Aplicación de las Normas sobre Pensiones con
Cargo al Presupuesto Nacional
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Pensión, Régimen de Hacienda

Fuentes de Información: Jurisprudencia. Fecha: 23/09/2014


Contenido


1. Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 4 de la Ley del
2. Consulta de Constitucionalidad de la Ley del Régimen General de


1. Aplicación de la Ley sobre el Régimen General de Pensiones con Cargo
2. Aplicación de las Leyes sobre Pensiones con Cargo al Presupuesto
3. Reconsideración Parcial sobre la Aplicación de la Ley sobre el Régimen
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y Ley de


 RESUMEN


El presente documento contiene pronunciamientos del Procuraduría General de la
República y Acciones de Inconstitucionalidad sobre la Aplicación de las Normas sobre
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, considerando los supuestos normativos
de las leyes: Ley de Pensiones de Hacienda y Régimen General de Pensiones con Cargo
al Presupuesto Nacional (Marco)


JURISPRUDENCIA


1. Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 4 de la Ley del Régimen
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional

Voto de mayoría

Acción de inconstitucionalidad promovida por Olga Marta Mesén Sequeira, cédula de
identidad número 1-340-479; Pablo A. López Mora, cédula número 2-230-664; Ramón
Murillo Alfaro, cédula 2-248-862; Mario Rivera Astúa, cédula de identidad número 1-
333-371; Francisco Saborío Mora, cédula número 2-228-221; Luis Fernando Rodríguez
Quesada, cédula de identidad número 2-300-947; Emilia Vargas Elizondo, cédula
número 1-367-247; Pablo Arroyo Alfaro, cédula de identidad número 2-263-880
Rodrigo Aguirre Méndez cédula 6-069-163; Hugo Amador Coto, cédula identidad 3-
159-190; Jorge Barahona Brenes, cédula número 1-351-191; Roberto Bolaños Zúñiga,
cédula 2-265-261; Abel A. Barrientos Chacón, cédula de identidad número 1-344-175
Norma Delgadillo Gómez, cédula 1-320-544; Antonio Hernández Zúñiga, cédula de
identidad número 1-382-851; Rodolfo Orlando Mora Retana, cédula número 1-339-
639; Norbell Ramírez Arrieta, cédula de identidad 4-089-725; Jesús Ramírez Meneses,
cédula número 3-159-944; Carlos Salazar Salas, cédula 9-010-009; Roberto Vindas
González, cédula de identidad número 4-093-437; Henry Vásquez Phillips, cédula
número 2-267-583; Jeanette Avila Rodríguez, cédula de identidad número 1-338-347
Cecilia Córdoba Reyes, cédula número 1-359-227 y Francisco Sáenz Ramírez, cédula de
identidad número 1-4061325; todos funcionarios de la Contraloría General de la
República, contra los artículos 4 inciso a.), 5, 6, 11 y transitorio tercero en su párrafo
tercero de la Ley Marco de Pensiones, número 7302, de ocho de julio de mil
novecientos noventa y dos


 RESULTANDO

1. Los accionantes presentan acción de inconstitucionalidad contra los artículos 4
inciso a), 5, 6, 11 y transitorio tercero en su párrafo tercero de la Ley Marco de
Pensiones, número 7302, de ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, por
cuanto en esas disposiciones se les menoscaban sus derechos adquiridos de buena fe
por medio de la Ley número 7013, de primero de noviembre de mil novecientos
setenta y tres, dándosele efectos retroactivos a la señalada ley marco en su perjuicio,
pues establece diferencias contrarias a la dignidad del ser humano y se legisla contra
derechos obtenidos por medio del transitorio único de la Ley 7013, de primero de
noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, en contra de lo dispuesto en los
artículos 7, 33 y 34 de la Constitución Política, y violatorios del artículo 71.3 del
Convenio 102 de la O.I.T

2. Para promover esta acción, tramitada bajo expediente número 2676-92, presentada
a las nueve horas del diez de agosto de mil novecientos noventa y dos, no obstante
que los accionantes fundamentan su legitimación en intereses difusos que atañen a la
colectividad en su conjunto, razón por la cual se sienten legitimados para actuar "sin
necesidad de existir previo trámite administrativo o judicial pendiente, ... al amparo
del artículo 75, párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues se trata
de la defensa de intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto, como es
la de todos aquellos funcionarios públicos que se encuentran en una situación igual ..."
a la de ellos, presentan copia de recurso de amparo, tramitado ante esta Sala bajo
expediente número 2677-92, promovido por los accionantes contra el Presidente de la
Asamblea Legislativa, Roberto Tovar Faja, el Presidente de la República, Rafael Angel
Calderón Fournier, y los titulares de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de
Hacienda, de Educación Pública, de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política
Económica, a las diez horas dieciséis minutos de ese mismo día, diez de agosto de mil
novecientos noventa y dos, es decir, con posterioridad a la interposición de esta
acción

3. De conformidad con el artículo 9, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, la Sala está facultada para rechazar por el fondo cualquier gestión,
cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o se trate de la simple
reiteración o reproducción de una gestión anterior o similar rechazada, cuando no
existan motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen
reconsiderar la cuestión


Redacta el Magistrado Mora Mora, y

CONSIDERANDO

Io. Respecto del problema que plantea la admisibilidad de esta acción, se deben
analizar tres situaciones posibles; en primer lugar, según el párrafo primero de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional se establece como requisito, para interponerla, la
existencia de un asunto pendiente, sea administrativo o judicial, en el que se haya
invocado la inconstitucionalidad de la norma impugnada como medio razonable para
amparar el derecho o interés considerado lesionado, situación que no es posible
determinar en el presente caso, aún cuando exista recurso de amparo tramitado ante
esta Sala bajo expediente número 2677-92, promovido por los accionantes contra el
Presidente de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República y los Ministros de
Trabajo y Seguridad Social, de Educación Pública, de la Presidencia, y de Planificación
Nacional y Política Económica por cuanto dicho recurso es posterior a la acción de
inconstitucionalidad, por lo que esta acción no constituye medio razonable para
amparar el derecho fundamental o interés legítimo que se considere lesionado, no
cumpliéndose el presupuesto de ley. En segundo lugar, la ley -en el párrafo segundo
del citado artículo 75- permite actuar sin que exista asunto pendiente de resolver,
cuando existan intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto,
supuesto sobre el que los promoventes fundamentan su legitimación, sin embargo,
esta situación no se da en el caso en examen por cuanto la aplicación de la ley
impugnada es susceptible de causar lesiones directas e individualizadas. El interés, en
cuanto a la norma cuestionada, es fácilmente identificable en personas determinadas,
quienes pueden defenderlo a través de procesos o procedimientos previos, dentro de
los cuales se puede alegar la inconstitucionalidad de la norma dicha, como lo es el
mismo recurso de amparo, prueba de ello es que los mismos accionantes presentaron
un recurso de amparo, aunque con posterioridad a la acción. El tercer supuesto lo
constituye la posibilidad de no requerir los requisitos de la existencia del asunto
previo, ni intereses intereses difusos, lo establece la ley únicamente para el Contralor
General de la República, el Procurador de la República, el Fiscal de la República y el
Defensor de los Habitantes, y como se observa, el hecho de que los accionantes sean
empleados de la Contraloría General de la República, pero actuando a título personal y
en su condición de funcionarios de esta institución y no a nombre de la misma, no les
faculta para interponer la acción en forma directa, sea sin asunto previo. Por lo
expuesto, procede rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad, por no
cumplir los accionantes con el requisito de legitimación analizado supra

IIo. No obstante lo anterior, es dable señalar que la Sala ya conoció del asunto
planteado por los recurrentes, sea la existencia de derechos adquiridos y situaciones
jurídicas consolidadas en cuanto a la condiciones de disfrute del derecho fundamental
y constitucional a la pensión y jubilación, señalando que: "pertenece y debe ser

reconocido a todo ser humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna,
de conformidad con los artículos 33 y 73 de la Constitución" (Resolución número 1147-
90, de las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa.)

Derecho que también es reconocido en el ámbito internacional, que de conformidad
con el artículo 7 Constitucional, está integrado a nuestro ordenamiento jurídico. Así,
en los artículos 25, 28, 29 y 30 del Convenio sobre la Seguridad Social, número 102 de
la O.I.T., 16 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 y
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 31 de la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, 5 de la Convención sobre Igualdad de Trato en
Materia de Seguridad Social, número 118 de la O.I.T., 9 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

IIIo. En cuanto al goce efectivo del mismo, es un derecho que no puede limitarse,
condicionarse o suprimirse en forma irracional en modo alguno, cuando se ha
adquirido el derecho como tal, constituyendose así en un derecho absoluto de
disfrute. Sin embargo, no sucede del mismo modo con la expectativa de los
trabajadores que cotizan para un régimen determinado, de manera que es hasta que
se cumple con todos los presupuestos de ley -edad, años de pagar las cuotas, monto,
etc.- que se obtiene dicho derecho

"En este sentido, es preciso observar que ese derecho deja de ser una simple
expectativa y se adquiere desde que se ingresa al régimen jubilatorio, al menos como
derecho general de pertenencia al mismo, y desde el instante en que el beneficiario se
encuentra en las condiciones de hecho previstas para recibir el beneficio, como
derecho a la prestación actual, sin que sea necesario que la haya reclamado, ni mucho
menos obtenido su reconocimiento o comenzado a percibirla

Esto es así, porque desde el momento en que se ingresa al régimen jubilatorio el
trabajador queda protegido, no sólo por las reglas y criterios legales y reglamentarios
del propio régimen en sí, sino también por las normas y principios constitucionales que
consagran su derecho de jubilación o lo rodean de las especiales garantías de la Ley
Fundamental, ..." (Resolución número 1147-90.)

Así, la pertenencia a un régimen determinado de pensiones o jubilaciones se adquiere
desde el momento en que se comienza a cotizar en dicho régimen, pero el derecho
concreto a la jubilación se adquiere cuando el interesado cumple con todos los
presupuestos establecidos por ley, y no antes, como lo reclaman los accionantes, al
considerar que la modificación de las condiciones para obtener este derecho es
inconstitucional. Los mismos obstentan un derecho a la pertenencia de un régimen de
pensiones, que en este caso es el régimen de Hacienda, ya que lo que la normativa
impugnada -Ley Marco de Pensiones, número 7302- lo que hizo fue unificar los
diferentes regímenes existentes y crear un "marco común", sin alterar en lo más

mínimo el régimen de pertenecia de pensión de los empleados públicos. En efecto, es
reconocido que tales regímenes están regulados mediante ley, la cual puede ser
modificada o derogada en virtud de otra ley, y pretender que los presupuestos no
pueden ser modificados nunca implicaría crear una limitación a cada régimen de
pensiones y jubilaciones ya existente, que tiene rango constitucional en cuanto a su
creación en general, pero no en cuanto a las especificaciones en particular. (En este
mismo sentido, ver resolución número 1341-93, de las diez horas con treinta minutos
del veintinueve de marzo del año en curso.)

V. En este mismo orden de ideas, esta Sala se pronunció sobre la constitucionalidad de
las normas impugnadas en esta acción, por resolución número 846-92, de las trece
horas treinta minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, en lo
que respecta a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, señalando
que "carece de interés toda vez que -el proyecto- ... no sólo garantiza el derecho de
aquéllos que, al entrar en vigencia la ley tuvieren cumplidos los requisitos para
jubilarse o pensionarse al amparo de la legislación que se pretende modificar, sino que
lo extiende a los que se ubiquen en una edad cercana a la que les permitiría hacerlo,
con lo que no sólo se respeta, por el legislador, lo dispuesto por el artículo 34
Constitucional, sino que dejó a salvo, como ya se dijo, los posibles derechos de buena
fe de los servidores."


Se rechaza por el fondo esta acción

Luis Paulino Mora M


Luis Fernando Solano C. Ana Virginia Calzada M


 2. Consulta de Constitucionalidad de la Ley del Régimen General de
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional

Voto de mayoría

Consulta Facultativa de Constitucionalidad que formulan los Diputados VICTOR EVELIO
BLANCO, sobre el "Proyecto de Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con
Cargo al Presupuesto Nacional, Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley Número
7092 del 21 de abril de 1988 y sus Reformas Ley de Impuesto sobre la Renta"
(expediente legislativo N 11168)

También consultan sobre el proyecto los Diputados ROBERTO TOVAR FAJA, SOLON


Los Diputados CASTRO RETANA y compañeros plantean dos dudas en cuanto al artículo
2 del proyecto de ley

A) Si lo señalado en el párrafo 1 de dicha norma no hace necesario que se tenga que
hacer la consulta a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el artículo 167 de la
Constitución Política por tratarse de un proyecto que se refiere a la organización o
funcionamiento del Poder Judicial

B) Sin son procedentes constitucionalmente REGIMENES ESPECIALES distintos al de la
Caja Costarricense del Seguro Social con normas diversas en todos o algunos de los
extremos que se han de tomar en cuenta para un sistema jubilatorio (cálculo de la
prestación económica, cuota o cotización, edad, años de cotización etc.). Además en el
supuesto de que esos regímenes constitucionalmente sean viables si se puede
establecer en los "extremos jubilatorios" reglas distintas (entendiendo por extremos
jubilatorios edades tiempo de cotización etc.)

Asimismo, consultan

C) Si en caso de considerarse que antes de que se cumplan la edad y el período de
cotización solamente se tiene una expectativa de derecho y aun no un derecho

adquirido que suerte corre una disposición que legisle esta base esto por
que reconoce derechos desde otra perspectiva. En su criterio existen derechos
adquiridos dependientes o en proporción a la consolidación de la situación jurídica de
cada sujeto es decir que si se ha cotizado bajo el imperio de una ley debe
reconocérsele al servidor lo que proporcionalmente haya consolidado bajo esa norma

D) Si el inciso b) del Artículo 4 esta incumpliendo el Convenio N 102, dado que los
extremos ahí establecidos no alcancen el mínimo que prescribe esa norma
internacional violando por omisión el artículo 29.2 del Convenio

E) Si el artículo 6 del proyecto no podía rozar con los artículos 28 y 65 del Convenio N
102, al establecer estas normas una forma de cálculo de los pagos periódicos en su
esquema mínimo de garantías

F) Si el artículo 79 del proyecto es contrario al artículo 66.8 del Convenio N° 102, al
establecer el primero reajustes de las pensiones y jubilaciones por costo de vida

G) Si al hablar el Convenio de sobrevivientes y tener por tales a la viuda y a los hijos
mientras que el proyecto de ley hace alusión a los CAUSAHABIENTES, con lo cual se
remite a la línea sucesoria haciendo más amplio el beneficio no perjudica a los
supuestos beneficiarios hasta tanto no se ventile su derecho en la vía judicial (artículo
8 del proyecto)

H) Si los artículos 27.a) y 61.a) en relación con el 76.1 b) (i) del Convenio N 102, obligan
a nuestro país a llevar estadística no sólo de las poblaciones activa y pasiva sino
también del porcentaje de asalariados protegidos (esto en relación con el artículo 9 del
proyecto consultado)

I) Si dado que el artículo 11 eleva a un 7% el porcentaje de cotización de los servidores
activos, los pensionados y el Estado en los diversos regímenes jubilatorios, no se está
desconociendo la obligación impuesta por el artículo 71.3 del Convenio de realizar los
correspondientes estudios actuariales de previamente a cualquier cambio

Finalmente se pregunta también

J) Si es o no procedente excluir el cómputo de los sobresueldos, como parte de los
rubros que se tomaran en cuenta para calcular la jubilación o pensión. (artículo 5)

K) Si son procedentes constitucionalmente los regímenes especiales de los Capítulos II,
III, IV, VI y VII del proyecto, por incurrir en discriminación o afectar derechos
adquiridos


L) Si son o no constitucionales los artículos 15, 18 y 26, en relación con la terminología
del artículo 8 del proyecto (erróneamente citado en la consulta como 72)

M) Si son constitucionales los artículos 39, 40 y 41, y Transitorios 1,11 y 111, por
incurrir en discriminación o afectar derechos adquiridos


A) Los Diputados Tovar Faja y compañeros, consultan, en primer lugar, sobre el posible
conflicto del proyecto con el principio de IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, en vista de
que se ha alegado que aquél afecta derechos adquiridos de los funcionarios que han
venido cotizando para alguno de los regímenes que se pretende modificar aunque
advierten que, a su juicio, lo que ha habido es una indebida interpretación del principio
constitucional

B) Además, consultan que algunas personas han sostenido, que el proyecto establece
una serie de desigualdades, que rozan con lo dispuesto en el artículo 33 de la Carta
Política y que no es constitucionalmente aceptable el otorgar derechos jubilatorios
distintos a trabajadores que tienen un denominador común, cual es el ser servidores
públicos, en tanto que los consultantes consideran que esas diferencias son razonables
y objetivas por lo que no violan el principio de igualdad

C) Por último, en relación también con los artículos 33 y 34 de la Constitución,
manifiestan que es constitucional el trato diferenciado que se dé a trabajadores con
tareas distintas, o en razón de las diferentes características del sector para el cual se
presta el servicio

Redacta el Magistrado Castro Bolaños, y

CONSIDERANDO


A) Dudan los consultantes de si lo señalado en el artículo 2 párrafo 1 no hace necesaria
la consulta a la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el 167 constitucional por
tratarse de un proyecto que se refiere a la organización y funcionamiento del Poder
Judicial. Dicho artículo establece en lo que interesa: Artículo 2: Esta ley no será
aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que
administra la Caja Costarricense de Seguro Social ni a los Regímenes de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial. Sin embargo, los
servidores de este Poder deberán haber cumplido al menos sesenta años de edad para
jubilarse en forma ordinaria


Al respecto, carece de interés pronunciarse sobre la obligada consulta a la Corte, toda
vez que ésta, con motivo de la evacuada sobre el proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial, acogió la modificación de la edad de Jubilación ordinaria de sus servidores a lo
sesenta años, como lo indica el proyecto, y con norma similar y sin perjuicio de
reservas similares para garantizar los derechos adquiridos de buena fe

B) Consultan en igual sentido la procedencia constitucional de regímenes especiales,
entendiendo por tales sistemas jubilatorios distintos al de la Caja Costarricense de
Seguro Social, la admisión de normas distintas en todos o algunos de los extremos que
se han de tomar en cuenta y, en el supuesto que se consideraren viables los
regímenes, sí sería procedente establecer en los extremos jubilatorios reglas distintas,
por ejemplo en las edades, tiempo de cotización, etc. Considera la Sala que, si el fin
primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la
seguridad social, no hay razón pan cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes
Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los
trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre
nuevos sistemas de seguridad social, que es el fruto de un proceso histórico en el que
la situación actual es consecuencia de acciones o deficiencias dadas en el pasado y, a
su vez, es origen de las acciones que se darán en el futuro. La seguridad social, esto es,
el sistema público de cobertura de necesidades sociales, individuales y de naturaleza
económica desarrollado a partir de la acción histórica de la previsión social,
estructurada en nuestro país sobre la base de las pensiones y jubilaciones, de la mano
de la intervención tutelar del Estado en el ámbito de las relaciones de trabajo, ha
llegado a convertirse con el tiempo sin la menor reserva, en una de las señas de
identidad principales del Estado social o de bienestar. Por ello, no puede extrañar que
en el índice o agenda de las cuestiones esenciales que impregnen la política social del
Estado moderno, en lo que se refiere a los seguros, se encuentren diferentes
regímenes de jubilaciones y pensiones. Al existir diferentes regímenes, es lógico que
cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho
constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse
que tal coexistencia sea inconstitucional

Sin embargo, una mayoría de la Sala, integrada por los Magistrados Piza, Sancho,
Molina y del Castillo, considera que sí sería incompatible con la Constitución y, por lo
tanto, injustificable que la existencia de esos diversos regímenes pudiera llegar a
requerir una contribución del Estado, sea como tal, sea como empleador de los
servidores beneficiarios de ese régimen, proporcionalmente mayor en unos casos que
en otros. puesto que los fondos necesarios para esa contribución provienen de todos
los ciudadanos a través de los impuestos con los que se constituyen los ingresos
públicos. De este modo, considera esa mayoría que la utilización de tales fondos
públicos para financiar de manera discriminatoria regímenes diversos constituiría una
violación del principio de igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 33 de la

Constitución, así como, particularmente, de otro principio de rango constitucional,
como es el de igualdad ante las cargas públicas. Además, estima que el artículo 73 de
la Constitución Política, al establecer el principio de que los seguros sociales deben
financiarse mediante la contribución tripartita del Estado, los patronos y los
trabajadores, está imponiendo, si no una total igualdad de esas contribuciones, por lo
menos un razonable equilibrio o proporcionalidad entre unas y otras, de manera que
las diferencias entre ellas no signifiquen una burla del principio general. Debe, además,
aclararse que en el supuesto de que en dichos regímenes especiales o de excepción la
contribución actual del Estado pudiera ser mayor o diferente, esto no convertida en
inconstitucional la existencia misma de los regímenes, sino que simplemente obligaría
a que en ellos se ajuste la contribución del Estado como tal y como patrono a los
criterios expuestos, o a los igualmente razonables que pudieren resultar aplicables a
cada situación concreta

C) De igual forma consultan en caso de considerarse que antes de cumplir la edad y el
período de cotización, sólo se tiene una expectativa de derecho y no un derecho
adquirido, que suerte corre una disposición que legisle esta base, esto por
contraposición al Convenio N 102 del O.l.T. que reconoce derechos desde otra
perspectiva

En este sentido, la Sala considera que carece de interés, toda vez que el proyecto - en
sus artículos transitorios reconoce la conservación de la situación jubilatoria de los
servidores que hubieren cumplido los requisitos para gozar del beneficio, y además lo
extiende a los que pertenezcan o hayan pertenecido a los regímenes excluidos para
adquirirlo, en un lapso de dieciocho meses, el cual parece razonablemente suficiente
para garantizar cualesquiera eventuales derechos de buena fe

D) Consultan además, si el inciso b) del artículo 4, está incumpliendo el artículo 29.2
del Convenio N 102, pues los extremos ahí expresados no alcanzan el mínimo que
prescribe esta norma internacional. El artículo 4 inciso b) en consulta establece
Artículo 4: Tendrán derecho a acogerse a la jubilación

b) Los servidores que tengan más de sesenta y cinco años de edad y que hayan servicio
y cotizado para el régimen especial al que pertenezcan por más de veinte años

Por su parte, el artículo 29.2 del Convenio establece, ciertamente una garantía mínima
de quince años de cotización para obtener derechos de jubilación "reducida", lo cual
indica claramente que se trata de una jubilación excepcional y no de la ordinaria,
mientras que la de la norma cuestionada del proyecto en consulta es precisamente la
ordinaria, dejando al régimen de la Caja o a los otros excluidos, en su caso, la previsión
de las contingencias extraordinarias, de manera que la confrontación con el convenio
de la Organización Internacional de Trabajo tendría que hacerse de las normas
respectivas de esos regímenes y el examen de la constitucionalidad de esas normas

vigentes escapa de los alcances de una consulta preventiva como la presente sobre un
proyecto de Ley

E) El artículo 6 del proyecto, a juicio de la Sala, está amparado ampliamente en lo
dispuesto en el artículo 65.3 del Convenio, al cual remite, a su vez, el 28 inciso a), y que
expresamente autoriza: 3.-

Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o para la ganancia que se
tenga en cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva de que este máximo se fije de
suerte que las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas
cuando la ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de familia sea inferior o
igual al salario de un trabajador calificado el sexo masculino

Como se ve, no hay peligro de que, con el tope establecido en el proyecto, se deje de
garantizar la cobertura mínima prevista en el Convenio. En todo caso, si llegara a
haberla en el futuro, la ley tendría que ser modificada para adecuarla a la nueva
situación

F) En cuanto a si el artículo 7 del proyecto que prevé los ajustes futuros por variaciones
en el costo de la vida, pudiera contrariar el artículo 66.8 del Convenio, baste con
señalar que este último sólo requiere tales ajustes en casos de variaciones sensibles
del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles del costo
de la vida, con lo cual el proyecto de ley otorga más, no menos que el mínimo del
Convenio

G) En lo que hace al artículo 8 del proyecto, en relación con los artículos 59 y 60 del
Convenio N 102 de la Organización Internacional de Trabajo, la Sala considera que lo
ha mediado de parte de los señores Diputados es una errónea interpretación de la
norma 8 consultada. Si en esta norma se hace mención a los causahabientes, esto no
implica que se trate de los herederos legítimos del Código Civil ni que necesariamente
deba de acudirse al juicio sucesorio para declarar el derecho a la pensión, pues el
proyecto se remite expresamente a las disposiciones establecidas en el Reglamento
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de
Seguro Social, lo que confirma, no sólo el hecho de no tener que acudir a la vía judicial
sucesoria, sino también que el derecho mismo se discierne a favor de los propios
acreedores alimentarios, a quienes el texto internacional trata de proteger. En todo
caso, cualquier discrepancia que pudiere quedar con el Convenio lo sería del
Reglamento dicho, subordinado a él y cuya validez, en todo caso, no podría ser
considerada en la consulta

H) En cuanto a si los artículos 27 inciso a) y 61 inciso a) en relación con el 76.1 b) (i) del
Convenio de la Organización Internacional de Trabajo, pudieran imponer una
población beneficiaria mayor a la prevista en el artículo 9 del proyecto de ley, la Sala se

limita a señalar que este no es excluyente sino que, por el contrario, amplia a un
mayor número de servidores el ámbito actual de la Caja Costarricense de Seguro
Social, el cual, de hecho y, además, por expresa disposición de los artículos 73 y 177 de
la Constitución, extiende a todos Los trabajadores asalariados los seguros sociales -
entre ellos los de vejez e invalidez - en forma universal. En este sentido, más bien la
legislación costarricense excede del mínimo exigido por la internacional

I) Se expresa que el artículo 11 del proyecto plantea una elevación del porcentaje de
cotización (a un 7%) que afecta los diversos regímenes jubilatorios. En el convenio 102,
artículo 713 se establece la obligación de realizar los correspondientes estudios
actuariales de previo a cualquier cambio, por lo que tales estudios debieron constar en
el expediente legislativo si existieran, pues de lo contrario se afectaría el motivo o
contenido del acto legislativo. La Sala ya estableció que: "En materia de su
competencia el legislador puede establecer dentro de un marco de referencia el límite
máximo de los aportes con los que deba contribuir cada una de las partes involucradas
y encomendar a un órgano definido por el mismo, la adecuada administración de los
recursos, con base en estudios técnicos objetivos."

En el caso bajo examen, el proyecto establece el límite máximo en el 9%, partiendo de
un mínimo que es del 7%, que en criterio de esta Sala no excede de lo razonable,
además de que está dentro de la competencia del Legislador, de acuerdo con lo que
establece el artículo 73 Constitucional. En todo caso, es público y notorio que, con
alguna excepción que no interesa puntualizar aquí, y ahora conforme a los estudios ya
realizados por técnicos nacionales y extranjeros en general, nuestros regímenes de
pensiones se encuentran al borde del colapso financiero, por lo que el país es
consciente de la necesidad de la reforma que se plantea; reforma que resulta
razonable, al variar los porcentajes de cotización en la forma ya indicada

Por lo demás y en general, estima la Sala que, si bien este proyecto es omiso en la
consideración de muchos aspectos previstos en el Convenio N 102 de la O.l.T., esto no
lo hace contrario a la Constitución o incompatible con ella, en tanto en cuanto el
Convenio mismo es, al lado de un compromiso internacional, una ley en el orden
interno, e inclusive con rango superior a la ordinaria - art. 7 de la Constitución Política -
, de manera que la legislación respectiva, además de subordinada al Convenio, es
compatible con él en la medida en que no contemple o regule en forma diferente las
situaciones allí previstas. Además, como el proyecto en realidad no establece un
régimen general de pensiones sino que se limita a imponer determinados correctivos
unificadores de los regímenes que modifican en relación con el general de Invalidez,
Vejez y Muerte del Seguro Social, o con los exceptuados, sería en estos, que como
vigentes no pueden ser valorados en la consulta, y no en el proyecto consultado donde
deben encontrarse las previsiones necesarias para hacer efectivas las garantías
mínimas de aquel y otros instrumentos internacionales aplicables

J) En relación con los salarios extraordinarios excluidos por el artículo 5 como rubro
para calcular la Jubilación y pensión, estima la Sala que se violan los artículos 57 y 58
de la Carta Fundamental, los cuales señalan: Señala el artículo 57 Constitucional
Artículo 57: Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación
periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna

Artículo 58: ... El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un
cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados

Como se desprende de dichas normas, el constituyente estableció que el salario es un
derecho fundamental de todo trabajador, e irrenunciable de acuerdo con el artículo 74
de la misma Carta Política. Por ello, es de suma importancia señalar si los salarios
extraordinarios son parte integrante del salario. Sin entrar ahora por no ser de un
interés sustancial en lo que aquí se dice, si es del caso entender que el tiempo
extraordinario trabajado es uno de los componentes que, para efectos de jubilación o
pensión, deben integrar el salario y sobre él deba deducirse La cantidad que
corresponda a la cuota obrera. No se explica la Sala cómo, si el artículo 5 del proyecto
toma en cuenta, para calcular el rubro de la jubilación o pensión, las anualidades,
dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, deja por fuera los sueldos
que perciba el trabajador, por tiempo extraordinario trabajado, cuando la propia
Constitución obliga a pagarlo incluso con un cincuenta por ciento más. No cabe duda
que los SALARIOS EXTRAORDINARIOS son parte integrante del salario y no pueden, en
consecuencia, dejarse por fuera al calcular la jubilación o pensión de un trabajador. El
mismo constituyente habló de salario por horas extraordinarias, quedando muy claro
que los montos correspondientes son parte integrante del salario como un todo
Partiendo de esta regla, todos los salarios extraordinarios quedan integrados al salario
para todos los efectos legales, y la cotización sobre ellos necesaria mientras este sea
uno de los factores determinantes para el cálculo del beneficio

K) En cuanto a la consulta sobre la procedencia constitucional de los regímenes
especiales de pensiones creados en los capítulos 11 (para el cónyuge supérstite de los
beneméritos de la Patria, los autores de los símbolos nacionales y los galardonados con
el premio Magón), III (para los expresidentes de la República), IV (para los Diputados),
VI (reforma a la Ley de Indemnizaciones y Pensiones de Guerra) y VII (reforma a la Ley
General de Pensiones), cabe aplicarles, mutatis mutandi lo dicho en el punto A.2
anterior, ya que se trata también de regímenes especiales, con la particularidad a su
favor de que por ser de pensiones, que no de Jubilaciones, vinculadas a circunstancias
muy particulares, razonables y objetivas como las señaladas, no considera la Sala que
exista ningún riesgo de afectar los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación


L) Asimismo, respecto de la consulta sobre los artículo 15, 18, y 25, en relación con la
terminología del artículo 8° del proyecto (erróneamente citado en la consulta como
7°), nos remitimos a lo dicho en el punto anterior

M) Por lo que se refiere a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto, no encuentra esta Sala
que relación puedan tener con los problemas constitucionales planteados y al no
arrojar la consulta ninguna luz sobre las posibles dudas de los consultantes, se ve
imposibilitada de pronunciarse sobre ellos. En relación con los transitorios I, II y III, lo
que estos hacen es establecer, como su nombre lo indica, un régimen transitorio
teniente a respetar los eventuales derechos adquiridos de los servidores
pertenecientes a los distintos regímenes jubilatorios, que mas bien garantizan la mejor
aplicación del artículo 34 de la Constitución, por lo que no plantean ninguna objeción
de constitucionalidad


A) Señala como primer motivo de su consulta que se ha alegado por algunos
diputados, que el actual proyecto establece una afectación a los derechos adquiridos
de funcionarios que hayan venido cotizando para alguno de los regímenes que se
pretenden modificar por el plan sujeto a consulta. Que se ha sostenido que se viola el
artículo 34 de nuestra Carta Fundamental. La Sala en cuanto a esto ya indicó que
carece de interés toda vez que el proyecto - en sus artículos transitorios - no sólo
garantiza el derecho de aquellos que, al entrar en vigencia la ley tuvieren cumplidos los
requisitos para Jubilarse o pensionarse al amparo de la legislación que se pretende
modificar, sino que lo extiende a los que se ubiquen en una edad cercana a la que les
permitiría hacerlo, con lo que no sólo se respeta, por el legislador, lo dispuesto por el
artículo 34 Constitucional, sino que dejo a salvo, como ya se dijo, los posibles derechos
de buena fe de los servidores

B) Como segundo punto, manifiestan los señores diputados, que se ha sostenido que el
actual proyecto establece una serie importante de desigualdades, las cuales rozan con
el artículo 33 de la Constitución, al señalar que no es constitucionalmente aceptable
otorgar derechos jubilatorios distintos a trabajadores que tienen un denominador
común, cual es el de ser todos servidores públicos. Terminan diciendo que quienes
mantienen esta tesis, abogan por una generalización de las normas que determinan la
base de cálculo, cotización, edad de retiro, derechos sucesorios y otras obligaciones y
derechos que se generan para los servidores del Estado. En cuanto a las diferencias, en
los diversos regímenes, de los presupuestos que deben cumplirse para obtener el
beneficio, para efectos de la igualdad constitucional no significa que tengan que ser los
mismos sino que los que se acuerden aunque diferentes, lo sean en atención a las
circunstancias el grupo que el régimen protege, cuya existencia no deviene
inconstitucional puesto que, como fundamental, lo que debe protegerse es el derecho


a la Jubilación, ya sea en uno o en regímenes diferentes, como lo acuerde la Asamblea
Legislativa conforme a su competencia y con criterios de razonabilidad, en la forma
que lo hace en el propio proyecto de ley que se consulta, respecto de los del
magisterio, del Poder Judicial y de los otros especiales contemplados en el proyecto, ya
que el hecho de que sean servidores públicos no significa que se desempeñen ni en
igualdad de labores ni de circunstancias

C) Señalan los diputados de la Unidad Social Cristiana, que paralela a la posición del
motivo anterior, se ha mantenido por otros la tesis que permite un trato diferenciado
para trabajadores con tareas claramente distintas, entendiendo con ello que no se
incurre en una violación al principio de igualdad, cuando se trata de manera distinta a
un maestro con relación a un Juez, o a un expresidente con relación a una secretaria,
pero que por el contrario si se estaría dando una desigualdad injustificada, cuando se
establece una diferencia entre uno y otro conserje sea que este trabaje para el
Magisterio, Poder Judicial o cualquier oficina administrativa. A la anterior
consideración - ya que lo es mas que consulta- nada mas cabe agregar que
efectivamente, aparte del derecho de todo ello al beneficio, si las funciones son
claramente diferentes no se puede hablar de igualdad, pero que si son iguales si deben
tener el mismo trato sin que la simple denominación de una función signifique que su
desempeño sea el mismo, ni en iguales circunstancias, en organismos o poderes
diferentes, por lo que no podría generalizarse sin estudio previo del caso concreto

D) En cuando al último punto de la consulta - de si es posible establecer tratos
jubilatorios diferentes en razón de las distintas características del sector para el cual se
presta el servicio - ya esta quedó evacuada en los términos indicados en el punto
inmediato anterior

RODRIGUEZ HERNANDEZ

A folio 31 el diputado SIGIFREDO IZA CAMPOS presenta una adición a la consulta
original, agregando que el es suscriptor de dicha consulta y por ello somete a la Sala
otros puntos para que sean evaluados. Como en realidad no se están adicionando los
motivos ya invocados, sino que se plantean otros diferentes - problemas de edades
para pensionarse y la no contribución de parte del Poder Judicial y del Magisterio
Nacional, al régimen de invalidez vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro
Social procede su rechazo, de acuerdo con lo que establece el artículo 96 inciso b) de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional y, por la misma razón, de la del diputado CARLOS
LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ


De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. - por no estar en ninguno de sus casos - la gestión deviene
improcedente y así debe declararse


Se evacuan las consultas en los siguientes términos: a} No es contraria a la
Constitución la existencia de regímenes especiales de jubilación o pensión como los
excluidos por el artículo 22 del proyecto de ley a condición de que

1) la contribución del Estado como tal sea igual porcentualmente sobre los salarios
para todos los regímenes incluyendo los de la empresa privada: y

2) la contribución del Estado como empleador en los diversos regímenes no sea
superior a la que se impone a los demás empleadores, inclusive los patronos
particulares ni en todo caso inferior a la de todos los servidores o trabajadores

b) Es contrario a la Constitución la frase final del artículo 5° del proyecto en la medida
en que excluye del concepto de salario para todos los efectos de Jubilación o pensión
los sueldos percibidos por tiempo extraordinario

e) En lo demás no encuentra la Sala motivos de Inconstitucionalidad en el proyecto
consultado

Se rechazan por inadmisibles las adiciones y peticiones presentadas por los Diputados
Sigifredo Aiza Campos y Carlos Rodríguez Hernández y el señor José Enrique Ugalde
Marín


Jorge Baudrit G. Eduardo Sancho G


Luis Paulino Mora M. Fernando Del Castillo R


 VOTO SALVADO

Los infrascritos Magistrados concurrimos con el voto de mayoría excepto en lo
dispuesto en el aparte a) del Por Tanto en el que emitimos en el sentido de que "La
simple existencia de diversos regímenes de jubilaciones o pensiones no es por sí
contraria a la Constitución sin perjuicio de que previo estudio pormenorizado de los
regímenes que se excluyen lo cual escapa a la consulta - pudieran resultar en ellos
eventualmente aspectos que devengan inconstitucionales" con base en las siguientes
consideraciones que redacta el primero: El proyecto no viene a derogar los regímenes
existentes sino a unificarlos en algunos aspectos - que en general son los mismos
contenidos en aquellos - fundamentalmente en cuanto a la edad para el logro de la
Jubilación ordinaria y el monto de cotización para los regímenes en que el pago de sus
beneficios deben hacerse mediante autorización comprendida en el Presupuesto
Nacional esto es que no tenga un fondo propio del que se puedan hacer efectivas las
Jubilaciones con el producto de su adecuada administración. Bajo este supuesto y
como la consulta - por su naturaleza - no puede abarcar el estudio de todos y cada uno
de aquellas cabe evacuarla en el sentido de que el proyecto no fomenta desigualdades
sino que trata de unificarlas que los diferentes factores que deben tomarse en cuenta
para calcular el monto el beneficio que corresponda (edad monto de cotización tiempo
etcétera) no tienen por que ser iguales para todos los regímenes sin que por ello
devenguen inconstitucionales pues esas diferencias pueden ser - en determinadas
circunstancias - necesarias habida cuenta del servicio prestado que no tiene por que
ser igual dentro de los distintos grupos aunque todos sean servidores públicos
diferencias que a priori - como se dijo no pueden calificarse - en esta consulta - pues
exigen un estudio comparativo de todos y cada uno de los regímenes excluidos: de tal
manera que aun su unificación podría eventualmente resultar inconstitucional al
tratarse de la misma manera situaciones abiertamente diferentes ya que incluso
dentro de aquellos factores la participación estatal podría darse no para que revierta
en forma directa sobre el monto del beneficio sino para la formación del necesario
patrimonio como lo establece el artículo 177 Constitucional

Jorge Baudrit G


1. Aplicación de la Ley sobre el Régimen General de Pensiones con Cargo al
Presupuesto Nacional y Ley de Pensiones de Hacienda

C- 305- 2000
San José, 11 de diciembre del 2000
Elizabeth Molina Soto
Directora Nacional de Pensiones

Estimada señora

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio
DNP-1192-99 del 20 de setiembre de 1999, cuya atención me fue encomendada el 8 de
mayo del presente año. En dicho oficio se nos plantean dos consultas relacionadas con
las implicaciones que tuvo para el régimen de pensiones de los exmiembros de los
Supremos Poderes, la aprobación de la Ley n.° 7302, de 8 de julio de 1992, conocida
como "ley marco de pensiones" y cuya denominación correcta es "Ley de Creación del
Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes
Especiales y Reforma a la Ley n.° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del
Impuesto sobre la Renta"

Concretamente, los aspectos sobre los cuales se solicita nuestra opinión son los
siguientes: "1.- Se encuentra al día de hoy vigente, bajo la ley 148 de 23 de agosto de
1943, la posibilidad de que los exmiembros de los Supremos Poderes pueda[n]
jubilarse?. 2.- En caso negativo pueden jubilarse los mencionados miembros de los
Supremos Poderes, por Ley n.° 7302 y sus reformas, y cuáles son los requisitos que
deben de tener los mismos?"

Se nos indica que esta gestión obedece a que la Dirección Nacional de Pensiones ha
recibido "…una serie de consultas sobre la situación actual de los exmiembros de los
Supremos Poderes, e incluso se han emitido consideraciones en el sentido de que
dicho régimen se encuentra vigente"

El criterio legal que se adjunta a la consulta (oficio DELE 110-99 del 20 de setiembre de
1999) sostiene que mediante la Ley n.° 7302 de referencia, se derogaron los regímenes
especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional, entre ellos, los contenidos
en la ley n.° 148 ya citada. Al derogarse esta última ley, que en su artículo 13
contemplaba el régimen conocido como Hacienda-Supremos Poderes, solo podrían


pensionarse bajo ese régimen los exmiembros de los Supremos Poderes que hubiesen
cumplido los requisitos previstos en la legislación derogada antes del 14 de enero de
1994, o sea, dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la Ley n.°
7302 (transitorio III, párrafo segundo). Agrega que aquellas personas que no
cumplieron los requisitos en el lapso indicado, pueden jubilarse al amparo de la Ley n.°
7302, pero bajo los requisitos que ésta especificó en su artículo 4, o en su transitorio
III. Finalmente, se indica en el estudio aludido que no es posible admitir que el régimen
Hacienda- Supremos Poderes se encuentre vigente, ni negar que dicho régimen fue
unificado por la Ley n.° 7302


Con la finalidad de tener un panorama más claro acerca de los puntos objeto de
consulta, interesa referirnos, en general, a los objetivos que se pretendieron cumplir
con la emisión de la Ley n.° 7302, así como a los alcances de esa normativa

Al respecto, debemos indicar que como consecuencia de la proliferación de regímenes
especiales de pensiones con marcadas insuficiencias financieras, las cuales debían ser
subsanadas mediante cargos al presupuesto nacional, el Poder Ejecutivo decidió enviar
a la Asamblea Legislativa, en febrero de 1991, un proyecto de ley tendiente a unificar
aspectos claves de todos esos regímenes, para amortiguar el impacto económico que
se estaba presentando en las finanzas públicas. Al explicar ante la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa las bases del proyecto
de ley, el entonces Ministro de Planificación, Dr. Carlos Vargas Pagán, indicó

"El cuerpo vertebral de la ley marco se fundamenta en tres principios básicos; el
primero de ellos es el incremento de la edad de salida como un mecanismo para lograr
un equilibrio actuarial de cada uno de los regímenes a los que se aplica. El segundo
principio es una modificación sustancial de las bases de cálculo de los diferentes
regímenes a los que se aplica, y el tercer principio es el techo, establecer un techo a las
pensiones" (Asamblea Legislativa. Expediente legislativo n.° 11168, folio 338)

Luego, durante el trámite legislativo, el Diputado Soto Zúñiga se refirió a las ventajas
de aprobar una legislación que viniese a unificar - en todo el sector público- tanto los
requisitos para tener acceso a una jubilación, como los beneficios derivados de ésta
En esa oportunidad manifestó lo siguiente

"Esta decisión política de establecerle normas de carácter general a todos los
regímenes, permitirá que el país pueda encontrar a lo largo de los próximos años, los
recursos suficientes, no solo para que los que se pensionen tengan certeza de que van a
recibir una pensión, sino que además con esto se produce un reordenamiento
significativo en el capítulo de gastos del Gobierno, que va a permitir que se reduzcan


las transferencias que para estos regímenes se han venido dando". (Asamblea
Legislativa. Expediente legislativo n.° 11168, folio 538)

Otro objetivo que se pretendió lograr con la Ley n.° 7302, consistía en que todas las
personas que ingresaran a trabajar para el sector público a partir de la entrada en
vigencia de esa ley, se acogieran al sistema de pensiones que administra la Caja
Costarricense de Seguro Social

Al referirse al asunto, el Diputado Rojas Hidalgo indicaba

"… para mí una de las cosas más importantes que se da en este proyecto es establecer
que a partir de la vigencia de esta ley, todas las personas que se incorporen a trabajar
por primera vez en los tres Poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones,
las municipalidades, las instituciones autónomas, las demás instituciones
descentralizadas y en las sociedades anónimas, propiedad del Estado, deberán
acogerse al sistema de pensiones que administra la Caja Costarricense del Seguro
Social, sin perjuicio de que puedan acogerse a sistemas de pensiones complementarias
¿Qué es esto? Que dentro de veinte o treinta años estaremos de verdad unificando y
todo funcionario que ingrese a partir de que rija esta ley, que se va a pensionar dentro
de veinte o treinta años, deberá acogerse al régimen de la Caja Costarricense del
Seguro Social. Si este artículo se hubiera creado hace diez quince o veinte años, no
tuviéramos los problemas de pensiones que tenemos hoy y que sabemos que son muy
serios y muy graves" (Asamblea Legislativa. Expediente legislativo n.° 11168, folio 637)

A pesar de lo anterior, ese propósito, como muchos otros que se pretendieron durante
la tramitación de la ley, no se cumplió, pues, en última instancia, se permitió la
posibilidad de que los nuevos servidores del Poder Judicial y del Magisterio Nacional
siguieran adscribiéndose a regímenes especiales

En definitiva, el ámbito de aplicación del marco regulador de la Ley n.° 7302 se
circunscribió a los regímenes especiales de pensiones y jubilaciones que contaran con
las siguientes tres características: 1) que se tratara de regímenes contributivos; 2) que
tuviesen como base la prestación de servicios al Estado, y, finalmente; 3) que el pago
de los beneficios económicos del régimen estuviese a cargo del presupuesto nacional


Como ya indicábamos al inicio de este dictamen, una de las consultas que se nos
plantean se refiere a la posibilidad de que los exmiembros de los Supremos Poderes
puedan jubilarse al amparo de la ley n.° 148 de 23 de agosto de 1943. Para dar
respuesta a esa pregunta, es importante determinar si como consecuencia de la
aprobación de la Ley n.° 7302, fueron derogados todos los regímenes contributivos de

pensiones con cargo al presupuesto nacional que tuvieren como base la prestación de
servicios al Estado, regímenes dentro de los cuales se encuentra el regulado por la Ley
n.° 148 de referencia

Sobre ese tema, el criterio legal que se adjunta a la consulta sostiene que esa
derogatoria sí se produjo; sin embargo, analizadas las disposiciones derogatorias de la
Ley n.° 7302 - en particular su artículo 41- este Despacho arriba a una conclusión
distinta

Establece la norma en mención lo siguiente

"Artículo 41. Se derogan la ley No. 3825 del 7 de diciembre de 1966 y sus reformas, Ley
de Pensiones de los Beneméritos de la Patria, autores de los símbolos nacionales y
otros y la Ley No. 6984 del 17 de abril de 1985 y sus reformas, Ley de Pensiones a los
Galardonados con el Premio Magón

Esta Ley deroga, además, todas las disposiciones de las leyes que regulan los diferentes
regímenes especiales de pensiones, que se le opongan"

Obsérvese que la norma reción transcrita únicamente deroga en su totalidad la Ley de
Pensiones de los Beneméritos de la Patria, Autores de Símbolos Nacionales y otros, así
como la Ley de Pensiones de los Galardonados con el Premio Magón. Las demás leyes
que regulan los diferentes regímenes especiales de pensiones - entre ellas, la n.° 148
de 23 de agosto de 1943- se derogan parcialmente, pues se dejan sin efecto solo las
disposiciones de esos cuerpos normativos que se opongan a la nueva ley

Evidentemente, el trato distinto que se otorga a las leyes que se citan en el párrafo
primero del artículo 41 transcrito, en relación con las leyes a que se hace referencia
genérica en el segundo párrafo de esa misma norma, obedece a que la intención del
legislador fue derogar totalmente las primeras y solo parcialmente las segundas. De lo
contrario, tal distinción carecería de sentido

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, al rendir su informe
respecto al proyecto que sirvió de base para la aprobación de la Ley n.° 7302, indicó
sobre el tema que nos ocupa lo siguiente

"Más que un Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el
Proyecto en examen lo que hace es unificar los distintos sistemas vigentes en lo relativo
a años de servicio prestados, edad para la jubilación, monto de cotizaciones, cálculo de
la pensión y derechos sucesorios sobre ella. En consecuencia, las leyes respectivas que
fundamentan los regímenes especiales (aquellos diferentes del Régimen General del
Seguro Social) continúan vigentes, derogándose solo en cuanto se opongan a las
nuevas disposiciones […] En materia de derogatorias lo recomendable, conforme a una


sana técnica legislativa, es indicar expresamente las normas que se derogan. Sin
embargo en el presente caso dada la complejidad de la materia se dificulta determinar
a ciencia cierta qué normas se derogan, por lo que resulta admisible la derogatoria
general que contempla la norma." (Asamblea Legislativa. Expediente legislativo n.°
11168, Informe del Departamento de Servicios Técnicos, folios 260 a 281. El subrayado
es nuestro)

El informe transcrito parcialmente con anterioridad, fue analizado por los Diputados
de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, según
consta a folio 291 del expediente legislativo; sin embargo, en esa oportunidad, no se
hizo observación alguna respecto al tema que nos ocupa, lo cual demuestra que los
legisladores sabían que con el proyecto que en ese momento se estaba tramitando, no
se derogaban íntegramente los diferentes regímenes especiales de pensiones con
cargo al presupuesto nacional, sino que, más bien, lo que se hacía era unificar esos
regímenes en algunos aspectos específicos

La Sala Constitucional, al conocer una consulta facultativa de constitucionalidad
planteada por varios diputados una vez aprobado en primer debate el proyecto que
luego llegaría a ser la Ley n.° 7302, señaló

"…el proyecto en realidad no establece un régimen general de pensiones sino que se
limita a imponer determinados correctivos unificadores de los regímenes que modifica
en relación con el general de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social, o con los
exceptuados…" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia n.° 846-
92 de las 13:30 horas del 27 de marzo de 1992. El subrayado es nuestro)

En igual sentido, en una resolución posterior, esa misma Sala indicó

"… la pertenencia a un régimen determinado de pensiones o jubilaciones se adquiere
desde el momento en que se comienza a cotizar en dicho régimen, pero el derecho
concreto a la jubilación se adquiere cuando el interesado cumple con todos los
presupuestos establecidos por ley, y no antes, como lo reclaman los accionantes, al
considerar que la modificación de las condiciones para obtener este derecho es
inconstitucional. Los mismos obstentan un derecho a la pertenencia de un régimen de
pensiones, que en este caso es el régimen de Hacienda, ya que lo que la normativa
impugnada - Ley Marco de Pensiones, número n.° 7302- lo que hizo fue unificar los
diferentes regímenes existentes y crear un "marco común", sin alterar en lo más
mínimo el régimen de pertenencia de pensión de los empleados públicos. En efecto, es
reconocido que tales regímenes están regulados mediante ley, la cual puede ser
modificada o derogada en virtud de otra ley, y pretender que los presupuestos no
pueden ser modificados nunca implicaría crear una limitación a cada régimen de
pensiones y jubilaciones ya existente, que tiene rango constitucional en cuanto a su
creación en general, pero no en cuanto a las especificaciones en particular" (Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia n.° 6124-93 de las 14:30
horas del 23 de noviembre de 1993. El subrayado es nuestro)

Incluso, esta Procuraduría, fungiendo como Órgano Asesor objetivo de la Sala
Constitucional, ha sostenido la tesis de que los regímenes especiales de pensiones
regulados por la Ley n.° 7302, continúan vigentes. Al respecto, se ha dicho

"… la voluntad del legislador no fue crear un régimen general de pensiones, sino
establecer una serie de "correctivos unificadores" de los distintos regímenes especiales,
regímenes que siguen vigentes para aquellos funcionarios que, al momento de entrar
en vigor la Ley, se encontraran ya cotizando para los mismos. Por ello, solo quedarían
sujetos al régimen general de la Caja Costarricense de Seguro Social, los servidores que
ingresarán al funcionariato público con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 7302"
(Informe rendido por la Procuraduría General de la República en el trámite de la acción
de inconstitucionalidad n.° 1466-S-93, planteada por el Sindicato Unión Nacional de
Trabajadores de Obras Públicas y Transportes, contra el artículo 3 del decreto n.°
21996 de de 2 de febrero de 1993, mediante el cual se reglamentó, precisamente, la
Ley n.° 7302)

Otro argumento que apoya la tesis de que los regímenes especiales de pensiones no
fueron derogados en su totalidad por la Ley n.° 7302, consiste en que, con
posterioridad a esta última, se intentó, en un proyecto de ley, realizar esa derogatoria
Nos referimos específicamente al proyecto de ley de "Normalización y Sostenibilidad
del Sistema de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional", el cual, incluso, bajo el
número 7529, alcanzó el grado de decreto ley, al ser aprobado en tercer debate por la
Asamblea Legislativa el día 8 de julio de 1995. El artículo 77 de dicho decreto
legislativo - que no se convirtió en ley de la República debido a que fue vetado por el
Poder Ejecutivo- dispone textualmente

"Artículo 77.- Leyes de regímenes contributivos

Se deroga la siguiente normativa

a. La Ley General de Pensiones, No. 14, del 2 de diciembre de 1935

b. La Ley de pensiones de músicos de bandas militares, No. 15, del 5 de diciembre
de 1935

c. La Ley de jubilaciones y pensiones para los empleados del Ferrocarril Eléctrico al
Pacífico y sus reformas, No.264, del 23 de agosto de 1939

d. La Ley No.5, del 16 de setiembre de 1939 y sus reformas y la Ley No.6934, del
28 de noviembre de 1983, Leyes de pensiones del Registro Público y sus
reformas

 e. La Ley de jubilaciones y pensiones de los empleados de Comunicaciones y sus
reformas, No.4, del 23 de setiembre de 1940

f. La Ley de pensiones y jubilaciones de Hacienda y del Poder Legislativo y sus
reformas, No. 148, del 23 de agosto de 1943

g. La Ley de pensiones y jubilaciones de los empleados del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, No. 19, del 4 de noviembre de 1944

h. La Ley de pensiones para servidores del Poder Ejecutivo que no están protegidos
por el Seguro Social o por otros regímenes de pensiones y jubilaciones y sus
reformas, No. 3607, del 10 de diciembre de 1965

i. La Ley No. 7007, del 5 de noviembre de 1985

j. Los artículos del 1 al 18, del 26 al 34, el 38, del 40 al 42 y los transitorios de la
Ley No.n.° 7302, del 8 de julio de 1992, Ley de creación del régimen general de
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales y
reforma a la Ley No. 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del
impuesto sobre la renta"

Evidentemente, si las leyes anteriores hubiesen sido derogadas por la Ley n.° 7302, no
habría tenido sentido incluirlas dentro de las disposiciones que se pretendían derogar
con el proyecto de ley de "Normalización y Sostenibilidad del Sistema de Pensiones
con cargo al Presupuesto Nacional"

En síntesis, considera este Despacho que existen suficientes razones para afirmar que
las leyes donde se regulan los regímenes contributivos de pensiones con cargo al
presupuesto nacional - entre ellas, la Ley n.° 148 ya citada- no fueron derogadas
integralmente por la Ley n.° 7302, sino que, de esas leyes, solo fueron dejadas sin
efecto las disposiciones contrarias al marco unificador previsto en la Ley n.° 7302. Por
esa razón, una persona que cumpla todos los requisitos previstos en esos regímenes
especiales, incluyendo aquellos que hubieren sido agregados o modificados por la Ley
n.° 7302, sí tienen la posibilidad de jubilarse al amparo del régimen especial al que
pertenezcan

Conviene insistir en que la Ley n.° 7302 no creó un régimen nuevo de pensiones, sino
que, más bien, lo que hizo fue modificar los regímenes existentes en cuanto a la edad
requerida para jubilarse, el tiempo de servicios, la forma de cálculo del beneficio
económico, la forma de calcular los incrementos en el monto de ese beneficio, etc. Por
esa razón, no podría afirmarse válidamente que una persona puede jubilarse con base
en la Ley n.° 7302, sino que lo haría al amparo del régimen de pensiones al que


pertenece, con las modificaciones que, a ese régimen, le hubiere realizado la Ley n.°

Como regla general, llegará el momento en que ninguna persona podrá pensionarse al
amparo de los regímenes especiales de pensiones a los cuales hemos venido haciendo
referencia. Ello debido a que el artículo 38 de la Ley n.° 7302 establece que todas las
personas que se incorporen a trabajar por primera vez al sector público - con
excepción del Poder Judicial y del Magisterio Nacional- luego de la entrada en vigencia
de esa ley, solo podrán pensionarse o jubilarse mediante el Régimen de Invalidez Vejez
y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social


Aparte de consultarnos acerca de la posibilidad de que la Ley n.° 7302 hubiese
derogado los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional, se
solicita nuestro criterio además, respecto a los requisitos que deben reunir los
exmiembros de los Supremos Poderes para hacer efectivo su derecho jubilatorio. Para
contestar esa pregunta, resulta imprescindible analizar el alcance de las disposiciones
transitorias previstas en la Ley n.° 7302, con la finalidad de incluir dentro de la
respuesta, tanto los requisitos que deben cumplir las personas cuya situación se regula
en las disposiciones generales de la ley, como los que deben cumplir aquellas cuya
situación se encuentre comprendida dentro de esos transitorios

Al respecto, conviene indicar que originalmente, el proyecto que sirvió de base para la
aprobación de la Ley n.° 7302 contemplaba, como requisitos para poder optar a la
jubilación, contar con treinta años de servicio y, al menos, con sesenta años de edad
en el caso de las mujeres y sesenta y dos en el caso de los hombres. También podrían
jubilarse extraordinariamente quienes contasen con 65 años de edad y 20 de servicio

En cuanto a las disposiciones transitorias, el proyecto establecía que podrían jubilarse -
aún después de la entrada en vigencia de esa ley- aquellas personas que hubiesen
cumplido todos los requisitos previstos en los regímenes especiales a los que
pertenecían (Transitorio I); así como quienes hubiesen acumulado 30 años de servicio
y hubiesen llegado a la edad prevista en una tabla adjunta (Transitorio II). En dicha
tabla, se disminuía progresivamente la edad de retiro conforme mayor fuera la edad
de la persona al momento de la entrada en vigencia de la ley. Así, en el caso de los
hombres, quienes tuvieran de 45 a 47 años de edad en el momento en que entrara en
vigencia la ley, se retirarían a los sesenta y dos años; quienes tuvieran cuarenta y ocho,
se retirarían a los sesenta y un años y seis meses; quienes tuvieran cuarenta y nueve,
se retirarían a los sesenta y uno; y así sucesivamente hasta llegar a las personas que
tuvieren cincuenta y siete o más años de edad, los cuales podrían retirarse en el
momento en que cumplieran los treinta años de servicio que exigiría la ley. Una


situación similar ocurría con la tabla para las mujeres (Expediente legislativo, folios 12,
13 y 14)

Como parte del trámite legislativo, el proyecto - que originalmente fue conocido en la
comisión de Asuntos Sociales- fue trasladado a la Comisión de Asuntos Hacendarios
Esta última creó una subcomisión en cuyo informe final (visible a folios 510 y
siguientes del expediente legislativo) se disminuyó la edad de retiro a sesenta años, sin
hacer distinción alguna entre hombres y mujeres. Del mismo modo, se aprobó la
creación de tres artículos transitorios. En el primero de ellos se dispuso que quienes
habían ocupado el cargo de Diputados, podían solicitar dentro de los tres meses
posteriores a la entrada en vigencia de esa ley, su inclusión en el régimen establecido
en el Capítulo IV de esa misma ley. En el segundo se indicó que quienes hubiesen
cumplido los requisitos para jubilarse al amparo de los regímenes especiales de
pensiones a que pertenecían antes de la entrada en vigencia de la ley, conservarían el
derecho a jubilarse bajo las reglas de esos regímenes. Y, en el tercero, se regulaba lo
relativo a la tabla a que ya hemos hecho mención. Dicha tabla establecía que las
personas que contaran con cuarenta y cinco años al momento en que entrara en
vigencia la ley, se jubilarían a los sesenta años; quienes tuvieran cuarenta y seis, se
jubilarían a los cincuenta y nueve años y seis meses; quienes tuvieran cuarenta y siete,
se jubilarían a los cincuenta y nueve; y así sucesivamente, hasta llegar a las personas
que tuviesen cincuenta y cinco o más años a la fecha de entrada en vigencia de la ley,
quienes se jubilarían al momento de cumplir los años de servicio regulados en el
régimen especial al que pertenecían

Sin realizar modificación alguna al proyecto presentado por la Subcomisión nombrada
al efecto, la Comisión de Asuntos Hacendarios rindió dictamen afirmativo unánime en
relación con el proyecto (folios 541 y siguientes del expediente legislativo). Con
posterioridad a ello, se hicieron varios intentos por modificar la tabla a que nos hemos
venido refiriendo, con la finalidad de hacerla más flexible. Por ejemplo, los Diputados
Soto Zúñiga y Oreamuno Blanco, plantearon una moción en ese sentido, la cual fue
desechada, según consta al folio 740, en relación con el 1272 y el 1274 del expediente
legislativo. Lo mismo ocurrió con una moción planteada por el Diputado Rodríguez
Hernández, moción que, incluso, fue reiterada ante el plenario con resultados
igualmente negativos, según pude comprobarse de la lectura del folio 740, en relación
con el 1274, 1275, 1421, 1441 y 1445 del expediente legislativo

Luego de desechada la moción anterior, el Diputado Soto Zúñiga se refirió a la
necesidad de flexibilizar la tabla, en los siguientes términos

"Quiero respetuosamente solicitarle a los señores Diputados que en este tema de la
tabla que va a regir el período de pensión para los costarricenses que se adscriban a
estos regímenes, meditemos con la mayor seriedad. He escuchado de parte de los


Diputados Pacheco Salazar, Tovar Faja, Villalobos Villalobos, Rojas Hidalgo y otros más,
críticas fuertes hacia la tabla que se aprobó en la Comisión de Asuntos Hacendarios,
porque esta tabla la hemos considerado todos y en especial también el señor
Presidente de la Comisión de Hacendarios, don Carlos Castro, la hemos considerado
una tabla severa, una tabla que sencillamente lo que hace es condenar a los
costarricenses, aún en las situaciones más difíciles desde el punto de vista de trabajo
versus años de cotización, de trabajo o años de cotización versus edad, y lo que
tenemos que hacer es buscar el justo medio" (Asamblea Legislativa, Expediente
Legislativo n.° 11.168, folio 1445)

Aparte de los intentos por modificar la tabla, se pretendió además introducir
disposiciones transitorias tendientes a reconocer en el futuro algunos derechos a
cierto grupo de servidores. En ese sentido, la Diputada Rodríguez Quesada y la
Diputada Sancho Barquero plantearon las mociones que de seguido se transcriben,
respectivamente

"Moción de la señora Diputada Rodríguez Quesada

Para que se agregue un transitorio más que se leerá así

Transitorio IV.- Los servidores que al entrar en vigencia la presente ley, tuvieren más de
veinte años de servicio o cincuenta años de edad, tendrán derecho a jubilarse conforme
a las reglas que actualmente les rige y que la presente deroga, siempre que reúnan los
requisitos establecidos en esa ley." (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.°
11.168, folio 697, en relación con el 830, 900, y el 1139)

"De la Diputada Sancho Barquero

‘Para que se incluya un transitorio más que dirá así: ‘Transitorio 4º: Al entrar en
vigencia la presente ley, los servidores con un mínimo de veinte años de laborar en la
Administración Pública y que estén cotizando legalmente para cualquier régimen de
pensión especial, conservarán los derechos de ese régimen’." (Asamblea Legislativa,
Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 730, en relación con el 1176, 1210 y el 1341)

Evidentemente, las mociones transcritas tenían como objetivo propiciar que algunos
servidores que habían completado un determinado período de servicios, o que habían
alcanzado una edad predeterminada, se jubilaran con sujeción a las reglas que regían
los regímenes especiales de pensiones a que pertenecían; sin embargo, como ya
indicábamos, ambas iniciativas fueron desechadas

Concomitantemente con las anteriores mociones, se conoció una iniciativa del
Diputado Rojas Hidalgo que pretendía dar al servidor la opción de acogerse a la tabla a
la cual nos hemos referido, o bien, de jubilarse con los requisitos originales del


régimen especial al que pertenecía, pero cotizando, en tal supuesto, con el 14% de su
salario y luego con el 14% de su pensión, hasta completar sesenta años. El texto de esa
moción indicaba

"Diputado Rojas Hidalgo

‘Para que se agregue un nuevo párrafo al Transitorio III después de la tabla que se lea
así: Las personas indicadas en el párrafo I de este Transitorio y en el Capítulo IV de esta
ley, podrán optar para ante el Departamento de Pensiones del Ministerio de Trabajo,
dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta ley, entre acogerse a la
tabla anterior y jubilarse al cumplir los requisitos de la legislación que se deroga, pero
en este último caso deberán cotizar con el 14% sobre el monto de su salario hasta el
momento en que se acojan a la pensión y después de acogerse a ésta con un 14% sobre
la misma hasta cumplir los sesenta años de edad, después de la cual continuarán
cotizando conforme les corresponda según la presente ley. Las plazas que quedaren
vacantes respecto a las personas comprendidas en el Capítulo I de la presente ley, no
podrán ser llenadas y se suprimirá el código respectivo, salvo que la Autoridad
Presupuestaria por resolución razonada las declare imprescindibles.’" (Asamblea
Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 736 en relación con el 1102 y el
1265)

Al expresar las razones que lo motivaron a presentar esa moción, el Diputado Rojas
Hidalgo indicó

"En realidad lo que se pretende es dar alguna otra opción de la tabla. Algunas personas
nos han manifestado que es muy dura, que les faltan dos meses, que les falta un año
En principio no pretendía presentar la moción, pero lo hice para que se discutiera
tampoco es un asunto de Estado, pero como pienso que es opcional, no es obligatorio
para ningún funcionario y allá el funcionario que quiera acogerse, un 14 y un 14% es
bastante duro. También pensando que el funcionario que se pensione, normalmente no
se va a casa a descansar, se va a la empresa privada, y que el cotizar con un 14% sobre
el monto de su salario, permitiría que algunas personas se puedan pensionar
Simplemente la dejo a criterio de los compañeros Diputados" (Asamblea Legislativa,
Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1266)

La moción anterior fue aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios, según
consta a folio 1266 del expediente legislativo

A pesar de lo anterior, nuevamente se presentó ante el Plenario Legislativo una
moción tendiente a modificar, de manera integral, el transitorio tercero del proyecto
de ley. Dicha moción - que surgió de un acuerdo de los jefes de fracción- fue la que
sirvió de base para la aprobación posterior del transitorio tercero de la Ley n.° 7302
vigente. La moción de referencia originalmente indicaba


Para que el Transitorio III, se lea así

‘Aquellas personas que de acuerdo con esta ley su edad para pensionarse o jubilarse
ordinariamente queda establecida a los sesenta años y que al entrar en vigencia esta
ley tengan al menos diez años de servicio, podrán descontar de la edad de retiro un año
de edad por cada dos años servidos y cotizados para la administración pública. En todo
caso, para poder pensionarse o jubilarse se requerirá tener un mínimo de cincuenta y
cinco años de edad y treinta años de servicio, así como haber cumplido con los
requisitos del régimen respectivo

No obstante, quienes al entrar en vigencia esta ley les reste menos de dieciocho meses
para poder pensionarse o jubilarse según los requisitos originales de la legislación que
se deroga, podrán pensionarse o jubilarse al cumplir aquellos requisitos, pero en este
caso deberán cotizar con el 14% del monto de su pensión hasta cumplir los sesenta
años de edad, después de la cual continuarán cotizando conforme les corresponda
según la presente ley. Las plazas que quedaren vacantes respecto a las personas
comprendidas en el Capítulo I de la presente ley no podrán ser llenadas y se suprimirá
el código respectivo, salvo que la autoridad presupuestaria por resolución razonada las
declare imprescindibles’ " (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168,
folio 1499)

Por acuerdo del Plenario Legislativo, la moción reción transcrita fue remitida -
conjuntamente con otras- a la Comisión de Asuntos Hacendarios para su trámite. Una
vez ahí, varios Diputados hicieron uso de la palabra para referirse a ella. Por ejemplo,
el Diputado Rudín Arias indicó

"Estas mociones son producto de una negociación entre los jefes de fracción y las
fracciones presentes en la Asamblea Legislativa, debo decirles que no todas me gustan,
que me parece que desmejoran el proyecto a como estaba antes, sin embargo, según
tengo entendido se nos ha dicho, es la forma de darle viabilidad a este proyecto, de
permitirle que pueda ser ley de la República

De las que menos me gustan es la que modifica la tabla, en el sentido de que pasa la
edad para pensionarse a los 55 años y prácticamente se elimina en su mayoría la edad
de los 60 años

Pero con todo, en aras de que este proyecto sea Ley de la República, por lo menos en
los aspectos que se conservan, voy a darle el voto a estas mociones para que podamos
por lo menos saber de que cuando las personas que están bajo los regímenes que se
enumeran dentro de esta ley se vayan pensionando y ya no queden activos de los que
están ahora, llegará un régimen mayoritario para casi toda la Administración Pública,

el de la Caja Costarricense del Seguro Social, me parece que es uno de los logros más
importantes del proyecto, aunque para los empleados públicos que están activos en
este momento y que se encuentran acogidos a algún régimen de éstos, seguirá vigente
prácticamente para ellos tal y como está el proyecto en estos momentos" (Asamblea
Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1520)

Por su parte, uno de los proponentes de la moción, el Diputado Tovar Faja, se hizo
presente a la Comisión de Asuntos Hacendarios para explicar los alcances de la
iniciativa. Específicamente, en cuanto al párrafo segundo del transitorio III propuesto,
indicó

"El segundo párrafo del Transitorio III que actualmente estaba en el dictamen, decía
que todos aquellos que tuviesen más de 45 años podían pensionarse incluso a los 50
años de edad, siempre y cuando evidentemente contaran con los 30 años de servicio,
salvo que desde el momento en que definieran su decisión de jubilarse porque tenían
que notificarlo así al Departamento del Ministerio de Trabajo y hasta los sesenta años
iban a pagar el 14% de cotización, pero en efecto, a todos aquellos que tenían 45 años
se les permitía pensionarse a los 50 años

Este segundo párrafo lo que hace es que solamente aquellos que les falte 18 meses
para pensionarse, podrían pensionarse con los requisitos originales de la legislación
que se deroga, pero en ese caso tendrían que pagar, si fuere antes de los 60 años que
se pensionan, el 14% del momento en que se pensionan hasta que cumplan los 60 años,
es decir, en esto si se quiere utilizar el término, se endurece la propuesta original, de 45
a 48 y medio" (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1532)

En lo concerniente al párrafo primero del Transitorio III, el mismo Diputado explicó lo
siguiente

"En cuanto al primer párrafo, ustedes saben y consta en el expediente, que tirios y
troyanos llegaron a determinar que la tabla que se había propuesto era sumamente
injusta, porque la tabla que estaba en el dictamen, solamente tenía en cuenta los años
de edad y no los años de servicio, entonces, si ustedes toman como ejemplo el caso de
una persona que tuviese en el momento en que la ley se publicase 49 años y 11 meses,
es decir, que le faltara un mes para los 50 años, resulta que si esa persona tenía 20
años de servicio, tendría que esperar diez años más. Pero si tenía 29 años y 11 meses
de trabajo, es decir, que le faltaba solo un mes, resulta que lo tiraban a 57 años y 6
meses, no hacía ninguna diferenciación entres años servidos, sino años de edad y
lógicamente eso llevaba a conclusiones sumamente duras e injustas

De ahí que la Comisión que se formó conoció de varias alternativas, yo mismo presenté
algunas y de todas las iniciativas la que más gusto fue esta que se propone aquí como
primer párrafo por ser más justa, en virtud de que en primer lugar se tiene en cuenta

los años servidos y en segundo lugar, que a pesar de eso no se permite que nadie se
pensione a los 50 años mínimo sería 55, en este caso

Esto porque lo que se propone en lugar de tablas tan difíciles y francamente yo dudo
mucho en que lo haya hecho un actuario, lo que se propone es esto, que partiendo de
los 60 años que la ley fija, cualquier funcionario rebaje de esos 60 años un año por cada
dos servidos en el momento en que entra la ley en vigencia y lo baje los 60 años. Por
ejemplo, una persona que tenga 28 años servidos en el momento en que entra la ley,
puede rebajar de esos 60, 14 años, es decir, 28 dividido entre 2 y 60 menos 14 años son
46 años, no podría hacerlo con menos de 55 años

Una persona que tenga 10 años de servicio, que es el mínimo que se pone, porque de
ahí en adelante todos deben pensionarse con los 60 años, podría bajarle 5 años a los 60
años, entonces se pensionaría a los 55. Lo que se busca con esto son los principios
básicos de la ley que es la posposición de la pensión, pero no en los términos en que
estaba la tabla; esa es la idea de este planteamiento que me parece que es más justa y
que el que tenga menos de diez años de servicio va para los 60 de una vez y se está
logrando uno de los pasos importantes de esta ley, que es el de la posposición de la
pensión" (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1532- 1533)

Después de que se produjo la explicación anterior, el Diputado Rudín Arias preguntó al
Diputado Tovar Faja porqué, siendo necesario un período mínimo de servicios de 10
años para optar al transitorio, se utilizaba la fórmula de descontar de la edad de retiro
un año por cada dos laborados, en vez de indicar expresamente que quienes tuviesen
10 años o más de servicio se retirarían a los 55 años. La respuesta fue la siguiente

"Le voy a decir porqué ocurrió eso, porque antes los 10 años no existían, cuando se
redactó por primera vez ese primer párrafo, lo de los diez años no existía, entonces
jugaba para toda la gama de edades, por ejemplo, Jorge Eduardo Sánchez, que tuviese
dos años de servicio público, se ganaba uno y podía pensionarse a los 59 años, y así por
el estilo, pero a final de cuentas se pensó y con una propuesta de don Miguel Angel
Rodríguez, que se pusiera piso a eso, y se le puso diez años y a la larga al hacer los
números resulta exactamente decir lo mismo que lo que propone el Diputado Rudín

En este sentido sería una cuestión de forma que bien podría perfectamente arreglarse"
(Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1534)

Finalmente, la moción a la cual nos hemos venido refiriendo, fue aprobada por la
Comisión de Asuntos Hacendarios, según consta a folio 1536 del expediente legislativo

Con posterioridad a ello, varios Diputados intentaron modificar el transitorio. Entre
esos legisladores estaba la Diputada Sancho Barquero, cuya propuesta fue la siguiente


"Modifíquese el Transitorio III el cual deberá leerse así

Aquellas personas que queden cubiertas por los regímenes establecidos en el Capítulo I
y en el Capítulo IV de esta Ley y que a la promulgación de la misma están cotizando
legalmente para ello, podrán descontar de la edad de retiro dispuesta por el artículo 4º
de la presente ley, un año de edad por cada dos años servidos y cotizados para la
Administración Pública, también al momento de entrar en vigencia la presente ley. En
este caso, para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener un mínimo de 30 años
de servicios para la Administración Pública, así como haber cumplido con los requisitos
originales del régimen o regímenes que se deroguen. Sin embargo, quienes así se
jubilen o pensionen, deberán cotizar con el 14% del monto de su pensión, hasta cumplir
los 60 años de edad, después de lo cual continuarán cotizando conforme les
corresponda según la presente ley. Las plazas que quedaren vacantes respecto a las
personas comprendidas en el Capítulo I de esta Ley, no podrán ser llenadas y se
suprimirá el código respectivo, salvo que la autoridad presupuestaria por resolución
razonada las declare imprescindibles." (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.°
11.168, folio 1588)

Esta moción, que pretendía básicamente eliminar el requisito de contar con diez años
de servicio para ser beneficiario del transitorio, fue desechada según consta a folios
1588- 1677- 1682 y 1695 del expediente legislativo

Luego fue presentada otra moción por varios Diputados en los siguientes términos

"Para que el texto del párrafo primero del Transitorio III se lea así: aquellas personas
que de acuerdo con esta ley su edad para pensionarse o jubilarse ordinariamente
queda establecida a los 60 años, y que a la entrada en vigencia de esta ley son o han
sido servidores de los regímenes contemplados en esta norma, podrán descontar de la
edad de retiro un año por cada dos años servidos y cotizados, en su caso para la
Administración Pública. En todo caso, para poder pensionarse o jubilarse se requerirá
tener un mínimo de 55 años de edad y los años servidos que determine su respectivo
régimen." (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1589)

Mediante esta moción - cuyo texto es muy similar al que luego llegó a aprobarse
definitivamente- se pretendía eliminar no solo el requisito de contar con diez años de
servicio para ser beneficiario del transitorio, sino, además, los 30 años de servicio que
se exigían genéricamente para optar por la jubilación, estableciéndose, en su lugar,
que el tiempo servido para poder jubilarse sería el que determinara el régimen al cual
estaba sujeto cada persona. Esta moción no fue aprobada, según puede comprobarse
de la lectura de los folios 1589- 1729- 1732 y 1735 del expediente legislativo

Fue desechada además, una moción similar a la anterior, presentada por el Diputado
Aguilar González (folio 1664, en relación con el 1757-1775 y 1794 del expediente

legislativo) y otras tres planteadas por la Diputada Rodríguez González (la primera de
ellas, según consta a folios 1754-1774- y 1792 del expediente legislativo; la segunda,
según consta a folios 1755, 1775 y 1793 del expediente legislativo; y, la tercera, según
consta a folios 1756, 1775 y 1793 del expediente legislativo)

Posteriormente, la moción a que se hizo referencia en el párrafo trasanterior,
presentada por varios Legisladores, entre ellos el Diputado Aguilar González, fue
reiterada por este último, en los siguientes términos

"Moción de reiteración del Diputado Aguilar González

‘Para que la Asamblea se constituya en Comisión General y conozca la moción adjunta’

La moción adjunta dice

‘Para que el texto del párrafo primero del transitorio tercero se lea así: Aquellas
personas que de acuerdo con esta ley su edad para pensionarse o jubilarse quede
establecida a los sesenta años y que a la entrada en vigencia de esa ley, son o han sido
servidores de los regímenes contemplados en esa norma, podrán descontar de la edad
de retiro un año por cada dos de los años servidos y cotizados para la Administración
Pública, a la entrada en vigencia de esta ley. En todo caso, para poder pensionarse o
jubilarse se requerirá tener un mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años
servidos que determine su régimen’" (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.°
11.168, folio 1852)

La moción para constituir al Plenario Legislativo en Comisión General, fue aprobada
según consta a folio 1855 del expediente legislativo, por lo que se inició la discusión de
la moción de fondo, tendiente a modificar el texto del párrafo primero del transitorio
tercero

En esa discusión, la Diputada Sancho Barquero indicaba lo siguiente

"Indudablemente que el asunto que está en discusión merece un comentario
importante de parte de los miembros de esta Asamblea y particularmente, a mí me
interesa sobremanera el tema que se refiere a reconocer derechos adquiridos de los
trabajadores. Ya en otras oportunidades había venido trabajando y exponiendo mis
argumentos para defender la situación de los trabajadores que se encontraban
incluidos en determinados regímenes especiales y para que ellos puedan continuar con
lo que establecían esos regímenes y obtener así su pensión

Se dejó claro en varias oportunidades que era importante reconocer que los
trabajadores, que los funcionarios cuando estaban en un régimen ya ellos tenían un
expectativa para pensionarse con ese régimen y que por lo tanto no era conveniente,
desde ningún punto de vista, obligarlos a introducirse, violenta y abruptamente en otra

situación. Es decir, en todo momento he abogado por la transitoriedad, con el
propósito fundamental de que el paso de una situación a otra, no se dé en forma
violenta, en forma brusca, sino, como su término lo dice, en forma transitoria

La moción que se está discutiendo acá está sustentada en otras que he presentado y
que no han tenido éxito y en alguna oportunidad, en la misma Comisión de
Hacendarios, estuve defendiendo este tipo de transitoriedad y el problema que se
estaba creando al extender el período para pensionarse, afectando a algunos
trabajadores." (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1858 y
1859)

Por su parte, el legislador Pacheco Salazar, quien estaba en contra de aprobar la
moción, manifestó

"Me parece que algunos compañeros no ha entendido qué es lo que quiere decir
verdaderamente esta moción. El transitorio tercero de la ley establece que aquellas
personas que de acuerdo con esta ley su edad para pensionarse o jubilarse
ordinariamente queda establecida a los 60 años y que al entrar en vigencia esta ley
tengan al menos diez años de servicio, podrán descontar de la edad de retiro un año de
edad por cada dos años servidos y cotizados para la administración pública. En todo
caso, para poder pensionarse o jubilarse se requerirá un mínimo de 55 años

Lo que la moción del Diputado Aguilar González pretende, es bajar el piso del
descuento. El texto de la ley actualmente le rebaja únicamente a aquellos que tengan
diez años o mas de servicio y diez años o más de cotización. La moción lo que hace es
empezarle a descontar a todos aquellos que tengan de dos años para arriba, o sea,
favorece a los que tengan menos de diez años de cotizar para determinado régimen
Eso equivale, ni más ni menos, a borrar ese número mágico de los 60 años y permitir
que aquellas personas que tengan menos de diez años de trabajar, puedan pensionarse
descontando un año por cada dos años de servicio

Quiero decir que personalmente no puedo aprobar esa moción, no la puedo aprobar
porque definitivamente estamos convirtiendo este proyecto de ley, cada vez, en menos
ley, cada vez en menos se ha rectificado, cada vez más se ha ido desnaturalizando el
proyecto, cada día queda menos marco, como decía la señora Diputada Rojas Prado
"de este proyecto ya ni el marco queda"

Mal empezamos esta tarde si empezamos a aprobar mociones de este tipo. Por mal
camino empieza el Plenario esta tarde si cogemos por ese camino de ir disminuyendo
edades y de ir manteniendo privilegios


Anuncio que le daré mi voto negativo a esta moción, porque considero que no debe
aprobarse porque esto desmejora sustancialmente el proyecto." (Asamblea Legislativa,
Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1868)

Luego de la intervención del Diputado Pacheco Salazar, la moción de fondo fue
sometida a votación y resultó aprobada, según consta a folio 1869 del expediente
legislativo. Posteriormente, el Diputado Oreamuno Blanco y otros, plantearon una
solicitud para que se revisara esa votación, según consta a folio 1889 del expediente
legislativo. En la discusión de esa iniciativa, el proponente indicó

"… en esta moción que se aprobó, inocentemente se dice que es el mismo texto que ya
existía; incluso un estimable compañero de la Fracción mía y cuando me resistí a
votarlo, me dijo: es exactamente el mismo texto. Ese mismo compañero de Fracción no
se había percatado de lo que existía y es que se está eliminando el piso de los diez años
Es decir, esto que está contenido en este transitorio, que es un beneficio, es una ventaja
adicional, por lo menos decimos: ‘que gocen de él aquellas personas que tengan diez
años de trabajar’. Pero ya aquí se elimina, entonces puede suceder que una persona
que tenga dos años de trabajar, ya tiene este beneficio donde se le descuenta de la
edad de retiro, un año por cada dos años servidos

Fíjense, que ya entonces bastaría que una persona estuviera reción ingresado para que
ya pudiera estar pensando en la moción y tener ese beneficio eventualmente

Lo otro que también es un cambio, aparentemente muy inocente, es que el texto
original decía: ‘En todo caso para poder pensionarse o jubilarse se requerirá tener un
mínimo de cincuenta y cinco años de edad y treinta años de servicio’. Esto es un
mínimo en una sociedad tan pobre como la nuestra, es un mínimo absoluto, fijar
cincuenta y cinco años de edad y treinta años de servicio, pero hay compañeros que no
lo entienden así y que creen que debe cambiarse para que se diga que deben tener un
mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos que determine su
régimen. Ese régimen puede determinar que son menos de cincuenta y cinco años"
(Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1890 y 1891)

Después de la intervención del Diputado Oreamuno Blanco, hizo uso de la palabra el
Diputado Aguilar González en los siguientes términos

"Esta moción no es para beneficiar a unos cuantos, es para beneficiar a cien mil
costarricenses que entraron a un régimen de pensiones y tienen derecho a permanecer
en él y que no van a ser sujetos de un trato desigual a la ley. Porque ya la Sala
Constitucional nos lo ha dicho muchas veces

Así es que compañeros, con todo respeto, les pido mantenerse en el voto de ayer. Esto
no perjudica a nadie, sino que hace una ley más humana, más aceptable socialmente,

evitando que nos castigue a los que estamos ganando aquí doscientos cincuenta mil
colones, de draconianos, de rígidos, de inflexibles, frente a todos aquellos
costarricenses que por muchas razones, apenas ganarán un diez por ciento de eso y no
les queremos reconocer en nada el que pertenezcan a un sistema de pensiones del
Estado" (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo n.° 11.168, folio 1896)

Finalmente, la moción planteada con el objetivo de revisar la votación recaída respecto
a la reforma al párrafo primero del transitorio III del proyecto de ley fue rechazada,
según consta a folio 1901 del expediente legislativo. Como consecuencia de ello,
quedó firme el texto propuesto por el Diputado Aguilar González. Ese mismo texto,
con las modificaciones de forma realizadas por la Comisión Permanente de Redacción
(cuyo informe consta a folios 2237 y siguientes del expediente legislativo) fue el que en
definitiva se aprobó como Ley de la República, siendo el que se encuentra en la
actualidad vigente

La anterior reseña del trámite legislativo del transitorio III de la Ley n.° 7302 es útil
para tener claros los alcances de esa norma y sus implicaciones respecto al tema en
consulta

Al respecto, obsérvese que la versión definitiva del transitorio no exige, como sí lo
hacía la propuesta original, 10 años de servicio para poder reducir proporcionalmente
los sesenta años de la edad de retiro en un año por cada dos servidos y cotizados. De
esa forma, todos aquellos servidores que a la entrada en vigencia de la Ley n.° 7302 (15
de julio de 1992) tuviesen dos o más años servidos y cotizados para un régimen
especial de pensiones, podrán reducir, en los términos ya indicados, su edad de retiro,
siempre que al momento de jubilarse cuenten, al menos, con cincuenta y cinco años
de edad

Aunado a lo anterior, se desechó también, de la propuesta original del transitorio, el
requisito de contar con treinta años de servicio para poder optar a la jubilación,
estableciéndose, más bien, que para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener
un mínimo de cincuenta y cinco años de edad "y los años servidos que determine su
régimen". Con ello, aun cuando se asegura que nadie podrá jubilarse antes de cumplir
cincuenta y cinco años de edad, se deja abierta la posibilidad de que las personas que
se encuentren dentro de los presupuestos del párrafo primero del transitorio III, se
jubilen con menos de treinta años de servicio, en los casos en que el régimen especial
al que pertenecen así lo permita

En definitiva, el párrafo primero del transitorio III de la Ley n.° 7302 hizo dos
concesiones a los servidores que tuviesen dos años o más de servir a la Administración
Pública y de cotizar para un régimen especial de pensiones al momento de entrar en
vigencia esa ley. La primera de ellas consistió en reducir la edad de retiro conforme
mayor fuera - en ese momento- la cantidad de años servidos y cotizados para un

régimen especial. La segunda radicó en no variar a esas personas los años de servicio
requeridos en su régimen especial para poder jubilarse

Obsérvese, dicho sea de paso, que quienes ingresaron al régimen especial de Hacienda
con base en la Ley n.° 7013 de 18 de noviembre de 1985, no podrían beneficiarse del
párrafo primero del transitorio en estudio, pues dicha ley, al momento en que entró en
vigencia la n.° 7302, ya había sido derogada por la n.° 7268 de 14 de noviembre de
1991, de manera tal que esas personas no pertenecían ya a ese régimen especial de
pensiones. Con posterioridad a la derogatoria de la Ley n.° 7013, la Sala Constitucional,
mediante Voto n.° 1633-93 de las 14:33 horas del 13 de abril de 1993, decidió anularla,
reconociendo derechos adquiridos solo a aquellas personas que estaban jubiladas, a
las que ya habían cumplido los requisitos para jubilarse, y a las que cumplieran esos
requisitos dentro de los 18 meses posteriores a la derogatoria, plazo que venció el 19
de mayo de 1993. De esa forma, para todas aquellas personas que no cumplieron los
requisitos para jubilarse antes del 19 de mayo de 1993, la Ley n.° 7013 dejó de
aplicárseles en el momento en que fue derogada por la n° 7268, o sea el 19 de
noviembre de 1991, fecha que - insistimos- es anterior a la de entrada en vigencia de la
Ley n.° 7302


PODERES

El régimen de pensiones de los exmiembros de los Supremos Poderes se encuentra
regulado en el artículo 13 de la Ley n° 148 de 23 de agosto de 1943, ley que, como ya
hemos indicado, se encuentra vigente con las reformas que le fueron introducidas por
la Ley n.° 7302

El artículo 13 de referencia, en lo que interesa, dispone

"Los ex miembros de los Supremos Poderes, incluidos los vicepresidentes y viceministros
podrán acogerse a los derechos establecidos en este artículo, si no están protegidos por
otros regímenes de jubilación, siempre que hayan servido a la Administración Pública
por un mínimo de diez años y tengan más de cincuenta años de edad, en cuyo caso,
tendrán derecho a una jubilación no menor de diez mil colones mensuales

Se interpreta auténticamente que los exministros y los exviceministros también son
aquellos que ocuparon cargos de Secretario y Subsecretario de Estado. Asimismo
aquellas personas a quienes se les dio el rango de ministro o viceministro"

La disposición reción transcrita, al establecer como requisitos para obtener la
jubilación un período de servicios y una edad menor a la prevista en el artículo 4° de la


Ley n.° 7302, fue implícitamente reformada por dicha ley en cuanto a tales aspectos
Por ello, como regla general, para que los ex miembros de los Supremos Poderes
puedan jubilarse por el régimen especial a que hemos hecho referencia, se requiere -
aparte de haber cumplido los requisitos específicos del régimen- contar con treinta
años de servicio y sesenta de edad

A pesar de lo anterior, las disposiciones transitorias previstas en la Ley n.° 7302
permiten hacer tres excepciones a esa regla, en beneficio de las personas que al entrar
en vigencia esa ley se encontraban cubiertos por el régimen de los exmiembros de los
Supremos Poderes

En primer lugar, las personas que ya habían cumplido los requisitos necesarios para
jubilarse al amparo de ese régimen al momento en que entró en vigencia la Ley n.°
7302, o sea al 15 de julio de 1992, conservan ese derecho (Transitorio II)

En segundo lugar, las personas que cumplieron los requisitos necesarios para jubilarse
al amparo de ese régimen dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que entró
en vigencia la Ley n.° 7302, o sea, al 15 de enero de 1994, conservan el derecho de
jubilarse al amparo de ese régimen (Transitorio III, párrafo segundo)

En tercer lugar, las personas que al momento de entrar en vigencia la Ley n.° 7302
hubiesen servido y cotizado al menos dos años para ese régimen especial, tendrían
derecho a descontar de los sesenta años de la edad de retiro, un año por cada dos
servidos y cotizados. En tal supuesto, por disposición expresa de la ley, para poder
pensionarse o jubilarse se requerirá tener un mínimo de cincuenta y cinco años de
edad y los años servidos que determine su régimen (Transitorio III, párrafo primero)
Como ya vimos, los años servidos que exigía - antes de la entrada en vigencia de la Ley
n.° 7302- el régimen especial de los exmiembros de los Supremos Poderes para optar a
la jubilación era de diez años, de manera tal que quienes se encuentren en los
supuestos del transitorio tercero, párrafo primero, de la ley citada, no están obligados
a cumplir 30 años de servicio para jubilarse, sino los diez a que hemos hecho
referencia

V. CONCLUSION

Con fundamento en lo expuesto este Despacho arriba a las siguientes conclusiones

1. Las leyes donde se regulan los regímenes contributivos de pensiones con cargo al
presupuesto nacional - entre ellas, la ley n.° 148 de 23 de agosto de 1943- no fueron
derogadas integralmente por la Ley n.° 7302, sino que, de esas leyes, solo fueron
dejadas sin efecto las disposiciones contrarias al marco unificador previsto en la Ley n.°
7302. Por esa razón, una persona que cumpla todos los requisitos establecidos en esos
regímenes especiales, incluyendo aquellos que hubieren sido agregados o modificados

por la Ley n.° 7302, sí tienen la posibilidad de jubilarse al amparo del régimen a que
pertenecen

2. La Ley n.° 7302 no creó un régimen nuevo de pensiones. Lo que hizo, fue modificar
los regímenes existentes en cuanto a la edad requerida para jubilarse, el tiempo de
servicios, la forma de cálculo del beneficio económico, la forma de calcular los
incrementos en el monto de ese beneficio, etc. Por esa razón, no podría afirmarse
válidamente que una persona puede jubilarse con base en la Ley n.° 7302, sino que lo
haría al amparo del régimen de pensiones al que pertenece, con las modificaciones
que le hubiere realizado a ese régimen la Ley n° 7302 reción citada

3. El párrafo primero del transitorio III de la Ley n.° 7302 hizo dos concesiones a los
servidores que tuviesen dos o más años servidos y cotizados para la Administración
Pública al momento en que entró en vigencia esa ley. La primera de ellas consistió en
deducir de los sesenta años de la edad de retiro un año por cada dos servidos y
cotizados para el régimen, con la salvedad de que la jubilación no podría producirse
antes de que el interesado cumpliera cincuenta y cinco años de edad. La segunda
radicó en no variar a esas personas los años de servicio requeridos en su régimen para
poder jubilarse

4. Como regla general, para que los ex miembros de los Supremos Poderes puedan
jubilarse por el régimen especial regulado en el artículo 13 de la Ley n° 148, ya citada,
se requiere - aparte de cumplir los requisitos específicos del régimen- contar con
treinta años de servicio y sesenta de edad

A pesar de lo anterior, las disposiciones transitorias previstas en la Ley n.° 7302
permiten hacer tres excepciones a esa regla, en beneficio de las personas que al entrar
en vigencia esa ley se encontraran cubiertas por el régimen de los exmiembros de los
Supremos Poderes

En primer lugar, las personas que ya habían cumplido los requisitos necesarios para
jubilarse al amparo de ese régimen al momento en que entró en vigencia la Ley n.°
7302, o sea al 15 de julio de 1992, conservan ese derecho (Transitorio II)

En segundo lugar, las personas que cumplieron los requisitos necesarios para jubilarse
al amparo de ese régimen dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que entró
en vigencia la Ley n.° 7302, o sea, al 15 de enero de 1994, conservan el derecho de
jubilarse al amparo de ese régimen (Transitorio III, párrafo segundo)

En tercer lugar, las personas que al momento de entrar en vigencia la Ley n.° 7302
hubiesen servido y cotizado al menos dos años para ese régimen especial, tendrían
derecho a descontar de los sesenta años de la edad de retiro, un año por cada dos
servidos y cotizados. En tal supuesto, por disposición expresa de la ley, para poder

pensionarse o jubilarse se requerirá tener un mínimo de cincuenta y cinco años de
edad y los años servidos que determine su régimen (Transitorio III, párrafo primero)
Los años servidos que exigía - antes de la entrada en vigencia de la Ley n.° 7302- el
régimen especial de los exmiembros de los Supremos Poderes para optar a la
jubilación era de diez años, de manera tal que quienes se encuentren en los supuestos
del transitorio tercero, párrafo primero, de la Ley n.° 7302, no están obligados a
cumplir 30 años de servicio para jubilarse, sino los diez a que se hizo referencia

De la señora Directora Nacional de Pensiones, atento se suscribe


Lic. Julio César Mesén Montoya

Procurador Adjunto


2. Aplicación de las Leyes sobre Pensiones con Cargo al Presupuesto
Nacional

6 de agosto de 2013
OJ-039-2013
Señora
Ana Julia Araya Alfaro
Jefa de Área Departamento de Comisiones

Estimada señora

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su
oficio de fecha 8 de junio de 2012, por medio del cual nos comunica que la Comisión
Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas, dispuso consultar el criterio de
esta Procuraduría sobre el proyecto de ley denominado “Adición de un Transitorio VIII
a la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, N.° 8461, de 20
de octubre de 2005 y sus Reformas”, proyecto que se tramita bajo el expediente n.°
18219

A. CONSIDERACIONES PREVIAS

En vista de que la gestión que nos ocupa no proviene de un órgano del Estado en
ejercicio de una función administrativa, sino de un órgano parlamentario en ejercicio
de una función legislativa, lo que emitiremos en este caso, como una forma de
colaborar con esa importante labor, no es un dictamen vinculante (pues es evidente
que nuestro pronunciamiento no podría vincular al legislador), sino una opinión
jurídica carente de esos efectos

Además, debemos indicar que el plazo de 8 días previsto en el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no es aplicable en este asunto, por no tratarse
de la audiencia a que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política. Así lo hemos
sostenido en otras oportunidades al señalar

“ … el plazo de 8 días hábiles establecido en el Artículo 157 (...) se refiere a las
consultas que de conformidad con la Constitución (artículo 88, 97, 167 y 190) deben
serle formuladas obligatoriamente a las instituciones del Estado, interesadas en un
determinado proyecto de ley (verbigracia el Tribunal Supremo de Elecciones, la
Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una Institución Autónoma), no así a las
consultas optativas o voluntarias como la presente, que no está regulada por la
normativa de cita.” (Procuraduría General de la República, pronunciamiento OJ-053-
98, del 18 de junio 1998)

Aclaramos, además, que este criterio se basa en consideraciones jurídicas de
constitucionalidad y de legalidad. Queda fuera de nuestras posibilidades emitir un
criterio económico, o de oportunidad y conveniencia, toda vez que esta Procuraduría
es un órgano técnico-jurídico, por lo que nuestra competencia se circunscribe a ese
ámbito

B. ANTECEDENTES

A efecto de tener un panorama general con respecto al proyecto de ley sobre el cual se
solicita nuestro criterio, conviene indicar que la ley n.° 8674 de 16 de octubre de 2008
(mediante la cual se adicionó un transitorio VII a la Ley Reguladora de la Actividad
Portuaria de la Costa del Pacífico, n.° 8461 de 20 de octubre de 2005) creó un sistema
de prejubilación a favor de los exservidores del Instituto Costarricense de Puertos del
Pacífico (INCOP) que fueron liquidados al 11 de agosto de 2006 y que no hubiesen
podido “reinsertarse” laboralmente a la fecha de aprobarse esa ley

Según dicho sistema, los extrabajadores del INCOP que a la fecha de aprobación de la
ley n.° 8674 mencionada contaran con 50 años de edad y no menos de 25 años de
servicio en la Administración Pública, tendrían derecho a una prejubilación con cargo al
Presupuesto Nacional. También contaban con ese derecho los extrabajadores con más
de 50 años de edad y no menos de 20 años de servicio en el sector público, a quienes
se les reconocerían las cuotas que hubiesen aportado para la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) antes de trabajar para el INCOP a efecto de completar los 25 años
de servicios laborales prestados. La prejubilación se cancelaría durante el lapso
necesario para que los extrabajadores del INCOP acumularan los requisitos necesarios
para acogerse a una pensión por vejez del régimen general (invalidez, vejez y muerte)
administrado por la CCSS, momento en el cual cesaría la obligación del Estado


Posteriormente se aprobó la ley n.° 8832 ya citada, mediante la cual se reguló de
nuevo lo relacionado con el sistema de prejubilación a favor de los exempleados del
INCOP. El contenido de dicha ley es muy similar al de la n.° 8674 citada, con la
diferencia fundamental de que no estableció como requisito para optar por la
prejubilación el no haber aportado más de 12 cotizaciones a la CCSS después del 11 de
agosto de 2006, como sí lo hacía la ley n.° 8674 mencionada

Como consecuencia de lo anterior, esta Procuraduría en su dictamen C-225-2010 del
11 de noviembre de 2010, sostuvo que con la aprobación de la ley n.° 8832 citada, se
produjo una nueva regulación integral del tema de la prejubilación a favor de los
exempleados del INCOP cesados a raíz del proceso de transformación y modernización
del Puerto de Caldera, por lo que debía entenderse que los requisitos previstos en la
regulación anterior, es decir, en la ley n.° 8674 de 16 de octubre de 2008, quedaron
tácitamente derogados


De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de ley sobre el cual se nos
confiere audiencia, la iniciativa legislativa pretende incluir a los exempleados del
INCOP en la Ley Marco de Pensiones de Hacienda, con la finalidad de no afectar a la
CCSS como –según indican− sucede en la actualidad

El texto que se propone para alcanzar el objetivo expuesto es el siguiente

“Transitorio VIII.- Todos los ex trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del
Pacífico (Incop), que están bajo la Ley N.° 8674 denominada “Adición del transitorio VII
a la Ley Reguladora de la actividad portuaria de la costa del Pacífico” y Ley N.° 8832,
“Protección y pensión anticipada a los trabajadores cesados a consecuencia del
proceso de modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop)”
que se encuentran temporalmente dentro del Presupuesto Nacional de Hacienda (Ley
Marco N.° 7302), cuando cumplan con la edad requerida para una pensión por medio
de la Caja Costarricense de Seguro Social, no pasarán a ser pensionados del Fondo de
Pensiones que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino que
quedarán permanentemente como pensionados a la Ley Marco N.° 7302, al tener
pertenencia al Régimen Especial Contributivo, citado de manera expresa por el artículo
4 del Reglamento de la misma ley como empleados del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacífico (Incop)

A partir del rige de este transitorio nuevo, todos los ex trabajadores de Incop, jubilados
por las leyes N.° 8674 y N.° 8832 ya citados, que hayan sido trasladados como
pensiones (sic.) al Fondo de Pensiones que administra la CCSS, volverán a su lugar de
origen, Ley Marco de Pensiones de Hacienda, N.° 7302”


De la lectura del texto transcrito es claro que la intención del proyecto es que los
exfuncionarios del INCOP, que obtuvieron una prejubilación con fundamento en lo
dispuesto en las leyes 8674 y 8832 citadas, ya sea que se mantengan en esa condición
(prejubilados) o que hayan pasado a recibir una prestación económica por jubilación
del régimen general (invalidez, vejez, y muerte), queden cubiertos en definitiva por un
régimen especial de pensiones, y no por el régimen general


1. Sobre la utilización de normativa transitoria para la definición del régimen por el
cual pueden jubilarse los exempleados del INCOP

A juicio de este órgano asesor, la normativa transitoria es útil para definir, ante un
cambio legislativo, cuáles disposiciones −las antiguas o las nuevas− se van a aplicar a
las personas o a las situaciones afectadas por ese cambio. Cuando la normativa lo que
persigue es regular de manera distinta una situación, innovando en cuanto a las reglas
aplicables a futuro, no se está en presencia de normativa transitoria

Sobre el punto, la doctrina ha indicado lo siguiente

“Todo cambio legislativo, o en general, la sustitución de una ley anterior por otra
posterior, plantea un difícil y delicado problema, consistente en decidir por cuál de las
dos legislaciones, la antigua o la nueva, han de regularse los actos realizados y las
situaciones creadas o nacidas bajo el imperio de la antigua ley subsistentes al entrar en
vigor la ley nueva. Es éste el problema que tratan de resolver las llamadas normas de
transición o normas de Derecho transitorio, que son normas de carácter formal, en
cuanto que no regulan ellas mismas, de una manera directa, la realidad jurídica, sino
que son normas de colisión que tratan de resolver los conflictos intertemporales. Son,
por consiguiente, normas de remisión a otras normas. Esto es normas indicativas de las
normas que deben ser aplicadas.” (DIEZ-PICAZO (Luis) y otro, Sistema de Derecho Civil,
Madrid, Editorial Tecnos, segunda edición, 1978, pág. 135)

En la situación que nos ocupa, lo que pretende el proyecto de ley es variar el régimen
por el cual se jubilarán de manera definitiva los exempleados del INCOP que se
acogieron a una prejubilación, materia que técnicamente no debería regularse por
medio del derecho transitorio

2. Sobre la remisión a la Ley Marco de Pensiones

El proyecto de ley al cual se refiere este informe hace referencia, en varias
oportunidades, a la Ley Marco de Pensiones

Al respecto, es preciso hacer dos observaciones. La primera de ellas es que no existe,
formalmente, una ley denominada “Ley Marco de Pensiones”, pues la ley n.° 7302 de 8

de julio de 1992 se denomina “Creación del Régimen General de Pensiones con cargo
del Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley No. 7092
del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley de Impuesto sobre la Renta”. La segunda
es que la ley n.° 7302 no creó un nuevo régimen especial de pensiones, sino que su
objetivo fue unificar ciertas condiciones de los regímenes de pensiones existentes,
regímenes que mantuvieron su vigencia después de la promulgación de la ley n.° 7302
citada

La Sala Constitucional, al conocer una consulta facultativa de constitucionalidad
planteada por varios diputados una vez aprobado en primer debate el proyecto que
luego llegaría a ser la ley n.° 7302, hizo énfasis en que ese proyecto no creaba un
nuevo régimen de pensiones

“…el proyecto en realidad no establece un régimen general de pensiones sino que se
limita a imponer determinados correctivos unificadores de los regímenes que modifica
en relación con el general de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social, o con los
exceptuados…”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 846-
92 de las 13:30 horas del 27 de marzo de 1992)

También esta Procuraduría, en varios dictámenes, ha sostenido la tesis de que la ley n.°
7302 no creó un régimen especial nuevo y que los regímenes especiales regulados por
esa ley continúan vigentes. A manera de ejemplo, en el dictamen C-305-2000 del 11
de diciembre del 2000, indicamos lo siguiente

“… considera este Despacho que existen suficientes razones para afirmar que las leyes
donde se regulan los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto
nacional entre ellas, la Ley n.° 148 ya citada no fueron derogadas integralmente por
la Ley n.° 7302, sino que, de esas leyes, solo fueron dejadas sin efecto las disposiciones
contrarias al marco unificador previsto en la Ley n.° 7302. Por esa razón, una persona
que cumpla todos los requisitos previstos en esos regímenes especiales, incluyendo
aquellos que hubieren sido agregados o modificados por la Ley n.° 7302, sí tienen la
posibilidad de jubilarse al amparo del régimen especial al que pertenezcan

Conviene insistir en que la Ley n.° 7302 no creó un régimen nuevo de pensiones, sino
que, más bien, lo que hizo fue modificar los regímenes existentes en cuanto a la edad
requerida para jubilarse, el tiempo de servicios, la forma de cálculo del beneficio
económico, la forma de calcular los incrementos en el monto de ese beneficio, etc. Por
esa razón, no podría afirmarse válidamente que una persona puede jubilarse con base
en la Ley n.° 7302, sino que lo haría al amparo del régimen de pensiones al que
pertenece, con las modificaciones que, a ese régimen, le hubiere realizado la Ley n.°
7302”


El proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia dispone que los
exfuncionarios del INCOP que hubiesen disfrutado de una prejubilación de
conformidad con las leyes 8674 y 8832 citadas, “quedarán permanentemente como
pensionados a la Ley Marco N.° 7302”; sin embargo, la ley n.° 7302 no constituye en sí
un régimen de pensiones, por lo que esa remisión es incorrecta

3. Respecto a la contradicción con los objetivos de la ley n.° 7302

La ley n.° 7302 a la cual hemos venido haciendo referencia, tuvo dentro de sus
objetivos más importantes cerrar la posibilidad de ingreso de nuevos colectivos de
servidores públicos a regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional; sin
embargo, el proyecto de ley en estudio, lejos de ser congruente con ese objetivo,
pretende incluir dentro de un régimen especial a los exservidores del INCOP

Estima este órgano asesor que si bien el legislador está facultado para decidir el
ámbito de cobertura de cada uno de los regímenes especiales de pensiones, no
podemos menos que advertir la existencia de la contradicción apuntada, para que se
valore la oportunidad y conveniencia de la reforma propuesta

Además, nótese que según el proyecto, la jubilación no se produce bajo las
condiciones que indica la ley n.° 7302, sino bajo las condiciones de la normativa del
régimen general, lo cual hace aún más complicada la interpretación y aplicación de la
normativa que se pretende aprobar

E. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría considera que el proyecto de ley
sobre el cual versa este informe no presenta problemas de constitucionalidad, aunque
sí de técnica legislativa que, con todo respeto, sugerimos enmendar. En todo caso, su
aprobación o no implica consideraciones de oportunidad y conveniencia que entran
dentro del ámbito de la discrecionalidad legislativa

Atentamente

Julio César Mesén Montoya

Procurador de Hacienda


 3. Reconsideración Parcial sobre la Aplicación de la Ley sobre el Régimen
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y Ley de
Pensiones de Hacienda

C-136-2004
San José, 5 de mayo del 2004
Elizabeth Molina Soto
Directora Nacional de Pensiones
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Estimado señor

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto de la República, me refiero al
oficio DNP-0373, de fecha 10 de marzo del 2004, por medio del cual, se solicita nuestro
criterio técnico-jurídico, a fin de determinar si con base en las disposiciones vigentes
de la Ley Nº 7302 de 15 de julio de 1992, y a efecto de otorgar una jubilación o pensión
al amparo de los regímenes afectados por dicha normativa –especialmente el del
MOPT-, es posible computar el tiempo servido y cotizado en otras instituciones del
Estado, diferentes a las cubiertas por los regímenes originarios

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4º de nuestra Ley Orgánica –Nº 6815
de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, la presente consulta se acompaña de la
opinión de la asesoría legal respectiva (Oficio número ALE-19-2003 de 9 de marzo del
2004); la cual, en lo que interesa, señala que el marco regulador de la Ley 7302
estableció la posibilidad de que para el otorgamiento de beneficios jubilatorios bajo su
regulación, puedan ser tomados como tiempo de servicio, los años laborados en otras
instituciones del Estado, distintas a las instituciones cubiertas originariamente. Y
agrega que por ello, se permite el traslado de cuotas aportadas a otros regímenes de
pensión

Así las cosas, sobre el particular, debemos indicar lo siguiente

La consulta que se nos plantea, en términos generales, se refiere a la posibilidad de
computar, para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones al amparo de los
regímenes especiales afectados por la Ley Marco (Nº 7302), el tiempo servido y
cotizado en otras instituciones del Estado, diferentes a las cubiertas por aquellos
regímenes originarios

Indudablemente para dar respuesta a esa interrogante, resulta imprescindible analizar
si como consecuencia de la promulgación y entrada en vigencia de la citada Ley Nº
7302, fueron derogadas aquellas normas que, en algunos regímenes especiales


originarios, establecían claras limitaciones al cómputo del tiempo servido fuera de la
institución específica cubierta. Ese es el caso del artículo 5º de la Ley de Pensiones del
Registro Nacional –Ley Nº 5 de 16 de setiembre de 1939-, que establecía una limitación
absoluta en ese sentido, pues autorizaba únicamente el cómputo del tiempo servido
en el Registro. En sentido similar, la Ley de Pensiones de Comunicaciones -Ley Nº 4 de
29 de setiembre de 1940 y sus reformas- (derogada expresamente por la Ley de
Correos, n.° 7768 de 24 de abril de 1998), en su artículo 7º, permitía el reconocimiento
de los servicios prestados en otros ramos de la Administración Pública, hasta por un
máximo de 10 años, siempre y cuando el solicitante, o su causahabiente demostrara
que por los últimos cinco años había laborado en correos, telégrafos, radios nacionales
o teléfonos. Por su parte, el régimen de Obras Públicas y otros empleados -Ley Nº 19
de 4 de noviembre de 1944 y sus reformas- en su ordinal 4º establecía que para el
cómputo del tiempo servido, a aquellos empleados que prestaren servicios en
cualquiera de las dependencias de Fomento o que llegasen a laborar por más de 10
años en éstas, se les abonaría el tiempo servido en otras dependencias públicas,
siempre y cuando no hubiesen conseguido una pensión por esos servicios

Ahora bien, como ya hemos indicado en dictámenes anteriores, por ejemplo en el
número C-305-2000 de 11 de diciembre del 2000, y según lo ha reconocido tanto la
Sala Constitucional (sentencia Nº 6124-93 de las 14:30 horas del 23 de noviembre de
1993) como la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (entre otras muchas, la
sentencia Nº 2002-00622 de las 09:50 horas del 11 de diciembre del 2002), con la Ley
de Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de
otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N° 7.092 del 21 de abril de 1.988 y sus
Reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, denominada también como Ley Marco de
Pensiones (Nº 7302 de 15 de julio de 1992), el legislador procuró unificar los distintos
regímenes especiales de pensiones existentes, que tuviesen como base la prestación
de servicios al Estado y cuyo pago de los beneficios económicos estuviese a cargo del
presupuesto nacional. Por eso, en el artículo 1°, se indicó: “Créase el Régimen General
de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, al cual se ajustará, en lo sucesivo, el
otorgamiento de todas las jubilaciones y pensiones de los regímenes contributivos que
tengan como base la prestación de servicio al Estado, originada con anterioridad a la
entrada en vigencia de esta Ley y cuyo pago esté a cargo del Presupuesto Nacional
Para los funcionarios que ingresen a servir al Estado con posterioridad a la entrada en
vigencia de esta Ley, se aplicará lo que dispone el artículo 38.”

Los regímenes que se contemplan en ese artículo 1°, según lo dispone el artículo 2º del
Decreto Ejecutivo N° 21.996 de 2 de febrero de 1993, por el cual se dictó el
Reglamento a Ley N° 7302, son los siguientes: a) Comunicaciones -Ley Nº 4 de 29 de
setiembre de 1940 y sus reformas-; Obras Públicas y otros empleados -Ley Nº 19 de 4
de noviembre de 1944 y sus reformas-; Empleados del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles (INCOFER) -Ley Nº 264 de 23 de agosto de 1939-; Registro Nacional –Ley

Nº 5 de 16 de setiembre de 1939-; Músicos de Bandas Militares –Ley Nº 15 de 15 de
diciembre de 1935 y sus reformas- y Hacienda 148 y otros empleados –Ley Nº 148 de
23 de agosto de 1943-

Cabe destacar que las leyes respectivas que fundamentan los regímenes especiales
anteriormente citados, no fueron integralmente derogadas por la Ley Marco de
Pensiones, pues al tenor de lo dispuesto en el párrafo “in fine” de su artículo 41 –y en
lo que interesa a la presente consulta- se prevé que esa Ley deroga sólo aquellas
disposiciones de esas leyes que se le opongan. En consecuencia, las leyes originarias de
los regímenes especiales afectados continúan vigentes; derogándose únicamente en
todo aquello que se oponga a las nuevas disposiciones normativas del marco
unificador previsto en la Ley Nº 7302

Así las cosas, resulta obvio que de conformidad con los artículos 1º y 41 de la Ley
Marco, en lo sucesivo, las pensiones concedidas al amparo de los regímenes especiales
anteriormente enunciados, debían ajustarse al nuevo régimen general instaurado

Así en principio, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley
Marco, se establece que tendrán derecho a la jubilación aquellos servidores que
tengan sesenta años de edad, y que hayan servido al Estado y cotizado para el régimen
especial al que pertenezcan, al menos por treinta años; o bien, quienes tengan más de
sesenta y cinco años de edad, siempre que hubiera servido al Estado y cotizado para el
régimen especial al que pertenezca, por más de veinte años. No obstante, en los
Capítulos V y IX, referidos a las Disposiciones Generales y Finales, se introdujeron
normas, una ordinaria (artículo 29) y la otra transitoria (Transitorio III) que modifican
sensiblemente los requisitos de elegibilidad enunciados en el artículo 4º, y que
naturalmente no pueden ser obviadas

Según criterio de este Despacho, no obstante que el numeral 4 de la propia Ley Nº
7302 prevé, en tesis de principio, una contribución forzosa al régimen especial al que
se venía perteneciendo, y que la jurisprudencia nacional le ha dado a esa contribución
periódica un reconocimiento importante, como condición esencial para la existencia
del régimen mismo, resulta jurídicamente innegable que la referida cotización puede
ser sustituida incluso por el aporte obligatorio al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte
de la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien con aquella contribución efectuada a
cualquier otro régimen de pensiones del Estado, pero siempre y cuando no se trate de
tiempo laborado en el sector privado, dado que esos regímenes fueron creados
únicamente para empleados del Sector Público. Esto es así, conforme lo autorizan
expresamente los artículos 29 de la Ley Marco de Pensiones y 32 de su Reglamento
(Pronunciamientos C-155-2001 de 29 de mayo del 2001 y C-324-2001 de 27 de
noviembre del mismo año)


Por su parte, en el Transitorio III de esa normativa, se establece el derecho para
aquellas personas cuya edad para pensionarse quedaba fijada en sesenta años (según
lo indicado en el artículo 4º), de descontar el requisito de la edad de retiro hasta un
mínimo de cincuenta y cinco años. Así, por cada dos años servidos y cotizados para la
Administración Pública se puede descontar uno de edad, hasta llegar a ese límite de
cincuenta y cinco años. Y en tales casos, la jubilación o la pensión se concederá
siempre y cuando se contara con los años servidos que determinara el régimen
especial originario al cual se pertenezca

Según puede inferirse, la normativa aludida en el acápite anterior hace expresa
alusión, para el cómputo del tiempo servido, a los años laborados y cotizados para la
Administración Pública; acepción que conforme a lo dispuesto en el numeral 1º de la
Ley General de la Administración Pública trasciende a las instituciones originariamente
cubiertas por los diversos regímenes de pensiones, pues comprende tanto al Estado
(administración central) como a los demás entes públicos (instituciones
descentralizadas); pudiéndose englobar el concepto en lo que se denomina, desde el
punto de vista económico, como Sector Público

Y cabe destacar que esa es la idea que imprime el contenido normativo del ordinal 5º
del Reglamento de la Ley Marco -Decreto Ejecutivo Nº 21.996 de 2 de febrero de 1993,
que dispone lo siguiente

“Artículo 5.- Para el cómputo de tiempo servido no será preciso que el solicitante haya
laborado para una única institución ni cotizado para un único régimen especial de
pensiones. Tampoco se requerirá que los servicios hayan sido prestados
consecutivamente o en puestos de igual categoría. Bastará que, documentalmente se
compruebe el servicio prestado al Estado y haber cotizado para cualquiera de los
regímenes especiales sometidos al Régimen General de Pensiones por el tiempo
requerido en el artículo 3 de este reglamento (Los diez años exigidos por el citado
numeral tercero fueron declarados inconstitucionales mediante resolución Nº 4682-96
de las 11:15 horas del 6 de setiembre de 1996, por la Sala Constitucional)

Resulta innegable entonces, que con base en las disposiciones vigentes de la Ley Nº
7302 de 15 de julio de 1992, y a efecto de otorgar una jubilación o pensión al amparo
de los regímenes afectados por dicha normativa, es posible computar el tiempo
servido y cotizado en otras instituciones del Estado –acepción en sentido amplio, según
se explicó-, diferentes a las cubiertas por los regímenes originarios. Criterio que
tímidamente habíamos advertido en nuestro dictamen C-046-2000 de 9 de marzo de
2000; en el que se indicó que en cuanto a los regímenes especiales de pensiones
absorbidos por la llamada Ley Marco de Pensiones, es posible reconocer sólo el tiempo
servido en órganos estatales para efectos de la pensión. Criterio que ha sido también
acogido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en al menos un


precedente; esto en la sentencia Nº 2002-00622 op. cit., en la que con fundamento en
el Transitorio III de la citada Ley Marco, ordenó reconocer una pensión de Hacienda
proporcional, con base en el tiempo laborado por el accionante en la Municipalidad de
Desamparados, en el Ministerio de Gobernación y en la Asamblea Legislativa

Normativa como la analizada constituye un avance en el reconocimiento del principio
de la unidad estatal, bajo la concepción del Estado como patrono único, teoría
desarrollada tanto por la jurisprudencia administrativa, como por la judicial, mediante
la cual se ha venido progresando en cuanto a los derechos respecto de los cuales se
hacía el reconocimiento de la antigüedad, que inicialmente lo fue para efectos de
vacaciones, preaviso, auxilio de cesantía, jubilación y más recientemente para el pago
de las anualidades a través de la Ley Nº 6835 (Véase el respecto, entre otras muchas,
las sentencias Nºs 433-90 de las 15:30 horas del 27 de abril de 1990, de la Sala
Constitucional y 269-94 de las 09:30 horas del 16 de setiembre de 1994, de la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia)

No ha sido ésta la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico, relativo a la
seguridad social, se han introducido normas como las comentadas. Por ejemplo, el
numeral 4° de la Ley N°148 sufrió diversas reformas, pero la esencial a considerar en
este análisis, es la realizada mediante la Ley N° 4986 de 3 de junio de 1972, y que
textualmente expresaba: "Artículo 4°.- Para el cómputo del tiempo servido no es
necesario que los destinos o empleos hayan sido desempeñados consecutivamente, ni
en puestos de igual categoría, pues se sumarán los años trabajados tanto para el
Ministerio de Hacienda como para otras dependencias e instituciones del Estado. En el
caso de personas amparadas al Sistema de Pensiones de Hacienda que hubieran
cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja
Costarricense de Seguro Social, también se sumarán los períodos que hubieren
pertenecido a ese sistema de pensiones. La liquidación de cuotas pagadas a la Caja
Costarricense de Seguro Social se hará conforme al transitorio de la ley N°4156 de 19
de junio de 1968". Y como ésta otras: véase también en igual sentido la reforma
introducida por la Ley Nº 6914 de 28 de noviembre de 1983

Y cabe advertir que nuestro Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de
reexaminar alguna normativa de rango legal –en concreto, el artículo 231 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial- que establece previsiones similares a las de comentario, y
al respecto ha considerado que es compatible con el Derecho de la Constitución que
para efecto del cómputo del tiempo servido se acepte que el servidor pueda
reivindicar los años de trabajo remunerado que se hubieren prestado para cualquier
dependencia o institución del Estado, esto en razón del concepto de único patrono, lo
cual no resulta irrazonable (Ver entre otras, las resoluciones Nºs 2084-96 de las 14:30
horas del 7 de mayo de 1996; 4899-97 de las 13:42 horas del 22 de agosto, 5347-97 de


las 13:00 horas del 5 de setiembre, ambas de 1997; 2001-08164 de las 14:52 horas del
14 de agosto y 2001-10860 de las 08:39 horas del 26 de octubre, ambas del 2001)

CONCLUSIÓN

De conformidad con los principios de juridicidad o de legalidad administrativa y de
inderogabilidad singular de las normas, que rigen todo el actuar de la Administración
Pública, según lo ordenan los artículos 11 y 129 de la Constitución Política, 11 y 13 de
la Ley General de la Administración Pública, este Órgano Superior Consultivo considera
que con base en las disposiciones vigentes de la Ley Nº 7302 de 15 de julio de 1992,
para efecto de otorgar una jubilación o pensión al amparo de los regímenes afectados
por dicha normativa, es posible computar el tiempo servido y cotizado en otras
instituciones del Estado, diferentes a las cubiertas por los regímenes originarios

Se reconsidera oficiosamente, en lo conducente, el dictamen C-305-2000 de 11 de
diciembre del 2000

Sin otro particular,

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

PROCURADOR


En el dictamen C-305-2000 de 11 de diciembre del 2000, se afirmó que la cotización
aludida en el Transitorio III de la Ley Marco, debía ser aquella aportada al régimen
especial, cuando en realidad el tenor literal de la norma dice otra cosa, pues se hace
expresa referencia a años servidos y cotizados para la Administración; lo cual abre la
posibilidad de que la contribución pudiera ser efectuada a cualquier otro régimen de
pensiones del Estado. En todo caso, ese no era el tema principal en consulta, por lo
que el punto se mencionó sólo de manera circunstancial

2 Ente público mayor que a su vez está compuesto por los órganos constituciones
(Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría
General de la República) y órganos de relevancia constitucional). Véase al respecto
JINESTA LOBO, Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Biblioteca
Jurídica DIKE, 2002. pág. 94 y ss

3 Según esta sentencia –que constituye jurisprudencia vinculante al tenor de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- “En cuanto a los
diversos regímenes jubilatorios, la aplicación del principio de patrono único no siempre
aparece tan clara como en el artículo 236 de la Ley Orgánica del PoderJudicial, pero
ello no obsta para que deba aplicarse por analogía en falta de texto expreso que lo

prohíba. Y no sólo por analogía sino también por paridad de razón, dado que si la
antigüedad servida en otras dependencias cuenta para el salario cuando se está en
servicio, necesariamente debe constar también cuando se llega a la edad de la
jubilación. Ello así por que en punto a las garantías sociales, la propia Constitución
establece que se trata de beneficios irrenunciables en que no caben las
discriminaciones injustificadas (artículos 56, 57, 68 y 74) ya se trate o no de la relación
especial que liga al Estado y sus servidores (artículo 191), y menos aún si van contra la
dignidad humana que ordena salvaguardar el artículo 33.”


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horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres
Expediente: 92-002676-0007-CO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 846 de las trece horas
con treinta minutos del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos. Expediente: 92-
000570-0007-CO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 305 del once de diciembre de dos mil

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 39 del seis de agosto de dos
mil trece

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 136 del cinco de mayo de dos mil
cuatro