Informe de Investigación

PROCESO

Rama del Derecho: Descriptor
Abogados Ejercicio Profesional
Palabras clave
Abogado, Honorarios, Conciliación, Temrinación Anormal del Proceso
Fuentes: Fecha de elaboración
Normativa y Jurisprudencia 14/06/2011


Índice de contenido de la Investigación


1. RESUMEN

A lo largo del presente informe se examinan las regulaciones existentes respecto
al pago de honorarios profesionales ante el advenimiento de una terminación
anticipada del proceso. Se recopilan los artículos aplicables del Arancel de
Honorarios, conjuntamente con diversos extractos jurisprudenciales donde se
analiza el cálculo, las bases y el criterio legal para el cobro de honorarios según
las circunstancias


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2. NORMATIVA


a) Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado 1


Artículo 16.- Tarifa general
Los procesos ordinarios, abreviados, arbitrales, interdictales o sumarios, en
materia civil, civil de hacienda, comercial, agraria, contencioso administrativa o
tributaria, cuyo contenido económico sea determinable, devengará los siguientes
porcentajes mínimos
a. Hasta quince millones de colones, veinte por ciento (20%)
b. Sobre el exceso de quince millones y hasta setenta y cinco millones de colones,
quince por ciento (15%)
c. Sobre el exceso de setenta y cinco millones de colones, diez por ciento (10%)
Lo anterior, salvo norma especial contenida en este Arancel para algún proceso
determinado
En los procesos de reclamos por derechos difusos o derechos colectivos, los
honorarios del abogado son el veinticinco por ciento de la condenatoria por cada
patrocinado. Los honorarios mínimos, por cada patrocinado, son cien mil colones
aunque no hubiese sentencia estimatoria


Artículo 17.- Terminación anticipada del proceso por conciliación, mediación,
deserción o transacción
En caso de conciliación, mediación, deserción o transacción, los honorarios serán
el cincuenta por ciento (50%) de la tabla general. Está disposición se aplicará a
todo tipo de proceso. En caso de que el proceso termine por deserción imputable
al Abogado (a), éste no tendrá derecho al cobro de honorarios, excepto los casos
contemplados en el presente Arancel. En el caso del abogado (a) de la parte
demandada, al declararse la deserción, le corresponderán los honorarios de
acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el caso


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3. JURISPRUDENCIA


a) Fijación de honorarios en proceso laboral que concluye de forma
anticipada
"IV.- EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO: Lo que se discute en el caso
concreto es el monto que por honorarios profesionales le corresponden al
licenciado Pizarro Machado, por la labor desempeñada en el proceso ordinario
laboral incoado por el señor Claudio Francisco Sánchez Castillo. A juicio del
recurrente, los juzgadores de las instancias precedentes incurrieron en una
indebida aplicación de las normas, en cuanto le aplicaron la disposición contenida
en el artículo 27, inciso a), del Decreto Ejecutivo N° 20.307-J, del 11 de marzo de
1.991, Arancel de Profesionales en Derecho, publicado en La Gaceta N° 64, del 4
de abril de 1.991; pues, según lo indica, debió aplicarse el artículo 34 de esa
normativa; concediéndosele entre un veinte y un treinta por ciento del monto de la
absolutoria. En todo caso, sostiene que el artículo 495 del Código de Trabajo
establece un porcentaje entre el quince y el veinticinco por ciento, que resulta
aplicable aún cuando el proceso laboral no concluyó por sentencia firme. El
artículo 495 del Código de Trabajo, en lo que interesa, señala: “Aunque haya
estipulación en contrario, la sentencia regulará prudencialmente los honorarios que
corresponden a los abogados de las partes. Al efecto, los tribunales tomarán en
cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del
actor y del demandado. Dichos honorarios no podrán ser menores del quince por
ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria o
de la absolución en su caso; y si el juicio no fuere susceptible de estimación
pecuniaria, los tribunales se sujetarán a lo que su conciencia les dicte…” Esta
norma establece los parámetros legales que debe tener en cuenta el juez de lo
laboral, para fijar los honorarios correspondientes a los abogados, en el supuesto
de que alguna de las partes sea condenada a pagar las costas del litigio; es decir,
la norma lo que regula es la fijación de los honorarios de abogado, en el caso de
que a alguna de las partes se le imponga el pago de las costas personales. En el
caso bajo análisis, como se indicó, el proceso ordinario laboral concluyó al
haberse acogido la excepción de falta de competencia, en razón de la materia
condenándose a la parte actora a pagar las costas, mas no se indicó el porcentaje
en que deberían ser calculados los honorarios del abogado. En primer término, el
incidentista señala que no resulta de aplicación el artículo 495 citado, sino las
normas especiales del indicado arancel; no obstante indica que en cualquier caso,
esa norma también resultaría de aplicación para supuestos en que el asunto no
haya concluido por sentencia, como el supuesto que se conoce. Expuesto lo


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anterior, debe indicarse que la Sala considera que la norma del artículo 495 del
Código de Trabajo, resulta de aplicación entre las partes de un proceso (en este
caso entre el señor Claudio Francisco Sánchez Castillo y la empresa demandada),
mas no para regir la fijación de honorarios entre el abogado y su cliente. En este
otro supuesto, resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo N° 20.307-J, del 11 de
marzo de 1.991, Arancel de Profesionales en Derecho, que contiene normas
específicas. En efecto, esta normativa, en su Capítulo 5, regula los honorarios
correspondientes, en tratándose de materia laboral. El artículo 34, en lo que es de
aplicación, señala: “Por la dirección profesional en conflictos individuales, los
honorarios serán los siguientes: / a) En procesos ordinarios de trabajo, del 20% al
30% del importe de la condenatoria, o en su caso de la absolución. Los honorarios
no podrán ser inferiores a diez mil colones en procesos de mayor cuantía, ni a
cinco mil en procesos de menor cuantía;…” Con base en esa norma es que el
recurrente señala que sus honorarios fueron incorrectamente fijados en las
instancias precedentes, pues se dispuso una disminución a una tercera parte de lo
que realmente le correspondía, en aplicación de principios de equidad y
razonabilidad, que a su juicio resultan inaplicables ante la existencia de norma
escrita. Expuesto lo anterior, debe indicarse que no lleva razón el recurrente; por
cuanto, la normativa comprendida en el Decreto, contiene también una norma
específica, en cuanto a la reducción de los honorarios, en los supuestos en que el
proceso haya concluido por resoluciones judiciales distintas de la sentencia. En
efecto, el segundo párrafo del artículo 38, en forma expresa, establece: “En todos
los procesos laborales se aplicarán las mismas reglas del artículo 27, cuando
proceda.” Ahora bien, este último numeral, hace referencia a la fijación de los
honorarios en los supuestos de conclusión anticipada de los procesos. De manera
expresa y en lo que interesa, señala: “Si el proceso no llegare a su término por
desestimiento, renuncia de derecho, deserción, o por cualquier otro motivo, los
honorarios se calcularán sobre el valor económico en caso de transacción o
conciliación, según la clase de proceso. En todo caso los honorarios se fijarán de
acuerdo con las siguientes normas: / a) Por la presentación de la demanda o
contestación, corresponde una tercera parte de los honorarios totales. / ...” Así las
cosas, está claro que el artículo 38 del citado Decreto, al regular el cálculo de los
honorarios en procesos de naturaleza laboral, expresamente señala que, cuando
proceda, deberán aplicarse las regulaciones previstas en el citado artículo 27. En
el caso concreto procede la aplicación de dicha norma; por cuanto, el proceso
ordinario laboral concluyó anticipadamente, al haberse acogido una excepción
previa, incoada por la parte demandada; situación que puede enmarcarse en el
presupuesto de hecho contenido en la norma, que hace referencia a la conclusión
anticipada por los supuestos expresamente indicados (deserción, desistimiento,
renuncia de derecho, etc.), o por cualquier otro motivo. Así las cosas, la labor del
recurrente en dicho proceso prácticamente se redujo a la etapa de contestación de


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la demanda; pues luego de contestada se acogió la indicada excepción y concluyó
el proceso. Por consiguiente, no se estima que los juzgadores de las instancias
precedentes hayan incurrido en una indebida aplicación de las normas tal y como
lo alega el recurrente, pues el artículo 38 remite expresamente al citado numeral
27 del Arancel."

b) El contrato de cuota litis ante la finalización anticipada del proceso

Suprema de Justicia ha resuelto lo siguiente: "al ser consustancial al contrato de
cuota litis la obtención del resultado previsto en el mismo, el derecho a cobrar
honorarios, en función de ese convenio, no es exigible sino a partir de la
producción de ese resultado. Consecuentemente, si el profesional, cualquiera que
sea la causa se separa del juicio antes de que éste se obtenga, el contrato queda
ipso uris resuelto, porque los objetivos programados ya no pueden alcanzarse
Desde luego esto no significa que el abogado pierda sus honorarios, sino que no
se puede pretender los que dependían de un resultado al cual él ya no puede o no
quiere contribuir. En suma, esto significa que el contrato de cuota litis, cuando la
relación finaliza prematuramente, por fuerza de sus mismas estipulaciones se
resuelve necesariamente, lo que lleva a que su ejecución sea legalmente
imposible. Asumido que el contrato de cuota litis se resolvió, el abogado podría
reclamar el pago de sus servicios efectivos y eventualmente daños y perjuicios,
pero desde luego lo que no puede hacer es ejecutar un contrato resuelto ( SALA
PRIMERA No. 699-F-99 15:10 horas del 17 noviembre de 1999 ). Según este
precedente de la S ala P rimera, la naturaleza propia del contrato de cuota litis
implica que es una transacción que está ligada al resultado del proceso , y siendo
así, aunque se hubier e aceptado como demostrado en este incidente la validez y
eficacia de ese contrato (que no se demostró), al haber finalizado prematuramente
la representación profesional del incident ista , entonces el contrato hubiera
quedado ipso iure resuelto, razón por la cual la cláusula penal no sería tampoco
aplicable."

c) Cálculo atendiendo al trabajo realizado
"I . El presente proceso concluyó al acogerse la excepción previa de acuerdo
arbitral interpuesta por la demandada, imponiendo el pago de ambas costas del
proceso a la sociedad actora. En el auto apelado, se aprobaron las costas
personales liquidadas por la parte vencedora, en ¢2.577.234,49. Contra lo resuelto
apelan ambas partes. La sociedad demandada estima que se incurrió en yerros al


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calcular aritméticamente el monto respectivo y en utilizar, para efectuar la
conversión respectiva, el tipo de cambio del dólar vigente al momento del
establecimiento de la demanda y no el vigente al hacerse la liquidación, que sería
en su concepto la suma de ¢550 colones por dólar. Dicha parte estima, conforme a
los artículos 18 y 19 del arancel respectivo, en ¢4.225.721,90 el monto de los
honorarios. Por su parte, la sociedad actora alega que debe eximírsele del pago
de costas de conformidad con lo establecido por el artículo 222 del Código
Procesal Civil, por haberse litigado de buena fe. Considera que no perdió el litigio,
el cual fue remitido a la sede arbitral, por lo que no debió habérsele condenado al
pago de costas. Asimismo, afirma, las costas debieron calcularse en
¢2.317.650,75 y no en la cantidad establecida, partiendo de un tipo de cambio de
¢535 colones por dólar y de una estimación de la demanda de $106.175,74
De conformidad con lo establecido por el artículo 233 del Código Procesal Civil, los
honorarios de abogado deben calcularse conforme al respectivo Decreto,
promulgado conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados. En este caso, resultaría aplicable el Decreto 32493-J de 9 de marzo de
2005, vigente a la fecha en la cual se dio curso a la demanda. Por otra parte, el
artículo 234, párrafo segundo, del Código Procesal Civil, establece: "... Si el
proceso no hubiera llegado al fallo definitivo, por haber mediado arreglo o
desistimiento, el juez regulará los honorarios en atención al trabajo efectuado,
según la tarifa correspondiente."
Si bien no se trata de arreglo o desistimiento, estamos de igual manera ante otra
forma de conclusión anticipada del proceso, cual es el acogimiento de la
excepción previa de acuerdo arbitral, que produce la conclusión del proceso sin
pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, por lo cual igualmente cabe aplicar
lo dispuesto por este artículo. Por ende, la regla aplicable es establecer los
honorarios de abogado en atención al trabajo efectuado, según la tarifa
correspondiente. El Decreto 32493-J establece la tarifa general en asuntos civiles
ordinarios de estimación económica determinada, en su artículo 18, partiendo del
importe total de la condenatoria o absolución, entendiendo como esta última, la
cuantía fijada por el Tribunal. En este proceso, como se señaló, no existió fijación
de la cuantía por el Juzgado, al concluir el proceso antes de llegar a la etapa
respectiva para ello. Lo único con lo que se cuenta es con una estimación de las
pretensiones por $148.675,00, según lo indicó expresamente la parte actora a folio
100. Esto equivalía a ¢77.433.298,90 al momento en el cual se cumplió legalmente
con todos los requisitos de la demanda. Si se hubiera llegado a la sentencia
definitiva del asunto y si la cuantía se hubiera fijado en la suma indicada, el monto
total de los honorarios de abogado, aplicando la tarifa del artículo 18 del citado
decreto, sería de ¢12.243.329.89. De conformidad con lo dispuesto por el artículo
19, inciso a), ibídem, al presentarse la demanda o la contestación, correspondería


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al abogado una tercera parte prudencialmente estimada de los honorarios totales
Cabe recalcar que esta estimación es prudencial conforme a lo indicado por esta
norma, por cuanto hasta este momento no existe aún fijación de la cuantía por
parte del Tribunal, la cual es requerida por el artículo 18 de ese marco normativo
para que opere la tarifa en él establecida y tampoco se han cumplido con todas las
etapas de esta fase inicial, previa a la apertura de la fase probatoria. Si se hubiera
superado la primera etapa del proceso, con la correspondiente fijación de la
cuantía, una tercera parte de los honorarios establecidos según la tarifa total
equivaldrían a ¢4,081,109,96. Sin embargo, la primera etapa del proceso concluyó
anticipadamente al acogerse la excepción previa de acuerdo arbitral, sin que se
completara lo atinente a la contestación de la demanda que se produjo a folio 153,
la cual se reservó para ser conocida en el momento procesal oportuno en
resolución de las 10:17 hrs del 3 de julio de 2008 (folio 209); sin que se fijara la
cuantía, y tampoco se cumplió con lo relativo a la conciliación y saneamiento del
proceso. Desde esta perspectiva, no se puede aplicar lisa y llanamente la tarifa del
decreto de honorarios como si hubiese concluido en su totalidad la primera etapa
del proceso, por cual el cálculo de honorarios debe hacerse de manera prudencial
En este caso, cabe señalar que la parte demandada interpuso la excepción previa
de acuerdo arbitral, con la consecuente incompetencia de los tribunales comunes
para conocer de este proceso -la cual fue acogida - y también se vio obligada a
contestar la demanda. Tomando en cuenta entonces la trascendencia económica
de las pretensiones y la labor realizada, se estima que los honorarios deben fijarse
prudencialmente en la suma de ¢3.500.000, por cuanto el acogimiento de la
excepción previa indicada provocó que no se concluyera siquiera con la primera
etapa del proceso. Por ende, lo procedente es modificar el monto concedido en el
auto apelado a esa cantidad."

d) Fijación de honorarios ante advenimiento de conciliación
"IX.- En los puntos 16 (folio 203) y 20 (folio 205), indica: “16.-
Se hace ver, que en la resolución que se casa, se han cometido sendos errores,
puesto que el Tribunal de Alzada, supedita su resolución al hecho de que ni
siquiera se acudió a la respectiva Audiencia de Conciliación, lo cual no es conteste
con el proceso principal, puesto que como bien puede verse, de un estudio
minucioso del mismo, se realizó la convocatoria de conciliación, la cual
efectivamente se llevó a cabo, y no solo en una ocasión, sino que se llevó a cobo
en dos audiencias, y es a partir de esas audiencias, en que mi representada, y la
parte demandada, llegan al Arreglo Extrajudicial; y se hace ver, que el mismo se
concreta sin mi presencia, por lo que quien fuera mi patrocinada legal, actúa a
espaldas de mi persona, contrariando el principio del deber de lealtad que debe


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privar en todo proceso. Luego de haberse llevado a cabo, las respectivas
Audiencias de Conciliación, nace a la vida jurídica, el Arreglo Extrajudicial, con que
ambas partes dan por terminado el proceso principal, sin que se me haya avisado
por parte mi patrocinada legal (sic).…
20.- Dentro de la tesis que alude el Tribunal de Alzada, es que me fueron
cancelados los honorarios de forma completa, puesto que no se llegó a la etapa de
conciliación, pero como se ha indicado supra, no solo se llegó a dicha etapa, sino
que se llevaron a cabo dos audiencias, las cuales fueron de suma importancia
para la finalización del proceso principal, puesto que es a partir de ahí, que se
resuelve el asunto en un arreglo Extrajudicial. Omite dicho Tribunal, al analizar al
expediente (sic) mismo, como medio de prueba absoluta, para cuando emite la
resolución que en este acto se casa.” Lo anteriormente transcrito causa confusión
El Tribunal, en ningún momento afirma lo dicho por el recurrente. Por el contrario,
en el considerando tercero de su sentencia lo que señala es que no se llegó a la
fase conclusiva, por lo cual, el incidentista solo tenía derecho a percibir una tercera
parte de los honorarios totales, según lo dispuesto por el ordinal 27 del Arancel de
Profesionales en Derecho aplicable a este incidente. Al respecto, en lo
conducente, señala el ad quem
“III.-… Ello evidencia que efectivamente, tal y como lo sostiene la incidentada en el
recurso, fue a ese total a lo que se le restó la suma ya pagada al abogado,
quedando como saldo lo que se dispone en la parte dispositiva del fallo de primera
instancia. Ergo, no se fijó tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 27,
que refiere a la forma de fijar los honorarios, cuando el proceso concluye
anticipadamente, incluso por conciliación. Según esa norma, en esos supuestos
correspondería una tercera parte del total referido si el asunto finalizaba
habiéndose presentado únicamente la demanda o contestación, pues sólo se
consideraría un tercio adicional si se hubiera terminado la fase conclusiva. Como
en este caso ni siquiera se llegó a esta segunda fase, lo oportuno era fijar los
honorarios del incidentista en una tercera parte, esto es, en la suma de veintinueve
millones ciento cincuenta y tres mil doscientos cuarenta colones con cincuenta y
cinco céntimos.…
” X.- En los puntos 3 (folio 198) y 23 (folio 206), indica el recurrente
“3.- Durante la tramitación del Incidente Privilegiado de Cobro de Honorarios,
nunca fue impugnado por la parte incidentada, el hecho de que se me haya
cancelado la cantidad aludida, puesto que como bien puede notarse de un estudio
detallado del expediente principal, existen sendas copias de las resoluciones de
Primera y de Segunda Instancia, de un Proceso Ejecutivo Simple, ante el Juzgado
Primero Civil, de Mayor Cuantía, con número único 00-000216-180-CI, que resultó
en un fallo favorable para sus intereses, puesto que se ganó de manera


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indiscutible en Segunda Instancia.… 23.- Asimismo indica sobre los supuestos
pagos realizados a mi persona, lo cual no es conteste con la realidad propia del
expediente, para ello se hace notar al Honorable Tribunal, que el tribunal de
Alzada, yerra en la resolución que en este momento se impugna, puesto que fija
únicamente los honorarios, de forma prudencial y no de manera proporcional,
puesto que le otorga a la parte incidentada, el pago que supuestamente se realizó
a favor de mi persona, sin tomar en cuenta que no solo se había tramitado el
proceso principal, que en este momento nos ocupa, sino que además se tramitó,
otro proceso en el Juzgado Primero de Mayor Cuantía, del Primer Circuito Judicial
de San José, bajo el de expediente número único 00-000216-180-CI, el cual,
también se falló de manera satisfactoria para la incidentada. Recibos de pago
aportados por la aquí incidentada, no indican contra cual proceso se hacen, si es
contra el Proceso Ejecutivo Simple, en contra de La Casa de Agricultor, o en
contra del Ordinario que nos ocupa.” Los adelantos por concepto de honorarios,
efectuados por la incidentada a favor del licenciado Rodolfo Alvarado Moreno,
como bien lo indica el Tribunal en el considerando III de su resolución, fueron
establecidos por el juzgador de primera instancia en el apartado segundo de su
sentencia al señalar: “… ahora bien a dicho monto fijado se le debe reducir la
suma de veintinueve millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y
seis colones con treinta y ocho céntimos que corresponden a abonos que
efectuara la incidentada mediante la emisión de los cheques números 250-7 por la
suma de cinco mil dólares y 89389-1, ambos del Banco Crédito Agrícola de
Cartago por la suma de veintiocho millones ochenta mil seiscientos setenta y seis
colones con treinta y ocho céntimos (sic) a favor del profesional incidentista, ello
teniendo en consideración el tipo de cambio oficial del dólar en la suma de
trescientos colones con dieciséis céntimos. …” Sin embargo, como ya fue anotado,
el licenciado Alvarado Moreno no objetó tal pronunciamiento. Además, lo argüido
sobre el otro proceso no fue alegado en el memorial del incidente, ni cuando se
refirió a la contestación efectuada por la incidentada (memorial de folio 31). En
consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el canon 608 del Código Procesal Civil,
esta Sala no puede verter pronunciamiento sobre lo alegado por el recurrente."


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1 Decreto Ejecutivo No. 36562-JP de 31 de enero del 2011

2 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución No. 115-2003, de las quince horas con diez minutos del
catorce de marzo de dos mil tres

3 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sección Primera, Resolución No. 407-2009, de las opnce horas con cinco
minutos del once de setiembre de dos mil nueve

4 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, Sección Segunda, Resolución No. 153-2010, de las nueve horas con diez minutos del veintiuno de
abril de dos mil diez

5 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución No. 954-2006, de las diez horas con veinte minutos del
cuatro de diciembre de dos mil seis