Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Presentación Única de Documentos, Artículo 2 de la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia. Fecha: 30/05/2019

Nombre del Investigador: Simons Salazar García


Contenido


Anotaciones Respecto al Artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano


1. Derecho de Respuesta y los Artículos 2 y 6 de la Ley de Protección al
2. Artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
3. Certificaciones de Nacimiento y Libertad de Estado en la Celebración
de Matrimonio por Notario Público y Ley de Protección al Ciudadano del


 RESUMEN


El presente documento realiza una reseña sobre la Presentación Única de
Documentos, para lo cual se recopila la normativa, doctrina y jurisprudencia que versa
sobre esta conducta de la Administración, siendo que la misma se encuentra amparada
en el artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos, el cual comenta la doctrina nacional y es aplicado por los
Tribunales de Justicia


NORMATIVA


Presentación Única de Documentos

Artículo 2. Presentación única de documentos. La información que presenta un
administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no
podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma
entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público,
podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas
emitan o posean

Para que una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública pueda remitir
información del administrado a otra entidad, órgano o funcionario, la primera deberá
contar con el consentimiento del administrado

Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo las personerías jurídicas


 DOCTRINA


Anotaciones Respecto al Artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

[P. 22] Prohibición para la Administración de solicitar un documento para un mismo
trámite

La parte inicial del artículo 2° de estudio, indica que la información que presenta un
administrado ante una entidad, órgano o

[P. 23] funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por
éstos, para ese mismo trámite u otro, en esa misma entidad u órgano

Para la interpretación correcta de ese aparte del texto de la Ley, nos remitimos
directamente a las actas de discusión de la Asamblea Legislativa

"Entonces, ella presenta el caso de una información que se presentó hace mucho
tiempo y que esta pierda su validez, con el tiempo y se pretende que la información
tenga la misma validez que esta tenía cuando se presentó en el tiempo que puede ser,
inclusive meses o años después

La lógica de la aplicación de esta ley nos indica que esos casos no se van a dar en el
sentido de (sic) hay un plazo muy corto para que la Administración, si se dio o no se dio
el permiso, si se dio o no se dio la licencia, los documentos que el administrado
presenta para que le den una licencia, una autorización, un permiso u otro tipo de
resolución de la administración, fueron utilizados en ese procedimiento

No puede darse el caso bajo la lógica de esta ley, que una documentación se quede
invernando, en stand by o en una pausa durante meses o años para que estos
eventualmente, sean utilizados

La desactualización de algún informe, si se aplica la ley como debe, no debe preocupar

En todo caso, el Poder Ejecutivo deberá tomar en cuenta su inquietud. (...)

En la ley quedó a salvo, en el tercer párrafo, las personerías jurídicas. De tal manera
que la personería jurídica requiere estar actualizándose, por que puede ser que alguien
cambie en la junta directiva y, de un momento a otro, una persona que era
representante ya no lo es y se den algunos problemas en ese sentido

Entonces lo único que queda exceptuado de la aplicación de este artículo son las
personerías jurídicas, las cuales sí tienen que estarse reno-


[P. 24] vando constantemente. El reglamento establecerá cada cuánto debe renovarse,
si es cada dos, tres o seis meses

Pero en relación con los otros documentos, no debiera haber mayor preocupación
porque muchos de estos trámites van a consumir ese estudio de factibilidad. (...)
Entonces, con la lógica de esta ley no se va a dar la situación de que tarden meses o
años en pronunciarse. Van a tener un mes para pronunciarse, los documentos están
presentados y ya no habrá la preocupación de que pierden su vigencia." Acta de
Sesión Plenaria N° 118, celebrada el martes 19 de febrero del 2002, Folio425 y 426

De acuerdo con el texto de la Ley y la intención del legislador al dictarla, se tiene que
se está prohibiendo expresamente el requerir por parte de la Administración
documentos varias veces para la resolución del mismo trámite

Lo anterior resulta acorde con la jurisprudencia, principalmente de la Sala
Constitucional, que tiende a hacer efectivo el derecho del administrado de obtener
pronta respuesta a sus gestiones ante la Administración Pública

"El derecho de petición y pronta resolución, regulado en el artículo 27 y 41 de la
Constitución Política, establece la obligación del Estado de recibir peticiones de los
administrados, y -correlativamente- también la de dar una pronta resolución. Este
derecho se complementa a su vez con las garantías establecidas en los artículos 30 y
41 de la Constitución Política, a saber: el libre acceso a los departamentos
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y el
derecho a tener acceso a una justicia pronta y cumplida. De esta manera, si todo
ciudadano tiene la facultad de dirigirse por escrito a los órganos públicos, a fin de que
éstos, le informen o resuelvan asuntos de su interés, la Administración pública
necesariamente estará en la obligación de contestarle por escrito dentro de un plazo
determinado

[P. 25] lo cual no supone en modo alguno, que la contestación será favorable/' Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 753-98

Es decir, con el presente artículo se plasma en la ley, lo que se encuentra consagrado
en el artículo 27 de la Constitución Política. Esta consideración, es además acorde con
la intención de esta ley, la cual es establecer un marco sobre el los cual se oriente la
actuación del servidor público y del administrado. Con lo cual, se pretende "inyectar
racionalidad, celeridad y precisión a la Administración Pública con beneficios tanto
para la Administración como para el administrado." (Dictamen Afirmativo unánime,
Expediente 14.235 Asamblea Legislativa). Procuraduría General de la República,
Dictamen C-291-2002


Prohibición de la Administración de solicitar información suministrada por el
administrado para otro trámite

En primer término, debemos señalar que estos presupuestos deben ser entendidos en
beneficio del administrado, pues es optativo para él decidir presentarlos nuevamente
ante la Administración

El numeral de comentario le prohíbe a la Administración solicitarle al administrado
información que él suministrara en otro trámite

Nótese que el supuesto de análisis implica, a contrario sensu, que la Administración
puede utilizar la información brindada por un administrado para un determinado
trámite, en otro que él presente

En razón de lo anterior, debe precisarse que la información suministrada por el
administrado para un trámite, y que no pueda ser solicitada en otro, es aquella que no
sea de interés privado, ya que, una interpretación en otro sentido podría violentar,
entre otros, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de los documentos privados

En el dictamen C-073-2002 de 12 de marzo del 2002, se analizó la confidencialidad que
pueden tener documentos aportados en un expediente administrativo. Al efecto se
señaló


[P. 26] En el dictamen C-344-2001 de 12 de diciembre de 2001 se hizo referencia a que
en los procedimientos regulados por la Ley N°7472 de 20 de diciembre de 1994, la
Unidad Técnica de la Comisión debe valorar previamente e incluso de oficio si
determinada información es de interés público o es de interés privado, para efectos de
separar los legajos relativos a la información pública y a la confidencial. Y ello tanto si
la información ha sido aportada voluntariamente por la empresa como si 1 o ha hecho
por requerimiento administrativo. No puede olvidarse que los administrados tienen un
derecho a conocer la información constante en una oficina pública que sea de interés
público. La Administración es garante de ese derecho, por cuanto si determina que esa
información es de interés público no podría denegar el acceso a ella. Pero,
correlativamente, la Administración es también garante del derecho a la intimidad e
inviolabilidad de la información privada, respecto de la cual la regla es la
confidencialidad y no la publicidad

Podría decirse que toda autoridad administrativa es susceptible de enfrentarse al
problema de definir si una determinada información es o no pública y, por ende, si
puede o no divulgarla. Pero esa determinación es más evidente en tratándose de
procedimientos como los que regula la Ley de Promoción de la Competencia y su


Reglamento. Para resolver esos procedimientos se requiere información e información
que recae directamente sobre el accionar y políticas de empresas privadas que
intervienen en el mercado y que, por ende, normalmente tienen un interés porque
determinada información no llegue, no sólo al público, sino ante todo a las empresas
con que compiten en el mercado. De allí el acto de determinación previo que
corresponde a la Unidad Técnica, regulado en el artículo 37, a cuyo tenor

[P. 27] "ARTÍCULO 37.- Información confidencial Durante toda la tramitación, el acceso
a los expedientes se regulará por lo dispuesto en los numerales 272 a 274 de la LGAP

La Unidad Técnica de la CPC, como órgano director de los procedimientos, deberá
determinar cuál información de la aportada por las partes tiene carácter confidencial,
ya sea de oficio o a petición de la parte interesada. La información determinada como
confidencial deberá conservarse en legajo separado y a ella sólo tendrán acceso los
representantes o personas debidamente autorizadas de la parte que aportó la
información

La Unidad Técnica podrá requerir a la parte que suministró información confidencial,
que presente un resumen no confidencial de la misma, el cual pasará a formar parte
del expediente". Conforme dicho artículo, la parte puede solicitar que una
determinada información sea tenida como confidencial. Facultad que no vincula a la
Unidad, la cual puede jurídicamente sostener que la información presentada como
confidencial no lo es y, por ende, puede ser comunicada a terceros. Con su actuación,
la Unidad Técnica de la Comisión fiscaliza el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 24 y 30 de la Carta Política y, por ende, de los derechos de acceso a la
información y el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de los documentos
privados

La Administración debe velar porque la información de carácter confidencial sea
protegida mediante su conservación en legajo separado, a fin de que únicamente los
representantes o personas autorizadas por la parte que la aportó tengan acceso a ella

En el dictamen C-344-2001 se reseñó el criterio de la Procuraduría en orden al carácter
público o privado de una información. Al efecto, se enfatizó en la necesidad de
respetar la documentación de interés privado en tanto los documen-

[P. 28] tos de esa índole están protegidos por el principio de inviolabilidad de los
documentos privados y el derecho a la intimidad. Baste recordar que la inviolabilidad
de los documentos privados garantizada en el artículo 24 constitucional "obedece a la
necesidad de "proteger" a cualquier persona de injerencias extrañas, en el acceso a sus
documentos privados y comunicaciones escritas y orales, que puedan conducir a algún
tipo de responsabilidad..." (resolución N° 2351-94 de las 14:39 hrs. del 17 de mayo de
1994)

En dicha resolución, la Sala Constitucional manifiesta que "una cosa es, pues, el
derecho y la legitimación de un órgano del Estado para contar y tener la información
necesaria proveniente de una empresa privada a los fines pertinentes, y otra muy
diferente es que de ahí se derive un derecho para terceros de tener acceso a esa
información...". Lo que reafirma que si bien la Administración puede verse autorizada a
examinar documentos e información privada, no puede comunicar la i nf ormación que
ha recabado. Lo anterior, unido a que la divulgación de una información sobre el
manejo de la empresa pueda afectar la competencia y permitir que otra empresa
obtenga beneficios propios de esa divulgación (con alteración de la libertad de
concurrencia) obliga a la Administración a mantener la confidencialidad de la
información

Pero no se trata sólo del derecho a la inviolabilidad de 1 os documentos. La obligación
concierne el derecho a la intimidad, el cual es "el derecho del individuo a tener un
sector personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa
voluntad del interesado..." (Sala Constitucional, resoluciones Ns. 678-91 de 14:16 hrs
de 27 de marzo de 1991 y 5376-94 de 11:54 hrs. del 16 de septiembre de 1994). La
plena realización del ser humano exige una adecuada protección contra la indebida
injerencia

[P. 29] de terceros en su vida privada y ello abarca a las empresas competidoras en el
mercado

Se comprende, entonces, que la determinación por parte de la Unidad Técnica del
carácter público o privado de una documentación, sea susceptible de afectar el
derecho a la intimidad, en general y a la inviolabilidad de los documentos privados en
particular. Ello implica que la actuación administrativa debe estar enmarcada por
normas que garanticen la adecuada defensa de los derechos del administrado. Por lo
que al igual que la Unidad debe ser garante del derecho de las partes a la información
pública, debe también serlo de la confidencialidad de la documentación de carácter
privado. Por consiguiente, la decisión que adopte debe ajustarse a los principios del
derecho proceso sustantivo y formal."

Retomando el análisis realizado por este Órgano Asesor en el dictamen supra
transcrito, cuando se trate de información privada aportada por un administrado
dentro de un determinado trámite, esa información no podrá ser trasladada a otro
trámite, sin previa autorización del administrado. Sin embargo, en esos supuestos, y de
requerirse la información, la Administración podrá solicitarla para efectos de ese
nuevo trámite. Procuraduría General de la República, Dictamen C-291-2002


Excepción, los documentos sujetos a plazo pueden solicitarse de nuevo

Amén de lo anterior, debe indicarse que si la documentación aportada, por su
naturaleza, pierde vigencia (documentos sujetos a plazo) por el lapso de tiempo
ocurrido entre un trámite y el otro, éstos podrán ser nuevamente requeridos
Procuraduría General de la República, Dictamen C-291-2002

Prohibición para la administración de solicitar información que la misma oficina
emita

La prohibición para la administración de requerir información al administrado que ella
misma emita, debe entenderse que

[P. 30] es para aquellos supuestos en que dicha información no violente el derecho
constitucional a la intimidad, la inviolabilidad de los documentos privados, el secreto
de las comunicaciones y el derecho a la autodeterminación informativa. (...)

Debemos entender que la Administración no le puede solicitar al administrado
información que el mismo órgano o entidad posea o emita, siempre que, en
tratándose de información protegida, éste manifieste su consentimiento para que ésta
sea agregada al expediente. Para mostrar su anuencia bastaría que con señale que la
información consta en ese mismo órgano o entidad. Procuraduría General de la
República, Dictamen C-291-2002

Traslado de información entre entidades, órganos o funcionarios de dependencias
distintas

El segundo párrafo del artículo 2, es mucho más claro, según ya se indicó en el
dictamen supra transcrito, ya que expresamente prevé que se requiere del
consentimiento del administrado para el traslado de documentos de una entidad,
órgano o funcionario, a otro

Valga reiterar que la información de carácter personal que se presenta para un trámite
en específico, se encuentra protegida por el derecho a la intimidad, contenido en el
artículo 24 de la Constitución Política. Es decir, por mandato constitucional existe una
protección a los documentos privados, el cual constituye una limitación para el actuar
de la administración

La Sala Constitucional se ha manifestado al respecto y ha indicado que

"está consciente de la dificultad de lograr un equilibrio entre los intereses en juego -
individuales y sociales-, pero es su deber señalar que en tratándose de la libertad e
intimidad de los ciudadanos, el Constituyente les garantizó un ámbito propio, su esfera
privada, que en principio es inviolable y sólo parcialmente allanable con intervención

de Juez en procura de resguardar bienes jurídicos de mayor jerarquía". (Resolución N°
678-91 de 27 de marzo de 1991)

[P. 31] Lo anterior se ve reflejado en el requerimiento establecido en la norma para
remitir información del administrado referente a datos personales, a otra entidad,
órgano o funcionario, para lo cual se debe contar con el consentimiento del mismo

Es importante indicar además, que el derecho a la intimidad ha si do definid o por la
Sala como “... el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera privada
de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado.'' (Sentencia N°
678-91 del 27 de marzo de 1991)

Como una de sus manifestaciones expresamente contempladas en la Constitución
Política se encuentra la inviolabilidad de los documentos privados. Esta garantía que
protege la confidencialidad de los documentos e informaciones privadas, impide a los
particulares el acceso a ellos y prohíbe a las instituciones y los privados su suministro a
terceros

De lo anterior se deriva que cuando cierta información conste en un registro de la
Administración Pública y esté referida a una persona determinada, no podrá ser
remitida otro registro, en protección al derecho a la intimidad, salvo que cuente con el
consentimiento expreso de dicha persona o bien que por ley se autorice que los datos
deben ser conocidos por perseguir un fin público determinado; en estos casos no se
requeriría la autorización expresa de la persona afectada. Al respecto se indicó en las
actas de discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa

"De tal manera que esa preocupación manifestada por la diputada Aguiluz Barboza
debe disiparse en el sentido que no será necesario contar con el consentimiento del
administrado para que se le investigue, esa no es lo que pretende cubrir o tocar este
artículo. El espíritu de este artículo tiene que ver con aquellos documentos que un
administrado presenta ante una dependencia pública, para un trámite, que son
documentos privados dicho sea de paso una certificación de propiedad, una
certificación de personería, un estudio de factibilidad o lo que fuera, si esa información
fuese requerida en otro departamento, entonces firmando una pequeña autorización,
esa información puede ser trasla-

[P. 32] dada a ese otro lugar. Entonces, básicamente, ese es el consentimiento al que
se refiere esa parte final del segundo párrafo del artículo 2."

Consecuentemente, lo que se plasma en la ley, es el principio ampliamente
desarrollado en la jurisprudencia nacional, acerca del derecho a la intimidad, en lo
referente a los documentos privados, y la necesidad de contar con la aprobación del

administrado antes de otorgar información a otra entidad, órgano o ente
Procuraduría General de la República, Dictamen C-291-2002


JURISPRUDENCIA


1. Derecho de Respuesta y los Artículos 2 y 6 de la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

VI. SOBRE EL DERECHO DE RESPUESTA. En cuanto al último argumento que se
esgrime, de que la institución actora incurrió en una omisión de respuesta, es preciso
referir, que el deber de respuesta de la administración y el derecho de petición, s e
encuentra consagrado s en el artículo 27 de la Constitución Política, que dispone
que: " Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener una pronta
resolución", supone que los particulares pueden solicitar y tener acceso a la
información, no restringida o confidencial, que reside en las diferentes entidades d el
Estado, y para ello puede presentar sus peticiones, a las autoridades o funcionarios
públicos, para que se le suministre la información o se le brinde una pronta respuesta
dentro de un plazo razonable, lo anterior en atención a que la administración en su
cotidiano quehacer debe regir su actividad, conforme a los principios de eficacia,
eficiencia, celeridad y simplicidad, buscando la obtención de los fines y metas
asignadas por el propio ordenamiento jurídico, sin procedimientos alambicados, que
retarden la satisfacción de los intereses públicos. La Administración, tiene entonces el
deber de brindar una respuesta, dentro de los plazos fijados a la petición formulada, lo
cual no puede consistir en emitir una simple constancia de que se recibió la petición,
aunque tampoco se le obliga a brindar una respuesta favorable a las pretensiones del
administrado, ya que lo que se garantiza es el derecho de pedir, no de obtener lo
pedido. En cuanto a los plazos que tiene la Administración, para pronunciarse en
torno a las diferentes peticiones, el gestionante debe atenerse a los plazos específicos
señalados en las normas concretas, como lo es el caso de la Ley General de la
Administración Pública, u otras leyes o reglamentos, sin embargo en el supuesto de
que no existiere un plazo específico, la Sala Constitucional ha establecido que en esos
casos, el plazo para informar al ciudadano, aquello que resulte de su interés, es el de
diez días que establece el artículo 32 de la Ley que rige esta jurisdicción(voto Nº440-
94). La Ley Nº 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites,
tutela el derecho que tienen el administrado, de acceder a las diferentes instancias


administrativas para plantear su petición y obtener una respuesta dentro de los plazos
legales o reglamentarios establecidos, conforme al principio de cooperación
institucional e interinstitucional. La referida ley busca proteger al ciudadano, de la
duplicación de trámites o de información, mediante la presentación única de
documentos (art. 2 y 6 Ley Nº8220) y establece plazos generales, para que ante la
ausencia de uno específico, al administrado se le resuelvan las solicitudes. El artículo
22 del Reglamento Nº 32565-MEIC, dispone que " ... a) Cuando la solicitud del
administrado es pura y simple y consiste en un mero derecho a ser informado o la
obtención de una certificación y constancia, la Administración se encuentra frente al
ejercicio del llamado derecho de petición. En este caso la entidad tiene el plazo de diez
días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina
administrativa. b) En el caso de reclamos administrativos y trámites que deban concluir
con un acto final de decisión, verbigracia, solicitudes de permisos, licencias y
autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de
fiscalización y tutela de la Administración, o bien por el grado de complejidad de la
solicitud planteada, se requiera dictámenes, peritajes e informes técnicos similares; la
oficina administrativa competente resolverá la solicitud en el plazo de un
mes, contado a partir de que el administrado presentó o completo la solicitud según
sea el caso (el subrayado no es del original). En relación a la omisión de respuesta que
le atribuye la actora a la demandada, es preciso enfatizar que la certificación que
solicitó la sociedad, no se podía encasillar como una simple certificación o constancia,
que podía emitir se en el plazo de los diez días que establece las normas citadas , sino
que como ya se analizó se requería para su emisión la suscripción previa de un arreglo
de pago , lo que ineludiblemente conlleva a su trámite y aprobación formal, l o cual en
atención al grado de complejidad, el plazo aplicable sería el de un mes debe resolverse
en el plazo de un mes, que establece el artículo 22 inciso b) del Reglamento Nº 32565-
MEIC, el cual no se cumplió , si se toma en consideración que la solicitud de arreglo se
presentó el 22 de noviembre de 2009 y los servicios contratados se tenían que
empezar a prestar el 11 de diciembre de ese mismo año, término final que se toma,
por cuanto nunca se acreditó cual era la fecha posible para la suscripción del convenio,
ya que si le damos validez a la fecha consignada en el borrador de contrato, la firma
del mismo se realizaría el 13 de noviembre de 2009, sea un día después de la solicitud
de arreglo. Si bien es cierto el Tribunal no desconoce, los problemas técnicos que la
institución enfrentó, por un error en el sistema , esto no quiere decir que la institución
estaba obligada a agilizar el arreglo de pago y emitir o extender una constancia de
estar al día en el pago de las obligaciones patronales, que era precisamente lo
requerido por la actora, lo que no podría cumplir la institución, precisamente porque
el actor no tenía la condición de patrono al día, por su propio incumplimiento. Se
concluye entonces que existe una falta de nexo causal entre los daños morales y
materiales que dice haber sufrido la actora y la conducta atribuida a la accionada,
razón por la cual se impone el rechazo de la demanda

 2. Artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos
y Trámites Administrativos y Asuntos de Hacienda

Voto de mayoría

III. EL OBJETO DE LA DEMANDA: El representante de la empresa actora establece las
siguientes discrepancias con lo actuado en sede administrativa: A.) AJUSTE A
INGRESOS: En relación con el indicado ajuste, el actor no opuso objeciones, a
condición de que se acepte la reducción de los ingresos aplicados en el período fiscal
correcto, solicitud que fue rechazada por la Administración y el Tribunal Fiscal
Administrativo, al estimar que no es de aplicación la Directriz N° 010-2002 de 28 de
mayo del 2002, por cuanto el actor no presentó ninguna declaración rectificativa
Agrega el actor que "en el momento del traslado de cargos y su impugnación en julio
de 1999, la regulación existente en cuanto a "rectificaciones" era que éstas debían ser
objeto de una solicitud independiente de rectificación que requería pronunciamiento
administrativo. En octubre de 1999 entra en vigencia la reforma al Código de Normas y
Procedimientos Tributarios operada por la Ley 7900, que sustituye este sistema de
"petición" por un sistema de autoliquidación. En efecto, como lo establece la Directriz
de la Dirección General de Tributación (División Normativa) N° 010-2002 de 28 de mayo
del 2002, la Ley 7900 "introdujo un cambio sustancial en el ordenamiento jurídico
costarricense al impulsar el establecimiento de un sistema de autoliquidación en el cual
las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos tienen un carácter determinativo
de la obligación tributaria" (...) De acuerdo con esta normativa, el procedimiento de
solicitud de rectificaciones deja de existir, para entrar a formar parte de la lógica
autoliquidativa del tributo". Manifiesta que presentó la solicitud de rectificación en el
escrito de impugnación en julio de 1999, por lo que interpreta que antes de la Directriz
10-2002, el criterio administrativo imperante era seguir el procedimiento de petición
tratándose de períodos fiscales anteriores a la Ley N° 7900, pese a que estaba vigente
el cambio normativo y que "en la mencionada Directriz 10- 2002, dictada el 28 de
mayo de 2002 la Administración cambia su criterio. Considera dicha directriz que se
está ante una normativa de carácter procedimental, formal -esto es, atinente al
Derecho Tributario Formal o Procedimental- por lo que, de conformidad con
consolidada jurisprudencia de la Sala Constitucional, "...las reglas del procedimiento
propiamente dichas, en tanto regulen aspectos formales y no sustanciales, son de
aplicación inmediata a todos los procesos, aún a los que se encuentran en curso" (Sala
Constitucional, Voto 3740-99, de las 16:18 horas del 19 de mayo de 1999)." Continúa
manifestando que: "En correcta aplicación de este principio, la Directriz Interpretativa
citada, en su último apartado, denominado "III. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS",
con toda claridad establece que "Las declaraciones rectificativas en trámite
presentadas a la Administración Tributaria, independiente de la fecha de vigencia de la

Ley N° 8114, se les aplicará esta Directriz, como consecuencia del hecho de tratarse de
normas de procedimiento, las cuales rigen en forma inmediata de conformidad con lo
establecido por el voto de la Sala Constitucional N° 90080-99 (sic) de las 12:50 horas
del 19 de noviembre de 1999". Asegura que "las declaraciones rectificativas que fueron
presentadas cuando aún estaba vigente la legislación anterior, y que por lo tanto,
requerían de un pronunciamiento administrativo previo para desplegar sus efectos,
como éste actualmente no es necesario, se autoriza a las Administraciónes tributarias
para que archiven los expedientes administrativos cuyo objeto sea la emisión del citado
pronunciamiento administrativo..." La primera consecuencia de esta directriz es que la
petición hecha por mi representada desde el escrito de impugnación no requería de un
(sic) resolución expresa, sino que debía tenerse por operada como si se hubiera hecho
una simple autoliquidación. Ahora, aun bajo una interpretación formalista de que la
petición realizada en el escrito de impugnación no fue acompañada del formulario de
rectificación respectivo o de que la petición se hizo en el mismo escrito de
impugnación y no en escrito y pronunciamiento aparte, debe tomarse en cuenta que,
cuando se dicta la Directriz 10-2002, en mayo de 2002, ya estaba vigente la nueva
reforma introducida en la materia por la Ley 8114, de Eficiencia y Simplificación
Tributaria, según la cual la rectificación presentada una vez iniciado el procedimiento
fiscalizador tenía efectos autoliquidativos pero se incorporaba al objeto del
procedimiento, mientras que la rectificación presentada una vez concluido el
procedimiento fiscalizador y hasta antes de la resolución que resolviera el recurso de
revocatoria tendría el carácter de petición. En consecuencia, este régimen también era
aplicable, de acuerdo con la Directriz 10- 2002, a las rectificaciones anteriores a esta
reforma normativa, por su carácter procedimental. Aún cuando la resolución
determinativa se emite en marzo de 2000, esto es cuando todavía no se había dictado
la Directriz 10-2002, lo cierto es que el régimen vigente en ese momento estaba
completamente claro, puesto que el artículo 74 del Reglamento General de Gestión,
Fiscalización y Recaudación Tributaria, en desarrollo de lo dispuesto en la nueva
redacción del artículo 130, señalaba ya que "A la hora de resolver la determinación de
oficio, la Administración deberá aprobar o denegar la solicitud del contribuyente y la
consecuente aprobación o denegatoria, será incorporada directamente en la resolución
determinativa en la resolución en que se defina la revocatoria contra la resolución
determinativa." Agregando luego que "De conformidad con el artículo 130 del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios, no se aplicará a dicha solicitud el régimen de
silencio negativo del artículo 102 de dicho Código". Por otra parte y aplicable tanto a la
resolución AU-01-R-1115-3 de la Administración Tributaria de San José como al fallo
441-2005-P del Tribunal Fiscal Administrativo, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley
de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N°
8220 de 4 de marzo del 2002, expresamente dispone: "La información que presenta un
administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no
podrá ser requerida de nuevo por éstos, para ese mismo trámite u otro en esa misma

entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público,
podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas
emitan o posean. Pretender la presentación del formulario cuando toda la información
que el formulario contiene se contenía también en la impugnación de mi representada
contra el traslado de cargos, es una violación clara y directa del último artículo citado
Pues bien, en dicha resolución determinativa, la Administración omitió un
pronunciamiento de fondo sobre la pretensión o petición de rectificación, rechazándola
bajo el argumento de que eso debe ser solicitado por separado. Por eso solicitamos a
este Tribunal que se pronuncie por el fondo. Como vimos, tanto el Tribunal Fiscal como
la Administración consideran que una rectificación que ya sólo puede ser conocida
como si fuera una petición no puede ser resuelta por resolución administrativa si no se
acompaña el formulario correspondiente. Eso es inaceptable: los formularios se utilizan
cuando se declara y determina la obligación tributaria por autoliquidación o
determinación por el sujeto pasivo. Esta posibilidad solo existe mientras no haya
concluido el procedimiento de fiscalización. Una vez superada esta etapa, y hasta el
recurso de revocatoria, lo que cabe es una petición, que como tal debe ser resuelta
mediante resolución determinativa, es decir, estaríamos ante una determinación de
oficio. Formularios y determinación de oficio no se llevan entre sí; formularios y
determinación autoliquidativa sí se llevan entre sí. Vemos entonces en qué radica el
error: ni la Administración ni el Tribunal Fiscal resolvieron la petición por el fondo,
escudándose ilegalmente en que no tenían deber de resolver tal petición por cuanto mi
representada no presentó un formulario, que sólo procede cuando de autoliquidaciones
se trata, nunca cuando la petición es precisamente el presupuesto de un
pronunciamiento administrativo” (la negrita es del orginal). Argumenta, que el artículo
77 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria
expresamente señala que "En caso de revisión de más de un período impositivo, si los
aumentos en un período implican reducción en otro, la liquidación definitiva o la
regularización deberán prever los ajustes correspondientes". Si bien en el presente
caso se estaba fiscalizando un único período, "si se ha solicitado expresamente que se
ajuste en otro período, no hay razón para no aplicar analógicamente este (sic) norma,
dado que hay identidad de razón: reconocer los derechos del contribuyente de manera
imparcial y equitativa". B.) AJUSTE A GASTOS: Argumenta contra el ajuste a cuatro
aspectos concretos a saber: B.1) GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES: Indica que
la Administración Tributaria rechazó las deducciones sobre este extremo por la
supuesta falta de comprobantes idóneos. Como prueba de descargo aportó las
declaraciones juradas de las personas que dieron los servicios. Alega que el rechazo va
en contradicción de la Directriz 20-03 que admite el Principio de la Bilateralidad de los
ajustes en transacciones entre partes vinculadas y debe admitirse la bilateralidad en
transacciones entre partes no vinculadas. Señala que lo actuado viola los Principios de
Legalidad, Imparcialidad Administrativa y el de Renta Neta, ya que en su criterio la ley
está diseñada para que el gasto de un contribuyente se deduzca y que el ingreso del

otro contribuyente se sume a la renta imponible. El Principio de Renta evita que
existan dobles imposiciones. Alega que la Administración Tributaria, goza de
discrecionalidad para valorar la prueba alternativa de ciertos gastos, pese a que no se
tengan los comprobantes adecuados. Se opone a la tesis del Tribunal Fiscal, en cuanto
sostiene que el problema es que las declaraciones juradas no bastan, y que deben
acompañarse de otro tipo de probanzas. En su criterio, no hay prohibición de probar
con otros medios para evitar violentar el requisito de efectividad de la capacidad
económica, según lo explicado por el tratadista Adrián Torrealba Navas, en su obra La
Imposición sobre la Renta en Costa Rica, páginas 154 y 155 que en lo que interesa
indica: “Con base en esta facultad, ligeramente retocada por la reforma reciente del
Reglamento, la Administración venía utilizando una buena dosis de discrecionalidad
para decidir si acepta o no un gasto no respaldado en factura timbrada”. Que el
artículo 3 de la Ley de Justicia Tributaria de 1995 elimina el requisito de timbraje de las
facturas y comprobantes y el artículo 11 de la misma Ley permite valorar los casos
previstos en la ley considerando el interés fiscal relacionados con la autorización de
facturas y el párrafo final del indicado numeral, consagra la facultad discrecional de la
Administración para el caso individual y remitió al Reglamento, siendo que en el caso
nada ha cambiado sustancialmente. Como argumento de constitucionalidad, indica
que el establecimiento de una prueba legal riñe con el requisito de efectividad de la
capacidad económica. B.2) GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: Señala que la
Administración Tributaria le rechazó este extremo por cuanto la empresa Alumimundo
S.A. que ejecutó el mantenimiento y cobró por ellos, no declaró los beneficios y por
defectos en los comprobantes. Argumenta que la Administración actúo en
desconocimiento del acuerdo de reembolso de gastos incurridos por Alumimundo, de
modo que tal reintegro no se acepta como deducible “debido a que la legislación
pertinente no permite deducir aquellos costos y gastos de los ingresos gravables
correspondientes a otras empresas”. Las notas de débito entre compañías no se
aceptan como base para reconocer la deducibilidad. En el expediente administrativo
constan las declaraciones juradas de los perceptores que recibieron y declararon la
renta. Sobre este extremo ofrece prueba pericial. B.3) GASTOS POR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES: Manifiesta que se trata de las mismas razones del
rechazo y que aplican los mismos cuestionamientos. B.4) GASTOS FINANCIEROS
Indica que se trata de gastos relacionados con un contrato de préstamo en el Banco
Banex para dotar de recursos para invertir en un proyecto de inversión privada con la
empresa desarrolladora Arrendamientos Industriales J.W.S.A., para obtener diez
locales comerciales. Explica que los gastos se rechazan porque no provienen de
préstamos adquiridos para obtener ingresos gravables en los períodos auditados y por
cuanto faltan los comprobantes fehacientes, en su criterio, la Administración Tributaria
admite que hay conexión con supuestos ingresos potenciales, pero debe ser con
ingresos reales. Argumenta que desconocer la conexión con ingresos potenciales va
contra lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, punto primero

que señala los requisitos generales de deducibilidad: ”Que sean gastos necesarios para
obtener ingresos, actuales o potenciales, gravado por esta Ley”. El Tribunal Fiscal cita
su jurisprudencia (111- 03) y sostiene que “potenciales” se refiere a “gastos de
organización” exclusivamente. La parte actora discute la jurisprudencia del Tribunal
Fiscal por dos razones: 1. Los “gastos de organización” constituyen un tipo de gastos
relacionados con ingresos potenciales, pero hay otros gastos relacionados con la
ampliación de un negocio ya existente. La tesis del Tribunal Fiscal solo se sostiene si se
admite que la lista del artículo 8 es taxativa. La lista es ejemplificativa, ya que rige el
Principio general de que son deducibles los gastos necesarios para producir la renta o
conservar la fuente productiva. Cita al autor Adrián Torrealba, su obra la Imposición. 2
Los gastos de organización se pueden aplicar a las empresas en marcha que inicien
actividades especiales, diferenciada de la que desarrolla, cita como ejemplos las
Operadoras de Pensiones tras la implementación de la Ley de Protección al Trabajador


3. Certificaciones de Nacimiento y Libertad de Estado en la Celebración de
Matrimonio por Notario Público y Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

II. En cuanto a la falta por la que se denuncia al notario, sea la presentación de las
certificaciones de nacimiento y libertad de estado del contrayente, con fecha posterior
a la fecha de celebración del matrimonio, debemos indicar que a folio 5 consta que el
notario contaba con una certificación notarial anterior a la celebración del matrimonio
Además, ya este Tribunal se pronunció en el sentido de que en caso de matrimonio de
costarricense, es innecesaria la presentación de esas certificaciones, porque el notario
no tiene que probar que efectuó los estudios registrales previos, sino que debe
presumirse que si autorizó un matrimonio, es porque cumplió con sus obligaciones
pre-cartularias de haber realizado esos estudios, como única forma de cerciorarse de la
licitud del acto. También se dijo que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley número
8220 del 4 de marzo del 2002, "Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos", el notario no está obligado a aportar al
Registro tales certificaciones, porque constituye información que el Registro Civil
posee, de manera que esta oficina, para efectos de inscribir un matrimonio, sólo tiene
que verificarla en su base de datos. (Véase, entre otros, el voto número 116 del 30 de
abril del 2004). Así las cosas, el notario denunciado en autos, no cometió ninguna falta
al aportar las certificaciones de nacimiento y libertad de estado del contrayente con
fecha posterior a la fecha de celebración del matrimonio, ya que contaba con una de
fecha anterior al enlace y, de todas formas, era innecesaria en el caso de
costarricenses; y por eso, se ha de revocar la sentencia apelada para declarar sin lugar
la denuncia.-

 4. Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad

Voto de mayoría

primera instancia, es menester resaltar que si bien es cierto, conforme al principio de
que las personas están obligadas a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas
conforme a su capacidad tributaria, la Administración para facilitar la verificación
oportuna de la situación de los contribuyentes, podrá requerirles la presentación de
los libros, los archivos, los registros contables y toda información de trascendencia
tributaria, y para tal efecto, podrá establecer directrices respecto a la forma cómo
deberá consignarse dicha tributaria; también lo es, que el ejercicio de las potestades
que al efecto le conceden los artículos 104 y 109 del CNPT, deben ejercerse conforme
a derecho en los términos previstos en los artículos 99 y 168 del CNPT, 6 de la LGAP, a
fin de garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración Tributaria, y la
dignidad, la libertad y los demás derechos fundamentales de los contribuyentes que
sean aplicables (artículos 8 de la LGAP y 172 del CNPT). A partir de lo anterior, este
Tribunal analizará si lo dispuesto en los incisos xxii y xxiii del artículo 4; xx a xxvii del
artículo 5 ambos de la resolución DGT-25-2014 dictada por la Dirección General de
Tributación a las 08:40 horas del 11 de junio del 2014, resultan o no contrarios al
ordenamiento jurídico, conforme a los siguientes parámetros: i) Principio de Jerarquía
de las Normas (artículos 6 de la LGAP; 2 y 168 del CNPT). Cabe recordar que si bien el
párrafo 2º del numeral 99 del CNPT establece que la Administración Tributaria puede
dictar normas generales para efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias,
también lo es, que deberá hacerlo dentro de los límites fijados por las disposiciones
legales y reglamentarias. En ese sentido, las resoluciones y directrices generales de la
Administración Tributaria, serán de carácter interpretativo de las leyes y
reglamentos, pero no podrán ser innovativas de situaciones jurídicas objetivas (artículo
168 del CNPT). Asimismo, las citadas resoluciones y directrices deberán ajustarse a las
fuentes primarias, y no podrán suplir los reglamentos que de esta materia únicamente
pueda dictar el Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3)
y 18 de la Constitución Política, y 168 párrafo 2º in fine del CNPT. Con base en lo
anterior y en lo que interesa al caso concreto, el párrafo 2º del numeral 8 de la Ley del
Impuesto General sobre las Ventas (Ley 6826), establece que “…Los contribuyentes y
los declarantes deberán llevar registros contables en la forma y las condiciones que se
determinen en el Reglamento.” (el resaltado no es del original). En consecuencia, el
legislador supeditó a que fuera mediante la vía reglamentaria, que el Poder Ejecutivo


en ejercicio de las potestades conferidas en los incisos 3) y 18) de la Constitución
Política, emitiera el reglamento necesario para ejecutar lo dispuesto en el artículo 8
párrafo 2º de la Ley 6826, en cuanto a la forma y condiciones en que los
contribuyentes y declarantes del Impuesto General sobre las Ventas, deberán llevar
sus registros contables. A partir de lo anterior, el artículo 15 del Reglamento a la Ley
6826 (Decreto Ejecutivo número 14082, vigente desde el 30 de noviembre de 1982),
establece que: “…Toda persona o entidad inscrita como contribuyente o declarante del
impuesto está obligada a llevar y a mantener al día un registro de compras y otro de
ventas; tales registros deben contener como mínimo la siguiente información: a)Fecha
y número del documento que respalda la operación; b) Monto total de las compras por
factura o comprobante, desglosado en compras exentas, compras gravadas y el
impuesto pagado; c) Monto total de las ventas por factura o comprobante, desglosado
en ventas exentas, exportaciones, ventas gravadas y el impuesto cobrado; y ch) El total
mensual, en ambos registros, de los montos anteriores…”. Si bien es cierto, el artículo
15 antes transcrito establece que los registros de ventas y compras que deben llevar
toda persona física o jurídica inscrita como contribuyente o declarante del Impuesto
General sobre las Ventas, deberán contener como mínimo los requisitos allí
estipulados; también lo es, que ello no implica una autorización para que la
Administración Tributaria imponga otros requisitos en cuanto a la forma y
condiciones para llevar dichos registros, mediante una vía normativa
jerárquicamente inferior al reglamento ejecutivo, toda vez que la Ley 6826 en el
artículo 8 párrafo 2º determina que esa es la fuente normativa a utilizar, para tal
efecto. En razón de lo anterior, considera este Tribunal que los requisitos contenidos
en los incisos xxii y xxiii del artículo 4 de la resolución DGT-25-2014 -que
obligatoriamente deberá contener el registro electrónico de ventas de mercancías y
servicios, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplirse, podría acarrear la
imposición de las sanciones establecidas en el CNPT (artículo 8 de la resolución DGT-25-
2015)-, resultan contrarios a lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3) y 18) de la
Constitución Política; 6 de la LGAP; 2, 99 párrafo 2º y 168 del CNPT; 8 párrafo 2º de la
Ley 6826 y 15 del Decreto Ejecutivo número 14082. Ello por cuanto, impone que en los
registros contables de ventas se incorpore obligatoriamente el número de nota de
autorización de la Dirección General de Tributación o de la Dirección General de
Hacienda, para la venta sin Impuesto de Ventas (IVA), Impuesto Selectivo de Consumo
(ISC) o algún otro impuesto específico; así como, la fecha de vigencia que cubre dicha
autorización, a pesar de que el inciso c) del numeral 15 del Decreto Ejecutivo 14082,
establece –en lo que interesa- que lo que debe indicarse es el monto total por ventas
exentas por factura o comprobante. Considera este Tribunal que contrario a lo que
sostiene la representante del Estado, este requisito no sólo constituye un aspecto
innovativo y no interpretativo del inciso c) del artículo 15 del Decreto Ejecutivo
14082, sino que además, no se ajusta a la fuente primaria, toda vez que suple al
reglamento ejecutivo que constituye la norma a la cual el Legislador subordinó la

determinación de la forma y condiciones en que los contribuyentes y declarantes
deberán llevar los registros contables de ventas. Ello por cuanto, incluye -bajo
apercibimiento de incurrir en una falta sancionable- la obligación de indicar el número
de la nota de autorización o exención del IVA, ISC u otro impuesto específico y su fecha
de vigencia, a pesar de que –se insiste- el inciso c) del artículo 15 del Decreto Ejecutivo
14082, establece –en lo que interesa- que lo que debe indicarse es el monto total por
ventas exentas por factura o comprobante; sin perjuicio de lo irrazonable y
desproporcionado que resulta solicitar una información que ya consta en los archivos
de la Administración Tributaria, tal y como se analizará en el aparte ii de este
considerando. Por último, el hecho de que en la Traducción Oficial de la Declaración
Jurada suscrita por Laura Santana (Vicepresidente Senior de Tecnología de la
Información de PriceSmart Inc.), se indique respecto a la adaptación de los sistemas
informáticos de la empresa Prismar de Costa Rica, S.A., a fin de incluir los requisitos
contemplados en los incisos xxii y xxiii de artículo 4 de la resolución DGT-25-2014,
que “…creemos que podemos comprometernos a tener este sistema funcionando
apropiadamente para almacenar e informar sobre los datos requeridos a partir del 1º
de mayo del 2015. Sin embargo, ninguna posibilidad razonable de hacerlo antes de esa
fecha…” (folios 1 a 23 del expediente físico de medida cautelar número 14-10303-1027-
CA), no tiene la virtud de convalidar las violaciones sustanciales al principio de
jerarquía de las normas, que se han analizado con anterioridad. Por las mismas
razones antes expuestas, este Tribunal considera que los incisos xx a xxvii del artículo 5
de la resolución número DGT-25-2014, también resultan contrarios a lo dispuesto en
los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 6 de la LGAP; 2, 99 párrafo
2º y 168 del CNPT; 8 párrafo 2º de la Ley 6826 y 15 del Decreto Ejecutivo número
14082, toda vez que también se impone el cumplimiento obligatorio de los mismos, en
los registros electrónicos contables de compras de mercancías y servicios, bajo
apercibimiento de que en caso contrario, el contribuyente o declarante podría
imponérsele las sanciones respectivas. En ese sentido, el inciso b) del artículo 15 del
Decreto Ejecutivo 14082, establece que lo que debe consignarse es el monto total de
las compras por factura o comprobante, desglosado en compras exentas, compras
gravadas y el impuesto pagado; mientras que los incisos xx a xxvii del artículo 5 de la
resolución DGT-25-2014, innovan la fuente primaria y suplen al Decreto Ejecutivo, al
imponer el deber de incluir la siguiente información: número de declaración única
aduanera (DUA); fecha de la DUA de importación; partida arancelaria; detalle de la
partida arancelaria; nombre de la aduana, nombre de la agencia aduanal o el agente
de aduanas que realizó el trámite de importación; número de identificación del agente
de aduanas o la agencia aduanal que realiza el trámite de exportación; valor de las
mercancías reflejado en la DUA. Con el agravante de que el caso de incumplimiento, a
los declarantes o contribuyentes podrán imponérsele las sanciones respectivas
previstas en el CNPT, a pesar de que los requisitos fueron creados mediante una
resolución de alcance general y no por medio de un reglamento ejecutivo como

establece el numeral 8 párrafo 2º de la Ley 6826, y sin perjuicio de la violación a los
principios de irrazonabilidad y desproporcionalidad al solicitar una información que ya
consta en los archivos de la Administración Tributaria, tal y como se analizará en el
aparte ii de ese considerando. En consecuencia y por todo lo expuesto, se declara que
los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y los incisos xx a xxvii del artículo 5 de la resolución
DGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de junio del 2014, adolecen de un vicio
de nulidad absoluta, toda vez que resultan contrarios al principio de jerarquía de las
fuentes. ii) Principios de razonabilidad y proporcionalidad, y su incidencia en el
derecho del administrado a que no se solicite información que emita o posea la
Administración Tributaria.Sin perjuicio de lo analizado en el aparte anterior, estima
este órgano colegiado que los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y los incisos xx a xxvii del
artículo 5, ambos de la resolución DGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de
junio del 2014, también resultan contrarios a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad y al derecho contenido en los numerales 171 inciso 8) del CNPT y 2
párrafo 1º de la Ley 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos), por las razones que de seguido se exponen. En primera
instancia, cabe indicar que contrario a lo que afirma la representante del Estado, la Ley
8220 no sólo aplica en aquellos supuestos en que el administrado se dirija a un ente u
órgano público en ejercicio de sus derechos de petición y pronta respuesta,
información y/o acceso a la justicia en vía administrativa (párrafo 2º del artículo 1 de
esa Ley); sino que también, tal y como se desprende del párrafo 1º del numeral 1 de
ese mismo cuerpo normativo, se aplica como deber correlativo de la Administración
Pública para el ejercicio efectivo de ese derecho, en cuanto a los límites y alcances que
deben observar los entes y órganos de derecho público, al tiempo de establecer,
publicitar y ejecutar los trámites y/o requisitos que deba cumplir el administrado –ver
artículo 4 y siguientes de la Ley 8220-, en este caso, la forma y condiciones en que los
contribuyentes y declarantes del IVA deberán llevar los registros contables de ventas y
compras. Por ende, resulta procedente la aplicación en la especie del artículo 2
párrafo 2º in fine de la Ley 8220 –que establece: “…De igual manera, ninguna entidad,
órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o
varias de sus mismas oficinas emitan o posean…”-; que en todo caso, tiene en el inciso
8) del numeral 171 del CNPT, una norma semejante para materia tributaria, a
saber: “…Derecho a no aportar los documentos ya presentados y recibidos, que
deberían encontrarse en poder de la administración actuante salvo razones
justificadas…”. A partir de lo anterior, considera este Tribunal que resulta irrazonable y
desproporcionado, que en los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y en los incisos xx a xxvii
del artículo 5, ambos de la resolución DGT-25-2014, se solicite información que fue
emitida y/o que consta en los registros de la Administración Tributaria y/o Aduanera,
como sucede con los relativos al número de autorización o exención para la venta sin
IVA, ISC o algún otro impuesto y la fecha de vigencia de la misma, pues incluso en el
mismo inciso xxii del artículo 4 de la resolución DGT-25-2014, se indica que dichas

notas de autorización son extendidas por la Dirección General de Tributación o la
Dirección General de Hacienda (folios 89 a 95 del expediente administrativo; 4 a 15,
117 a 128 del expediente judicial). En igual sentido, respecto a los requisitos
relacionados con el número de declaración única aduanera (DUA); fecha de la DUA de
importación; partida arancelaria; detalle de la partida arancelaria; nombre de la
aduana, nombre de la agencia aduanal o el agente de aduanas que realizó el trámite
de importación; número de identificación del agente de aduanas o la agencia aduanal
que realiza el trámite de exportación; valor de las mercancías reflejado en la DUA. Ello
por cuanto, de los artículos 86, 88, 103, 104, 106 y 107 de la Ley General de Aduanas
(Ley 7557), y de la resolución DGA-203-2005 dictada por la Dirección General de
Aduanas a las 09:00 horas del 22 de junio del 2005 denominada Manual de
Procedimientos en el Marco TICA (Contiene Ingreso y salida de Mercancías, Vehículo y
Unidades de Transporte, Procedimientos de Tránsito Aduanero, Procedimientos de
Depósito y Procedimiento de Importación Definitiva y Temporal) (imágenes 1 a 396 del
CD de prueba admitido en la audiencia preliminar), se desprende no sólo que esos
datos deben constar en la Declaración Única Aduanera (DUA) registrada en el sistema
informático del Sistema Nacional de Aduanas (TICA) u otro sistema autorizado; sino
que además, esos datos deben ser proporcionados por las autoridades aduaneras, a
otras dependencias oficiales, en los términos del numeral 107 de la Ley General de
Aduanas (Ley 7557). En este punto cabe indicar, que el hecho de que el registro de la
DUA en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas, no conlleve avalar el
contenido de esa declaración, ni limite las facultades de comprobación de la autoridad
aduanera (artículo 88 de la Ley 7557), al punto de que la declaración aduanera auto
determinada será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para determinar si
corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado(artículo 93 de la Ley
7557); no implica que la información contenida en el sistema informático del Servicio
Nacional de Aduanas, no sea veraz, dado que conforme lo establecen los artículos 89 a
92, 98, de ese mismo cuerpo normativo, cuando exista rechazo de una declaración
aduanera, los errores podrán corregirse en el plazo de tres días; asimismo, el
declarante podrá en cualquier momento solicitar la corrección de la DUA, o desistir de
la declaración a un régimen antes del levante de las mercancías, o bien, hacer las
correcciones o ajustes, cuando en el proceso de verificación se determinen diferencias
con la DUA. Por último, tampoco se motiva en la resolución número DGT-25-2014 que
existan razones que justifiquen solicitar al contribuyente o declarante incluir
información emitida o que conste en los archivos de la Administración Tributaria o
Aduanera (considerando II aparte d de esta sentencia), tal y como lo establece el inciso
8 in fine del artículo 171 del CNPT, sin perjuicio de que se utiliza una fuente normativa
de menor jerarquía, a la que establece el artículo 8 párrafo 2º de la Ley 6826 para
determinar la forma y condiciones en que deberá llevarse el registro contable de
ventas y compras. En consecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que
los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y los incisos xx a xxvii del artículo 5 de la resolución

DGT-25-2014 dictada por la Dirección General de Tributación a las 08:40 horas del 11
de junio del 2014, adolecen de un vicio de nulidad absoluta, pues resultan contrarios a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y al derecho contenido en los
numerales 171 inciso 8) del CNPT y 2 párrafo 1º in fine de la Ley 8220. La declaratoria
de nulidad absoluta de dichas normas tiene efectos erga omnes, salvo derechos
adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. A partir de que esta
sentencia adquiera firmeza, deberá ser publicada íntegramente en el diario oficial La
Gaceta, con cargo al Estado, pues fue la Dirección General de Tributación la que emitió
la resolución número DGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de junio del 2014.-


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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley No 8220 del cuatro de marzo de dos mil dos. Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Vigente desde: 11/03/2002
Versión de la norma: 2 de 2 del 27/09/2011. Publicada en: Gaceta No 49 del 11/03/2002,
Alcance 22

LEIVA POVEDA, Jorge Enrique. (2006). Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A
San José, Costa Rica. Pp 22-32

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ GOICOECHEA. Sentencia 27 de las nueve horas del trece de
abril de dos mil doce. Expediente: 10-001962-1027-CA

DE SAN JOSÉ. Sentencia 8 de las nueve horas diez minutos del primero de setiembre del dos
mil ocho. Expediente: 05-000454-0161-CA

TRIBUNAL DE NOTARIADO. Sentencia 80 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del
once de abril del dos mil ocho. Expediente: 02-000995-0627-NO

DE SAN JOSÉ ANEXO A GOICOECHEA. Sentencia 52 de las ocho horas diez minutos del doce de
junio del dos mil diecisiete. Expediente: 14-010303-1027-CA