consecuencia del carácter personal de la delegación es
que no puede delegarse a su vez, lo que se expresa tradicionalmente con
la máxima latina delegata potestas non delegatur. Los actos dictados por
delegación, a los efectos jurídicos, se entienden dictados por el titular
del órgano delegante, ya que dicho órgano no pierde su competencia

No hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de
firma, que significa sólo autorizar al inferior para que firme
determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el
que ha tomado la decisión." (BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Curso de Ciencia
de la Administración, , Madrid, Editorial Tecnos, Vol I, 2da. ed., 1988,
pp. 74-75) (El subrayado no es del original)

De igual forma, se dispone en cuanto a las similitudes y diferencias de
las indicadas figuras, que

"Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad superior en
beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación de competencia,
de una parte, y la de firma, por otra

La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de
competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de
competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la
delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder
transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de
la firma. Ahora bien, si las condiciones en las cuales se dan los dos
tipos de delegaciones son en buena medida semejantes, sus efectos son muy
diferentes


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a) Las condiciones comunes. En primer lugar, la delegación no es posible
si no existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita
concederla. Por ejemplo, el decreto de 23 de enero de 1947, modificado
por el decreto de 19 de julio de 1968, ha autorizado a los ministros a
delegar, mediante una simple orden y con ciertas condiciones, su firma a
algunos de sus colaboradores

En segundo lugar, las delegaciones deben ser publicadas, al menos cuando
las decisiones a las cuales se aplican deben ser oponibles respecto de
terceros. Finalmente, ciertas delegaciones están en cualquier caso
prohibidas: tal ocurre con aquellas que supongan una transferencia total
de las atribuciones de la autoridad delegante a la autoridad delegada, o
de aquellas que supongan la transferencia por parte de la autoridad
superior, de poderes cuyo ejercicio por dicha autoridad constituye una
garantía en beneficio de los administrados. (...)La mayor preocupación es
evitar la alteración del orden de competencias que resultaría de
reemplazar totalmente la autoridad superior por la inferior, evitando de
este modo que sea burlada la ley que, en razón de las garantías que se
pretendía dar a los administrados, exigía la intervención de la autoridad
superior

b) Los efectos. Aquí los dos tipos de delegación se asemejan menos. En
primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la
autoridad superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que
la delegación de competencia subsiste

En particular, la autoridad superior no puede avocar, es decir, pedir que
le sea sometido un asunto determinado comprendido dentro de la delegación
de competencia

Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de
competencia, sino solo una organización del cometido material de la
firma, la cual en todo momento, y sin que sea necesario modificar la
delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así como la autoridad
superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal asunto sea
reservado a su propia firma

La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de
competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad
a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia
cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea
revocada

Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen in concreto, es
decir, en razón de la personalidad, tanto del delegante como del
delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante
o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que
una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio
del nuevo delegado


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En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la
delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en
tanto que en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el
papel de autor real del acto." (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo,
Madrid, Aguilar Ediciones, 1era

ed., traducción de la 6a. de. francesa por Juan Rincón Jurado, 1980, pp
155-157) (El subrayado no es del original)

En doctrina nacional se diferencia la delegación de competencia de la
delegación de firma, y se expresa lo siguiente

"4.- Clases de delegación (...)

c) Delegación de firma y delegación en sentido estricto. Es la primera la
que se da para que el delegado firme los actos que le dicta o deja
redactados el delegante y hasta es posible que para todo un tipo de
actos, cuya redacción común le entregue el delegante. En tal hipótesis el
delegado no resuelve sino que firma y no hay verdadera delegación. La
llamada delegación de firma puede adoptarse sin base en ley ni
reglamento, mediante simple circular interna, pero el delegado ha de
hacer necesariamente mención al hecho de su existencia, para explicar al
público la sustitución de firma operada.No hay delegación tampoco cuando
la misma tiene lugar entre meras oficinas (internas), pues entonces se
trata de una simple distribución del trabajo equivalente a un reglamento
interno de organización, sin relevancia jurídica en el ordenamiento
general del Estado. La delegación se da, en cambio, cuando el delegado
resuelve y firma, aunque deje constancia en el texto de que lo que hace
"por el Ministro" o, en general, "por" el delegante. La alusión al origen
de la competencia no puede neutralizar el hecho de que el agente la
ejerce realmente, en virtud de delegación." (ORTIZ ORTIZ, Eduardo,
Derecho Administrativo, (tesis innominada) , Universidad de Costa Rica,
Facultad de Derecho, (material poligrafiado) p.6 y 7)

De lo expuesto se concluye que la delegación de competencia implica la
transferencia de una competencia, es decir el delegante asigna el
ejercicio de una función al delegado. La decisión del superior implica un
traslado de competencia, de poder, a la autoridad inferior. Hay
delegación de competencia cuando el delegado resuelve y firma

Por su parte, la delegación de firma no implica una transferencia de
competencia, sino que descarga las labores materiales del delegante,
limitándose la labor del delegado a la firma de los actos que le ordene
el delegante, quien asume la responsabilidad por su contenido. En otras
palabras, es autorizar al inferior para que firme determinados
documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el que ha tomado
la decisión. Es así como el órgano superior no transfiere al inferior más
que la posibilidad de la redacción escrita de los actos y su
notificación, sin que se prive a la autoridad superior de su poder


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transfiere simplemente a la autoridad inferior el acto material de la
firma


COSTARRICENSE

Clara la figura de la delegación de firma en la doctrina, de seguido se
estudiará lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública en
relación con la indicada figura

En ese sentido el numeral 92 de la citada ley dispone textualmente

"Artículo 92.- Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,
limitándose a firmar lo resuelto por aquél."

El citado artículo se encuentra acorde con la doctrina en el tanto se
delega el acto material de la firma, pero no el de resolver, siendo el
delegante el único responsable

En relación con el numeral 92 en estudio, se ha indicado que el

" art.92 regula el fenómeno de la delegación de firma. En este evento
quien resuelve es el delegante y no el delegado ; éste, únicamente, firma
lo que haya sido decidido por el autor de la delegación

Siendo así las cosas, es natural que la responsabilidad recaiga sobre el
delegante en cambio, en la delegación normal, hay una obligación de
vigilar la gestión del delegado y se puede caer en responsabilidad por
culpa en la vigilancia de ella. La culpa puede localizarse en la elección
cuando ella haya sido discrecional, según nociones generales del derecho
que acoge el art. 91.. VIDAL PERDOMO, Javier, La Delegación en el Derecho
Público, Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo,
San José, Colegio de Abogados, Asociación Costarricense de Derecho
Público, 1981, p.152

Por su parte, esta Procuraduría en relación con la delegación de firma ha
expresado

"(...) ha quedado claramente establecido con fundamento en la doctrina
que la delegación de firmas no importa en sí una transferencia de
competencia, es decir, la potestad decisoria sobre el asunto que ha de
ser suscrito por un funcionario público descansa en la cabeza de su
titular. Lo que sucede en estos casos es que el requisito material de
firmar (vid. artículo 134, inciso 2) de la Ley General de la
Administración Pública) el acto administrativo correspondiente no lo
realiza el órgano que tomó la decisión, sino otro al cual el titular de
la competencia le confiere la potestad de suscribirlo en una especie de
"representación". Sin embargo, no existe duda de que en el fondo quien
resuelve es aquél que delega la firma, de donde la competencia decisoria


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no ha sufrido alteración alguna. En segundo lugar, el mismo artículo 92
de la Ley General viene a receptar esa elaboración doctrinaria, pues es
claro en establecer que el órgano delegado se circunscribe únicamente a
firmar, de donde la resolución del asunto, y la consecuente
responsabilidad, siguen en cabeza del titular de la potestad. Por ende, y
desde la perspectiva de la Ley General de la Administración Pública, es
dable afirmar que la delegación de firmas en materia de resoluciones es
una potestad atribuida a los órganos decisorios de la Administración que,
sin embargo, se encuentra ubicada en un lugar de dicho cuerpo normativo
que regula un fenómeno distinto cual es la transferencia de competencias
La similitud que existe entre la delegación en sentido estricto y la que
entraña el acto material de suscribir un determinado acto radica, en
nuestro criterio, únicamente en el hecho de que existe un acuerdo del
titular para que se proceda en tal sentido, de tal suerte que encarga a
un subordinado una actuación determinada. Pero, mientras que en la
delegación de firmas se encarga la realización de una formalidad atinente
al acto mediante el cual se materializa la resolución de un asunto, en la
delegación stricto sensu lo que se acuerda es la transmisión de la
potestad decisoria, con todas las consecuencias y limitaciones que se
prescriben en los artículos 84 y siguientes

(...), cabría afirmar que no existe, de principio, limitación alguna para
que un Ministro delegue en un subordinado (y no necesariamente quien sea
su inmediato inferior) la firma de las resoluciones que le correspondan,
siempre entendiendo que en tal proceder quien toma la decisión es el
delegante. Amén de ello, debe precisarse que, en caso de los Ministros
como órganos superiores de la Administración del Estado (vid. artículo 21
de la Ley General) dicha "delegación" se circunscribe únicamente a la
resolución de asuntos que sean competencia exclusiva y excluyente de ese
órgano, es decir, que no impliquen competencias compartidas con el
Presidente de la República (...).(Dictamen C-171-95 de 7de agosto de
1995)

De la anterior cita es claro que esta Procuraduría ha considerado
admisible la delegación de firma de resolución, en aplicación del numeral
92 de la Ley General de la Administración Pública, el cual es acorde con
la doctrina en la materia

En la consulta bajo estudio se cuestiona si la delegación de la firma de
un cheque es posible según el derecho administrativo

Es preciso indicar que la delegación de firma de una resolución prevista
por el artículo 92 de la ley General de la Administración Pública es la
delegación de firma de un acto administrativo

En cuanto al cheque este es definido como un "un título-valor (...) que
incluye una orden de pago incondicional y a la vista dirigida por su
creador (librador) sobre un banco (librado) " (Enciclopedia Jurídica
Básica, Madrid, Editorial Civitas, tomo II, 1995, p.1881)


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De acuerdo con los anteriores conceptos, un cheque vendría a ser una
ejecución de una resolución, es decir, la ejecución de una decisión
administrativa, más concretamente, la ejecución de la resolución
administrativa que decide girar determinado monto de dinero

De lo anterior es posible concluir que si se admite como legítima la
delegación de la firma de una resolución, con mayor razón se podrá
delegar la firma de una orden incondicional de pago

Como se indicó, en cuanto a los requisitos de la delegación de firma
existen dos posiciones en la doctrina

La primer tesis señala como condiciones comunes en las delegaciones el
que no se den si no existe un texto, legislativo o reglamentario (VEDEL,
op cit.) y la segunda posición afirma que la delegación de firma puede
adoptarse sin base en ley ni reglamento, mediante simple circular
interna, pero el delegado debe indicarlo, para explicar al público la
sustitución de firma. La segunda tesis afirma que no hay delegación
cuando ésta tiene lugar entre oficinas (internas), pues se trata de una
simple distribución del trabajo equivalente a un reglamento interno de
organización, sin relevancia jurídica en el ordenamiento general del
Estado. (ORTIZ ORTIZ, op. cit.)

Analizadas las anteriores dos posiciones, es preciso señalar que si se
admite la primera, en la cual la delegación de firma debería estar
autorizada por ley o por reglamento, esta Procuraduría considera que esta
autorización se encuentra materialmente en el numeral 92 de la Ley
General de la Administración Pública, el cual al autorizar la delegación
de firma de una resolución implícitamente autoriza delegar la firma del
documento que simplemente ejecuta una resolución, aquella que ordena el
pago materializado por medio del cheque

Si se acoge la posición de la doctrina que señala que no es necesaria la
autorización legal o reglamentaria para el caso de la delegación de
firma, postura comprensible en virtud de la eficiencia y la celeridad que
debe actualmente regir la actividad administrativa, es obvio entonces que
la delegación de interés debe tenerse c como legítima y válida

A lo anterior se adiciona lo dispuesto por el numeral 10 de la misma ley
reción citada, el cual dispone que "La norma administrativa deberá ser
interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin
público a que se dirige (...)"

En virtud de lo expuesto, teniendo como base, la doctrina citada, los
numerales 10 y 92 de la Ley General de la Administración Pública y en
virtud de la previa existencia al acto material de la firma, de una
resolución dictada por el competente y sujeta al correspondiente control
financiero a posteriori, esta Procuraduría considera que jurídicamente es
posible que el funcionario competente de la Administración Pública
delegue la firma de un cheque en otro funcionario


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La consulta formulada por el Ministerio de Salud pretende agilizar el
pago de bienes y servicios que se cancelan mediante las cuentas del
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social -C.T.A. M. S.- a nivel
regional

De manera expresa se indica que "lo que se pretende es delegar en el
Nivel Regional la potestad de firma de cheques girados contra cuentas del
C.T.A.M.S., ello con el fin de no entorpecer la labor de esta institución
a nivel regional."

Adicionalmente señala "que el ejercicio de dicha delegación sería en todo
caso vigilado por la Subdivisión Financiero Contable de este Ministerio."

En primer término, es preciso indicar que el Consejo Técnico de
Asistencia Médico Social está regulado mediante la Ley Orgánica del
Ministerio de Salud, No. 5412 de 8 de noviembre de 1973, la cual dispone
en su numeral 12 que será integrado por : "(...)

a) El Ministro de Salud

b) El Director General de Salud

c) Un Delegado de la Junta de Protección Social de cada cabecera de
provincia

ch) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos

d) Un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social

(...)El Presidente nato lo será el Ministro, quien podrá delegar el cargo
en el Viceministro o el Director General de Salud."

Además, el artículo 13 de la misma ley citada establece que las funciones
de dicho Consejo de Asistencia Médico Social serán las siguientes

"a) La recaudación de los fondos

i) provenientes de las subvenciones estatales fijas, señaladas en leyes
del Presupuesto Nacional, destinadas a financiar las instituciones de
Asistencia del Ministerio de Salud, con la salvedad hecha de los que
administra la Caja Costarricense de Seguro Social

ii) provenientes del producto del Totogol, Timbre Hospitalario, Impuesto
de Ventas o de cualquier otro recurso público destinado o que se destine
a financiar los organismos, establecimientos y servicios asistenciales

iii) provenientes de donaciones, ventas de bienes y servicios, así como
los que provengan de leyes especiales


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b) La distribución de los fondos a que se refiere el inciso anterior y de
la renta de lotería nacional

c) Recomendar al Ministro la aprobación, rechazo o modificación de los
contratos que por cualquier suma mayor de ¢ 10,000.00 propongan las
instituciones a que se refiere el inciso a) del artículo 10 anterior

ch) Asesorar al Ministro en materia de política financiera

d) Formular las normas generales de distribución de los fondos a que se
refieren los incisos a) y b) anteriores, que no estén contemplados en
leyes específicas; y

e) Cualquier otro que señale la ley o Reglamento. (El subrayado no es del
original)

La misma Ley Orgánica establece expresamente en su numeral 14, quienes
están autorizados a firmar en las cuentas del Consejo y dispone que

"Los fondos que recaude el Consejo serán depositados conforme se reciban
en sus propias cuentas corrientes en los Bancos del Sistema Bancario
Nacional. Los cheques contra esas cuentas serán firmados por el Ministro
de Salud y por el Director General de Salud. En caso de ausencia de
alguno de estos funcionarios, firmarán los cheques por el Ministro de
Salud, el Viceministro y por el Director General, el Director de la
División Administrativa." (El subrayado no es del original)

Por su parte el numeral 15 de la ley en mención establece los criterios
de distribución de los fondos que recaude el Consejo

"Artículo 15.- El plan de distribución de los fondos a que esta sección
se refiere, lo hará el Consejo conforme a las normas previstas en las
respectivas leyes que determinen los mismos recursos o, en defecto de
tales normas, conforme a un criterio de racional satisfacción de
necesidades y de acuerdo con los planes de salud."

De acuerdo con lo expuesto por los artículos 13 y 15 de la ley en
estudio, el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social tiene la
competencia para determinar la distribución de los fondos asignados al
mismo. El numeral 14 de la misma ley establece que los cheques de las
cuentas del Consejo "serán firmados por el Ministro de Salud y por el
Director General de Salud. En caso de ausencia de alguno de estos
funcionarios, firmarán los cheques por el Ministro de Salud, el
Viceministro y por el Director General, el Director de la División
Administrativa.". Es decir, los cheques serán firmados por los indicados
sujetos teniendo como base para su resolución los lineamientos de la
distribución de fondos establecida por el Consejo

El numeral 92 de la Ley General de la Administración Pública se refiere a
la delegación de firma de resoluciones, por su parte, en el caso en
estudio se pretende delegar la firma de cheques. La emisión de un cheque


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implicará la previa resolución de determinar el monto a girar y para
estos efectos el cheque es la ejecución de esa resolución administrativa
En virtud de lo anterior, con fundamento en el numeral 92 de la citada
ley sería posible delegar la firma de un cheque

En todo caso, como se indicó, la doctrina admite incluso que la
delegación de firma no requiera autorización legal o reglamentaria, lo
importante es que quede en evidencia que el delegado se limitó a cumplir
con el acto material de firmar el cheque y no resolvió el mismo

En cuanto al tema consultado esta Procuraduría considera que es posible
que el Ministro de Salud y el Director General de Salud o el Viceministro
y el Director de la División Administrativa respectivamente deleguen
conjuntamente la firma de los cheques en los Jefes Regionales de Salud y
en los Administradores Regionales conjuntamente también, siempre y cuando
se compruebe que han sido los funcionarios autorizados en el artículo 14
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud quienes dictaron el acto
administrativo de ordenar girar determinado monto y que los Jefes
Regionales de Salud y los Administradores Regionales se limitaron a
cumplir con lo resuelto, es decir, firmar el cheque por el monto
preestablecido. Lo anterior teniendo claro que los delegantes, en este
caso, serán los únicos responsables de tal delegación de firma

Finalmente, se debe advertir, como lo señala la doctrina, la necesida d
de la publicación en el diario oficial del acto que autoriza la
delegación de firma, ello a efecto de que se otorgue seguridad jurídica a
los terceros

III.- CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto, esta Procuraduría concluye

1.- La Contraloría General de la República tiene la competencia exclusiva
y excluyente, incluso en relación con esta Procuraduría, para dictaminar
en asuntos relacionados, como el presente, con la Hacienda Pública

2.- La consulta implica la disposición de fondos públicos, por lo que lo
dispuesto por la Contraloría General de la República es vinculante para
la administración consultante

3.- De manera no vinculante, este Organo Asesor considera que es posible
que el Ministro de Salud y el Director General de Salud o el Viceministro
y el Director de la División Administrativa respectivamente deleguen
conjuntamente la firma de los cheques en los Jefes Regionales de Salud y
en los Administradores Regionales conjuntamente también, siempre y cuando
se compruebe que han sido los funcionarios autorizados en el artículo 14
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud quienes dictaron el acto
administrativo de ordenar girar determinado monto y que los Jefes
Regionales de Salud y los Administradores Regionales se limitaron a
cumplir con lo resuelto, es decir firmar el cheque por el monto
predeterminado por los delegantes. Lo anterior teniendo claro que los


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delegantes, en este caso, serán los únicos responsables de las
consecuencias de tal delegación de firma así como, la necesidad de la
publicación en el diario oficial del acto que autoriza la delegación de
firma, a efecto de que se otorgue seguridad jurídica a los terceros

Se suscribe atentamente, Licda. María Lourdes Echandi Gurdián PROCURADORA
ADJUNTA


c. C-057-1999

San José, 19 de marzo de 1999


Licenciado

Eduardo Vilchez Hurtado

Director General de Migración y Extranjería

Su Despacho


Estimado señor

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos
referimos a su Oficio AJ-691-98-JM del 30 de junio de 1998, recibido en
este Despacho, el 27 de julio del mismo año. Su Oficio me fue asignado al
sustituir al Lic. Francisco E. Villalobos González el 7 de setiembre del
año pasado. Sin embargo, debido al gran volumen de trabajo que se maneja
en esta Procuraduría, nos fue imposible darle una respuesta con la
prontitud que se merece su consulta

Pues bien, en la comunicación de cita, nos formula cinco interrogantes
que contestaremos en la misma forma en que se encuentra formuladas

A) En cuanto a la firma de las resoluciones que rechazarán de plano las
referidas solicitudes de residencia, ¿Podrá operar una delegación de
firma a cargo del Jefe del Departamento de Residencias?

A este respecto, nos refiere que muchos extranjeros –generalmente
ilegales- en el territorio nacional, presentan solicitudes de residencia
incompletas, que al estar en trámite indefinido -pues no las completan,
algunas veces es aprovechado para casarse y crear así un vínculo que
fundamente su petición- la Dirección General de Migración se ve impedida
de deportarlos. Por lo que, se propone el dictado de una resolución
rechazando de plano la solicitud al momento mismo de la presentación


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defectuosa que, pueda ser firmada al igual que la que resuelva el recurso
de revocatoria contra la misma, por el Jefe del Departamento de
Residencias. Se argumenta que actualmente este último firma las cédulas
de residencias y sus renovaciones, así como que materialmente es
prácticamente imposible que el Director General firme todas esas
resoluciones

En el criterio legal adjunto (Oficio AJ-692-98-JM) se indica que el
rechazo de plano se fundamentaría en el numeral 292 de la Ley General de
la Administración Pública, pues las solicitudes de residencia con
documentación incompleta son evidentemente improcedentes, no violándose
el derecho de petición pues se le notifica de inmediato la resolución
respectiva. Se agrega en dicho criterio que, conforme a los artículos 7
inciso 13 primer párrafo e inciso 21 del segundo párrafo es posible al
Director General delegar su competencia para firmar la denegación de la
cédula de residencia. Continúa diciendo el Asesor Legal que conforme a
los numerales 89 a 92 de la Ley General de la Administración Publica, la
delegación de firma no implica la de la responsabilidad del Director
General y que se trataría de una delegación jerárquica en que ambos,
delegado y delegante son órganos con funciones similares

Al respecto, es necesario hacer varias precisiones que deben ser tomadas
en cuenta de previo a responder la interrogante planteada

En principio, quienes se encuentren ilegalmente en el país no pueden
solicitar la residencia permanente, pues la misma debe ser gestionada por
el extranjero desde el exterior. En tal sentido, el artículo 39 de la Ley
General de Migración y Extranjería (Ley No.7033 del 4 de agosto de 1986)
establece que dicha residencia debe ser gestionada en el país de origen o
donde legalmente se resida. En concordancia el numeral 16 de la misma Ley
establece que los Representantes Consulares serán quienes reciban tales
solicitudes y las remitan a la Dirección General de Migración.(1) Lo
anterior, admite como excepción los casos de cambio de subcategoría o
categoría migratoria, previstos en el último párrafo del numeral 39 y en
el artículo 41, ambos de dicha ley, que si pueden tramitarse en el país


(1) Dictamen de la Procuraduría General de la República C-211-98 del 13
de octubre de 1998


Sin embargo, la misma Ley 7033 prevé en los artículos 7 incisos 4) y 7) y
50 inciso a) como competencia de la Dirección General el declarar ilegal
la permanencia de un extranjero en el país y el regularizar la situación
migratoria de los migrantes ilegales así declarados cuando así
corresponda. Para regularizar su situación migratoria, la ley permite a
los ilegales solicitar la radicación temporal, no la residencia
permanente, conforme a los artículos 42 y 43, que literalmente prevén


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"Artículo 42.- Podrán igualmente gestionar la radicación temporal los
residentes ilegales, cuando fueren intimados a regularizar su situación
migratoria, o en aquellos casos en que así, lo determine la Dirección
General, mediante resolución fundada."

"Artículo 43.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Dirección
General, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá poner en
vigencia, por un plazo determinado un régimen de excepción destinado a
promover y facilitar la radicación de aquellos extranjeros que estuvieren
residiendo ilegalmente en el país."

Pues bien, establecido que los migrantes ilegales no pueden solicitar la
residencia permanente, referiremos la contestación de su interrogante a
la gestión de radicación temporal de éstos. Tomando en cuenta para ello
que según se deduce de su consulta con ellos es con los que generalmente
se produce el problema de las gestiones de radicación incompletas. Sin
perjuicio, de que el trámite que según expondremos deba darse a dichas
solicitudes sea extensible a las demás gestiones de radicación temporal o
residencia permanente por cambio de categoría. Al respecto, se propone de
parte de esa Dirección que se rechace de plano la gestión de radicación
temporal, cuando no acompañe todos los documentos requeridos. En ese
sentido, debe tenerse en cuenta que esta Procuraduría General ya tuvo
oportunidad de pronunciarse parcialmente sobre dicho punto indicando

"A tenor de lo ya desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina,
tenemos que, en primer lugar, la Dirección General de Migración y
Extranjería sí tiene la obligación de recibir las solicitudes de
residencia (...entiéndase según es expuso supra residencia temporal o
radicación...) presentadas en sus oficinas, a pesar de que no cuenten con
todos los requisitos estipulados. Sin embargo, se debe tener presente la
clara diferencia entre lo que es evitar el menoscabo de los derechos del
administrado -que en primera instancia se logra al no rechazarle "en la
ventanilla" la solicitud que éste plantea-, y lo que constituye el darle
una respuesta favorable, incluso si no cumple con los requerimientos
legales o reglamentarios. Lo anterior, a todas luces constituye una
incorrecta, inadecuada y, por qué no, injusta actuación de la
Administración, en perjuicio de la legalidad, al violentarse la normativa
establecida. En este sentido, el funcionario que se encuentra atendiendo
al público en la ventanilla, no sería el indicado para denegar o rechazar
las solicitudes, máxime si se considera que su apreciación no puede
constituir un juicio valorativo de la procedencia o improcedencia de la
solicitud, lo cual corresponde en forma exclusiva a la Dirección o al
Consejo, según el caso." (2)


(2): Idem


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El pronunciamiento transcrito, con cita de jurisprudencia de la Sala
Constitucional, se fundamentó en los derechos fundamentales de acceso a
la justicia administrativa y de petición contemplados en los numerales 41
y 27 constitucionales. Los cuales implican para el interesado el recibo
de su solicitud, su estudio no por el funcionario receptor de documentos
-probablemente sujeto a error- y la emisión de la resolución
correspondiente, con lo cual se abriría la oportunidad de impugnarla.(3)


(3): Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
4034-93 de 20 de agosto de 1993, 374-96 de 19 de enero de 1996 entre
otros citado en el dictamen supra indicado


Entendido que las solicitudes de radicación temporal no pueden ser
rechazadas por el funcionario receptor de los documentos, debe definirse
si es posible el rechazo de plano por falta de estos últimos

Al respecto, estimamos que las Autoridades Migratorias pueden rechazar de
plano las peticiones de los administrados en los supuestos contemplados
por el numeral 292 de la Ley General de la Administración Pública (Ley
No.6227 de 2 de mayo de 1978) por aplicación supletoria de la misma
conforme al artículo 229 ibídem y 3 del Reglamento a la Ley 7033 (Decreto
No.19010-G del 11 de mayo de 1989 y sus reformas). Esto es, cuando las
peticiones fueren extemporáneas, impertinentes o evidentemente
improcedentes. Se dice que una petición es improcedente cuando carece de
fundamento de oportunidad o de derecho;(4) impertinente cuando es
inconveniente;(5) y extemporánea cuando se encuentra fuera del plazo
legal. El rechazo de plano es entonces aplicable a falta de los
requisitos relativos al plazo, la oportunidad o el derecho de la petición
legalmente establecidos y reglamentariamente desarrollados

En ninguno de dichos supuestos encaja la falta de documentos


(4): Diccionario Usual Larousse. Por Ramón García Pelayo. Distrito
Federal, México, 1985. Página 325

(5): Idem. Página 327


Lo anterior obedece a que los casos de falta de documentación, encuadran
como peticiones mal interpuestas, respecto de las cuales lo que
corresponde es declarar la inadmisibilidad de las mismas. Al respecto,
conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 292 y 262 de la Ley General de
la Administración Pública, las Autoridades Migratorias tienen término de
tres días, lo cual no sucede con las gestiones impertinentes.(6) No


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obstante, previo a la declaratoria de inadmisibilidad deberá habérsele
conferido oportunidad al interesado para que complete la documentación
Lo anterior, en virtud del principio de informalismo aplicable a los
procedimientos administrativos.(7) Principio que encuentra fundamento
positivo en los numerales 224 y 287 de la Ley General citada, que en lo
conducen disponen

"Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma
favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los
administrados..."

"Artículo 287

1. Todos los demás defectos subsanables podrán ser corregidos en el plazo
que concederá la Administración, no mayor de diez días

2. Igualmente se procederá cuando falten documentos necesarios."


(6): Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
No.508-96 de 26 de enero de 1996

(7): Dictamen de la Procuraduría General de la República C-223-97 del 24
de noviembre de 1997


Tomando en cuenta que las solicitudes de radicación temporal incompletas
solo pueden ser declaradas inadmisibles por los órganos competentes y no
por el funcionario receptor de los documentos, previa oportunidad -no
aprovechada por el administrado- para subsanar los defectos subsanables
como la falta de documentos con que se haya presentado, debe analizarse
si es posible que la resolución declarando la inadmisibilidad sea firmada
por el Jefe del Departamento de Residencias ante delegación del Director
General de Migración

Al respecto, es pertinente referir que la delegación de firma no es una
delegación propiamente dicha, por cuanto con la misma no se transfiere
competencia alguna.(8) En efecto, la potestad decisoria es conservada por
el Superior o Titular del Organo competente. (9) El inferior únicamente
lleva a cabo la tarea material de firmar el acto administrativo
correspondiente como delegado de aquél. Siendo que la firma es requisito
de validez de la actuación según el numeral 134 inciso 2) de la Ley
General de la Administración Pública. Por ello, el "delegante" sigue
siendo el único responsable de la decisión firmada por el "delegado",
conforme al numeral 92 de la Ley 6227 de cita.(10) Al, respecto ha
señalado la Sala Constitucional


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(8) Dictamen de la Procuraduría General de la República C-223-97 del 24
de noviembre de 1997

(9): Baena de Alcazar, Mariano. "Curso de Ciencia de la Administración"
Volumen I, Segunda edición. Madrid, Editorial Tecnos, 1988. Páginas 74-75
9 Entrena Cuesta, Rafael. "Curso de Derecho Administrativo". Volumen 1
Novena edición. Madrid, Editorial Tecnos, 1988. Página 85

(10): Vidal Perdomo, Javier. "La Delegación en el Derecho Público". En
Revista Internacional de Derecho Administrativo", San José, Colegio de
Abogados,Asociación Costarricense de Derecho Público, 1981. Página 152


" Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante
una delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que
no interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto
formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto
implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni
responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen
concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se
colige que el que conoce de un asunto puede diferir -sin ocasionar
agravio alguno- de la persona que firme el acto final, toda vez que la
responsabilidad y el conocimiento continúan siendo de quien delega. Así,
se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es
el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de
validez -en cuanto a forma- de dicho acto final, pero dicha delegación no
importa una delegación de competencia..."(11)


(11) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
No.4527-97 del 1º de agosto de 1997 12 Dictamen de la Procuraduría
General de la República C-171-95 del 7 de agosto de 1995


Lo anterior, se traduce en que no son aplicables a la delegación de firma
todos los requisitos y límites dispuestos para la delegación que implica
transferencia de competencia. Así, no requiere de norma expresa, como lo
estipula el numeral 85 de la Ley 6227 para la delegación de funciones,
sino que basta para ello solo un Acuerdo del titular del Organo
competente al respecto. En ese sentido, la delegación que autoriza el
inciso 21 del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley 7033 no es de
firma sino de funciones. Esto último, en cuanto faculta a la Dirección
General para delegar en caso necesario facultades de su competencia
cuando con ello se facilite el servicio que debe prestar

Luego, la "delegación de firma" puede hacerse recaer en cualquier
funcionario inferior idóneo y no necesariamente en el inmediato
inferior.(13) Como ocurre en general para la delegación propiamente


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dicha, según lo dispuesto en el numeral 89 inciso 1) de la Ley General de
la Administración Pública. Ni tampoco requiere hacerse entre órganos de
la misma clase por razón de la materia, territorio y naturaleza de la
función, como prevé el inciso d) del artículo 90 ibídem. Lo anterior,
porque no se está transfiriendo competencia alguna. Sin embargo, al igual
que la delegación de funciones, la de firma se hace tomando en cuenta la
persona del "delegante" y del "delegado", un cambio de identidad de
cualquiera hace que cese la "delegación"(14)


(13) Ibídem

(14) Vedel, George. "Derecho Administrativo". Primera Edición. Madrid,
Ediciones Aguilar S.A.,1980. Páginas 155-156


Por su contenido, la ley 6227 no prevé límite alguno a las resoluciones
que pueden ser objeto de delegación de firma, como ocurre en España(15)
Pero, doctrinalmente se acepta que son las de trámite, generalmente
producidas en serie o en cantidad considerable y las predominantemente
regladas.(16) En el mismo sentido, el Presidente de la Comisión que
discutió el texto del numeral 92 del Proyecto de Ley 6227, consideró en
la única intervención al respecto, que dicha delegación era muy
importante cuando por ejemplo debía hacerse el nombramiento de
funcionarios en todo el país.(17) Así, en esta delegación el "delegante"
manifiesta verbalmente su decisión a su "delegado", para que este la
redacte por escrito y firme.(18) El "delegante puede también redactar la
resolución concreta cuya firma delega e igualmente, tratándose de cierto
tipo de resoluciones puede encargar la redacción común a su
"delegado".(19)


(15) Los artículos 41 y 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo de
España no permiten la delegación de firma a las resoluciones que
requieren ser debidamente motivadas. La enumeración de las mismas
coincide en términos generales con las previstas en el artículo 136 de la
Ley 6227

(16) Cassagne, Juan Carlos. "Derecho Administrativo". Tomo I. Segunda
Edición. Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1980. Páginas 248-249

(17) Expediente legislativo, Acta No.98 folios 315 al 326

(18) Parada, Ramón. "Derecho Administrativo". Tomo II. Sexta Edición
Madrid, Ediciones Jurídicas Marcial Pons S.A., 1992. Página 40

(19) Ortiz Ortiz, Eduardo, "Derecho Administrativo". San José, Facultad
de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Páginas 6 y 7 20 Voto de la


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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No.1440-92 de 15,30
hrs. Del 2 de junio de 1992


Con base en lo que viene expuesto, consideramos que nada obsta a que el
Director General de Migración como titular del Organo competente
(artículo 62 de la Ley 6227), delegue en un funcionario idóneo de esa
Dirección General la firma de las resoluciones que declararían la
inadmisibilidad de las solicitudes de radicación incompletas. Ese
funcionario podría ser el Jefe del Departamento de Residencias, en cuanto
sea funcionario de esa Dirección. No lo afirmamos en forma definitiva
porque no hemos podido constatar la existencia jurídica del mismo y sus
funciones. Siendo que no hemos hallado el reglamento autónomo de esa
Dirección General que crea dicho Departamento, como lo autorizarían los
artículos 59 inciso 2) y 103 inciso 1) de la Ley 6227

No omitimos indicar que la existencia de un vínculo familiar por parte de
un extranjero, no es un elemento que impida deportarlo, si respecto del
mismo se producen los supuestos objetivamente establecidos en la ley para
la deportación.(artículo 118 de la Ley 7033) En tal sentido, ya la Sala
Constitucional ha dicho que la garantía constitucional establecida en el
artículo 51 de nuestro Código Político que obliga al Estado a darle
protección a la familia, no impide deportar al extranjero que deba serlo,
sin que ello signifique incumplir con dicho deber constitucional. Pues,
al igual que un nacional puede ser separado de su familia en virtud de
una sanción penal, el extranjero también puede serlo si la infracción de
lo dispuesto en la ley conlleva la obligación de abandonar el país.(20)


(20) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº
296 de las 14,40 hrs. del 24 de octubre de 1990


B) ¿Cuáles impugnaciones son procedentes contra la resolución que rechaza
de plano la petición de residencia?

En cuanto a estas interrogantes, nos indica que la Ley General de
Migración y Extranjería establece un plazo de cinco días hábiles para
interponer los recursos de revocatoria y apelación contra las
resoluciones que lesionen intereses de los extranjeros en relación con su
status migratorio. Se agrega que, en cambio, la Ley General de la
Administración Pública prevé un plazo de tres días hábiles al efecto y
duda sobre cuál de los dos plazos debe aplicarse a la resolución que
rechaza de plano la petición de residencia. Al respecto, el criterio
legal adjunto a su consulta, indica que debe prevalecer lo establecido en


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la Ley General de Migración y Extranjería, por cuanto es ley posterior y
especial con relación a la Ley General de la Administración Pública

El artículo 107 de la Ley 7033 establece que contra las resoluciones de
la Dirección General que lesionen los intereses de los extranjeros en
relación con su status migratorio, proceden los recursos de revocatoria y
de apelación. Tales recursos son admisibles respecto de las resoluciones
firmadas por funcionario distinto del titular de esa Dirección -por
delegación de la firma de éste- declarando la inadmisibilidad de la
solicitud de radicación temporal. Pues, es evidente que ellas tienen
repercusiones lesivas en el interés de los extranjeros que procuran tal
status migratorio ya que en lugar de obtener lo solicitado reciben una
negativa, sea o no correcta la declaratoria de inadmisibilidad. El de
revocatoria tendría que resolverlo la Dirección General y el de apelación
el Ministro de Gobernación y Policía, agotando este último la vía
administrativa.(artículos 110 a 114 ibídem)

Al respecto, debe hacerse notar que la Ley 6227, como adelantamos supra,
es de aplicación supletoria, conforme al numeral 229 de esta y 3 del
Reglamento a la Ley 7033. De modo que, si esta última no hubiera previsto
los recursos mencionados, serían de aplicación los establecidos en la
primera. Esto de conformidad con los artículos 342, 343 y 345 incisos 1)
y 2) de la Ley 6227, en cuanto prevén los recursos de revocatoria y
apelación contra las resoluciones de trámite que hagan imposible la
continuación del procedimiento, como es el caso de las de
inadmisibilidad. Pero, como dichos recursos si están contemplados en la
Ley 7033 según vimos, no es necesario aplicar supletoriamente la Ley

Sin embargo, distinto es el caso del recurso de revisión y el reclamo de
queja, regulados en los artículos 353 a 355 y 358 a 360 de la Ley 6227
Pues, dicho recurso y reclamo no están previstos en la Ley 7033, por lo
que deben admitirse los mismos en aplicación supletoria las disposiciones
mencionadas de la Ley 6227. Con relación a la admisión del recurso de
revisión en materia migratoria, ya esta Procuraduría General había tenido
oportunidad de pronunciarse favorablemente, a cuyo dictamen remito al
consultante.(21) Entonces también se sostuvo que la Ley 6227 es de
aplicación supletoria cuando no exista regulación especial expresa del
procedimiento o ésta no garantice el debido proceso, con cita al efecto
de varios pronunciamientos de este Despacho y de la Sala Constitucional


(21) Dictamen de la Procuraduría General de la República C-274-98 del 16
de diciembre de 1998


Ahora bien, en cuanto al plazo para interponer los recursos ordinarios
que prevé la Ley 7033, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 108 de


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esta. Lo anterior, por cuanto existiendo regulación expresa, no resulta
necesaria la aplicación de las normas supletorias de la Ley 6227. Además,
en atención a que resulta una interpretación más favorable a la solución
final del recurso. (Artículo 224 de la Ley 6227) Pues, el numeral 108 de
cita prevé un plazo amplio de cinco días hábiles en contraste con el
plazo más corto de tres días hábiles establecido en artículo 346 inciso 1
de la Ley 6227. A mayor abundamiento, el numeral 108 de la Ley 7033 debe
ser aplicado en atención a la especialidad de la materia migratoria y a
que fue establecido con posterioridad al de la Ley 6227, tal como se
desprende del numeral 129 constitucional

C) Procede la devolución de los documentos una vez rechazada de plano la
gestión de residencia incompleta?

Al respecto, nos indica que el objeto es devolver la solicitud de
residencia incompleta con los documentos que adjunte, en el mismo momento
de su presentación, al comunicársele la resolución que rechaza de plano
la misma. Agrega que, en caso de que el interesado presentara recurso
contra esta última, la misma sería resuelta con los documentos que
presentara entonces. Asimismo, se propone que el Departamento de
Residencias llevaría un control pormenorizado de las resoluciones
originales que se dicten debidamente notificadas y así no se abriría un
expediente hasta tanto no se presenten solicitudes de residencia con
todos los requisitos. Se argumenta que en el Registro Nacional los
documentos defectuosos son devueltos para su corrección por el interesado
y presentación posterior. Al respecto, se aduce en el criterio legal
adjunto, que no es necesario conocer el fondo del asunto hasta que se
completen los requisitos, por lo que conservar una solicitud incompleta
es inútil

En relación con esta interrogante, debe recordarse como se indicó supra
que las solicitudes de radicación temporal incompletas solo pueden ser
declaradas inadmisibles por los órganos competentes y no por el
funcionario receptor de los documentos, previa oportunidad –no
aprovechada por el administrado- para subsanar los defectos subsanables,
como la falta de documentos con que se haya presentado. Es decir, no es
posible devolver de entrada dichas gestiones y por ende los documentos
que las acompañan. Por lo que, necesariamente habrá que formar un
expediente con la gestión del interesado, los documentos que la acompañan
y las resoluciones administrativas que se dicten, incluyendo los recursos
contra estas

En la línea de pensamiento expuesta, estimamos que la devolución de los
documentos no sería posible, en virtud de que ello vulneraría el
principio del debido proceso(22) y de justicia administrativa
establecidos en los numerales 39 y 41 constitucionales. Ni la
especialidad de la materia migratoria puede justificar que no se respete
las normas y principios procesales establecidos en la Ley 6227.(23) Pues,
su incumplimiento en caso de producirse indefensión se sanciona con la
nulidad de lo actuado (artículo 223 de la LGAP). Y es claro que la falta


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del expediente impide al administrado ejercer adecuadamente su derecho de
defensa. Igualmente, el Organo de Control al revisar lo decidido por su
subordinado, no podrá fiscalizar la corrección de lo actuado
Traduciéndose ello en una denegatoria de justicia, pues ningún sentido
tendrá pedir la revisión ya que esta no podrá ejercerse adecuadamente


(22) Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No.296 de
las 14,40 hrs. del 24 de octubre de 1990

(23) Voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia No.723 de
9,40 hrs. de 23 de diciembre de 1993


En efecto, con la devolución de los documentos, se niega la posibilidad
de formar un expediente administrativo, debidamente foliado, que reúna
las actuaciones de las partes y de la Administración desde el inicio. La
existencia del expediente es requisito fundamental para controlar la
legalidad de la actuación de la Administración. En ese sentido, sin la
existencia del expediente no es posible verificar si la decisión
administrativa, tiene apoyo fáctico y argumental. En otras palabras, sin
el mismo no es posible probar si la decisión tiene o no motivo, elemento
esencial de la misma. Como consecuencia, no puede determinarse si el
contenido del acto se adecua al motivo y por ende si han tomado en cuenta
y ponderado razonablemente todos los factores e intereses en juego
(artículos 132, 133 y 216,1 de la Ley 6227)

Ahora bien, una vez firme la resolución que declare la inadmisibilidad de
la gestión tampoco sería posible devolver el expediente formado al
interesado. Primero, porque el administrado tiene la posibilidad de
presentar contra la misma el recurso de revisión, el reclamo de queja y
la gestión de nulidad absoluta. Segundo, porque siempre queda abierta la
posibilidad de que el administrado recurra a la vía judicial dentro del
plazo establecido en el artículo 37 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, el numeral 175 de la Ley General
de la Administración Pública y 35 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional (Ley No.7135 del 11 de octubre de 1989). Siendo que tanto
en vía administrativa como en la judicial, se requeriría el expediente
administrativo para resolver los recursos y acciones a que el
administrado tiene derecho

Asimismo, tampoco sería posible la devolución de documentos que se
propone con base en lo dispuesto por los artículos 2 y 8 de la Ley del
Sistema Nacional de Archivos (Ley No.7202 del 24 de octubre de 1990). El
numeral 2 de dicha ley establece que ésta se aplicará a los archivos de
los tres Poderes del Estado, estando incluida esa Dirección dentro del
Poder Ejecutivo (Artículo 1 de la Ley 7033 y 130 constitucional). El
numeral 8 de la ley 7202 prevé que todos los documentos producto de la


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gestión de dichos Poderes son de su propiedad y ninguna persona puede
apropiarse de ellos. Aunque por supuesto, ello no significa que esa
Dirección deba conservar indefinidamente las gestiones de radicación o
residencia ya terminadas. Pues, la Ley 7202 en su artículo 33 establece
los mecanismos apropiados para el manejo y eliminación de aquellos. Esto
es, esa Dirección deberá integrar un comité institucional de selección y
eliminación, que deberá evaluar y determinar la vigencia administrativa y
legal de sus documentos, debiendo consultar a la Comisión Nacional cuando
eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo

Finalmente, no resulta aplicable el ejemplo que se cita del Registro
Nacional de la Propiedad, el cual devuelve los documentos defectuosos al
interesado para su corrección. Pues, el trámite migratorio y registral
tienen regulaciones y naturaleza disímiles que no permiten proceder
igualmente. El procedimiento registral tiene por objeto la inscripción de
documentos que finalmente serán devueltos al interesado. (Artículo 1 y 3
de la Ley sobre Inscripción de Documentos del Registro Público, Ley
No.3883 del 30 de mayo de 1967) El procedimiento migratorio de interés
tiene por objeto resolver si otorga un status migratorio a un extranjero
Un asunto permite acreditar un derecho patrimonial (artículo 1 de la Ley
3883) el otro la libertad de tránsito y de trabajo en el país. En el
primer caso, aún los documentos defectuosos son microfilmados, (artículos
11 y 28 del Reglamento del Registro Público Decreto No.26771-J del 18 de
febrero de 1998) en el segundo ello no ocurre a falta de norma que lo
prevea

D) ¿Procede la delegación de la firma de las deportaciones?

Se argumenta en la consulta que existen deportaciones urgentes en las
delegaciones regionales del país, que no pueden ejecutarse sino hasta que
en las Oficinas Centrales de esa Dirección General se confeccione y firme
la resolución que las ordena y se envie la misma a las primeras uno o dos
días después. Se indica que el inconveniente de lo anterior es que se
cita al extranjero para que comparezca en dicho plazo nuevamente a las
delegaciones regionales, a fin de notificarle y ejecutar la deportación,
pero aquél no aparece, sin que puedan detenerle por no constituir un
ilícito sino una falta administrativa. Agrega que, la alternativa sería
transportar al extranjero a Oficinas Centrales para ejecutar el trámite,
pero ello al igual que el procedimiento actual implica pérdida de tiempo
y recursos humanos y materiales que escasamente posee esa Dirección
General. Por lo que, se propone, según el criterio legal adjunto (Oficio
AJ-692-98-JM del 30 de junio de 1998) que la resolución que ordena la
deportación sea firmada por la Jefatura de las Oficinas Regionales, lo
que admitiría por las mismas razones dadas para la delegación de firma en
cuanto al rechazo de plano de la solicitud de residencia

Al respecto la Ley General de Migración y Extranjería indica en el
artículo 118, acerca de la deportación lo siguiente


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"La deportación es el acto ordenado por la Autoridad Migratoria
competente, por medio del cual se pone fuera de la frontera del
territorio nacional al extranjero que se encuentre en cualquiera de las
siguientes situaciones

1) Haber ingresado clandestinamente al país o sin cumplir con las normas
que reglamentan su ingreso o admisión. 2) Haber obtenido el ingreso o
permanencia en el país mediante declaraciones o presentación de
documentos falsos. 3) Permanecer en el país una vez vencido el plazo
autorizado

4) Permanecer en el territorio nacional una vez cancelada su residencia
5) Cuando a los no residentes se les cancele su permanencia y no hagan
abandono del país en el plazo otorgado."

La norma transcrita en relación con el numeral 55 de la ley 7033 en
cuanto indica que la orden de deportación implica la pérdida del status
migratorio, permite desprender con claridad que la deportación es un acto
que puede causar un gravamen o perjuicio quizá irreparable a la esfera de
derechos e intereses del extranjero, el cual de ejecutarse sería puesto
fuera del país. Las causales para su procedencia se encuentran
taxativamente establecidas en dicha norma legal y en general son de fácil
constatación. La definición de cuál es la Autoridad Migratoria a que se
refiere la norma viene dada por los artículos 7 inciso 10) y el mismo 119
ibídem, que señalan a la Dirección General como la encargada de dictar la
deportación. Pero, como ninguno de dichos artículos definió el
funcionario responsable de esa Dirección, ha de tenerse como una
atribución del titular del Organo Competente (artículo 62 de la Ley
6227), sea del Director General, entendiéndose posible que sea el
Subdirector General24. En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo desarrolló
reglamentariamente la norma de comentario, en el artículo 80 del
Reglamento a la Ley 7033, el cual expresa en literalmente que

" Artículo 80. Cuando se hubiere completado el expediente con toda la
documentación y se hubieren practicado las diligencias necesarias, el
legajo pasará a la Asesoría Legal de Migración para su estudio e informe
a la Dirección General de Migración. Si la Asesoría Legal, encontrare que
la tramitación está correcta y que la deportación es legalmente
procedente preparará la resolución en la cual se ordena la misma. El
Director General, si encontrare todo de conformidad con la ley,
autorizará con su firma la deportación." (el resaltado es propio)

Como se desprende de la norma transcrita, debe formarse un expediente
administrativo con toda la prueba atinente y existir un informe favorable
de la Asesoría Legal para proceder a la deportación. El procedimiento de
deportación regulado en dicha norma, en los artículos 7 y 77 a 79 del
mismo Reglamento y sin regular en la ley 7033, lo instruye la Policía
Especial de Migración (artículo 13 de la Ley 7033), es sumarísimo, y no
requiere dar audiencia al interesado.(25) Por supuesto, la posibilidad de
defensa del extranjero está dada por los artículos 107 y siguientes de la


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Ley 7033 en concordancia con el 81 de su Reglamento. Esto es, una vez
ordenada la deportación el interesado puede interponer los recursos
ordinarios contra la resolución correspondiente. La interposición de
estos, suspende la ejecución de la deportación cuando esta se basa en las
causales de los incisos 3 a 5 del numeral 118 supra transcrito. (artículo
113 de la Ley 7033)


(25): Voto salvado del Magistrado Piza Escalante de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No.31-89 y dictamen de la
Procuraduría General de la República C-167-98 del 14 de agosto de 1998


Ahora bien, al contestar la primera interrogante del consultante
indicamos que la delegación de firma no tenía en principio limitación en
relación con el contenido de la resolución respectiva. Igualmente,
dijimos que doctrinalmente se admitía fundamentalmente para actos
predominantemente reglados y que no se le aplicaban todos los requisitos
y límites de la delegación de funciones. Con base en la doctrina y
jurisprudencia allí citada, así como en el artículo 92 de la Ley General
de la Administración Pública, el Director General de Migración, como
titular de la competencia para ordenar y por tanto firmar las
deportaciones, puede válidamente delegar el acto material de la firma en
los funcionarios de esa Dirección idóneos. Ese funcionario podría ser el
respectivo Jefe de las Oficinas Regionales, en cuanto sea funcionario de
esa Dirección. No lo afirmamos en forma definitiva porque no hemos podido
constatar la existencia jurídica del mismo y sus funciones. Siendo que no
hemos hallado el reglamento autónomo de esa Dirección General que crea
dichas Oficinas Regionales, como lo autorizarían los artículos 59 inciso
2) y 103 inciso 1) de la Ley 6227

Sin embargo, la posibilidad de delegar la firma, no significa que pueda
omitirse el procedimiento establecido en la Ley 7033 y su Reglamento tal
como lo hemos dejado reseñado. En particular, continúa siendo requerido
que el Director General de Migración, efectué el examen del asunto y
decida dar la autorización para la deportación. Esto previo informe y
preparación de la resolución por la Asesoría Legal. En ese sentido, debe
quedar claro que la delegación de firma no puede convertirse en la
práctica en una delegación de funciones. No puede escapar al conocimiento
de esa Dirección General que la eficiencia en el ejercicio de su
competencia no puede justificar una violación a los derechos de los
administrados. (Artículos 5,1; 10 y 17 de la Ley 6227) Uno de los
derechos que debe reconocerse al extranjero es el relativo a la
observancia del principio de legalidad particularmente de los reglamentos
y del principio del debido proceso

En el sentido expuesto, la Administración Pública incluida esa Dirección
se encuentra sometida al bloque de legalidad, del cual forman parte los


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principios generales de derecho. (Artículos 11 constitucional, 11 y 13 de
la Ley General de la Administración Pública) Conforme con dichas normas
la Administración no puede desaplicar o derogar singularmente los
reglamentos vigentes como es el caso del artículo 80 del Decreto 19010-G
de cita, que expresamente atribuye al Director General la autorización de
las deportaciones. Precisamente, contra su desaplicación se alza el
principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, conforme al
cual aunque la Administración puede derogar o reformar un reglamento, no
puede excepcionar para uno o varios casos la aplicación de estos mientras
se encuentre vigente. Principio que tiene rango constitucional según
jurisprudencia de la Sala Constitucional (26) y respecto a cuyo
acatamiento ya esta Procuraduría General se ha pronunciado, incluso ante
consulta reciente de esa Dirección General.(27)


(26) Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Nos.2009-95 de 10,30 hrs. Del 21 de abril de 1995, 464 del 21 de enero de
1994, 1709-94 de 8 de abril de 1994, 74-89 de 8 de noviembre de 1989
entre otros

(27) Dictámenes de la Procuraduría General de la República C-045-94 del
16 de marzo de 1994, C-104-96 del 2 de junio de 1996, C-018-94 del 27 de
enero de 1994 y C-175-98 de 20 de agosto de 1998


Finalmente, debemos aclarar que la Policía Especial de Migración a cuyo
cargo está la instrucción del expediente correspondiente a los efectos de
las deportaciones, puede conforme al numeral 13 inciso 6) de la Ley 7033
detener a los presuntos infractores de esta Ley. Como ocurre en los
supuestos contemplados en el numeral 118 de esta, siempre que exista un
indicio comprobado(28) y la detención sea por el tiempo estricta y
racionalmente necesario, (solo por cuestión de horas no días) para no
violentar la norma 37 constitucional.(29) De modo que, no es correcto
como se afirma en la consulta que no sea posible la detención de los
extranjeros a efectos de instruirle y comunicarle su deportación, así
como posteriormente para ejecutarla.(30) Al efecto, me permito
transcribir uno de los fallos de la Sala Constitucional sobre el punto

"En reiterada jurisprudencia de esta Sala, ha dicho en el caso de las
personas que se encuentran ilegalmente en el territorio nacional, procede
la detención, pero única y exclusivamente durante el tiempo necesario
para la elaboración previa de un expediente administrativo, que
determinará su status, y, posteriormente ser remitidos a las autoridades
correspondientes para que les sean aplicadas las medidas legales que de
acuerdo a la legislación migratoria vigente sean procedentes."(31)


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(28) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
No.540-95, y 782-95. En sentido similar, los votos: 6346, 5753,5746,3387,
3887,83, todas de 1994, 1246,1177 de 1991,952-90 y 615-90

(29) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Nos.3111-94. En sentido similar los votos Nos. 1994-94 y 3318-93

(30) Véase el votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia No.76-92 de 16,30 hrs. Del 15 de enero de 1992 en cuanto a la
duración de la detención para notificar la deportación y No.2754-93 de
14,36 hrs. Del 15 de junio de 1993 en cuanto a la duración de la
detención para ejecutar una expulsión, siempre que esté firme

(31) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
No.5945-94. En sentido similar: 164-95 y 3781-94


E) Por último, solicito se indique la manera de operar de la delegación
de funciones (firma en lo que interesa), si la misma procede por medio de
un simple oficio, o debe darse por medio de resolución razonada

A este respecto, no se hace ningún comentario ni en la consulta ni en el
criterio legal adjunto a la misma

Pues bien, al contestar su primera interrogante señalamos la diferencia
entre delegación de funciones y la de firma, a donde remitimos al
consultante. En cuanto a la delegación de firma que es la que les
interesa dijimos que podía referirse a un acto determinado o a un cierto
tipo de actos. En ambos casos, basta un Acuerdo del titular del Organo
Competente, en este caso, del Director General de Migración. Pero, en el
primero, dicho Acuerdo ha de hacerse por simple Oficio o Circular a lo
interno de la Dirección. Lo cual debe ser indicado por el delegado al
firmar la resolución concreta a efecto de que su destinatario quede
enterado de ello. (32) En el segundo caso, el Acuerdo debe ser publicado
en el Diario Oficial con el objeto de que se otorgue seguridad jurídica a
los terceros afectados con dicho acto.(33)


(32) Ortiz Ortiz, Eduardo, "Derecho Administrativo". San José, Facultad
de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Páginas 6 y 7

(33) Vedel, George. "Derecho Administrativo". Primera Edición. Madrid,
Ediciones Aguilar S.A.,1980. Páginas 155-156


Lo anterior, tiene fundamento en el numeral 89 inciso 4) de la Ley 6227,
el cual establece que la delegación deberá ser publicada en el Diario
Oficial cuando se refiere a un tipo de acto y no para un acto


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determinado. A contrario sensu, la delegación de firma para una
resolución determinada no requiere publicación, pudiendo hacerse como se
dijo por simple Oficio o Circular. Se trata de uno de los requisitos
comunes entre la delegación propiamente dicha referida a transferencia de
competencias y la delegación de firma. En aplicación del numeral citado
se ha pronunciado la Sala Constitucional, considerando que

" ...tal delegación debe ser publicada en el Diario Oficial cuando sea
para un tipo de acto y no para un acto determinado (artículo 89 inciso 4
de la Ley General de la Administración Pública), lo que a la a luz del
citado voto # 2852-93 implica el otorgamiento de "seguridad jurídica a
los (...) potencialmente destinatarios del tipo de medidas que contra
ellos podría tomarse en virtud de la delegación." (34)


(34) Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No
4771-93 de 17,42 hrs del 29 de setiembre de 1993 5632-93 de 17,30 hrs
Del 3 de noviembre de 1993, 2853-93 de 10,06 hrs. Del 18 de junio de


En la forma expuesta, dejamos evacuada su consulta

Atentamente,


Lic. Luis Diego Flores Zúñiga

Procurador de Asuntos Internacionales a.i

Consultadgm.c57-99


d. C-308-2000
San José, 13 de diciembre del 2000


Licenciada
María de los Ángeles Cubas Cordero
Auditora Interna
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Su Despacho


Estimada señora
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy


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respuesta a su oficio AU-122-2000, fechado 06 de junio de 2000, en el
cual nos solicita criterio respecto de la delegación de firmas para
nombramientos nuevos de personal y destituciones realizada por el Rector
de esa Institución
I. Respecto de nombramientos de personal
Este tema se encuentra regulado, en primer término en la Ley Orgánica del
Instituto Tecnológico de Costa Rica N° 4777 de 9 de junio de 1972, que
crea dicha entidad universitaria, modificada por Ley 6321 de 27 de abril
de 1979
Complemento normativo a dicha Ley lo constituyen, el Reglamento a la Ley
Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 3434-
de 4 de diciembre de 1973 (publicado en Diario Oficial La Gaceta de 15
de enero de 1974), así como el Estatuto Orgánico del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, de fecha 17 de diciembre de 1982 (publicado
por primera vez en el Diario Oficial La Gaceta de 24 de enero de 1993
(1) Cabe la aclaración que respecto al Estatuto Orgánico, nuestro
criterio legal será emitido con base en la normativa suministrada por la
Auditoría Interna de la institución consultante, la cual es de suponer se
encuentra vigente y ha sido modificada mediante los trámites
procedimentales correspondientes
Respecto de quién se encarga de nombrar y remover al personal del
Instituto, así como de quién nombra y remueve a los funcionarios que
ocupen un puesto o cargo determinado, tanto el Estatuto Orgánico como el
Reglamento son explícitos sobre el tema a lo largo de todo su articulado,
los cual no serán analizado por no ser objeto de consulta(2)
(2) Sobre este tema, puede consultarse el Dictamen C-148-2000 de 30 de
junio del 2000
Sin embargo, ciertas normas de ambos cuerpos normativos otorgan
competencias genéricas, que, interpretadas armónicamente, atribuyen
claramente dichas potestades en la persona del Rector del Instituto
Puede verse, en este sentido, el artículo 113 del Estatuto Orgánico
"Artículo 113: El personal administrativo del Instituto será nombrado y
removido por el Rector, a solicitud del vicerector respectivo, de acuerdo
con los reglamentos correspondientes."
Asimismo, el numeral 95 del Reglamento a la Ley Orgánica dispone que
"Artículo 95: Todo nombramiento, para que sea efectivo, debe ser
ratificado por una carta de nombramiento firmada por el Rector. En esta
carta se especificará el nombre del cargo, el período de nombramiento, el
salario mensual, los beneficios sociales a que tiene derecho, lo
establecido en los artículos 69 y 70 de este Reglamento y los demás
hechos sobresalientes relacionados con el nombramiento. Las cartas de
nombramiento se harán de acuerdo con un patrón uniforme y serán
acompañadas de una hoja con la descripción de funciones. El funcionario
nombrado firmará una copia de la carta en señal de aceptación, la cual
será archivada en el expediente personal."
De la normativa transcrita se extrae que, en la generalidad de los casos,
el poder de nombrar y remover al personal recae en el Rector.(3)
(3) "Por último, no podemos perder de vista de que el Rector es el


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funcionario de más alta jerarquía ejecutiva del TEC.". Dictamen C-148-
2000 de 30 de junio del 2000
Ello resulta una individualización de dispuesto en forma genérica por la
Ley General de la Administración Pública (Ley Nº 6227 de 2 de mayo de
1978), Libro Primero, Título Cuarto (De las Relaciones Interorgánicas),
Sección Primera (De la relación Jerárquica Propiamente), artículo 104,
aplicable al caso concreto
"Artículo 104.- 1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar,
disciplinar y remover a todos los servidores del ente, de conformidad con
los artículos191 y 192 de la Constitución Política
2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro
unipersonal de tipo ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a este
último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del ente que
indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el
nombramiento del resto del personal."
Previamente esta Procuraduría se ha referido al sentido de este artículo
de la Ley General. Entre otros casos, lo ha hecho en sus pronunciamientos
C-127-86 de 30 de mayo de 1986, C-210-90 de 18 de diciembre de 1990, C-
226-95 de 27 de octubre de 1995, y C-259-98 de 2 de diciembre de 1998
El dictamen C-127-86 toca el tema de la relación jerárquica en la
Administración Pública. A efectos de esta consulta, conviene transcribir
lo siguiente
"... Finalmente dentro del tema que se desarrolla el artículo 104 en su
párrafo primero dispone... El párrafo primero del artículo 104 se refiere
a la relación de servicio únicamente, que como se ve sienta como pauta
general al conceder potestad al jerarca de nombrar, disciplinar y remover
a los servidores del ente, salvo norma legal en contrario.... Dicho en
otros términos, sólo la ley puede restringir la potestad del jerarca de
nombrar, disciplinar y remover a sus inferiores, o de revisar las
resoluciones que en ejercicio de la potestad disciplinaria dicten sus
órganos inferiores con relación a los servidores públicos que le están
inmediatamente subordinados."
Además, en relación con el tema puede consultarse el dictamen C-148-2000
de 30 de junio del 2000, dirigido precisamente al Instituto Tecnológico
En todo caso, y para los efectos que interesan en la presente consulta,
lo importante es dejar establecida la existencia de normas que otorgan
competencia al Rector para efectuar el nombramientos y remoción de
determinados funcionarios
II. Delegación de firmas
a. Norma que regula el tema
El artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública contiene un
norma general sobre la delegación de firmas. En ella se indica
"Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante
será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a
firmar lo resuelto por aquél."
b. Doctrina aplicable
En diversos textos doctrinales se puede encontrar referencia al tema. A
manera de ejemplo, se citarán algunos de ellos
Cabe iniciar este aparte con la introducción de un concepto de la


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delegación como instituto jurídico del Derecho Administrativo
"Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro inferior el
cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido
como propias a dicho órgano superior. Pero este es un concepto muy
general, y por ello no técnico. Jurídicamente, la delegación implica algo
más que el mero "encargo" hecho por el superior al inferior para que éste
realice funciones suyas. La delegación supone "desprendimiento" de un
deber funcional. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación; "no
existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o
persona descargándolo sobre ella." De manera que en la delegación de
competencia el delegante se "desprende" del ejercicio de una función,
"descargando" tal ejercicio sobre el delegado." (MARIENHOFF, Miguel,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
1977, p. 578)
Introduciendo una primera distinción entre la delegación en sentido
estricto y el concepto de la delegación de firma, Entrena Cuesta indica
"a) Concepto. De cuanto hemos expuesto hasta el momento se deduce que la
delegación consiste en un acto en virtud del cual un órgano
administrativo transfiere a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio
de funciones que tiene atribuidas de forma alternativa conservando la
titularidad sobre las mismas
b) Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la función
delegada será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan
sólo su titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la
delegación de firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el
órgano inferior se limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden
de"...- una resolución adoptada por el propio titular de la función
ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo,
72-73)
A nivel de doctrina se ha hecho hincapié en esa diversa naturaleza que
debe mediar entre el concepto genérico de delegación y el tema específico
de la delegación de firmas
"La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una
persona física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos
de la misma organización. En consecuencia supone una alteración parcial
de la competencia, ya que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a
una parte de aquella. Debe subrayarse el carácter personal y temporal de
la delegación que lleva la consecuencia de que cuando cambian las
personas que están al frente de los órganos deja de ser válida y hay que
repetirla. Otra consecuencia del carácter personal de la delegación es
que no puede delegarse a su vez, lo que se expresa tradicionalmente con
la máxima latina delegata potestas non delegatur. Los actos dictados por
delegación, a los efectos jurídicos, se entienden dictados por el titular
del órgano delegante, ya que dicho órgano no pierde su competencia
No hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de
firma, que significa sólo autorizar al inferior para que firme
determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el


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que ha tomado la decisión." (BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Curso de Ciencia
de la Administración, Volumen Primero, Madrid, Editorial Tecnos S.A.,
Segunda Edición, 1985, pp. 74-75)
Por su parte, el tratadista francés Georges Vedel establece tanto los
aspectos de coincidencia como los de distinción entre ambas figuras
"Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad superior en
beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación de competencia,
de una parte, y la de firma, por otra
La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de
competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de
competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la
delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder
transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de
la firma. Ahora bien, si las condiciones en las cuales se dan los dos
tipos de delegaciones son en buena medida semejantes, sus efectos son muy
diferentes
a) Las condiciones comunes. En primer lugar, la delegación no es posible
si no existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita
concederla. Por ejemplo, el decreto de 23 de enero de 1947, modificado
por el decreto de 19 de julio de 1968, ha autorizado a los ministros a
delegar, mediante una simple orden y con ciertas condiciones, su firma a
algunos de sus colaboradores
En segundo lugar, las delegaciones deben ser publicadas, al menos cuando
las decisiones a las cuales se aplican deben ser oponibles respecto de
terceros. Finalmente, ciertas delegaciones están en cualquier caso
prohibidas: tal ocurre con aquellas que supongan una transferencia total
de las atribuciones de la autoridad delegante a la autoridad delegada, o
de aquellas que supongan la transferencia por parte de la autoridad
superior, de poderes cuyo ejercicio por dicha autoridad constituye una
garantía en beneficio de los administrados
La mayor preocupación es evitar la alteración del orden de competencias
que resultaría de reemplazar totalmente la autoridad superior por la
inferior, evitando de este modo que sea burlada la ley que, en razón de
las garantías que se pretendía dar a los administrados, exigía la
intervención de la autoridad superior
b) Los efectos. Aquí los dos tipos de delegación se asemejan menos
En primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la
autoridad superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que
la delegación de competencia subsiste. En particular, la autoridad
superior no puede avocar, es decir, pedir que le sea sometido un asunto
determinado comprendido dentro de la delegación de competencia
Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de
competencia, sino solo una organización del cometido material de la
firma, la cual en todo momento, y sin que sea necesario modificar la
delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así como la autoridad
superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal asunto sea
reservado a su propia firma
La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de
competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad


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a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia
cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea
revocada.(4)
(4) Confróntese con lo indicado por BAENA DE ALCAZAR, op. cit, página 2,
para quien la sustitución del titular implica la extinción de la
delegación
Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen in concreto, es
decir, en razón de la personalidad, tanto del delegante como del
delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante
o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que
una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio
del nuevo delegado
En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la
delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en
tanto que en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el
papel de autor real del acto." (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo,
Madrid, Aguilar S.A. de Ediciones, Primera Edición, 1980, pp. 155-156)
Las precisiones doctrinales apuntadas deben ser confrontadas con la forma
en que nuestro Ordenamiento positivo recepta las figuras de la delegación
de competencias y la delegación de firmas, y con la interpretación
contenida, tanto en la jurisprudencia de este Organo Asesor como en la de
Sala Constitucional
c. Jurisprudencia administrativa
Ya en varias oportunidades esta Procuraduría ha emitido criterio,
puntualizando la naturaleza de la delegación de firma, así como su
obligada distinción con la delegación de competencia en los dictámenes C-
171-95 de 7 de agosto de 1995 y C-057-99 de 19 de marzo de 1999, así como
en el pronunciamiento OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
En el primero de ellos se señaló
"III. Consideraciones Generales en torno al Artículo 92 de la Ley General
de la Administración Pública
Una primera interrogante que resulta necesario disipar tiene relación con
los requisitos a que ha de sujetarse la delegación de firmas en nuestro
ordenamiento jurídico. Esto es, si la ubicación del artículo 92 dentro de
la Sección denominada "De la Delegación" implica que las regulaciones que
ahí se prescriben para este tipo de transferencia de competencia le son
aplicables en toda su extensión al fenómeno que interesa para los efectos
de la presente consulta
En criterio de este Organo Asesor la respuesta debe ser negativa. Lo
anterior por dos órdenes de razonamientos: en primer lugar, ha quedado
claramente establecido con fundamento en la doctrina que la delegación de
firmas no importa en sí una transferencia de competencia, es decir, la
potestad decisoria sobre el asunto que ha de ser suscrito por un
funcionario público descansa en la cabeza de su titular. Lo que sucede en
estos casos es que el requisito material de firmar (vid. artículo 134,
inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) el acto
administrativo correspondiente no lo realiza el órgano que tomó la
decisión, sino otro al cual el titular de la competencia le confiere la
potestad de suscribirlo en una especie de "representación". Sin embargo,


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no existe duda de que en el fondo quien resuelve es aquel que delega la
firma, de donde la competencia decisoria no ha sufrido alteración alguna
En segundo lugar, el mismo artículo 92 de la Ley General viene a receptar
esa elaboración doctrinaria, pues es claro en establecer que el órgano
delegado se circunscribe únicamente a firmar, de donde la resolución del
asunto, y la consecuente responsabilidad, siguen en cabeza del titular de
la potestad
Por ende, y desde la perspectiva de la Ley General de la Administración
Pública, es dable afirmar que la delegación de firmas en materia de
resoluciones es una potestad atribuida a los órganos decisorios de la
Administración que, sin embargo, se encuentra ubicada en un lugar de
dicho cuerpo normativo que regula un fenómeno distinto cual es la
transferencia de competencias. La similitud que existe entre la
delegación en sentido estricto y la que entraña el acto material de
suscribir un determinado acto radica, en nuestro criterio, únicamente en
el hecho de que existe un acuerdo del titular para que se proceda en tal
sentido, de tal suerte que encarga a un subordinado una actuación
determinada. Pero, mientras que en la delegación de firmas se encarga la
realización de una formalidad atinente al acto mediante el cual se
materializa la resolución de un asunto, en la delegación stricto sensu lo
que se acuerda es la transmisión de la potestad decisoria, con todas las
consecuencias y limitaciones que se prescriben en los artículos 84 y
siguientes
Consecuentes con lo afirmado en el párrafo precedente, cabría afirmar que
no existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delegue
en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior)
la firma de las resoluciones que le correspondan, siempre entendiendo que
en tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello,
debe precisarse que, en caso de los Ministros como órganos superiores de
la Administración del Estado (vid. artículo 21 de la Ley General) dicha
"delegación" se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que
sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no
impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República en
tratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo, pues, como
prescribe el numeral 146 de la Constitución Política:…"(5)
(5) Dictamen C-171-95 de 7 de agosto de 1995
Claramente, en el siguiente se indica que "…esta Procuraduría ha
considerado admisible la delegación de firma de resolución, en aplicación
del numeral 92 de la Ley General de la Administración Pública, el cual es
acorde con la doctrina en la materia"(6)
(6) Opinión Jurídica OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
De manera más reciente, y sobre el mismo tema, se ha señalado que
"En cuanto a la delegación de firma que es la que les interesa dijimos
que podría referirse a un acto determinado o a un cierto tipo de actos
En ambos casos, basta un Acuerdo del titular del Organo Competente, en
este caso, del Director General de Migración. Pero, en el primero, dicho
Acuerdo ha de hacerse por simple oficio o circular a lo interno de la
Dirección. Lo cual debe ser indicado por el delegado al firmar la
resolución concreta a efecto de que su destinatario quede enterado de


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ello(7).En el segundo caso, el Acuerdo debe ser publicado en el Diario
Oficial con el objeto de que se otorgue seguridad jurídica a los terceros
afectados por el acto(8)
(7) Ortiz Ortiz Eduardo, "Derecho Administrativo". San José, Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica. Páginas 6 y 7
(8)Vedel George, "Derecho Administrativo". Primera Edición. Madrid,
Ediciones Aguilar S.A., 1980. Páginas 155-156
Lo anterior, tiene fundamento en el numeral 89 inciso 4) de la Ley 6227,
el cual establece que la delegación deberá ser publicada en el Diario
Oficial cuando se refiere a un tipo de acto y no para un acto
determinado. A contrario sensu, la delegación de firma para resolución
determinada no requiere publicación, pudiendo hacerse como se dijo por
simple Oficio o Circular. Se trata de uno de los requisitos comunes entre
la delegación propiamente dicha referida a trasferencia de competencias y
la delegación de firma. En aplicación del numeral citado se ha
pronunciado la Sala Constitucional considerando que
‘…tal delegación debe ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para
un tipo de acto y no para un acto determinado (artículo 89 inciso 4 de la
Ley General de la Administración Pública, lo que a la luz del citado voto
# 2852-93 implica el otorgamiento de "seguridad jurídica a los (…)
potencialmente destinatarios del tipo de medidas que contra ellos podría
tomarse en virtud de la delegación(9)."(10)
(9) Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº
4771-93 de 17:42 hrs del 29 de setiembre de 1993, 5632-93 de 17:30 hrs
del 3 de noviembre de 1993, 2853-93 de 10:06 hrs del 18 de junio de 1993
(10) Dictamen C-057-99 de 19 de marzo de 1999
d. Jurisprudencia de la Sala Constitucional
Si bien en algunas resoluciones la Sala Constitucional ha expresado que
el tema de la delegación de firmas es un aspecto de legalidad y no de
constitucionalidad(11), en algunos casos sí ha entrado a considerarlo
Veamos
(11) Sobre las demás alegaciones esgrimidas por la parte recurrente, se
tratan de aspectos que por su naturaleza –delegación de firmas– no son de
conocimiento de este Tribunal, por tratarse de cuestiones de legalidad
más no de constitucionalidad, por lo que se remite al interesado a la vía
judicial ordinaria correspondiente. Así las cosas lo procedente es
declarar sin lugar el recurso." (Resolución 4025-96 de 9 de agosto de
1996)
"Existen además otras pretensiones planteadas por la recurrente que
considera han sido violatorias de sus derechos constitucionales, como son
la delegación de firmas, la división de su departamento, el nombramiento
de un subjefe para el Departamento y la baja calificación de sus
servicios. Al respecto, esta Sala Constitucional es del criterio que
tales actuaciones administrativas se encuentran comprendidas dentro de
las potestades otorgadas a los recurridos por la Ley General de la
Administración Pública, de modo tal que se constituyen en un problema de
legalidad, pues la Sala no puede valorar la eficiencia en la prestación
de los servicios asignados a la recurrente, ya que ello es una función de
discrecionalidad administrativa que como tal deberá ser discutida en la


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instancia común correspondiente, pero no en esta vía Constitucional,
siendo por ello lo procedente el declarar sin lugar el recurso en cuanto
a estos extremos." (Resolución 2991-94 de 17 de junio de 1994)
"I.- El recurrente pretende que se obligue al Ministerio del Ambiente y
Energía otorgar el título de concesión de extracción de materiales; que
tal título debe ir firmado por el Ministro y no por el Director Superior
de Minería pues considera que el Ministro no tiene potestad para delegar
este tipo de funciones ni siquiera mediante decreto ejecutivo; y por
último que en virtud de lo anterior se derogue el artículo 3 del Decreto
Ejecutivo número 24578-MIRENEM, del 28 de agosto de 1995
II.- En cuanto a la segunda y tercera pretensión, el artículo 92 de la
Ley General de la Administración Pública establece que
‘Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante
será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a
firmar lo resuelto por aquél.’
Con ello nuestro ordenamiento jurídico está previendo la posibilidad de
delegar firmas tal como sucedió en el Decreto Ejecutivo número 24578-
MIRENEM, de 28 de agosto de 1995, en cuanto a las concesiones de
Explotación de materiales en cauce de dominio público (artículo 3 inciso
c)."(12)
(12) Resolución Nº 4782-96 de 11 de setiembre
"VII.- Finalmente procede examinar la procedencia o improcedencia del
alegato referido a la ilegalidad de la firma delegada del Ministro del
Ambiente y Energía en el Oficial Mayor del Ministerio, para lo que
resulta menester hacer un análisis del articulado correspondiente para
lograr tener una visión más clara del asunto. Nuestra legislación
administrativa es muy clara en cuanto a la definición de competencias de
uno y otro funcionario encargado de labores especializadas en cada órgano
y ente que conforma nuestro Estado. Así, las competencias atribuidas a un
Ministerio no pueden ser soslayadas por otro Ministerio, y las de un
órgano tampoco lo pueden ser por otro de igual jerarquía administrativa
Por otra parte, existen materias que son de conocimiento y resolución
única de los jerarcas de los distintos entes del Estado, por lo cual no
pueden ser delegadas en otros para su conocimiento y resolución si no lo
es por medio de las normas previamente establecidas para la delegación
La delegación es un acto directo y concreto que realiza un superior en su
inmediato inferior o en otro de distinta jerarquía, con el fin de que
aquel se arrogue el conocimiento y resolución de asuntos que –por la
especial característica del órgano delegado y no de la persona– pueden
ser conocidos y resueltos en una oficina distinta de que debía hacerlo
inicialmente. Nótese que en este punto nos referimos específicamente a
una delegación de competencia total en la cual se delega todo el asunto,
no solamente el conocimiento sino la resolución final y, obviamente, la
firma. Por otra parte tenemos la figura ante la que nos encontramos
actualmente, la cual se encuentra contenida en el numeral 92 de la Ley
General de la Administración Pública, y que a la letra dice
"Artículo 92: Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,
limitándose a firmar lo resuelto por aquel."


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Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una
delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no
interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto
formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto
implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni
responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen
concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se
colige que el que conoce de un asunto puede diferir –sin ocasionar
agravio alguno– de la persona que firme el acto final, toda vez que la
responsabilidad y el conocimiento continúa siendo de quien delega. Así,
se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es
el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de
validez –en cuanto a forma– de dicho acto final, pero dicha delegación no
importa una delegación de competencia y de conocimiento del Ministro en
su Oficial Mayor, toda vez que es el Ministro el que conoce y el que
resuelve, limitándose el Oficial Mayor únicamente a firmar lo resuelto
por aquél. Por lo anterior, no se encuentra en la actuación de la
Administración violación a derecho fundamental alguno, ni en este punto
ni respecto a los analizados supra, por lo que el reclamo del recurrente
debe ser rechazado."(13)
(13) Resolución Nº 4527-97 de 1 de agosto de 1997
e. Conclusiones sobre la delegación de firmas
A partir de lo expuesto tenemos lo siguiente
1. La delegación de firmas está expresamente regulada en el artículo 92
de la Ley General de la Administración Pública
2. Hay que distinguir las figuras de la delegación de competencias de
la delegación de firmas
3. En la delegación de firmas no hay transferencia de competencias
4. No es necesario delegar en el inmediato inferior
5. Cuando se delega la firma, la responsabilidad sigue siendo del
delegante
6. Si la delegación de firma es para uno o varios tipos de actos, el
acuerdo debe ser publicado

III. Aplicación de lo expuesto al caso consultado
Como ya se indicó, en la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa
Rica no existe norma expresa que prohiba o permita la delegación de
firmas
Por lo tanto, lo que cabe cuestionarse es si es posible aplicar
supletoriamente la Ley General de la Administración Pública. En nuestro
criterio el Instituto Tecnológico conforma la denominada Administración
Pública, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1º de la
citada Ley, lo que constituye un presupuesto para aplicarla en forma
supletoria
En relación con la aplicación de la Ley General, existe jurisprudencia
administrativa, toda dirigida al Instituto Tecnológico, en la que
manifiesta nuestra posición al respecto. Así, se ha señalado lo
siguiente
"De seguido se analizarán los alcances del artículo 173 de la Ley General


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de la Administración Pública, el cual debemos relacionar en cuanto a los
sujetos destinatarios de la norma, con el numeral 1 de la misma ley, al
establecer este último el concepto de Administración Pública
El artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública dispone
‘La Administración estará constituida por el Estado y los demás entes
públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho
público y privado.’
A partir de ello, esta Procuraduría ha entendido como "Administración
Pública" a los tres Poderes del Estado –en el ejercicio de la función
administrativa–, las Municipalidades, instituciones autónomas y demás
entidades de Derecho Público, –mismo concepto que establece el artículo
1, inciso 4) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa– (Procuraduría General de la República, VID entre otros
dictamen, 2-69-78 de 16 de noviembre de 1978) dentro de los cuales se
encuentran, entre otros los Colegios Profesionales. (Procuraduría General
de la República, VID entre otros dictamen C-278-86 del 2 de diciembre de
1986)
Así las cosas, no podemos excluir dentro de esta enumeración, a las
Universidades del Estado, las cuales forman parte de la Administración
Pública en su actividad administrativa, provistas de las características
de las entidades autónomas
Por lo tanto, las instituciones autónomas y las Universidades del Estado,
están sometidas a los requisitos y procedimientos establecidos en el
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública."(14)
(14) Dictamen C-024-94 de 10 de febrero de 1994
Además, se ha indicado que
"Para poder dar una respuesta al anterior interrogante, debemos primero
recalcar que la autonomía organizativa no significa que la universidad se
encuentre desvinculada del ordenamiento estatal. Como bien se ha
afirmado, "la institución universitaria es una institución más dentro del
Estado y ha de operar en el marco del ordenamiento general" (Tomás-Ramón
Fernández, "La autonomía universitaria: ámbito y límites", Madrid,
Civitas, 1982, p. 56)
Este último punto fue agudamente analizado por Eduardo Ortiz Ortiz, quien
inicia su exposición considerando que la Asamblea puede vincular a la
universidad con aquellas normas que "no se refieran particularmente a la
Universidad, sino a una situación abstracta a la que pueda ingresar ésta
exactamente como cualquier otro sujeto y precisamente como persona
jurídica común, no como institución especializada" ("La autonomía
administrativa", en: Revista de Ciencias Jurídicas, nº 8, noviembre de
1966, p. 139). De esta forma, el ente universitario no puede resistir la
aplicación de toda norma que obligue a la universidad o afecte su
situación jurídica, "sino exclusivamente aquella dirigida a regular la
prestación del servicio universitario de alta cultura superior, [que] es
la que entra en su competencia exclusiva ..." (ibid., p. 137). Así, la
universidad quedará sujeta a todas las regulaciones legales que afecten
por igual a los demás sujetos del ordenamiento jurídico, precisamente por
basarse en razones a todos comunes, extrañas a su especialización
funcional, aunque indirectamente interfiera con la prestación de su


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servicio y la organización de sus medios. "De este modo, quedan sujetas a
las normas de la Asamblea, el régimen de sus propiedades, la regulación
del tránsito por sus calles, los delitos cometidos dentro de sus aulas, y
en general, toda conducta del estudiante o del profesor dentro de la
Universidad que coincida con una hipótesis legal, distinta de la
enseñanza académica" (ibid., p. 137). Por idéntica razón, las
universidades "están sometidas a leyes de trabajo, de administración
financiera, etcétera, y es equivocado el criterio que asimila la
autonomía universitaria a la soberanía por cuanto en todos los demás
aspectos (fuera del organizativo) está sometidas las universidades a las
leyes" (ibid., p. 119)
Las regulaciones de empleo público se encuentran fuera de ese ámbito
organizativo, por lo que es lícito sostener que no se trata de una
materia que el constituyente haya reservado a las universidades estatales
(2), sin perjuicio (claro está) de la posibilidad de que en esta materia
se dicten reglamentos autónomos respetuosos del marco legal
impuesto."(15)
(15) Dictamen C-191-98 de 10 de setiembre de 1998
En el mismo sentido que los anteriores, se ha precisado que
"El Consejo Institucional, como todo órgano público, está sometido al
principio de legalidad. Dada la naturaleza pública de los entes
universitarios, ellos están vinculados a los valores y principios que se
derivan del Estado democrático, entre los cuales se encuentran el
principio de legalidad, sin que esta situación afecte en nada la
autonomía universitaria que les garantiza el Derecho de la Constitución
En este sentido, conviene traer a colación lo que expresamos en el
dictamen C-216-99 del 28 de octubre de 1999 sobre el tema. Indicamos en
esa oportunidad lo siguiente
"Ahora bien,. lo anterior no significa [se refiere al tema de la
autonomía universitaria] que las universidades estatales estén totalmente
divorciadas del ordenamiento jurídico costarricense o que, siguiendo una
tesis dualista, se pueda afirmar que coexisten dos sistemas jurídicos
dentro de un mismo Estado. En primer lugar, las universidades están
sometidas al Derecho de la Constitución (valores, principios y normas)
Dentro de los principios están: el de legalidad, el del control
jurisdiccional de sus actos, el de responsabilidad y el democrático. Por
otra parte, en virtud del principio de unidad estatal las universidades
estatales están sujetas al ordenamiento jurídico costarricense, tal y
como acertadamente lo expresó don Eduardo Ortiz (...)"(16)
(16) Dictamen C-148-2000 de 30 de junio del 2000
En razón de las anteriores consideraciones, es posible afirmar que el
artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública resulta
aplicable, como norma supletoria, al Instituto Tecnológico, posibilitando
la delegación de firma de los actos de nombramiento y destitución que le
corresponde realizar al Rector
VI. Aclaración final
Las consideraciones anteriores se realizan como un criterio de
interpretación genérica, sin entrar a valorar el caso concreto
VII. Conclusión


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El Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica puede delegar la firma
de los actos de nombramiento y destitución de aquellos funcionarios que
la Ley le ha otorgado la competencia para nombrarlos y destituirlos
La responsabilidad de la emisión de tales actos, aún en el supuesto de
delegación de firma, sigue siendo del Rector
Sin otro en particular, queda de usted muy atentamente,

Ana Lorena Brenes Esquivel
Procuradora Administrativa
ALBE/albe


e. C-098-2005 ***

Concerniente a la delegación de firmas esta Procuraduría en el dictamen
N° C-308-2000, del 13 de diciembre del 2000, trató - ampliamente - el
tema señalando

“ I. Delegación de firmas

a. Norma que regula el tema
El artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública contiene un
(sic) norma general sobre la delegación de firmas. En ella se indica
"Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante
será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a
firmar lo resuelto por aquél."

b. Doctrina aplicable
En diversos textos doctrinales se puede encontrar referencia al tema. A
manera de ejemplo, se citarán algunos de ellos
Cabe iniciar este aparte con la introducción de un concepto de la
delegación como instituto jurídico del Derecho Administrativo

"Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro inferior el
cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido
como propias a dicho órgano superior. Pero este es un concepto muy
general, y por ello no técnico. Jurídicamente, la delegación implica algo
más que el mero "encargo" hecho por el superior al inferior para que éste
realice funciones suyas. La delegación supone "desprendimiento" de un
deber funcional. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación; "no
existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o
persona descargándolo sobre ella." De manera que en la delegación de
competencia el delegante se "desprende" del ejercicio de una función,
"descargando" tal ejercicio sobre el delegado." (MARIENHOFF, Miguel,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo- Perrot,
1977, p. 578)

Introduciendo una primera distinción entre la delegación en sentido


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estricto y el concepto de la delegación de firma, Entrena Cuesta indica

"a) Concepto. De cuanto hemos expuesto hasta el momento se deduce que la
delegación consiste en un acto en virtud del cual un órgano
administrativo transfiere a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio
de funciones que tiene atribuidas de forma alternativa conservando la
titularidad sobre las mismas

b) Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la función
delegada será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan
sólo su titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la
delegación de firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el
órgano inferior se limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden
de"...- una resolución adoptada por el propio titular de la función
ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo,
72-73)

A nivel de doctrina se ha hecho hincapié en esa diversa naturaleza que
debe mediar entre el concepto genérico de delegación y el tema específico
de la delegación de firmas

"La delegación consiste en el traspaso temporal de atribuciones de una
persona física a otra, entendiéndose que se trata de titulares de órganos
de la misma organización. En consecuencia supone una alteración parcial
de la competencia, ya que sólo afecta a algunas atribuciones, es decir, a
una parte de aquella. Debe subrayarse el carácter personal y temporal de
la delegación que lleva la consecuencia de que cuando cambian las
personas que están al frente de los órganos deja de ser válida y hay que
repetirla. Otra consecuencia del carácter personal de la delegación es
que no puede delegarse a su vez, lo que se expresa tradicionalmente con
la máxima latina delegata potestas non delegatur. Los actos dictados por
delegación, a los efectos jurídicos, se entienden dictados por el titular
del órgano delegante, ya que dicho órgano no pierde su competencia
No hay que confundir con la verdadera delegación la llamada delegación de
firma, que significa sólo autorizar al inferior para que firme
determinados documentos, en nombre del superior, si bien ha sido éste el
que ha tomado la decisión." (BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Curso de Ciencia
de la Administración, Volumen Primero, Madrid, Editorial Tecnos S.A.,
Segunda Edición, 1985, pp. 74-75)

Por su parte, el tratadista francés Georges Vedel establece tanto los
aspectos de coincidencia como los de distinción entre ambas figuras

"Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad superior en
beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación de competencia,
de una parte, y la de firma, por otra
La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de
competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado de


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competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la
delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder
transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido material de
la firma. Ahora bien, si las condiciones en las cuales se dan los dos
tipos de delegaciones son en buena medida semejantes, sus efectos son muy
diferentes

a) Las condiciones comunes. En primer lugar, la delegación no es posible
si no existe un texto, legislativo o reglamentario, que permita
concederla. Por ejemplo, el decreto de 23 de enero de 1947, modificado
por el decreto de 19 de julio de 1968, ha autorizado a los ministros a
delegar, mediante una simple orden y con ciertas condiciones, su firma a
algunos de sus colaboradores

En segundo lugar, las delegaciones deben ser publicadas, al menos cuando
las decisiones a las cuales se aplican deben ser oponibles respecto de
terceros. Finalmente, ciertas delegaciones están en cualquier caso
prohibidas: tal ocurre con aquellas que supongan una transferencia total
de las atribuciones de la autoridad delegante a la autoridad delegada, o
de aquellas que supongan la transferencia por parte de la autoridad
superior, de poderes cuyo ejercicio por dicha autoridad constituye una
garantía en beneficio de los administrados

La mayor preocupación es evitar la alteración del orden de competencias
que resultaría de reemplazar totalmente la autoridad superior por la
inferior, evitando de este modo que sea burlada la ley que, en razón de
las garantías que se pretendía dar a los administrados, exigía la
intervención de la autoridad superior

b) Los efectos. Aquí los dos tipos de delegación se asemejan menos
En primer lugar, desde que se produce la delegación de competencia, la
autoridad superior queda privada de la misma durante todo el tiempo que
la delegación de competencia subsiste. En particular, la autoridad
superior no puede avocar, es decir, pedir que le sea sometido un asunto
determinado comprendido dentro de la delegación de competencia
Por el contrario, la delegación de firma no supone esta privación de
competencia, sino solo una organización del cometido material de la
firma, la cual en todo momento, y sin que sea necesario modificar la
delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así como la autoridad
superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal asunto sea
reservado a su propia firma
La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de
competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad
a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia
cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea
revocada.(4)
(4) Confróntese con lo indicado por BAENA DE ALCAZAR, op. cit, página 2,
para quien la sustitución del titular implica la extinción de la
delegación


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Por el contrario, las delegaciones de firma se hacen in concreto, es
decir, en razón de la personalidad, tanto del delegante como del
delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante
o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que
una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio
del nuevo delegado
En último lugar, y esto tendrá importancia en el terreno contencioso, la
delegación de competencia hace del delegado el autor real del acto, en
tanto que en la delegación de firma la autoridad delegante mantiene el
papel de autor real del acto." (VEDEL, Georges, Derecho Administrativo,
Madrid, Aguilar S.A. de Ediciones, Primera Edición, 1980, pp. 155-156)
Las precisiones doctrinales apuntadas deben ser confrontadas con la forma
en que nuestro Ordenamiento positivo recepta las figuras de la delegación
de competencias y la delegación de firmas, y con la interpretación
contenida, tanto en la jurisprudencia de este Organo Asesor como en la de
Sala Constitucional

c. Jurisprudencia administrativa
Ya en varias oportunidades esta Procuraduría ha emitido criterio,
puntualizando la naturaleza de la delegación de firma, así como su
obligada distinción con la delegación de competencia en los dictámenes C-
171-95 de 7 de agosto de 1995 y C-057-99 de 19 de marzo de 1999, así como
en el pronunciamiento OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
En el primero de ellos se señaló

"III. Consideraciones Generales en torno al Artículo 92 de la Ley General
de la Administración Pública
Una primera interrogante que resulta necesario disipar tiene relación con
los requisitos a que ha de sujetarse la delegación de firmas en nuestro
ordenamiento jurídico. Esto es, si la ubicación del artículo 92 dentro de
la Sección denominada "De la Delegación" implica que las regulaciones que
ahí se prescriben para este tipo de transferencia de competencia le son
aplicables en toda su extensión al fenómeno que interesa para los efectos
de la presente consulta
En criterio de este Organo Asesor la respuesta debe ser negativa. Lo
anterior por dos órdenes de razonamientos: en primer lugar, ha quedado
claramente establecido con fundamento en la doctrina que la delegación de
firmas no importa en sí una transferencia de competencia, es decir, la
potestad decisoria sobre el asunto que ha de ser suscrito por un
funcionario público descansa en la cabeza de su titular. Lo que sucede en
estos casos es que el requisito material de firmar (vid. artículo 134,
inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) el acto
administrativo correspondiente no lo realiza el órgano que tomó la
decisión, sino otro al cual el titular de la competencia le confiere la
potestad de suscribirlo en una especie de "representación". Sin embargo,
no existe duda de que en el fondo quien resuelve es aquel que delega la
firma, de donde la competencia decisoria no ha sufrido alteración alguna
En segundo lugar, el mismo artículo 92 de la Ley General viene a receptar
esa elaboración doctrinaria, pues es claro en establecer que el órgano


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delegado se circunscribe únicamente a firmar, de donde la resolución del
asunto, y la consecuente responsabilidad, siguen en cabeza del titular de
la potestad
Por ende, y desde la perspectiva de la Ley General de la Administración
Pública, es dable afirmar que la delegación de firmas en materia de
resoluciones es una potestad atribuida a los órganos decisorios de la
Administración que, sin embargo, se encuentra ubicada en un lugar de
dicho cuerpo normativo que regula un fenómeno distinto cual es la
transferencia de competencias. La similitud que existe entre la
delegación en sentido estricto y la que entraña el acto material de
suscribir un determinado acto radica, en nuestro criterio, únicamente en
el hecho de que existe un acuerdo del titular para que se proceda en tal
sentido, de tal suerte que encarga a un subordinado una actuación
determinada. Pero, mientras que en la delegación de firmas se encarga la
realización de una formalidad atinente al acto mediante el cual se
materializa la resolución de un asunto, en la delegación stricto sensu lo
que se acuerda es la transmisión de la potestad decisoria, con todas las
consecuencias y limitaciones que se prescriben en los artículos 84 y
siguientes
Consecuentes con lo afirmado en el párrafo precedente, cabría afirmar que
no existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delegue
en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior)
la firma de las resoluciones que le correspondan, siempre entendiendo que
en tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello,
debe precisarse que, en caso de los Ministros como órganos superiores de
la Administración del Estado (vid. artículo 21 de la Ley General) dicha
"delegación" se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que
sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no
impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República en
tratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo, pues, como
prescribe el numeral 146 de la Constitución Política:…"(5)
(5) Dictamen C-171-95 de 7 de agosto de 1995
Claramente, en el siguiente se indica que "…esta Procuraduría ha
considerado admisible la delegación de firma de resolución, en aplicación
del numeral 92 de la Ley General de la Administración Pública, el cual es
acorde con la doctrina en la materia"(6)
(6) Opinión Jurídica OJ-050-97 de 29 de setiembre de 1997
De manera más reciente, y sobre el mismo tema, se ha señalado que
"En cuanto a la delegación de firma que es la que les interesa dijimos
que podría referirse a un acto determinado o a un cierto tipo de actos
En ambos casos, basta un Acuerdo del titular del Organo Competente, en
este caso, del Director General de Migración. Pero, en el primero, dicho
Acuerdo ha de hacerse por simple oficio o circular a lo interno de la
Dirección. Lo cual debe ser indicado por el delegado al firmar la
resolución concreta a efecto de que su destinatario quede enterado de
ello(7).En el segundo caso, el Acuerdo debe ser publicado en el Diario
Oficial con el objeto de que se otorgue seguridad jurídica a los terceros
afectados por el acto(8)
(7) Ortiz Ortiz Eduardo, "Derecho Administrativo". San José, Facultad de


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Derecho de la Universidad de Costa Rica. Páginas 6 y 7
(8)Vedel George, "Derecho Administrativo". Primera Edición. Madrid,
Ediciones Aguilar S.A., 1980. Páginas 155-156
Lo anterior, tiene fundamento en el numeral 89 inciso 4) de la Ley 6227,
el cual establece que la delegación deberá ser publicada en el Diario
Oficial cuando se refiere a un tipo de acto y no para un acto
determinado. A contrario sensu, la delegación de firma para resolución
determinada no requiere publicación, pudiendo hacerse como se dijo por
simple Oficio o Circular. Se trata de uno de los requisitos comunes entre
la delegación propiamente dicha referida a trasferencia de competencias y
la delegación de firma. En aplicación del numeral citado se ha
pronunciado la Sala Constitucional considerando que
‘…tal delegación debe ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para
un tipo de acto y no para un acto determinado (artículo 89 inciso 4 de la
Ley General de la Administración Pública, lo que a la luz del citado voto
# 2852-93 implica el otorgamiento de "seguridad jurídica a los (…)
potencialmente destinatarios del tipo de medidas que contra ellos podría
tomarse en virtud de la delegación(9)."(10)
(9) Votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº
4771-93 de 17:42 hrs del 29 de setiembre de 1993, 5632-93 de 17:30 hrs
del 3 de noviembre de 1993, 2853-93 de 10:06 hrs del 18 de junio de 1993
(10) Dictamen C-057-99 de 19 de marzo de 1999
d. Jurisprudencia de la Sala Constitucional
Si bien en algunas resoluciones la Sala Constitucional ha expresado que
el tema de la delegación de firmas es un aspecto de legalidad y no de
constitucionalidad(11), en algunos casos sí ha entrado a considerarlo
Veamos
(11) Sobre las demás alegaciones esgrimidas por la parte recurrente, se
tratan de aspectos que por su naturaleza -delegación de firmas- no son de
conocimiento de este Tribunal, por tratarse de cuestiones de legalidad
más no de constitucionalidad, por lo que se remite al interesado a la vía
judicial ordinaria correspondiente. Así las cosas lo procedente es
declarar sin lugar el recurso." (Resolución 4025-96 de 9 de agosto de
1996)
"Existen además otras pretensiones planteadas por la recurrente que
considera han sido violatorias de sus derechos constitucionales, como son
la delegación de firmas, la división de su departamento, el nombramiento
de un subjefe para el Departamento y la baja calificación de sus
servicios. Al respecto, esta Sala Constitucional es del criterio que
tales actuaciones administrativas se encuentran comprendidas dentro de
las potestades otorgadas a los recurridos por la Ley General de la
Administración Pública, de modo tal que se constituyen en un problema de
legalidad, pues la Sala no puede valorar la eficiencia en la prestación
de los servicios asignados a la recurrente, ya que ello es una función de
discrecionalidad administrativa que como tal deberá ser discutida en la
instancia común correspondiente, pero no en esta vía Constitucional,
siendo por ello lo procedente el declarar sin lugar el recurso en cuanto
a estos extremos." (Resolución 2991-94 de 17 de junio de 1994)
"I.- El recurrente pretende que se obligue al Ministerio del Ambiente y


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Energía otorgar el título de concesión de extracción de materiales; que
tal título debe ir firmado por el Ministro y no por el Director Superior
de Minería pues considera que el Ministro no tiene potestad para delegar
este tipo de funciones ni siquiera mediante decreto ejecutivo; y por
último que en virtud de lo anterior se derogue el artículo 3 del Decreto
Ejecutivo número 24578-MIRENEM, del 28 de agosto de 1995
II.- En cuanto a la segunda y tercera pretensión, el artículo 92 de la
Ley General de la Administración Pública establece que
‘Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante
será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a
firmar lo resuelto por aquél.’
Con ello nuestro ordenamiento jurídico está previendo la posibilidad de
delegar firmas tal como sucedió en el Decreto Ejecutivo número 24578-
MIRENEM, de 28 de agosto de 1995, en cuanto a las concesiones de
Explotación de materiales en cauce de dominio público (artículo 3 inciso
c)."(12)

(12) Resolución Nº 4782-96 de 11 de setiembre
"VII.- Finalmente procede examinar la procedencia o improcedencia del
alegato referido a la ilegalidad de la firma delegada del Ministro del
Ambiente y Energía en el Oficial Mayor del Ministerio, para lo que
resulta menester hacer un análisis del articulado correspondiente para
lograr tener una visión más clara del asunto. Nuestra legislación
administrativa es muy clara en cuanto a la definición de competencias de
uno y otro funcionario encargado de labores especializadas en cada órgano
y ente que conforma nuestro Estado. Así, las competencias atribuidas a un
Ministerio no pueden ser soslayadas por otro Ministerio, y las de un
órgano tampoco lo pueden ser por otro de igual jerarquía administrativa
Por otra parte, existen materias que son de conocimiento y resolución
única de los jerarcas de los distintos entes del Estado, por lo cual no
pueden ser delegadas en otros para su conocimiento y resolución si no lo
es por medio de las normas previamente establecidas para la delegación
La delegación es un acto directo y concreto que realiza un superior en su
inmediato inferior o en otro de distinta jerarquía, con el fin de que
aquel se arrogue el conocimiento y resolución de asuntos que -por la
especial característica del órgano delegado y no de la persona- pueden
ser conocidos y resueltos en una oficina distinta de que debía hacerlo
inicialmente. Nótese que en este punto nos referimos específicamente a
una delegación de competencia total en la cual se delega todo el asunto,
no solamente el conocimiento sino la resolución final y, obviamente, la
firma. Por otra parte tenemos la figura ante la que nos encontramos
actualmente, la cual se encuentra contenida en el numeral 92 de la Ley
General de la Administración Pública, y que a la letra dice
"Artículo 92: Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,
limitándose a firmar lo resuelto por aquel."
Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una
delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no
interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto


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formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto
implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni
responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen
concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se
colige que el que conoce de un asunto puede diferir -sin ocasionar
agravio alguno- de la persona que firme el acto final, toda vez que la
responsabilidad y el conocimiento continúa siendo de quien delega. Así,
se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es
el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de
validez -en cuanto a forma- de dicho acto final, pero dicha delegación no
importa una delegación de competencia y de conocimiento del Ministro en
su Oficial Mayor, toda vez que es el Ministro el que conoce y el que
resuelve, limitándose el Oficial Mayor únicamente a firmar lo resuelto
por aquél. Por lo anterior, no se encuentra en la actuación de la
Administración violación a derecho fundamental alguno, ni en este punto
ni respecto a los analizados supra, por lo que el reclamo del recurrente
debe ser rechazado."(13)

(13) Resolución Nº 4527-97 de 1 de agosto de 1997
e. Conclusiones sobre la delegación de firmas
A partir de lo expuesto tenemos lo siguiente
1. La delegación de firmas está expresamente regulada en el
artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública
2. Hay que distinguir las figuras de la delegación de
competencias de la delegación de firmas
3. En la delegación de firmas no hay transferencia de
competencias
4. No es necesario delegar en el inmediato inferior
5. Cuando se delega la firma, la responsabilidad sigue siendo
del delegante
6. Si la delegación de firma es para uno o varios tipos de
actos, el acuerdo debe ser publicado.” (El destacado en negrita es del
original)

Interesa rescatar, y destacar a la vez, que la delegación de
firma sólo significa autorizar al inferior para que firme determinados
documentos, es decir transfiere simplemente a la autoridad subordinada
el cometido material de la firma. Así, en la delegación de firmas se
encarga la realización de una formalidad atinente al acto mediante el
cual se materializa la resolución de un asunto


FUENTES CITADAS
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 91
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 92
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de


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mayo de 1978. Art. 94
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 212
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 102
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 25
Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978. Publicada en la Gaceta N° 102 de 30 de
mayo de 1978. Art. 104
Procuraduría General de la República, oficio n° C-098-2005, dirigido a la presidenta ejecutiva del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuacultura el 4 de marzo del 2005
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