JUDICIAL SOBRE CADUCIDAD
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Procedimiento Administrativo Disciplinario, Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Poder Judicial, Tribunal de la Inspección Judicial, Funcionario Judicial,
Caducidad, Artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 211 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial

Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia. Fecha: 16/10/2020

Nombre del Investigador: Lic. Esp. Simons Salazar García


Contenido


2. Regla Específica sobre la Caducidad del Procedimiento Administrativo


Sobre los Plazos del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Poder


1. Respecto de la Excepción de Caducidad por Inactividad Superior a 6
Meses Según Artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública .. 4
2. Caducidad en el Procedimiento Administrativo Disciplinario Contra


Caducidad de la Investigación Administrativa y Prescripción en el Proceso


RESUMEN


El presente informe de investigación realiza una reseña sobre las Normas
Aplicables al Procedimiento Administrativo Disciplinario del Poder Judicial Sobre
Caducidad, para lo cual son considerados los supuestos normativos de los artículos
340 de la Ley General de la Administración Pública y el 211 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, aunado al criterio externado por la doctrina y la jurisprudencia tanto
administrativa como judicial


NORMATIVA


1. Regla General de Caducidad del Procedimiento Administrativo


Artículo 340

1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa,
imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración
que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará
su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339
de este Código

2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el
interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o
negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final

3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes
pero los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la
prescripción

(Así reformado por el inciso 10) del artículo 200 del Código Procesal
Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)

 2. Regla Específica sobre la Caducidad del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Poder Judicial


Artículo 211. La acción para investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del mes
siguiente a la fecha en que quien deba levantar la investigación tenga conocimiento de
ellas. La investigación deberá concluirse dentro del año siguiente a la fecha de su inicio
y si procediere sancionar, la sanción que corresponda deberá imponerse dentro del
mes siguiente a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de
pronunciarse. Contra lo resuelto siempre cabrá recurso de apelación, salvo que
correspondiere a la Corte, contra cuyo pronunciamiento sólo cabrá el de reposición o
reconsideración

Cuando se estimaren insuficientes los elementos de prueba para pronunciarse y
hubiere proceso penal sobre los mismos hechos, la prescripción para aplicar la sanción
disciplinaria se suspenderá


DOCTRINA


Sobre los Plazos del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Poder
Judicial

[P. 12] Para los procedimientos disciplinarios de las personas servidoras y funcionarias
judiciales, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 211, tres
plazos, al señalar

[P. 13] “Artículo 211.- La acción para investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del
mes siguiente en que quien deba levantar la investigación tenga conocimiento de ellas
La investigación deberá concluirse dentro del año siguiente a la fecha de su inicio y si
procediere sancionar, la sanción que corresponda deberá imponerse dentro del mes
siguiente a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de
pronunciarse. Contra lo resuelto siempre cabrá recurso de apelación, salvo que
correspondiere a la Corte, contra cuyo pronunciamiento sólo cabrá el de reposición o
reconsideración. Cuando se estimaren insuficientes los elementos de prueba para
pronunciarse y hubiere proceso penal sobre los mismos hechos, la prescripción para
aplicar la sanción disciplinaria se suspenderá”

En lo referente al primer plazo: El órgano instructor cuenta con un mes calendario
para iniciar el procedimiento sancionatorio disciplinario administrativo, que va desde

el momento que se tiene conocimiento de la posible comisión de una falta disciplinaria
(queja) o el resultado de la investigación preliminar (informe de investigación
preliminar), hasta el dictado y respectiva notificación del Acto Inicial, medio por el cual
se hace de conocimiento de la persona o personas la acusación formal

Segundo Plazo: La investigación deberá realizarse en el término de un año, que inicia a
partir del dictado del Acto Inicial, hasta la resolución que confiere audiencia final a las
partes

Tercer plazo: El dictado del Acto Final y su respectiva notificación se deberá realizar
todo dentro del plazo de un mes, que corre a partir del día hábil siguiente de vencida la
audiencia final (plazo de tres días) concedida a las partes


1. Respecto de la Excepción de Caducidad por Inactividad Superior a 6 Meses
Según Artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública


PÚBLICA: En cuanto al primer motivo de impugnación, la defensa técnica del
sentenciado, alega que el órgano instructor incurrió en una paralización del proceso
disciplinario por más de seis meses, por cuanto desde fecha 30 de abril y hasta el 13 de
noviembre del 2018, fecha en que se confirió audiencia final a las partes, no se realizó
ninguna diligencia dentro del expediente disciplinario N°18-000110-033-IF, por lo cual
debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración
Pública el cual refiere: "Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en
virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la
Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad
y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del
artículo 339 de este Código ". En el caso bajo análisis, conviene recordar el principio de
jerarquización de las normas, siendo que la norma especial, para el caso concreto,
deriva de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por ende, prevalece sobre la ley general,
la cual sería, la Ley General de la Administración Pública, la cual regula la generalidad
de los procesos administrativos. En el caso de estudio el numeral 211 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece: "La acción para investigar las faltas deberá
iniciarse, dentro del mes siguiente a la fecha en que quien deba levantar la
investigación tenga conocimiento de ellas. La investigación deberá concluirse dentro

del año siguiente a la fecha de su inicio y si procediere sancionar, la sanción que
corresponda deberá imponerse dentro del mes siguiente a contar del momento en que
quien deba hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse". Conforme lo precisa la norma
de cita,señala los alcances y límites temporarios, de manera singular y única para el
procedimiento disciplinario que se debe seguir al funcionariado judicial. Tal y como lo
señala la norma de cita, para la investigación disciplinaria tiene un límite anual,
iniciando a partir de la fecha del traslado de cargos, conforme lo establece el numeral
200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De un estudio del expediente se observa que
en fecha 14 de marzo del 2018, fue presentada ante la Unidad de Inspección Fiscal, la
queja que dio origen a este expediente, el 20 de marzo del mismo año se procedió a
ordenar una investigación preliminar, el 10 de abril también del año 2018, se dictó el
traslado de cargos, el cual se notificó personalmente al encausado el mismo día, el 10
de abril del 2018. El encausado se apersonó al proceso el día 18 de abril del mismo
año, rechazó lo cargos y solicitó la asignación de la defensa técnica. En fecha 23 de
abril del mismo año, se dictó auto de ampliación del plazo para contestar el traslado de
cargos. El día 13 de noviembre del 2018 se confirió audiencia final a las partes y el acto
final se dictó el 30 de noviembre del mismo año. Del recuento cronológico de la
actuación procesal de esta sumaria, no se observan plazos de inactividad procesal
injustificados. Apréciese, si bien tenemos que efectivamente la audiencia final se dio
en fecha 13 de noviembre del año 2018, se han respetado los plazos legales
contenidos en la misma norma del 211 ya antes transcrito, pues la audiencia aludida se
otorgó a las partes antes el vencimiento del lapso del año, siendo la especial la que
prevalece en los temas disciplinarios del Poder Judicial y no el numeral 340 de la Ley
General de Administración Pública,normativa que como ya se acotó, regula la
generalidad de los procesos administrativos donde hay ausencia de especificidad
normativa sobre este tema. Amen de lo expuesto, de conformidad con el artículo 329
de la misma LGAP, resulta valido el acto administrativo que se dicte luego de la inercia
de la Administración, si antes no se reclamó la caducidad y nótese en el presente caso
es precisamente cuando el Instructor del proceso da la audiencia final en la fecha
supra señalada, sea ya cuando el proceso se ha reactivado, es que el representante de
la defensa decide interponer su acción en el correo donde expone sus conclusiones,
que tiene fecha del 15 de noviembre del dos mil dieciocho, sea que precisamente el
presupuesto de la inactividad desapareció en el momento en que se dio audiencia final
sin que se hubiera alegado de previo expresamente la caducidad, razonamientos que
encuadran dentro lo prescrito en el numeral 340 inciso 2 de la Ley General de
Administración Pública que señala: “Artículo 340.- 1….2. No procederá la caducidad
del procedimiento iniciado a gestión de parte… cuando el expediente se encuentre
listo para dictar el acto final.”, es por ello que considera este Tribunal que aunado a
que existe normativa específica sobre los plazos a contemplar en los procesos
disciplinarios del Poder Judicial (la cual no se ha incumplido según se ha logrado
demostrar), el accionar de la defensa resulta impropio en el momento en que se

realizó y carente de posibilidad de enervar ahora el actuar de este Tribunal, en lo que
es de considerar el numeral 222, inciso 2 de la misma Ley General de Administración
Pública que señala: “ARTÍCULO 222.-1…2. La inercia de la Administración no excusará
la del administrado, para efectos de la caducidad del procedimiento.”, razones todas
por las que se resuelve sin lugar la defensa de caducidad de la acción por inactividad
de más de 6 meses, incoada por el representante de la defensa del encausado de cita


2. Caducidad en el Procedimiento Administrativo Disciplinario Contra
Funcionarios Judiciales


encausada [Nombre 001] en su escrito de contestación y reiterado por su defensora al
rendir conclusiones, plantean la excepción de caducidad de la acción, argumentando
que el día 23 de abril del dos mil diecinueve, pasó el expediente 19-000195-0031-IJ al
Inspector Instructor encargado del proceso, expediente en que constaba el informe
sobre el presunto incumplimiento del horario laboral reprochado a la
servidora [Nombre 007]; por lo que en ese momento dicho funcionario tuvo
conocimiento de los hechos que se intiman en su contra según la pieza acusatoria
Sostiene, incluso el día 24 de abril del dos mil diecinueve, el Órgano Instructor tuvo
acceso al expediente N°19-000195-0031-IJ, fecha en que le dio revisión y le giró
indicaciones y por ello, es a partir de esa data que debe computarse el plazo de
caducidad de la acción. Refiere, sin embargo es hasta el 03 de julio de dos mil
diecinueve que se ordena la investigación preliminar en la presente causa disciplinaria,
procediéndose a la notificación del auto de traslado de cargos el día 24 de julio del
2019, cuando el plazo del mes que estipula la norma para poner en conocimiento los
hechos que se investigan a la persona encausada, había sido superado. Solicita
entonces, se declare esta caducidad alegada. Criterio del Tribunal. A efecto de resolver
la caducidad alegada, se hace preciso acudir a la norma contenida en el numeral 211
de Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala: “ Artículo 211.-La acción para
investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del mes siguiente a la fecha en que quien
deba levantar la investigación tenga conocimiento de ellas". Esta norma guarda intima
relación con el numeral 603 del Código de Trabajo que dispone: “ Artículo 603.- Los
derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores
o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se
dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que
dieron lugar a la corrección disciplinaria.” . Es de destacar que respecto de la
interpretación de la norma contenida en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
en su voto 99-F-TC-2014 de las 8:45h del 24 de setiembre del año 2014, -sentencia

donde se analizan los plazos del procedimiento disciplinario- ha indicado: “… VI.-…,
existe una primera etapa en el procedimiento disciplinario, la cual inicia con el
conocimiento que sobre la falta adquiera el órgano disciplinario, y culmina con el inicio
de la investigación. Entre ambos, sólo puede transcurrir el plazo de un mes, caso
contrario, operará la caducidad. En el precepto 211 de la LOPJ, se determina que esta
fase inicial está a cargo de “quien deba iniciar la investigación”. Resolución N° 1185-F-
S1-2010 de las 14 horas 30 minutos del 6 de octubre de 2010. Ahora bien, al tenor del
precepto 184 de la LOPJ compete al Tribunal de la Inspección Judicial aplicar el régimen
disciplinario dentro del ámbito judicial. De ahí que, una vez puesto en conocimiento de
los hechos irregulares atribuidos a un funcionario, su obligación es iniciar la
investigación en el término de un mes, con el fin de ponderar la seriedad y sustento de
lo denunciado…” (En el mismo sentido pueden verse las resoluciones de la Sala II, 149-
2001 de las 10:40h del 28-2-2001 o la 938-2008 de las 9:50h del 11-11-2005). En el
caso concreto, la tesis en que la encausada sustenta la excepción que no ocupa, no
resulta de recibo. Nótese al efecto, si bien el proceso N° 19-002101-0031-IJ surge con
ocasión de la información que ingresó a esta sede disciplinaria mediante correo
electrónico en fecha 13 de febrero del 2019, mediante la que se puso en conocimiento
de este Órgano Disciplinario un presunto incumplimiento del horario de la
jueza [Nombre 007], fue hasta el 28 de junio del 2019 que se dio inició a aquel proceso
N°19-002101-0031-IJ; situación que implicó la decisión vertida mediante Voto N° 1775-
2019 de las once horas y treinta y seis minutos del dos de julio del año dos mil
diecinueve, en que se ordenó la desestimación de la causa al acoger la caducidad de la
acción. Pues bien, en el mismo auto antes descrito se ordenó un testimonio de piezas,
con el propósito de que se investigara la presunta negligencia en el trámite de la
información que obligó a la caducidad analizada y declarada en dicho procedimiento
Contrario a lo expuesto por la accionada [Nombre 001], la actual instrucción
disciplinaria dio inició a partir de que una de las secciones de este Tribunal de la
Inspección Judicial, resolvió la solicitud de desestimación planteada por el Órgano
Instructor y emitió el voto número 1775-2019 de las once horas y treinta y seis
minutos del dos de julio del año dos mil diecinueve , en el cual ordenó investigar los
motivos por los cuales se generó la caducidad de la acción en el trámite de la queja 19-
002101-0031-IJ. Así, luego de llevar a cabo diversas pesquisas, mediante resolución de
las once horas cuatro minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve , se
emitió y notificó el formal auto de traslado de cargos en contra de la
servidora [Nombre 001], por lo cual no resulta posible verificar la presencia de la
sanción procesal advertida por la encausada, en tanto la acción para el inicio del actual
proceso disciplinario se ajustó a las formalidades contenidas en el numeral 211 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, que se ha tramitado de forma ajustada a
derecho, dentro del plazo del mes que correspondía y en ello no encuentra este
Tribunal algún irrespeto o irregularidad a la normativa establecida. En procesos como
el actual, resulta necesario diferenciar dos momentos relevantes para computar el

inicio de una causa disciplinaria, sean estos, cuando se produjeron los hechos
generadores de la queja y el momento en que los mismos son conocidos por el órgano
disciplinario competente para ordenar que se investigaran, cual es para el caso
concreto, el Tribunal de la Inspección Judicial. Por tanto, los argumentos planteados
por la recurrente no resultan de recibo, pues no se ha producido en las presentes
diligencias la caducidad alegada y ante lo expuesto, corresponde a este Tribunal
rechazar la excepción planteada. 2. DEFENSA DE CADUCIDAD DE LAS
DILIGENCIAS. Como uno de los argumentos conclusivos expuestos por la defensa
pública de la encausada, señala que de conformidad con el numeral 200 inciso 10) del
Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual reformó el numeral 340 de la Ley
General de Administración Pública, en el actual proceso disciplinario operó el plazo de
caducidad ahí previsto, en virtud de que en su criterio, el órgano instructor permitió
transcurriera un plazo sin realizar diligencia alguna y en consecuencia, este
permaneció inactivo. Refiere, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el
Voto N° 1001-A-SI-2013 de las dieciséis horas quince minutos del primero de agosto de
dos mil trece, señaló tres requisitos generadores de caducidad que se presentan
cuando: "... el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es una
inactividad; que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al
administrado y que la inactividad se haya mantenido por al menos seis meses"
Considera, en las presentes diligencias se verifican todos los presupuestos antes
señalados, violentando con ello la seguridad jurídica al alargar un proceso sin
necesidad y mantener a la encausada sujeta a un proceso sin justificación alguna
Advierte la defensora, tomando en cuenta que el numeral 197 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, ante falta de regla expresa remite a las normas contenidas en la Ley
General de Administración Pública y, siendo que el numeral 211 de la regulación
atinente a la función judicial de forma expresa no se refiere a los períodos de
inactividad, como si lo hace la Ley General de Administración Pública, en aquellos
supuestos donde se conozca la inactividad procesal, lo procedente es remitirse al
contenido de esta última norma y por ello, plantea la defensa de caducidad la cual
advierte, se formula en tiempo pues no se ha dictado el acto final, presupuesto que la
jurisprudencia ha establecido para conocer esta gestión. Se resuelve. En la tramitación
de los procesos disciplinarios en esta sede, tal y como lo señala la defensa pública de la
denunciada, de conformidad con lo regulado en el ordinal 197 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, en aquellos supuestos en los que dicha norma no contenga regla
expresa, resulta necesario hacer uso de las regulaciones definidas en la Ley General de
Administración Pública para el trámite de los procesos sumarios, como norma
supletoria. De igual forma, esta Cámara coincide con la recurrente cuando refiere la
necesidad de permear de seguridad jurídica a los procesos tramitados ante este
Órgano Disciplinario sin embargo, el supuesto alegado por la defensa pública no puede
prosperar. En cuanto a la regulación normativa referida a los plazos legales, el numeral
211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como norma reguladora del régimen de

empleo público específico para el recurso humano de este Poder de la República,
señala los alcances y límites temporarios, de manera singular y única para el
procedimiento disciplinario que se deba seguir a los funcionarios judiciales. Así, dicho
cuadro normativo dispone que la acción para investigar las faltas deberá iniciarse
dentro del mes siguiente a la fecha en que quien deba levantar la investigación, tenga
conocimiento de ellas. Asimismo, establece que la investigación debe concluirse
dentro del año siguiente a la fecha en que inició, computado claro está, a partir del
acto que dio inicio al proceso, sea éste el auto de traslado de cargos. Por último, la
norma de cita regula como tercer, plazo también de un mes, aquel destinado para que
el órgano encargado de conocer en definitiva el asunto, emita un pronunciamiento
mediante un acto final del procedimiento. De una revisión del proceso en cuestión, se
verifica que la información inicial resultó a partir de lo dispuesto en el Voto de esta
Cámara N°1775-2019 de las once horas y treinta y seis minutos del dos de julio del año
dos mil diecinueve. Posterior a ello, mediante resolución de las once horas y cuatro
minutos del veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, el órgano instructor
emitió el auto de traslado de cargos correspondiente, dando inicio al proceso
disciplinario. Finalmente, en resolución de las catorce horas tres minutos del veinte de
abril del dos mil veinte, se concedió la audiencia final a las partes, siendo que una vez
vencido el plazo ahí otorgado, esta sección del Tribunal de la Inspección Judicial emite
el presente fallo. Se desprende con toda claridad, que en el actual proceso se han
venido respetando los distintos plazos legales contenidos en el numeral 211 de la
norma que, como se ha indicado, por resultar de carácter especial para temas
disciplinarios del Poder Judicial, prevalece sobre la normativa general. Atendiendo las
consideraciones expuestas, la aplicación en el caso concreto de las disposiciones
contenidas en el numeral 340 de la Ley General de Administración Pública como lo
señala la defensa pública de la denunciada, resulta improcedente, en tanto el actual
proceso se ha venido tramitando conforme las regulaciones establecidas en la
normativa antes referida, misma que resulta norma especial y de prioritario
acatamiento. Por otra parte y aun suponiendo que la gestión de la defensora resultara
dentro del marco normativo atinente a los procesos disciplinarios judiciales, se
comprueba que contrario a lo expuesto en la defensa de caducidad planteada, el
reproche no fue formulado en forma oportuna, tal y como se ha señalado por diversas
resoluciones de lo Contencioso Administrativo, esto es que

“…los efectos procedimentales de la caducidad requiere que se haya solicitado o
declarado dentro del procedimiento, precisamente para ponerle fin. Ello conlleva a que
la decisión administrativa dictada luego de una inercia de seis meses atribuible con
exclusividad a la Administración, cuando no se haya alegado o declarado la caducidad,
sea totalmente válida .” (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda número 60-F-TC-2015 de las 8:30h del día 27 de mayo del año 2015, y en


el mismo sentido la Sentencia 280-F-S1-2014 de la Sala Primera de la Corte de las
9:40h del día 6-3-2014 entre otras)

Las anteriores resoluciones reflejan la importancia del oportuno accionar de las partes,
en procura de intereses como la planteada por la defensa pública de la denunciada,
pues en estas resoluciones se ha hecho ver que de conformidad con el artículo 329 de
la misma Ley General de la Administración Pública, resulta válido el acto administrativo
que se dicte luego de la inercia de la Administración, si antes no se reclamó la
caducidad. En el caso concreto, la gestión de la representación letrada se realiza hasta
tanto el órgano instructor otorgó la audiencia final, propiamente en la etapa de
conclusiones. Se verifica entonces, que el presupuesto de la supuesta inactividad
invocada desapareció en el momento en que se concedió la referida audiencia, al no
haberse alegado de previo, lo cual encuentra sustento con lo prescrito en el numeral
340 inciso 2) de la Ley General de Administración Pública cuando refiere: “… No
procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte… cuando el
expediente se encuentre listo para dictar el acto final.”. Así, para los integrantes de
este Tribunal de la Inspección Judicial, aunado a lo antes expuesto acerca la
prevalencia de la norma especial sobre la norma general en lo atinente a los plazos
relacionados con proceso disciplinario en esta sede, se estima que la gestión de la
defensa pública fue formulada fuera del plazo dispuesto para su planteamiento, por lo
cual no resulta de recibo. Atendiendo las razones expuestas, corresponde declarar sin
lugar la defensa de caducidad del procedimiento, planteada por la defensa técnica de
la accionada


JURISPRUDENCIA


Caducidad de la Investigación Administrativa y Prescripción en el Proceso
Disciplinario del Poder Judicial

Voto de mayoría

lo referente al ejercicio de la potestad disciplinaria y la investigación de los jueces por
eventuales incumplimientos de sus deberes, el ordinal 211 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece términos de caducidad y plazos de prescripción taxativos y
expresos para la investigación, tramitación, resolución y aplicación de una eventual
sanción por incumplimiento de sus deberes. Ello es así, toda vez que los
procedimientos administrativos disciplinarios no pueden quedar librados a la voluntad


de la Inspección Judicial o del Consejo Superior del Poder Judicial, generando con ello
incertidumbre, incumplimiento del principio de seguridad jurídica, el principio de
impulso procesal de oficio, los cuales conllevan que estos trámites de tipo gravoso y
sancionatorio han de dilucidarse prontamente sin que puedan quedar abiertos en
forma indefinida. La pronta resolución de estos procedimientos exigida así por el
ordenamiento jurídico, se debe a que de mantenerse en forma indefinida se podría
constituir en una acción intimidatoria y persecutoria que afectaría gravemente al
juzgador en su ámbito personal y en el ejercicio de sus labores. De forma tal, que
iniciada una investigación, ésta, salvo casos sumamente complejos, ha de culminarse
en forma pronta y cumplida, confiriéndole prioridad y realizándose los señalamientos y
ubicación en la agenda con carácter prioritario. En razón de ello, es que la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en el ordinal supracitado, establece plazos de caducidad del
procedimiento disciplinario y de prescripción de la acción disciplinaria incoada. La
caducidad del procedimiento se tutela en tal numeral, al expresar que "la investigación
deberá concluirse dentro del año siguiente a la fecha de su inicio", no obstante, si la
naturaleza del proceso es complejo y la investigación amerita la evacuación de
abundante prueba, bien podría extenderse dicho término, en el tanto y cuanto no
existan paralizaciones injustificadas de las actuaciones administrativas, desidia, inercia
o desinterés por el funcionario en la tramitación que conllevan a que el procedimiento
se extienda injustificadamente más haya del año. La propia Ley General de la
Administración Pública aplicable supletoriamente, expresa en su ordinal 340, aplicado
supletoriamente por orden del numeral 197 de la ley de rito, que para tener por
acaecida la caducidad se requieren de varios presupuestos procesales, como lo son la
paralización por el término que disponga la ley, en este caso de un año, en virtud de
causa imputable exclusivamente a la Administración. En lo referente al termino de un
mes regulado como garantía del administrado, en los términos del ordinal de mérito,
se disponen dos plazos, uno de un mes para investigar las faltas, el cual comenzará a
contar o iniciará desde la fecha en que quien deba levantar la investigación tenga
conocimiento de ellas, y otro de un mes si procediere sancionar para imponerla, el cual
comenzará a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de
pronunciarse. Respecto al primer plazo de un mes de prescripción (en los términos del
numeral 603 del Código de Trabajo), para dar inicio al procedimiento disciplinario,
tenemos que según lo expresado en el numeral 198 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el mes corre a partir de que se reciba la queja por parte de
la Inspección Judicial, situación que requiere la comunicación y el traslado efectivo a
esta dependencia de los hechos denunciados, momento a partir del cual tendrá dicho
plazo para que el inspector instructor le de curso y la ponga en conocimiento del
denunciado o bien la desestime (numeral 200 ibid). En lo referente al segundo plazo,
se trata de una prescripción de un mes para imponer la sanción disciplinaria, la cual
cuenta desde el momento en que el Tribunal de la Inspección Judicial recibe la causa
por parte del inspector instructor para el dictado del fallo, siendo ese el momento en

que está en posibilidad de pronunciarse. Para determinar el momento a partir del cual
el Tribunal citado está en posibilidad de pronunciarse, deben analizarse los ordinales
204 y 206 de la Ley de rito, de los cuales es dable extraer que una vez concluida la
investigación, de haberse dado audiencia por tres días al denunciante, de que éste
responda o bien desde que se solicitó prueba para mejor resolver por parte del
inspector instructor y de haberse concluido el trámite, es que el expediente pasa a
estudio de los restantes inspectores generales que lo estudiarán por tres días, para
luego dictar sentencia. Siendo por lo tanto el Tribunal de la Inspección Judicial el
órgano competente para imponer la sanción y a quien le corre dictar la resolución de
mérito sancionatoria dentro del plazo del mes referido, el cual corre desde que se
recibe para estudio por parte de los inspectores decisores, hasta que se notifica al
investigado. Una vez dictado tal acto final, tendrá recurso de apelación para ante el
Consejo Superior del Poder Judicial, pero sin que en esta fase procesal recursiva y de
alzada corran plazos de prescripción por no haberse contemplado así expresamente en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello así porque el órgano competente para imponer
la sanción es el Tribunal de la Inspección Judicial y no el Consejo Superior del Poder
Judicial, el cual es un órgano de alzada, de instancia. En ese sentido, y aplicable
supletoriamente, establece el numeral 603 del Código de Trabajo, que los derechos y
acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o
disciplinar sus faltas prescribe en un mes que comienza a correr desde que se dio
causa para la separación o desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a
la corrección disciplinaria. Así las cosas tal plazo mensual de prescripción, resulta de
aplicación para el Tribunal de la Inspección Judicial, el cual actúa como órgano decisor
y no para el Consejo Superior del Poder Judicial que es una instancia de alzada, donde
se resuelve el recurso de apelación formulado, momento para el cual ya se encuentra
dictada la sanción y lo conoce el Consejo Superior a efecto de resolver el recurso de
apelación. La razón por la cual se afirma que el Tribunal de la Inspección Judicial es el
órgano competente para imponer la sanción disciplinaria y actúa como órgano decisor
al que resulta de aplicación el plazo mensual de prescripción dispuesto en los ordinales
211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 603 del Código de Trabajo, se
obtiene y concluye de lo estipulado en los artículos 81 inciso 4), 176, 184 y 206 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, al disponer que la Inspección Judicial es el órgano
instructor y el decisor en materia disciplinaria administrativa de los juzgadores. En ese
sentido como dispone el numeral 176 ibid, la autoridad competente para instruir el
procedimiento disciplinario y decidir en torno a la responsabilidad disciplinaria de los
servidores del Poder Judicial es la Inspección Judicial constituida unipersonalmente en
órgano tramitador y en órgano decisor mediante un Tribunal. Como bien lo expresan
los numerales 81 inciso 4) y el ordinal 184 de la Ley de rito, el Tribunal de
la Inspección Judicial es un órgano dependiente del Consejo Superior que ejerce
control regular y constante sobre los funcionarios judiciales, vigilando el buen
cumplimiento de sus deberes, tramitando las quejas que se presenten, instruyendo las

informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resolviendo lo que
proceda respecto del régimen disciplinario. Además, tales estipulaciones fueron
ratificadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al expresar en el
voto número 12986 de las 9 horas 12 minutos del 19 de diciembre del 2001 que “ se
confirieron amplias facultades de investigación y control sobre todos los servidores
judiciales al Tribunal de la Inspección Judicial, para lo cual podrá vigilar, el buen
cumplimiento de los deberes, tramitará las quejas que se presenten contra ellos,
instruirá las informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad, y resolverá
lo que proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que
tengan en la materia otros órganos y funcionarios del Poder Judicial, según lo
dispuesto en el artículo 120 de la Ley derogada, funciones que reconoce el artículo 184
de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo cual, de comprobarse que el
empleado no cumple las funciones que se le tienen encomendadas en su carácter de
juez, lo que implica en primer término la administración de justicia conforme a
derecho, puede imponérsele una sanción disciplinaria, según lo considere el Tribunal
de la Inspección Judicial.”. En ese sentido, como lo expresa el artículo 206 ibid,
concluido el trámite, el expediente pasará a estudio de los restantes inspectores
generales; cada uno lo estudiará por tres días; luego, dictarán resolución en un plazo
no mayor de cinco días. Tal órgano se pronunciará sobre el fondo e indicará
debidamente fundamentado, los hechos que tenga por probados, los que considere
faltos de prueba y expondrá con claridad sus razonamientos y conclusiones. Lo
resuelto se notificará al denunciado y se comunicará al denunciante, si lo hubiere
(numeral 208 ibid). Una vez tomada la decisión por tal órgano decisor como se expresó
supra, el numeral 209 ibid, establece una fase recursiva, una segunda instancia de
apelación, de alzada para ante el Consejo Superior del Poder Judicial, disponiéndose
que siempre que se le imponga al servidor una suspensión mayor de ocho días o la
revocatoria del nombramiento, el denunciado podrá apelar de la resolución final del
Tribunal de la Inspección para ante el Consejo Superior, dentro de los tres días
siguientes al de la notificación. El Consejo, en alzada, podrá anular la resolución final si
estimare que hubo indefensión u otro vicio grave de procedimiento, o que no se
impuso la sanción debida sino una notoriamente más leve, según los precedentes de
los órganos encargados de aplicar el régimen disciplinario. En caso de anulación,
ordenará el reenvió al Tribunal de la Inspección Judicial para que haga un nuevo
pronunciamiento cumpliendo con el debido proceso (artículo 210 ibid). En razón de
ello, resulta evidente que el plazo de un mes para sancionar que estipula el numeral
211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no aplica para el Consejo Superior del Poder
Judicial, sino para el Tribunal de la Inspección Judicial. No obstante, una vez firme la
resolución dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, por haberse resuelto la fase
recursiva, efectivamente hay un mes de prescripción para ejecutarla por parte del
Consejo Superior. Aplicado lo indicado al caso concreto, tenemos que expresa la
actora en la audiencia de juicio que acaeció la prescripción de la facultad sancionatoria

del Poder Judicial, y la caducidad, indica que no hay norma estipulada en la Ley
Orgánica del Poder Judicial respecto al plazo para resolver que debe tener el Consejo
Superior del Poder Judicial, por lo que debe integrarse el artículo 603 del Código de
Trabajo, el cual estipula que el empleador, en este caso el Consejo Superior, el cual es
el órgano decisor, tiene un mes para despedir y que en ese sentido ha sido conteste la
jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y el voto de la
Sección Sexta del Tribunal Contencioso. Además, indica la promovente que el 22 de
junio del año 2011 se elevó la causa disciplinaria al Consejo Superior del Poder Judicial,
después de que la Comisión de Relaciones Laborales recomendara archivarlo y que tal
órgano lo resolvió hasta el día 30 de agosto del mismo año. No obstante, tales
argumentaciones no son de recibo y deben rechazarse, si bien se acreditó en los
hechos probados 30 al 33 que la Prosecretaría General de la Secretaría General de la
Corte por intermedio de Yacira Segura Guzmán, recibió por conocimiento de la
Comisión de Relaciones Laborales el día 22 de junio del año 2011 el expediente del
Tribunal de la Inspección Judicial número 10-000201-0031-IJ, establecido contra Elicio
Durán Bolaños (hecho probado 30), que el Licenciado Elicio Durán Bolaños fue recibido
en audiencia oral por el Consejo Superior el día 27 de julio del año 2011 (hecho
probado 31) y que el Consejo Superior del Poder Judicial una vez que el expediente fue
analizado en forma individual por sus integrantes, se incluyó en la agenda de la Sesión
número 74-11 del 30 de agosto del año 2011, en su artículo XXV, comunicada por la
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por resolución número 755-2011 de las
15:21 horas del 31 de agosto del año 2011 (hecho probado 32) y notificada al actor el
día 30 de agosto del mismo año (hecho probado 33), ha de tomarse en consideración
que al Consejo Superior del Poder Judicial no le resulta de aplicación el plazo de
prescripción de un mes para imponer la sanción disciplinaria, en los términos de lo
expresado en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 603 del
Código de Trabajo. Como se expresara con anterioridad, los numerales 81 inciso 4),
176, 184, 206 y 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecen con plena claridad
que la Inspección Judicial es el órgano instructor y el decisor en materia disciplinaria
administrativa de los juzgadores. Pese a ello, el Consejo Superior en atención al
principio de justicia pronta y cumplida una vez que ingresa al asunto a la Secretaría de
la Corte Suprema de Justicia ha de incluir de inmediato en la agenda y resolver los
asuntos disciplinarios con plena prioridad, sin dilaciones, de modo que el funcionario
judicial vea definida su situación jurídica en mérito de encontrarnos ante una materia
sancionatoria gravosa que debe ser dilucidada y resuelta en forma prioritaria y
prevalente. Por tratarse la competencia del Consejo Superior del Poder Judicial de una
instancia de alzada y no correrle plazos de prescripción, pero si de responsabilidad, en
materia disciplinaria ha de ejercerlas de inmediato, una vez que ingresa el asunto y no
desde que lo incluye en la agenda. La resolución del recurso de apelación en alzada de
un proceso disciplinario administrativo no puede estar sujeto a la agenda de dicho
órgano, sino que más bien la agenda ha de adecuarse a este tipo de asuntos, de modo

tal que sean resueltos en forma prioritaria. Por otro lado, una vez definida esta fase
recursiva y firme la resolución dictada por el Consejo Superior del Poder Judicial, éste
tiene un mes bajo la sanción de prescripción para ejecutar la sanción dispuesta, el cual
en todo caso no ha transcurrido en autos, debido a que una vez comunicada al señor
Elicio Durán Bolaños el día 30 de agosto del 2011 la resolución número 755-2011 de las
15:21 horas del 30 de agosto del año 2011, dictada por la Secretaría de la Corte
Suprema de Justicia, el actor formuló el día 2 de setiembre del año 2011 recurso de
reconsideración y/o reconsideración, que fue resuelto por el Consejo Superior del
Poder Judicial en sesión número 77-11 del 8 de setiembre del año 2011, comunicada a
la actora por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 23 de
setiembre del año 2011 (hecho probado 35). Además, revisados los plazos estipulados
en el ordinal 211 ibid, de un mes para dar inicio al procedimiento disciplinario y de un
año de caducidad para concluirlo, no se ha incumplido con ellos como expresa la
actora, debido a que hasta el 28 de agosto del 2010 la señora Judith Gómez Carballo
formula queja en forma oral, grabada en disco, ante la Inspección Judicial (hecho
probado 8), mediante resolución de las 13:15 horas del 08 de setiembre del año 2010,
se le traslada ampliación de cargos al señor Elicio Durán Bolaños (hecho probado
noveno) y el día 09 de setiembre del año 2010 el señor Durán Bolaños es notificado
personalmente en Sarapiquí de la resolución de las 13:15 horas del 8 de setiembre del
2010 (hecho probado noveno), sin que haya transcurrido el mes citado. De igual forma,
ante los alegatos de caducidad expresados por el actor, se observa que no ha
transcurrido la caducidad del procedimiento administrativo de un año, porque los
hechos por los cuales se sancionó al actor ocurrieron el día 28 de agosto del 2010, con
la queja de Doña Judith y la investigación culminó cuando por resolución de las 10:40
horas del 22 de noviembre del año 2010, notificada a la actora el día 22 de noviembre
del año 2010, la Inspección Judicial confiere audiencia final a las partes a efecto de que
formulen las alegaciones que estimen pertinentes (hecho probado 20), posteriormente
mediante resolución de las 8:35 horas del 30 de noviembre del año 2010 dictada por
la Inspección Judicial y notificada a la actora el día 30 de noviembre del año 2010, se
ordena como prueba para mejor resolver adjuntar a las presentes diligencias la
denuncia hecha por la señora Judith del Socorro Gómez Carballo ante la Fiscalía
Adjunta de Heredia (hecho probado 21) y finalmente mediante libelo del 3 de
diciembre del año 2010, el señor Elicio Durán Bolaños realiza manifestaciones finales
conforme a la audiencia conferida a las partes (hecho probado 22), en mérito de lo
cual no transcurrió el año supracitado para culminar la investigación. Por otro lado,
requiere la promovente que se apliquen al presente caso los votos de la Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia, números 585 del 2012, el 149 de 1994, y el 176 de
1986, sin que tales votos tengan la virtud, con base en los hechos supracitados, de
tener por acaecida una prescripción, toda vez que el procedimiento disciplinario se
divide en dos instancias, una decisora (Tribunal de la Inspección Judicial) y otra
recursiva, de alzada (Consejo Superior del Poder Judicial), siendo de aplicación a la fase

decisoria el plazo mensual estipulado en el ordinal 603 del Código de Trabajo y el
numeral 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, en virtud de lo estipulado
en la norma de comentario, el plazo de un mes para imponer la sanción que cuenta a
partir del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse, se
aplica para el Tribunal de la Inspección Judicial y para el Consejo Superior del Poder
Judicial, lo que hay es un mes de prescripción para ejecutar la sanción disciplinaria una
vez que la resolución de alzada está firme. Más bien del estudio de lo fallado en el voto
585-2012 de las 10:25 horas del 18 de julio del 2012, de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, ratifica la tesis supra expuesta, al indicar que "(...) en un caso
como el presente, quien tiene la competencia para sancionar, es la Inspección Judicial
(artículo 184 en relación con los numerales de la Ley Orgánica citada), órgano que
realizó la investigación dentro del año previsto en la norma y no impuso la respectiva
sanción fuera del término de un mes contado desde que terminó esa investigación. La
intervención que luego hace el Consejo Superior, lo fue con motivo del recurso de
apelación planteado por el propio actor contra el acto del Tribunal de
la Inspección Judicial mediante el cual se impuso la sanción (...)"

pretensiones de nulidad y resarcitorias incoadas, tenemos que no lleva razón la
gestionante al pretender la anulación de las siguientes resoluciones administrativas
que ordenaron su despido como juez contravencional, la número 755-2011, artículo
XXV de las 15:21 horas del 30 de agosto del 2011 dictada por el Consejo Superior del
Poder Judicial, la número 1124-2010 de las 9:20 horas del 07 de diciembre del año
2010 emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial, así como la anulación de todo
acto anterior, posterior o concurrente de similar naturaleza, reinstalándolo en dicho
puesto, así como el pago de daños y perjuicios los cuales limita al pago de los salarios
caídos. En mérito de ello, no tienen sustento sus alegatos en los que fundamenta sus
pretensiones, y sostiene violación a los principios de debida apreciación y valoración
de la prueba, principio de inocencia, indubio pro operario, correcta imputación e
intimación con una debida correlación entre lo intimado, lo sustanciado y lo
sancionado, así como el derecho de defensa. Tal denegatoria se sustenta en que los
argumentos expuestos, no tienen la virtud de constituir las infracciones que estima la
accionante le acontecieron. Para sostener tales ilegalidades y nulidades, el gestionante
afirma que le acontecieron los siguientes vicios que en su entender tornan en inválido
e ineficaz todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionatorio: a) Hay
una valoración subjetiva e indebida de la prueba, un desbalance en la valoración de las
declaraciones, no se toma en cuenta y omite la declaración de don Luis Alberto
Ortuño, se le descalifica y la Inspección Judicial sobredimensiona la declaración de
María Luisa García, aplicándose una sanción desproporcionada. Sin embargo, no se
acoge tal argumento como causante de nulidad absoluta, porque si bien se acreditó
que en la audiencia celebrada a las 14:30 horas del 19 de agosto del año 2010 en el


Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí audiencia en el Proceso de
Violencia Doméstica incoado por Judith del Socorro Gómez Carballo en contra de
Alberto Toruño Salmerón, tramitado bajo el expediente número 10-110303-377-VD, la
cual era presidida por el entonces juez don Elicio Durán Bolaños, se encontraban
únicamente el juzgador, Don Luis Alberto Toruño Salmerón y Doña Judith del Socorro
Gómez Carballo, no por ello desmerecen credibilidad las serias acusaciones efectuadas
por la señora Gómez Carballo. La veracidad, certeza, contundencia, consistencia y
coherencia de los gravísimos hechos afirmados por la denunciante y base del
procedimiento administrativo disciplinario de despido, que motivaron a este Tribunal y
a los órganos disciplinarios del Poder Judicial, a darle credibilidad a sus palabras y a
observar que no la motivo ningún ánimo de venganza, desquite, o deseo alevoso de
perjudicar, se basan en que tanto en sede administrativa, como en sede judicial su
testimonio es coherente, describe con claro detalle hechos gravísimos que demostró
haber padecido y que resulta a todas luces impensable que los haya inventado. Hechos
tan graves y detallados como los expresó con absoluta certeza doña Judith, sin
observarse duda o titubeo alguno, y sin mostrar contradicciones o dobleces, ante las
preguntas insistentes del Tribunal en juicio, que no aprecio alteraciones, o
inconsistencias. En razón de ello, con base en los principios de la sanacrítica (ordinal
82.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), se determinan que son ciertas
tales acusaciones de acuerdo a la experiencia y la lógica. No pueden quedarse
impunes, hechos tan lamentables y dañinos para la imagen del Poder judicial y que
configuran una falta gravísima en los términos del ordinal 195 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, por lo que no hay violación al principio de proporcionalidad, toda vez
que la gravedad de las acusaciones ameritó la sanción impuesta. Además, ese
testimonio contado con detalle y que causó asombro y perplejidad en este Tribunal,
estriban en que la señora Judith Gómez Carballo el día 27 de agosto del año 2010 en la
audiencia celebrada en el proceso de violencia doméstica a las 14:30 horas del día 19
de agosto del año 2010, tramitado bajo el expediente número 10-110303-377-VD, en
la que fungía como denunciante, el entonces juez señor Durán Bolaños cabeceaba,
mostraba desatención y le dijo que seguro estaba todavía enamorada del señor
Toruño Salmerón, que él había tenido problemas en el matrimonio pero que ahora
estaba bien, que cuando la llamara la actual pareja de su ex marido para ofenderla y
decirle zorra y mal nacida, la provocara metiéndose el dedo en la vagina, se comenzara
a masturbar para excitarse e hiciera gestos de excitación jadeando, y si llega a su casa
su ex marido y ve una mujer chinga dele gracias a Dios y bendígalo. Además le dijo ella
al juez que no es bonito que el esposo le diga que la hermana está rica y se la quiere
coger, a lo cual él le dijo que no hay problema, que se la coja y también a un montón
más, que le diera gracias a Dios y lo bendijera. Expresa que en la audiencia solo estaba
ella, el juez y su ex pareja, que ingresó una muchacha en la audiencia, y que se quejó
con una de las auxiliares, yendo a hablar luego con Catalina. En abono a ello, y para
darle más credibilidad a la versión de los hechos de la señora Judith, tenemos que su

deposición es ratificada además por las funcionarias María Luisa García Carrillo, María
Catalina Vindas Aguilar y María del Milagro Soto Castro, funcionarias del Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí, que si bien no estuvieron en dicha
audiencia, la lógica humana revela que es la actitud normal de una persona que ha
sufrido una vejación, que de inmediato se lo cuenta a los funcionarios del Despacho
con el ánimo de pedir explicaciones a las actuaciones que observó y padeció en dicho
acto procesal y ante la impotencia de haberlas podido evitar por la autoridad que
representa el juzgador. Expresando tales funcionarias en sus deposiciones en juicio y
en sede administrativa, lo siguiente: María Catalina Vindas Aguilar que es juez del
Juzgado Contravencional de Sarapiquí y sobre los hechos investigados expresa que la
señora Judith le comentó y le expuso los problemas y ofensas que recibió en la
audiencia de violencia doméstica por Don Elicio, de contenido sexual y abusivas que
había recibido, lo de masturbarse, y que el señor Elicio mostraba desinterés porque
cabeceaba en la audiencia, por lo que acudió a la Inspección Judicial, pero que no
estuvo presente en la audiencia. Afirma que María Luisa García le comentó que ingresó
a la audiencia para entregar un expediente y cuando entró presenció que don Luis
Toruño le estaba “diciendo cosas” a la señora doña Judith, por lo que le pidió poner
orden al señor Elicio. Indica además que después de dicha audiencia el señor Toruño lo
ha visto en varias ocasiones conversando con Don Elicio en la oficina y en una semana
lo atendió todos los días en la oficina e incluso después de las 16:30 horas, no siendo
normal que se atienda público después de esa hora, pero que él atiende público
normalmente en su oficina. Por su parte la señora María Luisa García Carrillo, quien
es auxiliar judicial, en el Juzgado Contravencional de Sarapiquí, manifestó que cuando
doña Judith salió de la audiencia de violencia doméstica le manifestó y describió las
ofensas de contenido sexual y abusivas que había recibido por don Elicio, lo de
masturbarse, diciéndole que ella estaba celosa, que don Elicio la llamó para que
buscara un expediente y cuando ingresó para entregárselo apreció que el señor
Toruño se reía de la señora Judith, le decía a la señora Judith que la plata de la pensión
la quería para otras cosas y dársela a una amiga, que lo perdonara, entonces ella le
pidió al señor Elicio que le pusiera orden a don Toruño, además indicó que ha
observado al señor Toruño como tres veces en la oficina de Don Elicio, visitas que se
realizaron después de las quejas, pero que don Elicio atiende público normalmente en
su oficina. Además, doña María del Milagro Soto Castro , quien auxiliar judicial, en el
Juzgado Contravencional de Sarapiquí, afirmó sobre los hechos que la señora Judith le
expuso y describió las ofensas de contenido sexual y abusivas que había recibido por
don Elicio en una audiencia de violencia doméstica que ya había pasado, lo de
masturbarse, hacer sonidos, darle gracias a Dios por la pareja que tenía, que ha visto
presentarse y reunirse al señor Toruño con don Elicio en su oficina varias veces, e
incluso después de las 4:30, pero que también el señor Elicio atiende público en su
oficina. Por ello, estos testimonios ratifican y le dan certeza y credibilidad a lo
expresado por Doña Judith. Además, para darle más contundencia a las denuncias

expresadas en sede administrativa, la señor Judith acude sin temor y sin vacilación a la
vía penal, ante la Fiscalía Adjunta de Heredia, para acusar al señor Elicio Durán
Bolaños, en la cual lo denuncia por los hechos ventilados ante la inspección judicial
(hecho probado 19), con lo cual demuestra una conducta coherente y consecuente con
lo expresado en sede administrativa. Finalmente, tanto en sede administrativa, como
en la vía judicial se observó que el señor Luis Alberto Toruño Salmerón mintió, al
afirmar que conoció a don Elicio hasta el día de la audiencia de violencia doméstica
celebrada a las 14:30 horas del 19 de agosto del año 2010 en el Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí, lo cual fue desmentido por todos las
demás testigos María Luisa García Carrillo, María Catalina Vindas Aguilar y María del
Milagro Soto Castro, funcionarias del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Sarapiquí, las cuales son claras en que hubo constantes y reiteradas entre de Don Elicio
Durán y Don Luis Alberto Toruño en horas hábiles e inhábiles antes de la audiencia con
la Inspección Judicial. Por tal situación, tal hecho le resta credibilidad y veracidad a las
afirmaciones expresadas por el señor Toruño Salmerón sobre los hechos en cuestión,
además de que la propia María Luisa García Carrillo , observó al ingresar a la audiencia
referida, irrespetos tolerados, avalados y permitidos por el señor Elicio, del señor
Toruño hacia doña Judith, al punto que debió increpar al propio juzgador para que
pusiera orden. Como bien expresara al respecto el Consejo Superior del Poder Judicial
y lo ratifica este Tribunal, se observó que el señor Toruño faltó a la verdad al expresar
que en la audiencia de comentario no se intimidó a la señora Judith y que fue ella
quien “estaba incontrolable”, cuando es lo cierto que más bien era él, como lo refiere
la funcionaria María Luisa Carrillo, la que irrespetaba e intimidaba a doña Judith. Por
tales razones, no se observa violación a los principios de debida valoración de la
prueba, y de valoración adecuada del testimonio del señor Ortuño, implicando un
desbalance en perjuicio de Don Elicio, con sobredimensionamiento de la declaración
de María Luisa García, argumentos de nulidad que se deniegan en forma enfática
Más bien, las conductas en que incurrió el actor son del todo reprochables
y demuestran un claro incumplimiento de las normas que regulan las funciones,
competencias y deberes de los juzgadores, estipuladas en los ordinales 192 y 194 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que regulan como una falta gravísima los hechos en
que incurrió el señor Elicio, que implica violación de los deberes de imparcialidad,
objetividad y decoro por infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la
ley (ordinal 192.2), por exceso o abuso en el ejercicio de su cargo cometido contra un
particular que acudió al Despacho, como es el caso de la señora Judith. Además, de
que con tales conductas violentó lo estipulado en los artículos 1, 5 y 14 del Estatuto de
la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias, que dispone para todos los
funcionarios que participan y se desempeñan dentro del sistema de justicia, en
especial sus jueces y juezas, el deber de cuidar su alta misión y de que sus actuaciones
respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su
función y que estimulen el respeto y la confianza en su trabajo, así como realizar las

comparecencias brindando a los usuarios un trato digno y respetuoso, evitándose
elementos intimidatorios innecesarios, situación que convierte en justa, adecuada y
proporcional la sanción impuesta de revocatoria del nombramiento. De igual forma,
debe tomarse en consideración para darle credibilidad al testimonio de la señora
Judith Gómez Carballo, y desacreditar los argumentos de la actora de indebida
valoración de la prueba, que por la naturaleza de los hechos denunciados en que se
agrede el honor, el pudor y la intimidad de una persona, la experiencia ha demostrado
que este tipo de faltas se cometen a solas, sin que existan testigos, aprovechándose el
infractor como en este caso de su condición de juez, en una audiencia judicial privada
Si bien, se encontraba en tal acto procesal la ex pareja de doña Judith, y refiere no
haber habido agresión, se pudo acreditar que tal testimonio no le merece credibilidad
al Tribunal por haber incurrido en serias contradicciones en su deposición. Además, en
este tipo de hechos en que se agrede de palabra a otra persona con alusiones de
contenido sexual y obsceno, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en los
votos 131 de las 10:00 horas del 20 de marzo del 2002, el 808 de las 10:10 horas del 31
de octubre del 2007 y el 92 de las 10:55 horas del 8 de febrero del 2012, ha expresado
que de no existir hechos irrefutables de que la denuncia es calumniosa, debe tenerse
por cierto el testimonio de la persona ofendida, situación que resulta de aplicación a la
denuncia presentada por doña Judith, en la cual no se observa que sea calumniosa o
con el ánimo de obtener venganza sobre el actor, sin que exista motivo para ello,
relato que encuentra además sustento en la restante prueba testimonial. Expresa
además el actor, que debe declararse la nulidad de las resoluciones cuestionadas
porque: b) Se da violación del principio de inocencia, al no haberse acreditado que el
señor Elicio fuere autor responsable de la conducta trasladada, correspondiendo la
carga de la prueba de acreditar los hechos al Tribunal de la Inspección Judicial, por lo
que pide la aplicación del principio del indubio pro operario, toda vez que la prueba en
su contra debió de haber sido indefectible, insoslayable, sin ningún margen de duda, a
tenor del ordinal 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Argumento, que no es de
recibo, como se observa de los autos y de la probanza documental y testimonial
evacuada en sede judicial y administrativa, si bien se partió del principio de inocencia,
éste fue desvirtuado al demostrarse la culpabilidad del actor. En razón de ello, no le
quedó duda al Tribunal de que los hechos por los cuales fue acusado el señor Elicio no
los hubiere cometido o de que haya quedado alguna incerteza razonable de la
probanza recibida, de que efectivamente el señor Elicio deba cobijarse bajo el principio
de la duda. En ellos son contestes los testimonios evacuados de todas las funcionarias
del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí y la declaración de la
propia ofendida y el único testimonio que afirma no haber sucedido los hechos es el
del señor Toruño, que fue desacreditado por haber mentido. Y si bien la Comisión de
Relaciones Laborales por resolución número 27-2011 de las 13:30 horas del 03 de junio
del año 2011, recomendó archivar la causa disciplinaria, argumentando que los hechos
no pudieron ser acreditados, tal recomendación no es de recibo, en razón de las

argumentaciones supra expuestas, ante la contundencia de la prueba evacuada y la
demostración de las causales de despido (hecho probado 29). Sostiene además el
gestionante que c) Que la conducta trasladada está viciada de nulidad porque se le
dice que incurrió en tal práctica en el acto de traslado de cargos, por lo que se violenta
la defensa técnica y el principio de inocencia al tenerlo por culpable desde el inicio del
procedimiento: Razonamiento que no se admite. Como se observa, en el hecho
probado décimo, mediante resolución de las 13:15 horas del 08 de setiembre del año
2010, dentro del expediente disciplinario tramitado por la Inspección Judicial del Poder
Judicial, bajo el número 10-000201-0031-IJ, se le traslada ampliación de cargos al
señor Elicio Durán Bolaños y se utiliza la palabra “se le atribuye”, de modo que no se le
tiene por autor responsable sin haberlo investigado previamente, sino que se le
notifica traslado de cargos por los hechos ahí referidos, pero sin que de ningún modo
se le tenga por culpable sin haberse realizado la investigación. Además, todo el
procedimiento disciplinario llevado a cabo, la evacuación de la prueba testimonial de
cargo y de descargo efectuada, la resolución de los recursos que presentara el actor,
así como toda su probanza (hechos probados 6 al 35), demuestran que se respetaron
los principios del debido proceso y el derecho de defensa. De igual forma, expresa la
promovente que debe dictarse la nulidad de las resoluciones cuestionadas,
porque d) Se violenta el principio de correlación entre lo intimado, lo sustanciado y lo
sancionado: Agravio que se desestima. Como se observa, del acto procesal de traslado
de cargos (hecho probado décimo), mediante resolución de las 13:15 horas del 08 de
setiembre del año 2010, dentro del expediente disciplinario tramitado por
la Inspección Judicial del Poder Judicial, bajo el número 10-000201-0031-IJ, se le
traslada ampliación de cargos al señor Elicio Durán Bolaños al investigársele porque
“ en la audiencia celebrada en el proceso de violencia doméstica a las 14:30 horas del
día 19 de agosto del año 2010 bajo el expediente número 10-110303-377-VD, en que
actuaba como denunciante, el entonces juez señor Durán Bolaños mantuvo un
comportamiento parcializado a favor del señor Toruño Salmerón, ex pareja de Judith y
de total irrespeto, así como agresión verbal hacia la señora Judith, y después de darle
la palabra a las partes intervino realizando manifestaciones con contenido sexual no
propias de su función como Juez, pues le dijo a la señora Judith que seguro estaba
enamorada del señor Luis Alberto Toruño, que ella todo lo que había hecho
(refiriéndose a la denuncia por violencia doméstica) era por despecho, a lo que la
señora Judith respondió negativamente, agregando que la actual mujer del señor Luis
Alberto Toruño la llamaba para ofenderla con palabras como zorra, mal nacida,
entonces el para entonces juez Durán Bolaños le expresó a la denunciante que debía
de meterse el dedo en la vagina para masturbarse, excitarse, he incluso realizó sonidos
y gestos como jadear para demostrarle a la señora Judith lo que debía hacer cuando
esa persona la llamara. Aparte de ello buscó convencer a la señora Judith haciéndole
ver que la situación de crisis y de violencia doméstica que estaba pasando con su ex
pareja era normal en el matrimonio, haciendo alusión a su vida personal al expresarle

que tenía 18 años de casado, que se había separado y habían vuelto, a lo que ella le
contesta que no es bonito que le diga que que rica que está la hermana y que se la
quiere coger (refiriéndose a tener relaciones sexuales) a lo que el señor Durán Bolaños
le expresó “que se coja a la hermana y a un montón más” y que por eso más bien lo
bendijera y que si se encontraba al señor Toruño en la casa con una mujer desnuda,
ella debía darle gracias a Dios. Además se le investiga porque ante tal comportamiento
el señor Toruño estuvo riéndose en la audiencia y burlándose de Doña Judith por los
comentarios que le hacía y pasó en la audiencia cabeceando, dando la impresión que
se iba a quedar dormido, lo que implicó maltrato hacia al señora Judith, así como
desinterés por la audiencia. De igual forma se le abre causa por presuntamente con
base en tales comportamientos haber ofendido y maltratado a la señora Judith y haber
traicionado la confianza depositada en él como juzgador de la república y en las
propias instalaciones del Poder Judicial. “. Los hechos que se investigan y se sustancian
son precisamente esos, sobre ellos giran todas las preguntas que se les realizan a los
testigos de los hechos (hecho probado 17 y 18). Y además, en la resolución que ordena
su despido por parte de la Inspección Judicial, mediante voto número 1164-2010 de las
9:20 horas del 07 de diciembre del año 2010, el Tribunal de la Inspección Judicial
resolvió el proceso disciplinario tramitado bajo el expediente número 10-000201-
0031-IJ, indicando que aplica el principio de indubio pro operario en cuanto a la queja
de quedarse dormido y cabecear en la audiencia preliminar celebrada a las 13:30 horas
del 26 de marzo del año 2008, en el Juzgado Penal de Bribrí, pero en lo referente a la
queja formulada por la señora Judith del Socorro Gómez Carballo, la acoge y le imputa
la falta como gravísima imponiéndole la revocatoria del nombramiento por haber
conducido una audiencia en forma irregular, agrediendo en forma verbal a una usuaria
contrariando sus obligaciones como Juez (ordinal 152 de la ley de rito) y
desconociendo el protocolo de atención a las víctimas mayores, así como el Estatuto
de la Justicia en sus artículos 1, 5 y 14 y además estar cabeceando y quedarse dormido
en dicha audiencia (hecho probado 23). De igual forma el Consejo Superior del Poder
Judicial fue claro en resolver la apelación con base en los hechos imputados e
investigados, para afirmar en la Sesión número 74-11 del 30 de agosto del año 2011,
en su artículo XXV, comunicada por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por
resolución número 755-2011 de las 15:21 horas del 31 de agosto del año 2011, que en
el caso tramitado bajo el expediente número 10-000201-0031-IJ incoado en contra de
Don Elicio Durán Bolaños, se debe mantener el acto final dictado por el Tribunal de
la Inspección Judicial, y expresa con claridad que el caso en estudio se trata de
“(…) una actuación que se comete durante una audiencia privada que es dirigida por el
encausado en su condición de juez, dentro de la causa por violencia doméstica número
10-110307-0377-VD acumulado al 10-11303-377-VD, en que figuran como partes
Judith del Socorro Gómez Carballo y Luis Alberto Toruño Salmerón. Es durante esta
audiencia, como lo refiere bajo juramento doña Judith, que no solo el encausado
permitió un trato grosero y de burla del testigo Toruño Salmerón hacia ella, sino que

además le hizo comentarios inmorales y de contenido sexual. Estos hechos son los
medulares en la investigación, encuentran sustento en especial en el relato de la
denunciante, pero son confirmados por las testigos Catalina Vindas Aguilar y María
Luisa García Carrillo, quienes son servidoras del despacho judicial y tuvieron
conocimiento de los hechos investigados.”. Con lo cual se observa plena identidad
entre los hechos intimados, los investigados, la conducta reprochada, las normas
infringidas y la sanción impuesta, situación que se aprecia en la citada resolución al
expresar que “ El licenciado Elicio Durán incumplió además con sus actuaciones según
lo establece el Estatuto de la Justicia y Derecho de las Personas Usuarias del Sistema
Judicial y el Código de Ética Judicial, pues no se ajustó a las normas de conducta
requeridas y que tienen como objetivo honrar la integridad e independencia de la
función judicial y fortalecer el respeto y confianza que debe tener la ciudadanía en el
Poder Judicial y sus servidores y servidoras, pues tal y como se acreditó, y como ya se
indicó antes, no solo afectó a una parte del proceso, sino que puso en duda el accionar
del despacho, y hasta el liderazgo como juez ante el personal auxiliar y profesional,
quienes se dieron cuenta de estas actuaciones, y de alguna forma se vieron
involucrados.”. Con lo cual se determina, que no se violenta el principio de imputación
e intimación, existiendo relación entre lo imputado, lo investigado y lo sancionado, al
existir plena identidad y similitud entre los hechos notificados a efecto de dar inicio a
la investigación disciplinaria y aquellos por los cuales se le impuso la falta disciplinaria
de remoción de su cargo. Finalmente, por la conducta desplegada en la audiencia de
juicio por el señor Luis Alberto Toruño Salmerón, debido a las declaraciones brindadas
en este proceso, se testimonian piezas para ante el Ministerio Público a efecto de que
se le investigue por el presunto delito de falso testimonio


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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS


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CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ. Sentencia 77 de las dieciséis horas y cinco minutos del veintiséis
de agosto del año dos mil trece. Expediente: 12-001740-1027-CA