Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Competencia

Palabras Claves: convenio, cooperación, sujetos de Derecho Público, entes públicos

Fuentes de Información: Normativa y jurisprudencia. Fecha: 1/9/2015


Contenido


RESUMEN

El presente documento hace referencia al concepto de convenios
administrativos entre sujetos de Derecho Público. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de Contratación
Administrativa. Asimismo, lo que ha señalado la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia con relación a la distinción entre los convenios y la
contratación administrativa propiamente dicha


NORMATIVA

1. La sustitución del titular en la Ley General de la Administración Pública


Artículo 130.—Actividad contractual desarrollada entre sujetos de
Derecho Público. Los sujetos de derecho público, podrán celebrar entre sí
contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y


cuando la actividad desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de
sus respectivas competencias. En sus relaciones contractuales, deberán
observar el equilibrio y la razonabilidad entre las respectivas prestaciones
Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en
ejercicio de sus competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de
la Ley de Contratación Administrativa


JURISPRUDENCIA


1. Concepto, naturaleza jurídica y distinción con contratación
administrativa

“ IV.- De la contratación pública. De previo a ingresar al análisis de los
cargos formulados, es preciso referirse brevemente a algunos aspectos
relacionados con la contratación pública. De conformidad con el numeral 182
de la Constitución Política, toda contratación que realice alguno de los órganos
o entes del Estado, sea dentro de su organización centralizada, desconcentrada
o descentralizada, debe realizarse mediante un procedimiento de licitación
pública dentro del cual, las normas de adjudicación permitan seleccionar al
oferente que de forma más amplia y objetiva, satisfaga los intereses públicos
inmersos en dicho proceso de obtención de bienes y/o servicios. (Consúltese en
este sentido la sentencia no. 998-98 de la Sala Constitucional) El desarrollo de
este principio constitucional se ha realizado y se encuentra contenido en el
texto de la Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494 y en su
Reglamento, Decreto No. 25038-H. Este conjunto legal se constituye en el
marco jurídico regulatorio de la actividad de contratación de la Administración
Pública. En este sentido, su ámbito de aplicación –influenciado de un criterio
marcadamente objetivo-, incluye la actividad de todas aquellas entidades
públicas que de alguna manera, sea directa o indirecta, administren o
dispongan de recursos públicos. En relación, el artículo 1 de la Ley de


referencia indica con claridad meridiana: “Esta Ley regirá la actividad de
contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial,
el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría
General de la República, la Defensoría de los Habitantes el sector
descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las
empresas públicas./Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la
actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se
someterá a los principios de esta Ley./Cuando en esta Ley se utilice el término "
Administración ", se entenderá que se, refiere a cualquiera de los sujetos
destinatarios de sus regulaciones.” Esta disposición presupone que las unidades
públicas, en el marco de sus actividades de contratación, y a tono con el
principio de legalidad administrativa, contenido en los ordinales 11 de la Carta
Magna, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, deben sujetarse
a lo expresado en ese marco legal, tanto en la utilización de procedimientos,
como respecto de los principios inherentes en esta materia. Bajo este marco,
toda actividad pública de adquisición o intermediación de bienes y/o servicios,
incluidos los acuerdos como el suscrito entre el Banco actor y el Ministerio de
Hacienda, se encuentran sujetos a las regulaciones de esta Ley. En torno a la
relación jurídica suscrita entre las partes litigantes, cabe precisar que no toda
relación que se genere entre dos Administraciónes públicas debe tenerse como
un contrato en sentido estricto, pues bien puede tratarse de
un convenio administrativo. Los convenios de esta clase, pueden ser definidos
como un mecanismo bilateral utilizado por unidades públicas para conseguir la
coordinación inter-administrativa, mediante relaciones jurídicas de colaboración
y cooperación entre ellas. De ahí que en este tipo de acuerdos, al buscar un
objetivo común, un interés compartido, se presenta un equilibrio entre lo que
da y recibe cada una de las entidades u órganos involucrados. En el contrato
por el contrario, estas variables no se encuentran presentes, dado que no se
impone un balance entre las prestaciones a que se obligan las partes, ni se
impone la cooperación como móvil primario de la relación. Tampoco existe una
coincidencia de intereses; la Administración busca la obtención de bienes y
servicios para cumplir con sus cometidos, en tanto que el contratista, la

retribución o utilidad que la realización del objeto del contrato le va a generar
Verbigracia la venta de servicios que pueda hacer una entidad a otra. Visto así,
el punto clave para precisar si se está frente a un contrato o ante un convenio,
radica en el objeto de la negociación, así como en la “cooperación” que
efectivamente se estén brindando entre sí ambas entidades. Ergo, existe una
significativa diferencia entre un convenio de cooperación entre instituciones y
cualquier otra actividad contractual que se lleve a cabo al amparo del artículo 2
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa. A la luz de lo anterior, se
desprende con claridad que el pacto objeto de examen constituye un
contrato administrativo suscrito entre dos instancias públicas, aun cuando se
haya denominado convenio, en razón de su objeto y de las condiciones que
delimitan y detallan las obligaciones y derechos de las partes que lo
suscribieron. La distinción entre ambas figuras y la determinación de la
naturaleza del vínculo jurídico entre las partes es de interés al presente caso,
en razón de que a tono con lo dispuesto por la Ley de cita y su Reglamento, es
dentro de los contratos administrativos y no en los convenios, donde es viable
la incorporación de figuras como la cláusula penal por retraso en la ejecución
Esto es así en razón del objeto que estos últimos conllevan, y la relación de
coordinación y búsqueda de fin común que se supone intrínseca en ellos. Por
tal, este aspecto es de relevancia de cara a abordar el análisis de disposiciones
de este tipo, sus alcances, efectos, y en general, el régimen jurídico que las
delimita, aspectos que serán objeto de examen en los
considerandos siguientes. V.- Contrato Administrativo. Deber de
cumplimiento. Ahora bien, el contrato administrativo constituye la fuente
primaria que delimita el objeto de la contratación, pero además, es el régimen
particular que precisa los términos de la relación jurídico administrativa. Es en
este instrumento donde se incluyen las condiciones específicas a las que se
obligan quienes lo suscriben, y los aspectos particulares para llegar a su
correcta ejecución. Las partes suscriben el contrato para cumplirlo. De ahí que
el numeral 20 de la Leyde cita en relación al precepto 22 del Reglamento
General de la Contratación Administrativa, disponen el principio de obligación
de cumplimiento a cargo del contratista, deber al que a su vez, guarda

sujeción la Administración contratante, según lo preceptúa el canon 15 de la
Ley y el 17 del Reglamento. A partir de estas disposiciones, los contratantes se
encuentran obligados a que la ejecución se desarrolle dentro de los términos
acordados, debiendo acudir al mismo y al marco legal, para justificar los
retrasos que puedan producirse y que trunquen la posibilidad de cumplimiento
en tiempo y forma, o bien, para corregir los inconvenientes que en su desarrollo
pudieren surgir, con la imposición de las sanciones que procedan. Dentro de
esta relación jurídico administrativa, las partes pueden establecer una diversa
gama de condiciones contractuales, las que, necesariamente, deben inclinarse a
buscar o potenciar no solo la concreción del objeto del pacto, sino además, la
satisfacción del interés público involucrado (doctrina del numeral 113 Ley
General de la Administración Pública), dentro de un marco de equilibrio en la
distribución de las cargas. Esto es así, porque estos acuerdos deben ser
objetivos y revestidos de racionalidad. No obstante, es claro que la
Administración Pública contratante, como parte de sus potestades de imperio,
es quien define las cláusulas primarias del contrato, que se presumen
aceptadas por el contratista con la sola presentación de la oferta, de modo que
aún cuando manifiesta de modo expreso su inconformidad al respecto, se tiene
por no puesta (artículo 49 Reglamento General de la Contratación
Administrativa). De igual modo, en virtud de la potestad de modificación
unilateral del contrato, ante circunstancias imprevisibles y cuando sea la única
forma de satisfacer el interés público, la Administración puede variar las
condiciones pactadas hasta en un 50%, según lo dispone el numeral 12 de la
Ley de la Contratación Administrativa. Empero, el contenido del contrato así
como estas potestades, están sujetos a las reglas que en esta materia impone
la legislación, dentro de las que se incluyen las barreras del ejercicio
discrecional reguladas por los cánones 15 y 16 de la Ley General de la
Administración Pública. Pero además, guardan una sujeción a los principios
generales que se encuentran inmersos en el Ordenamiento Jurídico, y que son
atinentes a la contratación pública. Estos postulados orientan esta función
administrativa, a fin de potenciar su cumplimiento debido dentro de los cauces
adecuados. Se trata de principios que se encuentran incluso por encima del

contrato, al grado que cuando alguna disposición del convenio atente contra
ellos, su desaplicación es inminente, a favor de aquellas reglas superiores. Así,
las partes pueden invocarlos a su favor, aún contra el mismo contrato. Es el
caso de la intangibilidad patrimonial, la buena fe contractual, equilibrio en las
cargas, ius variandi, razonabilidad y proporcionalidad, entre otras. VI.-
El casacionsta recrimina la aplicación del numeral 712 del Código Civil a la
cláusula penal contenida en el anexo del convenio suscrito entre el Banco actor
y el Ministerio de Hacienda, por considerar que dicha disposición es inaplicable
en tanto el convenio tiene fuerza de ley entre las partes, razón por la cual, lo
dispuesto en el articulado era lo que debió considerarse para resolver la litis. A
diferencia de lo alegado por el recurrente, esta Sala estima que la posición
sostenida por el a quo y confirmada por el ad quem, es correcta y ajustada a
Derecho por lo que de seguido se indica. En la especie, según se desprende de
los autos, en fecha 25 de septiembre de 1997, ambas partes litigantes
suscribieron un Convenio de Servicios Auxiliares, en virtud del cual, el Banco
actor se comprometía a la recaudación de los tributos administrados por la
Dirección General de Tributación, los que debía trasladar, dentro de los plazos
pactados, a las cuentas correspondientes de la Tesorería Nacional (hechos
probados 2 y 3 del fallo de primera instancia, no controvertidos). En el Anexo
de dicho pacto, y para lo de interés, en el Capítulo IV “De las penalidades”, se
incluyó la cláusula 23 que en lo pertinente indica: “Para el caso en que el
“Banco” no efectúe los abonos de los montos recaudados dentro de los plazos
fijados en este Anexo, el interés se producirá de pleno derecho y sin necesidad
de trámite previo alguno, salvo caso fortuito o fuerza mayor eventualidad
ésta, debidamente sustentada por el “Banco” y comunicada por escrito a la
“DGTD” el día hábil siguiente de producción de los hechos que causaron el
atraso en la acreditación de los fondos. Tratándose de atrasos en el abono de
los montos recaudados, con posterioridad a la fecha fijada, se procederá de la
siguiente amera: 1. Se aplicará sobre el monto dejado de abonar un interés
equivalente al 1% diario. (...) 2. El interés se aplicará desde la fecha en que se
debió efectuar el depósito hasta el día de efectivo ingreso de la recaudación en
la cuenta de la Tesorería nacional y, de corresponder, de los otros entes

beneficiarios de la recaudación.” En cuanto a los intereses moratorios, el punto
3 de ese mismo numeral disponía: “... Cuando el monto correspondiente al
interés, no hubiere sido cancelado dentro del plazo establecido en el párrafo
anterior, dicho importe o su saldo devengará intereses moratorios a la tasa
indicada en el inciso 1º...” Por su parte, el ordinal 24 del mismo anexo, disponía
la sanción por el atraso en la rendición de información, la que consiste en “
una multa equivalente al 5% de la comisión que le corresponden por “captura
y transcripción”, por cada día de demora en la entrega del o de los formularios
correspondientes...” Adicionalmente, se estableció que la multa en cuestión se
determinaría sobre la base de que cada formulario representa un promedio de
350 pulsaciones sin importar el tipo de modelo. Un estudio objetivo de estas
figuras contractuales al amparo de la legislación que regula la materia, llevan a
concluir que en realidad se tratan de verdaderas cláusulas penales, en tanto
son disposiciones que tienen por finalidad, pre-establecer mecanismos de
sanción ante los eventuales atrasos en la ejecución o incumplimientos del
contrato o de alguna de sus fases. Esto obliga a analizar el régimen jurídico
aplicable a este tipo de cláusulas dentro de la contratación pública, a fin de
contar con panorama claro que permita una correcta solución de los agravios
formulados. VII.- Conforme se ha indicado con antelación, dentro de los
contratos administrativos, es factible la incorporación de las denominadas
cláusulas penales, como figuras de sanción contractual. Se trata de acuerdos
que definen en forma anticipada, cuál será la multa económica concreta que
deberá cancelar el contratista por incurrir en el incumplimiento de una de sus
obligaciones (normalmente por demora o ejecución prematura del contrato). El
canon 34 de la Ley y los incisos 3) y 4) del numeral 36 de su Reglamento,
permiten la inclusión de este tipo de condiciones en los contratos públicos. En
esta línea, el citado inciso 3) dispone la posibilidad de “...contemplar la
existencia de cláusulas penales por ejecución tardía o prematura o multas por
defectos en la ejecución, tomando en consideración el monto del contrato y el
plazo convenido para la ejecución o entrega total, y las repercusiones de su
eventual incumplimiento.” De igual forma, el ordinal 34 de la Ley dispone la
imposibilidad de ejecutar la garantía de cumplimiento por la misma causa

específica, en virtud de la que se ha aplicado una cláusula penal. Si bien las
anteriores disposiciones enunciadas mencionan el instituto de la cláusula penal,
lo cierto del caso es que no aportan un contenido amplio sobre el tema, mas al
contrario, se limitan a prever su existencia dentro del contrato y a disponer la
improcedencia de cobrar por una misma causa, la garantía de cumplimiento y
ejecutar dicho tipo de cláusula. Esta laguna obliga a acudir a otras disposiciones
legales que permitan establecer los términos del uso de ese tipo de
determinaciones contractuales, de conformidad con el principio de integración
del Ordenamiento Jurídico, a fin de establecer reglas objetivas aplicables a la
generalidad de los casos. La composición aludida ya se encuentra prevista en
las normas que regulan la contratación del Estado. En efecto, en línea con dicho
principio general de derecho, el canon 3 de la Ley y el 2 del Reglamento,
refiriéndose al régimen jurídico aplicable a la materia de la contratación
administrativa, establecen la aplicabilidad instrumental de las figuras
contractuales y normas que no se encuentren desarrolladas por el
ordenamiento jurídico-administrativo, pero si lo estén en el derecho privado. El
canon 3 de la ley indica al efecto: “La actividad de contratación administrativa
se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico
administrativo./ Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la
Administración podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual
que no se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos,
se respetarán los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios
establecidos en esta Ley, en particular en lo relativo a la formación de la
voluntad administrativa.” Por su parte, el ordinal 2 del Decreto No. 25038-H
dispone: “2.1 La actividad de contratación administrativa se rige por las normas
y principios del ordenamiento jurídico administrativo. (...) 2.3 Solamente en
ausencia de disposición expresa de estos cuerpos normativos, se podrá aplicar
las disposiciones pertinentes del derecho privado. Cuando se utilice alguna de
las figuras contractuales privadas, se entenderá que se hace con un sentido
instrumental, prevaleciendo en todo caso, la regulación de derecho público en
lo que concierne la formación de la voluntad administrativa, y el respeto de los
principios y procedimientos propios de la contratación administrativa.” Se trata

del reconocimiento de la complementariedad del Derecho, considerado como un
conjunto unitario que permite acudir a normas de otra rama jurídica para llenar
campos en los que, la regulación existente, es insuficiente. En el caso del
derecho de la contratación pública y el derecho civil de los contratos, el ligamen
es más que evidente, precisamente porque la regulación de la contratación
pública se ha sustentado en lo fundamental en el desarrollo legal,
jurisprudencial y doctrinal que sobre la materia de contratos ha realizado el
derecho civil. Si bien existen diferencias elementales entre ambas modalidades,
lo que deviene del poder público inherente a la Administración, que ha
justificado figuras como las cláusulas exorbitantes, la modificación unilateral del
contrato, principios tales como la intangibilidad patrimonial, que obliga a
mantener el equilibrio de la ecuación económica del contrato (mediante
reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la
imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada
equilibrio de la ecuación financiera del contrato), entre muchos otros, es claro
que la contratación pública, como actividad, se fundamentó en las instituciones
del derecho privado. Ergo, ante la insuficiencia de las leyes administrativas, es
de rigor, de cara a precisar los alcances y contenido del régimen de las
cláusulas penales, acudir a las normas del derecho civil como parámetro de
complementación. En este sentido, es el Código Civil el instrumento legal que
regula con el detalle de mérito la figura bajo examen y el que, por ende,
complementa bajo una relación de instrumentalidad, las normas de la
contratación pública. VIII.- En este sentido, el numeral 708 de dicho Código
establece como efecto de los acuerdos: “...determinar con anticipación y a título
de multa los daños y perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no
ejecute su obligación o que la ejecute de una manera imperfecta”. Se trata de
un sistema de sanción administrativa alternativo, que pretende establecer de
previo, cuáles van a ser los efectos económicos del incumplimiento. Empero,
esta liberalidad de acuerdo de regímenes sancionatorios en realidad es relativa,
en tanto se encuentra sujeta a normas de mayor nivel que disponen principios
que aseguran su racionalidad y proporcionalidad, de manera que no se
impongan como medios de castigo excesivos, generadores de beneficios

indiscriminados a favor de una de las partes. En armonía con este postulado, el
canon 712 del Código Civil dispone: “Cuando sólo se reclame la pena, ésta no
puede exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal; y en los casos
en que es posible el reclamo del principal y de la pena conjuntamente,
la pena no puede exceder de la cuarta parte de aquél.” (El destacado es
propio) De lo anterior se colige que aún cuando el Derecho reconoce la
viabilidad jurídica de incorporar dentro de los contratos públicos este tipo de
condiciones, la sanción que infieren está sujeta a límites objetivos de naturaleza
cuantitativa, que en la especie, consiste en una cuarta parte de la obligación
principal. Es decir, acorde a este principio que dimana del numeral 712 ya
citado, cualquier cláusula penal que imponga un gravamen económico superior
a ese porcentaje, constituye una disposición contraria a la legalidad, que por
tal, no es susceptible de surtir efectos dentro de la relación jurídica
administrativa. Desde este plano, se está frente a un principio jurídico que
ostenta una jerarquía mayor a la del contrato, que acorde a lo dicho, puede ser
incluso invocado por alguna de las partes, aún en contra del propio pacto. Si
bien es cierto en la contratación general, el contrato tiene fuerza de ley entre
las partes, ello no implica que los acuerdos puedan adoptarse en contra de la
misma ley formal y material, y que al margen de principios básicos de equidad
y de buena fe, puedan incorporarse disposiciones abusivas que introduzcan
sistemas sancionatorios desproporcionados e irracionales, sin sujeción a límites
Esto es así porque las sanciones están afectas a esos parámetros. Visto así,
estima esta Sala que la aplicación supletoria del numeral 712 del Código Civil
que dispuso el Juzgado y confirmó el Tribunal, se encuentra ajustada a
derecho, dado que es la misma Ley de la Contratación Administrativa la que
dispone la procedencia del uso de figuras del derecho privado, cuando las
estructuras del derecho administrativo sean limitadas, ergo, la integración
normativa encuentra su sustento en la misma legislación. […] X.- En lo atinente
al alegato de que la multa del 1% es en realidad un mecanismo indexatorio,
cabe señalar que del estudio del convenio y del anexo respectivo, no se infiere
que el artículo 23 aludido haya sido pactado bajo esa modalidad. Más al
contrario, según se señaló en el considerando VI precedente, se trata de una

cláusula penal, regida por un régimen jurídico particular, aspecto ya debatido
anteriormente. En todo caso, la demostración de que ese acuerdo en particular
había sido convenido en esa naturaleza, corría a cargo del Estado, al socaire del
numeral 317 inciso 2 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por
remisión expresa del canon 103 de la Ley de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa. Esa afirmación no fue acreditada, por tanto, el
cargo es desafortunado. En esta línea, cabe indicar que la finalidad de la
cláusula penal y de los mecanismos indexatorios, es diametralmente distinta. La
primera, en armonía con lo ya expuesto, consiste en determinar de antemano,
la multa por daños y perjuicios a aplicar por incumplimiento contractual, o por
ejecución indebida o no satisfactoria. Es entonces, un mecanismo de sanción
económica que opera ante motivos concretos y predispuestos en el pacto. Por
su parte, la indexación consiste en un mecanismo que tiene por fin, traer a
valor presente una obligación dineraria, ergo, se trata de un dispositivo de
ajuste económico, cuyo propósito es actualizar el valor de la obligación, al
momento concreto en que sea exigida. Desde esta perspectiva, la cláusula
penal no tiene por virtud perseguir dicha actualización, sino, erigirse como
sanción patrimonial. Es precisamente este último, el propósito que se observa,
buscaba el artículo 23 del convenio, y no fungir como mecanismo de
indexación, como equivocadamente asegura el recurrente, de ahí que su
alegato no sea de recibo. Así mismo, cabe mencionar que el fallo impugnado no
conlleva un peligro o riesgo de legitimar el incumplimiento de los
contratos administrativos. Lo anterior en razón de que, conforme lo ha indicado
ya esta Sala “la cláusula penal, como deuda dineraria, conlleva el pago de
intereses moratorios desde su incumplimiento, pues a partir de ese momento
resulta exigible el monto pactado por ese concepto. Estos réditos no los cobija
la indemnización compensatoria de la obligación definitivamente incumplida
Los intereses, reitera esta Sala, refieren a la eventual ejecución tardía del pago
de la suma establecida a manera de cláusula penal. Se trata de un
resarcimiento de los daños moratorios a cargo del deudor moroso que no
cumple a su debido tiempo con su obligación de pagar. En estos casos es
posible hablar de dos incumplimientos: el primero produce la aplicación de la

cláusula penal y, su declaratoria mediante el fallo judicial, sólo consolida la
existencia de la obligación dineraria pactada por esa vía indemnizatoria. El
segundo resulta del no pago de esa suma adeudada, cuya consecuencia para el
deudor es reconocer intereses legales. Razonar distinto sería admitir que
el incumpliente, con pleno conocimiento de esa circunstancia, constriña al
acreedor a plantear un proceso y evitar, de esa manera, el pago de intereses
desde su incumplimiento.” (Sentencia no. 731 de las 10 horas 55 minutos del
25 de septiembre del 2002) Por ese motivo, si bien el monto de la sanción a lo
sumo puede llegar a un 25% del total de los fondos que no se trasladaron en
tiempo, a partir del momento en que se imponen los efectos de la cláusula
penal, la deuda que deriva devenga intereses moratorios. Ergo, la suma
impuesta por el incumplimiento se incrementa con los réditos correspondientes
al retraso en su pago, de lo que se debe concluir que el fallo impugnado, de
ninguna manera, cohonesta o legitima las desatenciones de las obligaciones
contractuales. No eximiría en todo caso, de la debida indemnización de daños y
perjuicios paralelos o colaterales, fundados fuera de la causa específica del
retraso, con las garantías o acciones jurisdiccionales previstos para su
exigibilidad. Se trata de una sanción por retraso, no de una confiscación
financiera disfrazada de interés público. Así, el argumento esbozado no es de
recibo.”


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Contratación Administrativa. Fecha de vigencia desde: 04/01/2007. Versión de la norma:9 de
10 del 17/09/2013 Publicación: Nº Gaceta:210 del: 02/11/2006
Sala Primera de la Corte. Sentencia: 01019. Expediente: 01-000606-0163-CA.Fecha
21/12/2005. Hora: 04:25:00 p.m