Informe de Investigación

Título: El delito de extorsión


Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Penal. Derecho Penal Especial
Palabras clave
Delito de Extorsión, Caracteristicas, Consumación y tentativa, Distinción con otros delitos, Extorsión simple
Fuentes: Fecha de elaboración
Doctrina, Normativa y Jurisprudencia. 04 – 2012


Índice de contenido de la Investigación
c)Extorsión: Innecesario que haya menoscabo físico o psíquico de la víctima para la


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i)Extorsión: Concepto, elementos objetivos y subjetivos del tipo, momento a partir del
j)Tentativa de extorsión simple: Imputado detenido minutos después de recibir el dinero


Resumen


El presente informe describe por medio de doctrina, normativa o jurisprudencia el delito de
extorsión, explicando temas como: las características del delito, la protección legal, el texto legal, la
acción típica, por medio de doctrina argentina y española. También se cita el artículo 214 de
nuestro Código Penal sobre la extorción y abundante jurisprucencia en relación al mismo


2 Doctrina


a)El Delito de Extorsión (Creus)


Características de los delitos
El desplazamiento de las cosas y, por ende, el perjuicio patrimonial, se produce prácticamente sin
intervención de la acción de la víctima: es la propia actividad del agente la que produce el
desplazamiento y, correlativamente, concreta ese perjuicio; es él quien se apodera. En las hipótesis
de extorsión, por el contrario, el desplazamiento de la cosa objeto del delito se produce por la
actividad de la misma víctima, que es quien entrega o pone la cosa a disposición del autor, pero
con su voluntad viciada por coerción

Carácter de la protección legal
En la extorsión hay, por consiguiente, un ataque a la libertad de la persona, que se lleva a cabo
mediante una intimidación (propia o engañosa), la que tiene por finalidad forzar o constreñir su libre
determinación en cuanto a la disposición de sus bienes o de los que están a su cuidado. Ese
ataque a la libertad individual no es aquí un fin en sí mismo, sino un medio para atacar la


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propiedad. En principio, la extorsión es "un ataque a la propiedad cometido mediante un ataque a la
libertad". (Schónke - Schróeder; Soler)

EXTORSION COMUN

El texto legal
El art. 168 del C. P. argentino, reprime con reclusión o prisión de cinco a diez años a quien "con
intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar,
enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que
produzcan efectos jurídicos"

La acción típica
Es la de obligar a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero
La expresión obligar indica la existencia de una voluntad contraria que el agente debe vencer
cuando ese presupuesto falte, cuando la disposición económica se haya producido por propia
decisión del sujeto pasivo, sin plegarse a la actividad intimidatoria del agente, o sea, cuando se
esté al margen de toda relación causal entre la intimidación de éste y la disposición de aquél, se
estará fuera del tipo de la extorsión
Entregar es dar al agente o a un tercero indicado por él. Enviar es mandar o dirigir el objeto al
agente o a dicho tercero. Depositar es dejar o colocar el objeto en el lugar indicado por el agente o
convenido con él. Poner a disposición es colocar al objeto en condiciones de que puedan disponer
de él el agente o el tercero indicado

Objetos del delito
Los objetos de esas acciones, a las que se ha obligado al sujeto pasivo, son cosas, dinero o
documentos que produzcan efectos jurídicos. Por cosas entiéndense las cosas muebles, según el
concepto que de ellas hemos dado en el tipo de hurto; dinero es la moneda con valor corriente en
el país, o sea, la que tiene curso legal en él: la que no tenga esa característica puede ser objeto de
la extorsión, pero en su carácter de "cosa"
La expresión documentos plantea problemas un poco más complejos. El concepto genérico de
documento como manifestación escrita, firmada por el otorgante, que produce efectos jurídicos, es
válido aquí, pero la circunstancia de que la Ley califique expresamente el documento objeto del
delito como aquel que produzca efectos jurídicos ha suscitado dudas: para una acentuada corriente
doctrinaria se tiene que tratar de documentos cuyos efectos jurídicos importen una lesión
patrimonial, pues de otro modo -se dice- no aparecería la lesión al bien jurídico protegido por el tipo
(Moreno, Gómez, Molinario, Levene, etc.); otros, advirtiendo que el tipo de art. 168, parr. 2o., se
refiere a documentos de obligación o crédito, que son los que normalmente producen efectos
patrimoniales, consideran que dentro de la expresión "documentos" del párr. Io., queda
comprendida toda especie de documentos, aun aquellos que, sin producir efectos jurídicos
actuales, tienen un valor en sí (p. eje., un documento histórico o de gran valor cultural), ya que
también en estos se ataca la propiedad (Soler, Núñez, Fontán Balestra). No es discutible que en
ellos la entrega, depósito, etc., del documento, obligada por la acción del agente, constituye una
extorsión, pero allí el objeto del delito es una cosa, que no obra como documento. Los
sostenedores de esta última opinión olvidan que cuando la Ley habla de documentos que


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produzcan efectos jurídicos se refiere a los efectos jurídicos del documento, no a los efectos
jurídicos de la extorsión, como también que existen documentos que producen efectos jurídicos
patrimoniales y que no son propiamente de obligación o de crédito (los que reconocen o liberan de
una obligación o de un crédito); son, pues, esos documentos, que sin ser de obligación o de
crédito, pueden producir efectos jurídicos lesivos para el patrimonio (declaraciones sobre el estado
civil de una persona, reconocimiento de autoría de un delito, etc.) los objetos del delito. Otras
manifestaciones escritas que carezcan de ese carácter, pero tengan en sí valor patrimonial, como
vimos, pueden ser objeto del delito de extorsión, pero como cosas, no como documentos. Por su
capacidad para producir efectos jurídicos, aun con limitaciones, caben en el tipo los documentos
otorgados en blanco, los anulables y los que se refieren a obligaciones prescriptas (Núñez), pero
no los que resultan absolutamente nulos, ya que ningún efecto pueden producir

El medio comisivo. La intimidación
Pero ya vimos que lo que caracteriza a la extorsion es el modo como se ataca a la propiedad, en
cuanto se procede por medio de un ataque a la libertad; este ataque a la libertad tiene que
realizarse por medio de la intimidación. La Ley contempla lo que podemos llamar una intimidación
propia y dos casos de intimidación engañosa

La intimidación propia
Estamos ante la intimidación propia cuando la forma de obligar al sujeto pasivo es exigirle el hacer
por medio de una amenaza, o sea, por el anuncio de un daño, dependiente de la voluntad del
agente, cuya realización se condiciona al no cumplimiento de lo exigido
En general, los requisitos de esa amenaza son los mismos que hemos visto al tratar el art. 149 bis,
C. P., pero la doctrina, sobre todo la que se redactó antes de que en nuestro sistema apareciera
esta última figura, trata en particular algunos de aquéllos al referirse al delito de extorsión. Por
supuesto que el daño amenazado tiene que ser futuro; no es una amenaza extorsiva la que se
refiere a un daño ya producido en la propia esfera patrimonial del sujeto pasivo (p. ej., no devolver
lo hurtado), pero sí puede serlo el anuncio de un abstenerse de hacer cesar el mal que actualmente
sufre aquél (p. ej., no aplicarle el remedio para curar su enfermedad); el daño puede recaer sobre
su persona, bienes o intereses legítimos, o sobre la persona, bienes o intereses legítimos de un
tercero, en la medida que señalamos al tratar de las amenazas. Debe ser grave, en el sentido de su
suficiencia para obligar al sujeto pasivo a cumplir con las exigencias del agente; al respecto, mucho
se ha discutido sobre el tema de la idoneidad de la intimidación en el delito de extorsión, pero este
problema queda circunscripto a los casos en que la intimidación no ha llegado a producir las
consecuencias dañosas del delito, es decir, por su consumación; cuando ésta se ha producido,
cuando la entrega, el envío, el depósito o la puesta a disposición la ha realizado el sujeto pasivo a
raíz de la intimidación, dicha idoneidad no puede ser puesta en duda; trátase de un tema propio de
la tentativa, al que nos remitimos
Pero lo que si se puede adelantar aquí es que la intimidación no tiene por qué alcanzar una
gravedad extraordinaria: basta con que ella esté configurada por el anuncio de un mal suficiente
para colocar al sujeto pasivo ante la opción de salvar el bien amenazado aceptando la exigencia
del agente
La enunciación de la intimidación plantea la exclusión de la violencia como medio comisivo
Recuérdese, sin embargo, que puede darse una violencia compulsiva que actúe por la vía psíquica,
como vimos en el delito de amenazas, en cuyo caso adopta ella carácter de intimidación. Pero no
cualquier violencia compulsiva es medio apto para constituir el tipo de extorsión: en ésta queda


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excluida no solo toda forma de violencia absoluta o ablativa, sino también aquellas formas de vis
compulsiva que se ejerzan de manera "inmediata e ininterrumpida" con respecto a la decisión
lesiva del patrimonio del sujeto pasivo, "aun cuando actúe por vía psíquica" (Soler); esos son
procedimientos exclusivos del robo; en la extorsión quedan enmarcadas la intimidación pura (sin
aplicación de violencia física) y la violencia intimidatoria que se lleva a cabo como paradigma de un
nuevo ejercicio de ella, transcurrido un intervalo, si el sujeto pasivo no accede durante él a cumplir
las exigencias del agente
El tipo requiere, además, que se trate de una exigencia injusta, pero aquí la injusticia de la
exigencia se determina por la ilicitud del perjuicio patrimonial que se irroga a la víctima. Será injusta
la exigencia, y, por tanto, tendrá carácter de extorsiva, en todos los casos en que el agente persiga
con ella, para sí o para otro, un beneficio ilegítimo, al cual él o el tercero no tienen derecho
caracterizándose esa injusticia sustancial, la justicia o injusticia del medio constituido por el
contenido mismo de la amenaza carece de importancia con respecto a la tipicidad: quien teniendo
derecho a la prestación que exige al sujeto pasivo, formula su petición a él por procedimientos
intimidatorios, no comete extorsión (aunque puede cometer el delito de coacciones), por más que el
contenido de la amenaza formulada sea un daño injusto, y, al revés, cuando el daño amenazado
sea en sí mismo justo (p. ej., formular una denuncia), pero la prestación indebida sea injusta,
estaremos ante el tipo de extorsión

La intimidación engañosa
La que hemos llamado Intimidación engañosa aparece en el tipo, en la enunciación de dos
procedimientos extorsivos: la simulación de autoridad pública y la simulación de falsa orden de la
autoridad pública. Ambos procedimientos requieren, en este delito, no sólo el engaño sobre la
calidad del que exige o de la procedencia de la exigencia misma, sino su utilización como
procedimientos intimidatorios, es decir, que fuerzan al sujeto pasivo a realizar la prestación por
temor a sufrir un daño futuro de parte de la autoridad. Requisito imprescindible es, también aquí,
por tanto, la injusticia de la exigencia y que esa injusticia sea conocida por la víctima: quien decide
entregar lo que realmente debe o lo que cree deber a la administración, al que invoca falsamente
ser su agente, es estafado, pero no extorsionado, ya que ahí el engaño no se suma a la
intimidación, que es imprescindible para la extorsión
Simula ser autoridad pública quien, sin serlo, invoca ese carácter para formular la exigencia
Cuando la Ley habla de autoridad, se refiere a quien tiene competencia para formular la exigencia
por lo cual puede ser autor de este modo extorsivo el empleado o el funcionario público que no
tiene esa competencia y que, por tanto, no es "autoridad" en el sentido de la Ley (contra: Fontán
Balestra). Invoca falsa orden de autoridad pública quien, sin presentarse como autoridad pública,
invoca una falsa orden de esa autoridad para fundamentar su exigencia

Distinción con el robo con intimidación
Durante la vigencia de la fórmula original del Código Penal argentino, que no consideraba
expresamente la intimidación como uno de los medios del robo, la distinción entre esta figura y la
extorsión se establecía precisamente en razón de los medios: cuando el perjuicio patrimonial de la
víctima se producía por medio de una violencia física (del carácter que fuese), se daba la figura del
robo; cuando se producía por medio de la pura intimidación, la extorsión, afirmándose que la Ley
había "prescindido de considerar como característica de la extorsión la existencia de un intervalo
entre la amenaza y la prestación, o entre la amenaza y el mal" (Núñez). Pero, la circunstancia de
que la fórmula actual del robo incluya también la intimidación como medio comisivo, exige volver a


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la distinción clásica entre ambas figuras, fundada en el intervalo que separa esos momentos: en la
figura de la extorsión siempre se da la amenaza de un daño futuro para lograr una prestación actual
o futura, o sea hay una desarticulación entre dos momentos: el de la prestación no se produce en el
mismo contexto de acción en que se puede producir el daño con el que se amenaza; en el robo,
por el contrario, la intimidación y la eventual producción del daño, es un procedimiento que se
desarrolla ininterrumpidamente con referencia a la prestación de la víctima: éste se produce o se
debe producir mientras se ejerce la actividad intimidatoria del agente que se refiere a un daño que
se producirá en el mismo contexto de acción (amenazar de muerte para que la víctima se deje
quitar el dinero); por eso en el robo la intimidación es un medio de realizar el apoderamiento, en la
extorsión un medio para obligar a la entrega

Sujeto pasivo
Sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Asume esa calidad quien es objeto de la exigencia que
produce o puede producir el perjuicio patrimonial. Como se trata de un agravio a la tenencia, para
ser sujeto pasivo no es indispensable que se trate del propietario de la cosa. El daño con que se
amenaza, como dijimos, puede hacerse recaer sobre el propio sujeto pasivo o sobre un tercero,
con relación al cual el sujeto pasivo tenga cualquier interés en preservar el bien que se le va a
afectar como propio (p. ej., padre a quien se amenaza con la muerte del hijo)

Consumación y tentativa
Aunque se ha discutido sobre el momento consumativo, nuestra doctrina se pronuncia
unánimemente por la tesis que podemos llamar del desapoderamiento: el delito se consuma
cuando el sujeto pasivose ha desapoderado de la cosa, sin que sea indispensable que el agente o
el tercero hayan llegado a apoderarse de ella y, mucho menos, que se realice el beneficio ilícito
(Feuerbach). Claro está que ese momento dependerá de la especie de acción de
desapoderamiento que haya de realizar la víctima: cuando ésta sea la de enviar, depositar o poner
a disposición, el principio antes enunciado no puede ponerse en duda: la consumación se da
cuando se haya enviado la cosa, aunque no haya llegado a destino, o depositado o puesto a
disposición, aunque no haya sido ocupada por el agente o por el tercero; pero eso no pasa con la
entrega, en la que el delito se consuma cuando el objeto es dado al autor o al tercero, en cuyo caso
el momento del desapoderamiento se confunde con el del apoderamiento
La tentativa se determina por la formulación intimidatoria de la exigencia a través del comienzo de
la formulación de la amenaza o de la falsa invocación de autoridad u orden de ella. Aquí sí es
necesario examinar con detenimiento la idoneidad de procedimiento intimidatorio empleado, pues si
el fracaso de la intimidación se origina en su inidoneidad, estaremos ante una
tentativa de delito imposible, en tanto que si el fracaso depende de otras causas ajenas a la
voluntad del agente, siendo el medio idóneo para intimidar, estaremos ante la figura principal de
tentativa. Se ha sostenido que esa idoneidad depende de la posibilidad intimidatoria del
procedimiento utilizado, según el "criterio del hombre medio", lo cual no deja de ser exacto, siempre
y cuando no se tome ese criterio como medida absolutamente objetiva: La idoneidad depende de
las circunstancias concretas de cada caso, tanto de las subjetivas que atañen a la particular
víctima, como de las objetivas, que rodean el hecho y que, como tales, pueden influir sobre esa
subjetividad; pero, como lo vimos en el delito de amenazas, el hecho de que la víctima no se haya
intimidado efectivamente nada dice contra la idoneidad del medio intimidatorio utilizado, si es que
pudo haber producido ese estado en un individuo corriente: la gravedad de las amenazas en
correlación con los bienes jurídicos que pueden ser atacados por el delito, asumirá aquí


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importancia, según dijimos precedentemente
Culpabilidad.- El dolo reclama, en el aspecto cognoscitivo, el conocimiento del carácter ilegítimo de
la exigencia que se formula. El error sobre esta circunstancia puede llegar a excluir la culpabilidad
de este delito, aunque no es suficiente la mera duda: la exclusión la produce la certeza en la
errónea creencia de la legitimidad. Volitivamente la extorsión requiere el dolo directo de utilizar la
intimidación para obligar a la víctima a desapoderarse del objeto por alguno de los modos
expuestos en la norma; no basta con la aceptación de esos resultados cuando la intimidación está
destinada a lograr otras finalidades


b)La Extorsión (Núñez)


Noción legal.- Comete una extorsión propiamente dicha, el que con intimidación obliga a otro a
entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o
documentos que produzcan efectos jurídicos
Intimidación.- La Ley prevé como medio para extorsionar, a la intimidación. Esta es un medio de
compulsión puramente moral que consiste en la amenaza de un mal para lograr una prestación de
carácter patrimonial
Medio intimidatorio.- Respecto del medio intimidatorio, esto es, en relación al modo de conducta
utilizado por el agente para intimidar, la Ley admite cualquier medio que no signifique una violencia
física, reservada para el robo
Es unánime la opinión de que todos los actos de fuerza que recaen sobre el cuerpo de la víctima,
constituyen una violencia física y no una intimidación. La discrepancia es profunda, por el contrario,
respecto al carácter de los actos de fuerza realizados directamente en presencia de la víctima, pero
que no alcanzan materialmente su persona
Sobre ese punto las dudas se remiten a la opinión de González Roura al proponer a la Comisión
Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados de la Nación, que redujese
"el robo a la fuerza física" y que trasladase "la intimidación y la violencia moral a la extorsión"
Las dudas son, sin embargo, exageradas y se generan debido a que la característica esencial de la
violencia física se busca en su efecto; vale decir, se considera como único efecto suyo, el de recaer
sobre la persona de la víctima. Los medios físicos o materiales de coerción que paralizan la acción
o reacción de la víctima, por el temor de que se desencadene el mal físico inminente amenazado a
su persona, se llevan, así, al concepto de la intimidación
La distinción entre violencia física e intimidación debe hacerse, por el contrario, atendiendo al
medio con que se hace la amenaza o se produce el temor. Cuando el medio utilizado para impedir
o repeler la acción de la víctima es material, el acto de violencia es físico, aunque no paralice la
acción de aquélla por un efecto de esta índole, como son los de sujetar, golpear, etc., sino que lo
haga por el efecto psíquico del temor
La intimidación queda, por lo tanto, reducida a la compulsión producida por actos de fuerza moral,


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cuya expresión típica se encuentra en la amenaza verbal o escrita. Esta fue, por otra parte, la idea
de la Comisión de Códigos de la Cámara argentina de Senadores, al suprimir en el art. 168 del
proyecto de 1917, relativo a la extorsion, la palabra "violencia", porque "aparentemente... habría
extorsión con violencia física"
Fuera de la violencia física, la extorsión puede realizarse por cualquier medio, directo o indirecto,
inmediato o mediato, por acción o por omisión
Efecto intimidatorio.- Mirada la intimidación en su efecto sobre el ánimo de la víctima de ella,
exige, como su nombre ya lo dice, un determinado efecto psicológico. Este efecto debe ser, con
arreglo a la Ley, el de obligar a la víctima a la prestación, exigida por el temor de sufrir el mal
amenazado. La obligación en que la víctima debe encontrarse no tiene que ser, sin embargo, tan
rigurosa como lo es la que genera el estado de coacción exculpatorio, pues no es necesario que
aquélla se encuentre en la alternativa de obrar como se le exige o de sufrir inevitablemente el mal
amenazado
Lo que la Ley requiere, para que exista intimidación, es sólo que el acto del agente obligue a la
víctima por el temor de ver afectado algo que le interesa. No es necesario que el mal amenazado
sea inminente, ni objetivamente grave. Por lo tanto, producido el efecto psicológico supuesto por la
Ley, la concurrencia de la intimidación no puede ser eliminada en razón de las condiciones
objetivas del mal amenazado, como son la carencia de inminencia y gravedad. Otra cosa distinta es
que esas condiciones sirvan como criterios para establecer si el acto del agente ha obligado o no a
la víctima. En esta indagación se debe proceder con puntos de vista totalmente relativos,
teniéndose en cuenta especialmente, la calidad de la víctima y del autor y las circunstancias de
lugar y tiempo de la amenaza
Una consecuencia importante de lo dicho es que la Ley no excluye ningún interés legítimo de la
víctima como base para admitir la intimidación, salvo aquellos previstos en las otras figuras
especiales de la extorsión. El temor de la víctima debe referirse a un interés legítimo del
extorsionado, porque de otra manera, protegiéndose sus intereses ilegítimos, el derecho penal
dejaría de ser sancionatorio de intereses jurídicos, para convertirse en protector de la ilicitud
Ese interés legítimo puede referirse a la propia persona del extorsionado, a su tranquilidad
espiritual, a sus derechos, o a la incolumidad de esos mismos intereses en relación a un tercero. Si
la víctima tiene o no interés es una cuestión determinable en cada caso
Objetividad patrimonial de la intimidación.- La extorsión es un delito contra la propiedad. La
afectación de la libertad de determinación de la víctima es sólo el medio para lesionar el derecho de
propiedad del extorsionado. Dentro del art. 168, 1, 1er. Supuesto, la intimidación debe tender
subjetiva y objetivamente hacia una lesión al patrimonio ajeno
El patrimonio ajeno debe ser lesionado mediante la privación de cosas, dinero o documentos que
produzcan efectos jurídicos. Debe tratarse de una privación ilegítima, en el sentido de que el bien
no le sea debido por la víctima al autor, pues no hay lesión patrimonial cuando el objeto de que ha
sido privado el dueño, le era debido a la persona que lo exigió. La ilegitimidad del medio empleado
para obligar a la entrega de lo que se tiene derecho a reclamar, no vuelve ilegítima la disminución
patrimonial de la víctima, aunque el hecho pueda constituir un ejercicio arbitrario del propio
derecho, el cual, por otra parte, no es punible entre nosotros. Pero, por el contrario, la legitimidad
del medio empleado, p. ej., la amenaza del ejercicio de un derecho del agente, no legitima la
injusticia de la lesión patrimonial. La ilegitimidad de la exigencia sólo depende de la ilegitimidad del
efecto buscado, con prescindencia del carácter del medio a que se recurre, pues lo que se castiga
es el despojo patrimonial y no la lesión a otros derechos


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La lesión patrimonial puede recaer sobre cosas, dinero o documentos que produzcan efectos
jurídicos
Sobre la naturaleza de las cosas que pueden ser objeto de la extorsión, no existe acuerdo: unos
admiten que el delito puede recaer sobre muebles o inmuebles; otros opinan que sólo las cosas
muebles pueden ser objeto de la extorsión. Ninguno da, sin embargo, fundamento. Para limitar la
extorsión a las rosas muebles basta remitirse a la exigencia legal de que la cosa pueda ser
entregada, enviada, depositada o puesta a disposición del agente, acciones que presuponen en el
sentido legal, la posibilidad de que la cosa sea desplazada materialmente, de lo que no son
susceptibles los inmuebles, salvo los que lo son sólo por su carácter representativo, los cuales,
además de no ser inmuebles para el derecho penal, quedan incluidos, en lo que a la extorsión
respecta, entre los documentos productores de efectos jurídicos
Desde que la extorsión requiere una lesión al derecho de propiedad, la cosa objeto de ella debe ser
algo que tenga un valor patrimonial
La extorsión puede tener por objeto dinero. Por tal debe entenderse la moneda corriente en el país,
nacional o extranjera, metálica o de papel y dotada de valor externo o interno. Si el dinero
extorsionado carece de esas condiciones, aunque por otras causas pueda tener un valor, no se
debe considerar que existe una extorsión sobre una cosa, porque la enumeración específica del
dinero al lado de la genérica de las cosas, significa, por el sentido propio de la especificación penal,
que tratándose de dinero, sólo habrá extorsión cuando el detrimento patrimonial provenga de la
privación del objeto como dinero y no como cosa
En Argentina la extorsión del art. 168, 1, también puede recaer sobre documentos. En el lenguaje
jurídico se considera documento cualquier escrito firmado que exprese una manifestación de
voluntad del otorgante productora de efectos jurídicos. Este concepto es el aceptado por el art. 168,
que hace referencia expresa a los documentos que produzcan efectos jurídicos. Quedan excluidos
todos los demás escritos de contenido distinto, como, p. ej., los pergaminos de amistad o
reconocimiento, las actas conmemorativas, etc., los cuales, aunque estén dotados de las calidades
formales de los documentos, por llevar, v. gr., firmas, carecen, por su propio contenido, de fuerza
jurídica, aunque eventualmente, por cualquier razón, pudieran ser utilizados en el derecho
Al exigir la Ley como condición de este delito que se trate de documento que produzca efectos
jurídicos, hace residir el perjuicio patrimonial en esos efectos y no en otra cosa, de manera que si la
extorsión de un documento carente de efectos jurídicos produce un perjuicio de esa especie por
otra causa, no existe extorsión. El hecho no puede tampoco castigarse a título de extorsión de
cosa, debido a la razón de especificación mencionada más arriba
Al documento nulo no le reconoce el derecho efectos Jurídicos. Su invalidez puede ser alegada y
declarada siempre, sin que en algún caso la Ley reconozca un efecto jurídico emanado de él. La
extorsión de un documento semejante no cae dentro del artículo 168, 1. Tampoco constituye un
delito imposible, punible con arreglo al art. 44, 4, del Cód. Penal. Se trataría de una imposibilidad
fundada en la inidoneidad del objeto, esto es, en la no punibilidad objetiva del hecho. Esa
imposibilidad no es punible dentro del art. 44, 4, mencionado, porque en su esfera, el criterio de la
peligrosidad no ha llegado a substituir por el de la responsabilidad social, el principio nullum crimen
sine lege: el art. 44, 4, sólo funciona respecto de los hechos previstos y castigados por la Ley
Tampoco es susceptible de producir efectos jurídicos el documento invalidado por una cláusula de
su propio texto o por otro documento complementario de éste. Subsisten, en cambio, los efectos
jurídicos de los documentos válidos pero contrarrestados por otro documento. En esta hipótesis, a
pesar de que el documento puede ser vuelto innocuo por un contradocumento, abstracta y
potencialmente posee fuerza jurídica. Algo semejante sucede respecto de los documentos


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anulables y prescriptos. Tales documentos producen efectos jurídicos, aunque sean eventuales y
condicionados
El valor patrimonial del documento no sólo es compatible con un contenido referido a obligaciones
o créditos, sino también con cualquier otra manifestación de voluntad representativa de un valor
patrimonial, siempre que esa declaración le conceda fuerza jurídica al documento
Sujeto pasivo de la intimidación.- Es la persona física cuya libertad de disposición moral es
coartada mediante la amenaza contra su persona, bienes o intereses. Pudiendo los intereses del
intimidado residir en la incolumidad personal o patrimonial de un tercero, el sujeto pasivo de la
intimidación puede ser la persona que corre el peligro amenazado. La Ley no exige que el
intimidado y el perjudicado por la extorsión sean la misma persona. Es posible que el perjudicado o
víctima de la extorsión sea una persona moral y que los intimidados sean sus componentes,
directores o empleados. Pero no al revés, porque la persona moral no es susceptible en sí misma
de coacción psicológica
Relación de causalidad entre la intimidación y el peijuicio patrimonial.- La intimidación es sólo
el medio para perjudicar patrimonialmente a un tercero, obligándolo a entregar o enviar al autor, o a
depositarle, o a poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos. La
extorsión requiere, por lo tanto, un nexo de causa a efecto entre el acto del agente y la conducta
del perjudicado, en el sentido de que la entrega, envío, etc., del objeto, haya sido un resultado de la
intimidación. Se trata de una cuestión de hecho que debe ser resuelta en cada caso por el juez
Pero para declarar que ese nexo de causalidad existe, no es suficiente la simple contemporaneidad
de la intimidación y de la entrega, envío, etc., ni una simple relación de oportunidad u ocasión entre
ambos. En estos supuestos, la entrega, el envío o el depósito no es atribuíble a la intimidación, sino
a otra causa que prescinde o predomina sobre la generada por el delincuente, que no alcanza a
obligar al extorsionado
Consumación y tentativa.- El problema de la consumación de cada delito depende de la distinta
configuración que el legislador le ha dado. Respecto de nuestro delito de extorsión, no sólo se debe
tener en cuenta esa regla, sino que es ineludible hacerlo, sobre todo para no dejarse conducir
erradamente por la actual doctrina italiana, que, para resolver la cuestión del momento consumativo
de la extorsión, parte de una figura muy distinta de la nuestra en lo que respecta a las
características delictuales que influyen en dicho problema
En Argentina con arreglo al art. 168, 1, 1er. supuesto, la extorsión es un delito de resultado, que se
consuma, cuando éste se realiza. El resultado que la Ley exige es la entrega, envío o depósito del
objeto al autor, o que ese objeto se ponga a disposición de éste o de un tercero
La entrega supone que el autor haya recibido o tomado el objeto. El envió se satisface con que el
objeto sea dirigido o llevado al autor, sin necesidad de que éste lo reciba o tome. El dejjósito se
realiza cuando el objeto es colocado en el sitio señalado por el autor. Finalmente, el objeto es
puesto a disposición del autor o del tercero cuando se lo coloca en condiciones de que el autor o el
tercero dispongan materialmente de él
Sin embargo, aunque todos esos resultados no lo digan, la consumación de la extorsión requiere
que cada uno de ellos haya privado a la víctima del objeto, pues, de otra manera, resultaría que no
se habría producido el peijuicio patrimonial que el delito supone. Pero esa privación es suficiente,
no siendo necesario que el autor haya aprovechado la cosa, el dinero o el documento, ni que ellos
hayan llegado, salvo el caso de la entrega, a poder del culpable. Cada forma consumativa posee
características propias que no se pueden confundir entre sí, y que impiden que, fuera de las
enunciadas, se den otras reglas con alcance general para todas


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La tentativa de extorsión requiere que el autor haya comenzado a intimidar, lo que exige
esencialmente que la víctima haya tomado algún conocimiento de los actos ejecutivos de la
intención de extorsionar realizados por el agente. Además, esos actos ejecutivos del designio
extorsionador deben ser idóneos. Esa idoneidad no desaparece, por supuesto, si los actos han
resultado impotentes en el caso particular. La idoneidad de los actos para intimidar debe valorarse
con referencia a la psicología media de los hombres de la misma condición del sujeto pasivo
Probada la idoneidad del medio intimidatorio, la tentativa existe tanto cuando la víctima de la
extorsión no fue realmente intimidada y, por lo tanto, no hizo nada para satisfacer las exigencias del
autor, a las que no tomó en cuenta, como cuando, producida la intimidación, la entrega, envío,
depósito o puesta a disposición, no se realiza por causas extrañas a la víctima, v. gr.: negativa de
un tercero a entregar la cosa; muerte del intimidado antes de la entrega; intervención de la
autoridad; sustitución engañosa del objeto exigido por otro sin valor, como arena o papeles inútiles
o se realiza la entrega pero a causa de un motivo totalmente extraño o sólo ligado ocasionalmente
con la amenaza
La extorsión es imposible (leg. argentina) cuando el medio empleado resulta idóneo para intimidar a
cualquier persona de la condición psicológica del sujeto pasivo. La imposibilidad derivada de la
inidoneidad del objeto extorsionado, p. ej., por no tener el dinero valor en el país o por carecer el
documento de efectos jurídicos, no es punible siquiera a título de delito imposible
Dolo.- La extorsión sólo es punible a título de dolo. Este dolo no se satisface con la simple
conciencia de que el acto puede producir la entrega, envío, depósito o puesta a disposición del
objeto. Quien amenaza a otro de muerte privándolo así, por razonable precaución de la víctima, de
salir de su casa, bien puede imaginarse como muy posible que el amenazado le haga entrega de
dinero para verse libre del peligro, pero con seguridad que no podrá ser calificado como
extorsionador, aunque, según las circunstancias, pueda ser responsable de privación de la libertad
personal. Sólo la intimidación tendiente a obligar al sujeto pasivo de ella a hacer entrega, etc., del
objeto, es punible a título de extorsión. Esta tendencia del ánimo del autor cobra especial
importancia respecto de la tentativa, sobre todo para diferenciarla de los atentados contra la
libertad personal
Extorsión y privación de la libertad personal.- La extorsión es un delito que involucra como
medio regular de comisión sólo un atentado a la libertad de determinación psíquica del amenazado
En ciertas circunstancias, la amenaza puede generar, además, por su propia índole y las
precauciones exigidas, un atentado a la libertad personal
Al contrario de lo que ocurre entre la violencia privada prevista en el art. 154 del Cod. italiano de
1889 y la extorsión del art. 409 del mismo Código, entre nuestra extorsión del art. 168, 1, ler
supuesto, y la privación de la libertad personal mediante amenazas, no media una relación de
género a especie, de manera que siempre que concurra la primera ha de ir ínsita la segunda, sino
que la existencia de ésta depende de una eventualidad circunstancialmente querida por el culpable,
como es la de amenazar de una manera privativa de la libertad personal de la víctima, pudiendo
haberlo hecho de otro modo. La figura de la extorsión no excluye, por lo tanto, la aplicabilidad de la
correspondiente a la privación de la libertad, pues el legislador no puede haber considerado
comprendido el castigo de ésta en el de aquélla. Producido un supuesto de extorsión mediante
amenaza privativa de la libertad personal querida por el autor, se deben aplicar las dos figuras
delictivas, pero con arreglo al concurso ideal de infracciones, porque se trataría de un mismo hecho
encuadrable en dos disposiciones penales. Si la extorsión resulta sólo tentada, corresponderá la
pena de la privación de libertad, por ser la pena mayor. La misma pena debe tomarse en
consideración en el supuesto de que ambos delitos resulten consumados, ya que los dos están
reprimidos con prisión de uno a cuatro años


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Pena.- El art. 168 del C. P. argentino castiga la extorsión propiamente dicha con prisón de uno a
cuatro años. En su mínimo y en su máximo, confrontada la pena con la del hurto, resulta
debidamente tomada en cuenta la agresión a la libertad moral de la víctima


c)La Extorsión (Cardona)


La extorsión se tipifica como un delito consistente en obligar a una persona, mediante el uso de la
violencia o intimidación y con ánimo de lucro, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en
peijuicio del patrimonio del sujeto pasivo o del de un tercero
A diferencia del Código Penal anterior que incluía la extorsión en el capítulo dedicado al robo, el
Código actual tipifica el delito de extorsión en un capítulo específico (Capítulo III) dentro del Título
XIII, relativo a los delitos contra el patrimonio. Pues, si bien es cierto que tiene elementos comunes
con el delito de robo, en cuanto a su ejecución («el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con
violencia o intimidación...»), no así en cuanto al fin, ya que aquí no se sustrae una cosa ajena
directamente, sino que se obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en peijuicio de
su patrimonio o el de un tercero
Se trata de un delito pluriofensivo en el que se protege tanto la libre determinación del sujeto pasivo
frente a la compulsión ejercida sobre su voluntad como su patrimonio o el de un tercero. Cualquier
otro objetivo que no incluya este contenido de «detrimento patrimonial», que sufre el extorsionado,
podrá constituir otro delito (normalmente el de coacciones), pero no el de extorsión. En la extorsión
es necesario, por tanto, un acto de disposición patrimonial por parte del extorsionado en contra de
su voluntad. El ataque patrimonial puede recaer, en este caso, tanto en el patrimonio mobiliario
como sobre el inmobiliario, mientras que en el robo sólo puede afectar a cosas muebles
Lo determinante para la consumación de la extorsión es haber logrado doblegar la voluntad de la
víctima, es decir, obligar al sujeto pasivo a realizar u omitir un acto o negocio jurídico, sin necesidad
de que para ello se tenga que suscribir documento alguno. Si bien la redacción del tipo en el
anterior Código Penal efectivamente exigía la suscripción de una escritura pública o documento,
«en el tipo actual la extorsión se comete siempre que se emplee violencia o intimidación para
obligar a otro a realizar u omitir algún acto o negocio jurídico en peijuicio de su patrimonio o de un
tercero, sin necesidad de que suscriba documento alguno» (STS de 26 de abril de 2002). Se
comete igualmente extorsión cuando el extorsionado fuera menor de edad y en perjuicio del
patrimonio de sus padres (ATS de 19 de enero de 2000). La realización del acto jurídico en contra
de la voluntad del sujeto pasivo, o bien el forzamiento de su omisión, supone, pues, la ejecución del
delito de extorsión, aunque el autor no hubiese conseguido el lucro perseguido con tal conducta, ya
que ello pertenece a la fase del agotamiento del delito (SSTS de 18 de septiembre de 1998 y 8 de
junio de 2005). Si, por el contrario, el sujeto activo
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico no ha alcanzado ese propósito por
causas ajenas a su voluntad, pese a haberse valido de la intimidación o violencia, constituirá una
actuación delictiva de extorsión en grado de tentativa (STS de 8 de julio de 2003)
Según el artículo 1268 del Código Civil, «la violencia o intimidación anularán la obligación, aunque
se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato»; por lo tanto, el negocio


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obtenido mediante la extorsión será nulo. No obstante, es interesante la puntualización que al
respecto hace Morán al indicar que se debe hablar, con más propiedad, de anulabilidad, cuya
acción de nulidad durará cuatro años desde el momento en que cesen los actos de violencia o
intimidación (de la extorsión) (arts. 1300 y 1301 CC)
El delito de extorsión se castiga con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las
penas que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. Efectivamente, puede
haber concurso de delitos, si se han efectuado agresiones físicas durante la acción de extorsión
En tales casos, los actos de violencia física darán lugar, también, a los correspondientes delitos o
faltas de lesiones, o los que deriven del tipo de agresión realizada contra la libertad de actuación de
la víctima (STS de 20 de abril de 2002)


d)La Extorsión (Vives)


La nueva regulación del delito de extorsión supera el confuso artículo 503 del texto antiguo. De
suerte que, como a continuación comprobaremos, soslaya muchos de los confl ictos que aquélla
comportaba
Para comenzar, ya no la recoge entre los delitos de robo, sino que la sitúa dentro de un Capítulo
autónomo. Y hace bien, porque la identificación entre robo y extorsión lo era más bien sólo a
efectos psicológicos, pues entre una y otra fi gura existían y existen importantes diferencias
Por tal motivo no puede decirse sin más que le es de aplicación la doctrina relativa al robo. Y esta
afi rmación ha de mantenerse pese a la modifi cación sufrida por el delito de extorsión en el nuevo
Código Penal. Así, ahora, se evitan viejas polémicas, como por ejemplo la relativa a si se trataba de
un delito de peligro o de lesión, o si absorbía o no las posibles defraudaciones (v.gr. estafas)
cometidas con posterioridad a la extorsión (ver. STS de 16 de octubre de 1986). Pues bien, ahora
la duda se disipa al requerir el artículo 243 que se realice «en perjuicio de su patrimonio o de un
tercero». Además se exige expresamente «el ánimo de lucro» y la conducta típica sigue
consistiendo en obligar a otro «con violencia o intimidación». Estos elementos ya han sido
estudiados, aunque debe reiterarse que se precisa «violencia física» sobre las personas. Pero a
diferencia del robo, la extorsión requiere una determinada conducta de la víctima (por lo que el TS
la califica de delito de encuentro, STS de 29 de septiembre de 1999). Y la descripción típica de esta
conducta también ha sido modificada en la nueva redacción, hablándose ahora de obligar a
«realizar u omitir un acto o negocio jurídico». Se perfecciona de este modo la rígida formulación
anterior, utilizándose ahora una cláusula abierta omnicomprensiva de cualquier comportamiento
activo u omisivo con trascendencia en el tráfico jurídico-económico
Pues bien, a esta conducta de la víctima, la doctrina equivocadamente la denomina «acto de
disposición», y no es correcto denominarla así, porque puede no serlo (por ejemplo, el
otorgamiento de una escritura puede no serlo). De modo que la extorsión ni requiere siempre un
acto de disposición ni exige la traslación material de una cosa (piénsese en la que consiste en
obligar a suscribir un documento)


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Sólo si el documento suscrito u otorgado incorporase un derecho del modo indisoluble a que se
hizo referencia en el Capítulo anterior podría verse en la extorsión un delito de daño. En tal caso, la
entrega de un documento de tales características, cuyo valor se transmitiese con el desplazamiento
de la posesión, podría ser califi cada, alternativamente, de extorsión o de robo
El sistema penológico es similar al empleado en el robo con violencia o intimidación, pues se
castiga el perjuicio patrimonial con la pena de prisión de uno a cinco años, pero «sin perjuicio de las
que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados». Se opta igualmente por la
técnica del concurso de infracciones, por lo que cabe dar por reproducido todo lo dicho al comentar
el artículo 242,1º. Precisamente la penalidad prevista a este delito parece confi rmar que engloba el
daño patrimonial, y no es un mero delito de peligro. En consecuencia cabe la tentativa, y la
consumación seguirá idénticas reglas que en el robo


3 Normativa


Código Penal5

ARTÍCULO 214.- Extorsión simple
Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que para procurar un lucro injusto obligare a otro
con intimidación o con amenazas graves a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí
mismo o para un tercero


4 Jurisprudencia


a)Estafa: Disposición patrimonial por engaño bajo amenazas es extorsión


Voto de mayoría
"I.- [...]. Se acreditó en sentencia que el imputado y otro sujeto se presentaron al negocio mercantil
del ofendido haciéndose pasar por oficiales de Control Fiscal del Ministerio de Gobernación,
procediendo a revisar la documentación y la mercadería que había en el negocio, mientras que le
solicitaban al ofendido que les mostrara las pólizas de desalmacenaje de esa mercadería que
existía en el local. Después le manifestaron al ofendido que existían ciertas irregularidades que
traerían problemas e incomodidades -incluso el cierre del negocio o el decomiso de la mercadería-
y que la única forma de solucionarlo para que esas irregularidades no llegaran a conocimiento de
las autoridades de Control Fiscal, era que les entregara dinero para que ocultaran y callaran esas
circunstancias, razón por la cual el ofendido, atemorizado, accedió a darles una suma de dinero a
los encartados, de la cual les adelantó diez mil colones y otra cantidad igual para otro día. Tal como


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lo estimó el a quo, los hechos anteriormente descritos constituyen el delito de Extorsión tipificado
en el artículo 214 del Código Penal y no es de Estafa, como propone la defensa, pues al engaño en
que se indujo al ofendido para obtener de él una disposición patrimonial, se agregó como elemento
determinante la amenaza de causarle "problemas o incomodidades", tales como el cierre del
negocio o el decomiso de la mercadería que allí se encontraba, amenaza que es grave, pues la
adopción de tales medidas perjudicaría evidentemente los intereses del perjudicado."


b)Extorsión: Momento de configuración y consideraciones acerca de la tentativa


Voto de mayoría
“III. […] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, en la resolución 558-98, de las 10:10 horas
del 12 de junio de 1998, el delito de extorsión, tipificado en el artículo 214 del Código Penal, se
configura bajo los siguientes supuestos: “...En primer término es necesario antes que todo la
existencia de una amenaza grave o intimidación sobre la víctima; en segundo lugar, esa
intimidación o amenaza debe ir dirigida a obligar a la víctima a que tome una disposición
patrimonial o perjudicial para sí, con el fin de que el agente activo obtenga un lucro injusto; y en
tercer lugar, debe existir esa disposición patrimonial perjudicial para la víctima o para un tercero, es
decir la amenaza o intimidación debe producir su efecto...”. En este caso, el delito quedó en
tentativa, dado que, luego de que a C.A.A.H. , el imputado W.F.V.A.le solicitó la suma de
trescientos cincuenta mil colones para recuperar el vehículo Toyota Tercel que le había sido
sustraído -acto que inició con la ejecución del delito-, el agraviado dio parte a las autoridades sobre
el hecho que hasta ese momento había cometido W.F.V.A., tras lo cual la Policía Judicial le presta
auxilio para que no se diera el daño patrimonial y se lograra detener al ofensor ( véase hechos
probados d., g. y h. a folios 232 y 233). Así, la tentativa de extorsión se configuró al momento en
que se solicitó el monto económico a cambio de la recuperación del vehículo, siendo la intervención
policial la que interrumpió la ejecución del hecho. Esta actuación policial, a diferencia de lo que
alega el recurrente, no configura un delito experimental, pues el hecho ya estaba en su fase de
ejecución y la autoridad policial intervino en el mismo, más ya se había afectado la libertad de
disposición del patrimonio del ofendido y los actos que realizó W.F.V.A., iban encaminados a la
consumación del hecho. Señala la doctrina al respecto que «...tenemos extorsión tentada y no
consumada, cuando el agente, en el acto de apoderarse de la suma depositada, es arrestado por
la fuerza pública puesta en acecho, o cuando en vez de dinero se deposita un objeto sin ningún
valor, con el único fin de hacer posible la intervención de la policía» (MAGGIORE, Giuseppe
Derecho Penal, Parte Especial, Vol. V, Editorial Temis, Colombia, 1989, pág. 102, citado en
resolución 558-98, de las 10:10 horas del 12 de junio de 1998 de esta Sala), lo que contraría el
concepto de delito experimental, el cual se caracteriza por la ausencia de una puesta en peligro del
bien jurídico, pues en todo momento la autoridad judicial tiene bajo su tutela la ejecución del hecho
( véase al respecto Sala Tercera, resolución número 266 de las 9:55 horas del 8 de abril de 2005)
Por ello, no se está en presencia de un delito experimental, sino ante un hecho tentado. Se rechaza
el motivo.”


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c)Extorsión: Innecesario que haya menoscabo físico o psíquico de la víctima para la
configuración de conducta amenazante o intimidatoria


Voto de mayoría
“I. […] El delito de extorsión simple, regulado en el artículo 214 del Código Penal, establece
literalmente lo siguiente: “ Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que para procurar un
lucro injusto obligare a otro con intimidación o con amenazas graves a tomar una disposición
patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero”. Una vez finalizado el debate, e l Tribunal
decidió absolver a los imputados M. y O., al estimar que la declaración rendida por el ofendido
sobre lo ocurrido, no concuerda con los elementos típicos requeridos por la figura de la extorsión
En lo que interesa, señaló el agraviado: “…en las llamadas me indicaron que tenían el carro y me
pedían 150 mil pesos para devolverme el carro, yo no creí que me fueran a devolver el carro…sí le
di importancia a esas llamadas para darle seguimiento a la cuestión, estuve abajo en el OIJ, donde
recibí varias llamadas…comenzaron a llamarme y a llamarme y me fui para el OIJ, ahí estuvieron
llamando, me pedían ciento cincuenta mil colones y me devolvían el carro…” (Ver DVD del debate,
tiempo 9:46 horas, en adelante). En un primer lugar, estimó que no existe una relación de
causalidad entre los actos de amenaza e intimidación del sujeto activo y la disposición patrimonial
del sujeto pasivo, ya que el ofendido nunca sintió los efectos intimidantes requeridos, al indicar que
no creyó en la veracidad de las llamadas y, si acudió al Organismo de Investigación Judicial, fue
para informar y dar seguimiento al robo de su vehículo. Dicho argumento, responde a una tesis que
no se sustenta en la prueba evacuada, para poder entender la decisión juridisccional tomada como
una consecuencia válida del objeto de análisis valorado en el contradictorio. Esto es, concluir que al
ofendido no se le causó ningún efecto intimidante con las llamadas efectuadas porque éste indicó
que aunque pagara lo solicitado no creía que le entregaran su vehículo. Sobre este aspecto, es
preciso indicar que el tipo penal no requiere que el sujeto pasivo sufra un menoscabo determinado
en su salud física o psicológica para poder afirmar la existencia de una conducta amenazante o
intimidatoria, pues lo que se desvalora es la acción, no el resultado. No existe impedimento alguno,
que se catalogue bajo la figura de la intimidación, el compeler a una víctima a dar una suma de
dinero para recuperar el vehículo que le había sido sustraído. Sin embargo, los Jueces descartan la
existencia de dicha figura, porque no hace alusión a la causación de un daño futuro, sino al que ya
se había producido con anterioridad. Es preciso aclarar que el daño objeto de la intimidación en el
presente caso, no consiste en indicarle al agraviado que si no entregaba el dinero correspondiente,
le iban a robar o a quitar su vehículo (cuyo daño sí haría referencia a una condición de tiempo
pasado), por el contrario, se buscaba viciar la voluntad de la víctima, mediante la manipulación
ejercida sobre la expectativa de disposición patrimonial que legalmente le correspondía. Resulta
lógico dentro de la extorsión, que el agente activo posea un recurso idóneo para ejecutar “el
chantaje”, como lo son por ejemplo: el acceso a determinada información de la víctima
(documentos, títulos valores, contratos, fotos o videos etc); posibilidad de materializar una agresión
(directa o sobre terceros); disposición sobre un bien material (dañar, destruir, desaparecer, bienes
muebles o inmuebles); entre otros. Casualmente, en este caso, el objeto con el que se buscaba
extorsionar al agente pasivo, conforme lo desprende el Tribunal, era con la pérdida del vehículo
que se suponía estaba en posesión de los imputados –pese a que no se les haya imputado el robo


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ocurrido– la disposición sobre dicho bien es incuestionable, conforme lo tuvieron por demostrado
los Juzgadores, en su marco fáctico al señalar: “Que con la anterior información de la sustracción
del vehículo al ofendido, los aquí imputados se comunicaron con el ofendido a quien le dijeron que
ellos tenían su vehículo y que a cambio de que les diera cien mil colones como rescate se lo
entregarían…” (Ver folio 190). El Tribunal contradictoriamente, entiende este hecho histórico como
la posibilidad de obtener un beneficio patrimonial, al señalar en la fundamentación del fallo que: “…
Conforme a lo anteriormente dicho, es claro que más bien, de haber sido cierto que los
coencartados habrían tenido disponibilidad del vehículo del ofendido y que lo hubieran podido
haber entregado a cambio del dinero pedido al ofendido, con ello el ofendido mas (sic) bien hubiera
obtenido un beneficio patrimonial al recuperar el vehículo de mayor valor que el monto del dinero
que éste les hubiera dado a los coencartados…” El subrayado no es del original (Ver folios 194 y
195). Esta interpretación, es contraria las reglas de la sana crítica, puesto que por un lado aceptan
que los imputados llamaron al ofendido para indicarle que disponían del vehículo que le había sido
sustraído, dejando por sentado el conocimiento del origen ilícito del bien, y aprovechan tal
circunstancia para procurarse un lucro injusto al compeler al agraviado a pagar una suma de dinero
para recuperar lo que sabían, le correspondía legalmente a él. Sin embargo, por otra parte los
Jueces avalan la acción contemplada en los hechos demostrados, aduciendo que lejos de implicar
un perjuicio económico, los justiciables procuraban el beneficio patrimonial para la víctima, al
buscar acrecentar el patrimonio que ya había sido minado por los asaltantes con anterioridad. Lo
anterior, pone de manifiesto el vicio alegado por la recurrente, al observarse una violación a las
reglas de la derivación sobre las consecuencias jurídicas que fueron desprendidas del análisis
probatorio realizado por los Juzgadores. En esta sede, el control que se ejerce de la sana crítica,
consiste en determinar la coherencia lógica y razonabilidad con que el juzgador ha evaluado la
prueba y elementos de convicción, de manera que sus conclusiones sean la consecuencia
necesaria de las premisas de que parte. Dicho de otra forma, la sana crítica permite controlar el iter
lógico que ha seguido el juzgador para llegar a la convicción de lo cierto o lo falso en el caso
concreto. Una sentencia tiene fundamento -dice NUÑEZ: “…si la libre convicción de la mayoría
sobre cada una de las cuestiones planteadas para resolver respecto de la acusación penal o de la
demanda civil, está explicada en forma completa mediante elementos probatorios de valor decisivo,
que no sean contradictorios entre sí, ni son ilegales, ni contrarios a las reglas de la sana crítica
racional…” (NUÑEZ, Ricardo: “Código Procesal Penal”. Córdoba, Editorial Lerner. Segunda
Edición. 1986. pág. 390). En razón de lo anterior, esta Sala considera que el análisis jurídico
probatorio que tuvo como fundamento el Tribunal para justificar su decisión jurisdiccional, no se
encuentra acorde con las reglas de la sana crítica. En consecuencia, se declara con lugar el
presente recurso de casación. Se anula la sentencia, así como el debate que la precedió. Se
ordena el reenvío al Tribunal de origen para que con una nueva integración, proceda con la
sustanciación correspondiente.”


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d)Extorsión: Momento en que se configura la tentativa


Voto de mayoría
“V. - Acusa el recurrente que el delito de extorsión se encuentra prescrito, por dos razones: de
inicio, la pena má xima que se puede imponer en un delito de extorsión en grado de tentativa es de
dos añ os de prisió n, como asegura el recurrente que afirmó el Presidente del Tribunal de Juicio
(f.390), por lo que a la fecha el delito se encuentra prescrito. Indica el encausado que el Tribunal le
manifestó lo siguiente: “Vea, don A, la pena máxima en este delito que se le puede imponer son
dos años, pero este Tribunal le mandó tres años, porque usted le hizo mucha mente a este caso ” (f
390). Ademá s, al no haberse dado prestación económica alguna por parte del ofendido, la acción
acusada es atípica, ya que no hubo intento alguno de lesionar el bien jurídico (folios 389, 447 y
455). No es atendible el motivo. En primer orden, el artículo 214 del Código Penal contempla lo
siguiente: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que para procurar un lucro injusto
obligare a otro con intimidación o con amenazas graves a tomar una disposición patrimonial
perjudicial para sí mismo o para un tercero” . […] En segundo término, la acción cometida por el
imputado no es atípica, como presume el casacionista, ya que aunque no se haya causado una
pérdida económica para el ofendido, la intención del autor implicaba asegurarse una ganancia
económica, tras pedirle dinero al ofendido a cambio de no denunciar la evasión de impuestos que
estaba cometiendo en su hotel, lesioná ndose la libertad del agraviado y poniendo en peligro su
peculio. Como ya ha indicado esta Sala, en resolución 558-98 de las 10:10 horas del 12 de junio de
1998, citando la obra de Castillo González (“El delito de Extorsión” , Seletex Editores, San José ,
1991) “De acuerdo a la definición general de tentativa, ésta existe cuando se inicia la ejecución de
un delito por actos directamente encaminados a su consumación y ésta no se produce por causas
ajenas al agente [...] En la extorsión, la tentativa se inicia cuando el agente empieza los actos de
amenaza grave o de intimidación, directamente dirigidos a la obtención del lucro injusto. Por
ejemplo, el delito se inicia cuando el agente envía la carta extorsiva o cuando manifiesta
verbalmente su amenaza y su pretensión económica o cuando inicia los actos de violencia dirigidos
a obtener el acto dispositivo. Esto aunque el ofendido no realice acto dispositivo alguno, porque la
amenaza o la intimidación no fue suficiente para obligarlo por su fortaleza de carácter o porque el
medio empleado no era apto para atemorizar» (el subrayado no es del original, Op. cit., págs. 96 a
97).” En los hechos probados de la sentencia, se relata que “ Segundo: Una vez hecha esa
presentación, el aquí encartado J, con el fin de obtener parta sí un beneficio patrimonial
antijurídico, le indicó al ofendido J que, como investigador poseía mucha información sobre
evasión fiscal, lavado de dinero y otros delitos que supuestamente ejecutaba el ofendido en el
Hotel la Mariposa, amenazando con brindar tal información al fisco si no le entregaba la suma de
trescientos mil dólares. Tercero: Aún con la amenaza anterior y la intimidación ejecutada por el
encartado, el ofendido se negó a tal entrega dado que su carácter y temple no le permitían aceptar
tal acto, con lo cual y por causas externas al agente, se impide la entrega del dinero solicitado
injustamente por L ” (el resaltado es del texto) (F. 338). Así las cosas, resulta evidente que el delito
existió en grado de tentativa, toda vez que el encartado puso de manifiesto su deseo de lograr un
beneficio económico personal, a cambio de no brindar información que supuestamente tení a del
ofendido, tras pedirle una alta cantidad de dinero, petición a la que no accedió J [ofendido] , pero


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ello no implica que ya para entonces su libertad no se viera afectada, por ser sometido a una
amenaza. Visto lo anterior, no queda más que declarar sin lugar el alegato.”


e)Extorsión: Consideraciones acerca de la intimidación y diferencia con el robo


Voto de mayoría
“ II. […] No se desprende de los autos, ninguna variación que afecte la imputación realizada, ni los
principios de debido proceso y defensa, ello por cuanto en el debate se logran aclarar aspectos de
la dinámica de los hechos que nunca se ocultaron a la defensa técnica y material. Nótese que
incluso la defensa en sus conclusiones indica que podría estarse en presencia del delito de
coacción (folio 98) y el encartado declaró “Si este juicio es apegado a los artículos de ley, entonces
quiere decir que soy culpable, porque dice el artículo 25 del Código Penal, que no delinque quien
obrare en cumplimiento de un deber legal y yo solo utilice (sic) la fuerza para que este señor me
cancelara lo que me correspondía.” (folio 105) Como bien se desprende de lo anterior, la intención
que tuvo el sentenciado para apropiarse del dinero del ofendido, no fue en razón de la
consumación del robo, sino como parte de resarcirse de propia mano, de los daños ocasionados en
la acera, de la propiedad del imputado, configurando el delito de extorsión simple. El presente
reclamo coloca en la palestra una discusión, respecto a los delitos de robo y extorsión. En la
doctrina el tema ha sido tratado por algunos autores como Carlos Creus, quien considera en cuanto
al punto lo siguiente: “Pero, la circunstancia de que la fórmula actual del robo incluya también la
intimidación como medio comisivo, exige volver a la distinción clásica entre ambas figuras, fundada
en el intervalo que separa esos momentos: en la figura de la extorsión siempre se da la amenaza
de un daño futuro para lograr una prestación actual o futura, o sea hay una desarticulación entre
dos momentos: en la figura de la extorsión siempre se da la amenaza de un daño futuro para lograr
una prestación actual o futura, o sea una desarticulación entre dos momentos: el de la prestación
no se produce en el mismo contexto de acción en que se puede producir el daño con el que se
amenaza: en el robo, por el contrario la intimidación y la eventual producción del daño, es un
procedimiento que se desarrolla interrumpidamente con referencia a la prestación de la víctima
éste se produce o se debe producir mientras se ejerce la actividad intimidatoria del agente que se
refiere a un daño que se producirá en el mismo contexto de acción (amenazar de muerte para que
la víctima se deje quitar el dinero): por eso en el robo la intimidación es un medio de realizar el
apoderamiento, en la extorsión un medio para obligar a la entrega.” (Creus, Carlos. Homicidio,
extorsión. Estudios de Derecho Penal Especial. Editorial Jurídica Bolivaria, reimpresión 2002,
p.397.) Por su parte, Varela Agrelo, indica que son más las diferencias que las coincidencias entre
ambos delitos, puntualizándolas de la siguiente forma: “Coinciden ambas figuras en dos aspectos
sustanciales: 1. Empleo de violencia o intimidación. 2. Ánimo de lucro. Pero se diferencian en
aspectos no menos importantes: 1. La extorsión precisa de forma ineludible de una cierta
“colaboración” de la víctima, que es, en cambio, prescindible en el robo. 2. En la extorsión el
eventual perjuicio económico se proyecta sobre cualquier aspecto patrimonial, a diferencia del robo
que concreta su ámbito a las cosas muebles.” (Varela Agrelo, José Antonio. Delitos contra el
patrimonio, Delitos de apoderamiento. Cuadernos de Derecho Judicial. El delito de extorsión su


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problemática, incardinación en el sistema penal del Código Penal. Madrid, 2004. pp. 390-391). El
jurista costarricense Castillo González, propiamente sobre el dolo de estas figuras, ha indicado, “En
el hurto y el robo el dolo del agente se dirige al apoderamiento de la cosa mueble, con la finalidad
de obtener, mediante ese apoderamiento, la ventaja patrimonial antijurídica. El dolo del
extorsionista se dirige, por el contrario a conseguir la ventaja patrimonial antijurídica, mediante un
acto dispositivo del sujeto pasivo, que puede ser una acción o una omisión, siempre
voluntarios.”(Castillo González, Francisco. El delito de extorsión. San José, Costa Rica,
EditorialSeletex, 1991. p.108). Lo señalado por el Dr Castillo, debe analizarse a la luz de lo que ha
indicado esta Sala en antecedentes jurisprudenciales, que: “a diferencia de algunas corrientes
doctrinarias, no estima esta Sala que en la extorsión se esté frente a unaautolesión. Tanto la
extorsión como el robo son lesiones infligidas por persona diversa al ofendido, quien actúa sujeto al
talante de aquella, en aquel caso relativa y en el segundo absolutamente, puesto que resulta
sabido que incluso ante una sujeción relativa, el afectado no procede por voluntad propia, sino
impulsado por una situación intimidante o amenazante, que reduce seriamente su libre albedrío y,
la disposición patrimonial que toma, obedece al requerimiento del agresor, y no al deseo de aquel
Por eso, no es aceptable esa descripcióndiferenciadora.”( resolución 719-96, de las 9:45 horas, del
22 de noviembre de 1996, criterio que ha sido reiterado en las resoluciones 081-2003, de las 9:20
horas, del 14 de febrero de 2003 y 235-2006, de las 14:40 horas, del 26 de marzo de 2006 ). En el
caso concreto , la intención de D , se logra aclarar en juicio -persistiendo la misma plataforma de
hechos-, a lo que se suma que no constituye un requisito del tipo penal, que el autor del ilícito haga
saber en forma verbal al sujeto pasivo, cuál es el objeto de su comportamiento, por cuanto basta
que de ellos se desprenda el ánimo de lesionar el patrimonio ajeno, como ocurre en el presente
caso, lo cual se desprende de la prueba recibida en el contradictorio, misma que permitió al
Tribunal concluir: “De toda esa prueba testimonial y declaración del encartado tenemos que los
hechos acusados constituyen el delito de Extorsión simple, previsto y sancionado en el artículo 214
del Código Penal, esto por cuanto la hipótesis de este artículo reza «Será reprimido con prisión de
dos a seis años, el que para procurar un lucro injusto obligare a otro con intimidación o con
amenazas graves a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero.»
En este caso tenemos que el encartado utilizó intimidación, la que se resume en el uso de un arma
de fuego, tomar de la parte de atrás de la camisa al ofendido y llevarlo hasta su casa, tenderlo por
el suelo, siempre con el arma en la mano y ante ello el ofendido es obligado a entregar la suma de
diez mil colones, que es lo que constituye la disposición patrimonial y ni el dinero era él, sino de
Tropigas. La Voluntad expresada por el encartado era la de resarcirse del daño producido por el
ofendido, tan es así que el testigo vecino del encartado indicó al igual que el encartado que
preguntó a otra persona que cuanto valían los daños y le dijeron que diez mil colones y eso fue lo
que entregó el ofendido, entonces el encartado no llevaba en su mente el robar al ofendido, por ello
es que condena procede por el delito de Extorsión Simple y no de robo agravado.” (folio 108). Las
conclusiones del Tribunal encuentran eco en antecedentes jurisprudenciales, como la resolución
719-96, de las 9:45 horas, del 22 de noviembre de 1996, que en lo que interesa menciona: “la
diferencia entre ambas figuras, la marca un factor calificante: la inmediatez, respecto al agresor, de
la ventaja que procura. Así, si no la hay, dado que se pretende el cumplimiento de un acto relativo
al patrimonio y previo a la ventaja o beneficio, podría tratarse de una extorsión (o secuestro
extorsivo, si hay privación de la libertad de alguien); pero si hay esa inmediatez, porque se trata de
una puesta ilegítima en posesión de un bien mueble, podría tratarse de un robo (sin detrimento que
concurra con el delito de privación de libertad, si es que se realiza una privación mayor a la normal
en el robo, y ya de por sí contenida en el disvalor de la norma correspondiente), o usurpación si es
bien inmueble.” El factor tiempo resulta determinante, lográndose establecer que la acción
desplegada por el encartado, se realizó en un intervalo que ha permitido aplicar la delincuencia de
extorsión simple y no robo agravado, con la misma plataforma fáctica acusada, la cual no causa
perjuicio al encartado tal y como se ha indicado. La prueba testimonial y la declaración de D , es lo


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que permitió al Tribunal tal conclusión, sin que ello signifique que se ha variado la plataforma
fáctica que se ha acusado, o que existan variaciones que impidieran el derecho de defensa. Aún y
cuando se acepte hipotéticamente, que existan los daños en la acera, y que su valor sea de diez
mil colones, no se convalida el medio utilizado por D. para hacer efectivo el pago correspondiente,
bajo el argumento de configurar una causa de justificación que lo exonera de culpabilidad, siendo
que la ley prevé mecanismos judiciales y legales para proceder en contra de un deudor, o de
alguien que dañe su propiedad, que no implican per se, el menoscabo a la libertad de las personas,
exigiendo un pago por ella, ni el ejercicio de la violencia para conseguir tal fin. En lo referente a la
correlación debida entre lo acusado y lo dispuesto en sentencia, el artículo 365 del Código Procesal
Penal, dispone en lo conducente que: “ La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u
otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella y, en su caso, la ampliación de
la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado...” . Por otra parte, a nivel doctrinal se aclara,
que: “ Cuando se habla del principio de correlación entre acusación y sentencia, se ha querido
establecer un marco fáctico, como límite de la actividad jurisdiccional, en resguardo de los
derechos del acusado, en especial del derecho de defensa. La acusación constituye el límite de su
juzgamiento. Al respecto se señala que ‘(…) la voz correlación no es utilizada aquí como sinónimo
de identidad o adecuación perfecta en toda su extensión. No se extiende más allá de los elementos
fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades realmente influyentes en ellos hasta el
punto que la defensa haya podido ser afectada si la sentencia condenatoria se aparta de ese
material...” (CLARIA OLMEDO, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires,
1960, tomo I, p. 508). A lo anterior es importante sumar los antecedentes jurisprudenciales,
contenidos en la resolución Nº 18-2006, de las 11:20 horas, del 20 de enero de 2006, de esta sede
que en lo conducente establecen: “lo importante no es que la acusación y la sentencia sean -
necesariamente - idénticas entre sí, sino más bien, que el núcleo esencial de los acontecimientos
en ambos documentos mantenga características similares, a fin de garantizar el respeto efectivo al
derecho del encartado, de ejercer su defensa respecto de las acciones atribuidas...” Lo relevante a
los fines de controlar la correspondencia que se menciona, son los hechos, el material fáctico y no
el calificativo que a él le asignen las partes y así lo confirma la doctrina y reiterada jurisprudencia,
tanto de esta Sala como de la instancia constitucional, sin que ello signifique, en todo caso,
desconocer que una adecuada calificación jurídica del hecho tiene importancia para el correcto
ejercicio del derecho de defensa. Finalmente, esta Sala logra determinar que la calificación jurídica,
aplicada a la delincuencia demostrada resulta más beneficiosa al sentenciado, lo cual por sí mismo
no es razón suficiente para rechazar su reclamo, no obstante, si se suma a ello que la intención de
robar no fue acreditada, mas sí la de obtener un beneficio patrimonial injusto a partir de amenazas
graves procuradas al ofendido, para que éste tomara la disposición patrimonial en su perjuicio, lo
cual realizó el encartado a sabiendas de la ilicitud de sus actos. En consecuencia se declara sin
lugar el presente reclamo.”


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f)Extorsión simple: Distinción con el delito de robo


Voto de mayoría
“II.- […] Es pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que para que exista robo se
requiere que el apoderamiento se dé con fuerza sobre las cosas o con violencia sobre las personas
pues, caso contrario, lo que existiría -de darse los restantes elementos objetivos del tipo- sería
hurto. Igualmente se ha aceptado que la violencia desplegada para la configuración del robo puede
ser física o moral, es decir,intimidación. Por su parte , el delito de extorsión simple , previsto por el
numeral 214 del Código Penal (y también ubicado dentro de los delitos contra la propiedad) se
tipifica cuando el sujeto activo se procura un lucro injusto obligando a otro, con intimidación o con
amenazas graves ,a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero
Es evidente que existen puntos de contacto entre ambas figuras pues en ambas el sujeto pasivo
sufre un menoscabo patrimonial que aumenta, así sea de modo temporal, el patrimonio del sujeto
pasivo; ambos son delitos donde el bien jurídico tutelado es el patrimonio (aunque, en el caso del
robo, éste es más limitado pues sólo alude a la propiedad o posesión de cosas muebles, a lo que
no se reduce el delito de extorsión que protege el patrimonio en su integridad) y ambos pueden ser
cometidos mediante violencia moral, es decir, intimidación o amenazas, no siendo ociosa esa
separación pues tiene importantes repercusiones en la sanción desde que el robo agravado tiene
un rango punitivo de cinco a quince años y la extorsión posee uno de dos a seis años. Tanto la
jurisprudencia nacional como la doctrina han efectuado importantes intentos por deslindar ambas
figuras y, en esa tesitura, se ha aludido a dos factores: (i) que en el caso del robo es el sujeto
activo quien se apodera de la cosa en tanto que en la extorsión es la víctima quien la entrega,
aunque esa entrega no sea gracias a una voluntad libre sino viciada. Por eso se cataloga a la
extorsión, junto a la estafa , como delitos de autolesión. No obstante, la mayoría de la doctrina
señala que ese criterio resulta insuficiente para casos en los que,como en el presente, la víctima
entrega sus pertenencias bajo amenazas de la forma "la bolsa o la vida", casos que han de
considerarse verdaderos robos con uso de violencia (ver al respecto CASTILLO GONZÁLEZ,
Francisco. El delito de extorsión. Seletex editores, 1991, pp. 72-73; FONTAN BALESTRA, Carlos
Derecho penal. Parte especial, Abeledo Perrot , Buenos Aires, 14ª edición, 1995 , p. 453 y
DONNA , Edgardo Alberto. Delitos contra la propiedad. Rubinzal-Culzoni , editores, 2001, pp. 214-
216 , entre otros) y es así como se esboza el segundo criterio:(ii) según el cual si a pesar de que la
víctima hace entrega del beneficio patrimonial al agente gracias a las amenazas o intimidación, lo
que determina que su voluntad esté viciada, debe verse el lapso que medie entre esa amenaza y el
desplazamiento patrimonial pues si existe inmediatez entre las amenazas y el traslado patrimonial
se estará ante casos de robo y, de no darse esa cercanía temporal, se estará en casos de
extorsión en donde el desplazamiento siempre es producto de una voluntad viciada de la persona
ofendida que, sin embargo, tuvo tiempo para valorar otras opciones. Aludiendo a esos temas, la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha referido: “...no estima esta Sala que en la
extorsión se esté frente a una autolesión. Tanto la extorsión como el robo son lesiones infligidas
por persona diversa al ofendido, quien actúa sujeto al talante de aquella, en aquel caso relativa y
en el segundo absolutamente, puesto que resulta sabido que incluso ante una sujeción relativa, el
afectado no procede por voluntad propia , sino impulsado por una situación intimidante o


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amenazante, que reduce seriamente su libre albedrío y, la disposición patrimonial que toma,
obedece al requerimiento del agresor, y no al deseo de aquel. Por eso, no es aceptable esa
descripción diferenciadora. Traduciéndolo al plano físico, otro tanto puede decirse de la lesión
corporal sufrida por la persona a quien se le dispara, o bien se le presiona el dedo para que
accione el disparador contra sí mismo. Es obvio que en el segundo caso no se podría hablar de
una conducta “autolesiva” , sin que quepa objetar que en esta eventualidad se actúa la vis
absoluta, toda vez que, absoluta o relativa la sujeción, la intención de tomar la disposición o
entregar el bien, no surge del sujeto pasivo. Si bien en el robo puede presentarse la intimidación y
el ataque al patrimonio ajeno, al igual de cuanto sucede en la extorsión,la diferencia entre ambas
figuras, la marca un factor calificante: la inmediatez , respecto al agresor, de la ventaja que
procura. Así,si no la hay, dado que se pretende el cumplimiento de un acto relativo al patrimonio y
previo a la ventaja o beneficio, podría tratarse de una extorsión (o secuestro extorsivo , si hay
privación de la libertad de alguien); pero si hay esa inmediatez, porque se trata de una puesta
ilegítima en posesión de un bien mueble, podría tratarse de un robo (sin detrimento que concurra
con el delito de privación de libertad, si es que se realiza una privación mayor a la normal en el
robo, y ya de por sí contenida en el disvalor de la norma correspondiente), o usurpación si es bien
inmueble.” (Ver voto # 719, de las 9:45 horas del 22 de noviembre de 1996). Esa misma posición
se adoptó también en resolución #2003-0081, de 9:20 horas del 14 de febrero de 2003 de esta
Sala y que explica de forma suficiente el que la extorsión y el robo simple con violencia sobre las
personas, en el que medie la intimidación o violencia psicológica, constituyen dos figuras penales
de naturaleza distinta, en las que, si bien ostentan elementos comunes, tales como , el bien jurídico
tutelado -el patrimonio ajeno- y uno de los medios en que la conducta se realiza -con intimidación o
amenazas graves- se trata de acciones diversas. Tratándose de la primera, la lesión al patrimonio
se produce por voluntad de la víctima y por compulsión ejercida sobre ella por parte del agente,
aunque, diríamos , por tener su voluntad viciada , en tanto, en lo que se refiere al robo simple con
violencia sobre las personas, aquella se ve desapoderada del bien que se le requiere, sin quererlo ,
por la amenaza inminente desplegada por el autor sobre su integridad física, además de que debe
entenderse que el elemento diferenciador se encuentra constituido también, sin lugar a dudas , por
el elemento tiempo. Así, en el robo, la amenaza o intimidación y la lesión al patrimonio se
producen casi simultáneamente, en cambio, en la extorsión, no se trata de cuestiones
inmediatas, sino , entre las que existe un intervalo de tiempo. En ese sentido, también
doctrinariamente se ha entendido: “… en la figura de la extorsión siempre se da la amenaza de un
daño futuro para lograr una prestación actual o futura, o sea, hay una desarticulación entre dos
momentos. El de la prestación no se produce en el mismo contexto de la acción en que se puede
producir el daño con el que se amenaza; en el robo, por el contrario, la intimidación y la eventual
producción del daño, es un procedimiento que se desarrolla ininterrumpidamente con referencia a
la prestación de la víctima: ésta se produce o se debe producir mientras se ejerce la
actividadintimidatoria del agente que se refiere a un daño que se producirá en el mismo contexto
de la acción (amenazar de muerte para que la víctima se deje quitar el dinero); por eso, en el robo,
la intimidación es un medio de realizar el apoderamiento, en la extorsión un medio para obligar a la
entrega…” (CREUS , CARLOS. Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 1 , Editorial Astrea , Buenos
Aires, 1997, pp. 447)…”. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 2006-235 de las
14:40 hrs. del 27 de marzo de 2006 (el destacado es suplido)."...conforme a las reglas que rigen el
concurso aparente de normas (relación concursal cuya naturaleza tácitamente reconoce la defensa
,pues de otra manera no se entiende su pretensión) , en este caso la calificación correcta es la de
Robo Agravado. Nótese que las amenazas proferidas por los encartados así como el uso del puñal
significaron tanto un acto de violencia sobre el ofendido (elemento del Robo Agravado) como un
medio para intimidarlo o amenazarlo gravemente (elemento de la Extorsión). A pesar de esta
coincidencia parcial, los tipos en cuestión se excluyen entre sí, pues el delito de Robo cometido
con armas contiene íntegramente los elementos de la Extorsión, pero asignándoles un perfil


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concreto o específico. En el presente caso, la intimidación o amenaza grave que se deriva de la
exhibición y empleo del puñal se constituye en una manifestación actual de violencia contra la
humanidad y voluntad del ofendido (mientras que en la Extorsión el objeto de la amenaza puede
ser una persona distinta al ofendido, o incluso podría ser una cosa o bien); mediante ella se le
obligó a entregar o dejarse quitar -da lo mismo- inmediatamente sus bienes (mientras que en la
Extorsión la disposición patrimonial, incluida la entrega de cosas, puede darse en un momento
bastante posterior a aquel en que se sufre la intimidación o amenaza); y, finalmente , porque el
apoderamiento ilegítimo logrado por los encartados recayó concretamente sobre cosas muebles
totalmente ajenas (mientras que en la Extorsión la “disposición patrimonial” puede referirse a otros
objetos, como por ejemplo a enajenar o donar bienes inmuebles, o a librar un cheque o emitir otros
títulos valores, hacer o dejar de hacer determinados negocios jurídicos, etc.). Incluso cabe señalar
que la entrega de cosas -como acto de disposición patrimonial- puede hacerse a una persona
distinta del autor de la Extorsión, mientras que en el Robo cometido con armas es el autor quien se
apodera ilegítimamente de la cosa. Estas precisiones resultan suficientes para evidenciar que
estos tipos penales se excluyen entre sí y que, conforme al artículo 23 del Código Penal, debe
aplicarse la figura de Robo Agravado porque esta contiene íntegramente a la otra." Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia , voto Nº 498-F-96 de las 10:40 hrs. del 05 de setiembre de 1996
Al margen del tema de si se trata de un delito de autolesión o no (cuyas consecuencias, no
analizadas en aquel voto, expone CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. El delito de extorsión. Seletex
editores , San José, 1991, pp. 68-70 , aspecto que no repercute en el presente caso) ,esta Cámara
coincide con esos planteamientos y agrega que el concurso aparente de normas que se da entre el
robo agravado por uso de armas y la extorsión implica que, en virtud del principio de subsidiariedad
tácita, sea el delito de extorsión subsidiario al tipo penal de robo, es decir, si existe una amenaza
(con arma) para apoderarse, inmediatamente, de cosas muebles ajenas se estará en presencia
del robo y sólo a falta de alguno de esos requisitos (que no sean cosas muebles sino otros bienes
del patrimonio o que, siéndolo, la obtención del beneficio el agente la logre a través del
desplazamiento que haga la persona ofendida existiendo solución de continuidad entre las
amenazas y su acto dispositivo), entrará a aplicarse el delito de extorsión. Desde este punto de
vista, aún aceptando hipotéticamente (para efectos argumentativos únicamente) la referencia de la
impugnante según la cual la ley no señala el elemento temporal en ninguno de los dos tipos
penales por lo que, en aplicación del principio pro libertatis y ante la coincidencia de elementos ,
debe usarse el tipo penal menos lesivo a la libertad, aún así habría que rechazar la pretensión de
recalificar los hechos al delito de extorsión, desde que el perjuicio patrimonial a las ofendidas fue de
cosas muebles (dinero en efectivo) que, por ende, al estar específicamente contempladas en el tipo
penal del robo, desplazan al tipo penal de extorsión referido a otros elementos del patrimonio
distintos a los corporales. Pero, además, no se puede dejar de considerar que, como lo señala un
sector de la doctrina, cuando el agente emplea armas, se debe hablar más de violencia física que
de intimidación o amenazas. Véase, en efecto, que estas últimas suponen formas de menoscabar
la voluntad que son más de tipo moral que físicas: "Cuando el medio utilizado para impedir o
repeler la acción de la víctima es material, el acto de violencia es físico, aunque no paralice la
acción de aquélla por un efecto de esta índole, como son los de sujetar, golpear , sino que lo haga
por efecto psíquico del temor. Por lo tanto, el uso del arma debe verse como un medio de violencia
física y no psíquico y, por ende, es robo. La intimidación que requiere la figura de la extorsión es
una intimidación puramente moral, y no física como se requiere en el delito de robo." (DONNA,
Edgardo Alberto. Delitos contra la propiedad. Rubinzal- Culzoni, editores, 2001, p. 217 citamdo a
Núñez, Ricardo. Delitos contra la propiedad. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1951, p. 255 y
262). En este caso , la intimidación no fue propiamente moral sino a través de un medio físico
(arma blanca, piedras) por lo que estamos frente a un caso de robo agravado y --no de extorsión.“


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g)Extorsión simple: Momento a partir del cual se consuma
Reparación integral del daño: Análisis sobre la aplicación del efecto extensivo a los
coimputados


Voto de mayoría
“II.- […] Tanto la acusación como la sentencia califican los hechos acusados y tenidos por
demostrados respectivamente, como configurativos de un delito de extorsión simple. En la
audiencia preliminar la licenciada Ángela Robles Sibaja, representante del Ministerio Público,
señaló que los hechos contra Garro Álvarez eran constitutivos del delito de extorsión simple en
grado de tentativa (cfr. folio 121), calificación legal sobre la cual se realizó la negociación del
procedimiento especial abreviado, e incluso al cierre de la audiencia preliminar la defensa solicitó al
Tribunal de Juicio que por encontrarse ante un hecho tentado se rebaje la pena impuesta,
evidenciándose con ello que existía claridad respecto de la calificación legal sobre la que se
negoció el procedimiento especial abreviado (cfr. folio 122). Unido a lo anterior se tiene que la
descripción fáctica acusada y la que se tuvo por demostrada, siendo ambas idénticas (cfr. folios
138 a 141), describen un delito de extorsión en estado de tentativa. El tipo penal de extorsión se
encuentra descrito en el numeral 214 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión
de dos a seis años, el que para procurar un lucro injusto obligare a otro con intimidación o con
amenazas graves a tomar una disposición patrimonial perjuidicial para sí o para un tercero.” El
delito de extorsión se consuma cuando el sujeto pasivo toma la disposición patrimonial,
independientemente de que el sujeto activo obtenga el lucro que pretende. Al respecto se ha dicho
respecto de la consumación del delito de extorsión: “...Como delito de intención (de resultado
cortado) ... permite distinguir entre consumación formal y material. La consumación formal ocurre
cuando, de manera dolosa y con la intención requerida por la ley, se realiza el tipo objetivo. La
consumación material -o el agotamiento del delito- se da cuando el agente alcanza la finalidad
perseguida al realizar el hecho. En la extorsión la consumación (refiriéndose a la material) ocurre
cuando el agente obtiene el lucro injusto que se proponía, aún en el caso de que obtenga una
suma menor que la exigida ...” (Castillo González (Francisco), EL DELITO DE EXTORSIÓN,
Seletex, editores. San José. 1ª edición, 1991, páginas 94 y 95). Basta la consumación formal para
que el delito de extorsión se considere consumado. Al respecto ha señalado la Sala Tercera de
Casación Penal que: “Varios autores - incluso costarricenses- señalan que la disposición
patrimonial debe verificarse para que pueda estimarse consumado el delito. Así, por ejemplo, el Dr
Francisco Castillo González, citado por el recurrente, señala que la Extorsión es un delito de
resultado que condiciona su consumación al acaecimiento de un perjuicio o daño patrimonial (cfr
su obra El Delito de Extorsión, San José,Seletex Editores, 1991, págs. 93 a 99). Otros autores,
particularmente los argentinos, también exigen la realización de la disposición patrimonial como
condición para que se consume el delito, esto es, que el delito se consuma cuando el sujeto pasivo
se ha desapoderado de la cosa (cfr. CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte Especial, t. I, Buenos
Aires, Editorial Astrea, 1988, págs. 472 a 473)” (Resolución número 88-97 de las 10:15 horas del 7
de febrero de 1997). Los hechos tenidos por demostrados en el caso concreto son los siguientes


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“Se acreditan los hechos acusados que señalan que el día siete de junio del año en curso, en
Ciudad Quesada de San Carlos, en la segunda planta del edificio Chalet, sito 50 metros oeste de la
Panadería Panchjto, oficiales del Organismo de Investigación de San Carlos se presentaron en la
oficina del ofendido VÍCTOR HUGO CORDERO PORTUGUÉS y procedieron a decomisarle un
CPU que días antes le había vendido el imputado CRISTIN GARRO VÁSQUEZ, debido a que
dicho aparato se denunció como sustraído al Colegio María Inmaculada. Ese mismo día, horas
después de haberle realizado el decomiso, el agraviado CORDERO PORTUGUÉS empezó a
recibir llamadas a su teléfono celular de parte de personas desconocidas, pero que posteriormente
fue identificado como el aquí imputado CRISTIAN GARRO VÁSQUEZ y otro sujeto también
identificado, quienes actuando de común acuerdo y con la finalidad de intimidar y amenazar a
CORDERO PORTUGUÉS para que les entregara dinero, procedieron a decirle que él los había
vendido con la policía, haciendo alusión al hecho de que sabían que le habían decomisado el
aparato, y que por esa razón ahora él debía darles la suma de cincuenta mil colones, de lo
contrario se atuviera a las consecuencias, a la vez lo amenazaron indicándole que se presentarían
a su oficina y le iban a romper todo lo que tenía, que ellos sabían donde vivía y que su familia
corría peligro, además dijeron que podían quemarle la casa o hacerle daño a su carro si no cumplía
con sus exigencias, también le indicaron que le daban tiempo hasta las ocho de la noche del día 08
de junio de 2007 para que les entregara el dinero y que sino lo hacia que se atuviera a las
consecuencias porque ellos tenían contactos y podría hacerle todos los daños descritos. También
fue acreditado y así fue acusado que el día 08 de junio los imputados GARRO VÁSQUEZ y
BLANCO SOLÍS, se presentaron en la vivienda del agraviado sita en Barrio San Roque, de Ciudad
Quesada, de las oficinas del Valle Dorada, 50 metros este, 25 norte, con la finalidad de atemorizar
al agraviado CORDERO PORTUGUÉS, le dijeron dicho con su cuñada Yadira Rodríguez Piedra
que había llegado el muchacho del carro azul, ya que sabían que el agraviado conocía que ellos se
transportaban en dicho vehículo, esta situación alarmó al agraviado, quien se convenció que estas
amenazas que le hacían los acusados eran reales, por lo cual procedió a denunciar los hechos
ante el OIJ de San Carlos, donde dichos oficiales en coordinación con la Fiscalía de esta localidad
pusieron en marcha un operativo policial, con el fin de detener a los encartados. Se tiene por
acreditado conforme fue acusado, que el día 09 de junio de 2006, a eso de las 11:30 horas el
encartado GARRO VÁSQUEZ y otro sujeto debidamente identificado, a bordo del vehículo placas
475871, marca Hyundai, Elantra, color azul, se presentaron en las afueras de la oficina del
agraviado CORDERO PORTUGUÉS en la dirección antes indicada, seguidamente el indiciado
GARRO VÁSQUEZ ingresó a la oficina y le manifestó a CORDERO PORTUGUÉS que le deban
hasta las cuatro de la tarde para que les entregara el dinero, de lo contrario vería de lo que ellos
eran capaz (sic) de hacerle, además le dijo que no se le ocurriera llamar a la policía, porque sería
hombre muerto. Todo con la finalidad de presionar a CORDERO PORTUGUÉS, para que les
entregara 50.000.00 colones, en perjuicio de su patrimonio; mientras esto ocurría, en las afueras
aguardaba el toro (sic) sujeto en su vehículo. Este mismo día, a eso de las 16:32 horas, en las
oficinas del OIJ de San Carlos, la juez penal, luego de haber requisado a CORDERO
PORTUGUÉS, en presencia de la Defensa pública, le entregó la suma de 50.000.00 colones en
billetes de diez mil colones, dinero que había sido previamente marcado y que correspondía a las
series: A27514867, A33079995, A36180513, A24462255 y A25308784, posteriormente los tres se
trasladan hasta el edificio Chalet donde se ubica la oficina del ofendido CORDERO PORTUGUÉS,
esto en compañía de la fiscal de turno y varios oficiales del OIJ. Minutos después, el imputado
GARRO VÁSQUEZ se presenta a las oficinas del agraviado con la finalidad de que el ofendido le
entregue el dinero que le habían exigido vía telefónica, sin embargo el denunciante le dijo que no
se lo daba hasta que le dijera quien era la otra persona que la había estado amenazando, ante la
insistencia del agraviado GARRO VÁSQUEZ dijo que se trataba del otro sujeto que fue identificado
debidamente y que éste era violento, así que lo mejor era que le entregara los 50.000.0. Ante esta
situación el ofendido le indica a GARRO VÁSQUEZ que le entregaría personalmente el dinero al


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otro sujeto debidamente identificado, por lo cual GARRO VÁSQUEZ va en su búsqueda
Posteriormente GARRO VÁSQUEZ y el otro sujeto ingresan a la oficina de CORDERO
PORTUGUÉS, donde el encartado el segundo sujeto ya referido procedió a amenazar al ofendido y
a la vez exigía que le entregara el dinero, de lo contrario su vida corría peligro, ante esta situación
el denunciante entrega el dinero al segundo sujeto dicho quien seguidamente salió de la oficina en
compañía del encartado GARRO VÁSQUEZ. Una vez que los imputados estaban en las afueras de
dicho local, ambos son detenidos por oficiales del OIJ y durante el arresto logran decomisarle al
sujeto que actuaba en compañía del impuado GARRO VÁSQUEZ, el arma de fuego, marca Kora,
serie 409398, calibre 38, la cual era portada por el justiciable dentro de la pretina del pantalón, lo
anterior sin contar con el respectivo permiso de portación de armas, además se le decomisó el
dinero marcado” (cfr. folios 138 a 141).”


h)Extorsión simple: Diferencias con la coacción y bien jurídico tutelado
Coacción o amenaza: Diferencias con la extorsión y bien jurídico tutelado


Voto de mayoría
“IV. […] Por último, debe señalarse que el delito de extorsión presenta características especiales
que lo diferencian de la coacción y la fundamental consiste en que, mientras en esta última se
conmina al sujeto pasivo a hacer, no hacer o a tolerar algo a lo que no está obligado, en la
extorsión las amenazas o las acciones intimidantes se dirigen a que el “hacer” se traduzca en una
disposición patrimonial, de manera que en tanto que en la primera figura se tutela la libertad, en
general, en la segunda se protege el patrimonio, específicamente, la posibilidad de disponer de él
de forma libre y voluntaria. El elemento patrimonial es el que, a los efectos que aquí interesan,
distingue el acto extorsivo de la mera coacción y la existencia de la intimidación se demostró con
propiedad a través de las declaraciones testimoniales escuchadas en el debate, incluida la de la
madre de la víctima quien, de forma personal, fue receptora de amenazas graves dirigidas contra
su hijo por C, sujeto, en todo caso, bien conocido por el agraviado y sus amigos e identificado por
todos en el debate. Se sigue de lo dicho que la sugerencia de que se aplicó erróneamente la ley
sustantiva, debe rechazarse, ya que los hechos sí se ajustan a lo previsto en los artículos 22, 76 y
214 del Código Penal y constituyen un concurso material de dos extorsiones. Así las cosas, por no
asistirle razón a la defensa en ninguno de sus alegatos, procede declararlos sin lugar.”


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i)Extorsión: Concepto, elementos objetivos y subjetivos del tipo, momento a partir del cual
se consuma e innecesario que el agente sea el destinatario final del lucro


Voto de mayoría
"II.- En su segundo motivo de casación, el licenciado Walter Chaves Olivares arguye, que existe en
el fallo impugnado errónea aplicación del artículo 214 del Código Penal y se desaplicaron los
numerales 24, 71, 64, 65, 66 y 73 del mismo cuerpo normativo. Con ello se generó una violación de
los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, 1, 2, 24, 27, 71, 73 del Código Penal, así como en los numerales 363 y 369 inciso i) del
Código Procesal Penal. Reclama que a la imputada se le condenó por un delito consumado (en la
modalidad de delito continuado), cuando de la prueba evacuada en juicio se acreditó que a lo sumo
se estaba ante un delito de extorsión simple en grado de tentativa, ya que: a) el dinero falso
marcado, le fue decomisado a la imputada el mismo día del operativo policial, por lo que no hubo
disposición de bienes del peculio de los ofendidos, ni las amenazas del extorsionador surtieron
efectos el día de la acción policial, ya que éste era un operativo controlado; debido a esto la
disposición del dinero no se concretó debido a causas ajenas a la voluntad del agente (operativo
policial); b) No se logró determinar que el daño material sufrido por los ofendidos fuera de ocho
millones de colones, siendo contradictorio el que el Tribunal haya declarado con lugar la acción
civil, aunque en forma abstracta. Con base en ello, el quejoso solicita recalificar los hechos al delito
de extorsión en grado de tentativa, a efecto de que se rebaje el monto de la sanción impuesta y se
le conceda a la imputada el beneficio de ejecución condicional de la pena. En el tercer motivo del
recurso de casación interpuesto por el licenciado Walter Chaves Olivares, se reclama que existe en
el fallo impugnado errónea aplicación del artículo 77 del Código Penal y se desaplicaron los
numerales 64, 65, 66 y 71 del mismo cuerpo normativo. Argumenta que en la especie, no se debe
debió aplicar la modalidad de delito continuado, en razón de que para ello: se requiere una
pluralidad de acciones temporales discontinuas pero dependientes entre sí, una misma finalidad, un
mismo ofendido y la consumación de todos los delitos. El quejoso solicita recalificar los hechos al
delito de extorsión simple en grado de tentativa, en aras de que se rebaje la sanción impuesta y se
le conceda a la imputada el beneficio de ejecución condicional de la pena. En vista de que el
segundo y tercer motivo del recurso planteado por el licenciado Walter Chaves Olivares, guardan
estrecha relación, se conocen ambos de forma conjunta. Se declaran sin lugar los alegatos
Olvida el recurrente que en la interposición de motivos de casación por violación de la ley
sustantiva, debe respetarse el cuadro fáctico probado en sentencia. Esto es obviado por el
impugnante, ya que plantea cuestiones que difieren diametralmente con los hechos que el a quo
tuvo por demostrados en el fallo objetado. Al resolver estos motivos, la Sala debe ajustar su
decisión al cuadro fáctico acreditado por parte del Tribunal sentenciador; y del mismo se colige que,
efectivamente, en el caso concreto acaeció el delito de extorsión en modalidad de delito
continuado; al respecto los Jueces plasmaron como hechos probados: “…2.Cuando llega a vivir a
Grecia (refiriéndose al ofendido) conoce a la acusada Kattia quien sabiendo que el ofendido
padecía de cancer (sic) le llevaba bocaditos y empieza a brindarle amistad al ofendido y a su
familia y a ganarse la confianza de estos y de un momento a otro un sujeto desconocido empezó a
llamar al teléfono de su residencia 494-32-67 exigiéndoles la entrega de dinero o de lo contrario le


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secuestrarían a sus hijos. Ante tal amenaza, el ofendido accede a hacer una disposición
patrimonial en su contra, entregándole ciertas cantidades de dinero que oscilaban entre los
doscientos mil y trescientos mil colones, montos que en la mayoría de veces debía entregar a la
encartada KATTIA TORRES CANTILLANO para que ésta realizase la supuesta entrega a los
extorsionadores. 3. Las extorsiones que continuaron ocurrieron en diferentes oportunidades desde
el año 2001 hasta el año 2003, en San Isidro de Grecia. 4. por el gran temor que sufría el
agraviado a raíz de las constantes amenazas, decidió desconectar el teléfono de su vivienda, por lo
que la aquí imputada KATTIA TORRES CANTILLANO, en pleno codominio del hecho con el sujeto
desconocido, procede a indicarle al señor Castro Solórzano que el extorsionador ha continuado
llamando al número 444-00-10, perteneciente a la indilgada (sic), a quien le dejaba el mensaje para
el ofendido de que debía entregar determinadas sumas de dinero o de lo contrario secuestraría o
mataría a sus hijos. 5. Mediante la conducta descrita en distribución de funciones, y plan
preconcebido con un sujeto desconocido la imputada obliga al ofendido GERARDO CASTRO
SOLORZANO hacer una serie de disposiciones patrimoniales en su contra, haciendo entrega
injustamente de dinero, a la imputada quien lo amenazaba de secuestrar a sus hijos, siendo el total
de lucro injusto obtenido mediante tales amenazas graves de mas ocho millones de colones…” ( lo
escrito entre paréntesis es suplido) (Cfr considerando III. hechos probados, folios 393 y 394)
Nótese, que contrario a lo afirmado por el recurrente, los Jueces acreditaron en sentencia, los
elementos objetivos y subjetivos del delito de extorsión, definido éste en doctrina como : “...delito
patrimonial, que requiere un acto dispositivo del sujeto pasivo, causado por la intimidación o la
amenaza grave a que lo somete el sujeto activo, que quiere obtener un lucro injusto...El tipo
objetivo del delito de extorsión requiere que el agente, por medio de la intimidación o de la
amenaza grave, obligue a otro a realizar un acto dispositivo patrimonial, que sea perjudicial para el
patrimonio propio o ajeno...El tipo subjetivo del delito de extorsión es complejo. La extorsión
pertenece a los llamados “delitos de intención”, porque requiere una especial dirección de la
voluntad,- “para procurar un lucro injusto”-, hacia un determinado objetivo o resultado, que se
encuentra fuera del tipo objetivo...” (Castillo González, Francisco. El delito de extorsión. Seletex
Editores, 1991, páginas 30,43 y 77). Con respecto a la calificación jurídica y al rechazo de la tesis
planteada por la defensa en el sentido de que el delito quedó en grado de tentativa, fundamentó el
Tribunal: “…De lo expuesto anteriormente se determina que la conducta de la acusada Kattia
Torres, tiene los requisitos exigidos por el numeral 214 del Código Penal, ya que el codominio
funcional del hecho quedó manifiesto en las conductas descritas y en la distribución de funciones
en la realización del tipo penal. El defensor de la encartada alegó en la audiencia que el delito
había quedado tentado, ya que la policía recupero el dinero falso entregado para corroborar la
conducta extorsiba de la acusada. Pero esta actuación final de la policía de entregar un dinero
falso, no fue más que un elemento probatorio para acreditar la participación de la imputada kattia
en los hechos, así, como para verificar la veracidad de lo afirmado por el ofendido y la familia de
éste, no es que esta fuera la única acción extorsiba que efectuara la imputada ni el único dinero
percibido por ella... El delito quedó consumado ya que acaeció un perjuicio patrimonial para el
ofendido Castro, y la disposición patrimonial que durante dos años, desde el año 2001 hasta el año
2003 hizo el ofendido fue perjudicial para él y para su familia. Para la consumación del delito
solamente se requiere de un daño patrimonial, y en caso que nos ocupa no hubo sólo un daño,
sino un sinnúmero de daños que le permitió a la imputada lograr un enriquecimiento ilícito al cual
aspiraba. Por lo que se realizó el tipo objetivo, ya que la acusada Torres alcanzó la finalidad
perseguida al realizar el hecho, y el delito quedó consumado por haber obtenido ella el lucro injusto
que se propuso. Y quedó demostrado con la documentación señalada a folios 109, 110, 310, 311 a
323, que el ofendido sufrió un menoscabo efectivo en su patrimonio, y el daño patrimonial es
notorio en este caso por la diferencia en el patrimonio del ofendido antes que la imputada lo
extorsionara y después de la extorsión en donde el ofendido tuvo que disponer de sus
propiedades, salarios, aguinaldos para satisfacer los requerimientos extorsivos de la acusada


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Torres y en este momento no cuente con patrimonio alguno, por ello es que quedo plenamente
acreditado el daño patrimonial, ya que, hubo una disminución total de del ofendido activos y un
aumento de obligaciones patrimoniales (prestamos a los que recurrió) para hacerle frente a las
amenazas exigentes de la acusada Torres…”, (Cfr. folios 409 y 410), fundamentación del Tribunal
que es acorde con el planteamiento doctrinal que indica que para la consumación del delito de
extorsión, solamente se requiere “... de un daño patrimonial, sin que sea necesario que el agente
alcance el enriquecimiento ilícito al que aspiraba. Puede ocurrir un perjuicio patrimonial del
ofendido, sin enriquecimiento del extorsionista...” (Castillo González, Francisco. El delito de
extorsión. Seletex Editores, 1991, página 94). Se anota que, según se tuvo por acreditado en los
hechos probados, la conducta de Kattia Torres Cantillano se había repetido en diversas ocasiones
desde el año 2001, hasta el día del operativo en setiembre de 2003, y con motivo de la misma, el
ofendido Gerardo Castro Solórzano, resultó con un perjuicio de más de ocho millones de colones
en su patrimonio. La única finalidad del operativo fue verificar el dicho del ofendido, en el sentido
que era habitual que la imputada recibiera el dinero que éste debía entregar bajo amenazas graves
y que la actividad ilícita perpetrada por Kattia Torres Cantillano se venía desarrollando desde antes
de que iniciara la investigación realizada en esta causa. Lo acontecido el día del operativo final en
contra de la imputada, no genera variaciones en cuanto a la calificación jurídica de la conducta
ilícita que ejecutaba la misma desde el año 2001 y que fue acreditada mediante los elementos de
prueba surgidos del contradictorio y plasmada por el Tribunal en el fallo impugnado. Por ello, el
argumento del impugnante en el sentido de que el delito quedó en grado de tentativa es
improcedente ya que, como se acreditó por el a quo, se dieron múltiples entregas forzadas de
dinero, con lo que se afectó, sin lugar a dudas, el patrimonio de Gerardo Castro Solórzano
Considera la Sala, que la calificación jurídica otorgada por los Jueces a la conducta de la
encartada, fue tipificada de forma adecuada y que en efecto, la extorsión se dio en la modalidad de
delito continuado. Al respecto se ha indicado que esta figura: “…Se presenta cuando el agente
realiza diversos actos parciales, conectados entre sí por una relación de dependencia, de tal
manera que el supuesto de hecho los abarca en su totalidad en una unidad de acción” (Fernando
Velásquez Velásquez,Derecho Penal, Parte General, Editorial Temis S.A., 1994, página 572). Son
requisitos de este instituto, que se realice el mismo tipo penal o uno similar que contenga los
mismos elementos; que se afecte el mismo bien jurídico; que haya unidad de fin, elemento
subjetivo de la figura, esto es, que el agente actúe con un dolo conjunto, es decir, siguiendo un
plan que comprenda en líneas generales, los diferentes actos particulares: En otras palabras dicho,
es indispensable que la actuación del agente esté guiada por un dolo común de carácter unitario y
de la misma naturaleza…” (Sala Tercera, voto 2005-00788, de las 9:15 horas del 15 de julio de
2005). Al respecto, señaló el Tribunal: “…El delito en el presente caso fue continuado, y se
encuentra previsto en el numeral 77 del Código Penal, ya que los hechos en continuación fueron
de la misma especie y afectaron bienes jurídicos patrimoniales y la agente persiguió una misma
finalidad, y en el presente caso, la imputada Kattia obligó al ofendido Castro, mediante amenaza e
intimidación a entregarle su patrimonio, ya que si no corría peligro la vida de sus hijos, si bien es
cierto ella llamaba indiscriminadamente a la casa del ofendido y si el mismo no se encontraba le
dejaba recado con quien fuera de su familia, pero al que amenazó con hacerle daño a sus hijos, el
que dispuso de sus propiedades y contrajo deudas para entregar lo requerido por la imputada
kattia fue don Gerardo Castro, por lo que él es el ofendido directo no como lo alegó la defensa que
hubo más de un ofendido, desde luego que con semejante vida de terror que la imputada hizo que
viviera don Gerardo y las congojas para conseguir dineroesto repercutió en la vida de su familia,
esposa e hijos, puesto que las limitaciones económicas la sufrió toda la familia y las amenazas de
esta acusada desde luego no perjudicaba solamente al ofendido sino también a su familia ya que el
terror que sentía el ofendido. De ahí quepara proteger a su familia el ofendido tuvo que hacer tales
erogaciones económicas a favor de la acusada, y cuando ya su dinero se acabó fue el en persona
a pedirle dinero prestado a su padre el señor Ananias y a su hermano José, para poder hacer


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frente a los pedidos de la imputada. No es que la acusada extorsionara independientemente a cada
miembro de la familia del ofendido, pues la acusada fue inteligente y sabía que el único en ese
hogar que tenía disponibilidad económica lo era el ofendido y por eso lo amenazaba a él
directamente o por medio de su familia como quedó establecido…” (Cfr. folio 411). Por lo anterior,
se desestiman los alegatos. [...] Igualmente, con respecto a la cuestión atinente a que no se
acreditó de forma concreta quien disfrutó de los dineros girados por el ofendido , valga mencionar
que: “… la figura delictiva en cuestión (extorsión), no exige que el agente sea el destinatario final
del lucro injusto procurado, de manera que igualmente si es un tercero el beneficiario, se configura
el ilícito…” (Sala Tercera, voto 2005-00415 de las 8:30 horas del 20 de mayo de 2005)."


j)Tentativa de extorsión simple: Imputado detenido minutos después de recibir el dinero
solicitado la configura


Voto de mayoría
" I.- [...]. Como bien señala el Defensor Público del encartado, los hechos demostrados en
sentencia configuran el delito de extorsión simple en grado de tentativa, en virtud de que en la
especie no existió disposición patrimonial aflictiva para la víctima o bien para un tercero, requisito
indispensable para considerar que el ilícito se ha consumado. Al respecto, en esta Sede se
manifestó, que: “... Conforme a nuestro Código Penal, incurre en el delito de Extorsión simple: «...el
que para procurar un lucro injusto obligare a otro con intimidación o con amenazas graves a
tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero» (artículo 214)
Como se puede apreciar, el núcleo de la acción típica (obligar) tiene por finalidad procurar un lucro
injusto, y los medios de los cuales se sirve el autor consisten en la “intimidación” o “amenaza
grave” con la cual se quiere determinar al sujeto pasivo a tomar la “disposición patrimonial
perjudicial para sí mismo o para un tercero”. En este contexto, la palabra procurar significa -en su
acepción común- “hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa” (Diccionario
de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1992, pág. 1185). Otros diccionarios
comunes definen la palabra en términos idénticos, señalando que procurar consiste en “hacer
diligencias o esfuerzos para conseguir lo que se desea” (Diccionario Enciclopédico Éxito, España,
Grupo Editorial Océano, Vol. 4, 1991) al tiempo que se le señala como sinónimo de intentar (véase
el Pequeño Larousse Ilustrado, Colombia, 1994, pág. 841) o de pretender, tratar, probar, gestionar,
negociar, diligenciar, ensayar, proponer, encaminar, mediar, pesquisar, comerciar (véase el
Diccionario de Sinónimos y Antónimos, España, Grupo Editorial Océano, así como el Diccionario
de Sinónimos Castellanos, Argentina, Editorial Sopena, 1961, pág. 203). A partir de estas
apreciaciones, debe considerarse que el delito de Extorsión se consuma al momento en que el
sujeto pasivo -obligado por la intimidación o amenaza- toma la disposición patrimonial perjudicial,
que es el objetivo mediante el cual procura, intenta o trata de conseguir un lucro injusto el autor con
su conducta, sin que entonces sea necesario -a efecto de estimarse consumado el delito- que se
verifique o realice efectivamente el lucro injusto. Esto así, porque en el tipo penal la palabra tomar
significa adoptar, poner por obra, o emprender la disposición patrimonial, lo cual puede
corroborarse consultando la voz respectiva en los diccionarios supracitados. Varios autores


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-incluso costarricenses- señalan que la disposición patrimonial debe verificarse para que pueda
estimarse consumado el delito. Así, por ejemplo, el Dr. Francisco Castillo González, citado por el
recurrente, señala que la Extorsión es un delito de resultado que condiciona su consumación al
acaecimiento de un perjuicio o daño patrimonial (cfr. su obra El Delito de Extorsión, San José,
Seletex Editores, 1991, págs. 93 a 99). Otros autores, particularmente los argentinos, también
exigen la realización de la disposición patrimonial como condición para que se consume el delito,
esto es, que el delito se consuma cuando el sujeto pasivo se ha desapoderado de la cosa (cfr
CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte Especial, t. I, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1988, págs. 472
a 473; FONTAN BALESTRA, Carlos: Derecho Penal Parte Especial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
10ª ed., págs. 472 a 473; NÚÑEZ, Ricardo: Manual de Derecho Penal Parte Especial, Buenos
Aires, Ediciones Lerner, 1978, pág. 231). Se entiende que la posibilidad de poner en peligro o de
lesionar el bien jurídico tutelado es un requisito de la tipicidad, aunque no esté expresamente
enunciado en el artículo 214 del Código Penal. En una sociedad democrática, respetuosa de los
derechos humanos, debe considerarse que el llamado principio de lesividad está implícito en el tipo
penal, lo cual reconocen tanto la doctrina mayoritaria como nuestra jurisprudencia, ya que sólo se
sancionan penalmente conductas que afecten significativamente un bien jurídico, esto es, aquella
relación de disponibilidad entre un sujeto y un objeto de protección suyo, calificado como
importante por la ley penal (cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Principios Fundamentales de un
Derecho Penal Democrático, en “Ciencias Penales”, Nº 8, marzo de 1994, Revista de la Asociación
de Ciencias Penales de Costa Rica, págs. 12 a 14; y CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo y otro
Metodología de Resolución de Conflictos Jurídicos en Materia Penal, San José, ILANUD, 1991,
págs. 40 a 43).En el caso de la Extorsión, se tutela la libre disposición del patrimonio contra una
conducta que la afecta injustamente, es decir, la conducta afecta tanto la libertad como el
patrimonio suyo o de un tercero...”. (Ver resolución N° 556-F-96, de 8:55 horas del 27 de setiembre
de 1.996). En el presente asunto se demostró, que al ofendido Johnny Sancho Villalobos le fue
sustraída su motocicleta marca Honda, placas número M-76.714, por el sector de Hatillo Cuatro
Aproximadamente media hora después de la sustracción, el aquí imputado Wilberth Fernández
Sojo contactó con él, indicándole que sabía dónde se encontraba el vehículo, pero que a cambio de
la información y para recuperarla, era necesario pagar ciento ochenta mil (180.000,oo) colones
Ante este panorama, Sancho Villalobos se comunicó con oficiales del Organismo de Investigación
Judicial, quienes coordinando con el Juzgado Penal de San José, realizaron un operativo en el
sector de San Rafael de Desamparados, utilizando al efecto billetes previamente identificados. Con
ocasión de esta diligencia, los oficiales detuvieron al justiciable, a escasos quince metros del sitio
en que Johnny le entregó la suma de dinero mencionada. Como se observa, si bien Fernández
Sojo puso en peligro la libre disposición patrimonial del perjudicado Sancho Villalobos, resulta ser
cierto que la delincuencia acusada no se perfeccionó gracias a la intervención oportuna de la
policía judicial. Al respecto, es importante destacar la resolución N° 558-98, de 10:10 horas del 12
de junio de 1.998, en la que esta Sala señaló que: “... tenemos extorsión tentada y no consumada,
cuando el agente, en el acto de apoderarse de la suma depositada, es arrestado por la fuerza
pública puesta en acecho, o cuando en vez de dinero se deposita un objeto sin ningún valor, con el
único fin de hacer posible la intervención de la policía» (MAGGIORE, Giuseppe: Derecho Penal,
Parte Especial, Vol. V, Editorial Temis, Colombia, 1989, pág. 102) (...)”. De esta manera se excluye
la consumación del delito de extorsión, aunque se mantiene incólume la responsabilidad penal
correspondiente en grado de tentativa. Por lo expuesto, se declara con lugar el reclamo,
únicamente para recalificar la conducta del encartado a tentativa de extorsión. Finalmente, el
Licenciado Barahona Montero solicita disminuir la pena al tanto de un mes de prisión. Analizando el
punto, estima esta Sala procedente rebajar el quantum de la pena impuesta por el a quo a dos
años de prisión, extremo mínimo que establece el tipo penal para la delincuencia investigada. Para
realizar dicha fijación, se consideran las razones expresadas a folios 134 vuelto y 135 frente, que
esta Sala comparte y hace suyas, como también que el delito no se consumó, según se indicó


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supra y manteniendo la concesión del beneficio de condena de ejecución condicional de la pena,
otorgado por el a-quo. Finalmente debe apuntarse, que en todo lo demás, el fallo venido en alzada
permanece incólume."


k)Extorsión simple: Delito de resultado
Características


Voto de mayoría
"III.- [...]. El imputado V.A. reclama, como vicio in iudicando, que los jueces de instancia aplicaron
erróneamente el tipo previsto por el numeral 214 del Código Penal a una conducta atípica, pues de
los hechos probados se extrae que él "... solamente intervino como mediador entre el ofendido y las
personas que hurtaron su vehículo ... la afirmación de que para recuperarlo debe pagar la suma de
doscientos mil colones, de lo contrario sería desmantelado, necesariamente lo está haciendo en
virtud de que eso fue lo que le dijeron las personas que tenían dicho vehículo en su poder ... la
amenaza no se podría hacer en nombre de otra persona, por cuanto no habría adecuación
típica ..." (folio 165, línea 11 a 28). El reclamo no resulta atendible. La conducta descrita en los
hechos probados de la sentencia, según la cual el imputado V.A. transmitió al ofendido la amenaza
de que -para poder recuperar su vehículo- debía pagar doscientos mil colones a los sujetos que lo
hurtaron, reforzándola posteriormente al indicarle que tenía que apresurarse a conseguir dicha
suma pues si así no lo hacía aquél sería desmantelado, claramente se encasilla en la figura del
artículo 214 del Código Penal. De los hechos probados del fallo de instancia se deduce que
mediante una amenaza grave (en primer término que ese era el único medio para recuperar su
vehículo, y luego que debía apresurarse pues de lo contrario éste sería desmantelado) el ofendido
fue obligado a realizar una disposición patrimonial perjudicial para sí, y en virtud de ello el referido
V.A. obtuvo un lucro injusto. Según lo expone la doctrina, los delitos de resultado cortado, entre los
cuales se clasifica la extorsión, se caracterizan porque se puede distinguir fácilmente la
"consumación formal", que se produce cuando el sujeto pasivo ha realizado la disposición
patrimonial, de la "consumación material", que se produce en el momento en el cual el agente
activo obtiene el beneficio patrimonial (en ese sentido véase el voto de esta Sala, Nº V-556-F-96,
de las 8:55 del 27 de setiembre de 1996). Es claro que con su conducta el imputado V.A. cumplió
todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito, ello al intervenir decisivamente en la
lesión del bien jurídico tutelado, consumándose así la extorsión. Según lo expuesto, no lleva razón
la defensa al afirmar que los hechos probados describen una conducta atípica, de modo que la
aplicación del artículo 214 citado es correcta, lo cual justifica rechazar el reclamo."


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1 CREUS, C. (1983). Derecho Penal Parte espacial. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina. Pp
452 y ss. [Copiado en el Libro El homicidio - La Extorción Estudios de Derecho Penal.Editorial Jurídica
Bolivariana. Dirigido Por Fernando Quiceno Álvarez. Pp. 393-399]
2 NÚÑEZ, R. C. (1951). Delitos contra la Propiedad. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. Pp
261 y ss. [Copiado del Libro El homicidio - La Extorción Estudios de Derecho Penal. Editorial Jurídica
Bolivariana. Dirigido Por Fernando Quiceno Álvarez. Pp. 457-465]
3 CARDONA TORRES, J. (2010). Derecho Especial Parte Especial. Editorial Bosch. Barcelona, España
Pp. 248-249
Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. España. Información obtenida del CD del Libro. Pp. 389-390
5 ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Ley número 4573 del cuatro de mayo de 1970. Código Penal. Fecha de
vigencia desde 15/11/1970. Versión de la norma 36 de 36 del 03/08/2011. Datos de la Publicación
Gaceta número 257 del 15/11/1970. Alcance: 120A
6 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 393 de las ocho horas
cincuenta minutos del siete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Exp.: 95-000294-0006-PE
7 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 387 de las diez horas
cuarenta minutos del siete de mayo de dos mil diez. Expediente: 07-000864-0057-PE
8 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 1545 de las catorce
horas veintiun minutos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve. Expediente: 05-001003-0059-PE
9 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 897 de las nueve horas
treinta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil nueve. Expediente: 03-000742-0072-PE
10 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 881 de las catorce horas
cincuenta y dos minutos del nueve de julio de dos mil nueve. Expediente: 04-201597-0485-PE
11 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.- Sentencia número 953 de las ocho horas veinticinco minutos del
veintitrés de setiembre de dos mil ocho. Expediente: 07-020187-0042-PE
12 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN RAMÓN.- Sentencia número 175 de las once horas del
veinticinco de abril de dos mil ocho. Expediente: 07-000614-0065-PE
13 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 23 de las ocho horas
cuarenta y dos minutos del dieciocho de enero de dos mil ocho. Expediente: 06-200623-0278-PE
14 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 152 de las nueve horas
cuarenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil seis. Expediente: 03-000402-0075-PE
15 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 1140 de las nueve horas
diez minutos del ocho de noviembre de dos mil dos. Expediente: 01-005253-0042-PE
16 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sentencia número 88 de las diez horas
quince minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y siete. Exp.: 96-000861-0006-PE