Leyes y reglamentos sobre las estructuras Organizacionales en
las Instituciones Públicas

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Clave: Ley marco transformación institucional, Artículos reformados de la Ley de
Sociedades Anónimas, Reglamento a la Ley y su Reforma, Jurisprudencia art. 8 ley 7668

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 06/07/2020

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la Ley de
Reforma Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la Ley
de Sociedades Anónimas Laborales y Reglamento General del Ministerio de Planificación


Resumen

El presente documento recopila las leyes y reglamentos relacionados a la estructura
organizacional que se cita en cuatro cuerpos legales, a saber: la Ley Marco Transformación
Institucional y Reforma Sociedades Laborales, la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, los
reglamentos: Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la
Ley de Sociedades Anónimas Laborales y Reforma Reglamento a la Ley Marco para la
Transformación Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y
Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y la única
jurisprudencia relacionada a la ley principal


 Marco Transformación Institucional y Reforma Sociedades Laborales SAL


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7668 del 09/04/1997. Marco Transformación
Institucional y Reforma Sociedades Laborales SAL. Fecha de vigencia desde
05/05/1997. Versión de la norma 2 de 2 del 09/04/1997. Gaceta número 84 del
05/05/1997


Capítulo I: Del Marco Para La Transformación Institucional


Artículo 1.- Transferencia de prestación de servicios y actividades auxiliares

Facúltase a los órganos del Estado, las instituciones públicas descentralizadas,
autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades
para transferir, mediante actos de concesión o contratación administrativa de
conformidad con la ley, la prestación de servicios y actividades auxiliares en favor de las
siguientes organizaciones sociales: asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas,
asociaciones, fundaciones y sociedades anónimas laborales

Esta transferencia no perjudicará el obligado control y la regulación de la actividad
transferida, para proteger el interés público y el ejercicio de potestades de imperio y las
atribuciones de la Administración, que son indelegables, imprescriptibles e
irrenunciables

Los superiores jerárquicos deberán definir cuáles actividades y servicios son auxiliares
y cuáles, fundamentales para el quehacer institucional, de conformidad con el
reglamento que se dictará para tal efecto

En ningún caso, podrán transferirse los bienes de dominio público, en particular los
referidos en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. Tampoco podrá
contratarse la prestación de servicios y actividades en los que el Estado y las
instituciones ejerzan potestades de imperio o de naturaleza regulatoria, las cuales no
podrán ser delegadas


Artículo 2.- Venta de bienes muebles

Los bienes muebles de dominio privado afectos a dichos servicios o actividades, podrán
ser vendidos a sociedades anónimas laborales, previo avalúo por peritos de firmas
consultoras en este campo, preferiblemente inscritas en el Colegio Profesional
respectivo, y con el correspondiente refrendo de la Contraloría General de la República,
que dispondrá de un plazo máximo de treinta días calendario para pronunciarse

Artículo 3.- Principios y normas

Los procesos de transformación y modernización institucional deberán respetar siempre
los siguientes principios y normas mínimos

a) Cuando se transfieran servicios, se dará preferencia a las sociedades anónimas
laborales integradas, preferiblemente, por trabajadores de la institución que se
encuentran prestando el servicio

Con tal propósito, el Estado y las instituciones respectivas apoyarán las gestiones de
los trabajadores para capitalizar sus empresas, mediante la ejecución de esquemas de
participación de uno o más de los siguientes integrantes

1.- Los socios estratégicos que aporten capital, tecnología y conocimientos

2.- los trabajadores

3.- la propia institución, conforme al artículo 6 de la Ley No. 7407

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente inciso

b) El proceso deberá ser gradual, programado y público

c) La garantía del pago previo de las indemnizaciones laborales que correspondan de
acuerdo con la ley, una convención colectiva o fallos dictados por los tribunales de
justicia

d) El objetivo central del proceso será mejorar la calidad del respectivo servicio y lograr
que su precio sea razonable y justo, en función de la eficacia del servicio público, el
interés de la empresa contratante y el de los usuarios

e) El respeto del marco legal vigente y, en particular, de los derechos adquiridos por los
trabajadores, basados en la legislación aplicable y en las convenciones colectivas

f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y de las
organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses. Mientras el proceso
esté en curso, no se aplicará la movilidad laboral forzosa ni inducida mediante
procedimientos, acciones o artificios, de hecho o de derecho, que afecten los derechos
adquiridos de los trabajadores

En la prestación de los servicios por parte de los trabajadores, las prácticas y
costumbres vigentes que sean cuestionadas por razones de legalidad o conveniencia,
durante el proceso de transformación institucional, antes de ser cambiadas por
imperativo legal, deberán someterse a conocimiento de las juntas de relaciones
laborales. Donde ellas no existan, se definirá un procedimiento de conciliación, a cargo
de un órgano con representación paritaria de los trabajadores y del patrono


Capitulo II: De Las Reformas De La Ley De Sociedades Anónimas Laborales


Artículo 4.- Reforma del artículo 4º Refórmase el artículo 4 de la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales, No. 7407, de 3 de mayo de 1994, cuyo texto dirá


Artículo 5.- Adiciones al artículo 7 Agréganse al artículo 7 de la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales, No. 7407, de 3 de mayo de 1994, los incisos b), c) y d), cuyos
textos dirán


Artículo 6.- Reforma del artículo 12 Refórmase el artículo 12 de la Ley de
Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, de 3 de mayo de 1994, cuyo texto dirá


Artículo 7.- Reforma del artículo 13 Refórmase el artículo 13 de la Ley de
Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, cuyo texto dirá


Artículo 8.- Adición del artículo 14 Adiciónase a la Ley de Sociedades Anónimas
Laborales, No. 7407, un artículo 14. En consecuencia, se corre la numeración de los
artículos subsiguientes. El texto dirá


Artículo 9.- Reforma del artículo 17 Refórmase el artículo 17 vigente a la fecha de
la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, cuyo texto dirá


Artículo 10.- Reforma del artículo 31 Refórmanse los incisos a) y d) del artículo 31
vigente a la fecha, de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, cuyos textos
dirán


Artículo 11.- Reforma del artículo 32 Refórmase el inciso d) del artículo 32 vigente
a la fecha, de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, cuyo texto dirá


TRANSITORIO I.- Las sociedades anónimas laborales que antes de la vigencia de esta
ley hayan suscrito contratos con el Estado o las instituciones públicas, podrán extender
la vigencia del contrato hasta cumplir cinco años, siempre que las partes contratantes
estén de acuerdo y lo manifiesten por escrito


TRANSITORIO II.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y modificará en lo
pertinente el reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, No. 7407, en un
plazo máximo de seis meses a partir de su publicación en La Gaceta


Rige a partir de su publicación


Artículos reformados de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7407 del 03/05/1994. Ley de Sociedades
Anónimas Laborales (SAL). Fecha de vigencia desde 12/05/1994. Versión de la
norma 4 de 4 del 05/05/2010. Gaceta número 91 del 12/05/1994


Artículo 4°- Las sociedades anónimas laborales serán inscritas en la Sección Mercantil
del Registro Público, previo informe del Departamento de Organizaciones Sociales de
que la escritura cumple con los requisitos establecidos en la ley. Si el Departamento no
rinde el informe en diez días hábiles, la inscripción se tendrá por autorizada

La escritura y la autorización se presentarán en la Sección Mercantil del Registro Público
para inscribirlas en forma definitiva. Este Registro deberá enviar, al Departamento de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una copia de la
escritura y la respectiva cédula de persona jurídica, donde consten las citas de
inscripción de la sociedad

Los nombramientos o cualquier modificación del pacto social de estas sociedades, antes
de ser inscritos, deberán contar con la autorización del Departamento de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

A más tardar seis meses después de la inscripción en el Registro Mercantil, todas las
sociedades anónimas laborales deberán celebrar una asamblea general de accionistas,
en la cual se acordará la creación de un estatuto interno de funcionamiento, que deberá
incluir como mínimo lo siguiente

a) Un capítulo de disposiciones generales

b) Disposiciones sobre el capital social

c) Normas que limiten la posesión y transmisión de acciones

d) Normas que establezcan y delimiten los órganos administrativos y de dirección de la
sociedad

e) Disposiciones sobre el ejercicio económico, el establecimiento de la reserva legal y
la distribución de utilidades

En el Registro Mercantil del Registro Público, se inscribirán este estatuto y sus reformas,
previa autorización del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

(Así reformado por el artículo 4º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)


Artículo 7°- Las sociedades anónimas laborales, establecidas con el propósito de
prestar servicios menores o auxiliares, se regirán por las siguientes reglas

a) Se consideran actividades auxiliares de apoyo o no consustanciales del servicio
público o de la administración o institución, siempre que no constituyan el giro principal
de ella, las siguientes

1) Servicios de aseo o limpieza

2) Servicios de vigilancia

3) Servicios de mantenimiento o de reparación de edificaciones, jardines,
instalaciones, y equipo mecánico, rodante y de oficina

4) Servicios de nutrición y alimentación del personal o de usuarios

5) Servicios de cómputo

6) Servicios de secretariado y de archivo

7) Servicios profesionales que pueden ejercerse liberalmente; en particular los
cobros judiciales, el notariado, la contabilidad, la farmacia, la arquitectura, la
veterinaria, los servicios técnicos, los agrícolas, la ingeniería y los peritajes

8) Servicios de transporte y de distribución de suministros o medicamentos

9) Servicios de imprenta, publicaciones y fotografías

10) Inspección, diseño y contrucción de obras civiles

11) Servicios de formación y capacitación

12) Servicios y talleres dentales, de optometría, de anteojos y ortopédicos

13) Laboratorios farmacéuticos, químicos, de ingeniería y de control de calidad

14) Servicios de confección de ropa

15) Servicios de lavandería

16) Servicios de recreación


 17) Servicios de relaciones públicas

18) Servicios de bodegaje

19) Cualquier otro servicio que, de acuerdo con la administración o la institución
de que se trate, califique como actividad auxiliar

b) Ninguna sociedad anónima laboral podrá contratar, en actividades auxiliares o
sustanciales, la prestación de servicios que representen más del veinte por ciento (20%)
del total del presupuesto anual de egresos de la institución

Será nulo cualquier contrato entre una sociedad anónima laboral y el Estado o sus
instituciones, que no cumpla con esta disposición, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales de los funcionarios involucrados

(Así adicionado este inciso por el artículo 5º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)

c) Las Juntas Directivas de las instituciones descentralizadas, autónomas,
semiautónomas y de las empresas públicas; los concejos municipales y los Ministros de
Estado, deberán definir, previa consulta con la Contraloría General de la República,
cuáles actividades o servicios son auxiliares y cuáles sustanciales o fundamentales del
quehacer institucional

(Así adicionado este inciso por el artículo 5º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)

d) Los servidores públicos de los órganos o entes públicos, que dejen de laborar para
estos, podrán asumir la prestación de los servicios contratados, como socios
trabajadores de una sociedad anónima laboral

(Así adicionado este inciso por el artículo 5º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)


Artículo 12°- Los servicios que se contraten con las sociedades anónimas laborales por
parte de la Administración serán pagados, en forma continua, por la Tesorería Nacional
o las respectivas tesorerías de las instituciones o empresas públicas, durante la vigencia
del contrato respectivo, sin necesidad de trámite mensual de factura de Gobierno por
servicios prestados. El pago se suspenderá, por comunicación en ese sentido de la
Administración contratante

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, las sumas necesarias para el pago de servicios
contratados deberán ser presupuestadas por las Administraciónes interesadas, bajo el
rubro "Pago de Servicios Sociedades Anónimas Laborales", el cual, para estos efectos,
se entenderá como diferente del rubro de "Consultorías"

Para el manejo de las contrataciones con sociedades anónimas laborales, se aplicarán
las siguientes disposiciones

a) En la contratación de los servicios enunciados en los artículos 6 y 7 de esta ley, la
Administración deberá otorgar prioridad a las sociedades anónimas laborales
constituidas para tales fines e integradas, preferiblemente, por trabajadores que se
encuentren prestando el servicio o la actividad en la institución. La Administración
interesada podrá concretar la negociación mediante el sistema de contratación directa,
antes del traslado o la movilización de los funcionarios públicos al sector privado. El
plazo de los contratos otorgados en condiciones prioritarias no excederá de cinco años


b) El plazo citado se prorrogará por un segundo período igual, si se llegare a determinar,
de manera fehaciente y mediante instrumentos de medición técnicos y objetivos, que la
prestación del servicio o la atención de la actividad transferida se ha producido dentro
de los parámetros de eficiencia y costo pactados en el contrato respectivo, de acuerdo
con el reglamento de la presente ley

c) Cuando la atención apropiada del servicio exija ejecutar trabajos de investigación,
construcción, ampliación o reparación, con niveles de inversión elevados y que
requieran plazos amplios de amortización al capital, según lo establezca el reglamento,
se regulará mediante la Ley de Concesión de Obra Pública, No. 7329, de 7 de febrero
de 1993

d) A partir del vencimiento del plazo o la prórroga correspondiente, la contratación
deberá efectuarse conforme a la legislación administrativa vigente. Cuando por el
procedimiento de contratación y para garantizar la continuidad del servicio contratado
ante situaciones que puedan surgir durante el desarrollo del procedimiento de
contratación o después de él, seguirá prestando el servicio la empresa cuyo contrato
finaliza y lo prestará hasta que recaiga en firme el acto adjudicatario, aunque esta
condición no se encuentre estipulada en el contrato correspondiente

e) Cuando, para la prestación de los servicios y actividades referidos en la presente ley,
existan dos o más sociedades anónimas laborales, originadas en la misma institución e
interesadas en la gestión, la escogencia deberá realizarse de acuerdo con los
procedimientos y principios establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa

(Así reformado por el artículo 6º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)


Artículo 13°- En relación con los servicios cuya prestación se transfiera por contrato, se
observarán los siguientes criterios

a) El contrato de prestación de servicios de las sociedades anónimas laborales deberá
garantizar la continuidad y el mantenimiento del servicio a su cargo. Además, se
garantizará que los actuales usuarios del servicio continúen con el acceso a este, por lo
menos en las mismas condiciones de calidad que regían antes de su contratación

b) El Poder Ejecutivo desarrollará, por reglamento, las condiciones mínimas en que
deberá prestarse cada servicio. So pena de nulidad, el contrato de prestación del
servicio deberá incluir las cláusulas reglamentarias que aseguren el cumplimiento de las
condiciones mínimas en que debe desarrollarse el servicio

c) La Administración titular del servicio contratado deberá efectuar, periódicamente,
auditorías sobre el grado de cumplimiento del contrato. En el reglamento de la presente
ley, se determinarán los mecanismos institucionales para asegurar la realización de las
auditorías y sus condiciones

Cada institución o ente público deberá publicar su definición tanto de actividades y
servicios auxiliares, como de los sustanciales, en La Gaceta y en dos periódicos de
circulación nacional, con un mínimo de treinta días hábiles previos a la entrada en
vigencia de dicha definición. Este plazo se contará a partir de la publicación en el diario
oficial."

(Así reformado por el artículo 7º de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997)


Artículo 14°- Los procesos de transferencia de servicios regulados por esta ley,
observarán, en materia laboral, los siguientes principios

a) Cuando en la aplicación de la presente ley se establezcan procesos de
transformación institucional, previamente deberán definirse los plazos y medios que
aseguren la resolución oportuna de la pensión o jubilación de los trabajadores que
tengan derecho a una u otra o bien a ambas

b) Se faculta a la Caja Costarricense de Seguro Social para celebrar, con las
instituciones y los demás órganos de la Administración Pública, convenios conducentes
a establecer un compromiso de pago a plazo de las contribuciones a los regímenes de
invalidez, vejez y muerte, tanto a cargo de los trabajadores como de los patronos del
sector público, en relación con trabajadores que, según se demuestre, han trabajado
para una entidad descentralizada o un órgano del Poder Central, pero no han cotizado
por causas ajenas a la voluntad del trabajador

c) En cuanto a los trabajadores que no hayan alcanzado el derecho de pensionarse o
jubilarse, la sociedad anónima laboral deberá garantizar que las cotizaciones a los
regímenes de seguridad social serán respetadas

d) Cuando, por la transferencia de servicios, se afecte a trabajadores por la supresión
de puestos, la Administración deberá apoyar las acciones individuales y colectivas de
las personas afectadas, a fin de compensarlas económicamente y apoyarlas mediante
cursos de adiestramiento y capacitación, que correrán por cuenta de la Administración,
para lograr la reinserción efectiva de estas personas en otras fuentes de trabajo del
sector privado, en especial en las áreas económicamente débiles y deprimidas con tasas
de desempleo relativamente más elevadas, según los criterios empleados por el
Ministerio de Planificación y Política Económica, con base en información de la Dirección
Nacional de Estadística y Censos. En todo caso, no podrán impulsarse acciones ni
programas que incrementen, a largo plazo, la tasa neta de desempleo de la respectiva
zona del país

e) Mientras el proceso esté en curso, no se aplicará la movilidad laboral forzosa ni
inducida mediante procedimientos, acciones o artificios, de hecho o de derecho, que
afecten los derechos adquiridos de los trabajadores

(Así adicionado por el artículo 8 de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997, que además
corrió la numeración del articulado siguiente. El antiguo artículo 14 pasó a ser el 15)


Artículo 17°- Las acciones de los trabajadores no podrán venderse a un valor inferior
del setenta y cinco por ciento (75%) de su valor de mercado o del que determine,
pericialmente, un agente de bolsa nombrado de común acuerdo por las partes
Designado el perito, éste concederá un plazo de ocho días naturales para que las partes
se pronuncien y, una vez oídas, emitirá su dictamen en un plazo no mayor de quince
días naturales


Artículo 31°- Autorízase al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para contratar, con
el aval del Estado, un crédito hasta de veinte millones de dólares estadounidenses
(US$20.000.000), con organismos financieros internacionales, en las condiciones más


blandas posibles. Con los recursos de ese crédito, el Banco creará un fideicomiso para
financiar programas crediticios de apoyo a la constitución y al desarrollo de las
sociedades anónimas laborales


Artículo 32°- Establécese, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un
Departamento de Sociedades Anónimas Laborales que tendrá las siguientes funciones

a) Administrar los recursos financieros, internos y externos, que otorgue el Estado a esa
Institución para financiar los proyectos presentados por las sociedades anónimas
laborales. Con sus propios recursos, el Banco también podrá conceder préstamos a
esas sociedades

(Así reformado por el artículo 10 de la ley No.7668 de 9 de abril de 1997. Dicho artículo
decía reformar el numeral 31, pero con la variación en el articulado que se indica supra
en el artículo 14, pasó a ser 32)

b) Conceder créditos, a corto, mediano y largo plazo, a las sociedades anónimas
laborales, según la reglamentación que previamente dicte la Junta Directiva del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal

c) Administrar cualquier fideicomiso que, en el futuro, se cree en ese Banco, con fondos
públicos, para impulsar la creación de sociedades anónimas laborales

ch) Administrar un fondo nacional de avales que permita conceder fianzas a las
sociedades anónimas laborales, cuando sus garantías reales resulten insuficientes para
concederles préstamos. La Junta Directiva del Banco Popular reglamentará, el
funcionamiento de este fondo, en un plazo no mayor de seis meses

d) Colaborar con las sociedades anónimas laborales en la formulación y evaluación de
sus proyectos, así como coadyuvar, financieramente, en las actividades de
capacitación, divulgación e investigación de las sociedades anónimas laborales, por
medio del Instituto mencionado en el artículo 32 de esta ley, de conformidad con
disposiciones de su Junta Directiva

(Así reformado por el artículo 10 de la ley Nº 7668 de 9 de abril de 1997. Dicho artículo
decía reformar el numeral 31, pero con la variación en el articulado que se indica supra
en el artículo 14, pasó a ser 32)

e) Cualesquiera otras funciones que le asigne la Junta Directiva del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal


Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la
Ley de Sociedades Anónimas Laborales


PODER EJECUTIVO. Decreto Ejecutivo 26893 del 06/01/1998. Reglamento a la Ley
Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales. Fecha de vigencia desde 08/05/1998. Versión de la norma 5
de 5 del 28/06/2010. Gaceta número 88 del 08/05/1998


No 26893-MTSS-PLAN


En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 140, incisos 3), 18) y 20) de la
Constitución Política, 25, 27 y 28 de la Ley General de la Administración Pública y en
ejecución de lo dispuesto por la Ley N° 7407, del 3 de mayo de 1994, y Ley No 7668 del
09 de abril de 1997

Considerando

1°- Que mediante Ley No 7668 del 9 de abril de 1997 publicada en la Gaceta No 84 de
5 de mayo de 1997, se emitió la ley denominada "Marco para la Transformación
Institucional y Reformas de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales", que contiene
regulaciones respecto a la transferencia de la prestación de servicios y actividades
auxiliares, la venta de bienes muebles afectos a dichos servicios y actividades y los
principios y normas que deben respetarse en todo proceso de transformación y
modernización institucional, así como algunas reformas a la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales

2°- Que de conformidad con lo establecido en la Ley No 5525 de 2 de mayo de 1974 y
sus reformas, "Ley de Planificación Nacional y Política Económica", los ministerios e
instituciones autónomas y semiautónomas, en coordinación con el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica -a través de su Departamento de Eficiencia
Administrativa- realizarán programas de racionalización administrativa, con el propósito
de mejorar la capacidad de planeamiento y ejecución de sus actividades y de asegurar
así el cumplimiento de los planes de desarrollo, en donde los procesos de
transformación y modernización institucional constituyen un medio para la consolidación
de estos fines

3°- Que corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica velar
porque los programas de modernización y transformación institucional sometidos a su
conocimiento, conduzcan a mejorar la eficiencia, organización y calidad de los servicios
públicos

4°- Que en los procesos de transformación y modernización institucional siempre se
encuentran Comprendidos derechos e intereses de los servidores públicos, los cuales
requieren ser debidamente protegidos por el Estado. Por tanto,

DECRETAN


 El siguiente


Artículo 1°- Todo proceso de transformación y modernización institucional deberá
respetar los principios y normas mínimos establecidos en el artículo 3° de la Ley No
7668 de 9 de abril de 1997. Cuando producto de estos procesos se transfiera la
prestación de servicios y actividades auxiliares, se deberán respetar además, los
principios y normas señalados en el artículo 1° del referido cuerpo normativo


Artículo 2º-La aprobación de la organización administrativa de órganos, entes y
empresas públicas será competencia de Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)

MIDEPLAN, por medio del Sistema Nacional de Planificación constituido por la Ley de
Planificación Nacional (N° 5525 de 2 de mayo de 1974), dictará directrices, lineamientos,
manuales, instructivos y otros instrumentos en materia de reorganización administrativa
de las instituciones públicas para el mejor cumplimiento del servicio público, asegurando
su continuida4 su eficiencia, su adaptación a cambios legales, así como la satisfacción
de la necesidad social que atienden y la igualdad en el trato de los destinatarios,
usuarios o beneficiarios. Estos instrumentos estarán disponibles mediante publicaciones
que aparecerán en el sitio electrónico de MIDEPLAN y serán de aplicación obligatoria
por parte de órganos, entes y empresas públicas en sus medidas de organización,
reorganización, transformación y fusión administrativas. Se excluyen de esta disposición
los entes públicos no estatales que no administran recursos públicos y las empresas
públicas que actúan en mercados abiertos

De previo a la aprobación por parte de MIDEPLAN y como requisito de validez, toda
propuesta de reorganización de órganos, entes y empresas públicas deberá contar con
la autorización del respectivo Ministro Rector del Sector al que pertenezca el órgano,
ente o empresa. Para tales efectos, el Ministro Rector dispondrá de un plazo de diez
días hábiles, a partir del momento en que la propuesta sea presentada. Si no resuelve
dentro de ese plazo, la propuesta se tendrá por autorizada y podrá ser remitida a
MIDEPLAN

La Unidad de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia requerirá a los
interesados en la emisión de decretos ejecutivos y en la formulación los proyectos de
ley gubernativos que contemplen medidas de organización y reorganización
administrativas, de la aprobación previa de MIDEPLAN respecto de esas medidas

(Así reformado por el artículo 1º del decreto ejecutivo Nº 36086 del 28 de junio de 2010)

(NOTA: Mediante el artículo 3 del decreto ejecutivo N° 33619 del 20 de febrero de 2007,
"Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad y sus Empresas", se excluye
al ICE y sus empresas de la materia de recursos humanos y reorganización institucional)


Artículo 3º-Cada proceso de organización, reorganización, transformación o, fusión
administrativa de órganos, entes y empresas públicas se fundamentará en un estudio


técnico que deberá atender a la misión de la respectiva institución, la normativa que la
rige y las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La Oficina de
Planificación de cada ente u órgano acompañará durante lodo el proceso ele
reorganización administrativa a los jerarcas institucionales para desarrollarla

(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33713 del 26 de marzo
de 2007)


Artículo 4º-Para la ejecución de los procesos de organización, reorganización,
transformación y fusión administrativa de órganos, entes y empresas públicas, los
jerarcas institucionales deberán asegurarse de que disponen o dispondrán de los
recursos, bienes y servicios que resulten indispensables para la ejecución de esos
procesos, especialmente aquellos recursos que representen medidas de indemnización

(Así adicionado mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°33713 del 26 de marzo
del 2007)


Artículo 5º-(Derogado por el artículo 1º del decreto ejecutivo N°36086 del 28 de junio del
2010)

(Así adicionado mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N°33713 del 26 de marzo
del 2007)


Artículo 6°- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica podrá proponer,
promover y estimular el traslado al sector privado de servicios, programas o actividades
que funcionen dentro del sector público y que muestren condiciones de ser
adecuadamente ejecutados en forma privada, sin sacrificar los objetivos sociales
implícitos en ellos

(Así corrida su numeración por artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33713 del 26 de marzo
de 2007, que lo traspaso del antiguo artículo 4 al 6 actual del artículo)


Artículo 7°- Los órganos del Estado, las instituciones públicas descentralizadas,
autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades
podrán transferir la prestación de servicios y actividades auxiliares a favor de las
organizaciones sociales establecidas en el artículo 1° de la Ley No 7668, siempre que
conduzca a mejorar la calidad del servicio y se respeten los principios y normas
establecidos

(Así corrida su numeración por artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 33713, del 26 de
marzo de 2007, que lo traspaso del antiguo artículo 5 al 7 actual del artículo)


Artículo 8°- Los Jerarcas de los órganos del Estado y de las entidades públicas
señaladas en el artículo 1° de la Ley No 7668 serán responsables de prever y establecer
los mecanismos de inspección y vigilancia necesarios para el obligado control,
regulación y evaluación de la prestación de los servicios y las actividades auxiliares

transferidos. Los contratos que se suscriban para tales propósitos, deberán cumplir en
lo que sea aplicable, con los requisitos de contratación establecidos en el Reglamento
de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y deberán contener la obligación de las
organizaciones sociales contratantes, de brindar toda la información que se les requiera
para comprobar la debida ejecución de los servicios y de las actividades transferidas

(Así corrida su numeración por artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 33713 del 26 de
marzo de 2007, que lo traspaso del antiguo artículo 6 al 8 actual del artículo)


Artículo 9°- Rige a partir de su publicación

(Así corrida su numeración por artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 33713, del 26 de
marzo de 2007, que lo traspaso del antiguo artículo 7 al 9 actual del artículo)


Reforma Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y
Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y Reglamento General del
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)


PODER EJECUTIVO. Decreto Ejecutivo 36086 del 28/06/2010. Reforma
Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a
la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y Reglamento General del Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Fecha de vigencia
desde 22/07/2010. Versión de la norma 1 de 1 del 28/06/2010. Gaceta número 142
del 22/07/2010


N° 36086-MP-PLAN-MTSS


En el ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3), 8), 18), y
146 de la Constitución Política; 25.1 y 27.1 de la Ley General de la Administración
Pública (N° 6227 de 2 de mayo de 1978); 2°, 3°, 4°, 16 y 18 de la Ley de Planificación
Nacional (N° 5525 de 2 de mayo de 1974); 3° de la Ley Marco para la Transformación
Institucional y Reformas de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales (N° 7668 de 9
de abril de 1997) y 4.e), 4.g) y 13.a) del Reglamento General del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (N° 23323-PLAN de 17 de mayo de 1994)

 Considerando

1º-Que previo a la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 33713-MP-PLAN-MTSS de
23 de marzo de 2007, publicado en La Gaceta N° 73 de 17 de abril de 2007, el Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) fue el órgano estatal
encargado de aprobar los procesos de reorganización de las diversas instituciones de
la Administración Pública, centralizada y descentralizada. El Decreto Ejecutivo en
mención trasladó esa instancia a los respectivos jerarcas institucionales, quienes debían
actuar conforme las directrices, los lineamientos, los manuales y los instructivos que
estableciera MIDEPLAN

2º-Que conforme regulaciones de la Directriz N° 006-MP-PLAN de 29 de junio de 2006
(publicada en La Gaceta N° 146 de 28 de julio de 2006) y especialmente del Decreto
Ejecutivo N° 33783-P-PLAN-MTSS de 14 de mayo de 2007 (publicado en La Gaceta N°
103 de 30 de mayo de 2007), los Ministros Rectores de cada Sector, según el
Subsistema de Planificación Sectorial, deben autorizar las reorganizaciones
administrativas que se llevan a cabo en las instituciones públicas que forman parte del
respectivo Sector

3º-Que según regulaciones de la Directriz N° 021-PLAN de 17 de mayo de 2007
(publicada en La Gaceta N° 111 de 11 de junio de 2007) y especialmente del Decreto
Ejecutivo N° 34300-MP-PLAN-MTSS de 29 de noviembre de 2007 (publicado en La
Gaceta N° 42 de 28 de febrero de 2008) se emitieron directrices, lineamientos,
manuales, e instructivos para la realización de reorganizaciones administrativas,
disponibles mediante publicaciones en el sitio electrónico de MIDEPLAN

4º-Que después de más de tres años de haberse puesto en práctica este esquema para
los procesos de reorganización administrativa, se ha demostrado que la ausencia de la
participación directa y proactiva de un órgano técnico como MIDEPLAN en la aprobación
de las reorganizaciones administrativas ha conllevado a efectos contrarios a los
previstos originalmente, especialmente en aspectos de contención del gasto público

5º-Que se viven tiempos de crisis económica, donde es indispensable que los
organigramas institucionales respondan a los principios de eficiencia y eficacia, para lo
cual se requiere la intervención de un órgano como MIDEPLAN que los asesore y
considere con una visión integral de Aparato Estatal

6º-Que uno de los objetivos primordiales de MIDEPLAN -de acuerdo con su Reglamento
General- es "promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que
presta el Estado, de manera que efectivamente orienten su servicio hacia los usuarios",
así como "evaluar el impacto de los programas y acciones de Gobierno". Corresponde
a MIDEPLAN "actualizar el perfil institucional de las entidades que conforman el Sector
Público con el fin de mantener la visión global y de conjunto del Estado Costarricense,
mediante la coordinación y el análisis de procesos de reforma institucional, bajo criterio
de racionalidad administrativa, productividad, eficiencia y mejoramiento de los servicios
públicos"

7º-Que aunque se considera necesario introducir cambios en el esquema descrito en el
Considerando I, es pertinente las reorganizaciones administrativas cuenten con la
autorización del Ministro Rector correspondiente, para garantizar la visión de conjunto y
los objetivos del sector respectivo. Por tanto


DECRETAN

ARTÍCULO 1º- Derógase el artículo 5° y refórmase el artículo 2° del Decreto Ejecutivo
N° 26893-MTSS-PLAN de 6 de enero de 1998, el cual se leerá de la siguiente manera

"ARTÍCULO 2º-La aprobación de la organización administrativa de órganos, entes y
empresas públicas será competencia de Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)

MIDEPLAN, por medio del Sistema Nacional de Planificación constituido por la Ley de
Planificación Nacional (N° 5525 de 2 de mayo de 1974), dictará directrices, lineamientos,
manuales, instructivos y otros instrumentos en materia de reorganización administrativa
de las instituciones públicas para el mejor cumplimiento del servicio público, asegurando
su continuida4 su eficiencia, su adaptación a cambios legales, así como la satisfacción
de la necesidad social que atienden y la igualdad en el trato de los destinatarios,
usuarios o beneficiarios. Estos instrumentos estarán disponibles mediante publicaciones
que aparecerán en el sitio electrónico de MIDEPLAN y serán de aplicación obligatoria
por parte de órganos, entes y empresas públicas en sus medidas de organización,
reorganización, transformación y fusión administrativas. Se excluyen de esta disposición
los entes públicos no estatales que no administran recursos públicos y las empresas
públicas que actúan en mercados abiertos

De previo a la aprobación por parte de MIDEPLAN y como requisito de validez, toda
propuesta de reorganización de órganos, entes y empresas públicas deberá contar con
la autorización del respectivo Ministro Rector del Sector al que pertenezca el órgano,
ente o empresa. Para tales efectos, el Ministro Rector dispondrá de un plazo de diez
días hábiles, a partir del momento en que la propuesta sea presentada. Si no resuelve
dentro de ese plazo, la propuesta se tendrá por autorizada y podrá ser remitida a
MIDEPLAN

La Unidad de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia requerirá a los
interesados en la emisión de decretos ejecutivos y en la formulación los proyectos de
ley gubernativos que contemplen medidas de organización y reorganización
administrativas, de la aprobación previa de MIDEPLAN respecto de esas medidas"


Artículo 2º-Refórmase el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN de 17 de
mayo de 1994, para que en adelante se lea de la siguiente manera

"Artículo 15º-Se entenderá por reorganización administrativa la modificación de
unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura,
recursos humanos y estructura. La Contraloría General de la República, la Autoridad
Presupuestaria y la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de
Hacienda no tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos
órganos, entes y empresas públicas que lleven a cabo reorganizaciones estructurales
que no cuenten con el estudio técnico que las respalde y la aprobación de MIDEPLAN,
que proveerá a la Administración Pública las directrices, los lineamientos, los manuales
y los instructivos para facilitar, coordinar y mejorar los procesos de reorganización
administrativa"


Artículo 3º-Deróganse los Decretos Ejecutivos N° 33783-MP-PLAN-MTSS de 14 de
mayo de 2007 y N° 34300-MP-PLAN-MTSS de 29 de noviembre de 2007


Artículo 4º-Rige a partir de su publicación


Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veintiocho días del mes
de junio del dos mil diez


Sentencia 743-2004 Sala Segunda


Resolución: 02 de Setiembre del 2004. Expediente: 02-001228-0166-LA. Redactado
por: Julia Varela Araya. Clase de Asunto: Proceso ordinario


Artículo 8 de la Ley N° 7668 da competencia a la Junta Directiva para definir
políticas en materia de personal


Exp: 02-001228-0166-LA

Res:2004-00743

horas cuarenta y cinco minutos del dos de setiembre del dos mil cuatro

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial
de San José, por CARMEN JULIA SALAS MÉLENDEZ, vecina de Alajuela, contra
CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado
generalísimo Moisés Lazo Sosa, administrador y vecino de Heredia. Actúa como
apoderado especial judicial de la actora el licenciado Mauricio Castro Méndez, abogado
y vecino de San José. Todos mayores y casados

RESULTANDO

1.- La actora, en escrito de fecha veinticuatro de abril del dos mil dos, promovió la
presente acción para que en sentencia se deje sin efecto la jornada semanal a cuarenta

y ocho horas semanales, al pago de horas extraordinarias a partir del 28 de agosto de
1998 y a futuro, diferencias de vacaciones y, aguinaldo e intereses

2.- La apoderada generalísima de la sociedad demandada contestó la acción en los
términos que indica en el memorial de fecha seis de agosto del dos mil dos y opuso las
excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la genérica de
sine actione agit

3.- La jueza, licenciada Karol Baltodano Aguilar, por sentencia de las diez horas seis
minutos del veintinueve de abril del año próximo pasado, dispuso: “De conformidad con
lo expuesto, artículo 492 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se declara
LABORAL incoado por CARMEN JULIA SALAS MELÉNDEZ en contra de CORREOS
DE COSTA RICA S.A. representado por su Gerente General con facultades de
Apoderada Generalísima sin límite de suma señora SUSY MORENO AMADOR. Se
acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la
genérica sine actione agit. De conformidad con el artículo 494 del Código de Trabajo,
se condena al demandado al pago de las costas de este proceso, fijándose las
personales en la suma prudencial de cincuenta mil colones. Se advierte a las partes
que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante
este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano
jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de
hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el
apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del
Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798 de las 16:21 horas
del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto
de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999)”

4.- Ambas partes apelaron y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito
Judicial de San José, integrado por los licenciados Álvaro Moya Arias, Óscar Ugalde
Miranda y Nelson Rodríguez Jiménez, por sentencia de las diecinueve horas diez
minutos del dieciséis de marzo del año en curso, resolvió: ²En la tramitación de este
asunto no se observan defectos u omisiones capaces de causar nulidades o indefensión
a las partes. Se revoca la resolución recurrida en todas sus partes, se rechazan las
excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la genérica de
sine actione agit. Se condena a Correos de Costa Rica S. A., a dejar sin efecto la
modificación de la jornada semanal de cuarenta y ocho horas, restableciendo a la actora
en la jornada de cuarenta horas por semana con la cual se inició la relación laboral. Así
mismo, se le obliga reconocer el pago de esas ocho horas semanales como parte de
una jornada ordinaria. Dichas horas ordinarias se conceden desde el veintiocho de
agosto de mil novecientos noventa y ocho hasta la reubicación de la actora en su jornada
primigenia. Así mismo, se le obliga a pagar las diferencias existentes en vacaciones y
aguinaldo, producto del reconocimiento de las ocho horas ordinarias por semana, así
como los intereses legales sobre las sumas adeudas, desde el momento en que
debieron ser canceladas y hasta su efectivo pago. Son ambas costas de este proceso
a cargo de la demandada fijándose los honorarios de abogado en un veinte por ciento
de la condenatoria²


5.- Ambas partes formularon recurso, para ante esta Sala, en escritos fechados tres y
seis de mayo del año en curso, el cual se fundamenta en las razones que de seguido
se dirán en la parte considerativa

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley

Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES: Doña Carmen Julia Salas demandó a “Correos de Costa Rica,
S.A” con el fin de que se dejara sin efecto la disposición que esa empresa pública adopto
la decisión de aumentar su jornada ordinaria semanal de 40 a 48 horas. Solicitó,
además, que se le reconocieran como extraordinarias las 8 horas que labora de más
desde el 28 de agosto de 1998, mientras se mantenga la variación unilateral, sin
necesidad de ulterior gestión. También pidió el pago de las diferencias resultantes de
ese reconocimiento salarial en las vacaciones y en el aguinaldo, los intereses legales
sobre las sumas adeudadas y ambas costas de la acción. Basó sus pretensiones en
que inició sus labores para la Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL), el 1°
de octubre de 1996, con una jornada ordinaria laboral de 40 horas de lunes a viernes
Sin embargo, luego de que se transformara dicha institución en “Correos de Costa Rica,
S.A” el 28 de agosto de 1998, se varió unilateralmente su jornada de trabajo a 48 horas
semanales, lo que, a su juicio, evidencia un uso abusivo del ius variandi que, a su vez,
genera una desmejora en sus ingresos económicos mensuales (folios 1 y 2). La Gerente
General de “Correos de Costa Rica, S.A” contestó negativamente la acción y opuso las
excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la genérica de
sine actione agit. Adujo que dicha variación no perjudicó a la accionante y que se realizó
conforme a lo dispuesto del artículo 135 al 146 del Código de Trabajo. Indicó, además,
que mediante Ley N° 7768 del 24 de abril de 1998, publicada en el Alcance N° 20 a “La
Gaceta” N° 103, del 29 de mayo de 1998, “CORTEL” se transformó en “Correos de
Costa Rica, S.A”, adquiriendo la naturaleza jurídica de empresa pública y, por tanto,
regida por el derecho privado y no por el público. Por ende, no es procedente el
reconocimiento de horas extra laboradas ya que la jornada de trabajo que tiene la señora
Salas Meléndez –sea de 48 horas semanales– se encuentra dentro de los parámetros
permitidos por la legislación laboral. Arguye, además, que esa variación es una facultad
del patrono en aplicación del ius variandi (folios 11 a 13). El juzgador de primera
instancia declaró sin lugar las pretensiones de la demandante y condenó a la actora,
pero por error se consignó en la parte dispositiva a la demandada, “Correos de Costa
Rica, S.A”, al pago de ambas costas de la acción, fijando las personales
prudencialmente en la suma de cincuenta mil colones, al considerar que no se estaba
en presencia de un ius variandi abusivo ya que el patrono, tiene la potestad de dirección
y organización de su empresa, de acuerdo a las necesidades de la misma, donde se
incluye la modificación de la jornada dentro de los límites legales. Consideró, además,
que la jornada laboral, ordinaria diurna, que la actora cumplía se encontraba dentro de
la permitida por el artículo 136 del Código de Trabajo y por ende no puede ser
considerada como extraordinaria, pues no cumple con lo dispuesto en el numeral 139
de ese mismo cuerpo legal (folios 26 a 30). El tribunal, conociendo de los recursos
presentados por ambas partes, revocó el fallo impugnado y declaró con lugar la


demanda. Condenó a “Correos de Costa Rica, S.A” a dejar sin efecto la modificación de
la jornada semanal de 48 horas impuesta a la actora restableciéndola en 40 horas
También dispuso que se le pagaran las 8 horas semanales laboradas como parte de
una jornada ordinaria, desde el 28 de agosto de 1998 hasta la reubicación de la actora
en la jornada para la que fue contratada. Asimismo, declaró que debía pagarle las
diferencias existentes en vacaciones y aguinaldo, producto del reconocimiento de las
ocho horas ordinarias por semana, los intereses legales sobre las sumas adeudadas,
desde el momento en que debieron ser canceladas y hasta su efectivo pago y ambas
costas de la acción, fijando las personales en un veinte por ciento de la condenatoria
(folios 54 a 61)

II. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LAS PARTES: Se alzan, ante la Sala, ambas partes
contra la sentencia N° 111, de las 19:10 horas del 16 de marzo de 2004, del Tribunal
Superior de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José. La
parte actora, se muestra inconforme con el fallo recurrido por cuanto, a su juicio, las
ocho horas semanales que le fueron aumentadas en su jornada laboral deben
considerarse extraordinarias y no ordinarias como dispuso el tribunal. En virtud de lo
expuesto, solicita que esas horas se tengan como extraordinarias por lo que su pago
debe ser calculado a tiempo y medio. La parte demandada, también reprocha el fallo
del tribunal. Sus motivos de agravio son: A) Que el artículo 19 del Código de Trabajo,
estipula que las relaciones laborales deben cumplirse al amparo del principio de buena
fe y que un sector importante de la Sala ha considerado que un trabajador que por años
calla una situación que se supone lesiva de sus derechos lo hace con el único objeto de
cobrar más prestaciones o indemnizaciones al patrono, lo que es inadmisible en general
Señala que, en el caso de marras, la actora no reclamó administrativamente el supuesto
perjuicio que le supuso el cambio de jornada, sino que dejó pasar los años para
presentar la demanda, lo que evidencia su mala fe procesal. B) Que el salario mensual
conlleva el pago de todos los días del mes calendario, a diferencia del llamado “salario
semanal” donde no se pagan feriados ni días de descanso semanal (artículo 152 del
Código de Trabajo). Ese salario –indica– paga la jornada ordinaria que el patrono fije de
acuerdo a sus necesidades, siempre y cuando se encuentre dentro de las 48 horas
semanales diurnas que disponen los numerales 58 de la Constitución Política y el 136
del Código de Trabajo. Por ello alega que, en el salario que se le cancelaba a la
accionante se encuentra incluida la jornada del día sábado y consecuentemente no
procede la condenatoria al pago de ese día pues, a su juicio, constituiría un doble pago
C) Que la sentencia adolece del vicio extra petita ya que la actora solicitó, en su
demanda, el pago de las ocho horas semanales laboradas los sábados como jornada
extraordinaria. De tal manera que no podía el tribunal concederlas a título ordinario (o
sea, a tiempo sencillo), pues si su apreciación era que no procedían a tiempo y medio,
debió confirmar la sentencia de primera instancia que las denegó. Al no hacerlo así,
dice, incurrió en el vicio extra petita. D) Solicita que se admitan los documentos que
presenta, donde se demuestra el pago de las prestaciones legales que se le hizo a la
actora mediante resolución de Gerencia General de las 9:00 horas del 15 de abril del
2000, donde se le cancelaron sus derecho adquiridos y que, después de ese pago, que
envuelve rompimiento del contrato de trabajo, la actora siguió laborando con un nuevo
salario con lo que se demuestra la mala fe de la actora, porque se liquidaron los
derechos que tenía originalmente y no lo dijo, y, E) Que se exima a su representada del
pago de ambas costas de la acción. Con base en lo expuesto, pide que se revoque la

sentencia recurrida para en su lugar confirmar la sentencia de primera instancia,
condenando a la actora al pago de ambas costas de la acción, fijando las personales en
un 25% de la absolutoria

III.- SOBRE EL “IUS VARIANDI”: En el caso sub exámine, nos encontramos en
presencia, sin lugar a dudas, de la figura jurídica del “ius variandi”. Al respecto, la Sala
en el voto N° 567, de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2002, indicó

“Con esa locución latina, se denomina genéricamente la facultad jurídica que tiene el
empleador, para poder modificar, legítimamente y en forma unilateral, las condiciones
de la relación laboral, en el efectivo ejercicio de sus propias potestades de mando, de
dirección, de organización, de fiscalización y de disciplina, que se le confieren, de
principio, ante el innegable, por necesario, poder directivo del cual goza dentro de la
contratación”

Esas facultades pueden ser ejercidas por el patrono, siempre y cuando las medidas que
tome no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato y menoscaben los
beneficios del trabajador. Por ello, si se ejerce esa potestad de manera abusiva o
arbitraria en su perjuicio, éste podrá romper justificadamente el contrato de trabajo que
los une dando una especie de despido indirecto (en ese mismo sentido se emitieron los
votos N°s. 516, de las 10:20 horas del 29 de agosto; 586, de las 9:30 horas del 28 de
setiembre, ambos de 2001; y, 103, de las 14:45 horas del 13 de marzo de 2002). En
otras palabras, ese poder patronal de “cambio” es limitado, ya que las variaciones que
realice no deben alterar sustancialmente el contrato de trabajo ni deben ser arbitrarias
en perjuicio del trabajador. De manera que, “para que sea lícito cualquier acto decidido
unilateralmente por el empresario, cuando modifique las condiciones contractuales,
debe estar ineludiblemente inspirado en imperativos de la producción y en las
necesidades de la empresa. El patrono no es sino el director de la industria, pero en
beneficio de la producción, a la cual se encuentra a su vez subordinado. Sería
despotismo todo criterio unilateral no basado sino en la conveniencia personal y
subjetiva del empresario. De ahí que, si bien éste cuenta con facultad de disponer la
forma, tiempo, modo y lugar en que cumplirá las tareas el personal, siempre será con la
condición de que no se alteren formas substanciales de las prestaciones primitivas, y
con respeto de las características esenciales del contrato de empleo. Si la modificación
es arbitraria, puede causar injuria para los intereses del trabajador y autoriza a éste a
colocarse en situación de despido injusto” (CABANELLAS de TORRES, Guillermo
Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, tercera edición, Editorial
Heliasta, S.R.L., 1.992, p. 625)…”. Este criterio doctrinal resulta aplicable a las
relaciones existentes en las denominadas empresas públicas, como es el caso de
“Correos de Costa Rica, S.A”. De ahí que, si la empresa modificó las condiciones del
contrato de trabajo de sus empleados, tuvo que basarse en una verdadera necesidad
que justificara la medida con miras al mejoramiento del servicio que presta. Pues, a la
postre, serán los propios ciudadanos quienes se vean beneficiados con una ampliación
de la jornada original, en este caso, en los departamentos postales del país, que implica,
a su vez, un mejor servicio con un horario de atención acorde con las necesidades del
usuario. Esa “motivación” –de que los cambios se encuentran ajustados a derecho (no
superan la jornada ordinaria semanalmente permitida) y a las necesidades imperiosas
y no caprichosas del servicio–, configura una garantía más del debido proceso, pues de


lo contrario se estarían quebrantando los derechos fundamentales de los trabajadores
(véase el voto de la Sala Constitucional N° 3345, de las 9:15 horas del 5 de julio de
1996). Sin embargo, como es lógico, cada situación exige un estudio independiente,
pues la materia impide establecer reglas rígidas; dado que el derecho laboral se torna
flexible sin perder la finalidad de buscar el equilibrio entre los derechos de las partes
contratantes y la paz, por ello, se presentan cada vez más situaciones con
características especiales y, en atención a ellas, habrá de resolverse el caso particular
siendo el juzgador (a) en última instancia, si las partes no logran ponerse de acuerdo,
quienes decidan las diferencias con criterios de equidad y justicia, dentro del marco legal
vigente en cada momento histórico y conforme a la situación fáctica que se acredite en
el proceso

especial judicial de la empresa accionada alega, entre otras cosas, que el aumento de
la jornada laboral de la actora se encuentra ajustada a derecho, debe resolverse primero
sus agravios ya que, de ser ciertos sus argumentos, doña Carmen Julia Salas no tendría
derecho al pago del aumento de su jornada semanal en ocho horas ni en forma ordinaria
como lo resolvió el tribunal (a tiempo sencillo) ni extraordinariamente como se solicito (a
tiempo y medio). a) Respecto al agravio esgrimido por el recurrente de que la actora no
reclamó administrativamente el supuesto perjuicio que le supuso el cambio de jornada,
sino que dejó pasar el tiempo para presentar la demanda, lo que evidencia su mala fe
procesal. Debe indicarse que los derechos que aquella reclama son irrenunciables y
mientras la relación laboral subsista no corre la prescripción y, una vez que se extingue
dicha relación, tiene 6 meses para interponer las acciones legales que considere
pertinente (artículo 602 del Código de Trabajo). De tal manera que, el hecho de que la
señora Salas Méndez no hubiese accionado con anterioridad, no demuestra que sea
una litigante de mala fe. Es de mala fe, por el contrario, que el empleador bajo ese
argumento pretenda impedir que el o la trabajadora procure que se le reconozcan
derechos laborales que cree poseer. Por lo tanto, no puede ni debe tomarse como
parámetro para endilgarle a la parte trabajadora, que es la más débil dentro de esta
relación, una actuación indebida o de mala fe porque reclama contra las acciones
patronales que pueda perjudicarle. Ese criterio es atentatorio contra el principio de
acceso a la justicia y por lo tanto no es de recibo. b) En cuanto al salario, lleva razón el
representante de la accionada cuando afirma que en el caso de salarios fijados al
trabajador en forma “mensual” debe entenderse implícito el reconocimiento monetario
de todos los días del mes candelario que implica el pago de la jornada ordinaria y
semanalmente acordada, así como del día o los días de descanso semanal que forma
parte de los parámetros del contrato (de servicios públicos en este caso). Sin embargo,
esa conclusión no es suficiente para acoger en su totalidad el agravio de cita, ya que al
iniciarse la relación laboral patrono y trabajador deben convenir, entre otras cosas el
salario y la jornada de trabajo (artículo 24 del Código de Trabajo), salvo que por
disposición legal, reglamentaria o de otro tipo esté fijada la jornada diaria o semanal en
menos horas como ocurrió en el caso de estudio donde la actora tenía la obligación de
laborar únicamente 40 horas por semana, de lunes a viernes, y disfrutaba de dos días
de descanso semanal, sea los días sábado y domingo, que obviamente, por tener un
salario mensual ambos días de descanso semanal eran pagados a salario sencillo
Respecto a la jornada semanal, que es la que nos interesa, por regla general no debe
sobrepasar las 48 horas ordinarias semanales en el caso de la jornada diurna ordinaria

(artículo 136 ibidem) ya que aquellas horas efectivamente laboradas, que NO sean para
enmendar errores atribuibles al trabajador, que sobrepasen ese límite deben ser
consideradas extraordinarias y, por lo tanto, su pago debe ser con un cincuenta por
ciento adicional al salario ordinario –entiéndase a tiempo y medio– (artículo 139 ibidem)
En casos como el de la actora que fue contratada bajo la regulación del Estatuto de
Servicio Civil y normativa interna (Ley que crea la Dirección Nacional de
Comunicaciones y Timbre de Comunicaciones, No. 5870, de 11 de diciembre de 1975
Ley que confiere personalidad jurídica al Patronato de Comunicaciones, No. 6748, de
27 de abril de 1982; Los artículos 333 al 368 del Código Fiscal, Ley No. 8, de 31 de
octubre de 1885; La Ley de Jubilaciones y Pensiones de Comunicaciones, No. 4, de 23
de setiembre de 1940; El Reglamento Interior de Servicio Postal, No. 31, de 8 de julio
de 1921) esta tenía la obligación de laborar únicamente 40 horas por semana, por el
salario que percibía hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley que reguló la actuación
administrativa, entre otras, de la aquí accionada. Con la transformación de esta
empresa, mediante Ley N° 7768 de 24 de abril de 1998, no se obligó al aumento de la
jornada sino que ésta fue una decisión de las nuevas autoridades las que optaron por
variar las condiciones del contrato, aumentando la jornada semanal en 8 horas, pues de
laborar de lunes a viernes pasó a dar servicios también los sábados. Esa decisión se
hizo sin consulta previa (al menos no consta ese hecho) por lo que fue impuesta. Si bien
es cierto, el artículo 8 de la Ley N° 7668 del 24 de abril de 1998, le da competencia a la
Junta Directiva para definir políticas en materia de personal, también lo es que esas
potestades son limitadas por derechos preexistente de los trabajadores que podrían ser
modificados sólo con la anuencia de éstos o previa indemnización como ocurrió con los
rubros de según finiquito relativo al pago de prestaciones en cuanto a rubros relativos a
anualidades, carrera profesional, y dedicación exclusiva y prohibición, según el caso al
que se refiere el documento visible a folios 84 a 86 de los autos. Decisión de la Junta
Directiva que se hizo con aprobación de la Contraloría General de la República y
aceptación de la aquí actora, que en modo alguno comprende el objeto de este proceso
Queda claro, en los autos, que las modificaciones a los derechos adquiridos y que fueron
indemnizados, tenían la finalidad de sujetar la relación laboral con la actora, entre otros,
a las nuevas condiciones como trabajadora de una empresa pública regida ya no por
normas estatutarias sino de orden privado, como es el Código de Trabajo. Esa situación
fáctica, no garantiza el derecho del empleador a realizar cambios sustanciales como fue
el aumento de la jornada sin incrementar el salario respectivo; resultando injusto y
contrario a equidad que mantuviera el mismo monto mensual que percibía la actora al
realizarse el cambio antes señalado, porque éste correspondía a una jornada de 40 y
no de 48 horas por semana. De manera que, lo justo y equitativo, es que se diera una
retribución adicional ordinaria por el aumento en 8 horas de la jornada semanal mientras
estas condiciones no varíen. O sea, que la accionada, como lo ordenó el tribunal debe
restituir el derecho de la actora a disfrutar como descanso semanal el día sábado, como
derecho adquirido, porque éste no fue indemnizado mediante el finiquito firmado el 15
de abril del año 2000 (folios 85 y 86). A mayor abundamiento, véase que el documento
visible a folio 84 de los autos, indica un salario mayor al que se le venía pagando a la
actora antes de enero del 2000, mismo que tampoco cubre el aumento de la jornada,
sino que el mismo viene a retribuir en alguna medida la renuncia a derechos adquiridos
que hizo la actora de “pluses” en su salario tales como anualidades, carrera profesional
y dedicación exclusiva. Ese salario de ¢114.000, según se desprende del documento a
folios 85 y 86, fue condicionado a la renuncia de los citados derechos, por lo que no es

cierto lo que afirma el recurrente, que ese monto cubre la nueva jornada y menos aún
que su vigencia fuese a partir del 28 de agosto de 1998. c) Alega el recurrente, que el
tribunal incurre en el vicio ultra petita al concederle a doña Carmen Julia Salas, el pago
de las ocho horas solicitadas pues ella las pidió en su demanda como extraordinarias y
no como ordinarias. Este agravio debe rechazarse. Consta en autos, que la actora en
su demanda, solicitó expresamente que: “…se me cancelen los montos que por
concepto de horas extraordinarias laboradas me corresponden, a partir del 28 de agosto
de 1998 y a futuro sin necesidad de nueva gestión en tal sentido, producto de la
modificación unilateral de mi relación de trabajo” (folio 2). De la anterior se colige que la
señora Salas Meléndez solicitó el pago de esas ocho horas en que se aumentó su
jornada, sólo que éstas las pide a tiempo y medio y el tribunal se las concedió a tiempo
sencillo, o sea calculando éstas como ordinarias, por lo que en el fondo no se varía el
motivo de la petitoria. Por las razones expuestas, el agravio que se analiza carece de
sustento fáctico. d) Finalmente, en cuanto al pago de los derechos adquiridos en el año
2000, cabe indicar lo siguiente. El 15 de abril del 2000, ambas partes suscribieron el
denominado “Finiquito de Pago de Derechos Adquiridos entre Correos de Costa Rica,
S.A y Carmen Julia Salas Meléndez” (folios 85 y 86). Este documento, tuvo como
antecedente el Acuerdo N° 500, tomado en la Sesión N° 86, del 23 de agosto de 1999,
donde la Junta Directiva de “Correos de Costa Rica, S.A” aprobó un nuevo Manual de
Puestos de la empresa, cuya implementación conlleva a una nueva escala salarial
También quedó acreditado que en el acuerdo N° 701, tomado en la Sesión N° 122,
celebrado el 17 de enero de 2000. Dicha Junta Directiva acordó aplicar la nueva escala
salarial a los trabajadores de la empresa, con vigencia al 01 de enero anterior. Dicho
acuerdo establece: “a- la aplicación de la escala salarial está condicionada a que cada
trabajador firme un finiquito de pago (liquidación) de las prestaciones laborales en
cuanto al rubro de derechos adquiridos (anualidades, carrera profesional, dedicación
exclusiva y prohibición), y b- en caso de que el trabajador no acepte la liquidación, se
procederá a congelar el salario que actualmente devenga sin aplicársele el establecido
en la nueva escala salarial con el fin de evitar distorsiones en los niveles de puestos,
hasta el momento en que ambos montos se equiparen” (véase resultando 2° de dicho
finiquito a folio 85). También se indicó que la liquidación no implicaba, de modo alguno,
que el trabajador perdiese su antigüedad (tiempo laborado) ni la continuidad de la
relación laboral (considerando tercero). De ahí que, evidentemente, existe una intención
por parte de la accionada de confundir a los juzgadores porque lo que se liquidó, en
virtud de ese documento, fueron algunos de los derechos adquiridos: anualidades,
carrera profesional, dedicación exclusiva y prohibición, todo ello con el fin de poder
reubicar al trabajador (a) dentro del manual de puestos que se implementó y, pagarles
conforme a la nueva escala salarial allí acordada. Como puede verse, no se indemnizó
por el aumento en la jornada laboral que le impidió continuar disfrutando de un descanso
semanal de dos días (sábado y domingo) y en consecuencia el derecho reclamado debe
tutelarse en esta vía. Nótese que de los documentos visibles de folios 84 a 85, se
desprende con meridiana claridad que el aumento de salario que se dio a partir de enero
del año 2000 sólo vino a retribuir el cese del pago de los derechos adquiridos por
anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva, aumento salarial que
precisamente fue condicionado por la accionada a la aceptación por parte de la
trabajadora de la suspensión de pago de los citados pluses. Por lo tanto, el argumento
esbozado en este punto del recurso no sólo carece de sustento en el documento que se
apoya sino que, además, evidencia una mala fe procesal del recurrente, porque tiende

a confundir a esta Sala, en aras de desatender la obligación que tiene de retribuir a la
actora por el aumento de la jornada que le aplicó. Según queda expuesto supra. e)
Sobre las costas: Reprocha la condenatoria en costas por estimar que la demanda es
improcedente. Este motivo no es atendible porque a la actora le asiste parcialmente el
derecho reclamado y además la actuación procesal de la accionada no permite
considerarla litigante de buena fe, por lo que no se dan los supuestos de hecho previstos
en los artículos 494 del Código de Trabajo y 221 del Código Procesal Civil

V. DE LOS AGRAVIOS DE LA ACTORA: Esta pretende que el pago de las 8 horas en
que se aumentó su jornada sea a tiempo y medio y no a tiempo sencillo como lo dispuso
el tribunal. Por las razones expresadas en el considerando V, este agravio no es de
recibo, toda vez que lo justo y equitativo es obligar a la accionada, como con acierto lo
hizo el tribunal, a pagar a tiempo sencillo el aumento de la jornada que implicó para la
petente la pérdida de un día de descanso semanal, mismo que se entiende cancelado
a tiempo sencillo con el salario mensual y en consecuencia, por haberlo tenido que
laborar desde agosto de 1998 en adelante se le debe retribuir con un salario adicional
que corresponde justamente a esas ocho horas que labora de más y no como con un
salario y medio como se pretende

VI. CONSIDERACIONES FINALES: Al tenor de lo expuesto, se debe confirmar la
sentencia recurrida por estimar que se ajusta a derecho y al mérito de los autos,
resultando inatendibles los recursos de ambas partes


Se confirma la sentencia recurrida


Orlando Aguirre Gómez

Zarela Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría

Julia Varela Araya Rolando Vega Robert


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