Jurisprudencia Judicial y Administrativa sobre la
Revocatoria Contra Acuerdos del Órgano
Colegiado
Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Acuerdo, Resolución, Órgano Colegiado, Revocatoria y Artículo 58 de la Ley
General de la Administración Pública

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 03/12/2020

Nombre del Investigador: Lic. Esp. Simons Salazar García


Contenido


Recursos de Revocatoria y Apelación de los Acuerdos de Órganos


Sobre los Recursos Ordinarios Contra los Acuerdos de los Órganos


1. Sobre la Impugnación de los Acuerdos de Órganos Colegiados: El Caso
Especial de la Revocatoria de Acuerdos de la Junta Directiva del Colegio de
2. Sobre las Diferentes Formas de Revisión de los Acuerdos de los


 RESUMEN


El presente informe de investigación realiza una reseña sobre la Revocatoria
Contra Acuerdos del Órgano Colegiado, considerando los supuestos normativos del
artículo 58 de la Ley General de la Administración Pública y el criterio que al respecto
de esta norma han elaborado la jurisprudencia judicial y administrativa por parte de
los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General de la República respectivamente


NORMATIVA


Recursos de Revocatoria y Apelación de los Acuerdos de Órganos Colegiados


Artículo 58.-

1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado

2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo indiquen


JURISPRUDENCIA


Sobre los Recursos Ordinarios Contra los Acuerdos de los Órganos Colegiados

Voto de mayoría

3- ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES IMPUGNADAS . La parte actora ataca la que califica
como desinscripción del Registro de Peritos Tasadores Agropecuarios Forestales, y la
comunicación de esa actuación. Aduce en su diatriba, que esas actuaciones son
contrarias al ordenamiento jurídico (Constitución Política, Ley General de la
Administración Pública y Ley de Notificaciones Judiciales), por vicio de nulidad absoluta
que se contrae a la transgresión de la garantía de estricta legalidad derivada del
derecho a obtener un debido proceso de ley, y a ser debidamente comunicado de las
actuaciones preparatorias y conducentes a esa decisión. También aduce haber sido
sujeto de trato desigualitario respecto del Ing. Nicolás Blard, y haber sido perjudicado
por la administración, en la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo; actuaciones
que atribuye a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica


Tales alegaciones exigen una revisión de legalidad para determinar la procedencia o no
de los agravios formulados por la parte actora. Con ese propósito, la actuación que
resulta relevante es la desinscripción del Registro de Peritos Valuadores y Tasadores
Agropecuarios. Al respecto, lo evidente es que inscribirse en dicho Registro es un acto
de carácter voluntario, no sujeto a la imposición del Colegio Profesional. En igual
sentido la desinscripción, puede ser solicitada por la persona que no quiera formar
parte de las listas que integran dicho Registro. Los requisitos para ingresar o salir del
Registro están dispuestos en la normativa concurrente, es decir, la misma Ley
Orgánica, el Reglamento ejecutivo de esa Ley, y el reglamento autónomo que regula la
actividad de los peritos valuadores y tasadores agropecuarios y forestales. Los artículos
7 y 8 del Reglamento de Registro de Peritos - Tasadores del Colegio de Ingenieros
Agrónomos, Decreto Ejecutivo N° 29410-MAG del 2 de marzo del 2001 disponen

"Artículo 7º—Todo Perito - Tasador Agropecuario o Forestal, así como las personas
jurídicas, deben cancelar a más tardar el 31 de enero de cada año, la tarifa anual que
fije la Junta Directiva del Colegio, para mantener su inscripción en el Registro
correspondiente, con la excepción establecida en el artículo 20, inciso f de este
Reglamento

"Artículo 8º—Cualquier Perito-Tasador Agropecuario o Forestal o persona jurídica
inscrita, podrá retirarse temporal o definitivamente del Registro en el momento que lo
desee, para lo cual deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva del Colegio con
un mes de anticipación, entregando al vencimiento de dicho término, el Libro de
Protocolo

"Artículo 10.—Cualquier miembro del Colegio que no se encuentre inscrito en el
Registro, que efectúe avalúos o peritajes en materia agropecuaria o forestal, se hará
acreedor, conforme al debido proceso, a las sanciones disciplinarias que le puedan
imponer los órganos competentes del Colegio."

Se trata, por consiguiente, de una actividad reglada y autorizada por la normativa
vigente, lo cual se enmarca dentro del principio de legalidad que debe regular las
actuaciones de la administración pública. Ahora bien, la desinscripción de dicho
Registro, de acuerdo a la normativa aplicable, puede ser también el resultado que se
produce cuando quien forma parte de dicho Registro, no solicita la renovación de la
inscripción para el período presente, lo que conlleva desde luego, que tampoco deberá
realizar el pago del canon que esa inscripción comporta. Sin embargo, en este
supuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 10 del Reglamento que
regula esa actividad, reción transcrito, tampoco podría realizar labor de perito, pues
esta condición es la que se obtiene al solicitar la inscripción a dicho Registro, y cumplir
con los requisitos incluso los pecuniarios que exige dicha inscripción. Al respecto, el
Artículo 2 del citado Reglamento dispone que,


"(...) Perito-Tasador Agropecuario: Es el profesional incorporado al Colegio de
Ingenieros Agrónomos, que se encuentra inscrito en el Registro de Peritos-Tasadores
de este Colegio y autorizado para efectuar peritajes y avalúos en materia
agropecuaria."

El tema central del ejercicio de la labor de perito es la inscripción ante el Registro que
al efecto lleva el Colegio de Ingenieros Agrónomos, tema que como se mencionó, está
revestido de interés público en razón de la actividad en la que se ejerce la labor del
perito y de la trascendencia de las actividades agropecuarias y forestales para la
economía del país. En el marco de las regulaciones citadas, es criterio de este Tribunal
que la desinscripción del actor que dispuso la Junta Directiva del Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, mediante el acuerdo tomado en la sesión
ordinaria N° 10-2012 efectuada el día 23 de abril del 2012, se encuentra ajustada al
derecho observable para tomar esa medida habida cuenta de la falta de solicitud
expresa ante dicho órgano por parte del aquí actor para integrar dicho Registro
durante el período dos mil doce, asi como ante la evidente falta de cancelación del
canon o cuota de membresía correspondiente a dicho período. En este contexto, el
Tribunal es del criterio que existiendo normativa expresa que autorice a la Junta
Directiva del Colegio a poner en funcionamiento ese Registro, a establecer las
regulaciones del mismo mediante reglamentación ejecutiva, y a establecer requisitos
para integrar ese Registro, la actuación impugnada no resulta disconforme con el
ordenamiento jurídico ni resulta contraria al derecho observable, por cuanto el acto
impugnado de nulidad, es el resultado de la falta de sometimiento del actor a las
regulaciones existentes sobre el Registro de Peritos en comentario, lo cual, aun cuando
de ninguna manera conlleva la imposición de una medida disciplinaria en su contra, sí
resulta en una limitación razonable a la condición y labor del perito, en tanto no puede
ser considera como tal, ni ejercer función o labor alguna que requiera esa condición,
entre tanto no formalice su solicitud ante la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Agrónomos y no cumpla con los requisitos que al efecto observa dicho órgano
colegiado. Razones adicionales para considerar la avenencia del acto impugnado al
derecho aplicable se demuestran en el contenido y motivo del mismo, pues lo que está
haciendo la susodicha Junta Directiva, es ejercer la fiscalización y control de dicha
actividad a cargo de los profesionales que agremia dicha corporación. Luego, es
evidente, que en cuanto a la competencia de dicho órgano, que la misma Ley Orgánica
del Colegio, es la que se la otorga conforme al texto del supra transcrito Artículo 19 de
la citada Ley N° 7221 del 23 de abril de 1991. De manera que no se trata de la
imposición de una pena administrativa o de la aplicación del régimen disciplinario o de
la ejecución de una sanción administrativa, como en evidente error lo expone el actor,
pues lejos de tales supuestos, la desinscripción del Registro de Peritos, cuando no se
produce como resultado de una solicitud expresa en ese sentido por parte de quien ya
no desea seguir siendo parte del mismo, no es más que el resultado que produce la


falta de solicitud del profesional agremiado quien no solicita dentro del término que
indica el artículo 7 del Reglamento de dicho Registro, que es al 31 de enero de cada
año, su inscripción al mismo, lo que implica su correlativa liberación de la obligación de
pagar el canon anual que debe cancelar para ello. El acto final de inscripción, puede
entenderse como una conducta sometida al cumplimiento de la carga por parte del
administrado; resumidamente, tal inscripción se encuentra dentro del ámbito de la
voluntad de el o la profesional para quien adquiere obligaciones como el pago anual
del canon. Tal y como se desprende de la normativa en comentario, ninguna sanción
administrativa o disciplinaria surge ni puede imponerse al agremiado quien no sigue
formando parte de dicho Registro. Considera este Tribunal que el acto impugnado se
ajusta a la razonabilidad de la normativa que debe observar la administración
demandada en el cumplimiento de sus funciones y deberes. Tampoco se ha
encontrado en lo actuado por dicho demandado, actuación alguna, que en relación
con la parte actora de este proceso, deba ser enmendada para adecuarla a la legalidad
vigente. De modo que, en consideración de las disposiciones aplicables a este caso, es
criterio de este Tribunal que debe declararse sin lugar la impugnación interpuesta por
el acto en contra del acto de desinscripción del Registro de Peritos Valuadores y
Tasadores Agropecuarios

La otra actuación impugnada es la notificación al actor del acuerdo de desinscripción
Conforme a lo alega la parte actora, ese acuerdo nunca le ha sido notificado conforme
a la Ley. La demandada rechaza tal afirmación e indica que sí le fue notificado
conforme a derecho y prueba de ello son las distintas acciones impugnatorias
realizadas por la parte actora en contra del mismo, tanto en sede administrativa como
en la jurisdiccional. El Tribunal ha revisado el asunto y considera que no le asiste la
razón a la parte actora, pues en lo alegado a este respecto, no logra dicha parte
demostrar que no se le notificara dicho acuerdo. En ese orden de ideas, lleva razón la
parte demandada, pues consta en los autos que la parte actora ha venido
combatiendo el acuerdo en comentario desde la sede administrativa, tal y como
permiten concluirlo las siguientes actuaciones procesales: 1- Solicitud de medida
cautela ante la autoridad jurisdiccional presentada en fecha 18 de junio del 2012
(folios 120 al 129); 2- el memorial impugnatorio presentado en sede administrativa en
fecha 10 de julio del 2012 (folios 14 y 15 del legajo de la Secretaria del Colegio); 3-
interposición en fecha 20 de agosto del 2012 del recurso de amparo en contra del
demandado, mediante el expediente 12-010838-0007-CO, que dio origen al voto de la
Sala Constitucional N° 2012012514, de las 09:05 horas del 7 de setiembre del 2012 que
acoge el amparo en cuanto a la respuesta que debe dar el recurrido sobre las
certificaciones que le fueron peticionadas por el amparado (folios 26 al 31 del
principal); 4- recurso de amparo con el mismo expediente y mismas partes, que da
origen al voto 2012013891, de las 14:30 horas del 3 de octubre del 2012, en el que el
recurso fue acogido en cuanto a la falta de respuesta oportuna por parte del recurrido


con infracción al derecho de petición y pronta respuesta que tutela la normativa
constitucional; 5- y la interposición de este proceso en fecha 19 de setiembre del 2012
Observa este Tribunal, que la actividad combativa en contra de la resolución tomada
por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, se produjo por parte del
actor desde fecha 18 de junio del 2012, mucho antes de que se consumara alguno de
los plazos obstativos para continuar con la defensa de sus intereses. En efecto, si la
sesión de la Junta se efectuó el 23 de abril del 2012, y al día siguiente, 24 de abril del
2012, el Fiscal Ejecutivo le envía a su apartado postal el memorial FE-160-12 en el que
le comunica de la resolución tomada por la Junta Directiva (tal y como luego lo acepta
la parte actora en el memorial de interposición de la medida cautelar a folio 122 del
principal), es lo cierto que dicha parte se dio por notificada desde que inició la
impugnación del acto de desinscripción, en la indicada fecha 18 de junio del
2012, habiendo así convalidado el acto de defectuosa comunicación que alega como
incurrido por la administración demandada, tal y como lo autoriza la aplicación
integrada de los artículos 141 y 247 de la Ley General de la Administración Pública, que
prevén esa posibilidad. De acuerdo con las citadas disposiciones, la actuación del actor,
de haber accionado en sede jurisdiccional en contra del acuerdo de la Junta Directiva
en la indicada fecha, mediante la interposición de la medida cautelar, sin haber
impugnado dentro de los diez días posteriores la comunicación que se le hizo, tal como
lo dispone el artículo 247 inciso 2) LGAP, es razón suficiente para considerar la
convalidación de la defectuosa comunicación del acto impugnado que ha venido a
alegar en esta sede dicha parte. Acorde con ese criterio, la conclusión de este Tribunal
respecto a la impugnación hecha por el actor en contra del acto de comunicación del
acuerdo de la Junta Directiva que le informa sobre la desinscripción, fue convalidado
por dicha parte -en su propio perjuicio-, abriendo a partir de ese momento la
legitimidad de las actuaciones que con ocasión de haberse dado por notificado él
mismo realizó y legitimó en el demandado. Entiende este Tribunal que el artículo 58 de
la Ley General de la Administración Pública establece la impugnación por la vía del
recurso ordinario en contra de las actuaciones del órgano colegiado, como lo es la
Junta Directiva del Colegio demandado, lo cual tampoco consta que haya sido
ejercitado en debida forma por la parte actora, de manera que la conclusión redunda
en punto a la indicada convalidación de cualquier defecto que pudiere atribuirse al
acto de comunicación defectuosa alegado. Por lo expuesto, se impone el rechazo de lo
argumentado por el actor respecto al acto de comunicación


1. Sobre la Impugnación de los Acuerdos de Órganos Colegiados: El Caso
Especial de la Revocatoria de Acuerdos de la Junta Directiva del Colegio
de Licenciados y Profesores en letras, Filosofía, Ciencias y Artes


II. NORMATIVA APLICABLE: Dispone en lo pertinente el artículo 22 de la Ley Orgánica
del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencia y Artes (N°4770 de
13 de octubre de 1972)

“ Para declarar un acuerdo firme se necesita la concurrencia de por lo menos dos
tercios de los votos de los miembros presentes. Los acuerdos de la Junta Directiva son
apelables ante la Asamblea General y el recursos debe interponerse dentro del tercer
día a partir de la aprobación del acta respectiva”. (El subrayado es nuestro)

Por su parte el artículo 56.2 de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de
2 de mayo de 1978) preceptúa lo siguiente

“Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los
miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de
los miembros del Colegio”

El numeral 58 de las misma Ley General de la Administración Pública señala

“Art. 58.11 Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado. 2
Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo indiquen “

Finalmente, para completar aún más el marco o estructura jurídica aplicable, cabe
considerar los artículos 152 y siguientes de la misma Ley General de la Administración
Pública, en cuanto aluden a la revocación del acto administrativo, que como veremos
luego contienen regulaciones precisas en punto a la posibilidad de modificar ese acto y
las limitaciones que para ello existen

EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES: La Junta Directiva del citado colegio
profesional es, según el artículo 18 de su Ley de Creación, el órgano ejecutivo de la
corporación, y como tal, reviste características del órgano colegiado que según el decir
del tratadista italiano Renato Alessi, es aquél que se presenta en la organización
administrativa pública: “… cuando está integrado por varias personas físicas que se
encuentren en un plano que pudiéramos llamar horizontal, de forma que sea la


manifestación ideológica ( voluntad o juicio ) colectivamente expresada por todas estas
personas, la que se considere manifestación del órgano.”

Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Barcelona, casa editorial
Bosch, Edición Española, Tomo I, p.110)

Siendo así, para manifestar esa voluntad o juicio, el órgano colegiado toma decisiones
que tienden a resolver en uno u otro sentido situaciones materiales situaciones
materiales que caen dentro de la esfera de sus atribuciones legales, como lo son en
este caso las propias del control, fiscalización y otras señaladas en su ley orgánica, en
perfecta armonía con lo que haya acordado la Asamblea General del Colegio, que es el
órgano colegiado de mayor rango en la corporación. Esto es así, ya que dentro de la
organización y funcionamiento del Colegio existen dos órganos colegiados, la
Asamblea general y la Junta Directiva, estando este último subordinado al primero (
vid. Artículos 11,12,13incisos c) y d) de la Ley Orgánica)

En ese orden de ideas, los actos de la Junta Directiva son, en su normal
desenvolvimiento como órgano colegiado ejecutivo, llamados “acuerdos”, los que para
ser considerados válidos y legítimos deben ser tomados en una sesión ordinaria o
extraordinaria, que reúna a los miembros de la Junta Directiva: “… y para que haya
acuerdo o resolución el voto de mayoría de los presentes…” (Artículo 22 de la Ley
Orgánica). Luego, existen dos modalidades jurídicas de acuerdos del órgano colegiado
aquéllos a los que podríamos llamarlos puros y simples, que han sido votados con
mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los votos y que adquieren su plenitud
como actos administrativos hasta la sesión ordinaria siguiente del órgano, cuando se
revisa y aprueba el acta anterior, momento en el que se constituye su firmeza y por
otro lado aquéllos que son declarados firmes en la misma sesión en que se toman,
siendo necesario para hacer tal cosa el voto reforzado, es decir la mayoría calificada

En este último caso, según el artículo 22 precitado, se requiere la concurrencia de por
lo menos dos tercios de los votos de los miembros para declarar firme un acuerdo (Art
22 ibidem)

Así, consecuentemente, la firmeza de los acuerdos , que es la característica jurídica
que les da plenitud constitutiva , es decir que los convierte en actos jurídico
administrativos relevantes, válidos y eficaces, surge ya sea porque al revisar en la
sesión siguiente el acta anterior no se altera el acuerdo tomado, o bien porque en la
misma sesión se toma, con mayoría cualificada o reforzada, la determinación colectiva
del órgano para que surta efectos inmediatamente, y que allí mismo quede
consolidado. En esto, son coincidentes tanto la norma especial (art. 22 de la ley
orgánica) como la norma general (Artículo 56.2 de la Ley General de la Administración
Pública)


Ahora bien, el acuerdo firme tomado por un órgano colegiado, como acto
administrativo que es, resulta ser al mismo tiempo esencialmente revocable, así quedó
claramente expresado en el dictamen N° 17-73 de esta Procuraduría General , con
fecha 16 de marzo de 1973, cuando se respondió que un acuerdo firme tomado por
una corporación municipal desde hacía ocho meses atrás, sí podía ser revocado con
posterioridad

En esa ocasión se hizo una cita doctrinal muy acertada del tratadista Rafael Bielsa

“ El acto administrativo es siempre en principio, revocable… El fundamento jurídico de
la potestad que el poder administrador ejercita al revocar sus actos está, pues, en el
deber que él tiene de realizar con sus actos el interés público…” (Bielsa, Rafael,
Principios de Derecho Administrativo, tercera edición). En igual forma el tratadista
Manuel María Diez en su obra “El Acto Administrativo”, (segunda edición), señala: “Se
puede afirmar, en general, que a toda facultad concreta y positiva de dictar un acto,
corresponde una facultad autónoma de revocar y siempre que se conservara el poder
de resolver en la materia a la que el acto se refiere. Los actos administrativos, como
tales pueden ser revocados o dejados sin efecto por la autoridad de quien emanan en
uso de las facultades discrecionales de esta última… El acto de revocación debe revestir
siempre la misma forma del acto revocado…”

Por consiguiente, la naturaleza básica de esa manifestación ideológica concreta del
órgano, en firme, hecha en la misma sesión, alude a la inmediatez ejecutiva del
acuerdo. Es decir, se declara firme a fin de que los efectos jurídicos del acto
administrativo surjan inmediatamente y ejerzan su influencia sobre la realidad que se
ha querido regular, pero no quiere decir que con ello se le extraiga , por así decirlo, de
eventuales revisiones o modificaciones, que provengan ya sea de acuerdos posteriores
del órgano, motu proprio, o de impugnaciones que algún tercero con derecho quiera
hacer, atendiendo en ambos casos a una divergencia grave entre los efectos del acto y
el interés público. Esto es claro, el acuerdo firme no es jurídicamente invulnerable,
puede y debe ser reformado cuando razones sustancialmente serias impongan tal
reforma

Sin embargo, tal posibilidad de alteración está ciertamente limitada. La limitación o
restricción surge cuando con el acuerdo firme han nacido derechos subjetivos de
terceros, quienes no pueden verse perjudicados con una posterior reforma del acto
administrativo que constituyó en su favor un derecho amparado por la ley. Con ello lo
que se pretende proteger es el valor seguridad jurídica, por medio del cual las
modificaciones ulteriores no afectarán negativamente un derecho subjetivo suyo ya
consolidado en el tiempo en que rigió el acto, de ser éste eventualmente reformado en
su perjuicio


A este respecto es importante transcribir un apunte jurisprudencial que el mismo
Manuel María Diez hace en la obra precitada:”… El Tribunal Superior de Córdoba ha
establecido que los actos administrativos son en general revocables, pero esa facultad
tiene sus límites cuando el acto administrativo ha creado un derecho que incorpora al
patrimonio de un tercero, no como expectativa sino como propiedad que las leyes
amparan”. (DIEZ, Manuel María, El Acto Administrativo, segunda edición)

Así las cosas, el acuerdo firme está sujeto a razonables modificaciones, afincadas en el
interés público protegido por el ordenamiento jurídico administrativo, interés público
que el órgano colegiado debe tender a satisfacer; es, como acto administrativo, objeto
de revisión dentro de los límites legales normales. La firmeza del acuerdo, sea ésta
proveniente del transcurso del tiempo existente entre una sesión y otra que ratifica o
bien de la votación reforzada que en la misma sesión así lo declara, no inhibe
eventuales alteraciones. Lo único que puede impedir la legítima revocación del
acuerdo firme en general, es la constitución originaria de un derecho subjetivo, que es
aquél que, como se vio se integra al patrimonio del administrado como titularidad
protegida en las leyes

Por otra parte, es interesante resaltar que en el caso sub-examine, el artículo 22 de la
Ley Orgánica de esa corporación contempla la impugnación de los acuerdos tomados
por la Junta directiva para ante la Asamblea General del Colegio. Esto significa que
cualquier acuerdo, haya sido o no declarado firme, puede ser revisado ulteriormente e
inclusive modificado, ya sea porque ante la impugnación la Junta Directiva dispone
revocarlo o porque la Asamblea General que fuera convocada al efecto decida
modificarlo

Correlativamente, el artículo 58 de la Ley General de la administración Pública otorga
al afiliado de ese colegio profesional la posibilidad jurídica de exigir revocatoria del
acuerdo que pueda estimar contrario a derecho, esté o no esté firme, de allí se deduce
que ese acto administrativo puede y eventualmente debe ser revocado, modificado en
todo o en parte su contenido dispositivo

Como se ve, facultades jurídicas para reformar un acuerdo firme del órgano colegiado
sobran, pero están ciertamente atemperadas por aquella protección infranqueable
que se da al derecho subjetivo de un tercero que con el acto administrativo puede
haber surgido, lo que a fin de cuentas es la protección de los intereses colectivos de los
individuos que conforman la agrupación profesional

Finalmente, la modificación ulterior del acuerdo firme, que como quedó sentado, es
jurídicamente plausible en la misma forma en que se acordó, es decir con mayoría
reforzada o calificada, exige precisamente esa divergencia grave entre los efectos del
acto y el interés público, que en la realidad concreta y actuante que se ha querido


influenciar con el acto administrativo, se aprecia como una necesaria cesación de
aquellos efectos por razones de conveniencia, oportunidad o mérito. (Art. 152,1,2)


2. Sobre las Diferentes Formas de Revisión de los Acuerdos de los Órganos
Colegiados


CLASES DE REVISION

"La más importante de la manifestación de la autotutela, es la potestad revocatoria de
la Administración, es decir, la potestad de extinción de sus actos administrativos en vía
administrativa". (Allan Brewer Carías, El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, Caracas, 1982, pág. 223)

La revocatoria de los actos puede surgir a petición de parte o de oficio. Se analizarán
por separado ambas posibilidades por ser diferentes sus requisitos

A) De Oficio

Ya está Procuraduría ha dicho que

"La revisión "ex-oficio" se produce, cuando la Administración reforma o suprime sus
propias declaraciones de voluntad, sin que exista de por medio recurso administrativo
interpuesto por el interesado. Esta forma de revisión ha sido producto de la evolución
experimentada por la llamada "revocabilidad" del acto administrativo, que
tradicionalmente constituía uno de sus caracteres. En un inicio, la Administración no
reconoce límites a la potestad de revisión oficiosa. Por consiguiente, en virtud de
aquella revocabilidad, el órgano administrativo puede, motu proprio, modificar o
extinguir sus manifestaciones de voluntad con absoluta prescindencia de un
procedimiento formal. Esta circunstancia encontraba su justificación en el deber,
ineludible para la Administración, de adaptar sus actos a la realidad siempre en
constante evolución

Luego, aquella revisión reconoce un límite inquebrantable: el derecho adquirido. En
efecto, cuando la Administración creaba, reconocía o declaraba un derecho al
administrado, se hallaba vedada para anularlo o revocarlo de oficio, en sede
administrativa. Sólo podía sobre este acto, a través del contencioso de lesividad

Actualmente, y en esto es conteste la doctrina que informa nuestro sistema de revisión,
se le reconocen poderes a la Administración para que, en vía administrativa, revise
oficiosamente sus actos, a condición de que utilice para ello las formas y


procedimientos que el propio orden normativo establece para ese fin". (Dictamen C-
200-88 suscrito por el Lic. Román Solís Zelaya)

En este mismo orden de ideas, se debe distinguir entre la revocación por razones de
oportunidad y la revocación por razones de legalidad

1.- MOTIVOS DE OPORTUNIDAD

Siguiendo el dictamen apuntado anteriormente

"Este control oficioso se encuentra regulado en los artículos 152 y siguientes de la Ley
Administrativa de repetida cita. Supone éste una potestad, un poder que tiene la
Administración Pública para retirar aquellos actos discrecionales que, aunque válidos,
deben extinguirse del mundo de lo jurídico por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad. Trátese en consecuencia, de una actividad administrativa que elimina un
acto cuando no cumple eficazmente sus fines; una potestad inherente a la
Administración que se origina en el principio de autotutela administrativa

La revocación supone, por otro lado, una incongruencia del acto con el interés público
Así lo regula expresamente el numeral 152.2 de la Ley

"Artículo 152


2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando hay divergencia grave entre los
efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados
o a la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner

Ello nos obliga a admitir que la revocación se funda en razones de oportunidad,
conveniencia o mérito, claramente precisadas en el numeral 153 de esa Ley

a) aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al
momento de dictarse el acto originario

b) distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto

c) distinta valoración del interés público afectado

En ese mismo dictamen se distinguen las diferentes clases de revocación que existen

"De conformidad con los artículos 154, 155 y 156.3 de la Ley, la renovación de los actos
administrativos puede agruparse en dos categorías, según que el acto cuya eliminación


se pretende sea declaratoria de derechos para la administración o simplemente
perjudicial para éste. No se admite la revocación de actos reglados

a) Acto declaratorio de derechos

La Administración podrá revisar oficiosamente un acto administrativo discrecional y
revocarlo, siempre que se ajuste a los requisitos y formas que el propio orden
normativo le impone

Cuando aquel acto ha declarado derechos subjetivos en favor del particular, la
extinción del mismo queda condicionada a lo siguiente

1) Si el acto reconoce derechos a título precario, la Administración debe proceder de
conformidad con los artículos 308 y siguientes de la Ley General para poder decretar
aquella revocación. Tal es el alcance del artículo 154 infine de esa Ley. En todo caso,
esta revisión genera dos consecuencias importantes, a saber: Por una parte, que la
Administración otorga un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de
revocación; por la otra, que la extinción del acto no produce responsabilidad para la
Administración

2) Si el acto reconoce derechos firmes y estables, debe la Administración cumplir con
estas exigencias

a) Que la revocación la declare el jerarca del en respectivo

b) Debe haber dictamen previo y vinculante de la Contraloría General de la República

c) Debe también reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la revocación, so
pena de nulidad absoluta. Si es posible también debe darse el cálculo de la
indemnización completa

Ch) Esos daños y perjuicios deben liquidarse dentro del mes posterior a la solicitud o
recurso del administrativo, en que se contenga la liquidación pretendida por éste

d) Cumplimiento del procedimiento ordinario

b) Acto desfavorable

Las declaraciones de voluntad que sean perjudiciales para el gobernado, pueden ser
revocadas por la Administración, aunque aquél haya dejado caducar los recursos y
acciones procedentes. Para ello se requiere

1) Dictamen previo y obligatorio de la Contraloría General de la República

2) Que se revoque dentro de los cuatro años siguientes a su emisión."

2.- MOTIVOS DE LEGALIDAD

Existen otros motivos de revisión de los actos administrativos; cuando el fundamento
de la revisión sean razones de legalidad

Dentro de este supuesto, a su vez es necesario distinguir entre los actos
absolutamente nulos, los actos que contengan una nulidad absoluta, evidente y
manifiesta y los actos relativamente nulos. El primero se define como aquel acto que le
falte totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos (artículos 166 de la
L.G.A.P.) y los actos relativamente nulos son aquellos en que el “…acto sea imperfecto
en uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización
del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta". (Artículos 167 L.G.A.P.).Estamos en
presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta cuando el acto, en forma -
valga la redundancia- evidente y manifiesta, le falten uno o varios de sus elementos
constitutivos

Analizaremos los requisitos esenciales que deben cumplir cuando se pretende revisar
estos actos

Frente a una nulidad absoluta, evidente y manifiesta (artículo 173 de la L.G.A.P.) se
requiere: que se observe el procedimiento ordinario que regulan los artículos 308 y
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que el acto cuya nulidad se
pretende sea declaratoria de derecho para el administrado, que exista dictamen previo
y vinculante de la Procuraduría General de la República, y que la declaración de
nulidad la realice el jerarca respectivo de la entidad, sea, la Junta Directiva de esa
Institución. Esta potestad de revisión oficiosa caducará en cuatro años

Sobre este tema de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta existe una consulta
suscrita por el Lic. Farid Beirute Brenes (C- 140-87 de 14 de julio de 1987) en la que se
analiza en su primera parte, en términos generales, cuando existe este tipo de nulidad
en un acto administrativo, que les podría servir de orientación si les interesa
profundizar el tema

Cuando el acto es absolutamente nulo, declaratorio de derecho en favor del
administrado, y no es evidente y manifiesta su voluntad, la Administración no puede
anular de oficio esos actos, sino que debe recurrir al contencioso de lesividad previstos
en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (artículo 183.3 de la L.G.A.P.)

Cuando el acto es absolutamente nulo, siempre que la revisión se dé en beneficio del
administrado y sus derechos, la Administración conserva su potestad de revisar ese
acto dentro de un plazo de cuatro años a partir de su adopción. bajo pena de
caducidad (artículo 183.1 y 183.2 de la L.G.A.P.), previo dictamen de la Procuraduría

General de la República. En este caso no exige el seguir un procedimiento ordinario, ya
que la Administración no se encuentra ejerciendo una potestad de corte negativo para
el administrado. Es más, existe obligación de la Administración de anular el acto
absolutamente nulo dentro de las limitaciones de la Ley General (artículo 174 L.G.A.P.)

De acuerdo con lo expuesto, tenemos entonces que es necesario distinguir entre los
actos declaratorios de derechos y los actos no declaratorios de derechos, sino que su
revisión beneficia al administrativo, partiendo de tal distinción, y de conformidad con
lo expuesto anteriormente, se hará un resumen del procedimiento a seguir en cada

a) Actos declaratorios de derechos

1)- Nulidad Absoluta, evidente y manifiesta

Se debe seguir un procedimiento ordinario, se requiere dictamen previo de la
Procuraduría General de la República, la dicta el jerarca de la Institución y caduca en
cuatro años

2)- Nulidad Absoluta

No es declarable por la propia administración, se debe recurrir al contencioso de
lesividad

3)- Nulidad Relativa

No es declarable por la propia Administración, se debe recurrir al contencioso de
lesividad

b) Actos no declaratorios de derechos -la revisión beneficia al administrado-

1.- Nulidad absoluta, evidente y manifiesta

Dicha nulidad se encuentra prevista únicamente para actos declaratorios de derechos,
por lo que no procede en este caso

2.- Nulidad Absoluta

Debe ser declarada por la propia Administración, sin seguir el procedimiento ordinario,
previo dictamen de la Procuraduría General de la República y está sujeta a un plazo de
caducidad de cuatro años a partir de la adopción del acto


3.- Nulidad relativa

Es declarable por la propia administración sin seguir el procedimiento ordinario, previo
dictamen de la Procuraduría General de la República y está sujeta a un plazo de
caducidad de cuatro años a partir de la adopción del acto

b) A petición de parte

El artículo 58.1 de la Ley General de la Administración Pública establece que cabe el
recurso de revocatoria contra los acuerdos de los órganos colegiados. Partiendo de
esto y siendo la Junta Directiva del I.C.T. un órgano colegiado, contra sus acuerdos se
puede interponer el recurso de revocatoria

Sobre los recursos comenta Brewer Carías

"Los recursos administrativos, constituyen una reclamación que se formula ante la
Administración, contra un acto, para que la Administración, lo revise. Por tanto, la
Administración, cuando revise el acto, dicta otro acto que es de carácter administrativo
y de efectos particulares. Mediante ese acto administrativo por el cual se revisa otro
anterior, con motivo de un recurso administrativo, la administración puede confirmar el
acto anterior, revocarlo, modificarlo o sustituirlo por otro

Por tanto, la Administración tiene los más amplios poderes de revisión de sus actos
administrativos cuando se ha intentado un recurso contra el mismo, y además, la
Administración puede revocar el acto o modificarlo, no sólo conforme a lo pedido sino
también alegando sus propias razones e inclusive empeorándole la situación al
recurrente que intentó el recurso." (Allan Brewer Carías, El Derecho Administrativo y la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Caracas, 1982, págs. 337- 338)

Tenemos así, que frente a un recurso de revocatoria planteado correctamente, la
Administración puede revocar su propio acto, sin necesidad de seguir ningún
procedimiento en especial

Le corresponde a la Administración activa, en este caso, I.C.T., analizar la
documentación presentada y determinar si es procedente o no el recurso que les
interpone, careciendo, como ya se indicó, esta Procuraduría de competencia para ello


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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Ley
General de la Administración Pública. Versión de la Norma 14 de 14 del 25/01/2016
Publicada en Colección de leyes y decretos Año: 1978. Semestre: 1. Tomo: 4. Página: 1403

JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 27 de las once horas con veintiún minutos del treinta y uno
de Marzo del año dos mil catorce. Expediente: 12-005021-1027-CA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 203 del veintiocho de julio de mil
novecientos ochenta y seis

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen 115 del veintitrés de julio de mil
novecientos noventa