Informe de Investigación

TÍTULO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Administrativo Administración Pública
Tipo de investigación: Palabras clave
Compuesta Función administrativa, concepto, características, principios
Fuentes: Fecha de elaboración
Doctrina Normativa Jurisprudencia 06/10


Índice de contenido de la Investigación
Principios de eficiencia, eficacia, simplicidad y celeridad de la Administración Pública 12
Proyección positiva y negativa del principio de legalidad en la Administración Pública.17


1. RESUMEN

El presente informe de investigación contiene información sobre la Administración Pública de
manera general, enmarcada del Derecho Administrativo, se cita doctrina que la explica, la
normativa de la Ley General de la Administración Pública vigente que se refiere a los principios
generales de esta administración, así como citas jurisprudenciales que desarrollan dicha normativa


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2. DOCTRINA


Concepto de Administración Pública


“Cuestión fundamental que plantea la definición del derecho administrativo antes propuesta –
conjunto de normas destinados a regir la organización y el comportamiento de las Administraciónes
públicas – es precisamente, la del concepto de Administraciónes públicas, o de Administración
Pública, como resumidamente se llama al conjunto de todas ellas

De la noción se excluyen, en principio, aquellas organizaciones estatales o poderes públicos cuya
función específica es crear el Derecho (...Parlamentos Autónomicos) o garantizarlo (jueces y
Tribunales). Con lo que resta del Estado se construye el concepto de Administración Pública, en la
que se integra, en primer lugar, la Administración del Estado, compuesta, bajo la dependencia del
Gobierno, por los diversos Ministerios, Secretarías de Estado, Subsecretarías, Direcciones
Generales, Subdirecciones, Servicios, Secciones, Negociados y su organización periférica
(Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles, Direcciones Provinciales); en segundo lugar,
constituyen también Administración Pública las demás Administraciónes de base territorial: los más
de ocho mil Municipios, las Provincias y las Comunidades Autónomas, así como los diversos
organismos especializados (Organismos autónomos) que dependen de todas ellas. La doctrina no
es unánime, sin embargo, a la hora de incluir en la Administración Pública a la denominada
Administración Corporativa, de la que forman parte fundamentalmente los Colegios profesionales y
las Cámaras oficiales ... considerados como asociaciones de base privada, pero que gestionan
también intereses públicos


Mayores dificultades se han producido para configurar como Administración Pública a las
organizaciones burocráticas que sirven de soporte a los poderes públicos distintos de las


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Administraciónes territoriales, como las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado),
los Parlamentos autonómicos, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la
Corona, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas). Evidentemente, la función específica que
constituye la razón de ser de esos poderes públicos no se rige por el Derecho administrativo, sino
por reglas del Derecho constitucional o parlamentario, o por las normas orgánicas propias de cada
uno de dichos poderes, pues en ellos, el Estado no actúa normalmente como Administración
Pública —esto es, como sujeto de Derecho— sino como creador o garante del mismo


Sin embargo, el Estado se manifiesta también a través de esos poderes públicos como sujeto de
Derecho —esto es, como Administración Pública— cuando dichas instituciones desarrollan una
actividad materialmente administrativa, ya sea celebrando contratos instrumentales, administrando
su patrimonio o gestionando su personal de apoyo. Toda esta actividad instrumental, que no
constituye propiamente la función específica que les ha sido atribuida por la Constitución, pero que
es absolutamente necesaria para la realización de sus cometidos constitucionales, se rige por el
Derecho administrativo. Esto es así porque ningún sentido tiene'* que las reglas de actividad de
simple gestión de estas instituciones sean • diversas de las que rigen para las restantes
Administraciónes públicas en esas mismas materias, ni puede admitirse en un Estado de Derecho
que, so pretexto de su naturaleza de poderes constitucionales extra-administrativos, no se
domicilien ni en la Jurisdicción Contencioso administrativa, ni en ninguna otra los conflictos que
pueda generar dicha actividad instrumental o logística, quedando inmune a todo control judicial,
con violación del artículo 24 de la propia Constitución, que reconoce el derecho a la protección
judicial efectiva frente a todos los poderes públicos.”


Función Administrativa Estatal


“La génesis de la Administración Pública contemporánea (en sentido estrictamente orgánico o
subjetivo) encuentra su ubicación histórica en la época napoleónica donde se opera una mutación
fundamental del papel y de la gravitación que hasta entonces había tenido el poder administrador


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se produce a partir de ese instante el fenómeno de ampliación progresiva de sus competencias, el
cual ha continuado desarrollándose en forma incesante hasta nuestros días. Se opera de esta
suerte el abandono, por parte de la Administración, de la función abstracta de sostener la ley
(Locke y Montesquieu) para convertirse en un complejo orgánico que cumple múltiples actividades


Pero, aparte de la acepción estrictamente orgánica o subjetiva de la Administración Pública, como
el complejo de órganos y sujetos encuadrados en el Poder Ejecutivo que servirá para el estudio de
la organización y del proceso histórico de ampliación de las competencias de los órganos y sujetos
administrativos, cabe referirse a aquélla también con un alcance y sentido funcional


Este concepto técnico de la función administrativa considerada como "actividad" resulta útil para
diferenciarla de las restantes funciones del Estado y para caracterizar una de sus manifestaciones
el acto administrativo, sometido a un régimen de Derecho Público, exorbitante del Derecho
Privado


Sin desconocer la importancia de un análisis integral de las diferentes y variadas nociones que se
han formulado históricamente obre la Administración Pública o sobre la función administrativa,
caminaremos seguidamente las doctrinas que actualmente tratan de alcanzar el predominio en la
materia y que giran alrededor del criterio de "actividad" a que antes hiciéramos referencia.”


a) Concepciones subjetivas u orgánicas


“Dentro de esta corriente se hallan las tendencias que consideran a la función administrativa como
toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que
actúan en su esfera


Si bien hubo quienes en un principio sostuvieron que Administración era toda la actividad que
desarrollaba el Poder Ejecutivo, la doctrina actualmente partidaria de la concepción subjetiva


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considera que aquélla constituye un sector o una zona de la actividad que despliega el Poder
Ejecutivo. En tal sentido, hay quienes incluyen dentro del concepto de Administración actividades
que materialmente no son administrativas (actividad reglamentaria y actividad jurisdiccional), aun
cuando reconocen, al propio tiempo, que la Administración no constituye la única actividad que
ejerce el Poder Ejecutivo, pues también tiene atribuida la función de gobierno


Se ha sostenido que el fenómeno de la personalidad jurídica del Estado sólo se da en la
Administración Pública, que es como una constelación de entes personificados. Por consiguiente,
esta categoría de persona jurídica separa y distingue a la Administración de otras actividades del
Estado. Esta Administración Pública (persona jurídica) aparece regulada así por un derecho propio
de naturaleza estatutaria: el Derecho Administrativo, que nace así para explicar las relaciones "de
las singulares clases de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciónes Públicas,
aislándolos de la regulación propia de los Derechos Generales" Esta concepción, inspirada en las
ideas de García de Enterría, que imperó durante muchos años en España, ha sido objeto de la
crítica de un sector doctrinario importante que reconoce la entidad jurídica y júgica del criterio
material para definir la función administrativa .”


b) El criterio objetivo o material


“Las concepciones que fundan la noción de función administrativa en el criterio material tienen en
común el reconocimiento de las actividades materialmente administrativas no sólo del Poder
Ejecutivo, sino también de los órganos Legislativo y Judicial


Las notas que caracterizan a la Administración y que permiten diferenciarla de la legislación y de la
jurisdicción son, principalmente, su carácter concreto, la inmediatez y la continuidad. Algunos
autores añaden también la característica de constituir una actividad práctica y normalmente
espontánea


Los partidarios de la concepción objetiva completan la noción con la referencia al aspecto


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teleológico que debe perseguir la función administrativa: según algunos, la atención de los
intereses públicos que asume en los propios fines, y, según otros, la satisfacción de las
"necesidades" colectivas o de interés público


Es evidente que el aspecto finalista de la función administrativa ha de orientarse a la realización del
bien común, satisfaciendo las exigencias tanto de la comunidad como de los individuos que la
integran. Pero, no obstante que el bien común también puede alcanzarse a través de formas y
regímenes jurídicos reglados por el Derecho Privado deben excluirse de la noción de función
administrativa en sentido material todas aquellas actividades típicamente privadas, especialmente
la actividad industrial y la comercial. Ello no es óbice para admitir la existencia, en tales casos, de
actos de régimen jurídico entremezclado, que no trasuntan plenamente el ejercicio de la función
materialmente administrativa.”


c) Otras teorías


“Existen posturas que se apoyan en otras fundamentaciones para proporcionar el concepto de
Administración. Dentro de este conjunto de teorías no puede dejar de hacerse una referencia
sucinta a las concepciones expuestas en la doctrina alemana, vinculadas en gran parte al
positivismo jurídico


Para la concepción llamada "residual", la Administración era toda aquella actividad que restaba
luego de excluir a la legislación y a la función jurisdiccional


Otra teoría, desarrollada por Merkl, partiendo de la misma sustentación de la teoría residual,
considera como tal la actividad de los órganos Ejecutivos vinculados por relaciones de jerarquía y
de subordinación. Para realizar las diferentes disecciones que permitirán arribar al concepto
negativo, Merkl adopta un concepto formal de legislación, distinguiendo a ésta de la Administración
por la distancia en que se halla respecto de la Constitución. La primera será ejecución inmediata de
la Constitución, mientras que la segunda será ejecución mediata, al igual que la función


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jurisdiccional. La Administración, como la Justicia, devienen así en actividades sublegales, pero en
esta última hay relaciones de coordinación (función jurisdiccional) y en aquélla en cambio subsiste
la subordinación (función administrativa)


Es también una definición negativa de Administración, inspirada en las concepciones precedentes,
la que proporciona un sector de la doctrina vernácula al caracterizarla como todo lo que no es
jurisdicción, dentro de la ejecución, por actos individuales, de la Constitución y de la ley, fuera de
situaciones contenciosas


Para cerrar el cuadro de este grupo de doctrinas se ha procurado también ensayar un criterio
mixto, que en el fondo aparece basado en la antigua teoría residual de la Administración. Se
sostiene que como la función administrativa no se realiza por ningún órgano en forma excluyente y
dado que no se le reconoce un contenido propio que la tipifique, ella debe definirse como toda la
actividad que desarrollan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos
legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hecho y los actos materialmente
legislativos y jurisdiccionales”


Características del Derecho Administrativo


“Dichas características giran en torno, naturalmente, a la singularidad de los sujetos que el
Derecho Administrativo regula. La Administración Pública personifica el Poder del Estado; es por
ello una “potentior persona”, un personaje poderoso, cuyo comercio jurídico aparece penetrado por
la idea de poder público (Hauriou). La Administración Pública, que, como hemos visto, asume el
servicio objetivo de los intereses generales, de acuerdo con el principio de eficacia..., dispone para
ello de un elenco de potestades exorbitantes del Derecho común, de un cuadro de poderes de
actuación de los que no disfrutan los sujetos privados


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Así, por ejemplo, puede crear, modificar o extinguir derechos por su sola voluntad mediante actos
unilaterales (por ejemplo, adquirir de los particulares bienes o derechos sin contar con la voluntad
de éstos mediante la expropiación forzosa) e, incluso, ejecutar de oficio por procedimientos
extraordinarios sus propias decisiones —privilegio de decisión ejecutoria y acción de oficio— (por
ejemplo, cobrar una multa por la vía de apremio, llegando, si es necesario, a enajenar los bienes
del deudor para satisfacer de ese modo su crédito)


Para producir estos extraordinarios efectos no necesita ni siquiera acudir al Juez. Sus actos
constituyen verdaderos títulos ejecutivos sin necesidad de declaración judicial al respecto. No tiene
necesidad, por tanto, de acudir a los Tribunales en juicio declarativo para obtener una sentencia
favorable que sirva de título a una posterior realización material de sus derechos. Desde este punto
de vista, el acto administrativo vale tanto como la propia sentencia del Juez, aunque sea finalmente
controlable por éste. Por otra parte, a diferencia también de lo que ocurre con los simples
particulares, la Administración no necesita acudir a los Tribunales en juicio ejecutivo para obtener
la ejecución de sus títulos ejecutivos, de sus actos. Dispone, como hemos dicho, de medios
propios de ejecución. Puede, en consecuencia, hacerse justicia por sí misma, sin necesidad de
pedirla a los Tribunales (privilegio de autotutela)


La virtud ejecutiva de sus actos arrastra también otra importante consecuencia: el traslado a los
particulares afectados por dichos actos de la carga de impugnarlos jurisdiccionalmente. El control
jurisdiccional de los actos administrativos tiene así en principio un carácter impugnatorio, que
matiza de forma importante, como en su momento veremos, la mecánica procesal. Este control de
los actos administrativos se lleva a cabo a través de un orden jurisdiccional diferente al civil, de
carácter judicial, pero especializado: la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que la
Administración comparece, como regla general, en la más cómoda posición de demandada,
adoptando los particulares que impugnan sus actos la posición de demandantes


Por lo demás, la simple impugnación ante los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-
administrativa de los actos administrativos no priva a éstos de su fuerza ejecutiva. El recurso


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contencioso-administrativo no suspende por sí mismo, como regla general, la eficacia del acto
impugnado, que, a pesar del proceso trabado, puede desplegar todos sus efectos, salvo que los
Tribunales acuerden la suspensión de los mismos, o disponga otras medidas cautelares. El control
jurisdiccional de la actividad de la Administración resulta ser, por consiguiente, sin perjuicio de
otras posibilidades, un control a posteriori, ex post facto. La actividad de la Administración en el
ejercicio de sus propios poderes, cuando se ejercita a través del procedimiento legalmente
establecido, no puede ser turbado ni obstaculizado por los Tribunales fuera del ámbito de la justicia
administrativa o de las formas procesales de los demás procesos cuando resulten procedentes
contra la Administración. Un Tribunal de Conflictos resuelve los problemas que puedan suscitarse
al respecto


Los bienes de la Administración cuentan también con un status privilegiado. Los de dominio
público, es decir, los afectados a la utilidad pública, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables, y la Administración titular de los mismos puede recuperar su posesión perdida sin
necesidad de ejercitar acción judicial alguna. La misma propiedad privada de la Administración
(bienes patrimoniales) es una propiedad privilegiada, y caso de perderse su posesión, puede ser
recuperada de oficio en el plazo de un año sin acudir tampoco a los Tribunales


Esta sumaria descripción de privilegios no debe, sin embargo, inducir a equívocos en relación al
carácter del Derecho Administrativo. Junto a los privilegios en más mencionados hay también
privilegios en menos (Rivero). La Administración es, con toda frecuencia, menos libre que los
particulares. No puede, por ejemplo, contratar con quien desee, como puede hacerlo un particular
Tiene que seguir un procedimiento determinado de selección de contratistas establecido por la Ley
y atenerse a sus resultados. No puede tampoco formar libremente su voluntad. No puede ser
arbitraria o parcial, como puede serlo cualquier particular con su patrimonio. La Ley la obliga a
observar un procedimiento de formación de la voluntad cuya infracción puede determinar la nulidad
de la decisión final. Esta decisión, si es favorable para terceros, si declara derechos, no puede ya
ser modificada por la Administración que la ha adoptado, que queda vinculada a ella en términos
muy estrictos


Por otra parte, el Derecho Administrativo coloca, junto a los privilegios, las garantías. Unas, de


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carácter económico (el pago del justo precio es requisito previo a la ocupación del bien expropiado,
toda lesión en los bienes o derechos de un particular que resulte de la actividad de la
Administración debe ser indemnizada); otras, de carácter jurídico (necesidad de observar un
procedimiento, sistema de recursos administrativos y jurisdiccionales para controlar la legalidad de
su actuación)


El Derecho Administrativo, como Derecho propio y específico de las Administraciónes
Públicas, está hecho, pues, de un equilibrio (por supuesto, difícil, pero posible) entre
privilegios y garantías. En último término, todos los problemas jurídico-administrativos consisten
—y esto conviene tenerlo bien presente— en buscar ese equilibrio, asegurarlo cuando se ha
encontrado y reconstruirlo cuando se ha perdido. En definitiva, de lo que se trata es de perseguir y
obtener el eficaz servicio del interés general, sin mengua de las situaciones jurídicas, igualmente
respetables, de los ciudadanos.”


3. NORMATIVA


Ley general de la administración pública


ARTÍCULO 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad
en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios


ARTÍCULO 5.-

1.- La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la actividad de los entes
públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los mismos,


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salvo razones de urgente necesidad


2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración será responsable
por los daños y perjuicios causados


ARTÍCULO 14.-


1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la
Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas
entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos administrativos de duración


2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la
suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la relación
especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular


3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la Administración dentro de este tipo de
relaciones


ARTÍCULO 15.-


1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero estará
sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para
lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable


2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre
la observancia de su límites


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ARTÍCULO 16.-


1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica,
o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia


2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad


4. JURISPRUDENCIA


Principios de eficiencia, eficacia, simplicidad y celeridad de la
Administración Pública


"En ese contexto la Sala ha señalado algunos principios rectores de la función administrativa en las
Administraciónes públicas, cuya inobservancia violenta el derecho de la Constitución


en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización
administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las
Administraciónes públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la
eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso
8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los
servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto


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de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la
administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa
infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°,
225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función
administrativa. La eficacia como principio supone que las organización y función administrativa
deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas
propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la
planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución
Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el
uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad
demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y
entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses
públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las Administraciónes públicas cumplir con
sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos
mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos
Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a
todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular. (Sentencia número
2003-11382 de las 15:11 hrs. del 7 de octubre del 2003)


En referencia propiamente al último principio transcrito, en concordancia con el principio de justicia
pronta y cumplida estipulado en el artículo 41 de la Constitución Política, es posible concluir que el
retraso de dos años y cuatro meses, resulta excesivo e irrazonable, ya que según se había
estipulado, el plazo pactado era incluso de 190 días. En opinión de la Sala, la ineficacia tanto de la
Comisión Nacional de Emergencias, que de acuerdo al artículo 35 del Reglamento a la Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, es a quien le corresponde el control y la
fiscalización de las Unidades Ejecutoras; pudiendo incluso sustituir a alguna de ellas, como del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes como Unidad Ejecutora, encargada de la ejecución del
proyecto (artículo 33 del Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo),
ha generado un grave perjuicio a la comunidad de El Mortero ya que no cuentan desde hace más
de dos años con un puente que los comunique con Horquetas y Puerto Viejo, lo que ha generado
que por sus propios medios y con colaboración de algunas empresas utilicen medios no idóneos
para atravesar el rió Puerto Viejo, ocasionando accidentes y poniendo en peligro sus vidas."


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Principio de transparencia y publicidad en la Administración Pública


“… III.- Sobre el fondo. La Sala Constitucional, en la sentencia Nº2005-14563 de las 12:48 hrs. de
21 de octubre de 2005, desarrolló los alcances y matices del derecho protegido en el artículo 30 de
la Constitución Política, de la siguiente manera


Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que
conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios constitucionales
implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función
administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público -entes públicos- están llamadas
a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día,
todos los administrados. Las Administraciónes públicas deben crear y propiciar canales
permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y
los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa
en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas
actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política)
Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica,
únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes
constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de
transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación de
los actos administrativos, las formas de su comunicación -publicación y notificación-, el trámite de
información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la
participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa,
etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo
constituye el derecho de acceso a la información administrativa


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Constitución Política garantiza el libre acceso a los "departamentos administrativos con propósitos
de información sobre asuntos de interés público", derecho fundamental que en la doctrina se ha
denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la
denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa, puesto
que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de las Administraciónes públicas es el
instrumento o mecanismo para alcanzar el fin propuesto que consiste en que los administrados se
impongan de la información que detentan aquéllas. Es menester indicar que no siempre la
información administrativa de interés público que busca un administrado se encuentra en un
expediente , archivo o registro administrativo. El derecho de acceso a la información administrativa
es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer
un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la
eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las
Administraciónes públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio
público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo,
se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa,
conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y Administraciónes públicas
eficientes. El derecho de acceso a la información administrativa tiene un profundo asidero en una
serie de principios y valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al
propio tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y manejo de los
asuntos públicos resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje importante de información
acerca de las competencias y servicios administrativos, de la misma forma, el principio democrático
se ve fortalecido cuando las diversas fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan
activa e informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el derecho
de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, como otras tantas,
para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad administrativas. El contenido
del derecho de acceso a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de
un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a
los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros,
expedientes y documentos físicos o automatizados -bases de datos ficheros-; c) facultad del
administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de
alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos,
incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o


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virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos


distinguir con claridad meridiana entre el derecho de acceso a la información administrativa (a) ad
extra -fuera- y (b) ad intra -dentro- de un procedimiento administrativo. El primero se otorga a
cualquier persona o administrado interesado en acceder una información administrativa
determinada - uti universi- y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento
administrativo concreto y específico -uti singuli-. Este derecho se encuentra normado en la Ley
General de la Administración Pública en su Capítulo Sexto intitulado "Del acceso al expediente y
sus piezas", Título Tercero del Libro Segundo en los artículos 272 a 274. El numeral 30 de la
Constitución Política, evidentemente, se refiere al derecho de acceso ad extra, puesto que, es
absolutamente independiente de la existencia de un procedimiento administrativo”


Pues bien, en el caso presente (a diferencia de lo que alegan los recurridos en su informe bajo
juramento) no se aprecia ninguna circunstancia que justifique el hecho que no se haya
suministrado de manera oportuna al actor la copia del informe aludido, todo lo cual es ilegítimo y
lesiona el derecho protegido en el artículo 30 de la Constitución Política. Por lo expuesto, lo
procedente es declarar con lugar el recurso, ordenándose a la autoridad recurrida que facilite la
información requerida por el promovente en forma inmediata a la comunicación de esta sentencia.”


Alcances del principio de legalidad en la Administración Pública


"VII- SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: (principio de juridicidad de la administración): Implica
que la Administración Pública no actúa cuando quiere, sino cuando exista un principio o norma
escrita que así se lo permita. No es libre su actuación, debe de seguir un proceso ya
preestablecido por el ordenamiento jurídico, autorizando con ello su actuar. La sujeción principal de
la Administración, es que todo acto o comportamiento de la administración que afecte los derechos


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del particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. La administración puede y debe
hacer sólo lo que legalmente le está establecido. Permisividad u autorización que tiene rango
constitucional y legal conforme lo dispone el artículo 11 de la Carta Magna y desarrolla el mismo
numeral de nuestra Ley General de la Administración Pública, por ello se dice que lo que no está
autorizado, está prohibido. Como consecuencia de la sumisión de la Administración al
ordenamiento jurídico, esta la posibilidad de controlar su conducta, ello por parte del orbe
jurisdiccional (Juez) en respeto y aplicación pura y simple también de la máxima constitucional del
artículo 49, de manera que el rompimiento de este principio tiene como sanción la responsabilidad
del Estado y sus funcionarios, dispuesta en el numeral 9 de nuestra Constitución Política. El bloque
de legalidad está compuesto no solo por la ley, sino que en primer lugar por el bloque de
Constitucionalidad, (derechos y principios constitucionales), además por todas las normas escritas
(reglamentos, decretos, directrices y otros ) y no escritas ( costumbres o prácticas administrativas,
jurisprudencia y principios del derecho que integran aquel ordenamiento). Este principio no puede
ser obviado por la administración Pública, ya que una actuación realizada fuera del bloque de
legalidad deviene de ilegal y nula, con las consecuencias naturales, procesales y legales de tal
declaratoria."


Proyección positiva y negativa del principio de legalidad en la
Administración Pública


"El plazo de vigencia de la concesión es claro y está estipulado en el acuerdo 151, y lo que
pretende el accionante es una suspensión, dado que solicita que el aprovechamiento de energía
eléctrica, concedido desde el 19 de febrero de 1996, entre en vigencia hasta el 9 de setiembre de
1997 y ello no es más que pretender que se suspendiera el plazo de vigencia hasta que se firmara
el contrato, pues es claro que la concesión se dio a partir del acto que la aprobó. La Administración
Pública está sometida al bloque de legalidad no pude actuar donde la ley no se lo permite. Es
importante señalar lo que ha dicho la Sala Primera de la Corte respecto al principio de legalidad:“El
principio de legalidad, es efecto y manifestación directa del sometimiento del Poder Público al


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Derecho. En este sentido, todo el comportamiento de la Administración Pública está afecto y
condicionado a una norma habilitadora, ya sea escrita o no escrita. De esta forma, el instituto se
proyecta en su doble vertiente positiva y negativa. En su primera dimensión, se constituye como
fuente permisiva de la conducta administrativa específica, en tanto se traduce en concretas
potestades administrativas, que por ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir,
dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues,
apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por el
contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del legislador, sino además,
complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le atribuye. Por
ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución del precepto
legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas superiores. Por otro
lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción del comportamiento
público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de
invalidez. ( Sala Primera de la Corte. Número 63-F-2000 de las catorce horas cincuenta minutos
del 28 de enero del 2000). El demandado actuó correctamente y no podía conceder ni interpretar la
vigencia de una concesión, más allá de lo otorgado, si la ley o un contrato suscrito por ella no se lo
permitían."


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Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
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Madrid España. 1997. Pp 14-16
2 CASSAGNE Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Octava Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina
2006. Pp 74-78
Madrid. España. 2000. Pp 49-51
4 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y diecisiete minutos del
veintisiete de febrero del dos mil nueve. Res. Nº 2009-03465
5 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veintiocho minutos del tres de
octubre de dos mil ocho. Res. Nº 2008-14795
6 SECCIÓN SEGUNDA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO II CIRCUITO JUDICIAL, Goicoechea a las ocho horas
veinticinco minutos del veinticuatro de Abril del año dos mil nueve.- Nº 138- 2009
a las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio del dos mil cinco. No 274-2005