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ÍNDICE

1. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

a. Concepto de vicario
b. Concepto de responsabilidad
c. Concepto de responsabilidad del Estado
d. Concepto de responsabilidad judicial
e. Concepto de responsabilidad Ministerial
f. Concepto de responsabilidad Pecuniaria
g. Índice de temas relacionados


2. JURISPRUDENCIA

a. Res: 211 del 2005. Sala I de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica
b. Res: 10 del 2005. Tribunal Contencioso Administrativo
c. Res: 5 del 2005. Tribunal Contencioso Administrativo
d. Res: 207 del 2004. Tribunal Contencioso Administrativo
e. Res: 245 del 2004. Tribunal Contencioso Administrativo


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Resumen: En el texto se menciona el concepto de vicario, también
se menciona lo que es la responsabilidad y los diversos tipos que
en este caso importan, en el caso de la jurisprudencia se dan
barias resoluciones una es de la sala primera y las demás son de
el tribunal contencioso administrativo, donde se tratan los temas
antes mencionados y se amplían otros que no se mencionaban


DESARROLLO

1. Referencias Bibliográficas

a. Concepto de vicario
“VICARIO. Suplente, sustituto, reemplazante de otro; quien hace
sus veces.|| En las órdenes religiosas, el segundo, luego del
superior; al que sustituye en las ausencias, vacantes,
indisposiciones y faltas. || Juez eclesiástico, elegido y nombrado
por un prelado, para que ejerza la jurisdicción canónica ordinaria
sobre los fieles.”
CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo); Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Heliasta S.R.L. 2° edición, 5° reimpresión, 1982, p 330


b. Concepto de responsabilidad
“I. DEFINICIÓN. 1. Situación jurídica derivada de una acción u
omisión ilícitas, que consiste en el deber de reparar el daño
causado

-2. Posición jurídica del obligado concurrente o subsidiariamente
a satisfacer una deuda ajena.”

COTURE (Eduardo J), Vocabulario jurídico con especial referencia
al derecho procesal positivo vigente Uruguayo, Ediciones Depalma,
1° edición 3° reimpresión, Buenos Aires, 1991, p 523 (Biblioteca
de Derecho UCR, signatura R 340.03 c872v)


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c. Concepto de responsabilidad del Estado
“DEL ESTADO. Como persona de Derecho Público, sólo es posible
hablar de responsabilidad civil; y ello corresponde a concepto
relativamente moderno, ya que en tiempos antiguos el Estado, como
soberano, o el soberano, como Estado, eran irresponsables.”
CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo); Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Heliasta S.R.L. 2° edición, 5° reimpresión, 1982, p 283


d. Concepto de responsabilidad judicial
“JUDICIAL. Obligación o deuda moral en que incurren los
magistrados y jueces que infringen la ley, sus deberes, en el
ejercicio de sus funciones específicas.”

CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo); Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Heliasta S.R.L. 2° edición, 5° reimpresión, 1982, p 283

e. Concepto de responsabilidad Ministerial
“MINISTERIAL. La de índole política, civil o criminal que puede
recaer sobre los integrantes del gobierno.”

CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo); Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Heliasta S.R.L. 2° edición, 5° reimpresión, 1982, p 283

f. Concepto de responsabilidad Pecuniaria
“PECUNIARIA. Aquella en que el resarcimiento de los daños y
perjuicios se convierte en la entrega al perjudicado o a su
causahabientes de una cantidad de dinero.”

CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo); Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Heliasta S.R.L. 2° edición, 5° reimpresión, 1982, p 283

g. Índice de temas relacionados


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I. Caracteres de la potestad Vicaria
II. Pluralidad de oficios Vicarios
III. La responsabilidad de los oficios
administrativos y de sus titulares
i. La responsabilidad orgánica
ii. La responsabilidad de los titulares
de los oficios administrativos

DELGADO (Gregorio), Desconcentración orgánica y potestad vicaria,
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1971, (Biblioteca
Facultad de Derecho UCR, signatura 348.1 D 352d)


2. Jurisprudencia
a. Res: 211 del 2005. Sala I de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica

“III.- Evolución e independencia del régimen de responsabilidad de
la Administración Pública. Antes de cualquier otra consideración
sobre la responsabilidad que se reclama, es pertinente hacer
algunas observaciones sobre el tema. Desde que el Estado es
persona sometida al Derecho y parte esencial del engranaje
democrático, es responsable. En abandono ha quedado aquella
inmunidad absoluta de quien ejerce el poder. La conocida expresión
del “ Estado soy yo”, fue pulverizada con la reelaboración del
sistema político moderno, en tanto sojuzga con el bloque de
legalidad a todo aquel que ostenta posición de poder público, y le
otorga como contrapartida, responsabilidad por su conducta
antijurídica. El deber de reparación que hoy se impone al Estado y
a la Administración por los daños que cause, es principio
inclaudicable de cualquier estructura constitucional. Es verdad
que para la concreción de tal instituto, hubo necesidad
inicialmente de echar mano al régimen jurídico común (Código
Civil). Sin embargo, avanzado el presente siglo en sus primeros
pasos, puede afirmarse como superado el régimen exclusivamente
subjetivo de la responsabilidad de la Administración Pública
Atrás han quedado los esfuerzos de una interpretación ampliativa,
que con loable tesón (pero con débil resultado técnico-jurídico),
buscaba el acomodo de la responsabilidad aquiliana de la autoridad
pública en los conceptos de culpa y dolo. Desde la segunda mitad
del siglo XIX (1873), quedó claro en el régimen jurídico francés,


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que las normas del Código Civil no se avienen a este particular
espectro de conductas públicas, pues desde un inicio resulta
insuficiente su perspectiva bidireccional en el fenómeno de la
lesión extracontractual. El desprendimiento (que no abandono) del
régimen jurídico común, fue tan claro como necesario. La
estructura normativa civil no daba ni da explicación suficiente y
satisfactoria al compromiso del patrimonio público por virtud de
una conducta individualizada o global (conjunta), de aquél o
aquellos que, en el anonimato de la organización, integran y
ejercitan la función pública; en tales supuestos, las más de las
veces resulta inviable la tradicional figura de la culpa in
eligendo o bien in vigilando. Esto dio pie, entre otras cosas, a
la construcción de las faltas de y del servicio, para ingresar con
posterioridad en el cúmulo de ellas, lo que amplió aún más la
distancia ya creada con el origen común de la reparación civil en
este campo. Es a través del cúmulo de faltas, que se logra enlazar
la conducta del funcionario o servidor con la responsabilidad
directa y solidaria de la Administración, aún y cuando se trate de
una ilicitud o anormalidad íntegra del sujeto que actúa en
ejercicio de sus funciones (ello ha permitido la creación de la
falta impura, elaborada bajo el enfoque del sujeto “activo” o
productor del daño y su conexión con la autoridad pública). Las
particularidades de un régimen propio quedan sentadas luego,
cuando se compromete al órgano o ente público en aquellos
supuestos en los que el titular directo en la causación del daño,
viene representado por un sujeto físico o jurídico, en calidad de
“tercero”, vinculado tan sólo al ente por medio de circunstancias
o instrumentos públicos que le permiten o facilitan la producción
del hecho dañoso (aspecto que se cubre con el desarrollo de la
figura del nexo de ocasionalidad causal). A dicha interrelación se
aproxima con iguales resultados (solidaridad en la obligación
indemnizatoria), aunque no con identidad sustancial de la figura,
la hipótesis de la responsabilidad de la Administración ocasionada
a tercero por acción u omisión del co-contratista de aquélla (la
transferencia de la actividad o servicio público a un tercero, se
ha dicho, no enerva la responsabilidad del órgano o ente como
titular originario). Frente a tal estado de cosas, no fue difícil
prever y formular el extraordinario salto cualitativo en esta
materia, que permitió alcanzar la responsabilidad de la
Administración y del Estado frente a conductas tanto
administrativas como de orden legislativo, que aunque conformes
con las normas jurídicas de rango superior (y por tanto válidas),
producen una lesión en la esfera jurídica de la persona, ya sea


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directa o colateral, en su origen o en su resultado
(responsabilidad por conducta lícita y normal, así como por
actuación legislativa). De esta evolución e independencia de la
materia ha dado cuenta ya esta misma Sala, al señalar lo
siguiente

"... V.- Los conceptos de responsabilidad de la Administración
Pública y del deber de indemnizar han evolucionado mucho en el
derecho occidental. En la antigüedad no se concebía la
responsabilidad estatal proveniente del daño o el perjuicio que la
actividad de la Administración o de sus agentes pudiera producir a
los administrados. Más tarde, se admitió, en ciertos casos, la
responsabilidad de los funcionarios y se reconocieron algunos
derechos al individuo, frente al Estado. Luego aparecieron las
teorías de los actos de gestión y actos de autoridad. En los
primeros, las actividades caen en la esfera del derecho privado
por existir una igualdad de derecho entre las partes; los otros se
refieren a las actividades regladas por el derecho público, donde
hay una desigualdad de derechos que caen en el dominio de las
relaciones de poder, para determinar así que, si el acto
perjudicial es un acto de autoridad, entonces el Estado no es
responsable, porque las decisiones nacen de su soberanía y no de
un derecho de carácter patrimonial. Posteriormente fueron
abandonadas estas teorías, para entrarse a analizar la
responsabilidad del Estado, merced a lo cual se llegó a la
conclusión de que todo acto administrativo puede entrañar una
responsabilidad estatal, pero ella se subordinó a la existencia de
una falta de servicio. Se estableció que existía falta de servicio
si al cumplirse la función se causaba un daño. Ello aún cuando el
funcionario ejerciera su labor como tal, si al hacerlo, actuó con
negligencia, o incurriendo en omisiones, o errores vinculados al
servicio, o cuando no se cumplía la función debiendo realizarse, o
se efectuaba en forma tardía. Quedó establecida además, la falta
del funcionario o falta personal, que es aquélla en que se incurre
cuando éste se extralimita en sus atribuciones. Luego se aceptó
que ambas faltas podían coexistir, y aunque diferentes, podían
concurrir a la producción de un daño si la falta personal estaba
ligada a la ejecución de un servicio público. Por último, se
arriba a la última etapa de la evolución para reconocer la
responsabilidad de la Administración por razón del simple
funcionamiento del servicio, sin necesidad de probar la culpa del
funcionario encargado de su prestación ...” Sala Primera de la


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Corte Suprema de Justicia. 263 de las 15:30 hrs. del 22 de agosto
de 1990

IV.- Responsabilidad Objetiva. La responsabilidad
civil extracontractual de la Administración Pública, se enmarca,
por tanto, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su
fundamento tanto la teoría del riesgo, cuanto el equilibrio en la
ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la
reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible
a la organización pública como centro de autoridad. Este criterio
finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje
central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación
analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su
conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada
en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de
cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo
en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Esto
ocasiona, sin duda, un giro copernical en el enfoque mismo de su
fundamento, ya que habrá responsabilidad de la Administración
siempre que la víctima no tenga el deber de soportar el daño, ya
sea este de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. A partir de
allí, es patente la reversión de los componentes y efectos del
instituto en pleno. Tanto los presupuestos esenciales como la
carga de la prueba, adquieren un nuevo matiz, que libera al
afectado no solo de amarras sustanciales sino también procesales,
y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los
cargos y hechos que se le imputan. En todo caso, el carácter
objetivo de la responsabilidad civil extracontractual de la
Administración, fue definido con claridad en la sentencia de esta
Sala N° 132 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991, para un
hecho posterior a la entrada en vigencia de la Ley General de la
Administración Pública, en la que dijo

"VI. Nuestra Ley General de la Administración Pública Nº 6227
de 2 de mayo de 1978, vigente desde el 26 de abril de 1979,
conforme lo señala la sentencia de esta Sala Nº 81 del año 1984,
al resolver la polémica sobre su vigencia, en el Título Sétimo del
Libro Primero recogió los principios más modernos, fundados en la
doctrina y jurisprudencia más autorizada, sobre la responsabilidad
extracontractual de la Administración, para establecer así la
responsabilidad directa del Estado sin necesidad de probar
previamente que el daño se produjo por culpa del funcionario o de
la Administración, exigiendo para la procedencia de la


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indemnización que el daño sufrido sea efectivo, evaluable e
individualizable en relación con una persona o grupo -artículo
196-. Estableció que la Administración sería responsable por
todos los daños que causara su funcionamiento legítimo o
ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la
víctima o hecho de un tercero -artículo 190-; y la obligación de
reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por
faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los
deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las
oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o
actividades o actos extraños a dicha misión -artículo 191-..."
(Lo subrayado no es del original)

En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias de esta Sala números 138 de las 15:05 hrs. del 23 de
agosto; 192 de las 14:15 hrs. del 6 de noviembre, ambas de 1991
48 de las 14:10 hrs. del 29 de mayo de 1996 y 55 de las 14:30 hrs
del 4 de julio de 1997.) A la luz de lo dispuesto en dichos
precedentes, y como bien lo dispuso del A-quo, nuestro
ordenamiento jurídico, a partir de la Ley General de la
Administración Pública, adopta el sistema de responsabilidad
objetiva de la Administración Pública. Por ello, no es necesaria
la existencia -y, por ende, su demostración-, del dolo o la culpa
o, en general, una falta subjetiva imputable a los servidores o
funcionarios públicos para que surja el deber de resarcir los
daños y perjuicios causados por su funcionamiento. Además
establece, en forma taxativa, como causas eximentes de esa
responsabilidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el
hecho de un tercero, correspondiéndole a la Administración
acreditar su existencia, lo cual no sucedió en el sub-júdice
025-F-99, a las catorce horas quince minutos del veintidós de
enero de mil novecientos noventa y nueve). (En igual sentido puede
verse las sentencias de esta misma Sala N°. 589-F-99 de 14:20 hrs
del 1º octubre de 1999 y N° 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos
del 28 de marzo del 2001 )

V.- Fundamento Constitucional de la Responsabilidad
Objetiva. Esa evolución del instituto de comentario, que desemboca
en la responsabilidad objetiva indicada, encuentra asidero pleno
en la normativa constitucional vigente (numerales 9, 11, 33, 41,
45 y 50 de la Constitución Política), de la que se obtienen reglas
y principios claros acerca de lo que puede denominarse el derecho


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de resarcibilidad plena del daño. Este axioma jurídico quedó
claramente plasmado, con fundamentación expresa, clara y profunda,
en la sentencia de la Sala Constitucional. N° 5207-2004, de las 14
horas y 55 minutos del 18 de mayo del 2004, que literalmente
indicó

“Nuestra Constitución Política no consagra explícitamente el
principio de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciónes públicas por las lesiones antijurídicas que, en
el ejercicio de la función administrativa, le causen a los
administrados. Empero, este principio se encuentra implícitamente
contenido en el Derecho de la Constitución, siendo que puede ser
inferido a partir de una interpretación sistemática y contextual
de varios preceptos, principios y valores constitucionales. En
efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, de la Carta Política dispone
que “El Gobierno de la República es (…) responsable (…)”, con lo
cual se da por sentada la responsabilidad del ente público mayor o
Estado y sus diversos órganos –Poder Legislativo, Ejecutivo y
Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo
primero la “(…) responsabilidad penal (…)” de los funcionarios
públicos y el segundo párrafo nos refiere la “(…) responsabilidad
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes
(…)”. El artículo 34 de la Constitución Política ampara los
“derechos patrimoniales adquiridos” y las “situaciones jurídicas
consolidadas”, los cuales solo pueden ser, efectiva y realmente,
amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de
amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados
por las Administraciónes públicas en el despliegue de su giro o
desempeño público. El numeral 41 ibidem, estatuye que “Ocurriendo
a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias
o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses
morales (…)”, este precepto impone el deber al autor y responsable
del daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente
sufridas por los administrados como consecuencia del ejercicio de
la función administrativa a través de conductas positivas por
acción o negativas por omisión de los entes públicos, con lo cual
se convierte en la piedra angular a nivel constitucional para el
desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y
directa en el cual el resarcimiento no depende del reproche moral
y subjetivo a la conducta del funcionario público por dolo o
culpa, sino, única y exclusivamente, por habérsele inflingido o
recibido, efectivamente, “(…) injurias o daños (…) en su persona,
propiedad o intereses morales (…)”, esto es, una lesión


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antijurídica que no tiene el deber de soportar y, por
consiguiente, debe serle resarcida. El numeral 41 de la
Constitución Política establece un derecho fundamental
resarcitorio a favor del administrado que haya sufrido una lesión
antijurídica por un ente –a través de su funcionamiento normal o
anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación
correlativa , de éste de resarcirla o repararla de forma integral,
el acceso a la jurisdicción previsto en este mismo precepto
constitucional, se convierte, así en un derecho instrumental para
asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del derecho
resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la
reparación incumpla voluntariamente con la obligación referida
El artículo 45 de la Carta Magna acoge el principio de la
intangibilidad del patrimonio al disponer que “La propiedad es
inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la
ley (…)”, se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental que
los sacrificios especiales o las cargas singulares que el
administrado no tiene el deber de soportar o tolerar, aunque
devengan de una actividad lícita –como el ejercicio de la potestad
expropiatoria- deben resarcirse. El artículo 49, párrafo 1°, de
la Constitución Política en cuanto, de forma implícita, reconoce
la personalidad jurídica y, por consiguiente, la posibilidad de
demandar en estrados judiciales a los entes públicos, cuando
incumplan con sus obligaciones constituye un claro basamento de la
responsabilidad administrativa. De su parte el párrafo in fine del
ordinal 49 ya citado dispone que “La ley protegerá, al menos, los
derechos subjetivos y los intereses legítimos de los
administrados”, siendo que una de las principales formas de
garantía de éstos lo constituye un régimen de responsabilidad
administrativa objetivo, directo, amplio y acabado. El párrafo
final del artículo 50 de la Constitución Política, en materia del
daño ambiental, establece que “La ley determinará las
responsabilidad y las sanciones correspondientes”, régimen de
responsabilidad del que, obviamente, no pueden abstraerse los
entes públicos de carácter económico (denominados empresas
públicas-ente público) y empresas públicas (llamadas también
empresas públicas-ente de Derecho privado) cuando contaminan al
desplegar una actividad industrial, comercial o de servicios y, en
general, el Estado cuando incumple sus obligaciones de defensa y
preservación del medio ambiente a través de una deficiente
actividad de fiscalización o de control de las actividades
públicas y privadas actual o potencialmente contaminantes. En la


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hipótesis de los miembros de las Juntas Directivas de las
Instituciones Autónomas, el artículo 188 de la norma fundamental
dispone que “Sus directores responden por su gestión”. En lo que
se refiere al Poder Ejecutivo, el Título X del texto
constitucional contiene un Capítulo V cuyo epígrafe es
“Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo”, siendo
que el artículo 148 consagra la responsabilidad del Presidente por
el “uso que hiciera de aquellas atribuciones que según esta
Constitución le corresponden en forma exclusiva”, la conjunta de
éste con el respectivo Ministro del sector “respecto al ejercicio
de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos” –la
cual es especificada por el artículo 149 ibidem- y la del Consejo
de Gobierno por los acuerdo que adopte. El principio de
responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus
funcionarios resulta complementado con la consagración
constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de
las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerle a los
administrados una carga o sacrificio singular o especial que no
tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad
social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función
administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la
colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones
antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente
soportadas por éstos. Finalmente, es menester tomar en
consideración que la Constitución Política recoge un derecho
fundamental innominado o atípico que es el de los administrados al
buen funcionamiento de los servicios públicos, el que se infiere
claramente de la relación de los numerales, interpretados, a
contrario sensu, 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Ley
fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros
deontológicos de la función administrativa tales como el “buen
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”,
“buena marcha del Gobierno” y “eficiencia de la administración”
Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios
públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de
sus competencias y la prestación de los servicios públicos de
forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa
de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa
garantía constitucional. De esta forma, queda en evidencia que el
constituyente originario recogió de forma implícita el principio
de la responsabilidad de las Administraciónes públicas, el que,
como tal, debe servir a todos los poderes públicos y operadores
del Derecho como parámetro para interpretar, aplicar, integrar y


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delimitar el entero ordenamiento jurídico. Bajo esta inteligencia,
un corolario fundamental del principio constitucional de la
responsabilidad administrativa lo constituye la imposibilidad para
el legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a
algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su
funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a
la esfera patrimonial y extramatrimonial de los administrados.”

VI.- Parámetros de Imputación Legal. El concepto de
funcionamiento anormal y su distinción con figuras afines. Las
particularidades propias de la responsabilidad de la
Administración Pública, generadas a través de su evolución
gradual, así como el carácter objetivo alcanzado (todo ello con
claro fundamento constitucional), no puede interpretarse tampoco
como un deber resarcitorio, irrestricto y permanente, aplicable
siempre y para todas las hipótesis de lesión. Sería inaudito un
régimen de tal naturaleza y materialmente insoportable para
cualquier Estado con recursos financieros limitados. Por ello se
ha acudido a criterios de imputación que de alguna forma
dimensionan (siempre dentro de la objetividad dicha) ese deber
indemnizatorio originado por la conducta pública. De esta manera,
el numeral 190 de nuestra Ley General de la Administración Pública
refiere a “funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal”,
de donde la legitimidad o su antítesis, hace referencia
básicamente a las conductas jurídicas de la Administración,
mientras que lo normal o anormal, apunta, ante todo (pero no en
exclusiva), a la conducta material de la Administración,
representada entre otras, por la actividad prestacional que se
atribuye al Estado como parte de la categoría social que también
se le asigna en procura del bienestar general del colectivo
Nótese como el artículo 194 de la indicada ley, hace referencia a
los “actos lícitos”, bajo la concepción de actividad jurídica,
distinguiéndolos en la misma norma, de lo que califica como
“funcionamiento normal”, entendido como actividad material. De
esta manera, la anormalidad atiende a aquellas conductas
administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena
administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley
General en el artículo 102 inciso d., que entre otras cosas
incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las
reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el
despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la persona
Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a
través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una


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ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no
deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes , ni
siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel
funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas
antedichas, produce un resultado dañoso (denominado por algún
sector doctrinal como “funcionamiento anormal por resultado”),
pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por
funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable,
claro está, siempre que se cubran los requisitos preestablecidos
expresamente por el propio Ordenamiento Jurídico (véase el mismo
artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública)
Tampoco debe confundirse esta “anormalidad” del funcionamiento y
la “ilegitimidad” de éste, con la antijuricidad genérica y de
base, imprescindible en toda reparación civil. En efecto, l a
responsabilidad civil nace de la antijuricidad, que a su vez se
constituye en su fundamento (derivado algunas veces de una norma
positiva, mientras que en otras, del principio básico traducido en
el deber de no dañar a otro), y que para esta materia particular
se concreta en la inexistencia de ese deber para soportar el
daño. Así las cosas, si no existe el deber de sobrellevar la
lesión (entendida como la consecuencia final ablativa de la
conducta pública), es porque la Administración debía evitarla, o,
en caso contrario y bajo ciertas circunstancias, asumir las
consecuencias reparadoras de aquella que no pudo impedir, bien por
imprevisible, bien por inevitable. Se produce entonces, el
incumpliendo al deber de indemnidad patrimonial de la persona, y
en ese tanto, habrá que reputar la lesión a la esfera jurídica de
la víctima como antijurídica, y por ende, de obligada reparación
De esta manera, puede afirmarse que sólo es indemnizable la lesión
que confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda
reputarse como antijurídica en su base, pues lo contrario sería
afirmar la compensación por acción dañosa frente a un menoscabo
que el Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y
conciente como normal y justificado. Ha de reiterarse entonces,
que para la existencia en Derecho de una reparación debida, debe
existir antijuricidad antecedente y de base, lo que en modo alguno
apunta a la naturaleza (legítima o ilegítima) de la conducta
desplegada por el agente productor del daño, ni por el resultado
que produce dicha acción u omisión. En efecto, aún en los
supuestos de funcionamiento legítimo y normal, en los que no
existe ilicitud en el comportamiento, se produce una consecuencia
dañosa, que con determinadas características (intensidad
excepcional o pequeña proporción de afectados), se reputa como de


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obligada reparación, lo cual dice de su antijuricidad, tanto así,
que con la lesión misma surge la obligación civil y su consecuente
derecho de accionar. Se puede sostener entonces, que la
antijuricidad de base, a la que se hace referencia como sustrato y
presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, es
cosa distinta e independiente del parámetro de imputación
utilizada por el Sistema Jurídico, pues aún en el evento de un
régimen objetivo (que excluya los elementos subjetivos de la culpa
y dolo, para dar paso a una simple transferencia económica
dirigida a restaurar el desequilibrio producido en la igualdad de
las cargas públicas), hay antijuricidad, en la medida en que la
norma declara la obligación existente bajo el presupuesto
implícito de una lesión contraria a Derecho, que no debe ser
soportada por la víctima. Esa reiterada antijuricidad estará
siempre presente en el daño indemnizable, bien sea por
funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo

VII.- La omisión como criterio de anormalidad e
ilicitud. La obligatoriedad indemnizatoria frente a los daños y
perjuicios causados por inacción. En el presente caso, se reclama
por la omisión del Estado en el ejercicio de sus potestades de
fiscalización o tutela, y por la desinformación que generó en los
usuarios del Banco Germano, que de haber sabido, no hubiesen
requerido sus servicios. Ello obliga a establecer si dicha
inactividad se corresponde con un funcionamiento anormal o
ilegítimo de la Administración, a tenor de lo preceptuado por el
numeral 190 de la citada Ley General de la Administración Pública,
para lo cual es primaria la necesidad de analizar tales conceptos
En la actualidad es pacíficamente aceptado que la conducta
administrativa abarca no solo el comportamiento activo de la
Administración (y dentro de él, el acto administrativo) sino
además, la conducta omisiva, ese “no hacer” que se ha dado en
llamar inactividad de la Administración, tanto en su vertiente
formal (en la medida en que se revierte en un acto presunto por
silencio administrativo) como material (referida básicamente al
ámbito prestacional de la organización administrativa). De esta
manera, ha de entenderse la inactividad material administrativa
como aquella derivada de la omisión en el cumplimiento de una
obligación jurídica preestablecida, que se produce cuando, fuera
de un procedimiento administrativo, la Administración incumple,
por omisión, una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico
o por cualquier otro mecanismo de autovinculación (como es el caso
de un acto propio o de los instrumentos consensuales), con lesión


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directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, ya sea
que altere o no una relación jurídico-administrativa preexistente
Más simple, hay inactividad de este tipo cuando existiendo para el
ente u órgano público una obligación de dar o hacer impuesta por
el ordenamiento jurídico o por una previa decisión suya, fuera de
un procedimiento administrativo, no se despliega la debida
actividad fáctica o jurídica que lleve a buen término la función
otorgada, con detrimento de los derechos o intereses de uno o
varios sujetos pasivos, ya sean privados o públicos, individuales
o colectivos. Se trata de esa “culpa in ommittendo” en la que se
incumple por inacción el deber funcional de actuar. De más está
decir, que la indolencia administrativa puede producir (y de hecho
produce) más graves lesiones que la propia actuación limitativa
del órgano o ente público. De ahí que, ha de afirmarse de manera
contundente (con fundamento y de acuerdo con lo dicho en
considerandos anteriores) que la Administración Pública también es
responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su
inactividad administrativa. Esa pasividad frente al cumplimiento
de obligaciones preexistentes se enmarca, para efectos de la
responsabilidad civil extracontractual, como funcionamiento
anormal de la Administración (en tanto se corresponda con una
actividad material debida) y con una conducta ilegítima, que para
este caso pueden ser concurrente, en la medida en que el
incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de
buena administración, sino que infringe la juricidad en tanto
incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan
del propio Ordenamiento Jurídico. Esto es tanto más acentuado
cuanto de servicios públicos se trata, pues el incumplimiento de
una actividad u obra de titularidad pública, las más de las veces,
también de interés general, potencia el nivel de riesgo inherente
al servicio y agudiza la afectación del colectivo, con eventual
lesión directa de particulares situaciones subjetivas

VIII.- El nexo causal como presupuesto de
responsabilidad. La diversa tipología de las causas. Establecida
en términos generales, que la anormalidad e ilicitud del
comportamiento omisivo puede producir la responsabilidad civil de
la Administración, resta por establecer si esa patológica inacción
administrativa fue o no causa de la lesión reclamada, y en
concreto, de las pérdidas financieras solicitadas por
Embotelladora Tica S.A., pues para la estimación de la demanda
resulta imprescindible comprobar la existencia del nexo causal, en
su tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar


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que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia
múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar
aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y
adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y
eficiente, puede consultarse la sentencia ya citada de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia. N° 252-F-01, de las 16
horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001). En esa confluencia de
elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa,
habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó
la consecuencia; desplazando aquéllas que no han tenido ninguna
influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no
haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una
especie de prognosis objetiva, a través de la cual se pueda
afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se
produzca el daño específico. Bajo esta inteligencia, la inacción
que acusa el recurrente como productora de la responsabilidad
administrativa del Banco Central por motivos de anormalidad e
ilicitud, consiste en la supuesta falta de fiscalización adecuada
y el incumplimiento en el ejercicio de sus deberes y atribuciones
legales, de fiscalización y control, en virtud de los cuales,
estima, debió haber comunicado mediante los mecanismos
pertinentes, la situación financiera del Banco Germano, acción que
de haberse generado, resalta, hubiera llevado a que su
representada no hubiera realizado las transacciones reclamadas con
dicha entidad financiera y con ello, se hubiera evitado la lesión
que padeció. Dentro de un análisis del nexo de causalidad que debe
asociar la conducta de la Administración al efecto lesivo a los
derechos o intereses del particular, en el marco explicitado en
los considerandos precedentes, es de estimar si esta conducta
administrativa (omisiva en la especie), puede considerarse como la
causa adecuada que produjo por consecuencia y efecto derivado, el
daño que se reclama. En el caso bajo estudio, la inacción del
Banco Central alegada no es causa apta, suficiente o adecuada en
la lesión que acusa el recurrente, es decir, no fue el
funcionamiento omiso del banco en cuestión, el hecho que provocó,
per se, la lesión al patrimonio de la empresa actora, sino que el
perjuicio sufrido obedece a la falta de pago en que incurrió el
Banco Germano respecto de las divisas extranjeras que debían ser
utilizadas en la cancelación de obligaciones contraídas con
Eastman Chemical International Ltd., hecho único e independiente
el cual, no se pueden extraer tales consecuencias para el Banco
Central, en tanto la causa del daño fue constituida por un hecho
ajeno y externo sobre el que, no guarda ninguna relación. Cabe


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recordar que una acción es considerada la causa generadora del
daño, en la medida que el hecho particular haya potenciado la
concreción del menoscabo que se reclama, de modo que éste último
surja como una consecuencia inmediata y directa de aquél
Adicionalmente, conforme será objeto de análisis en el
considerando siguiente, el numeral 109 de la derogada Ley Orgánica
del Banco Central de Costa Rica refleja estos principios
referidos, en cuanto atribuye a los bancos autorizados la
responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones como las que
fueron desatendidas en este caso, y que fueron las que provocaron
el efecto lesivo en detrimento de la empresa casacionista. Desde
este plano, es evidente que no corresponde al Banco Central
responsabilidad alguna por el no pago de las divisas en que
incurrió en Banco Germano, en tanto no basta con que se invoque
una acción u omisión de la Administración para atribuirle la
responsabilidad por los daños padecidos, sino que ese
funcionamiento público debe haber sido la causa que desencadenó la
lesión, situación que no se ha acreditado en el particular

IX.- La existencia de la anormalidad mencionada,
depende en gran medida de los elementos de prueba traídos al
proceso, y en ese tanto se hace necesario examinar en un primer
plano, los agravios relativos al acervo probatorio y su
repercusión en el cuadro fáctico del presente asunto. El cargo
esgrimido como violación indirecta, corresponde propiamente a un
error de derecho en la ponderación de algunos documentos, pues se
reclama que los elementos mencionados no fueron apreciados en su
conjunto, conforme a las reglas de “la sana crítica, la lógica y
la razón” (folio 663), y que no se les otorgó el valor que les
correspondía, como instrumentos públicos. Con ello, afirma el
recurrente, se quebrantaron los numerales 330, 369, 370 de Código
Procesal Civil y como normas de fondo, los artículos 190 y 191 de
la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el
recurso ha de ser desestimado en este aspecto, pues los argumentos
que ahora se esgrimen y el desconocimiento de la documentación que
se aduce, son aspectos novedosos en la contienda bajo estudio,
cuando lo cierto es que los hechos probados de la sentencia de
primera instancia, fueron respaldados por el tribunal en forma
íntegra, sin que en su momento oportuno (con la apelación) se
hiciera referencia alguna sobre ese extremo. Al haberse
consentido, cabe aplicar la regla del numeral 608 del Código
Procesal, y rechazar el cargo por no haber sido oportunamente
alegado.”


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b. Res: 10 del 2005. Tribunal Contencioso Administrativo

OBJETIVA EN NUESTRO ORDENAMIENTO. De previo al análisis
jurídico en el caso bajo estudio, es necesario hacer una
aclaración, pues dentro de la normativa que hizo referencia el a-
quo, la aplicable es la contemplada en la Ley General de la
Administración Pública, referente a la responsabilidad objetiva de
la Administración. La recepción en nuestro sistema jurídico de la
teoría objetiva de la responsabilidad administrativa encuentra su
génesis en época reciente. No es, sin embargo, un aspecto que
estuviera ajeno a la preocupación de la Constituyente de 1949,
pues se encuentran varias disposiciones que perfilan este régimen
jurídico. A tal efecto, existen al menos dos normas en la
Constitución Política que sientan el principio de la
responsabilidad del Estado: en primer lugar, el artículo 9
establece que el Gobierno de la República es popular, alternativo,
representativo y responsable. Aunque ejercido por tres poderes, de
principio se regula fundamentalmente la responsabilidad derivada
de la actividad desplegada por la Administración ( concepto de
Administración en sentido amplio, relación del artículo 1 de la
Ley General de la Administración Pública con relación al artículo
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa). Por su parte, el artículo 41 garantiza el acceso
a los tribunales de justicia para que se reparen las lesiones de
los derechos patrimoniales, personales o morales de los
individuos, y específicamente en el caso de la Administración
Asimismo, el artículo 49 regula la jurisdicción contencioso
administrativa para que conozca de las pretensiones que versen
sobre la legalidad de la actuación administrativa del Estado, sus
instituciones y otras entidades de derecho público, haciendo
hincapié, en que se tutelan los derechos subjetivos de los
administrados. De manera que, una interpretación armónica de ambos
textos, amén de lo que disponen el artículo 2 inciso b) y 23 de la
Ley Reguladora ya citada, nos permite concluir que corresponderá a
esta jurisdicción el establecimiento de las eventuales
indemnizaciones que surjan como consecuencia del actuar lesivo de
la Administración. Posteriormente, con la promulgación de la Ley
General de la Administración Pública, se vino a llenar un vacío
jurídico que existía en cuanto al título legal a través del cual
se podía exigir la responsabilidad del Estado en sede
jurisdiccional. Con anterioridad a esa fecha, la utilización de
los principios generales de la responsabilidad civil


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extracontractual ( 1045 y 1048 del Código Civil), servían para tal
fin, aunque de un modo incompleto y de difícil acreditación. El
régimen de la Responsabilidad de la Administración, está regulado
en el Título Sétimo del Libro Primero de la Ley General de la
Administración Pública. La formulación del principio es clara en
introducir el concepto de la responsabilidad objetiva del Estado
es decir, aquella que no toma en cuenta el examen del sujeto que
comete el daño, sino más bien la mera constatación del daño y la
relación de causalidad; es decir, que el mismo se haya producido
por la conducta de la Administración. Como indica la doctrina
“basta la existencia de un resultado dañoso que cause un perjuicio
efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a
una persona o un grupo de personas, para que surja la obligación
de indemnizar sin que se requiera otro requisito que la relación
de causalidad entre el acto y el daño y prescindiendo en absoluto
de la licitud o ilicitud del acto originador del daño”. ( Ver
GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Tomo
II, Editorial Civitas, sexta edición, Madrid, España, 2000, pp
371 y ss). En este sentido, es claro que el artículo 190 sigue
esta línea al indicar que: “ La Administración responderá por
todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo,
normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho
de un tercero”. Como lo ha indicado la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia ( Voto No 112 de 14:25 horas del 25 de
noviembre de 1994) al señalar: “(…) Los conceptos fundamentales en
los cuales se asienta la teoría de la responsabilidad objetiva de
la Administración son los siguiente: En primer término, tenemos el
concepto de lesión resarcible o daño. Si se deja de tomar en
cuenta la determinación de la específica conducta del servidor
para establecer la posible ilicitud de ella, es claro que el
elemento que servirá de guía para este principio lo es la garantía
de los patrimonios de los particulares, que han sido afectados por
la actuación administrativa. La lesión o daño que sirve de
fundamento al instituto indemnizatorio ha de ser, antijurídico, es
decir, que su titular no tenga el deber objetivo de soportarlo, o
sea, que no existan causas de justificación que legitimen la
producción del perjuicio en la esfera patrimonial del
administrado. Causas de justificación que, por demás está decirlo,
deberán estar recogidas en el propio ordenamiento jurídico, de tal
suerte que su aplicación sea una consecuencia típica de ese
conjunto normativo (v.g. cobro de impuestos, preservación de la
moral y las buenas costumbres, artículo 195 de la Ley General)
Además, ese daño deberá presentar las características de ser


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efectivo, evaluable económicamente e individualizable. De tal
suerte que, por efectivo, entendemos un daño que sea cierto, lo
que implica que puede ser actual o futuro ( si ello es constatable
a través de las reglas de la ciencia o de la técnica, o de los
principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia, ello
de acuerdo con el artículo 16 de la Ley General de la
Administración Pública, y no, uno que sea eventual o simplemente
posible; mientras que su tasación en términos monetarios permita,
de algún modo, fijar con la mayor equidad el monto a que se sujeta
el resarcimiento. Esto último, es especialmente relevante, en
tratándose de daño moral, como se dirá posteriormente. En lo que
se refiere al concepto de individualizable, se trata de indicar
que ha de tratarse de un daño concreto, que tenga relación directa
con el patrimonio del reclamante y que exceda, además de los que
pueden considerarse cargas comunes de la vida social. De tal
suerte, que pueda ser una única persona o bien un grupo de ellas,
que, sin embargo, no alcanza la generalidad de los habitantes o de
amplios sectores de la población. Se trata de que todos estén en
una condición jurídica que torne en lesivo del Ordenamiento la
afectación de sus esferas patrimoniales…” Sobre estos requisitos
del daño para su posible indemnización la misma Sala, en
sentencia No 14 de las 16 horas del 2 de marzo de 1993 dijo: “El
daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o
detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de
la persona ( damnificado), el cual provoca la privación de un bien
jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su
conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta
tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así como
no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es daño
indemnizable el que se llega a probar ( realidad o existencia),
siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio
del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial
para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al
hecho ilícito con la posterior al mismo (…). El daño constituye la
pérdida irrogada al damnificado, en tanto el perjuicio está
conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de
percibir ( lucro cesante), la cual era razonable y probablemente
esperable si no se hubiese producido el hecho ilícito. (…).” “No
cualquier daño da pie a la obligación de resarcir: Para tal
efecto, han de confluir, básicamente las siguientes
características para ser un daño indemnizable: a) debe ser cierto,
real, y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede
estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturables. El daño


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no pierde esta característica si su cuantificación resulta
incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco
debe confundirse la certeza con la actualidad pues es admisible la
reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe
confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el
primero está referido a aquel que surge como una consecuencia
necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es
decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso
En lo relativo a la magnitud o monto ( seriedad), del daño, ello
constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del
damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones
fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva
susceptibilidad. b) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente
relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado
directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho
dañoso, y el segundo serán los sucesores de la víctima. c) Deberá
ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, sí ha sido
reparado por el responsable o un tercero resulta insubsistente. d)
Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el
daño”. En cuanto al elemento causante del daño, sea la
Administración, ha de tenerse en cuenta algunas precisiones
importantes. La posibilidad de imputar la obligación de resarcir
por parte de la Administración un resultado dañoso ha de tener en
cuenta los siguientes requisitos: que los sujetos administrativos
se encuentren respecto de la producción del daño en una situación
propia de relación jurídica administrativa. La titularidad
administrativa de la actividad o servicio en cuyo marco se ha
producido el daño es suficiente para justificar la imputación del
mismo a la Administración, ya sea por la intervención de uno de
sus funcionarios como por la mera actividad que está llamada a
desarrollar el órgano o institución. Si lo que se pretende
demostrar es que lo actuado por el funcionario fue la causa del
daño, bastará acreditar la integración del agente en la
organización Administrativa. De tal suerte, que la sola existencia
de actos realizados por un tercero, completamente desvinculados de
cualquier relación con la Administración, inhiban la
responsabilidad de la Administración, como causal de exclusión de
la responsabilidad objetiva de la administración pública. En lo
que toca a la relación de causalidad, se dice que la existencia de
una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la
Administración y el daño producido es una condición indispensable
para que pueda atribuirse a aquella el deber de resarcir dicho
daño. A pesar de que pueda parecer obvio la relación entre el


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actuar de la Administración y el resultado dañoso, en la práctica
han de tenerse en cuenta algunas causas que rompen el nexo de
causalidad, sea aquellos hechos que hayan tenido la virtud de
suprimir el vínculo entre uno y otro. El primero de ellos, para
los efectos que nos interesan, lo es precisamente la fuerza mayor,
cuyo contenido fue descrito antes. Los otros dos son, la culpa de
la víctima y el hecho de un tercero, situaciones que permiten
eliminar la posibilidad de que la actuación de la administración
haya sido la causa exclusiva y directa del daño ocasionado. En
consecuencia, la culpa de la víctima debe ser analizada en
función de la medida en que concurrió, conjunta o primordialmente
en la producción del daño, y en el caso de que no exista claridad
sobre el punto, determinar la concurrencia proporcional de cada
una de ellas para efectos de la indemnización. En cuanto al hecho
de un tercero se entiende en tanto, éste no tenga ningún vínculo
de subordinación con respecto a la Administración y su accionar
haya sido de tal magnitud que inhiba cualquier consideración en
contra de la Administración, o la restrinja.“

c. Res: 5 del 2005. Tribunal Contencioso Administrativo

“IV. Analizados que fueron los agravios de la parte demandada, se
llega a la conclusión de que el señor Procurador no lleva razón en
sus afirmaciones. Veamos, en autos no se configura la litis
consorcio pasivo necesario, ya que el actor podía demandar a las
dos partes involucradas en el siniestro que se investigó, sea el
conductor del carro y su patrono, dueño del vehículo, o sólo a
uno. Es su derecho demandar a ambos, a solo uno o a ninguno; y el
señor Orozco se decidió por entablar un proceso por
responsabilidad objetiva de la administración, por lo que en todo
caso lo que podría darse es una litis consorcio facultativa, pero
nunca necesaria; amén de que no se cumplen los requisitos que
establece la ley procesal civil, ( artículo 106 del Código
Procesal Civil), en el sentido de que la decisión que se tome en
este proceso necesariamente va a tener una relación, afectar o
vincular a otras personas. En el sub lite, si el Estado resulta
condenado, en nada afectará los intereses, los derechos ni el
patrimonio de la persona que ocasionó el percance. Referente a la
jurisprudencia que se cita, dictada por la antigua Sala de
Casación, es de hacer ver, que no es por vieja que no tiene
aplicación en estos momentos, sino porque la ley fue modificada
desde 1950 y tal y como sabe el estimado representante estatal,
la Ley General de Administración Pública, en sus artículos 190 y


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siguientes regula expresamente la responsabilidad estatal y ya los
términos de culpa “in eligendo” e “in vigilando” no son aplicables
a la responsabilidad del Estado, la cual se basa no en un concepto
de culpa sino de daño. Así, la responsabilidad debe verse desde el
prisma del cúmulo de responsabilidades derivadas de la falta
personal y de la de servicio. Tan es así, que la administración
responde no sólo por conducta ilícita y anormal, sino por conducta
normal y lícita, dada la pequeña proporción de afectados o la
intensidad excepcional de la lesión, pero no es posible en este
momento desconocer las reglas que rigen el derecho administrativo,
y mucho menos respecto a lo relativo a la responsabilidad estatal,
punto que ha tenido un gran tratamiento jurisprudencial y
doctrinario, a fin de que los ciudadanos puedan encontrar reparos
a los daños que ocasiona el Estado y sus agentes. En cuanto a
ello, tampoco podemos aceptar la tesis de que el funcionario
estatal dejó de serlo al cometer una imprudencia, pues la
investidura y el cargo que éstos tienen no se deja solo por el
hecho de ser corruptos, imprudentes, vagabundos, ineptos, o
cualquier otro adjetivo calificativo que se les quiere achacar
Sus actuaciones, sean lícitas, ilícitas, normales, anormales o de
cualquier tipo serán imputables al Estado, por ser éste el que
actúa a través de ellos. Es importante transcribir la sentencia
dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,
número 252-F-01, de las dieciséis horas quince minutos del
veintiocho de marzo del dos mil uno, que en lo que interesa
dispuso

“La responsabilidad civil extracontractual de la Administración
Pública, como se sabe, es de vieja data y de raigambre
constitucional. El artículo 41 de nuestra norma fundamental
establece en la base misma del ordenamiento jurídico, un sistema
objetivo para la indemnización del daño producido. De esta forma
señala que “todos han de encontrar reparación para las injurias o
daños que hayan recibido de su persona, propiedad o intereses
morales”. Del precepto, importa destacar varios aspectos: en
primer término, se acude al vocablo “todos”, con lo cual se hace
referencia a toda persona, ya sea física o jurídica, pública o
privada. En segundo lugar, habrá de observarse, la referencia a la
debida reparación, antes que a la indemnización, pues ciertamente
ha de buscarse, en la generalidad de los casos, la restitución de
cosas al estado anterior (reparación in-natura). Y por ultimo,
conviene destacar que, se hace total abstracción de cualquier
elemento subjetivo como criterio de imputación, es decir, se deja


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de lado el tradicional concepto de dolo y culpa. La objetivación
del sistema es entonces patente. Y conviene insistir en él toda
vez que, entratándose de la Administración Pública, es este un
giro copernicano del sistema, que invierte el orden de análisis
para acentuar la atención, no en el sujeto productor del hecho
dañoso, sino en la víctima de la lesión. No interesa ya, bajo el
esquema actual, la búsqueda del responsable del daño sino su
reparación. En efecto, el artículo 190 de la Ley General de la
Administración Pública dispone que “La Administración responderá
por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o
ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la
víctima o hecho de un tercero”. Así las cosas, habrá
responsabilidad del ente público, si la víctima del daño no tiene
el deber jurídico de soportar la lesión producida. Ello implica
que, si durante el ejercicio de los servicios públicos o de las
potestades administrativas, se ocasiona un daño a tercero, debe
responder el patrimonio estatal, salvo que hubiere operado causa
eximente. Entra aquí en juego, el conocido cúmulo de faltas, en
donde la falta personal del servidor, en tanto realizada en el
ejercicio de su cargo, o bien con la utilización de medios o
instrumentos brindados por la propia administración (nexo de
ocasionalidad causal), comprometen el patrimonio del Estado
(entendido en sentido lato)”

Es así como el numeral 190 de la citada Ley General dispone que
la Administración responderá de todo daño que cause, sea legítimo
o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la
víctima o hecho de un tercero, que son las únicas tres eximentes
de responsabilidad que están estipuladas legalmente. No existe en
autos hecho de un tercero, tal y como lo pretende hacer valer el
representante estatal, al manifestar que el funcionario que
ocasionó el daño pasó a ser un tercero una vez que su conducta se
volvió imprudente, tal y como se ha hecho ver. Tampoco existe
cosa juzgada, dado que los procesos que se resolvieron referentes
a este asunto, lo fueron en sede penal y laboral; el primero a fin
de determinar la responsabilidad penal de la persona causante del
accidente y allí no se dispuso nada con respecto a la
indemnización civil que le podría corresponder al actor y el
segundo, sea el laboral, lo fue con el fin de cobrar la
incapacidad permanente que le quedó al accionante como
consecuencia del percance de marras, y por ende no se ha discutido
ni fallado lo referente a los daños y perjuicios civiles, y menos
de índole moral que resultaron del atropello, motivo por el cual


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lo resuelto en cuanto a cosa juzgado no tiene reparo que hacerle
Con respecto a la litis pendencia alegada se debe indicar que
esta figura, como antesala que es de la cosa juzgada, debe al
igual que este último instituto, gozar de una identidad de los
sujetos, el objeto y la causa (numeral 163 del Código Procesal
Civil), lo cual no ocurre en autos, pues los procesos que se
dieron referente a este caso, y que ya se encuentran finiquitados,
no cumplen con estos requisitos. Tampoco se puede acceder a
considerar que en el sub júdice existe una falta de derecho, dado
que al accionante le asiste éste, derivado del accidente que
sufrió y el ordenamiento jurídico administrativo lo respalda a fin
de reclamar en juicio sus pretensiones. La excepción de pago
tampoco podía ser acogido, debido a que si bien es cierto, al
accionante le fue cancelado un monto dinerario por incapacidad
temporal y permanente, esos no son los rubros que se cobran en
autos y por ende no se han cancelado los extremos pedidos y
concedidos en esta sentencia

d. Res: 207 del 2004. Tribunal Contencioso Administrativo

“III.- Al efecto se considera que, tal y como alega la recurrente,
conforme con el artículo 190 LGAP, el Estado es responsable por
todos los daños que cause su actividad legítima o ilegítima,
normal o anormal; no obstante no basta con la simple existencia
del daño para que proceda el reclamo, necesariamente, como dispone
la norma dicha, debe haber además una actividad u omisión de
deberes de la Administración y, sobre todo, una relación causal
directa entre ambas; se debe determinar que fue la actividad del
demandado la causa real y explícita de la lesión; en otras
palabras, si el perjuicio tiene un origen distinto a la conducta
de la Administración no procede la responsabilidad que se reclama
El sentido de que la responsabilidad es objetiva se refiere a que
basta con verificar los tres elementos dichos para que aquella
nazca, sin requerir, como otrora, una conducta subjetiva culpable,
no obstante tampoco cabe entender que se trate de una consecuencia
general o automática a la existencia de un perjuicio. Es por tal
razón la ley y la doctrina reconocen como eximente la culpa de la
víctima, pues en tal caso la cadena de sucesos que produce un
menoscabo esta alterada y se desvía a la conducta del propio
sujeto como productor de su calamidad.-“

e. Res: 245 del 2004. Tribunal Contencioso Administrativo


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“V.- La Ley General de la Administración Pública establece que la
Administración Pública responde solidariamente y debe reparar todo
daño causado por faltas de sus servidores cometidas durante el
desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo,
utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea
para fines, actividades o actos extraños a dicha misión (artículos
191 y 201 ibídem). Sin embargo, cuando se reclama esa
responsabilidad, debe existir un vínculo causal entre la conducta
del funcionario y el daño, sin el cual, no es posible acoger la
acción indemnizatoria, y es por ello, que por ejemplo, la
responsabilidad de la Administración, ya sea por funcionamiento
legítimo o ilegítimo, normal o anormal, queda excluía por fuerza
mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero (artículo 190 de
la misma ley citada). Cuando se trata de problemas de causalidad,
la determinación debe centrarse en si la conducta u omisión del
sujeto es generalmente apropiada para producir un resultado de la
clase dada, lo cual, atiende a las circunstancias propias del caso
concreto, en otras palabras, las consecuencias han de ser
adecuadas al acaecimiento originario del que se pretende derivar
la responsabilidad.”


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