La naturaleza jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Clave: Artículo 2 Ley del Banco Popular, Responsabilidad del Banco, Naturaleza jurídica
del Banco Popular, Convención colectiva, Competencia para conocer en proceso en que es parte

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 28/05/2019

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
1. Responsabilidad civil objetiva por daño en parqueo del Banco Popular y de Desarrollo
3. La naturaleza jurídica del Banco Popular y su capacidad de suscribir convenciones
4. Análisis sobre la naturaleza jurídica e improcedencia de cobro al Banco Popular y de


RESUMEN

En la presente reseña se trata el tema de la naturaleza jurídica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, se desarrolla desde la perspectiva del artículo 2 de la LEY ORGÁNICA DEL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, en el cual se describe como institución de
Derecho Público no estatal y se citan cinco sentencias sobre el tema central de este
documento


 NORMATIVA


ARTÍCULO 2°.-

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una institución de Derecho Público no
estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía
administrativa y funcional. Su funcionamiento se regirá por las normas del Derecho
Público

El Banco tendrá como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los
trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de
crédito. Con este propósito procurará el desarrollo económico y social de los
trabajadores, para lo cual podrá conceder créditos para necesidades urgentes, así
como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que
tengan viabilidad económica. Asimismo, podrá financiar programas de desarrollo
comunal

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7031 del 14 de abril de 1986)


JURISPRUDENCIA


1. Responsabilidad civil objetiva por daño en parqueo del Banco Popular y
de Desarrollo Comunal


Voto de mayoría

“III.- Objeto del proceso. Del marco de las pretensiones deducidas, los hechos y las
argumentaciones formuladas por las partes, se tiene que el objeto del presente
proceso consiste en la solicitud de la indemnización económica por daños derivados
de la tacha de su vehículo en el parqueo de la agencia del Banco Popular en San
Pedro de Montes de Oca el 19 de julio de 2011. Se pretende el pago del daño
material por el monto de ¢3.067.500 (tres millones sesenta y siete mil quinientos
colones) que corresponde al dinero en efectivo robado y a la reparación del vehículo y
por daño moral subjetivo la suma ¢5.000.000 (cinco millones de colones). Se
enfatiza que respecto de las anteriores pretensiones, que fueron las únicas fijadas en
la Audiencia Preliminar, se emitirá pronunciamiento en esta sentencia, no pudiendo
abordarse cualquier otra que hubiera sido introducida en las conclusiones durante el
juicio, por haber precluido la etapa. Se advierte que la demanda carece de una
adecuada técnica, ya que mezcla los hechos con los fundamentos de derecho y

valoraciones subjetivas de la parte actora y se omite el planteamiento serio de la teoría
del caso. El acápite de "Fundamento legal" de la demanda contiene una lista de
artículos sin ningún tipo de análisis o vinculación con el cuadro fáctico planteado en la
demanda, que sustente las pretensiones deducidas. Las deficiencias observadas,
imponen un marcado límite para el análisis y la decisión del asunto, no pudiendo este
Tribunal sobrepasar los aspectos señalados en la demanda y en las contestaciones,
en respeto del debido proceso y derecho de defensa. La ausencia de un planteamiento
ordenado y claro de los aspectos que se reclaman, ha de ser asumido por la parte
actora y su abogado. Alegatos de la parte actora: Del escrito de demanda se logra
identificar que los reclamos de la parte actora versan sobre los siguientes aspectos
Que la institución demandada, es responsable de haber causado a mi poderdante un
grave daño moral, de acuerdo a los hechos planteados en esta demanda, ya que
cuenta con parqueo para el uso del público con suficiente seguridad, cámaras y
oficiales de seguridad. Que el 19 de julio de 2011 estacionó su vehículo placas 717039
en el parqueo interno y que para sus clientes ofrece el Banco Popular de San Pedro
Ese día, dicho parqueo contaba con oficiales de seguridad del Banco, lo que le dio
suficiente confianza en que su vehículo y pertenencias estarían seguras. Ingreso al
Banco y luego de retirar un dinero, volvió al parqueo donde tenía estacionado su
vehículo y observó que se lo habían "tachado", es decir que le habían quebrado la
ventanilla del lado del acompañante y le habían robado sus pertenencias entre ellas
una computadora portátil y un sobre con tres millones de colones en efectivo, que
había dejado oculto debajo de la alfombra y del asiento. Indica que le reclamó al oficial
de seguridad del Banco y éste le indicó que él no había visto nada, que simplemente
escuchó activarse la alarma del vehículo. Señala que una señora de la limpieza le dijo
que había observado a un muchacho con la mano ensangrentada y con un salveque
Agrega que luego llegó el subgerente José J. Zamora S. Que los personeros del banco
le indicaron que no se preocupara, que todo se iba a solucionar y que el Banco se iba
a ser responsables por lo sucedido, que simplemente debía esperar unas semanas
mientras se realizaba una investigación por parte de la seguridad del banco. Manifiesta
que meses después el Banco gestionó ante el Instituto Nacional de Seguros (en
adelante INS), de lo que no fue informado de nada y para su sorpresa, el INS declinó
el caso. Indica que pudo haber apelado, pero le fue imposible ya que el Banco nunca
le informó de la resolución del INS respecto a su caso, por lo que el Banco le causó
por segunda vez daños al no poder ejercer su derecho de reclamo ante el INS. En las
conclusiones se alegó que el parqueo que el Banco Popular pone a disposición para
los clientes, hace que éstos se sientan seguros porque está dentro del banco y por eso
utiliza esa entidad bancaria. Que según el artículo 2 de la Ley del Consumidor el
Banco Popular es responsable por la seguridad del parqueo que tiene a disposición de
sus clientes, con independencia de la relación que mantiene con la empresa de
seguridad contratada Servicios de Seguridad Vargas Mejías, que es un tercero ajeno
al proceso y respecto del cual el actor carece de todo control. Señala que el INS no
aplicó la póliza, siendo que no fue informado del rechazo. Que el Banco Popular
acepta el hecho que el carro del actor fue tachado en el parqueo y lo que está en
dudas es la cantidad de dinero que transportaba. Alega que el testigo informó que se
trataba de una transacción para la compra de un vehículo lo que justifica la cantidad
que llevaba. Además, que se robaron una computadora del trabajo, cuyo monto le
están rebajando del salario. En cuanto al daño moral subjetivo, argumento que el actor
vio decaída su emoción de la compra de un vehículo por el robo sufrido. Que de

conformidad con el artículo 35 de la Ley del Consumidor el Banco Popular debe
responder independiente de la culpa de los agentes, ya que medió una omisión del
Banco Popular, al no dar seguridad en el parqueo del banco. En cuanto al daño,
sostiene que se trata de la "tacha" del vehículo, lo que se probó con las fotografías y
fue reconocida por el Banco Popular. Que existe nexo causal porque se trata de un
cliente del Banco Popular que utilizó los servicios bancarios donde se produjo el daño
Que no existe participación de la víctima en los hechos dañosos, por cuanto el actor
cerró con llave y el vehículo tiene alarma, que lo dejó dentro de la propiedad del Banco
y se sentía seguro. Sobre la inversión de la carga de la prueba, indica que le
corresponde al Banco Popular probar que no existió "tacha" ni el dinero. Reclama la
indemnización por responsabilidad civil extra-contractual del artículo 190 de la Ley
General de la Ley General de la Administración Pública. Solicita acoger la demanda y
que se condene al banco al pago de los extremos pretendidos junto con los intereses
Alegatos de la parte demandada: Que no es cierto lo que indica el actor ya que el
Banco tramitó diligentemente la denuncia interpuesta por el actor y dio aviso del
siniestro a la empresa de seguridad Vargas y Mejía VMA Seguridad contratada para la
seguridad del parqueo en ese momento y al INS, lo que comunicó al actor, según
consta en los oficios y correos que obran en los expedientes administrativos aportados
como prueba al proceso. Que el INS declinó el reclamo por las condiciones generales
del contrato y los riesgos excluidos. Que el actor no demostró con elementos de
prueba suficiente que en el vehículo ingresado al Banco de San Pedro llevara dinero
en efectivo y una computadora, ni demostró el daño moral, lo que impone el rechazo
de la pretensión indemnizatoria. Opuso las excepciones de falta de derecho y falta de
legitimación ad causam activa y pasiva. Solicitó que se declare sin lugar la demanda y
se condene en costas al actor. En las conclusiones se manifestó que quedó
demostrado que el banco informó del reclamo ante el INS al actor. Indica que también
se demostró que el reclamo fue declinado por el INS. En cuanto al dinero, sostiene
que de conformidad con la denuncia que presentó el mismo actor ante el O.I.J.,
reconoce que el dinero fue trasladado a varios lugares. Agrega que el Banco Popular
no debe demostrar la existencia del dinero y de la computadora al ingresar al parqueo
del banco. Argumenta que el Banco Popular sí tomó las medidas de seguridad y
presentó el reclamo ante el INS. Sostiene que en este caso no se demostró el daño ni
el nexo, que la demanda está fundada en hechos vagos e inconsistencias. En cuanto
al testigo, señala que no acompañó al actor en el trayecto ni presenció los supuestos
hechos, que acudió al banco por una llamada con posterioridad al evento. Reitera que
no hay daño del que deba responder el Banco Popular y que hay incerteza total en las
pretensiones. Solicita rechazar la demanda, acoger las excepciones y condenar en
costas

IV. Sobre el fondo del asunto: Pese a la inadecuada técnica utilizada en el escrito de
demanda y en la pretensión deducida, según se advirtió con anterioridad, es necesario
dejar clara que este Tribunal pueda emitir válidamente el pronunciamiento, debe
hacerlo en atención a los argumentos planteados y las pretensiones deducidas, en
garantía del debido proceso. Así las cosas, la pretensión objeto de este proceso según
se definió en la Audiencia Preliminar de las 8:35 horas del 12 de noviembre de 2015,
se fijó en una reparación del daño material en el monto de ¢3.067.500 (tres millones
sesenta y siete mil quinientos colones) que corresponde al dinero en efectivo robado y
a la reparación del vehículo y una indemnización por daño moral subjetivo en la

suma ¢5.000.000 (cinco millones de colones), por la "indignación, rabia, ira, disgusto,
sentimiento de impotencia, angustia, malestar, causado por la demandada, de acuerdo
a los hechos de esta demanda, tanto por el robo así como por la falta de comunicación
y falta de información respecto al reclamo ante el INS sobre este caso de robo". A
partir de la pretensión anterior, se tiene que el objeto de este proceso consiste en una
reparación económica por el daño material y moral de carácter subjetivo sufrido por el
actor a consecuencia de la "tacha" de su vehículo mientras permanecía estacionado
en el parqueo del Banco Popular de San Pedro de Montes de Oca. El primer elemento
a esclarecer es el régimen jurídico aplicable al caso concreto, sea el derecho público o
el derecho privado, concretamente en materia de relaciones de consumo, para tales
efectos es necesario identificar la naturaleza y actividad realizada por el Banco
Popular. La Ley Orgánica del Banco Popular N°4351 establece el régimen aplicable
mediante la relación de los artículos 2, 46 y 47 que se transcriben

"Artículo 2º .- El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una institución de
Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena
autonomía administrativa y funcional. Su funcionamiento se regirá por las normas del
Derecho Público. / El Banco tendrá como objetivo fundamental dar protección
económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la
satisfacción de sus necesidades de crédito. Con este propósito procurará el desarrollo
económico y social de los trabajadores, para lo cual podrá conceder créditos para
necesidades urgentes, así como para la participación del trabajador en empresas
generadoras de trabajo que tengan viabilidad económica. Asimismo, podrá financiar
programas de desarrollo comunal"

"Artículo 46.- El Banco estará sometido a la supervisión de la Superintendencia
General de Entidades Financieras, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
del Banco Central y en el Capítulo III del Título I de Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional. También el Banco estará sometido a la fiscalización de la Contraloría
General de la República."

"Artículo 47.- El Banco forma parte del Sistema Bancario Nacional y tendrá las
mismas atribuciones, responsabilidades y obligaciones que le corresponden a los
bancos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Banco Central, la
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, a excepción del artículo 4, y las demás
leyes aplicables. Sin embargo, las disposiciones del capítulo III de esta ley seguirán
siendo aplicables." (Énfasis suplido)

A partir de las normas antes citadas, se puede establecer que el tanto el Banco
Popular realiza actividades lucrativas, de intermediación financiera y comerciales con
particulares para ejercicio de la actividad bancaria y financiera, es claro que tiene una
naturaleza jurídica particular, que no está limitada a una finalidad estrictamente de
carácter social, ya que por ley se atribuyen las mismas responsabilidades de un banco
comercial para el desarrollo de actividades comerciales. Lo anterior, supone la
aplicación de ambos regímenes de derecho, sea público y/o privado dependiendo del
asunto a dirimir, de ahí que lo relativo al funcionamiento interno se regule por el
derecho público, según lo dispuesto en el artículo 2 de su Ley Orgánica y la actividad
comercial e intermediación bancaria mediante el derecho privado al tenor del numeral


47 ibídem. En ese tanto, la relación existente entre el actor y la entidad bancaria
demandada es de naturaleza mercantil, lo que permite identificar una relación de
consumo de naturaleza privada, regida por el artículo 46 de la Constitución Política
que preceptúa: "Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su
salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los
organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará
esas materias". Conjuntamente, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor Nº 7472, regula la defensa de los consumidores, para
introducir equilibrio en las relaciones de consumo. En resguardo de lo anterior, se
establece un régimen especial de responsabilidad objetiva, independiente de la
existencia de la culpa, en los términos del artículo 35 de la indicada ley que dice

"Artículo 35.- Régimen de responsabilidad . El productor, el proveedor y el
comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de
culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de
informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. /
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. / Los representantes legales
de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son
responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o
auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden
solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del
consumidor."

Sobre este tipo de responsabilidad en materia de relaciones de consumo, la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia estableció que "... [el consumidor] es el
centro de protección jurídica en el ámbito de la seguridad de los consumidores. Así las
necesidades específicas de amparo al señor (...), se originan en su condición de
usuario de un parqueo que se ofrece como parte de los servicios del supermercado,
para sus clientes" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 295-F-2007, de
las 10:45 del 26 de abril del 2007; énfasis suplido). A mayor abundamiento y muy
atinente al presente caso, la misma Sala señaló que: “... No cabe duda de que, quien
estaciona en el lugar ofrecido para ello, es un usuario involucrado en una típica
relación de consumo. Este tipo de comercios en el que se ofrece esta facilidad, debe
procurar la seguridad de esos bienes de manera adecuada, eficiente y, si fuese del
caso, contar con personal idóneo y capacitado para esos menesteres, porque, al
resultar el aparcamiento como parte de la relación de consumo, la obligación de
seguridad está indudablemente incorporada a su contenido virtual de protección al
consumidor que la establece expresamente, para dar fundamento a su existencia en
este tipo de circunstancias. Cuando el comerciante facilita un lugar para el ubicar el
vehículo de sus potenciales clientes, está ofreciéndoles sin que tengan que adquirir
una mercadería determinada, el depósito de su auto, lo cual es una prestación
accesoria a su actividad principal. Y ello configura un deber de seguridad del
comerciante, ya que es un medio para atraer clientes, pero le crea una obligación
accesoria y complementaria de la actividad principal de comercialización, hacia
aquellos potenciales clientes que aparquen su vehículo en ese sitio…” (Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia Nº 000655-F-2007, de las 15:05 horas del 19 de
setiembre del 2007; énfasis suplido). Es evidente, según el anterior criterio de la Sala

Primera que existe responsabilidad del comerciante por los servicios accesorios que
pone atraer a los posibles clientes y que por ello asume el riesgos de tales actividades
frente a los consumidores. En el caso particular, este Tribunal estima que aplica el
régimen de responsabilidad objetiva del artículo 35 de la Ley N°7472, que exige la
demostración del daño reclamado y del nexo causal. Es necesario iniciar el análisis
estableciendo que no lleva razón el actor, en cuanto sostiene que en estos casos de
responsabilidad objetiva opera la inversión de la carga de la prueba, lo que obliga al
Banco Popular a demostrar la inexistencia del daño. El principio aludido, no implica
que el demandante esté exonerado de demostrar el daño, siendo que en este asunto
no se probaron todos los rubros alegados. Sobre la inversión de la carga de prueba en
relaciones de consumo, se transcribe el voto N°07-2014 de la Sección Primera de este
Tribunal, por ser atinente al asunto planteado

"(...) en la relación comercial de consumo entre el comerciante o proveedor y el
consumidor, existe por la dinámica natural del comercio, una desigualdad entre
ambos, y el consumidor en esta relación natural, es la parte más débil, por lo que
nuestra Constitución Política, viene a equilibrar esa relación de consumo, otorgándole
al consumidor una serie de derechos fundamentales que lo protegen de su
desigualdad natural con el comerciante y proveedor. Además, nuestro texto
constitucional le impone al Estado, la obligación de apoyar los derechos que defiendan
al consumidor, esto significa que en los procesos en los que se debe resolver un
conflicto producido dentro de una relación comercial de consumo, como en el presente
asunto, la interpretación y la aplicación de las normas, en caso de duda, deben
favorecer al más débil, es decir, al consumidor. Precisamente, en materia de
protección al consumidor, sucede algo similar a lo que ocurre en la sede laboral con el
indubio pro operario y en el mismo proceso penal con el indubio pro reo. En general,
son normas proteccionistas, que defienden a la parte más débil de una relación, por lo
que en caso de conflicto en sede administrativa o jurisdiccional, el órgano director de
un procedimiento administrativo, así como el juez, deben interpretar y aplicar la norma
jurídica teniendo siempre en cuenta que el consumidor tiene una serie de derechos
fundamentales, por lo que procesalmente hablando, el comerciante o proveedor, tiene
una obligación mayor que en otras materias, de demostrar que ha cumplido con sus
obligaciones en la relación de consumo y que ha respetado los derechos
fundamentales del consumidor. Es decir, tiene la carga de la prueba, lo que es una
regla fundamental en materia de protección al consumidor. Justamente, si el
comerciante o proveedor no demuestran que respetaron los derechos fundamentales
del consumidor, deberá responder por la infracción a esos derechos como lo
determinen las normas infraconstitucionales. Ahora, como lo dice el artículo 46
constitucional, es a la Ley la que le corresponderá regular esos derechos. Justamente
lo anterior, lo hace la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, número 7472, que viene a desarrollar y precisar los derechos
fundamentales del consumidor, citados en el numeral 46 de la Constitución Política, en
su artículo 32, y de manera correlativa, la citada normativa establece las obligaciones
de los comerciantes o proveedores con los consumidores, en su artículo 34
Precisamente, de esos dos artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y de
Defensa Efectiva del Consumidor, se resumen los principales derechos y deberes que
se presentan en toda relación comercial de consumo, como son: a) El comerciante o
proveedor debe dar acceso al consumidor a la información, veraz y oportuna

(preventiva, completa y cierta), sobre los diferentes bienes o servicios que vaya
adquirir o utilizar el consumidor, por ejemplo, se debe dar información previa y durante
la utilización de un servicio, debe ser completa y claramente comprensible y correcta,
es decir, nunca falsa, y debe brindarse de manera oportuna a efectos de que el
consumidor pueda tomar sus decisiones de consumo de una manera adecuada y
evitando caer en situaciones dañosas o riesgosas; b) El comerciante o proveedor,
deberá proteger al consumidor contra los riesgos que puedan afectar la seguridad de
los bienes y servicios que éste adquiera o utilice. En palabras sencillas, se le debe
garantizar seguridad al consumidor por parte del comerciante o proveedor,
disminuyendo los riesgos que le puedan generar daños a éste último; c) El
comerciante o proveedor debe proteger los intereses económicos legítimos de sus
consumidores; d) A nivel contractual, el comerciante o proveedor, debe proteger al
consumidor de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión; e) El comerciante o
proveedor, debe procurar el darle al consumidor un trato equitativo, esto significa no
sólo una igualdad de condiciones, sino el derecho del consumidor de ser tratado de
manera justa, respetuosa, brindando, lo que en las prácticas usuales, se denomina un
buen servicio al cliente, evitando el trato irrespetuoso, injusto y emitiendo criterios
subjetivos de la forma de actuar de sus clientes. Ahora, considera este Tribunal, que
cuando un comerciante o proveedor incumple estas obligaciones y de forma
correlativa viola los derechos del consumidor, se transgrede directamente la
Constitución Política y la Ley de Promoción de la Competencia y de Defensa Efectiva
del Consumidor, y surge como efecto necesario y lógico, una responsabilidad del
comerciante o proveedor hacía el consumidor, de reparar los daños y perjuicios que se
le ocasionen a este último. En consecuencia, si acontece una violación a los derechos
constitucionales y legales del consumidor, por parte del comerciante o proveedor, éste
debe reparar el efecto dañoso que se le haya causado al consumidor, bajo el régimen
de responsabilidad objetiva que se encuentra establecido en el artículo 35 de la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (...) / Lo anterior se
debe a que estamos en presencia de una responsabilidad objetiva, que está
relacionada a la finalidad que tienen las normas constitucionales y legales de proteger
al consumidor como el sujeto más débil dentro de la relación comercial de consumo,
por lo que le corresponde al comerciante o proveedor, para exonerarse de
responsabilidad, probar que cumplió con sus obligaciones ante el consumidor, así
como que fue ajeno totalmente y sin ninguna duda de cualquier daño producido a este
último. (...)". (Énfasis suplido)

La Sala Primera en el voto N°15-F-S1-2013 claramente despejó el cuestionamiento
sobre la carga de la prueba en materia de consumo, siendo de aplicación el siguiente
texto

"(...) Empero, de lo anterior, no debe extraerse que la víctima se encuentra exenta del
deber probatorio, ya que le corresponde acreditar, en los términos dichos, el daño
sufrido y el nexo de causalidad. Por su parte, corre por cuenta del accionado probar
que es ajeno a la producción del daño, es decir, debe demostrar la concurrencia de
alguna de las causas eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa de la víctima, el
hecho de un tercero o la fuerza mayor. Asimismo, el demandado puede liberarse de la
responsabilidad en el tanto logre comprobar que el régimen establecido en el cardinal
35 de la LPCDEC, no le es aplicable, ya sea porque no concurren en la especie los

presupuestos subjetivos para su aplicación (por ejemplo, si las partes no se
encontraran en una relación de consumo). A manera de síntesis, se puede observar
que se trata de una redistribución del deber probatorio en atención a las circunstancias
específicas de cada uno de las partes y su proximidad a las fuentes de prueba, las
cuales, en todo caso, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, a partir
de las cuales, los juzgadores deben recurrir, no sólo a las consecuencias que se
derivan en forma directa del acervo probatorio, sino también de indicios y su propia
experiencia al momento de valorarlo. (...)". (Énfasis suplido)

La parte actora no logró demostrar por completo la existencia de todos los daños
materiales reclamados, requisito indispensable para declarar la responsabilidad de la
institución bancaria demandada y acoger en su totalidad la pretensión indemnizatoria
por los motivos que de seguido se exponen. Los supuestos daños materiales que el
actor reclama consisten en la pérdida de tres millones de colones en efectivo, una
computadora personal y la reparación de la ventana quebrada del vehículo. En lo que
atañe a la pérdida o robo del dinero en efectivo y la computadora portátil, la revisión y
valoración de la prueba aportada no permite acreditar con certeza su existencia real y
cierta, ya que no fue posible establecer que dentro del vehículo del actor estacionado
en el parqueo se encontraban los indicados bienes de valor. La parte actora no aportó
prueba idónea y suficiente en este sentido, por lo que incumplió su deber procesal de
la carga de la prueba, según lo dispone el artículo 317 del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria en este proceso y en los términos arriba explicados para las
relaciones de consumo. En concreto, la documental aportada consistente en el
comprobante del retiro de tres millones de colones en efectivo en la Sucursal de
Desamparados del Banco Popular, es insuficiente para demostrar la tenencia de ese
dinero dentro del vehículo al momento de parquerlo en la agencia del Banco Popular
en San Pedro. Los hechos denunciados por el mismo actor ante el Organismo de
Investigación Judicial establecen que el accionante retiró el dinero efectivo de la
Sucursal del Banco Popular en Desamparados y que se desplazó a diferentes lugares
antes de llegar a la Sucursal del mismo Banco en San Pedro, lo que impide tener
certeza de la supuesta permanencia del dinero dentro del vehículo siniestrado. En
igual sentido, el testimonio del señor Carlos Enrique Sánchez Miranda, padre del actor,
describe de forma general el percance sufrido por su hijo, la atención recibida en la
agencia del Banco Popular de San Pedro, pero claramente indicó al Tribunal que no
vio el dinero en efectivo, no supo dónde lo guardó su hijo, ni cuál era la trayectoria y
ruta seguida por el actor, tampoco dio referencia del supuesto vendedor del vehículo
que pretendió comprar el accionante y desconocía su ubicación, lo que impide tener
por demostrado la permanencia de tres millones de colones en efectivo. En igual
sentido, hay una ausencia total de prueba de la existencia de una computadora portátil
dentro del vehículo tachado, no se indicó ninguna seña del equipo tecnológico, precio,
ubicación u otros datos necesarios para identificarla de ahí que no se logre demostrar
el daño alegado. Se destaca que en las conclusiones, el abogado del actor hace
referencia al rebajo salarial del actor para el pago de la supuesta computadora robada,
pero no se aportó ningún desglose salarial que acreditara ese dicho ni la documental
relativa al dueño del equipo. El único daño demostrado en autos y que no fue
controvertido por el Bando demandado, consiste en la reparación de la ventana
quebrada. El monto del daño asciende a sesenta y siete mil quinientos colones
(¢67.500,00), según la factura número 019517 que consta a folio 109 del expediente

judicial aportada por la parte actora y que no fue objetada por el banco demandado,
siendo que dicho documento le merece credibilidad al Tribunal por cumplir con los
requisitos de ley, en concreto el número de resolución de la Administración Tributaria
que autoriza al comercio, siendo que la fecha de expedición es acorde con el momento
del acontecimiento dañoso. La prueba del indicado daño en la ventana del vehículo
estacionado en el parqueo para clientes del Banco Popular, hace responsable al
accionado de tal daño, en virtud del riesgo asumido al ofrecer la facilidad de parqueo
para atraer a sus clientes, sin existir prueba fehaciente de haber de que cumplió con
sus obligaciones ante el consumidor y es ajeno al daño sufrido al no demostrar la
concurrencia de alguna de las causas eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa
de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. En este sentido, no es
admisible la defensa de la representación del Banco Popular, que refiere la supuesta
inexistencia de responsabilidad por haberse declinado el reclamo ante el Instituto
Nacional de Seguros (INS). Este es un aspecto que no configura dentro de ninguna de
las causales eximentes de responsabilidad indicadas en la ley ni hay una vinculación
directa con el objeto del presente proceso, ya que en la resolución del INS que declinó
el reclamo N°INSSJ-05607-2013 del 6 de mayo de 2013, se fundamenta en tratarse de
un riesgo excluido no contemplado en el contrato de seguros que se suscribió con una
cobertura básica de responsabilidad civil y una adicional de atención médica
inmediata. De ahí el tema de la falta de aseguramiento para el evento ocurrido es
ajeno a la relación consumo entre el banco y el actor, por ende incapaz de justificar la
responsabilidad, ya que el vínculo contractual para asegurar los riesgos hacia terceros,
no provoca el traslado de la responsabilidad ante el daño probado. Lo expuesto
impone el rechazo del argumento del banco accionado y se acoge el reclamo
indemnizatorio del actor, únicamente respecto de la reparación de la ventana del
vehículo en el monto que asciende a sesenta y siete mil quinientos colones exactos
(¢67.500,00). No procede pronunciamiento en cuanto a los perjuicios, por no haber
sido solicitados en la etapa procesal correspondiente

V.- Sobre el daño moral subjetivo: Respecto a la demostración de este tipo de daño
moral, se aprecia y pondera bajo el supuesto "in re ipsa", que supone una valoración
atendiendo a la afectación que en términos humanos pueda sufrir una persona en su
fuero interno. Además, el accionante debe proporcionar algún tipo de prueba, que le
permita al Tribunal verificar de manera razonable la existencia de la afectación. En
este sentido, la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que

“(...) En el [daño moral subjetivo], se está ante una compensación por padecimientos
en el fuero interno. Su indemnización atiende a criterios particulares. Al no poder
estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente
arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, y los principios
generales del derecho, sin que la falta de prueba acerca de su magnitud, sea óbice
para fijar su importe. Se ha admitido su comprobación a través de presunciones
inferidas de indicios, debido a que, se reitera, consiste en el dolor o sufrimiento físico,
psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito. Por ello se ha indicado que
normalmente su campo fértil es el de los derechos de la personalidad, debido a que
afecta la intimidad personal, en la psiquis, en el alma o contorno de los sentimientos
Supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas, la cual se traduce en
disgusto, desánimo, angustia, padecimiento emocional o psicológico, etc. Es posible

colegir el menoscabo pues éste [se da] ‘in re ipsa’ (...).” (Sentencia N° 226-F-S1-2008
de las 15:26 horas del 14 de marzo del 2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia, lo subrayado e indicado entre paréntesis cuadrados, es nuestro)

Este Tribunal estima que efectivamente al actor se le generó daño moral subjetivo
con ocasión del daño sufrido en su vehículo mientras estaba estacionado en el
parqueo de clientes del Banco Popular sucursal de San Pedro de Montes de Oca. Ha
servido de prueba del daño moral subjetivo, la declaración de la padre del actor, el
señor German Enrique Sánchez Miranda, recibida en el juicio oral y público. Se trata
de un elemento probatorio indiciario o indirecto, pero que le merece crédito a estos
Juzgadores, en virtud de ser consistente en toda la narración y coincidir con la prueba
documental que consta en autos, siendo que las fotografías aportadas, visibles a folios
162 a 167 de los autos, evidencian la tacha del vehículo en las instalaciones del banco
demandado. En la especie, con el testimonio recibido se acreditó que el actor es el
actor acudió al Banco Popular Sucursal de San Pedro para realizar un retiro de
efectivo y con ello comprar un vehículo, luego mientras se encontraba dentro de las
instalaciones bancarias escuchó el sonido de la alarma de su vehículo y al llegar al
parqueo vio la ventana quebrada, lo que provocó un estado anímico crítico, un gran
susto y así lo encontró el testigo cuando acudió al banco por llamada que le hicieron
para llegara a dar apoyo a su hijo. Es claro que la indicada situación ocasionó en el
actor problemas en el ánimo, disgusto, molestia, impotencia y angustia. Así las cosas,
con orientación en los principios de la sana crítica racional, lógica y experiencia, se
entiende que producto de la tacha del vehículo en el parqueo del Banco Popular el
actor sufrió sentimientos de inseguridad, frustración y temor y que lo llevaron a un
estado anímico crítico, lo que en efecto califica como un daño moral subjetivo que no
está obligado a soportar el aquí actor. Los elementos de daño moral subjetivo y nexo
causal se encuentran debidamente acreditados, para poder establecer la
responsabilidad del Banco Popular por la tacha del vehículo del actor dentro del
parqueo dispuesto para clientes. En consecuencia, se estima y cuantifica el daño
moral subjetivo de la siguiente forma: Por la perturbación injustificada y dolor
emocional derivado del daño sufrido en el vehículo estacionado en el parqueo del
Banco Popular, que le implicó una sensación de impotencia, desesperación, malestar
anímico y emocional, se le concede una indemnización por daño moral subjetivo que
se valora prudencialmente en la suma de QUINIENTOS MIL COLONES
(¢500.000,00). No se considera procedente otorgar una suma mayor, ya que podría
estarse en el escenario de trascender de una justa indemnización por daño moral al
ejercicio de lucrar con una circunstancia vivida, lo que claramente no estaría tutelado
por el Derecho.”


 2. Naturaleza jurídica del Banco Popular


Voto de mayoría

DESARROLLO COMUNAL: La Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, número 4351, que entró en vigencia el 11 de julio de 1969, en su artículo 2
señala: “El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una institución de Derecho
Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía
administrativa y funcional. Su funcionamiento se regirá por las normas del Derecho
Público. El Banco tendrá como objetivo fundamental dar protección económica y
bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus
necesidades de crédito. Con este propósito procurará el desarrollo económico y social
de los trabajadores, para lo cual podrá conceder créditos para necesidades urgentes,
así como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que
tengan viabilidad económica. Asimismo, podrá financiar programas de desarrollo
comunal”. De la norma citada se desprende que como institución pública está
sometida a la legislación de Derecho Público, entre ellas la Ley Orgánica del Banco
Central y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tal y como lo
confirma el artículo 46 de este cuerpo normativo que textualmente establece: “El
Banco estará sometido a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades
Financieras, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Banco Central y en
el Capítulo III del Título I de Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. También el
Banco estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República”. De
lo dicho se concluye que, en sus actuaciones no puede el ente demandado
desprenderse o ignorar la aplicación de la normativa citada y la supletoria promulgada
para las entidades públicas, de tal forma que la normativa generada en las
negociaciones entre el banco y las organizaciones de trabajadores, no puede excluir o
excepcionar la aplicación de las normas de derecho público que rigen su gestión.”


3. La naturaleza jurídica del Banco Popular y su capacidad de suscribir
convenciones colectivas


Voto de mayoría

SUS EMPLEADOS: Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, N° 4351, del 11 de julio de 1969: “El Banco Popular

y de Desarrollo Comunal es una institución de Derecho Público no estatal, con
personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y
funcional. Su funcionamiento se regirá por las normas del Derecho Público. / El
Banco tendrá como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los
trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de
crédito. Con este propósito procurará el desarrollo económico y social de los
trabajadores, para lo cual podrá conceder créditos para necesidades urgentes, así
como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que
tengan viabilidad económica. Asimismo, podrá financiar programas de desarrollo
comunal. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley N° 7031, de 14 de abril de 1986.)”
(El destacado no pertenece al original). En ese orden de ideas, está claro que el
Banco Popular forma parte del Sector Público, en el grupo denominado sector
financiero bancario, o sea, es un banco organizado como entidad de Derecho Público
Ahora bien, considerando su giro normal, es evidente que lo que brinda es un servicio
económico semejante al que podría dar cualquier banco privado, por lo que en tesis de
principio, las relaciones con sus empleados no son de empleo público y, por ende, se
rigen por el Derecho Laboral Privado, motivo por el cual, en esa medida, como regla
general, no se encuentran afectadas por el voto de la Sala Constitucional Nº 4453-00
antes analizado. Así lo ha señalado esa misma Sala al conocer sobre la
constitucionalidad de algunos pluses comprendidos en los instrumentos suscritos al
interno de esta entidad bancaria, para lo cual ha dicho: “La posibilidad de negociar
colectivamente para los trabajadores que no participan de la gestión pública de la
Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado,
encargados de gestiones sometidas al Derecho común, ha sido reconocida
reiteradamente por esta Sala a partir de la sentencia número 03053-94, criterio que
reitera o ratifica después en las sentencias 2000-07730 y 2000-04453. Se admite
como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que éste se integra,
principalmente, por una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar
solución a la necesidad de los trabajadores de agruparse para compensar la
inferioridad real en que se encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y ante
la genérica regulación de sus derechos en el Código de Trabajo; se trata del derecho a
la sindicación, a la negociación colectiva y a la resolución efectiva de los conflictos
colectivos. Existen dos regímenes en materia laboral: uno que se regula por el Código
de Trabajo y el otro, por normas de Derecho Público. Esta Sala ha reconocido por
ende que la relación entre el Estado y los servidores públicos, como tesis de principio,
es una relación de empleo público o estatutaria; en otras palabras, el servidor del
régimen de empleo público se encuentra en relación con la Administración, en un
estado de sujeción; aquella puede imponer unilateralmente las condiciones de la
organización y prestación del servicio para garantizar el bien público. Esta conclusión
implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público, de
conformidad con los artículos 191 y 192 constitucionales. Por último, en la sentencia
número 1696-92 de esta Sala, se declaró la inconstitucionalidad de los mecanismos
del arreglo directo, la conciliación y el arbitraje para los funcionarios que realicen
gestión pública pero reconociendo que es válido que los obreros, trabajadores o
empleados que no participan de la gestión pública de la Administración pueden
celebrar convenciones colectivas de trabajo, de tal forma que entes con un régimen
de empleo de naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas
del Estado, sí pueden negociar colectivamente de conformidad con las

disposiciones que informan el Derecho Colectivo del Trabajo. No obstante lo
anterior, es claro que por tratarse de funcionarios remunerados con fondos públicos,
incluso en el caso de aquellos que puedan regir sus relaciones de trabajo por normas
producto de una negociación colectiva, la situación de las instituciones públicas
empleadoras nunca será equiparable a la de cualquier patrono particular, puesto que
por esa vía no puede dispensarse o excepcionarse la aplicación de cualesquiera
normas o principios de orden público. Sea cual sea el rango normativo que se
reconozca a este tipo de instrumentos, es claro que se encuentran subordinados a las
normas y principios constitucionales. Es por lo anterior que, pese al reconocimiento
constitucional del derecho a la negociación colectiva y a su desarrollo en diversos
instrumentos internacionales (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
números 87, 98, 135 y 151, este último no aprobado aún por la Asamblea Legislativa),
no existen, en el ordenamiento costarricense, zonas de 'inmunidad constitucional', es
decir, actuaciones públicas que escapen al sometimiento al principio de regularidad
constitucional. […] De manera que incluso las cláusulas de una convención colectiva
suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores está
enteramente sometida a las normas y principios que conforman el parámetro de
constitucionalidad.” (La negrita fue suplida por la redactora). (Voto N° 17.438, de las
19:36 horas del 29 de noviembre del 2006). En el pronunciamiento citado, el órgano
contralor de constitucionalidad, al resolver, partió de la posibilidad de suscribir
convenciones colectivas en el seno del Banco Popular; limitándose a analizar las
cláusulas que se sometían a su conocimiento a la luz de los parámetros de
constitucionalidad. Es decir, pese al reconocimiento constitucional del derecho a la
negociación colectiva en dicha entidad, tomando en consideración la naturaleza de sus
fondos, dicho órgano emitió pronunciamiento sobre si aquellas armonizaban con la
Carta Fundamental. Ahora bien, cabe hacer la observación, que si bien es cierto, la
Sala Constitucional se ha pronunciado acerca de la limitación para negociar
colectivamente para la clase gerencial de una empresa pública, por ejemplo RECOPE,
sobre la base de que estos servidores se encuentran regidos por una relación de
empleo público y, por ende, excluidos de la posibilidad de suscribir convenciones
colectivas, debe entenderse que se trata de los puestos gerenciales de mayor
jerarquía, en virtud de que, en una u otra forma, su actuación puede comprometer los
intereses de la institución al tener competencia en la negociación de dichos
instrumentos. Al respecto se dijo: “La Jurisprudencia de la Sala ha admitido
reiteradamente que RECOPE, formalmente es una Empresa Pública, que se
encuentra organizada de conformidad con la normativa propia del Derecho Mercantil -
es una sociedad anónima constituida según las reglas del Código de Comercio- pero
que, de acuerdo con la Ley N° 5508 de diecisiete de abril de mil novecientos setenta y
cuatro, tiene al Estado como dueño de su capital accionario, en reconocimiento del
carácter especialmente sensible de las labores realiza; aspecto que, por cierto, no ha
pasado inadvertido para este Tribunal (vid. sentencia número 7044-96). El que la
refinadora forme parte del sector público no financiero de la economía entraña una
serie de consecuencias en cuanto al régimen jurídico que exhibe. En efecto, el artículo
3º inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública dispone que el Derecho
Privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los
requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles
comunes. Así, en tanto que es Empresa Pública, a RECOPE le corresponde darse su
propia organización con el objeto de asegurarse la distribución eficiente y económica

de los derivados del petróleo (véase Voto 1743-91) y su régimen financiero no se
encuentra comprendido en el Presupuesto Nacional. No obstante, la Sala ha dejado en
claro que a pesar de que, en principio, RECOPE está regulada por el Derecho Privado,
también se encuentra, por fuerza, sometida a un conjunto de normas de orden público
que se le imponen en razón de los fines que debe cumplir y de la naturaleza de los
recursos que emplea. Esto significa que existen una serie de regulaciones de Derecho
Público que disciplinan tanto la actividad de la refinadora, como la utilización que hace
de los recursos públicos. […] Por consiguiente, puede concluirse que el régimen
jurídico de los empleados de RECOPE -en principio- es de carácter mixto: se aplica la
legislación laboral común, siempre y cuando no se vea desplazada por
consideraciones de orden superior propias del Derecho Público. Empero, aquí es
necesario enfatizar la frase 'en principio', puesto que precisamente en virtud de la
naturaleza Pública de la refinería y de las 'consideraciones de orden superior' que se
derivan de este hecho, existen casos de excepción al régimen general: existen
empleados de las empresas públicas que asumen la calidad de verdaderos servidores
públicos. […] En este contexto, en lo que respecta propiamente a las clases
gerenciales de instituciones autónomas y empresas públicas como RECOPE, la Sala
ha entendido en casos precedentes que la ubicación de un funcionario público en el
nivel gerencial ciertamente ha servido como elemento idóneo para justificar una regla
de trato diferenciado en materia de Convenciones Colectivas -como bien lo recuerda la
Procuraduría-: '…Se trata de aquellos cuya posición y funciones son tales que resultan
incompatibles con la posibilidad de tenerles también como beneficiarios del derecho de
negociación colectiva, sin riesgo del interés de la Administración, del interés público
puesto que en ellos radica realmente la capacidad de configurar y expresar la voluntad
de la Administración frente a los demás empleados, valga decir, puesto que ellos son
quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que
la Administración tome en la negociación con sus empleados, la exclusión se impone
al sentido común como objetiva, razonable, y, por ende, no discriminatoria. ' […] De
esta manera, partiendo del hecho de que la propia Convención Colectiva de RECOPE,
en su artículo 4°, dispone excluir de su ámbito de aplicación al Presidente, el Gerente
General, los Directores Generales, los Gerentes de Área, el Auditor General, el
Subauditor General, los Asesores y Asistentes de la Presidencia y la Gerencia
General, los Jefes de Dirección, el Secretario de Actas de la Junta Directiva, así como
quienes están nombrados en plaza de Coordinadores Ejecutivos con independencia
de las funciones que realicen, resulta de rigor presumir que estos servidores realizan
funciones de 'Gestión Pública' que, como señala la Procuraduría, entrañan '…un poder
de decisión y fiscalización, en su caso, superiores…' (…) y que, por ende, conllevan
un régimen de empleo que se encuentra regulado íntegramente por el Derecho
Público”. (El subrayado pertenece al original). (Voto de la Sala Constitucional N°
12953, de las 16:25 horas del 18 de diciembre del 2001). En este sentido, y trasladada
dicha hipótesis al caso concreto, no quedarían afectados los gerentes de sucursal del
Banco Popular, pues estos llevan a cabo funciones propiamente administrativas en un
lugar geográfico específico, de modo que carecen de capacidad para configurar y
expresar la voluntad de la Administración del Banco frente a los demás empleados. Es
decir, no puede admitirse que estos empleados influyan determinantemente en las
decisiones que tome la administración del ente en la negociación con los demás
empleados.”


 4. Análisis sobre la naturaleza jurídica e improcedencia de cobro al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal por no ejercer actividad de lucro


Voto de mayoría

"II.- Para desentrañar el punto sometido a debate, es menester, en primer término,
determinar la naturaleza jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. De
conformidad con su Ley Orgánica, en su artículo 1º, se tiene, que es una institución
propiedad de los trabajadores por partes iguales; el numeral 2º, la define, como una
“(…) institución de Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio
propio, con plena autonomía administrativa y funcional. Su funcionamiento se regirá
por las normas del Derecho Público (…)”, y desde esta óptica, es que se analiza el
presente caso. De las normas transcritas se obtiene entonces, en primer término, que
este ente bancario no necesita licencia, cuando es la propia ley de creación la que lo
habilita para actuar. Por su parte, el artículo 1º de la ley número 7263 de 12 de
noviembre de 1991, establece, que “(…) Las personas físicas o jurídicas que se
dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el Cantón de Pococí, estarán
obligadas a pagar, a la Municipalidad, un impuesto de patente que las faculte para
ejercer esas actividades (…)”, y con fundamento en él, esa corporación requirió el
cobro de ese tributo, a lo que se ha venido oponiendo el Banco, con fundamento en
antecedentes que ha traído a los autos, de la Sala Constitucional. Esa autoridad, ha
resuelto, que tal institución bancaria no realiza actividades lucrativas y reafirma
además, el concepto expuesto ut supra, en el sentido de que no requiere de licencia
para su funcionamiento, desde que ella fue otorgada expresamente por su ley de
creación. Así, por ejemplo, en la resolución número 320-92 de 15 horas del 11 de
febrero de 1992, dispuso: “(…) VII. Por lo demás, no hay razones de peso como para
considerar que deben merecer un tratamiento diferente en esta materia, si, como
queda dicho, mas bien el tiempo nos demuestra que esas diferencias operativas que
enfrentan los privados van desapareciendo paulatinamente. Y, como lo que se grava
con un determinado porcentaje, son las utilidades netas producidas por el Banco,
realmente es intranscendente para el análisis de su legitimidad, mediante que tipo de
operaciones y actividades es que cada uno de los distintos mode los del banco llega a
producir esas utilidades. En cuanto al segundo argumento, cabe decir que los bancos
cooperativos no producen utilidades, por su propia naturaleza, y entonces es lógico
que queden exentos de la regulación de comentarios, aparte de que el fomento de la
actividad cooperativa es de los objetivos específicos que asignó el Constituyente de
1949 al Estado, por manera que desde este punto de vista no podría sufrir reproche la
excepción de comentario. Pero el aspecto medular aquí es que los bancos
cooperativos, técnicamente, no generan utilidades y entonces sería jurídicamente
imposible que se produzca el hecho generador previsto por la ley N 6319. Respecto
de los (sic) que sea (sic) afirma del Banco Popular, ciertamente la norma
impugnada no hace referencia expresa a él, pero podría partirse de la premisa de
que tampoco este Banco produce utilidades. Esto no es algo decidido expreso,
valga decir, con el ánimo deliberado de colocar en situación de desventaja a los
bancos comerciales (estatales y privados), sino que desde muy atrás se ha definido

que la naturaleza de ese banco no es la de generar utilidades y en la práctica no
las genera. (…)”. (el resaltado no es del original).-

III.- Visto así el cuadro fáctico y lo expuesto, es un hecho innegable que asiste razón
al demandante. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar la demanda en
los términos que se dirá, entendiéndose denegada en lo expresamente concedido, así
a.- que el Banco actor no está obligado a pagar impuesto de patente a la
Municipalidad de Pococí; b.- que de haberse realizado pago alguno por ese concepto,
procede su devolución, junto con los intereses legales aplicables al caso, a partir de la
fecha de cada pago y hasta su efectiva devolución. Artículo 59.1 inciso b de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-"


5. Competencia para conocer proceso en que es parte el Banco Popular

Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Competencia contencioso
administrativa


Voto de mayoría

"I.- En el presente asunto, en principio, el Banco Cooperativo Costarricense R.L
figuraba como acreedor fiduciario del fideicomiso 22-91, suscrito con él por el
demandado, posteriormente, con fundamento en el Convenio de Sustitución de
Fiduciario, dicho fideicomiso fue sustituido, teniéndose como nuevo fiduciario al Banco
Popular y Desarrollo Comunal. Por lo anterior, el Juzgado Segundo Civil de Mayor
Cuantía de San José, se declara incompetente por razón de la materia y remite el
asunto al Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios

II.- El artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los Juzgados
Civiles de Hacienda de Asuntos Sumarios conocerán "De los juicios ejecutivos de
cualquier cuantía en los que se ejerciten acciones a favor del Estado o sus
Instituciones o en contra de ellos" (El destacado no es del original). El término
"Estado", a los efectos, debe entenderse en sentido amplio, es decir como
"Administración Pública", tal y como lo define el artículo 1 de la Ley General de la
Administración Pública: "Estado y demás entes públicos". Tal interpretación se
sustenta en la necesidad de armonizar este artículo, al igual que el 110 de la misma
ley orgánica, con los preceptos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (artículos 1, 2 y 4), que es ley especial, de carácter procesal y por tanto
de orden público, así como el artículo 49 de la Constitución Política. De conformidad
con lo anterior, siendo el Banco Popular y de Desarrollo Comunal una institución
bancaria que si bien no reviste naturaleza estatal, tal y como lo define el artículo 2 de
su ley orgánica, es un ente público, regido por el Derecho Público, siguiendo el
criterio subjetivo seguido por la normativa citada para definir el ámbito de conocimiento

de la jurisdicción contencioso-administrativa y civil de hacienda en razón de la
materia, corresponde a los Juzgados Civiles de Hacienda de Asuntos Sumarios
conocer de los juicios ejecutivos de cualquier cuantía en que se ejerciten acciones a
favor o en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal."


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POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. Fecha de vigencia desde 19/07/1969. Versión de
la norma 20 de 20 del 21/10/2002. Gaceta 163 del 19/07/1969

Fecha de la Resolución: 12 de Octubre del 2016. Expediente: 13-000961-1028-CA. Clase de
Asunto: Proceso de conocimiento

de Abril del 2015. Expediente: 08-003210-0166-LA. Clase de Asunto: Proceso ordinario laboral

de Abril del 2008. Expediente: 04-300117-0390-LA. Clase de Asunto: Proceso ordinario laboral

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2004. Expediente: 02-000156-0161-CA. Clase de
Asunto: Proceso especial tributario

Julio del 2001. Expediente: 97-001613-0181-CI. Clase de Asunto: Proceso ejecutivo simple