Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Responsabilidad Administrativa

Palabras Clave: LGAP, Responsabilidad, Criterios de impugnación, Nexo causal, Indemnización

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 09/09/2020

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
5. No hay responsabilidad municipal por permisos de construcción y daños a terceros ... 16


RESUMEN

La presente reseña trata el tema de la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita,
cita los artículos 194 y 195 y variada jurisprudencia con temas como: responsabilidad patrimonial,
el funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, el nexo entre acción e indemnización,
la responsabilidad municipal, procedimiento disciplinario, entre otros


 NORMATIVA


Artículo 194.-

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento
normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma
especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la
lesión

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su
pago, pero no el lucro cesante

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que
sean especiales de conformidad con el presente artículo


Artículo 195.-

Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial
en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario
al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba
expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso


JURISPRUDENCIA


1. Procedimiento no suficiente para reclamo de responsabilidad patrimonial


Extracto de sentencia

"VI. [...] En tesis de principio, la apertura y tramitación de un procedimiento
administrativo responde al funcionamiento normal de la Administración, el cual, todos
los funcionarios públicos están obligados a soportar. El mero procedimiento no se
configura como causa suficiente para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial,

ello, únicamente acontece cuando en el caso concreto concurren los supuestos
establecidos en el precepto 194 de la LGAP (intensidad excepcional de la lesión y
pequeña proporción de afectados) y respecto de las cuales no consta en autos pruebas
o indicios. Por otra parte, el tiempo trascurrido desde su inicio hasta el dictado del acto
final, tampoco acreditan la afectación anímica reprochada, pues como bien analizaron
los Jueces en el Considerando VI.IV del fallo, la dilación del procedimiento se justificó
en la concurrencia de diversas causas (interposición de un Recurso de Amparo y
diferentes incidencias presentadas por las partes), al punto que los alegatos respecto a
la caducidad del procedimiento y la prescripción de la potestad disciplinaria fueron
denegados en sentencia. En esos términos los reparos quinto y décimo deberán
acogerse"


2. Funcionamento legítimo o ilegítimo, normal o anormal


Extracto de sentencia

Sección del Tribunal, en sentencia n.° 92-2016-V, de las quince horas del treinta de
agosto del dos mil dieciséis, desarrolló el tema de la Responsabilidad Objetiva de la
Administración. Al respecto se indica que al amparo del numeral 190 de la Ley General
de la Administración Pública, la Administración es responsable por su funcionamiento
legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el
legislador no es simplemente a los actos, sino que trasciende al funcionamiento
administrativo (artículo 49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier
forma de manifestación de voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que
engloba además, a la disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad
dicha, se enmarca, por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que
engloba en su fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio
en la ecuación patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación
indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública
como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista
produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad
misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la
calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada
en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro
subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se
refiere). Esto ocasiona, sin duda, un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya
que habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal
o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no tenga el deber de
soportar, ya sea patrimonial o extra patrimonial, con independencia de su situación
jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro
está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. Sobre el tema, véase el
extenso desarrollo realizado en la resolución no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11
de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este
plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así
como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el
funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias

que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que
supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el
segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la
responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley
General de la Administración Pública). Por su parte, en la conducta ilícita y el
funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. Con todo, ante esos criterios de
imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u
omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de
responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello, en los casos de
anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del funcionamiento público,
a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la
legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. En tales
casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de esos criterios, pues de
otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser diferente, atendiendo al tipo
de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen como causas eximentes de
tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor
Empero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el efecto liberatorio de tales
circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que solo podrá llegar a producir
un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad administrativa. De nuevo, la
concurrencia de esos aspectos incumbe a la Administración. Este deber compensatorio
subsiste incluso ante los daños ocasionados a raíz de las faltas cometidas por sus
funcionarios o servidores, durante el desempeño de sus deberes o en ocasión del cargo
que ocupan. En efecto, el canon 191, en relación al 199, ambos de la Ley General de la
Administración Pública, refieren al Estado la responsabilidad objetiva por las acciones u
omisiones de sus funcionarios, cuando se hayan valido del cargo o de los medios que
este les proporciona, para causar un efecto dañoso en la esfera jurídica de un tercero,
que no se tiene el deber de soportar. En ese tanto, esos medios o instrumentos son vías
de ocasionalidad causal que dan paso a la responsabilidad, por la vinculación modal,
instrumental o indirecta con el servicio. Cabe destacar que este deber indemnizatorio se
fundamenta, además, en el concepto de antijuridicidad de base, traducible en la
inexistencia del deber de soportar la lesión. Más simple, siempre que se haya sufrido
una lesión como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que
la víctima no tiene la obligación de soportar, surge el deber indemnizatorio como
derivación de la máxima de reparación integral del daño que se desprende del numeral
41 de la Constitución Política. De ahí que, dentro del espectro de cobertura de este
sistema de responsabilidad, se encuentren comprendidos los daños que puedan
ocasionarse de un funcionamiento normal o bien de una conducta lícita, pues en tales
casos, pese a que, en tesis de principio, el proceder público se ajusta a legalidad o bien
a las reglas de eficiencia que lo orientan, si se produce un efecto lesivo que la persona
no tiene el deber de soportar, ha de ser indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis
el daño ha de ser especial (infringido a una pequeña proporción de afectados) o anormal
(sea, de un alcance excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales
de tolerancia), dando pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las
reglas dispuestas por los artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración
Pública. Con todo, cabe indicar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que
el Ordenamiento Jurídico considere antijurídico en su base. En efecto, sólo es
indemnizable la lesión que confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda
reputarse como antijurídica en su base; lo contrario llevaría, a decir de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia a afirmar la compensación por acción dañosa frente a
un menoscabo que el Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y
consciente como normal y justificado, lo que llevaría a una inminente quiebra del Estado,
que en el contexto nacional, se encuentra vinculado directa o indirectamente con un
gran número de áreas de acción. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de
base siempre que un mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión
contraria a derecho que la víctima no deba soportar, al margen del parámetro de

imputación. Aún lo indicado, cabe destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo
aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. La amplitud del marco de tutela del
sistema de responsabilidad objetiva de la Administración no es óbice del deber de
acreditar que el daño es consecuencia de un proceder público. A su vez, debe
demostrarse el marco fáctico a partir del cual, es viable desprender la lesión a los bienes
extra patrimoniales. No basta alegar la existencia de padecimientos internos, debe
demostrarse al menos, los hechos que, en teoría, han originado tal detrimento. Ello viene
como derivación del principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41.1 del
Código Procesal Civil, al establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de
probar los hechos constitutivos de aquel. No se trata de una inversión de la carga
probatoria en una materia que se sustenta en la reparación integral del daño y tiene
como pilares el daño y el riesgo creado, sino de la comprobación mínima de los criterios
de imputación y hechos que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la
atribución de responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El
ordinal 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las
finalidades del proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera
medios de prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho
oponible a un tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de
acreditar los fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia
misma de la lesión. Lo anterior sin perjuicio de aquellos casos en que el padecimiento
surge como consecuencia lógica de un proceder administrativo. Lo anterior deriva
además de lo preceptuado por el canon 196 de la Ley General de la Administración
Pública, en cuanto señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo,
evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.” La efectividad del
daño en un caso concreto pende, de manera directa, de la demostración del nexo de
causalidad, que permita vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una
Administración Pública. Por otra parte, resulta determinante establecer, el daño solo
podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la
posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su esfera vital
Desde este plano, solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la
indemnización. Para ello, es cada tipo de daño el que determina la posición de víctima
y, por ende, define quien se encuentra amparado por el Ordenamiento Jurídico para
pretender su reparación. Ergo, el reclamo no sería de recibo si es promovido por
personas que no han recibido el daño reclamado de manera inmediata. Se trata de una
vinculación subjetiva en el marco de la responsabilidad aludida que permite concretar
de manera efectiva el postulado de reparación integral que subyace en el canon 41 de
la Constitución Política. Si el resarcimiento ante una lesión que no se tiene el deber de
padecer se erige como un derecho de la víctima, pues solo ella puede peticionarlo, sin
perjuicio de la eventual transmisibilidad de ese derecho que en supuestos concretos
pueda darse (v.gr. vía mortis causa). Ello es determinante de examinar, dado que, de
otro modo, se cohonestarían indemnizaciones a quienes no tienen esa vinculación
subjetiva con el efecto lesivo. De igual modo, dentro de este esquema general, cabe
indicar que la acción indemnizatoria que se busca cargar a la Administración Pública se
encuentra sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años. El daño indemnizable puede
ser diversos tipos, bien puede ser material, corporal, moral objetivo o moral subjetivo
Sin embargo, se insiste que la lesión debe contar con esas características como
condicionante de su reparabilidad. Cabe señalar en este punto que, como derivación de
la carga dinámica de la prueba, corresponde a la víctima demostrar la existencia y
cuantía de los daños que recrimine. Este deber resulta impostergable y constituye un
presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación. Establecido este marco
general, es menester abordar el examen del presente caso

VII. SOBRE EL CASO CONCRETO. Para demostrar su teoría del caso, la parte
accionante aportó con su demanda, en esta sede varias fotografías, donde es posible
apreciar unas torres de una considerable altura, por las cuales pasan unos cables

eléctricos. A la vez, es posible visualizar unas edificaciones sobre las que pasan
tendidos eléctricos. De igual modo, fue allegado a los autos un documento titulado
“estudio de mercado”, suscrito por el arquitecto Johanny Aguirre Meza, que detalla
alguna información relacionada a 4 propiedades en las que se indica el número de finca,
la medida, la dirección y el precio, así como un teléfono. También consta un documento
titulado “desglose de cotización de 1250 m2, de una propiedad de Inmobiliaria Zar”, sin
indicar el número de finca al que corresponde. Aunado a la anterior prueba documental,
constan también unos planos de un anteproyecto de un condominio vertical horizontal
denominado Residencial La Uvita. Igualmente, las constancias registrales de la finca
149434-000 y su plano catastrado. A la vez, un documento de la Municipalidad de San
José, de solicitud de uso de suelo. Finalmente, fue traído a los autos el testigo perito,
Johanny Aguirre Meza en el juicio oral y público, quien indicó en su declaración, bajo
juramento, que la sociedad accionante le solicitó la elaboración de un anteproyecto para
un desarrollo inmobiliario en la propiedad, que procedió a realizar y por el que recibió
una remuneración. De igual modo, manifestó que solicitó un uso de suelo en la
Municipalidad de San José. Fue enfático al indicar, que por cuestiones éticas, su
recomendación a la sociedad actora, fue no hacer los planos constructivos, ni continuar
con el proyecto, dadas las condiciones del inmueble, al existir el cableado eléctrico que
impedía construir el anteproyecto que elaboró. Por su parte, en la contestación de la
demanda, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ofreció como prueba documental en
un disco compacto el expediente administrativo que contiene el reclamo hecho por el
accionante en sede administrativa. A la vez, ofreció la declaración de Luis Fernando
Andres Jacome, quien labora para la entidad y conocía del caso bajo examen. Dicho
testigo perito le manifestó al Tribunal que el cableado que pasaba sobre la propiedad de
la entidad jurídica accionante data desde mediados y finales de la década de los años
cincuenta, aproximadamente. A la vez mencionó que cuando la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz llevó a cabo el levantamiento del cableado, lo que existía en ese momento
eran cafetales. Explicó también, que ante la gestión de la sociedad accionante los cables
fueron removidos entre marzo y abril del año dos mil dieciocho. A la vez indicó, que la
sociedad actora había podido hacer construcciones en el inmueble, aun existiendo los
cables. Analizada la prueba documental y la evacuada en el juicio oral y público, para
resolver la presente causa, se debe tener presente que no es un hecho controvertido
que en la propiedad de la parte actora pasaban las líneas de transmisión eléctrica
levantadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Tampoco no es refutado, que la
parte actora había hecho una construcción con anterioridad en el inmueble bajo examen,
pues así lo indica en el hecho segundo de su demanda. A su vez en la demanda a los
efectos de cobrar el daño moral subjetivo que reclama hace referencia que la Familia
Zamora Hidalgo y sus hijos viven en el sitio. La existencia de construcciones en el sitio,
también lo confirmó el testigo perito Luis Fernando Andres Jacome. Por otro lado, de
acuerdo con la prueba material allegada a los autos, el Tribunal pudo constatar que la
sociedad anónima accionante adquirió el bien inmueble en estudio, desde el veinte de
julio del año dos mil siete. Con base en lo expuesto con anterioridad, procede analizar
si le corresponde a la parte accionante la indemnización que solicita. Sobre este punto
en cuestión, la pretensión es muy clara y concreta en establecer un espacio temporal
en el que considera se vio afectado el uso, goce y disfrute de la propiedad privada, que
va desde julio del año dos mil siete al momento en el que fuera desmantelada la
instalación, hecho que ocurrió, según lo narró el testigo perito Luis Fernando Andrés
Jacome, entre marzo y abril del año dos mil dieciocho. De ese modo, el Tribunal debe

dilucidar si dentro de ese período, la sociedad actora vio afectado su derecho de uso,
goce y disfrute de la propiedad que adquirió, con motivo de la existencia del tendido
eléctrico que existía y si esto le produjo un daño que deba ser indemnizado. Para valorar
si imperó esa afectación, que es la causa eficiente del daño que se reclama, se deben
tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es la prexistencia del cableado y la
situación que había en el momento que fueron levantadas las líneas de transmisión, que
como lo narró el testigo perito Luis Fernando Andrés Jacome, en la década de los
cincuentas al momento de levantar el tendido eléctrico lo que existían eran fincas de
café. En segundo término, cuando la sociedad accionante adquirió el inmueble bajo
examen, ya los cables se encontraban sobre el terreno. En tercer lugar, es menester
indicar, que, si bien no se puede precisar con exactitud la fecha, en el inmueble en
cuestión, habían sido construida otra edificación. Estos tres aspectos resultan de suma
relevancia, pues inciden en la determinación de la existencia real y efectiva de una
afectación al uso, goce y disfrute de la propiedad del actor, que la teoría del caso de la
parte actora pretende traducir en un daño indemnizable. Para el Tribunal la alegada
afectación no existe, pues de acuerdo con la prueba que consta en los autos, no es
hasta casi nueve años después de haber adquirido la propiedad bajo examen, que la
entidad jurídica demandante presentó una gestión relativa a la existencia de los cables
Tal y como consta en el expediente administrativo, el día veintiocho de abril del año dos
mil dieciséis, la sociedad actora solicitó formalmente, ante la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz la remoción del tendido o una expropiación, la constitución de una
servidumbre de paso eléctrico con la correspondiente indemnización. Lo anterior denota
que en el transcurso de todos esos años la parte actora no realizó ningún tipo de gestión,
por lo que no existió perturbación en el uso, goce y disfrute de su propiedad que le
causara un daño que resulte palpable, real, efectivo, evaluable e indemnizable dentro
de ese período mencionado. A mayor abundamiento, según se desprende del hecho
segundo de su demanda, en la propiedad existían ya existían edificaciones. También,
existían personas habitando el inmueble, pues en su demanda hace mención al hecho
de que la Familia Zamora Hidalgo y sus hijos habitaban el lugar. Lo anterior es indicativo
para el Tribunal, que su derecho de uso, goce y disfrute de la propiedad, no se vio
afectado, pues como se reitera tuvo la posibilidad de llevar a cabo las construcciones e
incluso que terceras personas habitaran el sitio. Este hecho lo confirmó también, el
testigo perito Luis Fernando Andres Jacome, quien refirió a la existencia de las
edificaciones en el terreno de la demandante. Ahora bien, en relación con los
acontecimientos del año dos mil catorce, referentes al supuesto proyecto inmobiliario
que fue truncado por el cableado de transmisión eléctrica, según la teoría del caso que
sigue la parte accionante, mediante la cual pretende acreditar la existencia una
afectación al ejercicio de sus derechos de uso, goce y disfrute de la propiedad, como la
causa del supuesto daño, para el Tribunal, acorde con la prueba que trajo al juicio la
accionante, la existencia de este daño no es real, efectiva e incluso individualizable. La
prueba encaminada a determinar este supuesto daño, no tiene la utilidad suficiente, que
le permita al Tribunal visualizar dicho daño y de ese modo poder declararlo como
indemnizable. Resulta de vital importancia a esos efectos demostrar que el proyecto era
viable y que se iba a desarrollar real y efectivamente. En tal sentido la prueba
documental denominada “estudio de mercado”, no da luz alguna a ese respecto, pues
lo que hace únicamente es detallar algunos datos como el número de finca, la medida,
la dirección y el precio, no obstante, resulta imposible, desprender la existencia de un
proyecto serio y concreto que se iba a desarrollar. Por otro lado, el documento titulado

“desglose de cotización de 1250 m2, ni siquiera indica el número de finca o al proyecto
en concreto al que hace referencia, que permita individualizarlo o relacionarlo siquiera
con el caso bajo estudio. Si bien se aportan unos planos de un anteproyecto y sus
dibujos, tampoco resulta una prueba útil que le permita al Tribunal tener por acreditada
la viabilidad real y efectiva del proyecto. Si bien en el juicio oral y público el testigo perito,
arquitecto Johanny Aguirre Meza indicó en su declaración, bajo juramento, que la
sociedad accionante le solicitó la elaboración de un anteproyecto para un desarrollo
inmobiliario en la propiedad, que procedió a elaborar y por el que recibió una
remuneración, como se indicó anteriormente, esto tampoco es suficiente para demostrar
la existencia y viabilidad de un proyecto de tal magnitud. Si bien el testigo Aguirre Meza
mencionó haber recibido una remuneración por sus servicios, ni siquiera constan las
facturas que demuestren el pago y el monto de los mismos, pues acorde con el régimen
arancelario del Colegio Profesional respectivo, podrían dar un indicio relacionado con el
valor de la obra, que permita concluir que se iba a concretizar en la realidad. Tampoco
la solicitud de uso de suelo, aportada como prueba documental, aunque podría ser un
indicio, en el análisis de la magnitud y existencia real y efectiva del desarrollo inmobiliario
que se pretende demostrar, en el caso de marras no tiene utilidad alguna. No ha sido
aportado al expediente aspectos relevantes, como lo son las fuentes de financiamiento
reales y concretas que se iban a utilizar para el supuesto proyecto, ni sus costos. En
definitiva, para el Tribunal existen muchas dudas en relación con la existencia de un
proyecto que fuera viable a desarrollar en el inmueble, la teoría del caso de la parte
accionante en este sentido no cuenta con los elementos probatorios materiales
suficientes que permitan hacer creíble la existencia de un proyecto inmobiliario que fue
truncado con la existencia de los cables, para que merezca la indemnización que se
pretende. Por lo expuesto, no se logrado acreditar de una manera fehaciente que la
sociedad accionante no pudo gozar o disfrutar del bien inmueble en cuestión, así como
la verosimilitud del proyecto que supuestamente iba a desarrollar."


3. Conducta licita o ilícita y el funcionamiento normal y anormal


Extracto de sentencia

"IV.- Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En el
marco del Estado Social de Derecho, el numeral 11 de la Carta Magna establece como
criterio rector del funcionamiento público el denominado principio de legalidad. Se trata
de una máxima que impone el sometimiento del Estado al Derecho, y en virtud del cual,
todo proceder público debe darse dentro del marco de juridicidad, entendido como el
conjunto de fuentes escritas y no escritas (según la escala jerárquica de las fuentes)
que regulan ese funcionamiento. La alusión al Estado, se hace en su dimensión amplia
(artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública y 1 del CPCA), esto es, el
conjunto de unidades que conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que
incluye, los órganos de relevancia constitucional, así como los entes descentralizados
Desde esa arista de examen, el canon 9 de la Constitución Política establece la cláusula


general de responsabilidad del Estado, norma que se constituye como una garantía de
base que permite a la persona que como consecuencia de una acción u omisión de un
centro de poder público que le ha ocasionado un efecto pernicioso que no tenga el deber
jurídico de soportar, exigir una reparación de ese efecto lesivo. Asimismo, encuentra
desarrollo y complemento en el principio de legalidad (artículo 11), equidad en la
distribución de las cargas públicas (ordinales 18 y 33), tutela de las situaciones jurídicas
y derechos consolidados (precepto 34), reparación integral del daño (artículo 41),
inviolabilidad de la propiedad privada (canon 45), tutela judicial efectiva (mandato 49),
máxima de solidaridad social (74 constitucional), responsabilidad del cargo presidencial
(148 ibidem), responsabilidad del Poder Judicial (154 y 166 ejusdem), responsabilidad
de las instituciones autónomas (numeral 188). Estas normas constituyen las bases del
referido sistema, que exige la reparación económica de las lesiones patrimoniales o
extrapatrimoniales ocurridas como derivación de conductas u omisiones públicas, que
la víctima no tenga el deber de soportar. Esta temática ha tenido un mayor desarrollo en
el caso de la responsabilidad de la Administración Pública, tema regulado en los
artículos que van del 190 al 213 de la Ley General de la Administración Pública (en
adelante LGAP) y con una amplia evolución en la jurisprudencia patria. Conforme a esa
normativa, la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo,
normal o anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es
simplemente a los actos, sino que trasciende al funcionamiento administrativo (artículo
49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación
de voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que engloba además, a la
disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca,
por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su
fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como el equilibrio en la ecuación
patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien
ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de
autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista produce a su vez,
una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona
la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta,
para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda
eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público
actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Sobre el tema, véase
el extenso desarrollo realizado en la sentencia No. 584 de las 10 horas 40 minutos del
11 de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este
plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así
como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el
funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias
que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que
supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el
segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la
responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la
LGAP). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la
responsabilidad es plenaria. Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de
acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de
establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de
autoridad pública. Aunado a ello, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha
de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente,

se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los
conceptos de eficiencia administrativa. En tales casos, resulta determinante inferir con
claridad la existencia de esos criterios, pues de otro modo, el tratamiento y análisis de
cada caso debe ser diferente, atendiendo al tipo de funcionamiento al que se atribuye
el detrimento. Surgen como causas eximentes de tal responsabilidad la culpa de la
víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor. Pero, en cada debate, el juzgador ha
de examinar si el efecto liberatorio de tales circunstancias es total o lo es solo parcial,
caso este en que solo podrá llegar a producir un efecto reductor en la responsabilidad
de la unidad administrativa. De nuevo, la concurrencia de esos aspectos incumbe a la
Administración. Cabe destacar que este deber indemnizatorio se fundamenta, además,
en el concepto de antijuridicidad de base, traducible en la inexistencia del deber de
soportar la lesión. Más simple, siempre que se haya sufrido una lesión como
consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que la víctima no
tenga la obligación de soportar, surge el deber indemnizatorio como derivación de la
máxima de reparación integral del daño que se desprende del numeral 41 de la
Constitución Política. De ahí que dentro del espectro de cobertura de este sistema de
responsabilidad, se encuentren comprendidos los daños que puedan ocasionarse de un
funcionamiento normal o bien de una conducta lícita, pues en tales casos, pese a que
en tesis de principio, el proceder público se ajusta a legalidad o bien a las reglas de
eficiencia que lo orientan, si se produce un efecto lesivo que la persona no tiene el deber
de soportar, ha de ser indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis el daño ha de
ser especial (infringido a una pequeña proporción de afectados) o anormal (sea, de un
alcance excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales de
tolerancia), dando pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las
reglas dispuestas por los artículos 194 y 195 de la LGAP. Con todo, cabe indicar que no
todo daño es indemnizable, sino solo aquel que el Ordenamiento Jurídico considere
antijurídico en su base. En efecto, sólo es indemnizable la lesión que confrontada con
la globalidad del Ordenamiento, pueda reputarse como antijurídica en su base; lo
contrario llevaría, a decir de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a afirmar
la compensación por acción dañosa frente a un menoscabo que el Ordenamiento no
reprocha y que, por el contrario, tolera y consciente como normal y justificado, lo que
llevaría a una inminente quiebra del Estado, que en el contexto nacional, se encuentra
vinculado directa o indirectamente con un gran número de áreas de acción. Dicho en
términos más simples, existe antijuricidad de base siempre que un mandato legal
establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la víctima no
deba soportar, al margen del parámetro de imputación. Aún lo indicado, cabe destacar
que solo es indemnizable el daño que sea efectivo, evaluable e individualizable. Ello
supone que, salvo norma legal en contrario, no son pasibles de reparación los daños
inexistentes o las meras expectativas de lucro. La lesión debe ser acreditada para poder
ser reparada, aspecto que ciertamente corresponde demostrar a quien reclama la
reparación. Esto viene determinado por los numerales 41.1 del Código Procesal Civil y
los ordinales 58 inciso c) en relación al 82, ambos del CPCA. Pese a la amplitud del
régimen objetivo, incumbe a quien reclama el daño, la demostración de la existencia de
un daño efectivo, evaluable e individualizable, así como establecer un nexo de
causalidad entre ese efecto lesivo y un proceder público. Por otra parte, resulta
determinante establecer, el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha
padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño


de manera directa en su esfera vital. Desde este plano, solo la víctima o su
representante se encuentra legitimada para reclamar la indemnización

V.- Ahora bien, tratándose del Poder Judicial, es importante distinguir entre las posibles
responsabilidades que pueden derivarse ya sea por el ejercicio de la función
jurisdiccional, por la actividad judicial de sus órganos auxiliares o por la actividad
plenamente administrativa del resto de órganos que componen este Poder de la
República. Esta diferenciación es fundamental toda vez que la normativa que, de
manera general, desarrolla la responsabilidad patrimonial de la Administración en su
conjunto, fue diseñada en torno a aquellos órganos públicos que ejercen función
materialmente administrativa, por lo que su aplicación respecto de órganos que
participan, en general, del ejercicio de la función encomendada a este Poder ha de ser
analizada tomando en cuenta la naturaleza de esas funciones; sin llegar, claro está, a
supuestos de irresponsabilidad de los órganos que lo integran. Así, debe distinguirse
según la función material que ejercen los órganos responsables de su ejercicio. De esta
forma, es criterio de este Tribunal que tratándose de los órganos auxiliares y
administrativos, se da el ejercicio de la función administrativa; mientras que en los
jurisdiccionales, estamos frente a la función jurisdiccional, esto es, la solución definitiva
de conflictos, con autoridad de cosa juzgada y su ejecución, por instancias judiciales
(Juzgados, Tribunales de Justicia y Salas de la Corte Suprema de Justicia), en los
términos previstos en el canon 153 de la Carta Fundamental. De ahí que no deba
incluirse dentro de la responsabilidad por el ejercicio jurisdiccional, todas las funciones
que el ordenamiento atribuye y asigna al Poder Judicial, sino únicamente la de juzgar y
ejecutar lo juzgado. Al tenor del anterior desarrollo, es que la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias No. 894-F-S1-00 de las 15 horas 32
minutos del 20 de noviembre del 2000 y No. 654-F-S1-2008 de las 10 horas 45 minutos
del 26 de setiembre del 2008, reconoció la existencia de un derecho resarcitorio en
materia de responsabilidad de la Administración derivado de la función jurisdiccional,
sobre la base de lo razonado previamente por la Sala Constitucional en la sentencia No
5891-95 de las 15 horas 51 minutos del 7 de noviembre de 1995. Por ello, para este
Tribunal, está fuera de toda duda que el Estado es responsable por las lesiones
antijurídicas que les provoque a los usuarios de los servicios judiciales o a terceros, ya
sea en el ejercicio de su clásica función materialmente jurisdiccional a través de los
jueces y tribunales o de la administrativa, por sus órganos administrativos y auxiliares
adscritos. Estableció la Sala Primera en el último de esos votos citados: “…Por ello, la
responsabilidad del Poder Judicial en sus funciones jurisdiccionales, judiciales o como
servicio público de administración de justicia, debe enmarcarse dentro de estas
coordenadas, siendo claro que se encuentra cubierta por la cláusula general de
responsabilidad pública ya mencionada. Se trata por ende, de una subespecie de
aquella, en donde el Estado se encuentra en obligación de reparar cualquier daño
efectivo, evaluable e individualizado, imputable a una dependencia judicial, a raíz de su
funcionamiento, con prescindencia de los criterios subjetivos de dolo o culpa, salvo
aquellos reductos en donde el ordenamiento disponga un esquema subjetivo. […]
Dentro de esta visión, su responsabilidad puede generarse por su actividad en
distintas facetas: la referida a la función de administración de justicia, visualizada
como servicio público, o lo que en doctrina se ha denominado “Poder Judicial
organización”(es decir, los órganos y soporte organizacional que permiten el ejercicio
de la función jurisdiccional propiamente, así como la función de contralor no jerárquico

impropio de naturaleza bifásica, como, por ejemplo, en la actualidad lo hace el Tribunal
Contencioso Administrativo respecto de la materia municipal (189 CPCA)). En un
segundo plano, se ubican las unidades auxiliares que no realizan actividad
administrativa, ni jurisdiccional, sino que despliegan actuaciones judiciales de
instrucción e investigación (acto judicial stricto sensu), como el Organismo de
Investigación Judicial, Ministerio Público , Ciencias Forenses, la Defensa Pública entre
otros. Pero a la vez, resulta responsable por los daños ocasionados en el ejercicio
de la función jurisdiccional propiamente dicha, sea, en la resolución definitiva de las
controversias que le sean planteadas y ejecución de sus sentencias (canon 153
constitucional), cuando su proceder haya sido arbitrario, anormal o ilícito…” (el resaltado
no es del original)

VII.-Sobre el caso concreto. Para analizar si lo pedido por la parte actora resulta o no
procedente, debemos establecer, primero, si se presenta violación al deber funcional
por parte de la Fiscalía de Desamparados, en los términos que lo reclama el accionante
y si existió anormalidad en el funcionamiento de ese órgano del Ministerio Público. Solo
en caso de que así sea, deberá analizarse si aquel se corresponde a la causa adecuada
de los daños y perjuicios que se reclaman partiendo, claro está, que se hubiese
constatado su existencia. Como punto de partida, debemos tener presente que, en lo
medular, el aquí demandante alega como causa generadora del daño, el funcionamiento
anormal de la referida Fiscalía por violación al deber de diligencia funcional que generó
y fue la causa directa de la extinción de la acción penal seguida bajo el expediente No
13-002268-0276-PE por prescripción, lo que imposibilitó la continuación de ese proceso
penal. Específicamente, en este punto reclama que la Fiscalía de Desamparados guardó
silencio, se mantuvo inerte, no hizo nada que realmente valiera de pena y que más bien
dejó transcurriera el tiempo para que la acción penal transcribiera. Por ello, deberá este
Tribunal examinar si la omisión que se reclama existió y, en caso de que así sea,
establecer si constituye una manifestación de funcionamiento anormal (como sostiene
el actor) que sea puente generador de la responsabilidad patrimonial estatal que se
reclama. Pues bien, de un examen de los hechos que se han tenido por demostrados,
el Tribunal no observa que la Fiscalía de Desamparados haya incurrido en la inactividad
que reclama el actor o que tuviera la intención de dejar que la acción penal prescribiera
Nótese que el actor interpuso la denuncia el 8 de octubre del 2013 y durante ese mismo
mes la Fiscalía emitió una serie de requerimientos al Departamento de Medicina Legal
y a la Sección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(hecho probado 3), citó al accionante a ratificar la denuncia (hecho probado 4) y
entrevistó a los testigos que él ofreció (hecho probado 5). Luego, en noviembre de ese
año tomó la declaración al imputado (hecho probado 7), recibió distintos elementos
requeridos para la investigación de los hechos, recibió el dictamen solicitado a la
Sección Clínica Médico Forense (hechos probados 7, 8 y 9) y acumuló la sumaria de
tránsito a la causa penal que se seguía (hecho probado 10). Posteriormente, entre enero
y marzo del 2014, recibió más documentación requerida y atendió gestiones probatorias
necesarias (hechos probados 11 y 12). Más tarde, en agosto del 2014, recibió el
resultado de probanzas técnicas efectuadas (hecho probado 13) y en setiembre de 2014
indagó formalmente al imputado y le puso en conocimiento de los dictámenes médico
legales rendidos (hecho probado 14), entrevistó a otro testigo (hecho probado 15) y
finalmente, el 22 de octubre de 2014, comunicó a las partes una solicitud de
sobreseimiento definitivo, de conformidad con el artículo 307 del CPP, por no contar con

elementos suficientes para sostener una acusación (hecho probado 16).Como se
observa, a diferencia de lo que sostiene el accionante, desde la denuncia hasta este
momento sí existió constante actividad de la Fiscalía tendente a proseguir con la
tramitación normal de la causa [...]

Del recuento anterior, el Tribunal concluye que la actividad encomendada a la Fiscalía
de Desamparados no cesó ni se paralizó; por el contrario, siempre impulsó la tramitación
e investigación en cumplimiento de los deberes de promover la acción penal y de
diligencia funcional. No se comparte el argumento del demandante de que se ordenó
recabar algunos elementos probatorios solo para perder el tiempo y retrasar más el
proceso [...]

Lo anterior permite rechazar, también, el argumento del demandante en el sentido de
que no fue posible averiguar la verdad real de los hechos por la falta de interés y cuidado
de la investigación efectuada por la Fiscalía indicada, al no practicar diligencias útiles y
pertinentes para tales efectos. Reiteramos que el análisis de los hechos que se han
tenido por acreditados en esta litis permite concluir, más bien, que la Fiscalía de
Desamparados sí las practicó, aunque, finalmente, no fuese posible que el proceso
penal llegar a buen término en virtud del sobreseimiento definitivo que, finalmente, se
declaró por parte de la autoridad jurisdiccional competente. Nótese, incluso, se tuvo por
acreditado que desde el 19 de noviembre de 2015, sea, antes de que acaeciera la
prescripción (que según la resolución jurisdiccional lo fue el 18 de marzo del 2016), la
Fiscalía de Desamparados sometió a consideración del Juzgado Penal de
Desamparados, la acusación y solicitud de apertura a juicio y luego, continuó con la
recabación de elementos probatorios. Por lo expuesto, deberán rechazarse los
argumentos del accionante tendentes a reclamar la supuesta inactividad de la Fiscalía
de Desamparados y que ésta sea causa generadora del sobreseimiento definitivo por
extinción y prescripción ordenada por la autoridad jurisdiccional competente"


4. Nexo causal de resultado de acción u omisión y su indemnización


Extracto de sentencia

"V.- Sobre el régimen de responsabilidad administrativa. Generalidades. Normas
aplicables. Al amparo del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública,
la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a
los actos, sino que trasciende todo el funcionamiento administrativo (artículo 49 de la
Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de
voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que engloba además, a la
disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca,
por ende, dentro de un régimen con causales de imputación de orden objetivo, que
engloba en su fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio
en la ecuación patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación

indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública
como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista
produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad
misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la
calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada
en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro
subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a la responsabilidad personal del
agente público se refiere). Esto ocasiona, sin duda, un giro en el enfoque mismo de su
fundamento, ya que habrá responsabilidad de la Administración siempre que su
funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no
tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de
su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente,
cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. Sobre el
tema, véase el extenso desarrollo realizado en la resolución no. 584 de las 10 horas 40
minutos del 11 de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita
o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y
el funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y
exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o
anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o
bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la
responsabilidad solo cubre el daño, no así el lucro cesante (artículos 194 y 195 de la
Ley General de la Administración Pública). Por su parte, en la conducta ilícita y el
funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. Con todo, ante esos criterios de
imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u
omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de
responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello, en los casos de
anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del funcionamiento público,
a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la
legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. En tales
casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de esos criterios, pues de
otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser diferente, atendiendo al tipo
de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen como causas eximentes de
tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor
Empero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el efecto liberatorio de tales
circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que solo podrá llegar a producir
un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad administrativa. De nuevo, la
concurrencia de esos aspectos incumbe a la Administración. Este deber compensatorio
subsiste incluso ante los daños ocasionados a raíz de las faltas cometidas por sus
funcionarios o servidores, durante el desempeño de sus deberes o en ocasión del cargo
que ocupan. En efecto, el canon 191, en relación al 199, ambos de la Ley General de la
Administración Pública, refieren al Estado la responsabilidad objetiva por las acciones u
omisiones de sus funcionarios, cuando se hayan valido del cargo o de los medios que
este les proporciona, para causar un efecto dañoso en la esfera jurídica de un tercero,
que no se tiene el deber de soportar. En ese tanto, esos medios o instrumentos son vías
de ocasionalidad causal que dan paso a la responsabilidad, por la vinculación modal,
instrumental o indirecta con el servicio. Cabe destacar que este deber indemnizatorio se
fundamenta, además, en el concepto de antijuridicidad de base, traducible en la

inexistencia del deber de soportar la lesión. Más simple, siempre que se haya sufrido
una lesión como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que
la víctima no tiene la obligación de soportar, surge el deber indemnizatorio como
derivación de máxima de reparación integral del daño que se desprende del numeral 41
de la Constitución Política. De ahí que dentro del espectro de cobertura de este sistema
de responsabilidad, se encuentren comprendidos los daños que puedan ocasionarse de
un funcionamiento normal o bien de una conducta lícita, pues en tales casos, pese a
que en tesis de principio, el proceder público se ajusta a legalidad o bien a las reglas de
eficiencia que lo orientan, si se produce un efecto lesivo que la persona no tiene el deber
de soportar, ha de ser indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis el daño ha de
ser especial (infringido a una pequeña proporción de afectados) o anormal (sea, de un
alcance excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales de
tolerancia), dando pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las
reglas dispuestas por los artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración
Pública. Con todo, cabe indicar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que
el Ordenamiento Jurídico considere antijurídico en su base. En efecto, sólo es
indemnizable la lesión que confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda
reputarse como antijurídica en su base; lo contrario llevaría, a decir de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia, a afirmar la compensación por acción dañosa frente a
un menoscabo que el Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y
consciente como normal y justificado, lo que llevaría a una inminente quiebra del Estado,
que en el contexto nacional, se encuentra vinculado directa o indirectamente con un
gran número de áreas de acción. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de
base siempre que un mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión
contraria a derecho que la víctima no deba soportar, al margen del parámetro de
imputación. Aún lo indicado, cabe destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo
aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. La amplitud del marco de tutela del
sistema de responsabilidad objetiva de la Administración no es óbice del deber de
acreditar que el daño es consecuencia de un proceder público. A su vez, debe
demostrarse el marco fáctico a partir del cual, es viable desprender la lesión a los bienes
extrapatrimoniales. No basta alegar la existencia de padecimientos o lesiones, debe
demostrarse al menos, los hechos que en teoría, han originado tal detrimento. Ello viene
como derivación del principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41.1 del
Código Procesal Civil, al establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de
probar los hechos constitutivos de aquel. No se trata de una inversión de la carga
probatoria en una materia que se sustenta en la reparación integral del daño y tiene
como pilares el daño y el riesgo creado, sino de la comprobación mínima de los criterios
de imputación y hechos que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la
atribución de responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El
ordinal 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las
finalidades del proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera
medios de prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho
oponible a un tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de
acreditar los fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia
misma de la lesión. Lo anterior sin perjuicio de aquellos casos en que el padecimiento
surge como consecuencia lógica de un proceder administrativo. Lo anterior deriva
además de lo preceptuado por el canon 196 de la Ley General de la Administración
Pública, en cuanto señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo,

evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.” La efectividad del
daño en un caso concreto pende, de manera directa, de la demostración del nexo de
causalidad, que permita vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una
Administración Pública. Así además se establece en el ordinal 58 del Código de previa
cita, en cuanto impone el deber del accionante de señalar las causas de la lesión
reclamada, en qué consiste, y su estimación prudencial. Si bien tal exigencia se
encuentra prevista en la norma indicada cuando el pedimento reparador sea accesorio,
con mucho mayor razón ha de satisfacerse cuando el marco medular de la pretensión
sea una indemnización, pues en esos casos, el establecimiento de esos presupuestos,
es la base mínima para acceder a lo peticionado. En esa dinámica, no basta argumentar
sobre la existencia probable de daños, debe acreditarse su efectividad. Por otra parte,
resulta determinante establecer, el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente
lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el
daño de manera directa en su esfera vital. Desde este plano, solo la víctima se encuentra
legitimada para reclamar la indemnización. Para ello, es cada tipo de daño el que
determina la posición de víctima y por ende, define quien se encuentra amparado por el
Ordenamiento Jurídico para pretender su reparación. Ergo, el reclamo no sería de recibo
si es promovido por personas que no han recibido el daño reclamado de manera
inmediata. Se trata de una vinculación subjetiva en el marco de la responsabilidad
aludida que permite concretar de manera efectiva el postulado de reparación integral
que subyace en el canon 41 de la Carta Magna. Si el resarcimiento ante una lesión que
no se tiene el deber de padecer se erige como un derecho de la víctima, pues solo ella
puede peticionarlo, sin perjuicio de la eventual transmisibilidad de ese derecho que en
supuestos concretos pueda darse (v.gr. vía mortis causa). Ello es determinante de
examinar, dado que, de otro modo, se cohonestarían indemnizaciones a quienes no
tienen esa vinculación subjetiva con el efecto lesivo."


5. No hay responsabilidad municipal por permisos de construcción y daños
a terceros


Extracto de sentencia

"IV.- Sobre el régimen de responsabilidad administrativa. Generalidades. Normas
aplicables. Al amparo del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública,
la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a
los actos, sino que trasciende todo el funcionamiento administrativo (artículo 49 de la
Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de
voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que engloba además, a la
disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca,
por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su
fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio en la ecuación
patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien


ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de
autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista produce a su vez,
una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona
la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta,
para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda
eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público
actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Esto ocasiona, sin
duda, un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá responsabilidad de
la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo,
cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o
extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o
condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto
imprescindible del nexo causal. Sobre el tema, véase el extenso desarrollo realizado en
la resolución no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 2005 de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este plano, la legislación impone como
criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o
anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento
Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre
ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una
pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad
excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así el lucro
cesante (artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública). Por su
parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria
Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es
consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que
permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello,
en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del
funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un
proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia
administrativa. En tales casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de
esos criterios, pues de otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser
diferente, atendiendo al tipo de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen
como causas eximentes de tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un
tercero y la fuerza mayor. Empero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el
efecto liberatorio de tales circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que
solo podrá llegar a producir un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad
administrativa. De nuevo, la concurrencia de esos aspectos incumbe a la
Administración. Este deber compensatorio subsiste incluso ante los daños ocasionados
a raíz de las faltas cometidas por sus funcionarios o servidores, durante el desempeño
de sus deberes o en ocasión del cargo que ocupan. En efecto, el canon 191, en relación
al 199, ambos de la Ley General de la Administración Pública, refieren al Estado la
responsabilidad objetiva por las acciones u omisiones de sus funcionarios, cuando se
hayan valido del cargo o de los medios que este les proporciona, para causar un efecto
dañoso en la esfera jurídica de un tercero, que no se tiene el deber de soportar. En ese
tanto, esos medios o instrumentos son vías de ocasionalidad causal que dan paso a la
responsabilidad, por la vinculación modal, instrumental o indirecta con el servicio. Cabe
destacar que este deber indemnizatorio se fundamenta, además, en el concepto de
antijuridicidad de base, traducible en la inexistencia del deber de soportar la lesión. Más

simple, siempre que se haya sufrido una lesión como consecuencia de una conducta
pública, sea esta activa u omisiva, que la víctima no tiene la obligación de soportar,
surge el deber indemnizatorio como derivación de máxima de reparación integral del
daño que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. De ahí que dentro
del espectro de cobertura de este sistema de responsabilidad, se encuentren
comprendidos los daños que puedan ocasionarse de un funcionamiento normal o bien
de una conducta lícita, pues en tales casos, pese a que en tesis de principio, el proceder
público se ajusta a legalidad o bien a las reglas de eficiencia que lo orientan, si se
produce un efecto lesivo que la persona no tiene el deber de soportar, ha de ser
indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis el daño ha de ser especial (infringido
a una pequeña proporción de afectados) o anormal (sea, de un alcance
excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales de tolerancia), dando
pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las reglas dispuestas por
los artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública. Con todo, cabe
indicar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que el Ordenamiento Jurídico
considere antijurídico en su base. En efecto, sólo es indemnizable la lesión que
confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda reputarse como antijurídica en
su base; lo contrario llevaría, a decir de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,
a afirmar la compensación por acción dañosa frente a un menoscabo que el
Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y consciente como normal y
justificado, lo que llevaría a una inminente quiebra del Estado, que en el contexto
nacional, se encuentra vinculado directa o indirectamente con un gran número de áreas
de acción. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de base siempre que un
mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la
víctima no deba soportar, al margen del parámetro de imputación. Aún lo indicado, cabe
destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable
e individualizable. La amplitud del marco de tutela del sistema de responsabilidad
objetiva de la Administración no es óbice del deber de acreditar que el daño es
consecuencia de un proceder público. A su vez, debe demostrarse el marco fáctico a
partir del cual, es viable desprender la lesión a los bienes extrapatrimoniales. No basta
alegar la existencia de padecimientos o lesiones, debe demostrarse al menos, los
hechos que en teoría, han originado tal detrimento. Ello viene como derivación del
principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41.1 del Código Procesal Civil,
al establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de probar los hechos
constitutivos de aquel. No se trata de una inversión de la carga probatoria en una materia
que se sustenta en la reparación integral del daño y tiene como pilares el daño y el
riesgo creado, sino de la comprobación mínima de los criterios de imputación y hechos
que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la atribución de
responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El ordinal 82 del
Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las finalidades del
proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera medios de
prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho oponible a un
tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de acreditar los
fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia misma de
la lesión. Lo anterior sin perjuicio de aquellos casos en que el padecimiento surge como
consecuencia lógica de un proceder administrativo. Lo anterior deriva además de lo
preceptuado por el canon 196 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto
señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable

en relación con una persona o grupo.” La efectividad del daño en un caso concreto
pende, de manera directa, de la demostración del nexo de causalidad, que permita
vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una Administración Pública. Así
además se establece en el ordinal 58 del Código de previa cita, en cuanto impone el
deber del accionante de señalar las causas de la lesión reclamada, en qué consiste, y
su estimación prudencial. Si bien tal exigencia se encuentra prevista en la norma
indicada cuando el pedimento reparador sea accesorio, con mucho mayor razón ha de
satisfacerse cuando el marco medular de la pretensión sea una indemnización, pues en
esos casos, el establecimiento de esos presupuestos, es la base mínima para acceder
a lo peticionado. En esa dinámica, no basta argumentar sobre la existencia probable de
daños, debe acreditarse su efectividad. Por otra parte, resulta determinante establecer,
el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se
encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su
esfera vital. Desde este plano, solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la
indemnización. Para ello, es cada tipo de daño el que determina la posición de víctima
y por ende, define quien se encuentra amparado por el Ordenamiento Jurídico para
pretender su reparación. Ergo, el reclamo no sería de recibo si es promovido por
personas que no han recibido el daño reclamado de manera inmediata. Se trata de una
vinculación subjetiva en el marco de la responsabilidad aludida que permite concretar
de manera efectiva el postulado de reparación integral que subyace en el canon 41 de
la Carta Magna. Si el resarcimiento ante una lesión que no se tiene el deber de padecer
se erige como un derecho de la víctima, pues solo ella puede peticionarlo, sin perjuicio
de la eventual transmisibilidad de ese derecho que en supuestos concretos pueda darse
(v.gr. vía mortis causa). Ello es determinante de examinar, dado que, de otro modo, se
cohonestarían indemnizaciones a quienes no tienen esa vinculación subjetiva con el
efecto lesivo. De igual modo, dentro de este esquema general, cabe indicar que la
acción indemnizatoria que se busca cargar a la Administración Pública se encuentra
sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años, al tenor del ordinal 198 de la Ley
General de la Administración Pública

V.- Responsabilidad en el caso concreto. Sobre la existencia del daño alegado. En
la especie, el primer punto a esgrimir es la existencia o no de un daño que pueda
considerarse base válida de indemnización. Al socaire del precepto 196 de la LGAP, el
daño indemnizable ha de ser efectivo, evaluable e individualizable (aspectos ya
abordados), pero, además, antijurídico en su base, sea, que no se tenga el deber legal
de soportar. Por demás, es necesario que quien reclama su reparación, acredite su
existencia, así como la referencia y existencia de las causas a las que se le imputa, de
suerte que el juzgador pueda cotejar la existencia de una relación de causalidad entre
el hecho antecedente al que se atribuye y la lesión como consecuencia de aquella
causa, a la vez que ha de ponderar si es referible o imputable al sujeto a quien se
endilga. Para esos efectos, el ordinal 122 inciso m) del CPCA, regula tres supuestos
diversos en cuanto al pronunciamiento en sentencia de fondo sobre el aspecto
indemnizatorio, según la acreditación de su existencia y cuantía. i) En un primer
escenario, cuando del mérito de los autos conste la existencia, pero además, la
magnitud económica de la lesión, la sentencia debe hacer pronunciamiento sobre ese
particular, emitiendo condena líquida; ii) El segundo supuesto se refiere a cuando el
daño se encuentre debidamente acreditado, pero no existan parámetros tangibles para
definir su cuantía, caso en el cual, la sentencia ha de disponer la condena en abstracto,

a efectos de que sea en fase de ejecución que se concrete la liquidación respectiva,
claro está, acorde a las condiciones que para tal fin deberá imponer el fallo declarativo
Con todo, en este supuesto, es evidente y tajante que el daño ha de estar debidamente
acreditado en autos. iii) Finalmente, la norma de comentario estatuye que la sentencia
ha de realizar pronunciamiento en abstracto, cuando no conste la existencia ni la cuantía
del daño, pero el Tribunal considere que la lesión es consecuencia de la conducta
administrativa o relación jurídico administrativa objeto del proceso. Este último supuesto
es de aplicación restrictiva, en la medida en que en las reclamaciones de orden
patrimonial constituyen situaciones individuales de orden disponible, de modo que se
encuentran regidas por el principio rogatorio. Ello supone que en orden al ordinal 119
del CPCA, y como derivación de lo estatuido por el canon 58 inciso e) de esa fuente
legal, el pronunciamiento sobre daños solamente es factible, como regla de principio,
cuando exista pedimento expreso sobre ese particular. Por demás, se reitera, el
otorgamiento del derecho indemnizatorio, como pauta rectora, se condiciona
necesariamente a que quien lo reclama, haya acreditado la concurrencia de un daño
efectivo, evaluable, individualizable y antijurídico en su base, así la circunstancia a la
que imputa el efecto lesivo, sea, la causa adecuada que lo ha producido. De otro modo,
se deja de lado el deber probatorio sobre los hechos constitutivos de un derecho, que
imponen los mandatos referidos y el canon 41.1 del Código Procesal Civil. Siendo así,
el análisis de la procedencia de la responsabilidad del tipo que se examina, exige la
presencia de varios factores, sin los cuales, no es posible imponer a una determinada
Administración Pública, el deber reparatorio. Por un lado, desde el plano objetivo, se
impone la concurrencia de un daño o lesión antijurídica, que ha de reunir las condiciones
y características señaladas ut supra. Segundo, ha de existir un nexo causal entre el
daño como consecuencia condicionada, y una causa adecuada para producirlo, a modo
de presupuesto condicionante. En esa dinámica, es necesario y determinante, definir la
causa de la lesión, presupuesto fundamental para realizar el análisis de causalidad,
pues existe nexo en la medida en que esa causa sea la fuente productora de la lesión
reclamada. Pero además de ese elemento objeto del nexo, es necesario que dicha
causa sea imputable al sujeto a quien se endilga la responsabilidad (vínculo subjetivo),
pues de otro modo, no existe la conexidad que permite imponer el deber de resarcir
Más simple, la causa del daño debe ser referible al sujeto contra quien se pretende la
responsabilidad, siendo que de no concurrir esa relación, no puede decirse de la
concurrencia de un nexo causal entre el antecedente y la lesión. Por otra parte, cuando
la responsabilidad pretende reclamarse a varios sujetos, es menester analizar si existe
un marco de responsabilidad solidaria, a priori determinado por norma jurídica, en los
términos que lo exige el canon 638 del Código Civil, que permita al accionante ejercer
su derecho reparatorio frente a uno de los obligados solidarios, o ante ambos a la vez
por la totalidad de la deuda, conforme al ordinal 637 de esa codificación. Cuando exista
una norma que imponga un régimen solidario (propio), es evidente que basta formular
la demanda contra uno de los sujetos, sin que exista en tal supuesto un litisconsorcio
pasivo necesario. Por contraste, cuando la lesión sea consecuencia de causas que de
manera inseparable lo han producido (concausalidad adecuada), siendo que esas
causas son imputables a varios sujetos que de antemano no se encuentran bajo un
régimen de solidaridad creado por ley, es necesario la asignación específica del ligamen
causal a cada sujeto involucrado en la cadena productora del daño peticionado. Esto es
determinante ya que, de cara a ponderar la concurrencia de responsabilidad, es
menester analizar la participación de cada uno de ellos en el resultado lesivo, así como

la valoración del régimen jurídico que regula los marcos de responsabilidad de cada
uno. Si se trata de entes públicos, es claro que este examen debe realizarse al tenor de
la LGAP, empero, si se trata de un particular, ello exige analizar su comportamiento
desde el prisma de las reglas privadas. Se trata de un análisis individualizado de la
incidencia en la producción del detrimento patrimonial o extra patrimonial, como
plataforma para concluir sobre la concausalidad que vincula a ambos responsables
frente a quien pretende una indemnización.”


6. Procedimiento disciplinario e improcedencia de daño moral subjetivo


Extracto de sentencia

"VII.-Consta en autos, el señor Álvarez Benavides solicitó en sentencia el pago de
¢15.000.000,00 a título de daño moral. Fundamentó tal extremo en: “(…) la angustia, el
dolor, la preocupación, zozobra y en general toda la alteración que todo este
procedimiento le ha ocasionado a mi representado, al verse sometido ilegal e
injustamente a un procedimiento disciplinario, que según se le indica en al auto de
intimación, puede provocar su suspensión como profesional hasta por dos años
(veinticuatro meses), con lo que ha visto amenazada y potencialmente eliminada su
única fuente de ingresos y con la cual procura el sustento suyo y de su familia (…). Debe
tomarse en cuenta el tiempo irrazonable y desproporcionado que se ha visto sometido
a este ilegal e injusto procedimiento. Más de dos años de estar lidiando con esta
situación (…). Y esa angustia, dolor, preocupación, zozobra (…), se ha visto agravada
y magnificada cuando el demandado acuerda suspender a mi representado por doce
meses del ejercicio profesional, con lo cual la suspensión que hasta ese momento era
potencial, se concreta en una realidad inminente y que le ha obligado a acudir a la
interposición de medidas cautelares ante causam para evitar la ejecución de la ilegal e
injusta sanción y luego a presentar esta demanda, viéndose obligado a acudir a esta vía
para procurar la defensa de sus intereses. Y esa angustia, dolor, preocupación y
zozobra también se derivan de la posibilidad de ver truncada su carrera profesional, al
ser excluido por doce meses de sus actividades profesionales, lo cual, significará su
“muerte profesional” (…)”. Sobre el daño moral subjetivo consideró el Tribunal: “En esta
dirección, estimamos que (…) haberse declarado la caducidad del procedimiento
disciplinario seguido contra el actor (…) no elimina los efectos que las actuaciones
realizadas ocasionaron al investigado en su esfera jurídica subjetiva, (…) no elimina el
hecho que el accionante haya sido sometido a las actuaciones procedimentales y se
haya dictado un acto sancionador o que éste haya incidido negativamente en la esfera
subjetiva de su destinatario (…). Conforme a lo manifestado por la parte actora tanto en
la demanda como durante la audiencia preliminar y sus conclusiones, el daño que se
reclama consiste, en lo medular, en la angustia, dolor, preocupación y zozobra que sufrió
al haber sido sometido a un procedimiento ilegal y arbitrario, así como a un acto
sancionador dictado en su contra; conductas que luego fueron declaradas caducas. El
hecho de que la sanción no se haya ejecutado (dada la medida cautelar que fuera
dictada por este Tribunal y después en virtud de la preclusión declarada del
procedimiento) no supone, automáticamente, que no se haya ocasionado el daño que
se reclama (…). En este punto, estima el Tribunal que, aplicando presunciones
humanas, es posible inferir de manera directa y lógica que esas actuaciones
ocasionaron una perturbación en las condiciones anímicas del actor, que se

manifestaron en sentimientos de angustia y disgusto. Lo dicho constituye base suficiente
de un padecimiento moral subjetivo que es menester reconocer (…). Tomando en
cuenta que dada la naturaleza de la actuación generadora del daño que aquí se reclama
no se ingresa al análisis de la existencia o no de las faltas imputadas al actor ni a un
examen de inocencia o culpabilidad de la conducta del accionante, estimamos que la
lesión moral subjetiva debe indemnizarse por un monto de ¢1.000.000.00 (un millón de
colones), suma que se considera proporcionada y razonable al mérito de los autos.-
(…)”. No comparte este Órgano Decisor la condenatoria dispuesta en el fallo impugnado
Los argumentos con base en los cuales los Juzgadores y el accionante sustentan el
reclamo por daño moral subjetivo no traen aparejado una lesión antijurídica, la cual el
administrado no estuviera en la obligación de soportar (daño resarcible). Como es
sabido, los colegios profesionales ostentan la potestad para emitir disposiciones
relativas a la ética profesional de sus miembros e imponer las correcciones disciplinarias
respecto de las faltas que se originan en el desarrollo de esa actividad. En ese sentido,
la apertura y tramitación de un procedimiento disciplinario responde al funcionamiento
normal de la Administración, el cual, todos los profesionales liberales, sea: abogados,
médicos, arquitectos o ingenieros, están obligados a soportar. Ahora bien, el daño que
ése proceso produzca será susceptible de indemnización, solamente, cuando sea de
especial intensidad o por la pequeña proporción de afectados (canon 194 de la LGAP)
Sin obviar que el daño alegado debe ser cierto, efectivo, evaluable e indemnizable, en
relación con una persona o grupo (ordinal 196 de la LGAP). En el caso de las
fiscalizaciones de los colegios profesionales, la afectación que provoca la apertura de
un procedimiento administrativo (lo cual es indiscutible que se genera), por sí sola no es
indemnizable, por tratarse de una actividad normal de la Administración, en aras de
garantizar el correcto y ético ejercicio de la profesión. En otras palabras, el
procedimiento no se configura como causa suficiente para el nacimiento de la
responsabilidad patrimonial, como erróneamente parece entenderlo el Tribunal y el
accionante, ello, únicamente acontece cuando en el caso concreto concurren los
supuestos establecidos en el precepto 194 de la LGAP (intensidad excepcional de la
lesión y pequeña proporción de afectados) y respecto de las cuales no consta en autos
pruebas o indicios. En la especie, la actuación del Colegio devino conforme a las
competencias materiales y jurídicas a él atribuidas, pues su deber frente a cualquier
denuncia es investigar y buscar la verdad real de los hechos. Por lo tanto, la conducta
del CFIA fue la esperable en este asunto, sin que se determine la existencia de un daño
de especial intensidad, más allá de lo que todos los profesionales liberales están
obligados a soportar. Aunado a lo expuesto, estima este Órgano Decisor, el daño
reclamado no cumple con los presupuestos del numeral 196 de la LGAP, que obligan a
que sea efectivo, evaluable e individualizable, toda vez que, como el propio actor
manifestó en el escrito de la demanda, se pretende el pago de una afectación moral
originada: en la posible suspensión del ejercicio de la profesión; ante la amenaza de ver
suprimida la única fuente de ingresos y; por la posibilidad de ver truncada su carrera
profesional, daños que no ocurrieron (al ordenarse, como medida cautelar, la
suspensión del acto impugnado) y cuya naturaleza es potencial (sin que conste prueba
en contrario). Por los motivos expuestos, concluye este Órgano Colegiado, lo dispuesto
por los Jueces no se ajusta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por ende,
deviene improcedente la indemnización concedida. En ese sentido, la censura invocada
deberá ser acogida

VIII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar parcialmente con lugar el recurso
En consecuencia, se anulará el fallo impugnado, solo en cuanto otorgó ¢1.000.000,00
por concepto de daño moral subjetivo. En su lugar, fallando por el fondo, se rechazará
dicho extremo. Serán ambas costas del recurso a cargo de la parte actora, conforme el
artículo 150 inciso 3) del CPCA"


 7. Indemnización, conducta lícita e ilícita, funcionamiento normal y anormal


Extracto de sentencia

"IV.- Sobre el régimen de responsabilidad administrativa. Generalidades. Normas
aplicables. Al amparo del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública,
la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a
los actos, sino que trasciende al funcionamiento administrativo (artículo 49 de la
Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de
voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que engloba además, a la
disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca,
por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su
fundamento tanto la teoría del daño y del riesgo, así como en el equilibrio en la ecuación
patrimonial. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien
ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de
autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Este criterio finalista produce a su vez,
una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona
la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta,
para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda
eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público
actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Esto ocasiona, sin
duda, un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá responsabilidad de
la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo,
cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o
extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o
condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto
imprescindible del nexo causal. Sobre el tema, véase el extenso desarrollo realizado en
la resolución no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 2005 de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este plano, la legislación impone como
criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o
anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento
Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre
ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una
pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad
excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los
perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública). Por su
parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria
Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es
consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que
permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública. Aunado a ello,
en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del
funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un
proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia
administrativa. En tales casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de

esos criterios, pues de otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser
diferente, atendiendo al tipo de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen
como causas eximentes de tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un
tercero y la fuerza mayor. Empero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el
efecto liberatorio de tales circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que
solo podrá llegar a producir un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad
administrativa. De nuevo, la concurrencia de esos aspectos incumbe a la
Administración

V.- Este deber compensatorio subsiste incluso ante los daños ocasionados a raíz de las
faltas cometidas por sus funcionarios o servidores, durante el desempeño de sus
deberes o en ocasión del cargo que ocupan. En efecto, el canon 191, en relación al 199,
ambos de la Ley General de la Administración Pública, refieren al Estado la
responsabilidad objetiva por las acciones u omisiones de sus funcionarios, cuando se
hayan valido del cargo o de los medios que este les proporciona, para causar un efecto
dañoso en la esfera jurídica de un tercero, que no se tiene el deber de soportar. En ese
tanto, esos medios o instrumentos son vías de ocasionalidad causal que dan paso a la
responsabilidad, por la vinculación modal, instrumental o indirecta con el servicio. Cabe
destacar que este deber indemnizatorio se fundamenta, además, en el concepto de
antijuridicidad de base, traducible en la inexistencia del deber de soportar la lesión. Más
simple, siempre que se haya sufrido una lesión como consecuencia de una conducta
pública, sea esta activa u omisiva, que la víctima no tiene la obligación de soportar,
surge el deber indemnizatorio como derivación de máxima de reparación integral del
daño que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. De ahí que, dentro
del espectro de cobertura de este sistema de responsabilidad, se encuentren
comprendidos los daños que puedan ocasionarse de un funcionamiento normal o bien
de una conducta lícita, pues en tales casos, pese a que en tesis de principio, el proceder
público se ajusta a legalidad o bien a las reglas de eficiencia que lo orientan, si se
produce un efecto lesivo que la persona no tiene el deber de soportar, ha de ser
indemnizado. Desde luego que en esas hipótesis el daño ha de ser especial (infringido
a una pequeña proporción de afectados) o anormal (sea, de un alcance
excepcionalmente intenso, por encima de los márgenes normales de tolerancia), dando
pie a la reparabilidad del daño, no así del lucro cesante, según las reglas dispuestas por
los artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública. Con todo, cabe
indicar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que el Ordenamiento Jurídico
considere antijurídico en su base. En efecto, sólo es indemnizable la lesión que
confrontada con la globalidad del Ordenamiento, pueda reputarse como antijurídica en
su base; lo contrario llevaría, a decir de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,
a afirmar la compensación por acción dañosa frente a un menoscabo que el
Ordenamiento no reprocha y que, por el contrario, tolera y consciente como normal y
justificado, lo que llevaría a una inminente quiebra del Estado, que en el contexto
nacional, se encuentra vinculado directa o indirectamente con un gran número de áreas
de acción. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de base siempre que un
mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la
víctima no deba soportar, al margen del parámetro de imputación. Aún lo indicado, cabe
destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable
e individualizable. La amplitud del marco de tutela del sistema de responsabilidad
objetiva de la Administración no es óbice del deber de acreditar que el daño es

consecuencia de un proceder público. A su vez, debe demostrarse el marco fáctico a
partir del cual, es viable desprender la lesión a los bienes extrapatrimoniales. No basta
alegar la existencia de padecimientos o lesiones, debe demostrarse al menos, los
hechos que, en teoría, han originado tal detrimento. Ello viene como derivación del
principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41 del Código Procesal Civil, al
establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de probar los hechos
constitutivos de aquel. No se trata de una inversión de la carga probatoria en una materia
que se sustenta en la reparación integral del daño y tiene como pilares el daño y el
riesgo creado, sino de la comprobación mínima de los criterios de imputación y hechos
que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la atribución de
responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El ordinal 82 del
Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las finalidades del
proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera medios de
prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho oponible a un
tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de acreditar los
fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia misma de
la lesión. Lo anterior sin perjuicio de aquellos casos en que el padecimiento surge como
consecuencia lógica de un proceder administrativo. Lo anterior deriva además de lo
preceptuado por el canon 196 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto
señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable
en relación con una persona o grupo.” La efectividad del daño en un caso concreto
pende, de manera directa, de la demostración del nexo de causalidad, que permita
vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una Administración Pública. Así
además se establece en el ordinal 58 del Código de previa cita, en cuanto impone el
deber del accionante de señalar las causas de la lesión reclamada, en qué consiste, y
su estimación prudencial. Si bien tal exigencia se encuentra prevista en la norma
indicada cuando el pedimento reparador sea accesorio, con mucho mayor razón ha de
satisfacerse cuando el marco medular de la pretensión sea una indemnización, pues en
esos casos, el establecimiento de esos presupuestos, es la base mínima para acceder
a lo peticionado. En esa dinámica, no basta argumentar sobre la existencia probable de
daños, debe acreditarse su efectividad. Por otra parte, resulta determinante establecer,
el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se
encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su
esfera vital. Desde este plano, solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la
indemnización. Para ello, es cada tipo de daño el que determina la posición de víctima
y por ende, define quien se encuentra amparado por el Ordenamiento Jurídico para
pretender su reparación. Ergo, el reclamo no sería de recibo si es promovido por
personas que no han recibido el daño reclamado de manera inmediata. Se trata de una
vinculación subjetiva en el marco de la responsabilidad aludida que permite concretar
de manera efectiva el postulado de reparación integral que subyace en el canon 41 de
la Carta Magna. Si el resarcimiento ante una lesión que no se tiene el deber de padecer
se erige como un derecho de la víctima, pues solo ella puede peticionarlo, sin perjuicio
de la eventual transmisibilidad de ese derecho que en supuestos concretos pueda darse
(v.gr. vía mortis causa). Ello es determinante de examinar, dado que, de otro modo, se
cohonestarían indemnizaciones a quienes no tienen esa vinculación subjetiva con el
efecto lesivo. De igual modo, dentro de este esquema general, cabe indicar que la
acción indemnizatoria que se busca cargar a la Administración Pública se encuentra


sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años, al tenor del ordinal 198 de la Ley
General de la Administración Pública."


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Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
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 REFERENCIAS


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Versión de la norma 14 de 14 del 25/01/2016

HACIENDA. Resolución Nº 00060 - 2020. Fecha de la Resolución: 02 de Abril del 2020
Expediente: 09-003221-1027-CA. Clase de Asunto: Proceso de conocimiento
contencioso administrativo

2020. Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2020. Expediente: 17-004440-1027-CA
Clase de Asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

1027-CA. Clase de Asunto: Proceso de puro derecho

CA. Clase de Asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Clase de Asunto: Proceso contencioso administrativo declarado de puro derecho

HACIENDA. Resolución Nº 00080 - 2019. Fecha de la Resolución: 20 de Junio del 2019
Expediente: 12-005094-1027-CA. Clase de Asunto: Proceso de conocimiento declarado
de puro derecho

Clase de Asunto: Proceso contencioso administrativo declarado de puro derecho