SEGURO SOCIAL
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Compromisos de Gestión, Sala Segunda Sentencia 498-2007 y Tribunal
Contencioso Administrativo en sus Secciones V Sentencia 5-2012 y VI Sentencia 270-2012

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 22/07/2015


Contenido


2. Ley 7852 y Agotamiento de la Vía Administrativa en caso de


RESUMEN

El presente informe de investigación contiene jurisprudencia sobre los Compromisos
de Gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social, considerando los supuestos de
los artículos 6 a 10 de la Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS


 NORMATIVA

Desconcentración y Dirección de los Hospitales y las Clínicas

Social]i

Artículo 6. La Caja podrá organizar los hospitales y las clínicas como órganos
desconcentrados, mediante la suscripción de un compromiso de gestión entre la
Institución y los centros de salud. Asimismo, determinará el grado de gestión que
regule las relaciones interorgánicas y ese compromiso con los centros de salud


Artículo 7. Los hospitales y las clínicas gozarán de personalidad jurídica instrumental en
el manejo presupuestario, la contratación administrativa, la conducción y la
organización de los recursos humanos dentro de las disposiciones legales aplicables,
los límites fijados por la Caja y el compromiso de gestión


Artículo 8. El ejercicio de las competencias propias de la personalidad jurídica
instrumental por los hospitales y las clínicas, quedará sujeto a la suscripción y vigencia
del compromiso de gestión aludida en los artículos 6 y 7 de la presente ley


Artículo 9. Los hospitales y las clínicas serán administrados por el Director, quien
deberá actuar siempre conforme a los objetivos y las obligaciones señalados en el
compromiso de gestión suscrito con la Caja, los reglamentos generales y lineamientos
de política que emita esta Institución. Las juntas de salud de dichos centros,
coadyuvarán a la fiscalización y definición de sus prioridades y participarán en ellas


Artículo 10. El Director del hospital o la clínica ostentará la representación del centro
de salud con las facultades que le conceda el acuerdo de su nombramiento. Bastará la
publicación de este acto en La Gaceta para que el mandato adquiera plena validez y
eficacia. Será responsable de su gestión ante la Junta Directiva de la Caja. Además, su
nombramiento o remoción estará sujeto a las disposiciones legales y políticas de la
Institución


 JURISPRUDENCIA


1. Centro Nacional de Rehabilitación y el Artículo 7 de la Ley 7852

Voto de mayoría

“IX. Ahora bien, a pesar de que ello no haya sido planteado explícitamente tampoco a
este Tribunal, estimamos necesario examinar de oficio la cuestión de a cuál de las
instancias administrativas accionadas deberá corresponder el pago de las
indemnizaciones impuestas. Se parte de que tanto el CENARE como la CCSS son
personas jurídicas (el primero de carácter instrumental y la segunda de pleno
derecho). En efecto, la “Ley de desconcentración de hospitales y clínicas de la Caja
Costarricense de Seguro Social”, N° 7852 del 30/11/1998, dispone –de interés en
cuanto al CENARE– que

“Artículo 7. Los hospitales y las clínicas gozarán de personalidad jurídica instrumental
en el manejo presupuestario, la contratación administrativa, la conducción y la
organización de los recursos humanos dentro de las disposiciones legales aplicables,
los límites fijados por la Caja y el compromiso de gestión”

Por su parte, el artículo 10 ibídem concede al Director del hospital o clínica la
representación del centro de salud con las facultades que le conceda el acuerdo de su
nombramiento, de donde queda claro que, en tesis de principio, el CENARE no
requiere de ninguna clase de acompañamiento en lo que toca a promover o defender
sus intereses en juicio (en efecto, a esos efectos otorgó poder especial judicial para su
defensa en este proceso). No obstante lo anterior, la intervención de la CCSS en esta
litis resulta una insoslayable consecuencia de lo dispuesto en el ordinal 12 del CPCA,
que establece, en lo que viene relevante al caso (el subrayado es nuestro)

“Artículo 12. Se considerará parte demandada


2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean
autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el
Estado o el ente al que se encuentren adscritos


En virtud de lo dicho, no es posible estimar que exista en la especie una cuestión de
falta de legitimación pasiva. Antes bien, la jurisprudencia de la Sala Primera ha
caracterizado el punto como una hipótesis de falta de derecho

“Por disposición expresa del inciso 2) del numeral 12 del CPCA, cuando el proceso se
instaure contra una conducta de un órgano administrativo al cual le ha sido otorgada
personalidad jurídica instrumental, también se debe considerar como parte
demandada a este, junto con el Estado o al ente al cual se encuentre adscrito, según
corresponda. Empero, esto no implica que actúan con la misma representación
judicial, por lo que en este caso, tanto el Estado como el Consejo de Transporte Público
participan de este proceso en forma independiente. En este sentido, los ordinales 16 y
17 del mismo cuerpo normativo definen este aspecto, en la medida en que el primero
delimita la competencia de la Procuraduría General de la República a la defensa de los
intereses de la Administración Central, los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de
Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, en
tanto ejerzan función administrativa. Por su parte, las entidades descentralizadas se
encuentran supeditadas a lo que disponga la ley especial que regula su actividad
Dentro de esta perspectiva, la figura del ‘órgano–persona’, dada sus particularidades, y
para efectos de representación debe ser, en ese tanto, asimilado a la participación
dentro del proceso de un ente descentralizado, en la medida en que ostentan una
personalidad jurídica instrumental. Claro está, lo anterior resulta de aplicación,
únicamente, en tanto la conducta que se le imputa se encuentra dentro del ámbito de
la competencia desconcentrada y respecto de la cual, se le otorgó personalidad
jurídica. En este sentido, lo dispuesto en el numeral 12.2 del CPCA a que se hizo
referencia, debe ser entendido como un mecanismo mediante el cual se evite que,
luego de un proceso, se determine que la conducta no se encuentra dentro de la
competencia que ejerce el órgano con la cobertura de la personalidad instrumental
que le fue otorgada. Sobre este punto, puede citarse lo dispuesto por este órgano en
el voto 1202-A-S1-2009, en el que se indicó: ‘La idea que subyace en la norma es la de
evitar al administrado el problema de definir si la actuación (o conducta omisiva) del
órgano, lo fue en ejercicio de una competencia cubierta por la personalidad jurídica
instrumental, o bien, fuera de ella, es decir, sometida por ejemplo, a dirección del
jerarca del ente en cuya estructura está inserto. En suma, lo relevante es la existencia
de una lesión a la esfera jurídica del administrado y el correlativo deber reparador. En
interés de la víctima, la norma dispone traer el órgano y el ente a la lite, a fin de que la
eventual sentencia estimatoria pueda ejecutarse contra el patrimonio del que resulte
responsable. De no exigirse la comparecencia de ambos, el fallo sería ineficaz, pues no
podría obligar a indemnizar a quien no ha ejercido la defensa de sus propios intereses
en el proceso. Dicho de otro modo, el mandato procesal ordena únicamente que se
incorpore a la discusión judicial, tanto al órgano con personalidad como al Estado u
ente al que pertenece. Corresponde luego al juez o jueza, con arreglo a las normas
sustantivas, determinar si el acto, conducta o indolencia cuestionados se desarrolló o
no bajo personalidad (sic), estableciendo de este modo, si es el órgano el que debe
responder con su propio peculio, o si es el ente o el Estado a quien debe atribuirse el
deber de reparar.’ (...)

VIII. La inconformidad de la representación estatal se dirige a cuestionar la
responsabilidad que le fue imputada, lo cual hace desde dos vertientes. En una,
recrimina que la parte actora fue omisa en cuanto al deber establecido en el numeral
58 del CPCA relacionado con la pretensión accesoria de daños y perjuicios, mientras
que en la segunda, señala que el ruego en cuestión fue formulado para que la
reparación patrimonial se le imponga únicamente al Consejo de Transporte Público. En
virtud del principio dispositivo que, aunque matizado, mantiene plena vigencia en el
proceso contencioso administrativo, este argumento debe ser analizado en forma
preliminar, para lo cual conviene realizar dos precisiones. La primera es que, en este
proceso, la participación del Estado como demandado se da, no como consecuencia de
un extremo de la demanda planteado en su contra, sino por disposición expresa del
numeral 12.2 del CPCA, tal y como se expuso en los considerandos anteriores. De
acuerdo a lo que allí se dijo, esto obedece a la eventualidad de que la conducta
impugnada no sea por el ejercicio de la competencia desconcentrada y cubierta por la
personalidad jurídica instrumental, sino que en realidad, se realice bajo la personalidad
del ente al cual está adscrito. La segunda es que cualquier pronunciamiento del
Tribunal se encuentra supeditado a la causa petendi y al objeto definido por la parte, y
que, en términos generales, ambos se refieren a la eventual disconformidad de la
conducta impugnada con el ordenamiento jurídico. La convergencia de las anteriores
precisiones obliga a que, en un caso como el presente, en donde una de las partes
participa como consecuencia de lo dispuesto en el ordinal 12.2 tantas veces citado, si
se determina que el acto impugnado constituye el ejercicio de una competencia propia
y exclusiva del denominado ‘órgano–persona’, como consecuencia lógica y natural, lo
procedente es declarar una falta de derecho respecto del ente al cual está adscrito. En
este sentido, es importante indicar que el otorgamiento de personalidad jurídica a un
ente u órgano tiene como consecuencia inmediata el constituirlos en un centro último
y único de imputación de los efectos de sus actuaciones u omisiones. Esta es una de las
diferencias con cualquier otro órgano que no constituya una personificación jurídica
instrumental, respecto de los cuales, cualquier imputación se hace en forma
provisional, ya que como parte de una estructura organizativa más amplia, actúan
como parte del ente como persona jurídica, y por ende, bajo la personalidad de este
último. Así las cosas, si en sede jurisdiccional se determina que la conducta
administrativa objeto de impugnación proviene del ejercicio de una competencia
exclusiva del órgano al cual se le otorgó personalidad propia (aunque sea instrumental)
para tales efectos, resulta impropio extender la imputación al ente público, mayor o
menor, al que se encuentra adscrito. En el caso concreto, esto supone que, tal y como
lo alega la representación estatal, al no haberse planteado una pretensión resarcitoria
en contra del Estado, y siendo que no se determinó que existiera ninguna actuación
que pueda ser reconducida a una competencia que le sea propia, la condenatoria
realizada resulta improcedente.” (N° 1360-F-S1-2010 de las 10:25 horas del 11 de
noviembre del 2010; el subrayado se ha añadido.)

Con base en estas consideraciones y partiendo de que –como se vio– el artículo 7 de la
ley N° 7852 extiende la desconcentración de los hospitales y clínicas a lo relativo a la
gestión de sus propios recursos humanos, concluimos que, en el sub examine, lo
propio es direccionar la condenatoria de reparación exclusivamente hacia el CENARE,
acogiendo respecto de la CCSS la excepción planteada de falta de derecho, extensiva –
por su carácter accesorio– al extremo de las costas.-”


2. Ley 7852 y Agotamiento de la Vía Administrativa en caso de Funcionarios
de la Caja Costarricense de Seguro Social

Voto de mayoría

IV. Es cierto que para la determinación de los actos capaces de agotar la vía
administrativa, debemos estarnos a lo preceptuado por el artículo 126 de la Ley
General de la Administración Pública, el cual, textualmente dispone: “Pondrán fin a la
vía administrativa los actos emanados de los siguientes órganos y autoridades, cuando
resuelvan definitivamente los recursos de reposición o de apelación previstos en el
Libro Segundo de esta Ley, interpuestos contra el acto final: a) Los del Poder Ejecutivo,
Presidente de la República y Consejo de Gobierno, o, en su caso, los del jerarca del
respectivo Supremo Poder; b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades
descentralizadas, cuando correspondan a la competencia exclusiva o a la especialidad
administrativa de las mismas, salvo que se otorgue por ley algún recurso
administrativo contra ellos; c) Los de los órganos desconcentrados de la
Administración, o en su caso los del órgano superior de los mismos, cuando
correspondan a su competencia exclusiva y siempre que no otorgue, por ley o
reglamento, algún recurso administrativo contra ellos; y d) Los de los Ministros,
Viceministros y cualesquiera otros órganos y autoridades, cuando la ley lo disponga
expresamente o niegue todo ulterior recurso administrativo contra ellos”. En ese
sentido, debe hacerse la aclaración en este asunto, que la Ley de Desconcentración de
los Hospitales y las Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social N° 7852 del 30 de
noviembre de 1998, en su artículo primero dispone que dicha desconcentración
procura permitirles mayor autonomía en la gestión presupuestaria, la contratación
administrativa y el manejo de los recursos humanos. Seguidamente, el numeral 6
establece que dicha entidad podrá organizar los hospitales y las clínicas como órganos
desconcentrados, mediante la suscripción de un compromiso de gestión entre la
Institución y los centros de salud; determinando el grado de gestión que regule las
relaciones interorgánicas y ese compromiso con los centros de salud. Por su parte, el
artículo 7, textualmente dispone: “Los hospitales y las clínicas gozarán de personalidad
jurídica instrumental en el manejo presupuestario, la contratación administrativa, la
conducción y la organización de los recursos humanos dentro de las disposiciones

legales aplicables, los límites fijados por la Caja y el compromiso de gestión.”. El
artículo 8 sujeta el ejercicio de las competencias propias de la personalidad jurídica
instrumental por los hospitales y las clínicas a la suscripción y vigencia del compromiso
de gestión de que se ha dado cuenta. La administración del respectivo hospital o
clínica le corresponde a su Director (artículo 9), quien ostentará la representación del
centro de salud con las facultades que le conceda el acuerdo de su nombramiento
(artículo 10). A propósito de dicha normativa, se adoptó el Reglamento a la Ley Nº7852
Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro
Social, que es el N° 7394 del 2 de diciembre de 1999; el que en su Transitorio 6°
autoriza el inicio de la negociación del addendum del Compromiso de Gestión que
reconocerá la desconcentración de algunos hospitales o áreas de salud, entre ellos, el
Hospital Nacional de Niños, en donde prestaba servicios la actora. Luego, la Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12 de la sesión 7472
del 24 de agosto del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 185 del 27 de
setiembre de ese año, acordó aprobar el “addendum compomiso de gestión 2000”,
por suscribir con cada una de las unidades que se detallan en el Acuerdo Segundo de la
resolución -entre las cuales está el Hospital de Niños-, que establece el marco de
competencias autorizadas para el periodo de vigencia establecido al documento
principal; teniéndose para los efectos legales y administrativos a cada centro como
“órgano desconcentrado en grado máximo” de la Caja Costarricense de Seguro Social
Mediante dicha reglamentación se autorizó la suscripción del indicado “Addendum de
desconcentración”. Sin embargo, debe tomarse en consideración que en el punto 4, se
dispuso cuanto sigue: “4. Apruébese al órgano desconcentrado en la figura de su
director (a) general que corresponda, la capacidad de agotar la vía administrativa en
los asuntos atinentes a las materias desconcentradas que resulten de su competencia
de conformidad con el presente acuerdo, en sustitución de la capacidad concedida
hasta el día de hoy a las Gerencias de División correspondientes en razón de la
materia, de acuerdo con las siguientes especificaciones: a) Materia laboral: agotarán la
vía administrativa respecto de las siguientes acciones y resoluciones administrativas,
siempre que no exista disposición legal o reglamentaria en contrario: 1) Acciones de
naturaleza disciplinaria y no disciplinaria que se tramiten contra sus subordinados (as)
jerárquicos, salvo de aquellas acciones que impliquen suspensiones sin goce de salario
o terminación de la relación contractual de cualquier naturaleza, en las que actúe
como jefatura accionante en primera instancia del trabajador (a) afectado (a) con la
decisión administrativa …”. De lo expuesto hasta el momento queda claro que para la
época en que se llevó a cabo el proceso disciplinario contra la actora, no había
comenzado a tener efectos la desconcentración del Hospital Nacional de Niños. En
todo caso, como se trataba de una propuesta de despido sin responsabilidad patronal
gestionada por la propia Dirección del Hospital, con independencia de la aludida
desconcentración, la respectiva Gerencia de División, en este caso, la Gerencia de la
División Médica, continuaría teniendo la capacidad de agotamiento de la vía

administrativa. En ese entendido, dicha Gerencia, en tanto jerarca de la institución
descentralizada, conoció del caso en segunda instancia, como parte del trámite
previsto en la Normativa de Relaciones Laborales de la entidad codemandada
(conocida como Reglamento N° 7234 del 30 de junio de 1998, publicado en la Gaceta
N° 137 del 16 de julio de ese año, con fecha de rige 16 de octubre siguiente), seguido
ante la oposición al despido propuesto por la Dirección del Hospital. Valga hacer la
observación que la sentencia de esta Sala citada en el recurso, N° 30 de las 15:00 horas
del 26 de enero de 1994, realmente no se opone a lo que viene expuesto, sino,
armoniza con dicha tesis, al considerarse en el caso concreto, lo siguiente: “De
seguido, debe tenerse presente que, la situación que motivó este conflicto jurídico,
tuvo su origen en la nota D.E.H.S.F.A-046-91, del 28 de mayo de 1991, suscrita por la
Directora de Enfermería del Hospital San Francisco de Asís, del cantón de Grecia,
Provincia de Alajuela, por la que le comunicaba, a la actora, la decisión de no otorgarle
más nombramientos interinos, por haber cometido determinadas faltas, ya
sancionadas oportunamente. Ese acto administrativo, significaba, a no dudarlo, un
despido encubierto, al desconocerse la transformación de la relación en una por
tiempo indefinido y, consecuentemente, legitimaba a la servidora, para reclamar el
pago de sus prestaciones legales -que es la consecuencia que la jurisprudencia ha
aparejado a este tipo de situaciones-. Adicionalmente, vale comentar que, para la
fecha de esa comunicación, el nombramiento de la actora se extendía del 8 de mayo al
17 de julio de 1991 y, dentro del mismo, se acogió al disfrute de sus vacaciones del
período enero- diciembre 90, tomándolas entre el 28 de junio y el 17 de julio -queda
claro, entonces, que solamente se le adeudan las proporcionales-. Por otro lado, en lo
que resulta de relevancia para dirimir el subjúdice, la accionante presentó su reclamo
administrativo a la Administración del Hospital -véase, sobre el particular, lo que se
decidió interlocutoriamente al resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa, opuesta por la demandada, a folio 16-, el 27 de junio de 1991,
empezando a correr a partir del día hábil inmediato siguiente, el término de quince
días, a que se refiere el artículo 402, inciso a), del Código de Trabajo.”. En ese sentido,
el inciso 2. del artículo 350 de la Ley General de la Administración Pública establece
“2. El órgano de alzada será siempre el llamado a agotar la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 126”. En consecuencia, quien agotó la vía administrativa
fue el indicado jerarca de la División Médica de la entidad y el Director del Hospital lo
que hizo fue ejecutar el acto de despido. Así las cosas, en modo alguno podría
sostenerse el criterio de que la vía administrativa quedó agotada el 8 de febrero del
2001, como se reclama en el recurso. Además, debe indicarse que el Director (quien
tiene un rango jerárquico inferior al del Gerente de la División Médica), en ningún
momento se arrogó la competencia de agotar dicha vía. Por el contrario, en el acto
administrativo suscrito por él del 30 de junio del 2000 (mediante el cual se ejecutó el
despido, comunicándole a la actora su cese a partir del 3 de julio siguiente), indicó
expresamente que fue con el acto emitido por dicho Gerente (oficio N° 15931)

manteniendo la propuesta de despido sin responsabilidad patronal, que se dio por
agotada la vía administrativa (folios 972 a 975 ibídem). Con base en lo analizado,
puede concluirse que si la relación de trabajo terminó a partir de ese 3 de julio, fecha
para la cual la vía administrativa ya se había agotado, al acudirse a estrados judiciales
el 14 de marzo del 2001, sobradamente había transcurrido el término de prescripción
de seis meses previsto en el aludido numeral 602 del Código de Trabajo; siendo que los
actos realizados por la parte actora con posterioridad al cese efectivo de la relación, no
podían ligárseles efectos interruptores, debiendo considerárseles gestiones
reiterativas e inocuas; por tenerse ya expedita la vía judicial


3. Ley 7852 y el Ius Variandi

Voto de mayoría

argumento de nulidad del acto de traslado de la actora a la despensa de víveres se
indica la falta de motivo, que no se le indicó el por qué la reorganización del
departamento conllevó a desligarla por completo de sus funciones y el traslado a otro
sitio, y un desarraigo absoluto de su ámbito y ambiente laboral. El motivo es uno de los
elementos materiales o sustanciales del acto administrativo (artículo 133 LGAP), es el
presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De
tal manera que, el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho
condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la
razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede
consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. El autor Ernesto
Jinesta lo define "como los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y
fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y
sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad,
oportunidad o conveniencia de éste... está constituido por los antecedentes jurídicos y
fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia determina
la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente para el caso en concreto". El artículo 133
párrafo 1 LGAP establece que el motivo deberá "...ser legítimo y existir tal y como ha
sido tomado en cuenta para dictar el acto". En lo que respecta al acto de traslado de la
actora del área de facturación a la despensa de víveres el motivo se desprende de los
oficios HRCG-DAF-1817-04-2009 y HRCG-DAF-1819-04-2009, emitidos por el Director
del Hospital a la señora Laura Torres Carmona, donde el máximo Jerarca del centro
médico, el Director Marco Segura Quesada (artículo 9 de la Ley 7852, Ley de
Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS), le informa sobre el proceso de
reorganización a partir del primero de mayo del 2009, el cual incluye a al área de
facturación. Dicha situación le fue comunicada a la actora mediante oficio HDRRACG-

AGBS-0419-2009 del primero de junio del 2009, donde se le indica que el Área de
facturación en la cual trabajaba paso a depender el Área de Gestión de Bienes y
Servicios. En el acto de traslado definitivo oficio HDRRACG-AGBS-0458-2010, se le
indicó se formalizaba el su traslado a la despensa de víveres, conforme a los términos
del oficio HDRRACG-AGBS-0338-2010, en el cual se indico que el área de Gestión de
Bienes y Servicios, se encontraba en una etapa de cambios en la organización interna y
en los procesos de trabajo, por lo que el área de facturación se iba a reorganizar. D e lo
anterior, se observa claramente que el motivo que dio pie al traslado de la señora
Ugalde Moya a la despensa de víveres, obedece a un proceso de reorganización
institucional, que incluye a las áreas de incumplimiento y facturación y que en virtud
de dicho proceso estas áreas pasarían a depender de Gestión de Bienes y Servicios
Sobre la legalidad de este motivo, es decir de la reorganización administrativa, ésta
encuentra su fundamento legal en el numeral 192 de la Constitución Política, que
faculta a la Administración Pública para realizar procesos de restructuración y
reorganización con el fin de alcanzar una mejor organización de los servicios. De igual
forma, la autoridad constitucional ha determinado en reiteradas resoluciones lo
siguiente: "SOBRE LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. La restructuración y la
reorganización administrativa constituyen procedimientos tendientes a modernizar a la
Administración Pública, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, logrando
mejorar los servicios que ésta presta, amén de la consecuente reducción del gasto
público (...) Aunado a lo anterior, el artículo 192 de la Constitución Política faculta a la
Administración Pública para disponer la restructuración de las dependencias que
componen con el fin de alcanzar un mejor desempeño y organización de las mismas,
siempre y cuando se respeten los procedimientos de reorganización establecidos en la
legislación" (Sala Constitucional sentencia número 7208-94 de las 15:15 hrs. del 7 de
diciembre de 1994). De lo anterior se colige que sí existieron los presupuestos fácticos
y jurídicos que facultan la decisión tomada por la Administración, no corresponde
determinar aquí, los motivos que dieron cabida a dicha reorganización administrativa
ya que esto no es tema de discusión en este proceso, sino únicamente determinar si
existió un motivo legal que propiciará la decisión tomada por la Coordinación del Área
de Bienes y Servicios respecto del traslado de la actora, motivo que según se indicó se
ha tenido por demostrado conforme a la prueba aportada, sí existió y fue debidamente
documentado y comunicado a la actora, como fundamento para su traslado. Como
parte del proceso de reorganización el Director del Hospital, le indicó a la
Coordinadora del Área de Bienes y Servicios que debía realizar un diagnóstico
situacional de las áreas de facturación y de incumplimientos. Este requisito fue
cumplido, ya que se tuvo por demostrado que mediante oficio de la Coordinadora del
Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,
número HDRRACG-AGBS-862-2009 de 24 de agosto de 2009, se remitió el Diagnóstico
de la Oficina de Facturación y Seguimiento de Contratos al Director Administrativo
Financiero (ver Informe de Investigación SAIP-026-11 a folio 130 vuelto y oficio número

HDRCG-DM-6924-11-2011 a folio 486, ambos del expediente judicial), cumpliéndose
con los requisitos necesarios para que se diera el proceso de reorganización de las
áreas citadas. Ahora bien, analizados cada uno de los elementos de prueba traídos al
proceso, se tiene por demostrado que a la actora no se le violentaron sus derechos
dentro del proceso de reorganización y posterior traslado, ya que se emitió un acto
administrativo debidamente motivado y que le fue comunicado mediante oficios
HDRRACG-AGBS-0419-2009 que le informo de la reorganización, oficio HDRRACG-
AGBS-0338-2010, donde se le realizó la propuesta de traslado y se indicaron los
motivos del mismo, oficio HDRRACG-AGBS-0458-2010, mediante el cual se le notificó
el traslado como oficinista 2 a la despensa de víveres, indicándole las acciones legales
que podía tomar en contra de la misma. Debe de rechazarse, de esta forma el motivo
de nulidad alegado por la actora en cuanto a la falta de motivo lícito en el traslado de
la actora, y a su vez la petitoria de reinstalación en su puesto de facturación ya que
conforme se demostró este traslado obedeció a un proceso de reorganización, y a su
vez tiene como sustento un diagnostico realizado por la Jefatura del Área, teniendo
como fin último una mejor organización de los servicios establecida en el artículo 192
de la Constitución Política

VII) RESPECTO DEL IUS VARIANDI: Una vez analizado lo anterior, corresponde
determinar si nos encontramos frente a lo que se ha denominado en la doctrina
como Ius Variandi abusivo, el cual fue alegado por la actora en su demanda y en sus
argumentos vertidos en juicio, al señalar que la trasladaron a un área que no se
ocupaba, que le asignaron un rincón del comedor de la despensa de víveres contiguo a
un lavatorio, sin provisión de equipo y sin asignación de funciones y que la
tienen "contando chayotes". El Ius Variandi, se entiende comola potestad del patrono,
sea público o privado, de modificar, alterar, suprimir, algunas condiciones del contrato
de trabajo. El Dr. Carlos Carro Zúñiga, en su libro Derecho del Trabajo Costarricense,
Editorial Juricentro, San José 1978, define el Ius Variandi, como "el poder del
empleador que le permite modificar las bases del contrato, sin o contra la anuencia del
empleado, cuando existe una justa necesidad de empresa y sin ocasionar grave
perjuicio a éste". Por su parte la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha
definido el concepto así:"Con la locución latina de "ius variandi", se denomina
genéricamente la facultad jurídica que tiene, el empleador, para modificar, en forma
unilateral y legítima, las condiciones de la relación laboral, en el efectivo ejercicio de
sus propias potestades de mando, de dirección, de organización, de fiscalización y de
disciplina, que se le confieren, de principio, ante el innegable, por necesario, poder
directivo del cual goza, dentro de la contratación. Para que en el ejercicio de esta
facultad se ejerza en forma legítima es necesario que las medidas tomadas no atenten
contra las cláusulas esenciales del contrato, ni mermen los beneficios del trabajador -o-
del servidor, en este caso.- En efecto, si el patrono ejerce su derecho de manera abusiva
o arbitrariamente-tanto en los privado, como en lo público-en perjuicio de los intereses


del empleado, lo autoriza a éste a colocarse, desde el punto de vista jurídico, en una
clara situación de despido injusto" (Voto número 492-2002, de las 10:00 del 4 de
octubre del 2002). Teniendo claro lo que la jurisprudencia y la doctrina han
definido como Ius Variandi, corresponde determinar si el traslado efectuado a la
actora del área de facturación al área de despensa corresponde a un uso abusivo de la
potestad delempleador de modificar las condiciones laborales. Primero deben
determinarse cuales son las condiciones laborales con las que contaba la actora,
revisado el contrato de trabajo firmado por cada una de las partes de este proceso,
que se encuentra visible a folio 227, del expediente judicial se tiene en su cláusula
tercera que dice: " De conformidad con los artículos 19 y 20 del Código de Trabajo, y
con el artículo 50 del Reglamento Interior de trabajo, el trabajador acepta prestar sus
servicios en cualquier otra unidad de trabajo de la misma circunscripción territorial y/o
en cualquier otro puesto que no sea el originalmente contratado, en forma temporal o
permanente, que sea compatible con su capacidad, estado o condición física o
intelectual". En el contrato firmado por la actora en el año 1994, aceptó expresamente
brindar sus servicios en cualquier otra unidad de trabajo de la misma circunscripción
territorial. Como ha quedado demostrado, el traslado de la actora se dio dentro de las
mismas instalaciones del Hospital Calderón Guardia, con lo cual se cumple con lo
pactado entre las partes en el contrato de trabajo. Por otra parte en la cláusula cuarta,
se dispuso como jornada ordinaria de trabajo la de ocho horas al día y cuarenta y
cuatro horas semanales, de acuerdo con el horario que le asigne la Jefatura. En autos
se ha tenido por demostrado que mediante oficio número HDRRACG-AGBS-0338-2010
del 19 de marzo del 2010, la señora Laura Torres Carmona, Coordinadora del Área de
Gestión de Bienes y Servicios, le establece un horario de trabajo a la actora de lunes a
jueves de 7:00 am a 4:00 pm, viernes de 7:00am a 3:00 pm, con lo que no se observa
que se violentara su jornada laboral, si se toma en cuenta el período de almuerzo
legalmente establecido. No obstante, el reclamo de la actora se orienta a que se le
asignó un puesto de trabajo con un escritorio, en un rincón del comedor de la
despensa de víveres, contiguo al lavatorio, sin provisión de equipo y sin que se le
asigne función alguna, y que se le tiene "contando chayotes". De la prueba recabada
en autos, no se ha logrado demostrar que las condiciones laborales de la actora se
hayan visto afectadas en forma abusiva, ya que solo se cuenta con el dicho de la
accionante. En la declaración recibida del señor Carlos Alfaro, este únicamente expresó
que las condiciones de trabajo actuales de la actora son inferiores a las que tenía antes
(11:15 de la grabación de juicio), pero no indicó en relación a que aspectos considera
que su situación laboral es inferior, ya que señalo que en la despensa el trabajo es más
adecuado para los hombres, mas físico que intelectual, sin embargo, revisadas las
labores asignadas a las señora Ugalde visibles a folio 270 del expediente
administrativo, oficio HDRACG-SAAD-021-04-2010 no se desprende ningún tipo de
labor física como la que describe el testigo, ya que se enumeran las
siguientes: "Conforme a su experiencia coadyuvará en el seguimiento y control de las

facturas generadas por los proveedores de alimentos conforme a los contratos vigente,
ayudando en los cálculos aritméticos y requisitos general de las mismas, se le
capacitará en el seguimiento de los contratos que dan origen a las diferentes entregas
de alimentos por los proveedores conforme a los contratos vigente, se le dará apoyo y
la capacitación en el control permanente de existencias por medio de los tarjeteros de
control de todos los insumos que ingresen a la Despensa de víveres de la sub-área, se le
capacitará en la elaboración de informes cuya información es vital para la reposición
de insumos básicos conforme a su consumo y evitar sobre-existencias, vencimientos o
posibles desabastecimientos que pueden provocar perjuicio a la población
hospitalizada y al patrimonio institucional" .Por otra parte, el testigo Carlos Alfaro
señaló que el área de trabajo sí cumple con las condiciones sanitarias, que no cuenta
con computadora, sino únicamente con un escritorio. Sobre este punto la
Coordinadora del Área de Gestión de Bienes y Servicios, le remitió oficio a la señora
Ugalde Moya en fecha 19 de abril (v.f 125 del exp. adm) donde le indicó que al ser
actividades manuales en la despensa de víveres no requería de equipo de cómputo,
siendo que durante este proceso no se ha demostrado que conforme a las labores
asignadas a la actora en la despensa de víveres, la misma requiera de computadora
Mediante acta número HDRRACG-AGBS-0519-2010 del 19 de abril del 2010, suscrita
por la señora Laura Torres Carmona y el señor Emmanuel Bermúdez Aguilar,
Coordinador Sub-Área de Almacenamiento y Distribución y, el encargado de la
Despensa de Víveres, se indica que se asignó un espacio a la actora, se colocó
escritorio, sello, máquina calculadora y lo necesario en implementos de oficina (v.f 123
del expediente administrativo). De lo transcrito, se ha comprobado, que contrario a lo
que argumenta la actora, sí se le dotó del equipo de oficina necesario para la correcta
realización de sus funciones en la despensa de víveres, en igual sentido se refirió la
testigo Gisella Gutiérrez Zúñiga al señalar en su declaración que la actora cuenta con
los implementos necesarios para la labor que esta realizando, y que no tiene
computadora por que no la requiere por el sistema de código y tarjeteros que se utiliza
en la despensa de víveres (13:52 de la grabación de juicio). En cuanto a la asignación
de funciones, señala la accionante que no se le ha asignado ningún tipo de labor
situación que se mantiene hasta la fecha, este argumento carece a su vez de sustento
probatorio por parte de la actora, llevando la carga de la prueba en este sentido,
siendo que mediante oficio HDRRACG-AGBS-0338-2010 la Coordinadora del Área de
Gestión de Bienes y Servicios el indicó las funciones, describiéndolas como de tipo
administrativo de oficinista 2, auxiliando la facturación, control de tarjetero, lo cual
concuerda con las funciones descritas en el oficio HDRACG-SAAD-021-04-2010 supra
citado. A folio 272 del expediente administrativo, se describe la naturaleza del trabajo
para el puesto de oficinista 2, puesto que ocupa la actora, entre los cuales se
encuentran los de efectuar inventarios de artículos, materiales, equipos y mantener los
controles correspondientes, realizar cálculos aritméticos variados, ordenar, clasificar y
archivar documentos siguiendo las técnicas adecuadas. Conforme a todo la prueba

recabada, tanto documental como testimonial, se concluye que el traslado de
funciones y de departamento de la actora, lo realizó su jefatura inmediata conforme a
las potestades de modificación unilateral de las condiciones de trabajo, no se ha
demostrado que el traslado se hayan perjudicado los intereses de la trabajadora, en
este caso la señora Ugalde Moya, ya que se le trasladó a un lugar que cumple con los
requerimientos de salubridad y las condiciones necesarias para realizar sus labores
como oficinista 2, asimismo cuenta con el equipo necesario para llevar el control de
inventario de la despensa de víveres, y se le asignaron varias funciones de gran
relevancia para el abastecimiento de alimentos. Finalmente señala la actora, la falta de
un estudio técnico que determine la necesidad de personal en la despensa de víveres,
en relación a este punto según lo explicado en este apartado, el patrono cuenta con la
potestad de disponer de su personal conforme lo considere para lograr una prestación
efectiva y eficiente del servicio público, por lo que no puede pretenderse que cada vez
que una jefatura estime efectuar cambios de funciones del personal a su cargo, se
emitan criterios técnicos, ya que esto iría en contra de las potestades asignadas a los
patronos, violando los principios de eficiencia y eficacia que deben regir a la
Administración Pública, claro siempre que se respeten los derechos y condiciones de
los trabajadores. Por las razones indicadas estima esta Cámara que no se han
configurado en este caso, los presupuestos del denominado Ius Variandi del tipo
abusivo, con lo se rechaza dicho argumento, por improcedente y carente de prueba.”


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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7852 del 30/11/1998. Ley de Desconcentración de Hospitales y
Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vigente Desde: 24/12/1998. Versión de la
Norma: 3 de 3 del 27/10/2014. Publicada en: Gaceta Nº 250 del: 24/12/1998

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 270 de las dieciséis
horas con cinco minutos del doce de diciembre de dos mil once. Expediente: 11-003189-1027-
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 498 de las nueve horas con
cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil siete. Expediente: 01-000189-0163-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA. Sentencia 5 de las catorce
horas del primero de febrero de dos mil doce. Expediente: 11-003457-1027-CA