Informe de Investigación


Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Administración Administración Pública
Tipo de investigación: Palabras clave
Simple Viáticos, doble pago, Funcionario Público
Fuentes: Fecha de elaboración
Jurisprudencia 10/2009


Índice de contenido de la Investigación
d)Análisis del pago de viáticos cuando el funcionario público recibe algún tipo de


Resumen

En el presente informe de investigación se recopilan los criterios de la Contraloría General de la
República, los mismos fueron extraídos de la base de datos de la página oficial de la Contraloría, y
abarcan temas relacionados al doble pago de viáticos a funcionarios públicos


2 Jurisprudencia


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a)Sobre el doble pago de viáticos y el pago de viáticos corridos


10 de marzo, 2008
FOE-SAF-0099


Licenciada
Rocío Gamboa Gamboa
Directora Ejecutiva


Estimada señora
Asunto: Consulta si el Consejo de Seguridad Vial estaría autorizado para el pago de viáticos
corridos


En oficio Nro. DE-2008-377 del 13 de febrero de 2008, y en cumplimiento de acuerdo VIII de la
sesión2481-08 del 6 de febrero de igual año, se plantea consulta a esta Contraloría sobre “si el
Consejo de Seguridad Vial estaría autorizado para el pago de viáticos corridos a los funcionarios
que lo soliciten, cumpliendo claro está, todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
decreto ejecutivo Nro. 32441-MOPT; o si en su defecto el Reglamento de gastos de viaje y de
transporte para funcionarios públicos u otro criterio vertido por la Contraloría General de la
República, se constituye en un impedimento para tal fin”


Comenta, que el Director General de la Policía de Tránsito, presentó a consideración de la Junta
Directiva del COSEVI, una solicitud para el pago del viático corrido previsto en el DE-32441-MOPT
(Reglamento para el pago de viáticos y gastos de viaje a los funcionarios del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y sus órganos adscritos). Agrega que la Asesoría Legal de dicho Consejo,
en oficios AL-1142-2007 –se adjunta a la petición- y AL-104-2008, coinciden en que la normativa
expuesta, resulta aplicable y no contraviene la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito
(8422)


Sobre esta temática de los viáticos corridos, y ante consultas del mismo Ministerio, ya esta
Contraloría ha emitido varios oficios, de los cuáles resaltamos los fundamentos del oficio FOE-OP-
200 (5484) del 21 de mayo de 2002, que ante la interrogante ¿Es adecuado el pago de viático


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corrido o se debería eliminar y cancelar únicamente el zonaje y el viático ocasional?, dispuso


“El artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nº 19568 establece que el incentivo por desarraigo no excluye
el pago por concepto de viático corrido, mientras que en su artículo 9 se indica que este incentivo
será excluyente de cualquier otro beneficio cuya naturaleza y objetivo primordial sea el
reconocimiento por el trabajo efectuado por el profesional fuera de su lugar habitual de residencia
Quiere esto decir que, en principio y sin perjuicio de lo que se dirá en adelante, al menos para el
caso del sector profesional que es para quienes aplica el “desarraigo”, éstos tendrían además
derecho al pago del beneficio por concepto de “viático corrido”, pero una vez adquirido este
derecho perderían el derecho al pago del zonaje en los términos del artículo 9 reción citado. / No
obstante lo anterior, la situación deja de ser clara al momento de analizar el beneficio del “viático
corrido” por dos razones fundamentales. La primera de ellas y que ya fue analizada anteriormente,
se refiere al hecho de que el pago del “viático corrido” es una compensación que el Ministerio paga
a los servidores que sean destacados mediante Acción de Personal en una o varias regiones
diferentes al lugar de su residencia por 30 días o más, con lo cual, según se indicó, equivale a un
pago también por concepto de zonaje, con lo cual, con base en un mismo hecho, estaría otorgando
dos beneficios, lo cual resulta ciertamente irregular. En segundo término, existe una confusión de
conceptos que parte de un indebido empleo de la palabra “viático” que, según se indicó atrás,
responde o debería responder a supuestos de hecho distintos para los que fue concebido el pago
del “zonaje”. / Lo mismo cabe decir respecto a aquellos funcionarios no profesionales para quienes
no está previsto el pago de “desarraigo”, ya que éstos eventualmente serían titulares de un doble
pago por concepto de “zonaje” y “viático corrido” que tiene fundamento en una misma hipótesis de
hecho. / Bajo este panorama, esta Contraloría General es del criterio de que el pago del “viático
corrido” es improcedente por implicar un doble pago respecto al beneficio del “zonaje” y por
conllevar un uso inadecuado del concepto de “viático”, de ahí que los trabajadores tengan
únicamente derecho al pago del “zonaje” o eventualmente al “desarraigo” siempre y cuando se
interprete que si este último se paga no puede ser pagado a su vez el beneficio por “zonaje”. / Por
último, respecto a la consulta realizada en el sentido de si es adecuado el pago del viático corrido o
si éste debería eliminarse y cancelar únicamente el pago del viático ocasional, se considera que ya
fue resuelta al evacuar la consulta anterior y solo queda por agregar que esta Contraloría General
no encuentra irregularidad alguna respecto al pago del “viático ocasional”, el cual responde al
verdadero concepto de “viático”


Posteriormente, y resolviendo consulta del entonces proyecto del actual “Reglamento para el pago
de viáticos y gastos de viaje a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus
órganos adscritos”, se comunicó el oficio FOE-OP-304 (7038) del 27 de junio de 2003, dirigido a la
Licda. Irma Gómez Vargas, Auditora General, por el cual se mantuvo la lógica del anterior
memorial


“El viático corrido es, según el artículo 20, "aquella suma destinada a la atención de gastos de
hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que el MOPT reconoce
a sus funcionarios cuando éstos son destacados, mediante 'acción de personal', en otro centro de
trabajo localizado a una distancia mayor o igual que 25 kilómetros de su lugar de contrato de
trabajo o de su residencia habitual y cuya naturaleza demande sus servicios por un mes o más, sin
que esto signifique obligación para el funcionario de permanecer en el lugar en que fue destacado
durante los días que no se labore". / Sobre el particular cabe indicar que de conformidad con los


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artículos 1 y 5 de la Ley No. 3462 del 26 de noviembre de 1964, corresponde a esta Contraloría
General reglamentar todo lo relacionado con los gastos de viaje y de transporte para los
funcionarios públicos, y revisar periódicamente sus tarifas y disposiciones existentes sobre
gastos de viaje en el sector público, que se opongan a la Reglamentación que sobre esta
materia emitiera este Órgano Contralor, de ahí que no sea procedente que cada institución, de
manera independiente, promulgue el suyo propio, dado que todas deberán regirse por el
Reglamento que al efecto ha emitido este Órgano Contralor./ No obstante lo anterior, nada obsta
para que ese Ministerio cuente con un Reglamento propio, siempre y cuando se respete en un todo
nuestro ordenamiento jurídico, sin conceder más derechos, beneficios y prerrogativas que los que
dicho ordenamiento autoriza (artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública). / En uso
de esa potestad, esta Contraloría General emitió el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte
para Funcionarios Públicos, que define "viático" como aquella suma destinada a la atención de
gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que los entes
públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su
centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo./ Tomando como
fundamento lo ahí establecido, esta Contraloría General ha sostenido que "En consecuencia, el
"viático", dada su naturaleza, siempre va ser "ocasional" o transitorio, pues se otorga cuando los
funcionarios públicos deben desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo, en
cumplimiento de sus funciones (...)"1. / Siendo así lo anterior, y en razón de que el Reglamento en
cuestión no regula el pago de viático corrido, y sin entrar a analizar el fondo del cuerpo
normativo sometido a nuestro estudio, cabe manifestar que el pago de este rubro carece de todo
fundamento legal, por lo que su reconocimiento deviene improcedente2. / Sobre el particular esta
Contraloría General además dispuso, mediante oficio Nº 13381-90 lo siguiente: / "Así por ejemplo,
ha sido tesis reiterada de esta Contraloría General que el pago de viáticos en ningún caso puede
hacerse en forma fija, porque el viático se aplica únicamente para giras menores de treinta
días, pues en caso contrario, o sea cuando el funcionario deba desplazarse desde su lugar
habitual de trabajo por lapsos mayores de tiempo, o en forma permanente a otro lugar, lo que
debe pagarse es zonaje, según términos de la reglamentación respectiva, la que en todos los
casos, corresponde regular al Poder Ejecutivo"./ En razón de lo expuesto puede considerarse que
no es posible el pago de viáticos fijos o corridos, pues en realidad es una modalidad de
sobresueldo; dado que por la misma naturaleza de los viáticos estos no son fijos, sino que por el
contrario debe rendirse cuenta de su uso y respaldarlos con los comprobantes del caso. /
Finalmente, se considera importante tomar en cuenta la disposición del artículo 10, párrafo final,
del tantas veces mencionado Reglamento, que podría solucionar la situación de su interés, y que
establece que "En aquellos casos en que el funcionario viaje diariamente a atender un mismo
asunto o actividad, o que en razón de ello deba permanecer regular y transitoriamente en un mismo
lugar, siendo procedente el pago de viáticos, la Administración podrá autorizar, por vía de
excepción, la presentación de la respectiva liquidación con la periodicidad que ella determine, ya
sea, semanal, quincenal o a lo sumo mensualmente. La Administración deberá regular estos
casos, de manera formal, previa y general".”
No habiendo variaciones entre las circunstancias de hecho arriba detalladas y las ahora
planteadas, esta Contraloría reitera los razonamientos expuestos, en el tanto la administración
activa debe evitar las duplicidades de pago por concepto de viático, toda vez que los hechos
generadores del llamado “viático corrido” son los mismos del viático previsto en el artículo 2 del
“Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos” emitido por este
Órgano contralor. Tome nota el consultante, del último párrafo transcrito del oficio FOE-OP-304
(7038) del 27 de junio de 2003, el cual por interpretación del artículo 10 del Reglamento del MOPT,
pretende “solucionar la situación de su interés”


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 Se emite el presente oficio, sin perjuicio de las potestades de fiscalización posterior que le asisten
a esta Contraloría


b)Sobre el pago de viáticos a otros empleados que no son funcionarios
públicos


17 de setiembre, 2008
FOE-SAF-0354


Licenciado
Antonio Araya Madrigal
Director Ejecutivo
Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense


Estimado señor
Asunto: Posibilidad de pagar viáticos a representantes municipales que no son funcionarios
públicos


Expresa que el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense, persona
jurídica de derecho público y carácter no estatal, creada mediante Ley N° 7667, en el Capítulo II
“De la Organización y el Funcionamiento”, establece en el artículo 6 que el Consejo Directivo
"estará integrado por siete miembros, que deberán residir, de manera estable y permanente, en
una comunidad puntarenense y mantener esta situación mientras ejerzan el cargo. a)Tres
representantes municipales de los cantones de Puntarenas, quienes deberán ser educadores,
activos o pensionados con diez años de experiencia docente como mínimos elegirá un
representante de las municipalidades de cada una de las siguientes regiones: Pacífico Sur, Cantón
Central y Pacífico Central. Esta última incluye los cantones de Montes de Oro y Esparza…….."


Afirma que el artículo 2 de la mencionada ley indica que la sede principal del Fondo estará en el
distrito 1° del Cantón Central de la provincia de Puntarenas. Asimismo los artículos 8 y 9 disponen
que el Consejo Directivo sesionará ordinariamente una vez al mes y podrá reunirse
extraordinariamente cuando lo crea necesario. Añade que los miembros del Consejo Directivo


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devengarán dietas iguales a los que perciban los integrantes del Consejo Nacional de Préstamos
para la Educación, pero limitadas a un máximo de dos por mes, lo anterior por la necesidad de
sufragar los gastos de hospedaje, alimentación y transporte a los miembros del Consejo Directivo
que no son funcionarios públicos y que por la representatividad de las comunidades que
representan, deben trasladarse de su lugar de residencia a la sede del Fondo a sesionar
-específicamente los representantes de regiones Pacífico Sur y Pacífico Central-, estableciéndose
que la dieta, que devengan los miembros del órgano colegiado que la ley autoriza, se orienta a
compensarle al directivo funcionario público o particular, el esfuerzo y el tiempo que éste invierte al
asumir esas funciones


Recalca que esa funciones implican también responsabilidades y deberes, por lo que la dieta no
cubre los gastos de traslado y otros por ser estos superiores a la dieta percibida, debido a que el
representante de las regiones mencionadas debe de utilizar dos días como mínimo para asistir a
sesiones por motivo de distancia recorrida y el itinerario del servicio de transporte público


Ante esas consideraciones, pregunta si es factible pagarle viáticos a los representantes
municipales de las regiones Pacífico Sur y Pacífico Central, por no ser funcionarios públicos


Al respecto, estima esta Contraloría que no es posible acceder a lo solicitado, en el tanto de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 7667 (reseñado por el consultante), los miembros del
Consejo Directivo ya reciben dietas, sin distingo de si son o no funcionarios públicos, es decir, el
legislador si previó el reconocimiento de los gastos propios y necesarios originados por cada sesión
de Consejo. De accederse al pago de viáticos, se estaría incurriendo en un pago doble por el
mismo concepto, lo cual no es permitido


En un caso similar, en el cual se preguntaba sobre la procedencia de reconocer viáticos a
directores y directoras que viven fuera del Área Metropolitana cada vez que asistan a las sesiones
de la Junta Directiva de una institución autónoma, esta Contraloría por oficio FOE-SAF-0159
(17284) del 15 de diciembre, 2006, dispuso


“Mediante oficio N° PE-1338-2006 del 13 de octubre de 2006, recibido en esta Contraloría el 17 del
mismo mes, consulta sobre la procedencia de reconocer viáticos a directores y directoras que viven
fuera del Área Metropolitana cada vez que asistan a las sesiones de la Junta Directiva. Acompaña
a su nota, el criterio jurídico de la Asesoría Legal de la institución, la cual concluye que el
pretendido pago, es indebido


Sobre el particular, ha sido criterio de esta Contraloría General de la República que el pago de
viáticos no procede para los casos como el consultado. Así, por ejemplo en nota 22-DEE-98 del 28
de enero de 1998, esta Oficina dispuso: ´A los miembros de Juntas Directivas de las entidades
sujetas al Reglamento mencionado, que residan en localidades diferentes a lugar en donde se
encuentra ubicada la sede de la Junta, cuando asistan a las reuniones de ese órgano superior, no
puede reconocérseles el pago de viático porque la situación referida no se ajusta al concepto de
viático que estipula el Reglamento mencionado en su artículo 2º. En tales casos no se da un


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desplazamiento transitorio del funcionario, de la sede de la institución, para cumplir con alguna
función del cargo, sino lo que ocurre es más bien el desplazamiento del funcionario desde su
residencia hacia la sede de la Junta Directiva, para cumplir con su obligación de asistir a sesiones
Dichos miembros sólo podrían cobrar viáticos cuando, en función de su cargo de directores, deban
desplazarse hacia lugares diferentes al de la sede mencionada, siempre y cuando se ajuste a las
disposiciones del Reglamento en aspectos tales como la distancia recorrida, el tiempo, la
efectividad del gasto, etc.”


Esta posición, como bien se apuntó en el texto transcrito, tiene su fundamento en el artículo 2 del
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General
de la República1


Artículo 2º.- Concepto. Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de
gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que los entes
públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su
centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo


El reconocimiento de los viáticos, sólo puede ser efectivo cuando hay un desplazamiento del
funcionario de su centro de trabajo hacia otros destinos, pero no se reconocen para dirigirse a
dicho centro, salvo que alguna Ley en particular así lo establezca en forma concreta,2 situación que
no ocurre en el particular. Para cubrir los gastos de desplazamiento en que puedan incurrir los
directivos, desde su casa hasta el lugar de reuniones, estos cuentan con el pago de dietas


En ese sentido, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-212-2002 del 21 de
agosto de 2002, dirigido al mismo Instituto Nacional de Aprendizaje, refirió que "… con el pago de
la dieta se cumplen simultáneamente dos objetivos: por una parte, el de reintegrar al funcionario los
gastos normales en que ha podido incurrir al desplazarse del lugar donde tiene su residencia o su
trabajo, al lugar donde se ha de realizar la sesión; y por otra, el de retribuirle el servicio prestado
como integrante del órgano respectivo ... De lo analizado, podemos concluir que los directivos del
Instituto Nacional de Aprendizaje, no pueden ni deben recibir el pago de viáticos para cubrir los
costos de desplazamiento hacia sus lugares de trabajo ya que para esos menesteres, lo
correspondiente es el pago de dietas.”


De lo expuesto y transcrito, colegimos que no es procedente el pago de viáticos, toda vez que el
reconocimiento del pago de dietas, es el mecanismo legal para compensar los gastos en que
incurren los miembros para ir a las sesiones del Consejo Directivo


Se extiende el presente oficio, sin perjuicio de las potestades de fiscalización posterior


Atentamente,


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Lic. Federico Castro Páez
Gerente


c)Sobre el pago de viáticos a miembros de Junta Directiva


05 de setiembre de 2007
DAGJ-1097-2007


Señor
Mainor Rodríguez Vásquez
Presidente
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur


Estimada Señor
Asunto: Consulta con relación al pago de viáticos a miembros de la Junta Directiva de JUDESUR


Nos referimos a su oficio JDJ-O 187-2007 de 30 de mayo, complementado con el oficio No. JDJ-O-
202-2007, de 23 de agosto, ambas fechas del año en curso, mediante los cuales consulta si es
posible que dos funcionarios públicos que laboran el primero para el Consejo de la Persona Joven
y el otro para la Asamblea Legislativa, y quienes fungen como directivos en esa Junta, cobren
viáticos cuando son designados por el órgano colegiado para formar parte de comisiones. Además
se consulta si puede realizarse el pago en caso de ser comisionado, de manera urgente y
necesaria para la correcta función de la Administración, en horas y días hábiles laborales. Por
último, solicita nuestro criterio con relación al supuesto de que si no existiendo superposición
horaria a la hora de cumplir con la comisión, sería prudente realizar el pago por parte de la
Administración


Nuestro Criterio


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Previo a resolver el fondo del asunto, nos permitimos hacer de su conocimiento que esta
Contraloría General no estila atender consultas sobre situaciones concretas, las cuales deben ser
evacuadas por la administración activa, o por los mismos particulares a través del patrocinio de
profesionales liberales. Sin embargo, por la propia materia a tratar, por este medio le comunicamos
nuestras consideraciones sobre el particular, no sin antes clarificar que por las mismas no estamos
atendiendo su situación específica, sino tan sólo brindando elementos de juicio que le permitan
adherirse al ordenamiento jurídico en su condición específica.1


1. Sobre el desempeño simultáneo de cargos públicos


Analizadas las preguntas planteadas, se denota la existencia de un tema que subyace al pago de
los viáticos, cual es el riesgo de que un funcionario pueda percibir, en el cumplimiento de una
comisión designada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (en adelante JUDESUR),
una doble remuneración
Nos referimos a la posibilidad de que el funcionario perciba en forma simultánea el salario por los
servicios prestados en el Consejo de la Persona Joven o en la Asamblea Legislativa, así como las
dietas por la asistencia a las sesiones como directivo de JUDESUR
Sobre el particular, dispone el artículo 17 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito
en la función pública, en lo que nos interesa, que


“Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la
Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente.(…) Asimismo, quienes
desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta alguna como
miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y
empresas de la Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada
laboral y las sesiones de tales órganos”. (El subrayado no es del orginal)
(Así reformado el párrafo anterior por el inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 8445 del 10 de mayo
del 2005)


En consecuencia, no es posible retribuirle a un miembro de un órgano colegiado dieta alguna
cuando la hora de las sesiones coincida con las jornadas de trabajo que le son retribuidas vía
salario por otros órganos públicos


2. Sobre el pago de viáticos
El pago de viáticos se encuentra regulado en la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte
de Funcionarios del Estado, así como en el reglamento emitido por esta Contraloría General de la
República, denominado Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos
publicado en La Gaceta N° 26 del martes 6 de febrero de 2007
La normativa citada establece cuándo procede el pago de viáticos y cuáles funcionarios pueden
percibirlo. Al respecto, el artículo 1° de la Ley de mérito establece que
“Los gastos de transporte y viáticos de los funcionarios y empleados del Estado que en función


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pública deban viajar dentro o fuera del país, se regularán por una tarifa y un reglamento que
elaborará la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de tres meses a partir de la
vigencia de la presente ley. Son funcionarios y empleados del Estado los que dependan de
cualquiera de los tres Poderes, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las instituciones
autónomas o semiautónomas, de las Municipalidades o de cualquier otro organismo del sector
público”


Del artículo transcrito se desprende que el pago de viáticos procede cuando el empleado o
funcionario se desplace dentro o fuera del país, en el cumplimiento de la función pública que
desempeña
Por otra parte, el artículo 2 del Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios
públicos ofrece el concepto de viático, a saber
“Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje,
alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que los entes públicos reconocen a
sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el
fin de cumplir con las obligaciones de su cargo”
Con relación a quiénes pueden recibir el pago de viáticos, la Ley establece que se trata de los
funcionarios dependientes de los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, de
las instituciones autónomas y semiautónomas, de las Municipalidades o de cualquier otro
organismo del sector público. En cuanto a este aspecto, el artículo 3 del Reglamento establece
“Los gastos a que se refiere este Reglamento únicamente serán cubiertos a los funcionarios que
prestan sus servicios a algún ente público, como parte de su organización, en virtud de un acto
válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo,
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva”
De acuerdo con lo anterior, podrá aplicarse el pago de viáticos a todos aquellos funcionarios o
empleados del Estado y de las instituciones y empresas públicas o estatales, quienes deban
desplazarse dentro o fuera del país, con ocasión de sus funciones


En cuanto a la oportunidad del gasto, el artículo 5 del reglamento de comentario determina que
“Deberá existir una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo que
desempeñan cualquiera de los sujetos indicados en los Artículos 3º y 4º. Asimismo, en el caso de
las delegaciones oficiales nombradas por acuerdo ejecutivo, además del evidente interés público
que las debe caracterizar, es necesario que exista una relación directa entre el motivo de éstas y el
rango o especialidad profesional o técnica de la (s) persona (s) designada (s)”


Al respecto, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado de la siguiente forma
“De conformidad con lo anterior, el Consejo de Salud Ocupacional tiene la obligación de sufragar
los gastos de viaje y de transporte en que incurran sus funcionarios (incluyendo a los miembros de
su órgano directivo) siempre que el traslado tenga relación directa con el cumplimiento de las
funciones propias de su cargo.” (C-351-2001 San José, 18 de diciembre del 2001)


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Y en otra oportunidad manifestó
“Teniendo como fundamento el marco normativo transcrito, es dable asegurar que cuando un
funcionario de cualquier ente público, ha de trasladarse dentro o fuera del país, debe reconocérsele
las sumas previstas por concepto de viáticos, para cubrir sus gastos de transporte, alojamiento,
alimentación y otros gastos menores, siempre y cuando el motivo de dicho viaje sea para dar
cumplimiento a la función pública que le está encomendada.” (OJ-047-2002 San José, 15 de abril
de 2002)


Ahora bien, la claridad de los pronunciamientos antes señalados, propia de un escenario de total
normalidad, debe de confrontarse necesariamente con una situación como la descrita en su
memorial de consulta, en la que el miembro de Junta Directiva es al mismo tiempo servidor
ordinario de otras Administraciónes públicas. Sobre el particular, si bien al tenor de las citas
señaladas dicho directivo tendría derecho, por regla de principio, al reconocimiento de los viáticos,
ello no debería ser posible si simultáneamente existe la percepción de salario por los otros cargos
desempeñados, independientemente de la urgencia o necesidad con la que se le comisione


Conclusiones
Los funcionarios que ostenten puestos públicos en otras entidades y, además, ocupen cargos en
la Junta Directiva de JUDESUR, deberán procurar no percibir una doble remuneración (salario y
dietas)
En el caso de ser comisionados con motivo de su cargo en JUDESUR, podrán percibir los viáticos
que resulten acordes con el ordenamiento jurídico, únicamente si no existe superposición horaria
entre la comisión y las jornadas ordinarias de trabajo en los otras entidades públicas, con
independencia de la urgencia y necesidad de su apersonamiento
Correlativamente, JUDESUR deberá implementar los controles necesarios para evitar incurrir en
pagos que jurídicamente no correspondan
JUDESUR tiene la obligación de sufragar los gastos de transporte y viáticos en que incurran sus
funcionarios siempre y cuando el traslado tenga relación directa con el cumplimiento de las
funciones propias de su cargo
El pago de gastos de transporte y viáticos procede, según la normativa citada, cuando el
funcionario se traslade fuera del lugar donde habitualmente sesiona el órgano colegiado. De lo cual
se concluye que no todo traslado de los miembros de la Junta Directa podría cubrirse con viáticos,
de forma tal que no resultaría el pago en mención para cubrir el desplazamiento que deban
efectuar para apersonarse a la sede donde se sesiona habitualmente


d)Análisis del pago de viáticos cuando el funcionario público recibe algún
tipo de remuneración por otro ente


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10 de enero de 2006
DAGJ-0089-2006


Licenciado
Mario A. Molina Bonilla
Auditor Interno


Estimado señor
Asunto: Solicitud de criterio jurídico relacionado con la aplicación de la Ley contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la función pública


Se refiere este Despacho a su oficio No. AI-263-2005 remitido a esta Contraloría General el 16 de
setiembre de 2005, mediante el cual formula a este órgano contralor una consulta relacionada con
la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 8422, del 29 de
octubre de 2004


Específicamente, plantea las siguientes interrogantes


1. ¿Contempla la prohibición establecida en el artículo 16 de la Ley Nº 8422, la percepción por
parte de servidores públicos de pasajes al exterior, hospedaje y gastos de alimentación, otorgada
por organismos internacionales que financian dichas erogaciones con ocasión de actividades que
ellos promueven o financian relacionadas con su ámbito de acción?
2. ¿Existiría diferencia respecto a la consulta anterior, si el servidor público recibe el beneficio en
especie en cuyo caso el organismo internacional realizaría directamente las erogaciones
cancelando a la (s) empresa (s) prestataria(s) los servicios tales como contratación del boleto
aéreo, cancelación del hotel o suministro del hospedaje, suministro de alimentación o pago directo
al proveedor del mismo; o si por el contrario el organismo gira los recursos monetarios al
funcionario público para que éste en forma directa contrate el servicio de transporte aéreo, contrate
el hospedaje e igualmente sufrague los gastos de alimentación, sea mediante anticipo o reintegro?
3. ¿Existe diferencia en la aplicación de la prohibición contemplada en el artículo 16 de la Ley Nº
8422 y lo resuelto por esa Contraloría General en la atención de las dos consultas anteriores, en
los casos que señala la Asesoría Legal del MAG: a) capacitación de servidores públicos financiada
por organismos internacionales, b) participación de funcionarios públicos –incluyendo participación
en órganos colegiados de los organismos –cuyos gastos son cubiertos por dichos organismos
como parte del presupuesto de gastos de esas instituciones internacionales presumiblemente como


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parte de las cuotas que el Gobierno les cancela?


NUESTRO CRITERIO
Como asunto de primer orden, es menester manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 publicada en La Gaceta 107 del 5 de
junio de 2000, únicamente se atenderán las consultas que versen sobre materias propias de las
competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor y siempre que no se
trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. De tal manera, que las
disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio se emiten, se plantean desde una
perspectiva general, a efectos de que el Ministerio consultante pueda valorar las circunstancias
específicas del escenario descrito, a la luz de los lineamientos que, en términos generales, se
brindan


El tema que nos ocupa, impone analizar si existe algún impedimento legal para que organismos
internacionales asuman los gastos de viáticos y transporte de funcionarios de ese Ministerio, para
asistir a alguna actividad que éstos promuevan o financien, relacionada con su ámbito de acción,
ya sea a nivel de capacitación o de participación en sesiones de órganos colegiados pertenecientes
a dichos organismos


Bajo esa tesitura, conviene tomar en cuenta como punto de partida, lo dispuesto por el numeral 16
de la Ley No. 8422, contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, cuyo
texto nos permitimos citar
“Artículo 16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos solo (Sic)
podrán percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público
propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe
percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de
estas, en el país o fuera de él.”


De la lectura del citado artículo se desprende, con meridiana claridad, que las únicas retribuciones
o beneficios que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones pueden recibir, son
aquellas que se encuentran contempladas en el Régimen de Derecho Público propio de su relación
de servicio, y que se encuentren debidamente presupuestadas. En este sentido, es importante
tener presente que es indudable la ausencia de un régimen jurídico general que regule las
relaciones entre el Estado y sus servidores, según lo ordenado por el artículo 191 de la
Constitución Política, pues la Ley que se emitió -Estatuto del Servicio Civil- tiene alcances
parciales, ya que ésta regula solamente las relaciones con los servidores del Poder Ejecutivo,
razón por la cual, entendemos que cuando la norma habla del “Régimen de Derecho Público propio
de su relación de servicio”, se refiere a la normativa en la materia aplicable a cada caso, de tal
manera que para que resulte procedente el pago de dichas retribuciones y beneficios, los mismos
deben estar contemplados en dicha normativa. Asimismo, se debe cumplir con el otro requisito
adicional que dispone el artículo de marras, referente a que dichas retribuciones deben encontrarse
debidamente presupuestadas


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Una vez definidas cuáles son las características que a estos efectos deben reunir las retribuciones
o beneficios que por el ejercicio de las funciones de los servidores públicos les corresponda
percibir, procede analizar los supuestos que la norma prohíbe. Así, en primer término, interesa
destacar que la norma utiliza una redacción amplia para determinar la clase y naturaleza de las
retribuciones que les está vedado percibir a los servidores públicos, pues se hace referencia a
“emolumento, honorario, estipendio o salario”, por lo que independientemente de cómo se intente
catalogar dicho pago –sea como parte de la relación laboral en sentido estricto bajo el concepto de
salario o beneficios salariales, o por el contrario como honorarios profesionales, etc.– lo cierto del
caso es que si se cumplen los restantes presupuestos contemplados por la norma, la misma
resultaría aplicable. De tal manera, que la referida norma cubre también el pago de viáticos y
gastos de transporte, pues se trata en definitiva del pago de una subvención, en dinero o en
especie, de los gastos en que se incurra, en razón de un traslado que deba efectuar el funcionario
en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas
Ahora bien, resta analizar los dos presupuestos adicionales que resultan en definitiva
imprescindibles para que se pueda estimar que se está frente al escenario prohibido por dicho
precepto legal. Primeramente, dicho emolumento, honorario, estipendio o salario debe provenir de
una persona física o jurídica, nacional o extranjera, y en segundo lugar, el pago debe obedecer al
cumplimiento de las funciones de dicho servidor o con ocasión de éstas


Sobre este particular, debemos aclarar que ya esta División se ha referido1 a los alcances del
indicado artículo 16, interpretando que al hablarse de “persona física o jurídica, nacional o
extranjera” se debe entender que se trata de personas privadas, nacionales y extranjeras, y no del
Estado, sus instituciones y sus empresas públicas (en adelante nos referiremos al “Estado” en los
términos amplios indicados). A la anterior conclusión llegamos, en virtud de que la razón de ser de
una norma de naturaleza preventiva en materia de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la
función pública como lo es el artículo 16, se encuentra no sólo en evitar un doble pago por el
cumplimiento de las funciones asignadas a los servidores públicos, por las cuales ya éstos están
siendo debidamente remunerados, sino además en prevenir el surgimiento de conflictos de
intereses entre lo público y lo privado. De forma tal, que si existe alguna norma o instrumento
jurídico que justifique que en determinado caso el pago de alguno de los extremos contemplados
por el Régimen de Derecho Público propio de la relación de servicio del respectivo funcionario, y
debidamente presupuestados, provenga de otro órgano o ente público distinto a aquél con el cual
dicho funcionario mantiene su relación laboral, ello no resultaría a nuestro juicio incompatible con la
regulación bajo análisis


2En este mismo orden de ideas, y en abono a la tesis señalada, importa destacar que a pesar de
que un determinado pago por concepto de emolumento, honorario, estipendio o salario se
encuentre contemplado en el Régimen de Derecho Público, el mismo no sería procedente si
proviene de una persona física o jurídica privada, nacional o extranjera, pues evidentemente en ese
caso no podría entenderse que dicho pago se encuentra “debidamente presupuestado”, al tratarse
de una persona ajena al Estado. Bajo esta misma tesitura, conviene en esta ocasión, reforzar la
tesis hasta ahora sostenida por este órgano contralor en esta materia, en el sentido de que la
prohibición de marras también cubre a aquellos supuestos en los cuales el pago del emolumento,
honorario, estipendio o salario proviene de organismos internacionales, públicos o privados, pues
evidentemente en tales casos, igualmente no podría cumplirse con el requisito de que los mismos
se encuentren presupuestados, pues es claro que la presupuestación de tales recursos
necesariamente refiere a los órganos y entes públicos nacionales. Diferente sería el caso, si


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estuviéramos en presencia de transferencias o donaciones otorgadas por organismos
internacionales para tales fines, y acordes con el bloque de legalidad, a favor del Estado
costarricense, pues tal situación implicaría que dichos recursos estarían entrando en las arcas
públicas, y por tanto quedaría debidamente presupuestados
Conviene aclarar asimismo, que lo que la norma prohíbe no es solamente la percepción de
salarios, emolumentos, honorarios o estipendios adicionales a los que ya de por sí le paga el
órgano o ente patrón a sus servidores, sino que a la vez se prohíbe el pago de dichos extremos,
aún y cuando el funcionario únicamente los esté recibiendo por parte de personas físicas o jurídicas
privadas, nacionales o extranjeras, o públicas internacionales. Ello obedece a que en principio no
existiría justificación para que una persona diversa al Estado costarricense sea la que asuma dicha
obligación de pago, máxime en razón del posible surgimiento de conflictos de intereses


Por otra parte, debe tenerse presente que el pago de tales estipendios, salarios, emolumentos u
honorarios debe resultar en razón del cumplimiento de las funciones del servidor o con ocasión a
éstas, en el país o fuera de él, lo cual tendría que analizarse en cada situación particular, pues
evidentemente, si un servidor público recibe un pago de una persona física o jurídica privada, o en
su caso de un organismos internacional, con ocasión de una relación laboral o de servicios
profesionales debidamente autorizada por el ordenamiento jurídico, en los casos en los que no
exista régimen de prohibición para el ejercicio de profesiones liberales o dedicación exclusiva, y
siempre y cuando las labores a asumir en dicha relación privada no se configuren como parte de
las funciones del respectivo cargo público o con ocasión de éstas, ello por sí mismo no resultaría
improcedente


Ahora bien, en lo que respecta al pago de viáticos y gastos de transporte, no debe perderse de
vista la normativa especial que regula dicha materia. Así, el Reglamento de Gastos de Viaje y de
Transporte para Funcionarios Públicos establece las disposiciones generales a que deberán
someterse las erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte, deban realizar los
funcionarios o empleados del Estado y de las instituciones y empresas públicas o estatales,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de éstas, según lo disponen la Ley No. 3462 del 26 de
noviembre de 1964 y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 7927-H del 12 de enero de 1978,
cuando, en cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse dentro o fuera del territorio nacional


De conformidad con el artículo 2 de dicho Reglamento, por viático debe entenderse aquella suma
destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores,
efectivamente realizados, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban
desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones
de su cargo


Asimismo, dicha norma reglamentaria dispone que deberá existir una estrecha relación entre el
motivo del viaje y la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario beneficiario, e igualmente
en el caso de las delegaciones oficiales nombradas por acuerdo ejecutivo, además del evidente
interés público que las debe caracterizar, es necesario que exista una relación directa entre el
motivo de éstas y el rango o especialidad profesional o técnica de la persona designada


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Ahora, si bien en principio los viáticos y gastos de transporte corren por cuenta del respectivo ente
u órgano público, el numeral 39 de dicho Reglamento, establece la posibilidad de que los mismos
sean financiados por el organismo auspiciador de un cónclave, seminario o congreso, señalándose
que en dicho supuesto, ningún ente del sector público podrá girar suma alguna por concepto de
gastos de viaje y de transporte, a menos, que la asignación otorgada por el organismo auspiciador,
resulte inferior a la tarifa autorizada en el artículo 34 para el lugar a visitar, en cuyo caso la
autoridad superior del ente público respectivo, podrá conceder al funcionario una suma
complementaria, de forma que, conjuntamente con la asignación financiada o dada, no exceda el
monto de la tarifa autorizada
Cabe destacar, que dicha norma no establece que los respectivos organismos auspiciadores deban
ser necesariamente nacionales y de naturaleza pública, con lo cual, en principio no habría
restricción para que funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas,
asistan a actividades de esa índole, mediante el patrocinio de entidades privadas, nacionales o
extranjeras, o públicas internacionales. No obstante, ello únicamente procedería en el supuesto de
que dicha situación no comprometa el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones a cargo del
respectivo servidor público


En este orden de ideas, la prohibición dispuesta por el mencionado artículo 16 respecto a que los
funcionarios públicos no podrán percibir retribuciones o beneficios por parte de personas físicas o
jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, o públicas internacionales, en razón del cumplimiento
de sus funciones o con ocasión de éstas, se encontraría excepcionada en aquellos casos que
refieran al pago de viáticos y gastos de transporte por parte de un organismo auspiciador de un
cónclave, seminario o congreso, según los términos del citado Reglamento. Sin embargo, es claro
que no cualquier entidad podría válidamente asumir el papel de “organismo auspiciador”, pues para
ello tendría que determinarse en cada caso en concreto, que dicha situación no sea susceptible de
generar una confrontación entre el interés público y el privado, que impidiera garantizar la
objetividad, imparcialidad e independencia de criterio del organismo público y de sus funcionarios


3De tal manera, que corresponderá al órgano competente para extender las autorizaciones de
viaje, verificar, por un lado, que la participación de los respectivos funcionarios públicos en la
actividad en cuestión sea conveniente al interés público, y que se dé una estrecha relación entre el
motivo del viaje y la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario que se pretende enviar al
mismo, y por otra parte, que no haya motivos para suponer el surgimiento de un conflicto de
intereses. Para ello, deberá tomarse en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza de la entidad
que auspicia el evento, los fines que persigue la misma, el tipo de evento a realizarse, analizando si
se trata de un cónclave, seminario o congreso, la legitimidad del interés que pueda ostentar la
entidad en patrocinar la participación de servidores públicos, etc


Es dable aclarar, que dicha autorización es de la exclusiva responsabilidad de la Administración
Pública, sin que deba contar para ello con la autorización previa de esta Contraloría General, por
cuanto, el propio Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos prevé la
posibilidad de que el organismo auspiciador del evento pague dichos extremos, ya sea total o
parcialmente, todo ello de conformidad con los términos señalados anteriormente. Así las cosas, en
un escenario como el descrito, no estaríamos frente al supuesto previsto por el artículo 53 de dicho


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cuerpo normativo, por cuanto esa norma establece la necesidad de contar con la autorización
especial del Contralor o Subcontralor Generales de la República únicamente respecto de aquellos
aspectos no contemplados en ese Reglamento


Ahora bien, una vez efectuadas las anteriores manifestaciones, procedemos a responder sus
inquietudes, señalando en lo que respecta a la primera de ellas, que en principio los viáticos y
gastos de transporte sí se encuentran contemplados dentro de la prohibición que establece el
artículo 16 de la Ley No. 8422, por cuanto, como se dijo, se trata en definitiva del pago de una
subvención, en dinero o en especie, de los gastos en que se incurra, en razón de un traslado que
deba efectuar el funcionario en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas. No
obstante, en la medida en que quien asuma el pago de los mismos se trate del organismo
auspiciador del evento, según los términos del referido Reglamento, nos encontraríamos frente a
una excepción a la prohibición establecida por dicha norma


En lo que se refiere a la segunda de sus interrogantes, debemos señalar que no existiría diferencia
respecto a si el servidor público recibe el beneficio en especie o si lo que recibe son los recursos
monetarios, ya sea mediante anticipo o reintegro, pues como se manifestó anteriormente, es
jurídicamente procedente que tales gastos sean asumidos, total o parcialmente, por el organismo
auspiciador del evento, siempre y cuando la situación se ajuste a lo indicado supra. Así, lo
determinante a estos efectos es verificar que en dicho caso el ente público no esté girando suma
alguna por tal concepto, en forma coincidente con los extremos que haya acordado asumir el
respectivo organismo auspiciador. Ahora bien, por razones de transparencia, pareciera
recomendable que el funcionario informe a su superior sobre la liquidación de tales gastos, aún en
el caso de que todos éstos sean asumidos por tal organismo auspiciador
En cuanto a la tercera consulta que se nos plantea, cabe mencionar que entratándose de la
capacitación de servidores públicos financiada por organismos internacionales, no existiría
diferencia respecto a la aplicación del artículo 16 en los términos expuestos a lo largo del presente
oficio, pues de la citada norma reglamentaria sobre gastos de transporte y viáticos, es posible
desprender que en principio, no habría restricción para que funcionarios públicos, en ejercicio de
sus funciones o con ocasión de éstas, asistan a actividades de esa índole, tales como cónclaves,
seminarios o conferencias, cuyos viáticos y gastos de transporte, sean financiados por los
correspondientes organismos auspiciadores de tales eventos, los cuales podrán consistir en
organismos internacionales, debiendo ajustarse para ello a la normativa aplicable al efecto y a lo
manifestado por este órgano contralor
Ahora bien, en donde si existiría una diferencia, sería en el caso de que se trate de los gastos que
realicen los funcionarios de los entes públicos en calidad de estudiantes o becarios, en cursos con
una duración mayor a treinta días, los cuales se regularán en el respectivo contrato de beca y en
las disposiciones legales pertinentes. Así, el artículo 30 del Reglamento de Gastos de Viaje y
Transporte para Funcionarios Públicos, dispone que los estudiantes o becarios no podrán recibir
monto alguno por concepto de viático; sin embargo, la Administración queda facultada para otorgar
un subsidio, el cual, conjuntamente con la beca que reciba, no podrá exceder del 75% del monto de
las tarifas que señala el Artículo 34 de dicho cuerpo normativo
En lo que respecta a la participación de funcionarios públicos -incluyendo la participación en
órganos colegiados de los organismos- cuyos gastos son cubiertos por organismos internacionales
como parte del presupuesto de gastos de esos organismos, presumiblemente como parte de las
cuotas que el Gobierno les cancela, tampoco cabría considerar que existe una diferencia en cuanto


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a la aplicabilidad del numeral 16, en los términos desarrollados supra
Lo anterior por cuanto, se trata asimismo de la participación de un funcionario en representación de
ese Ministerio, en una sesión de un órgano colegiado perteneciente a un organismo internacional,
el cual estaría asumiendo el pago de los viáticos y gastos de transporte, por lo que en la medida en
que tal proceder se ajuste a las consideraciones anteriormente señaladas, no existiría razón para
suponer una diferencia en cuanto al supuesto regulado por el indicado artículo 16. Todo ello,
reiteramos, sujeto a la responsabilidad de la Administración respectiva, de efectuar las
verificaciones que resulten pertinentes
Así, siendo que los viáticos y gastos de transporte no necesariamente deben ser asumidos
directamente por el respectivo órgano o ente público, -caso en el cual evidentemente tales recursos
no serían presupuestados- en el supuesto de que tales extremos sean sufragados por un
organismo internacional, bajo los parámetros y condiciones señalados en este oficio, resultaría a
estos efectos irrelevante, el que los mismos provinieran de la cuota girada por el Gobierno a tales
organismos, o de sus propios fondos
Por último, interesa hacer notar que lo dispuesto en este oficio, no implica modificación alguna en
relación con el tema del pago de dietas por parte de tales organismos internacionales, a que se
hizo referencia en nuestro memorial No. 03895 (DAGJ-0882-2005) de 7 de enero de 2005


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y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado


FUENTES CITADAS


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3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DAGJ-1097-2007. 05 de setiembre de 2007
4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DAGJ-0089-2006. 10 de enero de 2006