Criterio de la PGR y la CGR sobre el Pago de
Dietas en Sesiones Extraordinarias
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Dietas, Sesiones Extraordinarias, Pago, Titular, Suplente

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia Administrativa de la PGR y la CGR

Nombre del Investigador: Simons Salazar García. Fecha: 17/09/2019


Contenido


2. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y las Sesiones


2. Pago de Dietas por Sesiones – Banco Popular y de Desarrollo Comunal... 31


 RESUMEN


El presente informe realiza una reseña sobre El Pago de Dietas en Sesiones
Extraordinarias, para lo cual se consideran los supuestos normativos de la Ley sobre el
Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas y el criterio que al respecto de
este tema han elaborado tanto la Procuraduría General de la República, como la
Contraloría General de la República


NORMATIVA


Sobre el Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas


Artículo 1

(Derogado por el artículo 7° de la ley N° 5507 del 19 de abril de 1974)

Artículo 2. Los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y
semiautónomas serán remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión
a la que asistan. El monto de las dietas será determinado en el presupuesto de cada
institución, el cual no podrá exceder de mil cuatrocientos colones (¢ 1.400) por cada
sesión

(Así reformado por el artículo 61 punto 24) de la ley de Presupuesto
Ordinario de la República, N° 7089 del 18 de diciembre de 1987)

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 60 de la ley de Presupuesto
Extraordinario de la República, N° 7138 del 16 de noviembre de 1989 se
indica: "... Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones
autónomas y semiautónomas de nombramiento del Poder Ejecutivo, serán
remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la que
asistan. el monto de dichas dietas no excederá de tres mil colones por
sesión, y será aumentado anualmente de conformidad con el índice de
inflación que determine el Banco Central de Costa Rica. el monto para la
cancelación de estas dieta será incluido en el presupuesto anual de cada
institución")

Artículo 3. Las juntas directivas de las instituciones autónomas no podrán celebrar más
de ocho sesiones remuneradas por mes, entre ordinarias y extraordinarias, cuando
estas últimas sean absolutamente necesarias

Los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas no tendrán derecho a
devengar dietas como miembros de la junta directiva, sino que devengarán
únicamente un salario fijo determinado por la junta directiva

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6908 del 3 de noviembre de
1983)

Artículo 4. Los reglamentos de orden general -no interno- y sus reformas, que emitan
en uso de sus atribuciones las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas del
Estado, deberán ser publicados en el Diario Oficial para que puedan surtir sus efectos

Artículo 5. Las disposiciones de esta ley se aplicarán también al Servicio Nacional de
Acueductos y Alcantarillado, que fue creado como institución semi-autónoma del
Estado, y a cualesquiera otras que con tal carácter se llegaren a crear

Artículo 6. Esta ley modifica en lo conducente, todas las disposiciones legales que se le
opongan y en especial las siguientes: Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N°
1552 de 23 de abril de 1953, artículo 30; Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,
N° 1644 de 26 de setiembre de 1953, artículos 30 y 33; Ley Orgánica de la Caja
Costarricense de Seguro Social, N° 17 de 22 de octubre de 1943, artículo 18; Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N° 2035 de 17 de julio de 1956, artículo
24; Ley Orgánica del Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, N° 1721 de
28 de diciembre de 1953, artículo 10; Ley Orgánica del Instituto Costarricense de
Turismo, N° 1917 de 30 de julio de 1955, artículo 22; Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Seguros, N° 33 de 23 de diciembre de 1936, artículo 6; Ley Orgánica del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, N° 1788 de 24 de agosto de 1954, artículo
21; y Ley Orgánica del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, N° 2726 de 14
de abril de 1961, artículo 10

Artículo 7. Esta ley es de orden público y deroga o modifica cualquiera otra disposición
igual que se le oponga, y rige desde el día de su publicación

Transitorio I. A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, en las
Instituciones Autónomas que actualmente no cuenten con un Ministro de Gobierno
como miembro ex oficio en sus Juntas Directivas, el director cuyo período esté más
próximo a expirar, será sustituido, al terminar su gestión, por el Ministro que el
Consejo de Gobierno designe

Transitorio II. Para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, el Consejo
de Gobierno procederá a designar, en la primera sesión que celebre despúes de su
promulgación, a los Ministros que representarán al Poder Ejecutivo en las diferentes
Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas, en las cuales actualmente tiene


representación el Poder Ejecutivo, así como a designar a los funcionarios que habrán
de sustituirlos en sus ausencias

Casa Presidencial. San José, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos


1. Caso de las Sesiones Extraordinarias y los Regidores Municipales

C-177-2003
San José, 13 de junio del 2003

Señor
Allan P. Sevilla Mora
Secretario Municipal de Curridabat

Estimado señor

Con la aprobación del Procurador General Adjunto de la República, Lic. Farid Beirute
Brenes, me refiero a su oficio SCM-511-10-2002, del 17 de octubre del 2002, por
medio del cual nos comunica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de
Curridabat, en el artículo único, capítulo 6, del acta de la sesión ordinaria n.° 23-2002,
celebrada el 10 de octubre del 2002

En el acuerdo de referencia se decidió "… elevar consulta a la Procuraduría General de
la República, con el propósito de que determine si de conformidad con el artículo 30
del Código Municipal, procede la remuneración de las dos sesiones extraordinarias al
mes, indistintamente de que sean estas las dos primeras, en el supuesto de que algún
regidor asistió (sic) a dos sesiones alternas cuando el número de sesiones
extraordinarias celebradas es superior a dos". Considera la Municipalidad consultante
que "…no existe claridad sobre cuáles son las sesiones extraordinarias que deben ser
remuneradas, pues de un número de tres o cuatro al mes, no se sabe si son las dos
primeras o cualquiera a las que el regidor, sea este suplente o propietario, haya
asistido"

El criterio legal que se adjunta a la consulta (oficio AL-014-10-2002) suscrito por el Lic
Héctor Chaves Sandoval, Asesor Externo de esa Municipalidad, señala que "… aunque
en el Código Municipal no se indique cuáles son las sesiones extraordinarias a pagar, ni
el Reglamento contenga una norma expresa, esta Asesoría considera que deben

pagarse las dos primeras, por cuanto puede ser que en un mes solo se celebren las dos
sesiones extraordinarias de ley"


La gestión que nos ocupa se plantea para que este órgano analice el artículo 30 del
Código Municipal, particularmente, la frase que indica que "Solo se pagará la dieta
correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por
mes; el resto de las sesiones no se pagarán"

La duda surge por la posibilidad de que se realicen más de dos sesiones extraordinarias
por mes. En tal hipótesis, es claro que los regidores que participen en una de las dos
primeras sesiones (o en ambas) tienen derecho al pago de la dieta por cada sesión a la
que asistan; sin embargo, se cuestiona la posibilidad de pagar la dieta cuando el
regidor, por ejemplo, solamente asista a la tercera sesión o a las siguientes

En otras palabras, el problema consiste en aclarar si cuando el artículo 30 mencionado
señala que solo se pagarán dos sesiones extraordinarias por mes, se refiere a que solo
serán remunerables las dos primeras sesiones extraordinarias que realice el Concejo
(independientemente de quienes asistan a ellas), o si se refiere a que un regidor solo
puede recibir el pago de dos dietas al mes por sesiones extraordinarias, aunque las
sesiones en las que participó no hayan sido las dos primeras

A LOS REGIDORES MUNICIPALES

Para tener mayor claridad en el tratamiento del tema que nos ocupa, interesa reseñar
la forma en que se ha regulado en los últimos años el pago de dietas a los regidores
municipales

Así, el texto original del Código Municipal anterior (Ley n.° 4574 de 4 de mayo de 1974)
indicaba, en lo que interesa, lo siguiente

"Artículo 77: Las municipalidades no podrán remunerar más de cuatro sesiones por
mes, ordinarias y extraordinarias, cuando fueren de cinco regidores, más de ocho
cuando fueren de siete y más de doce cuando fueren de nueve

En los casos en que las municipalidades celebren en un mes más sesiones que las
remuneradas, se entenderán como remuneradas las primeras que se efectúen

No podrá pagarse más de una dieta por cada sesión remunerada. Cuando un regidor
propietario no se presentare dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la
hora fijada para comenzar la sesión, o cuando se retirare antes de que finalizare la
sesión perderá la dieta

El regidor suplente devengará dieta cuando sustituyere a un propietario en una sesión
remunerada, siempre que la sustitución comenzare antes o inmediatamente después
de los quince minutos de gracia contemplados en el párrafo anterior y se extendiere
hasta el final de la sesión" (El subrayado es nuestro)

Como puede apreciarse, durante la vigencia de la norma reción transcrita no existía la
posibilidad de que se presentara la duda que ahora nos ocupa, toda vez que su párrafo
segundo es claro al indicar que cuando se celebren más sesiones de las mencionadas
en el párrafo primero, se entenderán remuneradas solamente las primeras que se
efectúen

Posteriormente, el artículo 77 del Código Municipal citado, fue reformado por la Ley
n.° 6841 de 11 de enero de 1983. En esa ocasión se modificó el número de sesiones
remunerables por mes, y se mantuvo la redacción original en el sentido de que debían
entenderse como remunerables solo las primeras sesiones realizadas, y agregó que esa
remuneración procedía "hasta alcanzar el máximo permitido en cada caso". El texto
del párrafo primero de ese artículo, después de la reforma, fue el siguiente

"Artículo 77. Las municipalidades no podrán remunerar más de seis sesiones
ordinarias o extraordinarias por mes, cuando fueren cinco los regidores; más de ocho,
cuando fueren siete; más de diez, cuando fueren nueve u once y más de doce, si
fueren de trece. En los casos en que las municipalidades celebren, en un mes, más
sesiones de las que se autoriza remunerar, se entenderán como remunerables las
primeras que se efectúen, hasta alcanzar el máximo permitido en cada caso. No podrá
pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión remunerable. Tampoco se
pagarán dietas a los regidores y síndicos por aquellas sesiones a que faltaren,
justificadas por el Concejo". (El subrayado es nuestro)

El artículo 30 del Código Municipal vigente (Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998), en su
texto original, no contempló la posibilidad de remunerar las sesiones extraordinarias,
sino solo una sesión ordinaria por semana. No se indicó nada ahí respecto a la
posibilidad de remunerar otras sesiones semanales que no fuese la primera

"Artículo 30. Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por
cada sesión y únicamente se pagará la correspondiente a una sesión ordinaria por
semana. Los pagos se ajustarán a la siguiente tabla, de acuerdo con el presupuesto
ordinario municipal: (…)" (El subrayado es nuestro)

Posteriormente, por medio de la Ley n.° 7888 de 29 de junio de 1999, se reformó el
artículo 30 de cita. En lo que interesa, con dicha reforma se abrió la posibilidad de
remunerar dos sesiones extraordinarias por mes y se agregó que "el resto de las
sesiones no se pagarán"


"Artículo 30. Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por
cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana
y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán. De acuerdo
con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla (…)"
(El subrayado es nuestro)

El anterior es el texto vigente del artículo 30 del Código Municipal, norma
precisamente sobre la cual se requiere nuestra interpretación


A juicio de este Órgano Asesor, las sesiones extraordinarias de los Concejos
Municipales que son susceptibles de ser remuneradas, son solamente las dos primeras
que se efectúen cada mes

Aunque el artículo 30 del Código Municipal vigente no lo dice así de manera expresa,
ello se deduce de la frase de esa norma según la cual "… el resto de las sesiones no se
remunerarán"

Obsérvese que el artículo 30 de cita hace referencia a "sesiones remunerables", lo que
implica que algunas no lo son. De ahí que si se optara por cancelar dietas en todas las
sesiones, de acuerdo a la participación de los regidores, todas las sesiones serían
"remunerables", lo cual contradice la ley

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo ideal es que el Concejo Municipal esté
integrado siempre por regidores propietarios. De esa manera se aseguraría que todos
los miembros de ese órgano estén enterados de la totalidad de los asuntos que se
discuten y se resuelven. La interpretación que se ha expuesto propicia esa situación,
pues el regidor que se ausente de una de las dos primeras sesiones extraordinarias, no
podrá recibir las dos dietas completas, aun cuando se haga presente en una tercera
sesión extraordinaria o en las siguientes

De aceptarse la tesis de que todas las sesiones extraordinarias son remunerables,
podría ocurrir - tanto con éstas, como con las ordinarias- que los regidores propietarios
asistan a unas y los suplentes a otras, y que todos obtengan la dieta, lo cual iría en
contra no solamente de las finanzas municipales, sino también, de la integración
homogénea del órgano ya comentada

Cabe mencionar, finalmente, que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, ante
una consulta similar a la que nos ocupa resolvió, en su oficio DJI-205-03 del 18 de
marzo pasado, que "… solamente es susceptible de pago por concepto de asistencia a
sesiones extraordinarias, la concurren (sic) a las dos primeras sesiones, ello en
congruencia con una mejor utilización y distribución de los fondos públicos"


IV. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que tratándose de
sesiones extraordinarias de un Concejo Municipal, solamente los regidores que asistan
a las dos primeras que se celebren en el mes, tienen derecho al pago de la dieta
correspondiente

Del señor Secretario Municipal de Curridabat, atento se suscribe

MSc. Julio César Mesén Montoya

PROCURADORADJUNTO


2. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y las Sesiones
Extraordinarias

C-069-2005
16 de febrero del 2005
Licenciado. Arcadio Quesada B
Auditor Interno
Presente

Estimado señor

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su
oficio número AUD-025-2005, del 14 de enero del año en curso, mediante el cual
reitera su consulta en torno al pago de dietas a los miembros del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación, que no laboren para otras instituciones del
Estado

Específicamente se consulta

“Si el Consejo realizara más de dos sesiones extraordinarias por mes, cuáles sesiones
deben ser remuneradas y cuales (sic) no a miembros que eventualmente asistan a la
primera o dos primeras sesiones extraordinarias pero no a las siguientes o a miembros
que no asistan a la primera o segunda sesión extraordinaria pero sí a las siguientes.”

Efectivamente, tal y como lo indica en su oficio, éste Órgano Asesor se limitó al análisis
del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, en vista de la amplitud del término "servidor público" que contiene el artículo
2 de la ley N° 8422, supuesto en el cual, como lo ha afirmado la División de Asesoría y
Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, en el Oficio N° DAGJ-3417-


2004, del 14 de diciembre del 2004, para el caso de sujetos privados, quienes
participan en una o varias juntas directivas u órganos colegiados pertenecientes a
entes, órganos o empresas públicas de la Administración, "bastaría con desempeñarse
en alguna de estas juntas directivas u órganos colegiados, para estimar que ya ejerce
un cargo dentro de la función pública por el cual ya recibe una remuneración,
resultando imposibilitado en consecuencia para devengar dietas adicionales a las que
ya percibe por el desempeño de aquel cargo."

Realizada la anterior aclaración, procedemos a contestar su consulta en los siguientes
términos

I. MARCO NORMATIVO

El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, como órgano superior del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), creado mediante la Ley N ° 7800,
del 30 de abril de 1998, puede efectuar tanto sesiones ordinarias como
extraordinarias, para el debido cumplimiento de los fines y atribuciones otorgados por
el legislador

Con lo que respecta al pago de dichas sesiones, el numeral octavo de la ley en mención
nos dice: “... El Consejo podrá sesionar un máximo de cuatro sesiones ordinarias y
cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias. En este último caso, sus miembros
solamente tendrán derecho a que se les remunere un máximo de dos sesiones
extraordinarias”

Por su parte, el Reglamento General del ICODER, Decreto Ejecutivo N° 28922-C, del 18
de agosto del 2000, publicado en la Gaceta N° 182, del 22 de setiembre del 2000, en lo
relativo a las sesiones del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, dispone la
obligatoriedad de aplicar la legislación vigente y le confiere la facultad a este Órgano
Colegiado de "…elaborar y poner en vigencia, mediante acuerdo de al menos dos
tercios de sus integrantes, su propio reglamento de sesiones y debates." (artículo 14)

En cumplimiento de esa norma, ese Órgano emite el Reglamento de Sesiones y
Debates (publicado en la Gaceta N° 22 del 2 de febrero de 2004), determinando que
para el "…cumplimiento de sus fines y atribuciones, el Consejo realizará sesiones
ordinarias y extraordinarias.” (Artículo 8)

Respecto al número de sesiones, leemos en el artículo 9 que el Consejo podrá realizar
"…un máximo de cuatro sesiones ordinarias por mes y cuantas sesiones extraordinarias
considere necesarias.” Por no ser materia de su competencia, por estar reservada al
legislador, no se especifica nada sobre la remuneración por medio de dietas a los
miembros del Órgano Colegiado


Como es de su conocimiento, para la realización de las sesiones extraordinarias el
Órgano Colegiado deberá sujetarse a los parámetros de definición que el mismo
Consejo Nacional, en el Reglamento de las Sesiones y Debates, estableció en el artículo
11 al disponer

“Artículo 11. Sesiones extraordinarias: Las sesiones extraordinarias se regirán por las
siguientes reglas

a) Cuando el Presidente del Consejo o la mayoría de sus miembros en un acuerdo
específico lo consideren conveniente, por razones de urgencia, de necesidad
institucional, o para tratar temas específicos que no sea posible o conveniente
desarrollar en una sesión ordinaria, se convocará a sesión extraordinaria

b) Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse en cualquier parte del país

c) Para efectuar sesión extraordinaria, será necesaria una convocatoria por escrito
con una antelación mínima de 24 horas, a la que se adjuntará copia del orden del día,
salvo en los casos de urgencia. Si la realización de sesión extraordinaria ha sido
acordada por el propio Consejo, la convocatoria se enviará únicamente a aquellos
miembros que no hubiesen estado presentes en la sesión correspondiente

d) No se podrá realizar más de una sesión ordinaria el mismo día, ni celebrar
sesión ordinaria y sesión extraordinaria el mismo día

e) En las sesiones extraordinarias solo se podrán conocer asuntos ordinarios
cuando exista necesidad de tomar un acuerdo y no pueda esperarse la realización de la
siguiente sesión ordinaria

f) En las sesiones extraordinarias solo se podrán conocer los asuntos contenidos en
la convocatoria. Para conocer de otros asuntos, deberá contarse con asistencia total de
los integrantes del Consejo.”

Se denota de lo transcrito que hay un interés público en que la realización de sesiones
extraordinarias se efectúen en forma oportuna, por la urgencia o relevancia de los
temas por tratar y/o aprobar, y que imposibilitan que se espere a una próxima sesión
ordinaria. En este sentido puede consultarse el pronunciamiento N° C-247-2001, del
17 de setiembre del 2001


Según consta en las actas que integran el expediente legislativo N° 12790, mediante el
cual se conoció el proyecto de la Ley del ICODER, en el dictamen afirmativo de mayoría


de la “Comisión que analiza los proyectos que se encuentran en trámite en la corriente
legislativa que se relacionan con el deporte, la recreación y la educación física”, no se
incluía lo relativo al reconocimiento de dietas por la asistencia a las sesiones ordinarias
o extraordinarias de los miembros que conforman el Consejo Nacional del Deporte
(Véase Tomo 2, folios 686-735)

El expediente se remitió para su discusión al Plenario, pero por mociones presentadas,
fundamentadas en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, éste fue
devuelto a la Comisión Dictaminadora

Al conocerlo nuevamente la Comisión, se presenta un texto sustitutivo, que adiciona al
texto del artículo 8 la forma de pago de las dietas. (Véase Tomo 3, folios 753-785)
Texto que fue aprobado posteriormente en el Plenario, sin constar ninguna discusión
al respecto


Como hemos visto, en los antecedentes legislativos no se generó ninguna polémica en
torno a las cuáles sesiones extraordinarias serían remuneradas, sino que se estableció
en forma clara que en los casos en los cuales se realizaran más de dos sesiones
extraordinarias los "miembros" del Consejo tendrán derecho a que se les remunere un
máximo de dos sesiones extraordinarias

Ahora bien, en cuanto a la pregunta específica de encontrarnos en la hipótesis de que
un miembro asista a diversas sesiones extraordinarias, cuáles deben ser remuneradas,
debemos afirmar que la Ley nos fija un límite que consiste en la remuneración de dos
sesiones. Independientemente de las asambleas extraordinarias que se realicen y en
las que participen los miembros del Consejo Nacional, sólo podrán pagarse dos

En otras palabras, no habría inconveniente en que se remunere por medio de dietas al
miembro del Consejo que aún sin asistir a la primera o segunda sesión extraordinaria,
si pueda percibir el estipendio por la tercera sesión extraordinaria a la que asista,
porque para él si es la primera

Tesis expuesta también por la Asesoría Legal del Instituto Costarricense del Deporte y
la Recreación, por medio del oficio N° A.L.713-09-2004, del 20 de setiembre del 2004,
suscrito por la Licda. Alba Quesada Rodríguez y con el visto bueno del Lic. Eduardo
Alfaro Villalobos

Si es importante recalcar que por tratarse de limitación que se fundamenta en razones
presupuestarias, el Órgano Colegiado deberá analizar la procedencia de las sesiones de
carácter excepcional, reiterando la importancia de una adecuada planificación de los
temas sometidos a su conocimiento


Por último, debe indicarse que la conclusión que aquí se expone no contradice la que
se explicó mediante el Pronunciamiento N° C-177-2003, del 13 de junio del 2003

En esa oportunidad, se indicó "…tratándose de sesiones extraordinarias de un Concejo
Municipal, solamente los regidores que asistan a las dos primeras que se celebren en el
mes, tienen derecho al pago de la dieta correspondiente."

La anterior interpretación se fundamenta en lo que dispone el artículo 30 del Código
Municipal, que se refiere a "sesiones remunerables", así como a los antecedentes
legislativos que en forma expresa se refieren al pago de las primeras sesiones
extraordinarias que se realicen en el mes. En otros términos, mientras que en la Ley
7800 se regula el derecho del miembro del Consejo a percibir dietas, en el Código
Municipal se dispone lo relativo a las sesiones que se considerarán remuneradas

V. Conclusión

Por lo expuesto, este Órgano Consultor considera que, por disposición expresa del
artículo 8 de la Ley 7800, los miembros del Consejo Nacional del Deporte y la
Recreación, que no laboren en instituciones del Estado, tienen derecho a que se les
remunere un máximo de dos sesiones extraordinarias, independientemente de si éstos
participaron en todas las sesiones de carácter excepcional, o solo a una o varias,
porque lo importante es el reconocimiento al pago máximo de dos sesiones

Atentamente,

María del Rocío Solano Raabe
Procuradora Adjunta


3. Sesiones Extraordinarias y Consejo de Transporte Público

C-191-2009
10 de julio, 2009
Licenciado
Ricardo Jiménez Godínez, MBA
Auditor Interno
Consejo de Transporte Público

Estimado señor

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su
oficio n.° AI-09-0443 del 29 de junio del 2009, a través del cual solicita se le aclare
cuáles son las sesiones que legalmente corresponde cancelar al titular y al suplente en
procura de salvaguardar la Hacienda Pública

I. ANTECEDENTES

A. Criterio de la Asesoría Legal de órgano consultante

En vista de que la consulta se plantea con fundamento en el artículo 45 de la Ley
General de Control Interno, Ley n.° 8292 de 27 de agosto del 2002, mediante el cual se
modificó el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, no se adjunta el criterio de la Asesoría
Legal del órgano consultante

B. Criterios de la Procuraduría General de la República

El Órgano Asesor, efectivamente, en el dictamen C-176-2009 de 22 de junio del 2009,
concluyó lo siguiente

“5. No es jurídicamente procedente el pago de catorce dietas, al titular y al suplente
simultáneamente, por la elemental razón de que cuando asiste el titular no puede
ejercer el cargo el suplente, y cuando lo ejercer este último es a causa de que el titular
está imposibilitado de asistir a sesiones”


El artículo 10 de la Ley n.° 7969 de 22 de diciembre de 1999, Ley Reguladora del
Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad
de Taxi, es claro al señalar que el Consejo de Transporte Público sesiona
ordinariamente una vez a la semana como mínimo y puede celebrar hasta ocho
sesiones por mes, entre ordinarias y extraordinarias. Los miembros del colegio reciben
una remuneración equivalente a la fija para los miembros de la Junta Directiva del
Banco Central de Costa Rica

Ergo, si por mandato expreso de Ley el Consejo sólo puede celebrar ocho sesiones al
mes como máximo, entre ordinarias y extraordinarias, lógicamente las sesiones que
corresponden cancelar son únicamente esas ocho. No más. De ahí que resulta
contrario al ordenamiento jurídico el hecho de que el colegio sesione más de ocho
veces al mes, entre sesiones ordinarias y extraordinarias, tal y como se indica en el
ejemplo que usted señala, donde se contempla la posibilidad de que el Consejo
sesione diez vez al mes. Es en este contexto que debe entenderse la conclusión n.° 5
del dictamen que se pide aclarar

Incluso, en el caso de otros colegios donde no hay límites en cuanto al número de
sesiones en un mes, aunque sí en cuanto a las que se deben pagar, ha sido tesis del
Órgano Asesor de que las que corresponden pagar son las primeras sesiones a las que
el miembro asiste. En efecto, en el dictamen C 177-03 de 13 de junio del 2003,
indicamos lo siguiente


 “Con fundamento en lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que tratándose de
sesiones extraordinarias de un Concejo Municipal, solamente los regidores que asistan
a las dos primeras que se celebren en el mes, tienen derecho al pago de la dieta
correspondiente”

III. CONCLUSIÓN

Si por mandato expreso de Ley el Consejo sólo puede celebrar ocho sesiones al mes
como máximo, entre ordinarias y extraordinarias, lógicamente las sesiones que
corresponden cancelar son únicamente esas ocho

Atentamente,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional


14 de marzo del 2011
C-63-2011
Licenciado
Bernal Quirós Wauters
Asesor Legal
Dirección Ejecutiva
Consejo de Trasporte Público

Estimado señor

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos es grato
referirnos a su atento oficio N° DE-094968 (02) del 23 de noviembre del 2009, en el
que se indica que en acatamiento del acuerdo firme artículo 5.1 adoptado por el
Consejo de Transporte Público, en la sesión ordinaria número 48-2009, del 30 de julio
del 2009, se solicita a la Procuraduría General de la República aclaración del dictamen
N° C-191-2009 de 10 de julio del 2009

Al efecto, se nos adjunta el criterio jurídico rendido por las licenciadas Sidia Cerdas
Ruiz y María Elena Rojas Abarca, en el que, entre otras cosas, se expone lo siguiente

“(…) siendo el Consejo de Transporte Público un órgano especializado en materia de
transporte público, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de los principios que
rigen la materia, tales como continuidad y eficiencia del servicio de transporte
remunerado de personas en sus diversas modalidades, consideramos que en aplicación,
del Decreto Ejecutivo 34977-MOPT, en complemento con el artículo 10 de la Ley 7969,
la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público tiene la potestad para realizar más

de ocho sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, en forma mensual, siendo que
solamente serán pagadas las primeras ocho sesiones mensuales realizadas. En este
sentido es que consideramos debe entenderse el criterio emitido por la Procuraduría
General de la República, siendo lo procedente y recomendable realizar la consulta de
aclaración a dicho Órgano, de conformidad con el artículo 5.1 de la Sesión ordinaria 48-
2009.”

Antes de entrar al fondo de la consulta que se nos plantea, le ofrecemos nuestras
disculpas por el atraso en que hemos incurrido para dar respuesta a su gestión, todo
justificado por motivos de fuerza mayor, fundamentalmente en virtud del elevado
volumen de juicios que atendemos, así como de consultas previamente planteadas por
otros entes estatales

I. Sobre el objeto de la solicitud de aclaración

La solicitud de aclaración planteada versa sobre el Dictamen C-191-2009 de 10 de julio
de 2009, el cual, a su vez, constituye una aclaración del Dictamen C- 176-2009 de 22 de
junio de 2009. En el pronunciamiento que es objeto de esta gestión, en lo que aquí
interesa, se consultó si resultaba procedente pagar un total de catorce dietas en un
mes, distribuidas entre el funcionario titular que asiste a las primeras ocho sesiones de
un órgano colegiado, y su suplente, que asiste al resto de sesiones

Al respecto, se solicita que se aclaren las implicaciones del Dictamen C-191-2009 en
cuanto a la cantidad de sesiones que el Consejo de Transporte Público puede realizar al
mes y cuántas de éstas deben ser remuneradas

II. Fondo del asunto

Teniendo claro el punto específico sobre el que se solicita la aclaración, debemos
indicar que, tal y como fue señalado en los dictámenes supra citados, lo relativo al
tema de la cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias y su respectiva
remuneración se encuentra regulado en el artículo número 10 de la Ley N° 7969, el
cual nos permitimos transcribir a continuación

“El Consejo sesionará ordinariamente una vez a la semana como mínimo y podrá
celebrar hasta ocho sesiones por mes, entre ordinarias y extraordinarias. Para poder
sesionar válidamente, deberá contar con un quórum de cinco integrantes. Los
miembros del Consejo recibirán una remuneración equivalente a la fijada para los
miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.”

Al respecto, es criterio de esta Procuraduría que para un adecuado entendimiento de
los alcances de la citada norma y del dictamen que se solicita aclarar, es necesario


tomar en consideración la naturaleza de las funciones que realiza el Consejo de
Transporte Público y los principios que rigen su actuar

En este sentido, se debe recordar que el Consejo de Transporte Público es un órgano
desconcentrado adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, encargado de
regular y controlar el transporte remunerado de personas. Entre algunas de sus
funciones específicas se pueden citar: la definición de políticas; ejecución de planes y
programas nacionales relacionados con las materias de su competencia; el
otorgamiento y administración de las concesiones administrativas para brindar el
servicio de trasporte público; coordinar la aplicación correcta de las políticas de
transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, así como la regulación de los
permisos que legalmente procedan; servir como órgano que efectivamente facilite, en
razón de su ejecutividad, la coordinación interinstitucional entre las dependencias del
Poder Ejecutivo, el sector empresarial, los usuarios y los clientes de los servicios de
transporte público, los organismos internacionales y otras entidades públicas o
privadas que en su gestión se relacionen con el servicio de trasporte público; y
conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a
los comportamientos activos y omisos que violen las normas de la legislación del
transporte público o amenacen con violarlas

Tal y como se observa, dicho órgano cumple una serie de funciones que resultan
esenciales para la prestación del servicio de transporte público, el cual, de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 7969, constituye un servicio público y por lo
tanto se encuentra sujeto a los principios que rigen dicha materia

Sobre dichos principios existe jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, en la
que se ha señalado de forma contundente que resultan de acatamiento obligatorio en
materia de servicio público. Dentro de tales principios tenemos la regularidad, la
continuidad, la eficiencia, la igualdad, la eficacia y la universalidad. En ese sentido,
mediante resolución número 03103-2010 de las trece horas y un minuto del doce de
febrero de 2010, el Tribunal Constitucional señaló

“Sobre los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad
de la organización y función administrativa. En estrecha relación con el derecho
fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, esta Sala ha resuelto de
forma reiterada que en la parte orgánica de nuestra Constitución Política se recogen o
enuncian algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que
como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las Administraciónes públicas
en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia,
simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en
cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los
servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora


el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de
“eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido
desarrollados por la normativa infraconstitucional; así, la Ley General de la
Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°,
y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La
eficacia como principio supone que la organización y la función administrativa deben
estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y
metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser
ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo
2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con
el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas
y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos
alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su
parte, la celeridad obliga a las Administraciónes públicas cumplir con sus objetivos y
fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de
la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este
conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes
a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular (en
este sentido, ver la sentencia #2005-05600 de las 16:34 horas del 10 de mayo de
2005).”

A la luz de estas consideraciones, puede afirmarse que el Consejo de Transporte
Público, en razón de la naturaleza de las competencias que está llamado a ejercer,
debe funcionar con total apego y respeto de los principios constitucionales supra
citados, teniendo siempre como máxima la búsqueda de una mayor eficiencia, eficacia
y continuidad de la prestación del servicio de transporte público, lo cual, en
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración
Pública y 10 del Código Civil, debe ser tomado en consideración a la hora de
determinar los alcances del artículo 10 de la Ley 7969 y del Dictamen C-191-2009

Y es que para poder dar una adecuada interpretación a dicha norma, esta Procuraduría
considera que resulta indispensable seguir el método de interpretación teleológico,
establecido en los artículos indicados en el párrafo anterior y que, para una mayor
claridad, procedemos a trascribir de seguido

Ley General de Administración Pública

Artículo 10. 1.: La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los
derechos e intereses del particular"

Código Civil

Artículo 10

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en
que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas

Sobre el tema de la interpretación de la norma según los fines a los que va dirigida,
esta Procuraduría en reiteradas ocasiones ha señalado lo siguiente

“Ciertamente, el ordenamiento exige del operador una interpretación sistemática y
finalista de la norma, lo que significa que el sentido de la norma no puede ser captado
si se prescinde de los fines a que se dirige, según se desprende del artículo 10 de la Ley
General de la Administración Pública” (Dictamen C-017-96, véase también el Dictamen
C-032-96)” (En igual sentido, ver el dictamen N° C-022-99 de 28 de enero de 1999)

También ha dicho la Sala Constitucional que “debe recordarse que la interpretación
finalista y evolutiva de las normas jurídicas exige considerar no sólo la ratio normativa,
su razón de ser, sino además, la realidad social, económica y política sobre la cual se
encuentra inmersa y produce sus efectos” (Res. 2008-001571 de las 14:53 horas del 30
de enero del 2008, ver también en este sentido el Voto No. 3481-03 de las 14:03 hrs. de
2 de mayo de 2003 y Nº 2008-005930 de las dieciséis horas y siete minutos del quince
de abril del dos mil ocho, entre muchos otros)

Por otra parte, en nuestra opinión jurídica N° OJ-106-2010 del 16 de diciembre del
2010, desarrollamos las siguientes consideraciones

“Este principio general de interpretación se encuentra en el artículo 10 de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP) y tiene su fundamento iusfilosófico en el
carácter teleológico del Derecho Administrativo

“Artículo 10. (…)

ORTIZ ORTIZ ha explicado este principio de interpretación en sus tesis de Derecho
Administrativo

“En el Derecho Administrativo, la Administración queda obligada a conformar la
realidad social y a producir un nuevo orden de bienestar colectivo, mediante la
obtención de resultados concretos señalados por la Ley, que son las atribuciones
públicas. En este campo lo importante no es tanto otorgar capacidad a la
Administración como asegurarse de que será empleada con eficiencia para lograr fines
determinados. Es posible que el fin no se desprenda claro de la norma, pero entonces
tiene que dárselo el encargado de aplicarla. Una potestad de imperio a fin
indeterminado es inadmisible. En el Derecho Administrativo, como en ningún otro, la
relativización de los conceptos normativos debe tomarse en cuenta para fijar su

sentido. La única interpretación aceptable es aquella que permita realizar el fin de la
norma.” (ORTIZ ORTIZ, EDUARDO. TESIS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Tomo I. Edit
Stradtmann, Medellín, Colombia. 2002. P. 221) (Sobre el tema de la interpretación
teleológica también puede consultarse SANTI ROMANO. DIRITTO AMMNISTRATIVO
ITALIANO. Milán. Edición de Facsímil. 1906.P. 17)

También nuestra jurisprudencia administrativa ha desarrollado el alcance del principio
de interpretación del artículo 10 LGAP. En este orden de ideas, el dictamen C-112-
2006 de 3 de junio de 2006 ha puntualizado que en el Derecho Administrativo
prevalece la interpretación teleológica, de modo que las normas deben ser entendidas
de la forma que mejor responda a las necesidades sociales y a la realidad social de
nuestro tiempo

“La interpretación literal de esa norma lleva a considerar que un pago municipal sólo
es válido y eficaz si se realiza por medio de cheque, resultando prohibida cualquier otra
forma de pago, salvo cuando proceda el funcionamiento de caja chica. Empero, el
operador jurídico debe privilegiar la interpretación que mejor satisfaga el interés
público, es decir, la interpretación teleológica. Dispone el artículo 10 de la Ley General
de la Administración Pública

“Artículo 10. (…)

Disposición que tiende a resaltar que “en el derecho administrativo la interpretación
tiene que tomar muy en cuenta cuáles son los resultados sociales que la administración
debe conseguir cuando actúa…” Cfr. Ley General de la Administración Pública,
Concordada y Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional,
ASELEX S. A. p.94

Unido a lo anterior, tenemos que el artículo 10 del Código Civil dispone

“ARTÍCULO 10. (…)

Valga señalar que la interpretación teleológica del Derecho Administrativo, y del
Derecho Público en general, es un principio vigente en el derecho comparado. (Ver
Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 24 de febrero de
2000 (Caso C-434/97) y 25 de octubre de 2007 (Caso C-240-06)” (En igual sentido,
puede verse nuestro dictamen N° C-074-2010 de 20 de abril de 2010)

Así las cosas, el principio que encontramos consagrado en los ya citados artículos 10 de
la Ley General de la Administración Pública y del Código Civil, exige entender e
interpretar –de frente a las importantes funciones que con oportunidad, eficiencia y
celeridad le corresponde cumplir al Consejo de Transporte Público– que el número
máximo de sesiones dispuestas en la normativa aplicable está orientada a regular el


máximo de sesiones que pueden ser remuneradas, pero no las que puede ser
necesario celebrar

En efecto, vemos que las normas de derecho administrativo deben ser interpretadas
de la forma en que mejor se garantice la realización del fin público al que se dirigen,
por lo que, en este caso, la Procuraduría se pronuncia por una interpretación que
mantenga los fines y objetivos de la Ley 7969, lo que la lleva a considerar que el
máximo establecido en ocho sesiones por mes es un límite máximo para el pago de las
dietas que surjan en ocasión a la realización de las sesiones, tal y como lo establece el
Decreto Ejecutivo 34977-MOPT, y no un límite a la cantidad de sesiones que el órgano
colegiado puede realizar. Y es precisamente en este sentido que debemos entonces
aclarar nuestro dictamen N° C-191-2009

Se trata, entonces, de darle a la Ley N° 7969 una interpretación que conserve su efecto
útil en el tiempo, y que le permita al Consejo de Transporte Público cumplir a
cabalidad con sus importantes funciones, de un modo eficiente, célere y oportuno

Lo anterior, tomando en cuenta que si bien el legislador previó un número máximo de
sesiones a realizar por mes, justamente para regular adecuadamente y evitar cualquier
abuso en el pago de remuneraciones por vía de dietas, lo cierto es que eventualmente
podrían presentarse determinadas situaciones que en alguna ocasión exijan
necesariamente celebrar alguna sesión adicional –v.gr., si se presentara algún asunto
que debe resolverse de inmediato y que no pueda postergarse para la siguiente sesión
programada dentro del calendario normal y ordinario– lo que, siempre y cuando la
convocatoria a esa sesión sea estrictamente necesaria y razonable, amerita la
celebración de tal sesión para el adecuado cumplimiento de los principios del servicio
público

Desde ese punto de vista, y a la luz de las consideraciones expuestas líneas atrás, la
correcta interpretación no puede ser simplista ni literal, sino que debe estar orientada
al mejor cumplimiento del fin público que persigue el funcionamiento del Consejo, de
ahí que la aclaración solicitada debe ser rendida en los términos indicados

III. Conclusiones

1) Nuestro dictamen C-191-2009 fue emitido en atención a una solicitud de aclaración
muy puntual de otro dictamen en el que se consultó respecto a la cantidad de sesiones
por mes que era factible remunerar a uno de los miembros del Consejo de Transporte
Público y a su suplente

2) En la interpretación apegada a los términos del artículo 10 de la Ley 7969 se debe
seguir el método de interpretación teleológico, de conformidad con lo dispuesto en el
los numerales 10 de la Ley General de Administración Pública y 10 del Código Civil

3) Atendiendo a la interpretación finalista del numeral 10 de la Ley 7969, se aclara
nuestro dictamen N° C-191-2009 –en aras de una interpretación que mantenga los
fines y objetivos de la citada Ley– en el sentido de que el máximo de ocho sesiones por
mes dispuesto en esta norma se refiere al máximo de sesiones remuneradas y no al
máximo de sesiones que el Consejo puede realizar, en razón de que pueden existir
situaciones que impongan la estricta necesidad de celebrar más de ocho sesiones
mensuales para poder asegurar el debido y oportuno cumplimiento de las
competencias que el Consejo de Transporte Público está llamado a desempeñar

De usted con toda consideración, suscriben atentamente,


Andrea Calderón Gassmann Xochilt López Vargas

Procuradora Abogada de Procuraduría


4. Pago de Dietas por Sesiones en el Banco Popular

3 de mayo de 2018
C-091-2018
MBA. Manuel González Cabezas
Auditor General
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Estimado señor

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio
AG-131-2017, del 20 de junio de 2017, por medio del cual nos plantea una consulta
relacionada con la cantidad máxima de sesiones susceptibles de ser retribuidas a los
integrantes de la Junta Directiva Nacional por su asistencia tanto a sesiones de Junta
Directiva, como a las reuniones de Comisión

Concretamente, se nos consulta “… si el número máximo de sesiones remuneradas por
mes de la Junta Directiva Nacional y Comisiones, que se puede pagar es de 12
sumándose la del miembro titular y su respectivo suplente, es decir que la suma de
ambos no puede superar el límite mencionado”

El tema del pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva Nacional del Banco
Popular está regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco Popular, n.° 4351
del 11 de julio de 1969, y en el artículo 23 de su reglamento, emitido mediante decreto
ejecutivo n.° 5945 del 30 de marzo de 1976. El texto de esas normas es el siguiente


 “Artículo 18. La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente por lo menos una
vez a la semana y en forma extraordinaria las veces que sea necesario y sus miembros
devengarán dietas. Formarán quórum cinco directores. Sus decisiones se tomarán por
simple mayoría excepto cuando se trate del nombramiento y sustitución del Gerente
General, los Subgerentes, el Auditor y el Subauditor, casos en los cuales se necesitarán
seis votos

También se pagarán dietas por la asistencia a reuniones de las Comisiones, pero no se
pagará a ningún Director más de doce dietas por mes, por concepto de asistencia a
sesiones o reuniones

“Artículo 23. Dietas de los Directores Nacionales. La Junta Directiva, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables a la materia, señalará la dieta que los miembros
de la misma devengarán por su asistencia a las sesiones y a las reuniones de las
comisiones especiales. En todo caso, no se podrá pagar más que el monto máximo
autorizado a los bancos comerciales del Estado por sesión, ni más de doce sesiones por
mes, sean de Junta Directiva o de Comisión

La remuneración a que se refiere este artículo será percibida también por el director
ausente que se encuentre en cumplimiento de alguna misió oficial del Banco,
autorizada por la Junta Directiva, o bien por enfermedad, pero es necesario después de
la segunda ausencia, la presentación de una constancia médica que compruebe la
enfermedad. Cuando un director se encuentre ausente sin pago de dietas y sea
sustituido por su respectivo suplente, este devengará la dieta respectiva

Para efectos de pago de dietas se dará prioridad a las sesiones de Junta Directiva, pero
en ningún caso se pagarán conjuntamente más de las doce sesiones autorizadas por
este Reglamento.” (Así reformado por el artículo 1º del decreto n.° 11314 del 27 de
febrero de 1980)

Interesa señalar que, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Popular, la Junta
Directiva Nacional de ese Banco está conformada por tres directores nombrados por el
Pode Ejecutivo y por cuatro directores designados por la Asamblea de Trabajadores
(artículo 15); y que, al momento de nombrarse a cada uno de esos directores, se
designa también a un suplente (artículo 21) que es el encargado de suplir al
propietario durante sus ausencias temporales o definitivas

Ahora bien, en lo que se refiere a la duda concreta que se nos plantea, debemos
indicar que, a juicio de esta Procuraduría, el número máximo de sesiones remuneradas
por mes (12 en total, incluyendo sesiones de Junta Directiva Nacional y reuniones de
Comisión), aplica conjuntamente para el titular y para el suplente respectivo, lo que
implica, por ejemplo, que si el titular asistió a siete sesiones y su suplente asistió (en


sustitución del titular) a otras siete sesiones, de esas 14 sesiones solo es posible
remunerar 12

Ciertamente, el artículo 18 transcrito de la Ley Orgánica del Banco Popular indica
que “no se pagará a ningún Director más de doce dietas por mes”, lo que podría
permitir interpretar que por ser dos directores distintos (el titular y el suplente)
procedería el pago de 12 dietas a cada uno de ellos, para un máximo de 24 sesiones
remunerables al mes; sin embargo, estimamos que esa interpretación no es correcta,
pues cuando un suplente sustituye al titular, deja de ser suplente, por lo que las
sesiones remuneradas de ambos, es decir, del titular y del suplente actuando como
titular, no deben superar las 12 al mes

Es importante señalar, como ya lo habíamos hecho en nuestro dictamen C-177-2003
del 13 de junio del 2003 a propósito de una consulta sobre el número máximo de
sesiones extraordinarias remunerables en el ámbito municipal, que lo ideal es que el
órgano colegiado esté integrado siempre por propietarios, de manera tal que todos los
miembros de ese órgano estén enterados de la totalidad de los asuntos que se
discuten y se resuelven. Por ello, interpretar que es posible que los integrantes
propietarios de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular asistan a unas sesiones
(hasta agotar las sesiones remunerables) y que el suplente asista a otras (también
remuneradas) iría en contra no solo de las finanzas de ese ente público no estatal, sino
también de la integración homogénea del órgano colegiado

Por supuesto que lo anterior no implica que los directores titulares y los suplentes no
puedan participar individual o conjuntamente en más de 12 sesiones al mes, pues el
máximo que impone la ley no es para participar en las sesiones, sino para percibir
dietas

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que el límite máximo de 12
sesiones remuneradas que aplica para los directores de la Junta Directiva Nacional del
Banco Popular por su participación tanto en sesiones de Junta Directiva, como en
reuniones de Comisión, abarca tanto las sesiones a las que asista el directivo titular,
como a las que asista el suplente, de manera tal que las sesiones remuneradas no
pueden superar 12 al mes, sumando las del titular y las del suplente

Cordialmente

Julio César Mesén Montoya

Procurador de Hacienda


 5. Pago de Dietas en el Instituto Costarricense de Turismo

17 de setiembre de 2001
C-247-2001
Licenciada
Joyce H. Hernández Arburola
Auditora General
Instituto Costarricense de Turismo
Presente

Estimada señora

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su
oficio AG-690-2001 del 7 de los corrientes, a través del cual solicita el criterio del
órgano superior consultivo técnico-jurídico sobre la celebración de sesiones
extraordinarias de la Junta Directiva del I.C.T., inmediatamente después de realizadas
las sesiones ordinarias, cuyos temas son los mismos de las segundas

I. NORMATIVA APLICABLE

1. Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 de 2 de mayo de 1978

"Artículo 52. -

1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el día en que
indique la ley o su reglamento. A falta de regla expresa deberá reunirse en forma
ordinaria en la fecha y con la frecuencia que el propio órgano acuerde

2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial

3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una convocatoria por
escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos urgentes. A
la convocatoria se acompañará copia del orden del día, salvo caso de urgencia

2. Ley sobre Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas, n.° 3065 de 20
de noviembre de 1962 y sus reformas

"Artículo 3º. Las juntas directivas de las instituciones autónomas no podrán celebrar
más de ocho sesiones remuneradas por mes, entre ordinarias y extraordinarias,
cuando estas últimas sean absolutamente necesarias

Los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas no tendrán derecho a
devengar dietas como miembros de la junta directiva, sino que devengarán
únicamente un salario fijo determinado por la junta directiva."


(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 6908 de 3 de noviembre de 1983)

3. Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, n.° 1917 de 30 de julio de

"Artículo 22. La Junta se reunirá en sesión ordinaria una vez por semana y en sesión
extraordinaria cada vez que sea convocada al efecto, de acuerdo con los reglamentos
internos. El quórum de las sesiones ordinarias o extraordinarias se forma con tres
miembros y los acuerdos se tomarán, salvo disposición legal en contrario, por mayoría
de votos…"

4. Reglamento interno de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo

"Artículo 22. "La Junta deberá sesionar ordinariamente una vez por semana y
extraordinariamente las veces que sea necesario. Le remuneración se hará de acuerdo
con las regulaciones legales vigentes (…)."

II. ANTECEDENTES

A. Criterio de la Asesoría Jurídica del ente consultante

El Lic. Alvaro Leiva Escalante, director de la Asesoría Legal del ICT, en el memorando
DL-882-2001 del 5 de los corrientes, considera que "…sería contrario al espíritu de las
normas señaladas [ se refiere a las que hemos citado en acápite anterior], el establecer
como costumbre la realización de una sesión semanal ordinaria seguida siempre de
una sesión extraordinaria, convocada con la misma antelación de la sesión ordinaria y
para conocer asuntos que por su regularidad, revisten un carácter ordinario

Lo anterior, por cuanto al tratarse de asuntos de carácter ordinario, y cuyo
conocimiento se tiene con la suficiente antelación, lo lógico es incluir tales puntos como
parte de la sesión ordinaria respectiva, ya que no se justifica, la convocatoria de una
sesión extraordinaria seguida de la ordinaria, cuando tales puntos pueden ser
conocidos en la sesión ordinaria, siendo que lo anterior deja sin justificación la
necesidad de realizar la respectiva sesión extraordinaria."

B. Criterios de la Procuraduría General de la República

El órgano asesor ha tenido la oportunidad de abordar temas afines al que se nos
consulta. En esta dirección, nos interesa resaltar el dictamen C-019-1999 de 27 de
enero de 1999, de cual estaremos haciendo cita más adelante


El asunto que se nos consulta estriba en determinar si la costumbre de una sesión
semanal seguida siempre de una sesión extraordinaria, convocada con la misma

antelación de la sesión ordinaria y para conocer asuntos que por su naturaleza tienen
un carácter ordinario, es o no conforme con nuestro ordenamiento jurídico

La LGAP establece dos tipos de sesiones en los órganos colegiados, según el numeral
52. Las ordinarias, que son aquellas que se realizan regularmente o con frecuencia,
para seguir la terminología legal, en las que, por lo general, se conocen de asuntos de
naturaleza regular o común. Las extraordinarias, que son aquellas que se realizan
excepcionalmente, en las que, por lo general, se discuten asuntos de naturaleza
especial o urgente. En las primeras no se requiere de una convocatoria especial, en
vista de su normalidad o continuidad; mientras que en las segundas, sí es necesario,
amén de que debe ser por escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas,
salvo casos de urgencia, y debe acompañarse copia del orden del día. ( Sobre el tema
de la convocatoria puede consultarse el dictamen C-019-1999 de 27 de enero de 1999,
en él que se hace una amplia exposición del tema)

De lo anterior podemos extraer algunas reglas elementales en el funcionamiento de
los órganos colegiados. La primera, que las sesiones ordinarias deben tener un carácter
permanente, de regularidad o normalidad, consecuentemente, su celebración no
podría ser de naturaleza excepcional u ocasional. La segunda, que las sesiones
ordinarias constituyen el cauce normal para conocer, discutir y votar los asuntos
ordinarios que le competen a un órgano colegiado, sin que sea óbice, por excepción,
de que también en este tipo de sesión se conozcan asuntos de naturaleza
extraordinaria o especial. La tercera, las sesiones extraordinarias se realizan
excepcionalmente, por lo que no se adecua al ordenamiento jurídico que éstas tengan
el carácter de permanente o de regularidad. La cuarta, las sesiones extraordinarias
están diseñadas para conocer de asuntos especiales o urgentes, los cuales, dadas sus
implicaciones para el interés público, requieren de su atención inmediata, no pudiendo
por ello el colegio esperarse a que acontezca la sesión ordinaria. La quinta, en una
sesión extraordinaria, excepcionalmente, podría conocerse de un asunto ordinario,
siempre y cuando las circunstancias así lo exijan

Dejando por un momento las reglas jurídicas, y adentrándose en las normas de las
ciencias administrativas, no es congruente con las más elementales reglas de sana
administración, de una gerencia con liderazgo, que un órgano tenga que sesionar
extraordinaria todas las semanas, ya que de darse esa situación denotaría,
eventualmente, que la entidad está en una permanente crisis, lo que podría conllevar
un ejercicio inadecuado de las competencias legales. Ahora bien, si el diseño de las
sesiones extraordinarias es para conocer asuntos de naturaleza regular, ese hecho –de
ser cierto- conllevaría una falta de planificación y de programación en el tratamiento
de los asuntos más importantes y urgentes del órgano. Desde esta perspectiva, el
correctivo para solucionar este tipo de problemas no es desnaturalizando el instituto
de las sesiones extraordinarias, sino a través de una definición correcta de las políticas

de la entidad y de una adecuada organización administrativa. En otras palabras, el
exceso de trabajo o de asuntos no constituye un fundamento válido para
desnaturalizar las sesiones extraordinarias

A nuestro modo de ver, la práctica que se ha instaurado en esa institución no sólo han
desnaturalizado la razón de ser de las sesiones extraordinarias, sino que está en
abierta oposición con los principios elementales de la organización administrativa, los
que, obviamente, se encuentran recogidos, en forma expresa o implícita, en nuestro
ordenamiento jurídico, tales como los de la lógica y de la conveniencia. Con base en
ellos, no es razonable ni oportuno que en un órgano de la Administración Pública se
admitan este tipo de actos

Por otra parte, la Procuraduría General de la República tampoco puede obviar que este
tipo de actos tiene un efecto sobre el Erario. En efecto, si a la par de las cuatro
sesiones ordinarias mensuales se realizan también cuatro extraordinarias, de
conformidad con la ley n.° 3065, éstas últimas tendrán que remunerarse. El legislador,
consciente de esta situación, estableció, en el numeral 3 de ese cuerpo normativa, la
exigencia de que la realización de las sesiones extraordinarias debe ser absolutamente
necesaria. Si mucho esfuerzo intelectual, se desprende de lo anterior, que cuando un
asunto no tiene el carácter de excepcional o de urgente, debe ser conocido en la
próxima sesión ordinaria, sin que por ello sufra menoscabo alguno el interés público; el
conocerlo y votarlo en una sesión extraordinaria constituye un acto contrario a la ley,
debido a que, al no mediar una urgencia o un grado de peligro razonable para el
interés público, se contraviene abiertamente la letra y espíritu de la norma legal

Además de lo anterior, a esta altura de la exposición nos asalta una segunda
preocupación, y es que al contravenir este tipo de actos el ordenamiento jurídico,
eventualmente, los acuerdos que se adopten en esas sesiones podrían ser acatados
por este tipo de vicios por algún administrado que considere que se le han vulnerado
sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Si bien sobre este extremo, podría
argumentarse que ese tipo de vicio no podría afectar los acuerdos adoptados por el
órgano colegiado o, en el eventual caso de que se admitiera esa posibilidad,
estaríamos, a lo sumo, frente a un caso de nulidad relativa y no absoluta, a nuestro
modo de ver, este riesgo no debe, en ninguna circunstancia, ser asumido por la
Administración Pública; amén, y como es harto conocido, de que el colegio debe
siempre actuar apegado, en todos sus extremos, al ordenamiento jurídico, es decir, de
evitar, por todos los medios, que su actuación se dé al margen o en contra de él, ya
que está en juego el principio de legalidad, presupuesto esencial del Estado social de
Derecho

Con base en lo antes expuestos, la costumbre de la Junta Directiva del I.C.T. de realizar
una sesión ordinaria seguida de una extraordinaria, donde en esta última, por lo


general, se conocen asuntos normales u ordinarios, contraviene el ordenamiento
jurídico. Ergo, las autoridades administrativas de esa entidad y los órganos de
fiscalización competentes deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para su
erradicación

IV. CONCLUSIÓN

1. La costumbre de la Junta Directiva del I.C.T. de realizar una sesión ordinaria seguida
de una extraordinaria, donde en esta última, por lo general, se conocen asuntos
normales u ordinarios, contraviene el ordenamiento jurídico

2. Por consiguiente, las autoridades administrativas de esa entidad y los órganos de
fiscalización competentes deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para evitar
que se continúe con esa práctica

De usted, con toda consideración,

Lic. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional


1. Pago de Dietas en Materia Municipal

17 de febrero, 2016
DFOE-DL-0201
Doctor
Gonzalo Vargas Jiménez
Alcalde Municipal
alcalde@munitibas.go.cr
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS

Estimado señor

Asunto: Emisión de criterio solicitado acerca de la procedencia del pago de dietas a
miembros del Concejo Municipal de Tibás, cuando se realiza más de una sesión
ordinaria por semana

Se procede a dar respuesta a consulta planteada en su oficio N°. DAMT-CE-0377-2015
del 18 de diciembre de 2015, mediante el cual solicita el criterio de esta Contraloría
General, en relación con la procedencia del pago de dietas de los regidores

municipales –artículo 30 Código Municipal- cuando asisten a más de una sesión
ordinaria por semana por adelantar la de la semana o semanas siguientes


El Concejo Municipal en el Acuerdo VII-1 de la sesión ordinaria N.° 281 del año 2015,
acordó las fechas de las sesiones ordinarias del mes de diciembre de 2015, trasladando
las cinco sesiones dispuestas por ley debido al cierre de las oficinas administrativas por
las vacaciones de fin de año. Lo que implicó que se celebraran varias sesiones de este
tipo en una misma semana, habiéndose dispuesto el pago de cada una para los
regidores municipales, excepto para algunos que, una vez recibido el criterio de la
Coordinadora de Asuntos jurídicos de la Municipalidad de Tibás, se les pagó nada más
que una sesión ordinaria por semana

En ese sentido, por medio del oficio N.° Ll-680-2015 del 15 de diciembre de 2015, la
citada Coordinadora emite criterio a la Alcaldía Municipal de Tibás, indicándole la
improcedencia del pago de más de una sesión ordinaria por semana, aportando
además, el criterio de la Procuraduría General de la República, según dictamen C-246-
2015 del 9 de setiembre de 2015, en el cual se concluye lo siguiente

“…De conformidad con el ordinal 30 del Código Municipal, solo resulta viable,
jurídicamente, remunerar una sesión ordinaria por semana, el resto no ostentaran esa
condición. Por ende, si se considera necesario celebrar una cantidad superior, en aras
de cumplir con el deber primario que permea al Concejo Municipal -velar por los
intereses locales-, estas no generan el pago de contraprestación alguna.”

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Cabe destacar, que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se
encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N.° 7428 del 4 de
setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre de 2011

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando, entre otros, se cumplen los
siguientes requisitos

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N°. 7428


Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones
públicas

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de
las conductas administrativas que serán adoptadas bajo la exclusiva responsabilidad
del sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que
considere más ajustadas a Derecho


En primer término, es oportuno señalar que las municipalidades como parte de la
Administración Pública están sujetas al principio de legalidad que se deriva de los
numerales 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración
Pública, por lo que actuarán sometidas al ordenamiento jurídico y solo podrán realizar
aquellos actos para los cuales se encuentren debidamente autorizados por dicho
ordenamiento

En ese sentido, se determina que en el artículo 30 del Código Municipal se regula lo
correspondiente al pago de las dietas de los regidores municipales, que en lo
conducente dispone que sólo “…se pagará la dieta correspondiente a una sesión
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no
se pagarán.”. Además, en el criterio de referencia que le aportara la Coordinadora de
Asuntos Jurídicos a esa Alcaldía, le adjunta el citado dictamen C-246-2015 de la
Procuraduría General de la República, en el cual ese Órgano emite criterio en relación
con su consulta en particular

Por consiguiente, estima esta Contraloría General que al convertirse los dictámenes de
la Procuraduría General de la República en jurisprudencia administrativa, salvo para el
que consulta que adquieren carácter vinculante, no procede realizar ulterior desarrollo
del tema objeto de consulta, ya ha que ha sido dictaminado por el Órgano Procurador
en el ya mencionado dictamen C-246-2015

En razón de lo anterior, esta Contraloría General comparte en todos sus extremos y
asume como propios los argumentos, posición y conclusiones del dictamen en
comentario, así como de lo señalado por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de esa
Municipalidad en el oficio N°. Ll-680-2015, por lo que considera improcedente pagar a
regidores municipales más de una sesión ordinaria celebrada en la misma semana
consecuentemente, y en punto a los pagos realizados por dietas al margen de lo
permitido por el numeral 30 del Código Municipal, es responsabilidad de esa Alcaldía
ejercer las acciones pertinentes, a efectos de recuperar los fondos públicos pagados
bajo esas condiciones

Cabe indicar, que para aquellos regidores a los que se les pagó una sesión ordinaria por
semana o dos sesiones extraordinarias por mes, ese es el pago que les correspondía
además, señalar que la inacción u omisión en la actuación de la Alcaldía requerida en
el párrafo inmediato anterior, podría ser un hecho generador de responsabilidad
administrativa, civil y/o penal según proceda en Derecho

IV. CONCLUSIONES

1. Las municipalidades están sujetas al principio de legalidad que se deriva de los
artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública,
por lo que actuarán sometidas al ordenamiento jurídico

2. El artículo 30 del Código Municipal le dispone a la Administración Municipal a pagar
la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y dos extraordinarias por
mes, por lo que no procede el pago de dietas de otras sesiones adicionales que efectúe
el Concejo Municipal

3. Es responsabilidad de esa Alcaldía ejercer las acciones pertinentes con el fin de
recuperar los fondos públicos pagados por dietas al margen de lo que permite el
ordenamiento jurídico; cuya eventual inacción u omisión podría generar
responsabilidad administrativa, civil y/o penal según corresponda

4. No procede el reintegro para el caso de aquellos regidores a quienes se les pagó la
dieta por la asistencia a una sesión ordinaria por semana o dos sesiones
extraordinarias por mes


2. Pago de Dietas por Sesiones – Banco Popular y de Desarrollo Comunal

03 de agosto de 2017
DJ-0861
Señor
Manuel González Cabezas
Auditor Interno
BANCO POPULAR
mgonzalezc@bp.fi.cr
fquiros@bp.fi.cr

Estimado señor

Asunto: Solicitud de criterio sobre cantidad máxima de dietas que se pueden pagar por
sesiones


Se refiere este Despacho a su oficio n° AG-130-2017 –recibido el 20 de junio pasado- ,
mediante el cual solicita criterio a esta Contraloría General para determinar si: “(…) el
número máximo de sesiones remuneradas por mes de la Junta Directiva Nacional y
comisiones que se pueden pagar es de 12 sumando la del miembro titular y su
respectivo suplente, es decir si entre ambos no pueden superar ese límite.”

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulado,
en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el cual se
establece que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus
competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados
no contemplados en el inciso b) del artículo 4, de la indicada ley

Así mismo, este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado
Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben
ser resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría
Interna en el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son
criterios generales sobre los asuntos consultados

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica, sino
que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter
general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los
elementos fácticos y jurídicos, que permitan orientar la toma de decisiones de los
gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que
les competen

Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo
que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio
completo y suficientemente informado


Se plantea en la solicitud de marras consulta sobre el número máximo de sesiones que
pueden ser canceladas a los miembros de la Junta Directiva Nacional del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, en el marco de lo establecido en el artículo 18 de su
Ley Orgánica n.º 4351 del 11 de julio de 1969, y el artículo 23 del Reglamento de dicho
cuerpo normativo n.° 4351 de 11 de julio de 1969


En primer orden y con el objetivo de dar respuesta a la interrogante planteada,
considera necesario este Despacho tener claro el concepto y la finalidad de la dieta. En
este sentido, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra dieta, en una de
sus acepciones, como el estipendio que se da a quienes ejecutan algunas comisiones o
encargos por cada día que se ocupan en ellos, o por el tiempo que emplean en
realizarlos.1

Asimismo, sobre la naturaleza jurídica de la dieta, ha sido la Procuraduría General de la
República la que, en diversos pronunciamientos, la ha definido como la
contraprestación económica que recibe una persona por participar en la sesión de un
órgano colegiado, indicando además que el fundamento de la dieta se encuentra en la
prestación efectiva de un servicio que consiste en la participación del servidor en las
sesiones del órgano.2

Es decir, en primer término, se logra desprender claramente de las definiciones
mencionadas que el derecho a percibir el pago de la dieta se configura con la asistencia
de la persona a la sesión del órgano colegiado correspondiente, en la cual
desempeñará una participación activa para la conformación del quórum y la respectiva
votación para la adopción de los correspondientes acuerdos

Lo anterior es concordante con la finalidad que se le atribuye al pago de la dieta. En
ese sentido, se ha entendido que la misma cumple simultáneamente dos objetivos, a
saber

“(…) por una parte, el de reintegrar al funcionario los gastos normales en que ha
podido incurrir al desplazarse del lugar donde tiene su residencia o su trabajo, al lugar
donde se ha de realizar la sesión; y por otra, el de retribuirle el servicio prestado como
integrante del órgano respectivo. Por ello, si el funcionario no se presentó a la sesión
correspondiente por cualquier causa, o si, habiéndose presentado, la sesión no se
realizó, no es posible pagar la dieta, pues de hacerlo se estarían restituyendo gastos en
los cuales no se ha incurrido, o remunerando servicios que no se han prestado.3

Así las cosas y como consecuencia directa de lo indicado en el párrafo anterior, se ha
sostenido que no es posible el pago de la dieta a un miembro de un órgano colegiado
que se ausente de la sesión respectiva. Así lo ha indicado claramente la Procuraduría
General de la República, quién señaló


Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=dieta

Ver dictámenes C-162-2001 del 31 de mayo del 2001, C-011-90 del 31 de enero de 1990 y C-124- 2016
del 01 de junio de 2016

Procuraduría General de la República, Dictamen n.º C-117-2016 23 de mayo 2016

“(…) indudablemente la inasistencia a las sesiones por cualesquier motivo del que se
trate, –justificado o injustificado– acarrea la pérdida del emolumento conocido como
dieta. Esta remuneración especial depende indisolublemente de la presencia del
director en las distintas actividades o sesiones del órgano colegiado del que se trate,
por cuanto es la contraprestación efectiva que se le otorga al especial servidor que
conforma dichos cuerpos organizacionales en virtud de su participación activa y directa
(concurrencia para conformación de quórum y votaciones). Obviamente, la
inasistencia prolongada hace necesario nombrar un sustituto que sí devengaría dietas,
de allí que, permitir que un director continúe percibiendo dichas sumas sin que asista a
sesiones por incapacidad, enfermedad, licencia especial para actividades académicas
etc., significa o conlleva una ilicitud, pues estaríamos en presencia del típico
enriquecimiento sin causa, donde la causa –la asistencia– , no aparecería en la especial
prestación de servicios y sería inmotivado e incausado el pago y en consecuencia
ilícito.”4

Sobre la figura del sustituto o miembro suplente, así como del pago de dietas a dichos
sujetos, el dictamen de la Procuraduría General de la República n.º C-272-2010 de
fecha 23 de diciembre del 2010, es claro al establecer que

“(…) Nuestra jurisprudencia administrativa ha sido conteste en afirmar que los
suplentes “per se” no forman parte de las Juntas Directivas; esto por

cuanto en el suplente no concurre un elemento intrínseco fundamental para poder ser
considerado miembro en un sentido pleno de aquellos órganos colegiados, cual es el
poder contribuir a la formación de la voluntad de los mismos mediante la emisión del
voto. Y en el tanto en que ese elemento esencial no exista, no puede considerarse que
los suplentes integren la Junta Directiva, o bien que puedan reclamar para sí la
plenitud del régimen jurídico propio de los miembros titulares o propietarios,
pretensión que solo es procedente cuando asiste a las sesiones en sustitución de aquél
(dictámenes C-383-2007 de 1 de noviembre de 2007 y C-148-2008 de 6 de mayo de
2008). (…) Ahora bien, al no formar parte el miembro suplente del órgano colegiado,
tampoco está autorizado por la ley para asistir en forma obligatoria a las sesiones del
Órgano Colegiado cuando no se encuentra sustituyendo a un titular. (...) ha sido un
criterio reiterado por éste órgano asesor, que los suplentes no pueden devengar las
dietas cuando asisten conjuntamente con el miembro propietario del órgano
colegiados, toda vez que quien ejerce las funciones en este caso es el miembro
propietario, no el suplente. “Por lo que llevamos dicho en este estudio, el supuesto
que usted no plantea en la pregunta n.° 5 jurídicamente es improcedente, toda vez
que: o gana la dieta el titular o la gana el suplente cuando lo sustituye, pero es


Procuraduría General de la República, Dictamen n.º C- 011- 90 del 31 de enero de 1990 y N.º C117-
2016 del 23 de mayo 2016

imposible, jurídicamente hablando, que ambos funcionarios ganen simultáneamente la
dieta, ya que no pueden ejercer conjuntamente el cargo. Así las cosas, cuando el titular
es quien está desempeñando el cargo, el suplente no lo puede ejercer. Y,
precisamente, este último lo ejerce debido a que hay una ausencia justificada del
titular. Ergo, el pago simultáneo de dietas a ambos funcionarios no es jurídicamente
procedente.” (Dictamen C-176-2009 del 22 de junio del 2009) (...)” (Resaltado y
subrayado no son del original)

Por lo tanto es claro que el pago de la dieta corresponde a quien efectivamente este
ejerciendo como miembro del respectivo órgano, en la sesión correspondiente, sea
este el titular o el suplente y que no es procedente el pago a quien se asunte de la
sesión, ni mucho menos el pago simultaneo a ambos miembros, lo anterior vendría a
desnaturalizar las finalidades de dicho pago. También, esta Contraloría General se ha
pronunciado sobre la función del miembro suplente y la contraprestación económica
que corresponde a este. En ese sentido, en el oficio n.º 04156-2011 (DJ-0501) del 11 de
mayo de 2011, se indicó

“(…) Ahora bien, propiamente en cuanto al eje central de la presente gestión, en el
sentido de la procedencia jurídica del reconocimiento de dietas a suplentes aún sin
sustituir al titular dentro del Consejo Nacional de Salarios, esta Contraloría considera,
en atención a los razonamientos expuestos en los párrafos anteriores y lo definido
legalmente en el ordenamiento jurídico, que solo debe darse el reconocimiento del
pago para los funcionarios propietarios, más no para suplentes, pues estos tienen una
función de sustitución de los miembros propietarios en determinados supuestos. Lo
anterior, se traduciría a nivel práctico en que

serán los funcionarios propietarios -pues el papel de los suplentes estriba en un papel
de sustitución ante ausencia temporal de los primeros- los que en principio tendrían
derecho al cobro de dietas, no siendo procedente el pago a todas aquellas personas
suplentes que asistan sin sustituir al titular.”

Obsérvese que en el caso del Banco Popular es propiamente su ley orgánica la que
previó, en su artículo 21, la creación de la figura del sustituto de los miembros
propietarios de la Junta Directiva durante sus ausencias temporales o definitivas y con
ello garantizar la integración del órgano colegiado. Además, es el artículo 18 del mismo
cuerpo normativo el que habilita a dicha institución el reconocimiento de esta
contraprestación (dieta), en los siguientes términos

“Artículo 18.- La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente por lo menos una
vez a la semana y en forma extraordinaria las veces que sea necesario y sus miembros
devengarán dietas. Formarán quórum cinco directores. Sus decisiones se tomarán por
simple mayoría excepto cuando se trate del nombramiento y sustitución del Gerente
General, los Subgerentes, el Auditor y el Subauditor, casos en los cuales se necesitarán

seis votos. También se pagarán dietas por la asistencia a reuniones de las Comisiones,
pero no se pagará a ningún Director más de doce dietas por mes, por concepto de
asistencia a sesiones o reuniones.” (Resaltado y subrayado no son del original)

A su vez, dicho numeral fue reglamentado por medio del Decreto Ejecutivo n.° 5945
del 30 marzo de 1976, el cual regula, en su artículo 23, lo relativo al pago de dietas de
los Directores Nacionales, dónde se señala literalmente lo siguiente

“Artículo 23.- Dietas de los Directores Nacionales La Junta Directiva, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables a la materia, señalará la dieta que los miembros
de la misma devengarán por su asistencia a las sesiones y a las reuniones de las
comisiones especiales. En todo caso, no se podrá pagar más que el monto máximo
autorizado a los bancos comerciales del Estado por sesión, ni más de doce sesiones por
mes, sean de Junta Directiva o de Comisión

La remuneración a que se refiere este artículo será percibida también por el director
ausente que se encuentre en cumplimiento de alguna misión oficial del Banco,
autorizada por la Junta Directiva, o bien por enfermedad, pero es necesario después
de la segunda ausencia, la presentación de una constancia médica que compruebe la
enfermedad

Cuando un director se encuentre ausente sin pago de dietas y sea sustituido por su
respectivo suplente, este devengará la dieta respectiva. Para efectos de pago de dietas
se dará prioridad a las sesiones de Junta Directiva, pero en ningún caso se pagarán
conjuntamente más de las doce sesiones autorizadas por este Reglamento

(Así reformado por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo No.11314 del 27 de febrero de
1980)” (Resaltado y subrayado no son del original)

De los artículos transcritos se concluye claramente que el número máximo de dietas a
pagar por la asistencia a las sesiones de Junta Directiva y otras reuniones de
Comisiones, es de doce por mes, incluyendo el supuesto en el que el director es
sustituido por su suplente. Es decir, la cantidad de dietas pagadas a ambos en el
período de un mes, no podrá superar el máximo fijado por ley y por reglamento, que
es de doce, caso contrario, se estaría contraviniendo la normativa citada

Lo anterior, no solo coincide con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del
Banco Popular, el 23 del Decreto Ejecutivo No,5945 y sus reformas, particularmente,
en lo resaltado, sino también con lo que ha dispuesto la Procuraduría General de la
República y esta Contraloría General sobre el pago de la dieta

De ahí que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas, el máximo de dietas
que se pueden remunerar, aún en el supuesto que tanto el miembro propietario como


el suplente hayan participado en sesiones de Junta Directiva y en reuniones de
Comisiones en un mismo mes, es de doce. Es decir, la suma de dietas a cancelar, sea al
titular por estar ejerciendo de forma efectiva su puesto, o al suplente en caso de estar
ejerciendo la suplencia, no pueden superar conjuntamente las doce dietas. Lo anterior
tomando en cuenta que la labor del suplente es la de sustituir al titular en las sesiones
de la Junta Directiva y en las reuniones de Comisiones

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el sistema de la
potestad consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web
www.cgr.go.cr

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión


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Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación
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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 3065 del veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y dos
Ley sobre Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas. Vigencia desde
22/11/1962. Versión de la Norma 6 de 6 del 16/11/1989. Publicada en Gaceta No 264 del
22/11/1962. Colección de Leyes y Decretos Año 1962, Semestre 2, Tomo 1, Página 518

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 177 del trece de junio de dos mil tres

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 69 del dieciséis de febrero de dos mil
cinco

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 191 del diez de julio de dos mil
nuevo. Aclarado por Dictamen 63 del 14/03/2011

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 63 del catorce de marzo de dos mil
once. Aclara el Dictamen 191 del 10/07/2009

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 91 del tres de mayo de dos mil
dieciocho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 247 del diecisiete de septiembre de
dos mil uno

del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. DFOE-DL-0201. Disponible en la Web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016001002.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. Oficio 8894 del tres de agosto
de dos mil diecisiete. DJ-0861. Consultado el 17/09/2019. Disponible en la Web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2017/SIGYD_D_2017011141.pdf