Criterio sobre las Opiniones Jurídicas de la
Contraloría General de la República
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Opinión Jurídica, Carácter No Vinculante, Mera Opinión Consultiva, Función
Consultiva y Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia Administrativa. Fecha: 22/06/2020

Nombre del Investigador: Lic. Esp. Simons Salazar García


Contenido


1. Alcances de la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la
2. Carácter No Vinculante de la Opinión Jurídica de la Procuraduría
General de la República Referida a Aspectos Competencia de la Contraloría
3. Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República y los
5. Colaboración de la Procuraduría General de la República a la Asamblea
6. Opinión de la Procuraduría General de la República por Temas
Referidos al Ejercicio de la Función Notarial y las Competencias de la


 RESUMEN


El presente informe de investigación realiza una reseña sobre las Opiniones
Jurídicas de la Procuraduría General de la República, considerando para ello, los
supuestos normativos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y el criterio que al respecto de esta norma, ha elaborado el propio órgano
procurador, en aplicación de su función consultiva


NORMATIVA


Sobre las Consultas a la Procuraduría General de la República


Artículo 4. Consultas

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes
niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría
en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el
caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente

(Así reformado por el inciso c) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de
julio del 2002, Ley de Control Interno)


1. Alcances de la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la
República en Relación con las Funciones de la Asamblea Legislativa


a) Aclaración sobre los alcances de la presente opinión jurídica. Antes de referirnos al
proyecto que se nos consulta, debemos indicar el alcance de este pronunciamiento, ya
que, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no es posible
emitir dictámenes con carácter vinculante cuando lo que se consulta es un proyecto de


El artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, le otorga a la Procuraduría una competencia
asesora en relación con los órganos de la Administración Pública, quienes “… por
medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el
criterio técnico-jurídico de la Procuraduría”. Criterios que resultan vinculantes para las
dependencias administrativas consultantes, según lo señalado en el artículo 2°

La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, reconoce la posibilidad de que
la Asamblea Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor
administrativa que desempeña de manera excepcional a su actividad principal, en cuyo
caso los dictámenes emitidos serán vinculantes. Sin embargo, tratándose de consultas
relacionadas con la labor de emisión de leyes que esa Asamblea Legislativa desarrolla,
nos encontramos imposibilitados de emitir criterios vinculantes, en el tanto dicha
competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige; sin embargo, con el fin
de colaborar, se emitirá criterio sobre el proyecto de ley bajo análisis, no sin antes
advertir que, por lo anteriormente señalado, éste pronunciamiento es una opinión
jurídica sin efectos vinculantes


2. Carácter No Vinculante de la Opinión Jurídica de la Procuraduría General
de la República Referida a Aspectos Competencia de la Contraloría
General de República


II. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

De previo al análisis solicitado, es oportuno recordar que la presente opinión jurídica
se emite sin el carácter de jurisprudencia administrativa obligatoria que revisten
nuestros dictámenes, toda vez que el caso consultado es materia de control y
fiscalización de fondos públicos, cuya potestad consultiva corresponde a la Contraloría
General de la República

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (Ley número 6815 de 27 de setiembre de 1982 y
sus reformas) "La Procuraduría General de la República es el órgano superior
consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del
Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de
criterio en el desempeño de sus atribuciones."

Asimismo, el artículo 5° de ese mismo Cuerpo Legal dispone

"Artículo 5º.- CASOS DE EXCEPCION: No obstante lo dispuesto en los artículos
anteriores (hacen referencia a las atribuciones concedidas a este Órgano, dentro de los
que se destacan la emisión de dictámenes jurídicos y los requisitos para plantearlos),

no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una
jurisdicción especial establecida por ley." (Lo escrito entre paréntesis no corresponde al
texto original)

De los numerales reción transcritos se denota, que la Procuraduría General de la
República está facultada para emitir los criterios que sobre cuestiones jurídicas le
soliciten el Estado y los demás entes públicos. La competencia atribuida es genérica,
de manera que puede pronunciarse sobre cualquier cuestionamiento que se presente
en torno a un tema jurídico. Sin embargo, esa competencia cede en los asuntos en que
existan órganos con una jurisdicción especial establecida por Ley

Es menester indicar, que nuestro Ordenamiento Jurídico le ha atribuido potestad
consultiva a la Contraloría General de la República, en materia de fiscalización de
fondos públicos. Así lo estipula el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, Ley número 7428 de 7 de setiembre de 1994, que en lo que
interesa estipula

"....Los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán vinculantes e
impugnables como tales, como si fueran actos administrativos definitivos, cuando en el
ámbito de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos..."

Cabe agregar que el mismo Ente Contralor, de acuerdo al contenido de su propia Ley
Orgánica, ha definido el ámbito de su competencia de acuerdo a los siguientes
términos

"...el ámbito de competencia del Órgano Contralor puede derivarse de su Ley Orgánica,
así como de otras leyes (ver por ejemplo, Ley de Contratación Administrativa y artículo
173 de la Ley General de la Administración Pública), señalando como áreas de su
especial conocimiento la contratación administrativa, la materia presupuestaria y el
control interno..." (Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión
Jurídica, Oficio DAGJ-2267-2001 del 5 de diciembre de 2001) (El resaltado no es del
texto original)

De acuerdo a lo transcrito, y dado que en el asunto que nos ocupa se exponen dudas
específicas sobre el pago de zonaje para los servidores de la Institución consultante, lo
que evidentemente constituye un aspecto propio de la competencia consultiva
específica de la Contraloría General de la República, el presente pronunciamiento se
emite sin los efectos típicos de los dictámenes promulgados en el ejercicio de nuestra
competencia consultiva (artículos 2, 3 inciso b) y 4 de nuestra Ley Orgánica), siendo su
valor el de una simple opinión jurídica


 3. Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República y los
Proyectos de Ley


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, Dr. Julio Alberto
Jurado Fernández, nos referimos a su oficio N° AL-CPJN-415-2019, de fecha 23 de
octubre de 2019 y recibido en esta Oficina mediante correo electrónico en esa misma
fecha, por medio del cual solicita emitir criterio jurídico en relación con el proyecto de
ley denominado “Ley que adiciona un artículo 381 bis y deroga el artículo 123 bis del
Código Penal Ley N°4573, de 15 de noviembre de 1970, y sus Reformas para el
Fortalecimiento de la Protección de la Niñez ”, expediente N° 21.410

Por otra parte, de previo a referirnos al proyecto que se nos consulta, debemos indicar
el alcance de este pronunciamiento ya que, según la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, no es posible emitir dictámenes con carácter vinculante
cuando lo que se consulta es un proyecto de ley

El artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, le otorga a la Procuraduría una competencia
asesora en relación con los órganos de la Administración Pública, quienes “… por
medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el
criterio técnico-jurídico de la Procuraduría”. Criterios que resultan vinculantes para las
dependencias administrativas consultantes, según lo señalado en el artículo 2° ibídem

La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, reconoce la posibilidad de que
la Asamblea Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor
administrativa que desempeña, de manera excepcional a su actividad principal, en
cuyo caso los dictámenes emitidos serán vinculantes. Sin embargo, tratándose de
consultas relacionadas con la labor legislativa que ese Órgano desarrolla, nos
encontramos imposibilitados de emitir criterios que tengan el carácter de acatamiento
obligatorio, en el tanto dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que
nos rige; no obstante, con el fin de colaborar, se emitirá criterio sobre el proyecto de
ley bajo análisis, no sin antes advertir que por lo anteriormente señalado, éste
pronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes


4. Mera Opinión Consultiva


II. Objeto de la consulta y alcance abstracto, no vinculante, de nuestro criterio

Analizado con detenimiento el objeto de la presente consulta, si bien no resulta clara
la relación directa que pudiera existir entre el tema consultado y las funciones

parlamentarias que individualmente pudiera ejercer el consultante, lo cierto es que la
gestión, de algún modo, puede enmarcarse en el control político parlamentario,
puesto que reviste un innegable interés público (cfr. Sala Constitucional, sentencias
Nos. 592-1999 de las 8:48 horas del 29 de enero de 1999 y 7215-2000 de las 9:25 horas
del 18 de agosto de 2000)

Así que reconociendo aquel interés con base en el cual el diputado requiere
obtener criterios jurídicos que le permitan de algún modo esclarecer la duda que
formula y como una forma de colaboración institucional con la Asamblea
Legislativa, actuando siempre dentro de nuestras facultades legales como asesores
técnico-jurídicos de las Administraciónes Públicas, con base en nuestra jurisprudencia
administrativa y judicial, procederemos a emitir en abstracto nuestro criterio al
respecto, con la advertencia de que tal pronunciamiento carece –reiteramos- de
efectos vinculantes, siendo su valor el de una mera opinión consultiva


5. Colaboración de la Procuraduría General de la República a la Asamblea
Legislativa por Medio de Criterios No Vinculantes


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio
número CG-076-2019, de fecha 23 de julio de 2019, mediante el cual nos pone en
conocimiento que, por moción aprobada dicha Comisión solicita el criterio de este
Órgano Superior Consultivo en torno al proyecto denominado “Ley Marco de Empleo
Público”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 21.336 y se
acompaña una copia del mismo

I. Consideraciones sobre la naturaleza y alcances de nuestro pronunciamiento

Resulta conveniente, desde ahora, definir la naturaleza jurídica de nuestro
pronunciamiento y, consecuentemente, los efectos del criterio que se emite al
respecto

En primer lugar, debemos indicar que este Despacho despliega su función consultiva
respecto de la Administración Pública. En ese sentido, el artículo 4° párrafo primero de
nuestra Ley Orgánica (Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) dispone lo
siguiente

"Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes
niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría,
debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la Asesoría Legal respectiva." (El
subrayado es nuestro)


De la norma transcrita fácilmente se infiere que la Procuraduría General de la
República sólo está facultada para emitir dictámenes a petición de un órgano que
forme parte de la Administración Pública, en tanto ejecute función administrativa. A
tales dictámenes el artículo 2° de la supracitada ley, les atribuye efectos vinculantes

"Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen
jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración
Pública"

Ahora bien, pese a que la actividad esencial de la Asamblea Legislativa no forma parte
de la función administrativa del Estado, este Despacho ha considerado que se
encuentra legitimada para requerir nuestra intervención en materias que conciernan
específicamente al ejercicio excepcional, por su parte, de la función administrativa y
que, en tal caso, el respectivo pronunciamiento tendrá los efectos comentados

No obstante, en un afán de colaborar con los señores miembros de la Asamblea
Legislativa, mediante opiniones jurídicas no vinculantes, la Procuraduría ha venido
evacuando las consultas que formulan los señores diputados en relación con un
determinado proyecto de ley o en relación con aspectos que pueden considerarse
cubiertos por la función de control político. Es claro que esta forma de colaboración no
dispuesta en la Ley tiene como objeto, colaborar con el efectivo ejercicio de las altas
funciones parlamentarias que la Constitución les atribuye y ello mediante un
asesoramiento de índole estrictamente jurídico

En consecuencia, en consideración a la investidura de los consultantes miembros de la
citada Comisión y como una forma de colaboración institucional, emitiremos nuestro
criterio sobre el referido proyecto de ley, planteando algunas reflexiones generales en
torno a la propuesta normativa en cuestión, con la advertencia de que tal
pronunciamiento carece –reiteramos- de efectos vinculantes, siendo su valor el de una
mera opinión consultiva, similar a la que emitiría cualquier otro asesor jurídico; labor
que en este caso le compete al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea

De previo a referirnos a su consulta, ante la indicación de que debíamos de responder
esta solicitud dentro del término de 8 días, pues en caso contrario se asumiría que no
se tienen objeciones al proyecto, interesa recordarle que las consultas facultativas
como la presente, que se someten voluntariamente a la Procuraduría General de la
República, no están expresamente reguladas por ninguna normativa en cuanto al plazo
en que deben ser razonablemente evacuadas; lo cual nos ha llevado incluso a
reafirmar que lo dispuesto por el numeral 157 del Reglamento Interior de la Asamblea
Legislativa, se refiere a las consultas que de conformidad con el Derecho de la
Constitución (arts. 88, 97, 167 y 190) deben serle formuladas obligatoriamente a las
instituciones del Estado interesadas en un determinado proyecto de ley (Tribunal
Supremo de Elecciones, Universidad de Costa Rica, Poder Judicial o una institución

autónoma), no así a este otro tipo de consulta facultativa (Véanse al respecto, entre
otros muchos, los pronunciamientos OJ-053-98 de 18 de junio de 1998, OJ-049-2004
de 27 de abril de 2004, OJ-060-2011 de 19 de setiembre de 2011, OJ-037-2012 de 6 de
julio de 2012, OJ-055-2012 de 20 de setiembre de 2012, OJ-138-2017 de 15 de
noviembre de 2017, OJ-141-2017 de 16 de noviembre de 2017, OJ-052-2018 de 12 de
junio de 2018, OJ-130-2018 de 21 de diciembre de 2018, OJ-006-2019 de 24 de enero
de 2019, OJ-010-2019 de 6 de febrero de 2019, OJ-017-2019 de 15 de febrero de 2019,
OJ-061-2019 de 12 de junio de 2019 y OJ-098-2019 de 09 de setiembre de 2019)

Desde ya advertimos que el análisis jurídico del proyecto de ley consultado nos
adentra en temas sumamente complejos y vastos, como lo son: las bases
constitucionales de la función pública y la configuración legal del régimen de la función
pública; tópicos que no pretendemos agotar, ni mucho menos hacer un análisis
exhaustivo de los mismos, que de por sí desbordaría sobradamente los alcances del
presente dictamen no vinculante. Nos referiremos entonces sólo en punto a aquellos
aspectos concretos que consideramos relevantes y necesarios de comentar, según el
contenido del proyecto de ley consultado, teniendo como base la exposición hecha en
la mesa de trabajo a la que fuimos convocados el día 9 de octubre pasado ante esa
Comisión legislativa; agregándose otros temas de interés no tratados entonces


6. Opinión de la Procuraduría General de la República por Temas Referidos
al Ejercicio de la Función Notarial y las Competencias de la Dirección
Nacional de Notariado


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio
PE-546-99 de 13 de mayo último, recibido por este Despacho el día 28 siguiente, por el
cual solicita el criterio interpretativo del artículo 7 del Código Notarial con respecto a
los Abogados de planta del Instituto, en lo que refiere al ejercicio por ellos de la
función notarial

Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente

A modo de preámbulo y de previo a evacuar su consulta, conviene señalar que de
conformidad con el artículo 3, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, No. 6815 de 27 de setiembre de 1982, esta Dependencia como órgano
superior técnico- jurídico de la Administración Pública, se encuentra inhibida para
pronunciarse sobre casos concretos, como lo es el que se consigna en el criterio legal
que se acompaña y que como reza el mismo no entra a resolver el punto planteado,
toda vez que advierte que existen "tres acciones de inconstitucionalidad contra lo
dispuesto en los artículos 7 inciso b) y 8 párrafo 2 del Código Notarial, Ley No. 7764"

Sin embargo, se emitirá una opinión jurídica a modo interpretativo (no vinculante) y
sin perjuicio de la competencia(1) atribuida en esta materia a la Dirección Nacional de
Notariado, de conformidad con el artículo 24 incisos d) y m) del referido Cuerpo Legal

(1) Art. 5 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

La consulta versa sobre tres aspectos, sobre los cuales se dará respuesta en el orden
de las interrogantes formuladas, así

A) "Si la adquisición de tierras por parte de la Administración Pública encargada de
implementar y ejecutar políticas generales de desarrollo y erradicación de la pobreza,
para su parcelación, selección, adjudicación y traspaso a terceros, se encuentra
enmarcada dentro del concepto de actividad ordinaria, y consecuentemente sujeta a
las prohibiciones del Código Notarial"

Mediante oficio suscrito por el Lic. Roberto Gamboa Chaverri, Director General de
Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, No. 001233 (DAJ-0206) de
4 de febrero de 1997, se emitió criterio sobre la conceptualización de la "actividad
ordinaria" del Instituto de Desarrollo Agrario referido al contenido del artículo 2 de su
Ley de Creación, No. 6735, al disponer que es "actividad ordinaria, el tráfico de tierras,
el cual comprenderá la compra, venta, hipoteca, arrendamiento y adquisición de los
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la tierra y su explotación rural"

Señala el pronunciamiento de la Contraloría General de la República

""... Al respecto, conviene transcribir, lo expresado por nuestra Dirección General de
Contratación Administrativa, en oficio No. 7433 de 25 de junio de 1996, acerca del
concepto denominado "actividad ordinaria"

"...La "actividad ordinaria", comprende la actividad contractual de la Administración,
que por su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios
resulta claramente incompatible con los procedimientos concursales de contratación

Esta excepción a los procedimientos concursales, salvo que por ley expresa se
disponga otra cosa, debemos entender que se limita la actividad contractual que la
Administración realiza con sus usuarios, para brindarles bienes o servicios
estrechamente relacionados con la prestación última de que la ley le asignó al crearla,
de modo que, insistimos, la actividad ordinaria de un ente u órgano de la
Administración comprende aquella que éstos realicen, dentro del ámbito de
su compentencia, por medio de una actividad o servicio que constituye la prestación
última o final que ésta efectúa de frente a usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y
dinamismo, justifica o imponen apartarse de los procedimientos usuales de concurso
Como ejemplo de actividades ordinarias, en las distintas Administraciónes, podemos


señalar la que realiza el Instituto Costarricense de Electricidad, consistente en la venta
de servicios de telefonía y electricidad a los usuarios; la que efectúa el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con la venta de agua potable a la
población; la que efectúa el Instituto Nacional de Seguros, cuando vende seguros a sus
usuarios; entre otros. Al señalarse que la actividad ordinaria "se identifica con la
prestación del servicio y el cumplimiento de los fines de la Administración respectiva",
es necesario recalcar que si bien toda actividad que realice la Administración debe
imperiosamente enmarcarse dentro de los fines que le han sido señalados por el
legislador y ajustada al principio de legalidad (art. 11 de la Constitución Política), no
toda la actividad que realiza la Administración cumple de manera inmediata los fines,
sino de manera mediata. En tal sentido, debemos afirmar que si bien "toda actividad
ordinaria debe enmarcarse en las competencias del ente y por ende, en los fines
enmarcados por el legislador, no toda la actividad que comprende la competencia
debe ser conceptuada como ordinaria" (vid. Oficio 0358 de 15 de enero de 1980). De
este modo, no quedan comprendidas en la noción de actividad ordinaria los contratos
que celebren las Administraciónes, para realizar actividades que cumplen una relación
de medios, para alcanzar sus fines, entre las cuales podemos incluir aquellas realizadas
para su instalación, tales como la compra o arrendamiento de edificios, mobiliario,
construcción de obras, etc; ni las que se deban efectuar para su funcionamiento
(arrendamiento o compra de equipos, vehículos útiles, materiales, etc); ni para el
transporte de productos para su uso o comercio, ni la información u otra clase de
prestaciones ajenas a la finalidad inmediata de su servicio"

Por otra parte, cabe mencionar que la Ley No. 6735 en su artículo 3, estalece -entre
otras- como atribuciones del Instituto, la de administrar, en nombre del Estado, las
reservas nacionales y las tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus fines, así
como efectuar en ellas planes de desarrollo integral, asentamientos campesinos,
colonización, parcelación y adjudicación, todo ello con arreglo a la normativa de la
indicada Ley y los procedimientos que al efecto contempla la indicada Ley y los
procedimientos que al efecto contempla la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del
14 de octubre de 1961 y sus reformas

De todo lo anterior, este Despacho de consuno con la Dirección General de
Contratación Administrativa, colige, que la actividad ordinaria a que se refiere la Ley de
creación del Instituto, se encuentra circunscrita a la adquisición de las tierras
necesarias por cualquier medio legal, para destinarlas a los planes de desarrollo
agrario (desarrollo de asentamientos campesinos, colonización parcelación y
adjudicación), por cuanto la misma se relaciona en forma inmediata con el servicio que
presta esa Entidad frente a los usuarios...""

Por otra parte, la Sala Constitucional(2) interpretó por conexidad y consecuencia (Por
tanto, inciso b) ""la definición de "actividad ordinaria" contenida en los artículos 2 de

la Ley de la Contratación Administrativa, número 7494 de dos de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, reformada por Ley número 7612 de veintidós de julio de
mil novecientos noventa y seis, así como en los artículos 76.1 y 76.2.1 del Reglamento
General de la Contratación Administrativa, en el sentido de que se trata de la actividad
o servicio que constituye la prestación última o final de la Administración que realiza
frente al usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar definidos
previamente en la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento
autónomo o de servicio, pero no ejecutivo"". (El subrayado no es del original)

(2) Res. N(06574 de 15:36 hs. del 22-09-1998

Definida la actividad ordinaria del Instituto de Desarrollo Agrario, conforme el
pronunciamiento del ente contralor parcialmente transcrito e interpretación
por conexidad de la Sala Constitucional, procede entonces dar respuesta a lo
expresado in fine en la presente interrogante como en la que de seguido se consigna,
por su relación

B) "Cuál debe ser el sentido interpretativo del inciso b) del artículo 7 del Código
Notarial, con relación a los actos de compra, parcelación, adjudicación y titulación de
tierras, que ejecute la Administración en el cumplimiento de esas políticas generales
de desarrollo". Dispone el artículo 7 inciso b) del Código Notarial, lo que sigue

"Prohibiciones al notario público: b) Autorizar en la Administración Pública,
instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas, de las cuales reciba
salario o dieta, actos o contratos jurídicos donde aparezcan como parte sus patronos o
empresas subsidiarias. No obstante, podrá autorizarlos siempre que no cobre
honorarios por este concepto." Sin embargo, los notarios en régimen de empleo
público podrán cobrar los honorarios correspondientes a los particulares, en los casos
de formalización de escrituras relacionadas con los fondos de ahorro y préstamo que
funcionen adscritos a cada institución, y no correspondan a la actividad ordinaria del
ente patronal." (El resaltado no es del original)

La disposición transcrita debe relacionarse con lo que establece el artículo 8 párrafo 2
del referido Cuerpo Legal

"Regulaciones para la Administración Pública... Cuando en los actos o contratos
jurídicos en que sean parte el Estado, sus empresas, las instituciones autónomas
y semiautónomas, sean autorizados por notarios que devenguen salarios, dieta u otra
remuneración de la institución respectiva, quien los autorice no podrá cobrar
honorarios profesionales al Estado ni a terceros". (El resaltado no es del original)

Sobre la aplicación de estos dos artículos la Procuraduría ha señalado(3) que


 "de una relación armoniosa de las citadas normas, se desprende con meridiana
claridad que, ni siquiera los notarios contratados bajo la modalidad del artículo 67 de
la Ley de la Contratación Administrativa y 69.2 de su Reglamento, podrían pagárseles
honorarios por la prestación especial de la labor notarial en el sector público. Notarios
que, como lo explicamos supra, son nombrados en los mismos términos que el
funcionario común y corriente de la Administración, los cuales van a
ser retribuídos únicamente mediante un sueldo fijo.- De manera que, toda aquella
clase de normativa en que el Estado actualmente se apoya para el reconocimiento del
pago de honorarios a los funcionarios públicos que prestan sus servicios de notariado,
queda insubsistente a partir de la vigencia del cuerpo legal en análisis"

"De lo anteriormente transcrito, se comprende lo que dispone el artículo 7, inciso b),
párrafo segundo del Código Notarial de referencia, cuando prescribe que "los notarios
en régimen de empleo público podrán cobrar los honorarios correspondientes a los
particulares, en los casos de formalización de escrituras relacionadas con los fondos de
ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada institución, y no correspondan a la
actividad ordinaria del ente patronal.", lo cual, quiere decir que, el notario contratado
por la Administración Pública no devengaría otra remuneración que el salario
preestablecido legalmente, salvo si realiza alguna tarea notarial en los organismos que
tienen a cargo esa clase de fondos y que no constituye labor normal de la entidad
estatal, entonces solo en ese caso, podría cobrar honorarios de manera privada"
Asimismo sostuvo(4) que

"Desde esa óptica jurídica, se tiene que, a partir de la vigencia de la nueva legislación
notarial, los notarios internos del mencionado Instituto se encuentran impedidos para
continuar cobrando honorarios a las personas que ocupan el servicio ahí prestado,
pues esa legislación es clara y precisa al "prohibir al notario público autorizar en la
Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas,
de las cuales reciba salario o dieta, actos o contratos jurídicos donde
aparezcan como parte sus patronos o empresas subsidiarias; o bien, si los autoriza no
podrían cobrar honorarios", dejando insubsistente toda aquella clase de norma que así
lo permitía"

(3) Dictamen C-232-98 de 04-10-1998

(4) Opinión Jurídica OJ-008-99 de 11-01-1999

De todo lo anterior se colige que todo funcionario público o notario de la
Administración Pública, en régimen de empleo público y en el ejercicio de la función
notarial, solo puede percibir como remuneración salario o dieta, excepto en la
situación (art. 7 inc. B. In fine) de los notarios en régimen de empleo público, quienes
podrán cobrar honorarios a los particulares, en los casos de formalización de escrituras
relacionadas con los fondos de ahorro y préstamo que funcionen adscritos a cada

institución, y no correspondan a la actividad ordinaria del ente patronal". A
contrario sensu, si corresponden a la actividad ordinaria, no procede el cobro de
honorarios

Consecuentemente, para el caso de la actividad ordinaria del Instituto de Desarrollo
Agrario, no procede el cobro de honorarios, con igual razón que si la actividad no
siendo ordinaria, no está referida a la formalización de instrumentos relacionados con
fondos de ahorro y préstamo adscritos al IDA, si tales fondos existiesen

C) "Si el principio de imparcialidad que pretende incorporar la norma, no resulta
contrariado, por la autorización de no cobrar honorarios que se hace a favor de una de
las partes contratantes con relación al Notario en cuestión"

D) La Sala Constitucional por resolución número 649-93 de las 14:45 horas del 9 de
febrero de 1993, Considerando II, indicó: "Debe tenerse presente la naturaleza de la
función Notarial que la Sala entiende como el ejercicio privado de una función pública,
recogida en alguna medida por la propia Ley Orgánica de Notariado, cuyo artículo 3(
dispone "La persona autorizada para ejercer el notariado tiene fe pública." Es una
función que se ejerce por delegación y con supervisión del Estado, de modo que en su
forma de ejercicio independiente, se liga a la norma del artículo 17 de la misma ley,
que obliga a los notarios a tener oficina abierta al público. Y tiene sentido mandarlo
así, porque al ser el notariado una autorización privilegiada a determinadas personas,
es una condición razonable y lógica la de que el Notario debe estar disponible a prestar
el servicio, por medio de una oficina abierta al público. Incluso por la naturaleza de
esta profesión, el Notario no puede excusar el prestar servicio a ninguna persona, tal y
como en situaciones calificadas se le permite al abogado, ya que el especial énfasis de
su función es "asesorar", "interpretar" y "autenticar", lo que las partes desean llevar a
cabo por su medio, sin que pueda o deba sentirse inclinado a favorecer a alguna de
ellas. Del Notario se exige, entonces, contrariamente a lo que sucede en el caso del
abogado, que sea neutral, objetivo y que actúe dando fe de lo que en su presencia se
acordó en beneficio de las partes que comparecen ante él y no de una sola de ellas..."
(El resaltado no es del original)

De la anterior jurisprudencia constitucional, se deduce claramente que el ejercicio de
la función notarial, es por su propia naturaleza imparcial o neutral, de modo que
supeditar esa neutralidad o imparcialidad al cobro o no de honorarios a una de las
partes, o bien agregaría, o al pago de salario por una de las partes en el caso de la
Administración Pública, ejemplo Notaría del Estado, es improcedente dado que no
incide en modo alguno en esa imparcialidad


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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6815 del veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y
dos. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Versión de la Norma: 9 de 9
del 03/12/2018. Publicada en: Colección de Leyes y Decretos: Año 1982, Semestre 2, Tomo 1 y

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 75 del primero de junio de dos
mil veinte

mil tres

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 38 - J del diecisiete de febrero
de dos mil veinte

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 068 - J del veinte de junio de
dos mil diecinueve

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 132 - J del doce de noviembre
de dos mil diecinueve

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica 73 - J del catorce de junio de
mil novecientos noventa y nueve