La suspensión en la ejecución del acto administrativo

Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Administrativo. Proceso Contencioso Administrativo
Palabras Clave: Medidas cautelares, Proceso Administrativo, Suspensión en la
ejecución del acto, Daño causado
Fuentes: Fecha de elaboración
Jurisprudencia. 17/04/2013


El presente documento contiene jurisprudencia sobre la suspensión del acto
administrativo que sucede con causa de la interposición de un proceso administrativo,
se citan votos que refieren a: las medidas cautelares en el proceso administrativo, el
análisis de los elementos para la procedencia, la naturaleza del “auto” de suspensión,
daño de imposible o difícil reparación, entre otros


Contenido
1. Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo: Presupuestos para que
2. Proceso contencioso administrativo: Análisis de los elementos para la procedencia de la
3. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Resolución judicial que la resuelve
4. Medidas cautelares en el procedimiento administrativo: Continuación de la actividad
5. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Análisis sobre elementos esenciales 13
6. Análisis de la instrumentalidad al proceso principal: Requisitos para que proceda la
7. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Necesario daño o perjuicio de difícil o
8. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Improcedente al no verificarse daños
9. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Presupuestos para que proceda como


 JURISPRUDENCIA


1. Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo: Presupuestos
para que proceda la suspensión de los efectos del acto


Voto de mayoría

“IV.- El desarrollo de la materia procesal en la actualidad, tiene a las medidas
cautelares como un tercer género a la par de los procesos de condena y de
conocimiento y ha elevado a la categoría de derecho fundamental, el tutelar. Se busca
la efectividad de las sentencias de cualquier naturaleza y que prevalezca en su caso,
el derecho del actor victorioso a que la sentencia sea ejecutada en sus propios
términos y cuando no sea posible, que tal imposibilidad no derive de la falta de
adopción de las medidas necesarias de aseguramiento, conservación anticipación o
sustitución. Como lo señaló la Sala Constitucional, es "… el derecho de pedir y obtener
del órgano jurisdiccional las medidas cautelares necesarias, idóneas y pertinentes
para garantizar la eficacia de la sentencia de mérito –función esencial de la tutela
cautelar-, si se cumplen los presupuestos de ésta (apariencia de buen derecho -fumus
boni iuris- y el peligro en la mora -periculum in mora-). Correlativamente, el órgano
jurisdiccional tiene la obligación de ordenar o emitir la medida provisoria si concurren
los presupuestos para su adopción …" (sentencia Nº2005-6224, de las 15:16 horas del
25 de mayo de dos mil cinco).- Para que sea posible acordar la suspensión de la
ejecución del acto objeto del recurso contencioso de interés, éste debe imputarse
activo y efectivo contra el administrado, esto es, contener plena eficacia y emanar los
efectos jurídicos al destinatario, ello para constituir así una excepción al principio
general de la ejecutividad, y para que ello sea posible, es necesario en primer lugar
que la ejecución pueda ocasionar daños y perjuicios graves, de reparación imposible
o difícil y, ponderar en segundo término y en cada caso, la medida en que el interés
publico requiera la ejecución, para otorgar la suspensión en mayor o menor amplitud
según el grado en que el interés público esté en juego, ello implica que cuando las
exigencias de ejecución que el interés público presenta aparezcan como reducidas,
bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión, que ipso iure, el
acto administrativo en cuestión, no tiene vigencia jurídica actual y por el contrario,
cuando aquellas exigencias sean de gran intensidad, solo perjuicios de muy elevada
consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución, daños que a esta
altura procesal, solo se presentan de manera relativa para aquellos en que la
diferencia del porcentaje del subsidio no se les ha reconocido. Daño que a la vez es
reparable por los mecanismos del reclamo administrativo, a instancias del interesado
y a exigencia completa del cumplimiento al convenio citado.- No puede entenderse
como conditio sine qua non de toda suspensión basada en la nulidad de pleno
derecho atribuida al acto impugnado por la parte, cuando las causas de nulidad
alegadas por este en su demanda aún aparezcan como ostensibles, patentes y
manifiestas, cuando ello, es solo el ápice de discusión del quid litigioso, que por

demás, espera a las condiciones propias de la argumentación resolutoria final.- Ya
este Tribunal ha conocido y resuelto varias solicitudes de suspensión del acto
administrativo en cuestión, con criterio uniforme, y tanto en Sección Primera como en
Sección Segunda, se ha mantenido la posición de denegar la suspensión. La
presente, por su contenido, y su prueba, no difiere sustancialmente de aquellas ya
resueltas, pues mantienen una misma línea argumentativa y un mismo escenario
probatorio, resultando incluso, una exposición impugnaticia común para todos estos
asuntos, aspectos que no hace variar las condiciones por las cuales este Tribunal ha
denegado la solicitud en alzada, al no comprobarse la acreditación de daños
irreparables, y en este caso la situación no es distinta a las demás causas, ya que de
los autos no se acredita el presupuesto formal de este tipo de incidencia, sea la
indubitable acreditación de los daños y perjuicios graves, de reparación imposible,
pues varía únicamente la matrícula registrada como folio real en el Registro Nacional,
razón por la cual al no comprobarse, que el acto por medio del cual JASEC declaró de
"interés público" la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, matrícula
número 2-176356-000, de conformidad con lo dispuesto en su Junta Administrativa,
según acuerdo de artículo 1 de sesión extraordinaria 4188 de agosto de 2007 pueda
provocar daños de difícil o imposible reparación al actor y que los daños que se
pudieren causar al interés público sean cuantitativa y cualitativamente inferiores al
daño que puede sufrir el actor con la ejecución del acto, según se está del estudio de
los autos, provoca que consecuentemente se mantenga lo ya resuelto reiteradamente
por este Despacho. Se prohija en absoluto, por así constar en la pieza judicial, lo
dispuesto por el ad quo cuando estima: "Es preciso indicar que el daño en casos como
el que nos ocupa, es esperable, no sólo por el lapsus temporal que implica la
tramitación del proceso principal, sino que, y particularmente por la propia naturaleza
del acto que se impugna, siendo comprensivo de las diligencias relacionadas, que
como objeto principal, se dirigen la desposesión y posterior transmisión de la
titularidad (dominio) de un bien inmueble, hoy propiedad delactor. Sin perjuicio de ello,
no es suficiente con que el daño en estos términos sea esperable. Tal y como se ha
indicado supra, corresponde a la parte incidentista, demostrar que además este daño
es de imposible o difícil reparación y en que grado, cosa que no hace. La declaratoria
de interés público, y a partir de ahí, las restantes actuaciones que corresponden ser
desarrolladas en dirección al desapoderamiento y posterior traslado de titularidad de
un bien inmueble propiedad privada, que pasa en razón de ello a ser demanial,
constituye per se, un daño que aún y cuando es propio de las diligencias de
expropiación, requiere justamente en función de estas diligencias como requisito para
la perfección del traslado de la titularidad, la justa y objetiva indemnización en favor del
despojado de conformidad con el artículo 45 Constitucional y la Ley de
Expropiaciones. Así las cosas, no solamente parece pretender la parte incidentista
sostener sus pretensiones, con fundamento en la simple enunciación de un daño, sino
que en relación con éste, omite argumentar, en función de que criterios habría de
tenerse como uno de imposible o difícil reparación, pues en principio, (principio que
tendría que desvirtuar), el traslado forzoso de la titularidad del bien es justamente lo
que el ordenamiento manda sea íntegra y objetivamente indemnizado en su favor. No
indica el accionante que circunstancias irrumpen en el escenario que hagan imposible,
o en extremo dificultoso la determinación del justiprecio, o cómo, aún y mediando este
requisito, exista un daño no posible cubrir por las vías de un eventual proceso de
expropiación que en sede judicial permita discutir sobre el justo precio del bien del que

se le pretende privar, todos aspectos respecto de los cuales este juzgador no se
encuentra mandado a suponer"

V.- Sobre este particular tema, el Tribunal ha resuelto en lo conducente de la siguiente
manera: a) expediente 07-1653-163-ca, en voto 301- 2010 de las catorce horas treinta
minutos del diecinueve de Julio del año dos mil diez se estableció: "Estima este
Tribunal que lleva razón el Juez de primera instancia al denegar la medida cautelar
solicitada, ya que los alegatos de la parte incidentista están todos referidos a la
Nulidad del acto, expropiatorio, en virtud de la supuesta falta de competencia del
órgano que lo dictó, declarando de interés público la finca matricula 237308-000
propiedad del actor, argumentos de sumo respetables, pero que no es posible revisar
dentro de una medica cautelar donde el fondo del asunto no puede ni debe ser
analizado. Es por ello que no es posible para este Tribunal emitir criterio alguno dentro
de ésta medida sobre los aspectos de nulidad absoluta del objeto del proceso que se
solicita suspender, por cuanto son, como se repite aspectos de fondo de la demanda
ordinaria que se conoce. Ahora bien se tiene que el Juez, a la hora de entrar a conocer
una medida cautelar típica de suspensión de los efectos de un acto administrativo,
debe valorar comparativamente el interés del sujeto activo de la suspensión
solicitante con el interés público y el de terceros, por lo que, únicamente otorgará la
medida cuando el perjuicio que pueda sufrir el solicitante sea cualitativamente y
cuantitativamente superior al daño sufrido por la contraparte Administración Pública o
tercero. De ahí que se hable de que este tipo de "daño" no ha de ser simples o graves,
es preciso que sea de reparación difícil o imposible, en virtud de lo cual deben ser
claramente indicados y probados en forma concreta, especificando el porque son de
reparación difícil o imposible. La gestión presentada no cumple con los presupuestos
mínimos requeridos para su adopción, ya que no se acredita la existencia de un daño
irreparable o de difícil reparación, en los términos previstos en el artículo 91.2 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y párrafo primero del
artículo 242 del Código Procesal Civil, ya que no se hizo llegar a los autos prueba
fehaciente de cuales eran cada uno de los daños de dicha naturaleza que podría sufrir
el actor con la sustracción del dominio de su propiedad, situación que en todo caso, se
repite es cuantificable. En virtud de lo cual debe rechazarse el recurso formulado y
confirmar la sentencia venida en alzada". b) En expediente número 07-1681-163-CA,
voto 204-2010-I de las once horas cincuenta minutos del siete de abril del dos mil diez,
se indicó: "Como se ha venido sosteniendo la procedencia de una medida cautelar
parte de la verificación sobre el cumplimiento de varios requisitos, de tal suerte que el
incumplimiento de cualquiera de ellos es motivo suficiente para el rechazo de la
gestión. En este caso, la señora jueza funda su razonamiento principal para denegar la
gestión en que no logra constatar la existencia de daños de difícil o imposible
reparación (entre otros aspectos conexos), aspecto que esta Sección del Tribunal
tampoco logra ubicar. Evidentemente, sobre la base del razonamiento de la parte
actora, si una expropiación se ha dado en contradicción con los mandatos
constitucionales o legales se le estarían causando daños de muy diversa naturaleza,
pero eso no quiera decir que sean de imposible o difícil de reparación. Se trata de un
supuesto normativo muy restrictivo donde sólo en algunos casos se configura el
supuesto; mientras que en los restantes no procede la medida cautelar. En este caso
no se satisface lo normado en el artículo trescientos diecisiete del Código Procesal
Civil en cuanto al deber de acreditar las manifestaciones. No existen elementos que

permitan deducir que estamos frente a un daño de difícil o imposible reparación; por el
contrario, todo parece indicar que este es de carácter económico y que si es posible
de reparar. Reiteramos que no basta con que exista algún tipo de daño, pues
evidentemente estos deben existir como un presupuesto de la legitimación activa para
la demanda como un todo. Por último y no menos importe es de precisar que
evidentemente dentro de todo proceso existe una relación de intereses entre las
partes, pero manifiestamente en el caso resulta de mayor relevancia aquel que
presenta el ente público. Véase que se esta discutiendo las condiciones de suministro
de un servicio público básico y sustancial como es la electricidad, de forma que la
suspensión del acto administrativo podría traer como consecuencia problemas de
falta de abastecimiento de este en las condiciones necesarias para la vida en
sociedad. En una ponderación de los intereses en juego, manifiestamente la balanza
se inclina a favorecer el interés público en este caso en perjuicio del particular, aún
cuando se pueda aceptar la existencia de este último. Los perjuicios de acceder a la
suspensión del acto administrativo podrían ser de tal magnitud que resulta
imposible adoptar una posición a favor del actor en cuanto la medida cautelar que hoy
se conoce. De esa manera la determinación del a-quo sí se encuentra debidamente
fundamentada, que respeta plenamente el principio de valoración razonable de la
prueba y que el Tribunal comparte en un todo los motivos que tuvo el señor Juez para
denegar la medida, debe entonces denegarse la apelación." y, c) en expediente
número 07-1681-163-CA, voto 205-2010-I, de las once horas cincuenta y cinco
minutos del siete de abril del dos mil diez, nuevamente se señaló: "El Tribunal, luego
de la ponderación de las circunstancias que rodean este caso, llega al convencimiento
idéntico al del Juzgador de instancia, motivo que impone confirmar el fallo combatido
Así, aún cuando el Juzgado reconoce la existencia de un proceso expropiatorio y otro
que fundamenta el presente incidente que es ordinario, no se logra ubicar las
contradicciones que la parte recurrente dice que se presentan en el caso. Por el
contrario, parece existir la suficiente claridad sobre el tema; muestra de lo dicho es que
si se trata de un proceso expropiatorio la causa que ahora nos ocupa, simplemente
sería manifiestamente improcedente la gestión. La naturaleza del proceso de
justiprecio impide plantear un incidente de suspensión del acto, como bien lo articula
en su razonamiento el recurrente, por lo que desde el momento que la autoridad
judicial inicia su valoración considerando la posibilidad de acceder a lo solicitado (lo
que al realizar el análisis frente al caso en concreto llega a desechar), es
consecuencia directa de la ubicación del tipo de sumaria que ahora nos ocupa
Incluso, aún cuando la parte dice que ese vicio se consolida lo cierto es que la lectura
del texto no permite arribar a esa conclusión, más parece ser que el alegato constituye
por si una apreciación subjetiva de los promoventes, carentes de toda
fundamentación. En cuanto al tema de la ausencia de pronunciamiento de todos los
argumentos de la parte, debemos considerar con sumo cuidado esta aseveración. Si
se tratara en este caso de una sentencia en la cual se estuviera definiendo el punto
objeto de litigio, evidentemente el principio tendría plena aplicación; pero estamos
frente a una medida cautelar. Donde como venimos sosteniendo se trata de la
necesidad de verificar el cumplimiento del cúmulo de requisitos, de tal suerte que el
incumplimiento de cualquiera de ellos es motivo suficiente para el rechazo de la
gestión. En este caso, la señora jueza funda su razonamiento principal para denegar la
gestión en que no logra constatar la existencia de daños de difícil o imposible
reparación (entre otros aspectos conexos), aspecto que esta Sección del Tribunal

tampoco logra ubicar. Evidentemente, si una expropiación se ha dado en contradicción
con los mandatos constitucionales o legales (que es el razonamiento de la parte
actora) al afectado se le están causando daños de muy diversa naturaleza, pero eso
no quiere decir que sean de imposible o difícil reparación. Ese aspecto no consta
durante toda la carpeta del incidente que hoy nos ocupa y tampoco se han aportado
pruebas en el recurso de apelación conocido en este momento; simplemente se trata
de una aseveración carente de toda prueba, como bien lo hace ver la juzgadora. En
esa condición si hacía falta un elemento resultaba innecesario entrar a valorar los
restantes elementos más en detalle y mucho menos los argumentos de la parte sobre
estos, máxime cuando como venimos señalando, la ausencia de cualquier requisito
lleva como consecuencia jurídica el necesario rechazo de la gestión. Reiteramos que
no basta con que exista algún tipo de daño, los que evidentemente se podrían estar
generando, sino que estos deben de ser de imposible o difícil reparación y en este
caso ese adjetivo indispensable no se configura. A más abundamiento, es de precisar
que llegar a establecer si un acto es nulo o no, que parece ser el aspecto que más
resiente el interés del recurrente por no haber sido establecido con claridad en la
resolución recurrida es por antonomasia un aspecto que no podía ser conocido en una
medida cautelar. Es en esencia la médula del fondo del alegato de la parte dentro del
ordinario, elemento que por su misma naturaleza y como se indicó anteriormente no
podría ser analizado con tal nivel de profundidad dentro de una medida cautelar. Se
trataría de un motivo de inhibición del juzgador para seguir conociendo de la sumaria,
pues llevaría como necesaria consecuencia venir a adelantarse y señalar su posición
sobre la existencia del derecho frente al caso en concreto como análisis de fondo y no
meramente como estudio de buen derecho para los efectos de una medida cautelar
Es exactamente lo que el juez no puede hacer lo que los recurrentes esperaban que le
dijeran, sin considerar la ilicitud de ese pronunciamiento en este momento procesal
Desde tal análisis la prudencia de la juzgador de omitir cualquier pronunciamiento
sobre ese aspecto, lejos de ser un vicio en la determinación como se le pretende
endilgar, es un elemento consustancial para poder entrar a conocer válidamente una
solicitud de medida cautelar. Igual situación ocurre con respecto a los hechos
probados, que en este momento no podrían señalar adjetivos calificativos sobre la
conducta administrativa en cuanto a la licitud o no, pues ello llevaría aparejado hacer
la conducta antijurídica en este momento procesal; es de recordar que el
señalamientos de hechos probados dentro de una determinación establecida en el
cause del proceso, presenta una condición temporal. El total de la prueba no se ha
evacuado, no se han conocido la totalidad de los alegatos de las partes, y más
importante todavía, el Juzgador (a) se encuentra imposibilitado a considerar aspectos
de fondo hasta tanto no llegue a la etapa procesal que corresponde. Por último y no
menos importante es de precisar que evidentemente dentro de todo proceso existe
una relación de intereses entre las partes, pero manifiestamente en el caso resulta de
mayor relevancia aquel que presenta el ente público. Véase que se está discutiendo
las condiciones de suministro de un servicio público básico y sustancial como es la
electricidad, de forma que la suspensión del acto administrativo podría traer como
consecuencia problemas de falta de abastecimiento de este en las condiciones
necesarias para la vida en sociedad; de esa manera, aún cuando el interés particular
puede ser sumamente relevante al poder estar afrontando un perjuicio por un acto
viciado (según su razonamiento) este resulta de menor relevancia jurídica. Es de
recalcar que la medida cautelar es excepcional y no la regla frente a un cúmulo de

supuestos normativos que en este caso no se ven satisfechos, como lo hace ver el
juzgado de instancia y esta Sección del Tribunal. De esa manera la determinación del
a quo sí se encuentra debidamente fundamentada, que respeta plenamente el
principio de valoración razonable de la prueba y que el Tribunal comparte en un todo
los motivos que tuvo el señor Juez para denegar la medida, debe entonces denegarse
la apelación." De lo dicho, este asunto no es excepción ni distinto a los indicados,
debiéndose hacer eco como propio de las consideraciones expuestas al ajustarse y
aplicarse a lo resuelto, debiéndose mantener la resolución recurrida por encontrarse
debida y legalmente dictaminada, confirmándose la misma.”


2. Proceso contencioso administrativo: Análisis de los elementos para la
procedencia de la suspensión del acto administrativo


Voto de mayoría

“III).- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR: Dentro del proceso contencioso
administrativo, la tutela cautelar tiene como función básica asegurar provisionalmente
la eficacia de la sentencia de interés, en virtud de la lentitud patológica del proceso
ordinario. Precisamente, las medidas cautelares, y los incidentes de suspensión,
buscan que la tutela jurisdiccional esté garantizada, para que a pesar del tiempo que
transcurra, el proceso ordinario cumpla su fin, y así se logre un resultado
concretamente realizable. Esto resulta congruente con el derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva. El artículo noventa y uno de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa estipula: “ 1- La Interposición de la demanda
no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo que
el tribunal acordare, a instancia del demandante la suspensión. 2- Procederá ésta
cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible
o difícil.” La finalidad del ordinal transcrito es garantizar por cierto lapso de tiempo la
eficacia o cumplimiento de la sentencia que se dicte en el expediente principal,
evitando la consolidación irreversible de situaciones jurídicas o fácticas que hagan
inútil la sentencia. Por su parte el artículo ciento cuarenta y seis de la Ley General de
la Administración Pública, en lo que interesa, dispone que: “ la Administración tendrá
potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, actos administrativos
eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta
a la responsabilidad que puede resultar ”, con la única excepción de si son ineficaces o
absolutamente nulos. Indica la norma además que es la excepción al principio anterior,
la suspensión del acto administrativo, que se aplica sólo cuando se den ciertas
circunstancias calificadas por la misma ley. Se debe partir del hecho de que los actos
de la Administración tienen una presunción de legalidad que preserva el fin público
para el que fueron dictados, por lo que otorgar la suspensión significa interrumpir la
tutela del interés público que le sirva de fundamento, lo que puede realizarse única y
exclusivamente cuando se compruebe que su ejecución causa daños y perjuicios de
difícil o imposible reparación y que los intereses públicos aconsejen la suspensión del
acto administrativo. Debe advertirse, que la suspensión de la ejecución del acto,

constituye una medida excepcional frente a la potestad de la Administración,
manifiesta en la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos (imprescindible para la
buena y sana satisfacción de los intereses colectivos). La procedencia de la
suspensión del acto administrativo debe estar precedida de varios elementos que
configuran la necesidad de tal disposición, a saber: periculum in mora, el fumus boni
iuris y contrapeso de intereses, (además de la existencia de los referidos daños y
perjuicios de difícil o imposible reparación) tal y como lo ha desarrollado el Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección II, en su sentencia de las 10:45 horas del 22-
junio de 2001: “a.-) Periculum in mora: en efecto, esa posibilidad, razonable y
objetivamente fundada, de una lesión grave e irreparable a la situación jurídica del
gestionante, por el transcurso del tiempo necesario para el dictado de la sentencia
principal (periculum in mora), se presenta, no sólo como base imprescindible de la
medida cautelar, sino como su presupuesto básico y central, sobre el que realmente
gira toda su existencia. El peligro en la demora, implica -según la doble concepción de
CALAMANDREI-, peligro en la infructuosidad y peligro de tardanza de la resolución
principal, que en términos más simples, no es más que el retraso en la obtención de
una sentencia definitiva, y el daño zzal que se produce, precisamente, a causa de este
retraso (daño inminente y demora en el proceso principal). El instituto del que se
habla, tiene su justificación y su razón de ser, en el riesgo que para el derecho
debatido supone la dilación en la definición definitiva del conflicto planteado. De no
existir esa peligrosidad para cualquiera de los bienes del recurrente, la medida
cautelar pretendida está condenada al fracaso, pues no tiene razón de ser. Sin
embargo, sabemos que la existencia del proceso es imprescindible, pues “sólo Dios
puede juzgar sin necesidad del mismo”, y el hablar de proceso, implica
irremediablemente un lapsus temporal. Lapsus que por sí mismo produce un daño
para el titular del derecho litigioso, que se agrava muchas veces, por la especulación
que el obligado hace de las ventajas que ello le depara, en tanto sé de un retraso en la
resolución judicial firme. Por eso, se ha dicho líneas arriba, que la justicia cautelar
pretende conservar o en su caso propiciar, una situación fáctico-jurídica real y efectiva,
que mantenga vivas las expectativas generadas en el principal, de cuya victoria pueda
obtenerse luego, una ejecución eficaz y cabal, en cumplimiento pleno de lo
ejecutoriado. Pero si la amenaza contra el objeto del proceso es inexistente, no puede
sostenerse con fundamento la necesidad de este especial y preventivo auxilio judicial
Sin embargo, una vez que el desafío se hace presente, la medida cautelar nos permite
“hacer las cosas pronto y hacerlas bien”. En pocas palabras, se trata “de evitar la
frustración práctica del proceso, amenazado con larguísimos años de demora en su
resolución”. Ya se ha insistido hasta la saciedad sobre la naturaleza del daño
requerido para la procedencia de la pretensión cautelar, pues obviamente no basta
con cualquier acción dañosa, sino que deberá ser real y efectivo; material, moral,
religioso o de cualquier otra índole; concreto y cierto, aunque no necesariamente
actual, pues bien puede ser futuro. Sí interesa destacar, que dicho daño ha de ser de
difícil o imposible reparación, no en el sentido de que sea irresarcible, sino irreversible,
pues los daños leves o fácilmente reversibles en su totalidad, no pueden servir al
efecto, y por el contrario, existen lesiones que aunque resarcibles, no son
necesariamente reversibles. La irreparabilidad no es equiparable a la irresarcibilidad,
pues quien solicita la tutela cautelar quiere que el bien tutelado permanezca íntegro y
no que se le asegure una indemnización. La certeza del daño, no exige sin embargo,
su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la gestión cautelar, de la urgencia

y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es prácticamente imposible su
comprobación. Algunas veces incluso, son consecuencia lógica e ineludible de la
conducta pública, por lo que no exigen mayor elemento probatorio. En este caso, debe
darse una comprobación a “través del principio racional de prueba”, que no es otra
cosa que el necesario y posible en cada caso particular. b.-) Fumus Boni Iuris: Pero
para que la medida cautelar sea procedente, se afirma que además debe existir
seriedad en la demanda, es decir, una probabilidad de acogimiento de la cuestión
principal. Es este el denominado principio del fumus boni iuris, que para la doctrina no
es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la
sentencia. Esa seriedad y consistencia de las pretensiones invocadas por el
accionante, que hacen posible el acogimiento de la demanda en la sentencia definitiva
No obstante, aquí debe tenerse a la vista, que por la necesaria sumariedad del
proceso cautelar, es virtualmente imposible para el Juez determinar con certeza la
existencia de ese buen derecho, el que por demás, debe definirse normalmente en la
sentencia y no antes. Así las cosas, por esa precariedad de los elementos de
cognición, tan sólo podrá exigirse al interesado la apariencia de un buen derecho, que
dé al Juzgador algún viso de seriedad de la demanda. No se trata entonces, de
comprobar el certero fundamento jurídico de la pretensión, ni de prejuzgar sobre el
fondo, o de establecer siquiera, como se ha dicho, un “criterio sumario de las
expectativas de estimación del recurso”, sino tan sólo que aquélla no sea descabellada
ni temeraria, de modo que pueda evitarse la emisión de una medida cautelar en
perjuicio de la Administración o de terceros, sin ninguna posibilidad de triunfo en el
derecho pretendido. Bastará con esa apariencia inicial de seriedad, para que pueda
darse por cumplido el requisito de comentario. Así, el elemento del fumus boni iuris
deberá tomarse como criterio para su denegatoria, sólo en aquellos supuestos en los
que no exista de manera evidente y manifiesta seriedad en la demanda, de modo que
en el fuero interno del Juez, exista el convencimiento de que aquella pretensión está
dispuesta al fracaso. De esta forma señala CALAMANDREI que son dos las
condiciones para que pueda adoptarse la medida cautelar: la apariencia de un derecho
y el peligro de insatisfacción de ese derecho aparente. A su vez, el primero de ellos,
exige un doble análisis: de un lado, la posible existencia del derecho o interés material
del recurrente, y por otro, la probabilidad de que la conducta administrativa (activa u
omisiva) sea antijurídica. La presencia del fumus boni iuris es, sin duda alguna, básica
e imprescindible, como un elemento más de los requeridos para la medida cautelar,
pero no por eso determinante y suficiente en exclusiva para la estimación de la misma
Si se toma en esa su verdadera dimensión (como un presupuesto más), se evitan
posiciones que a la postre pudieran crear interpretaciones no deseadas. c.-) Interés
Público: Por último, debe ponderarse si frente a ese interés o derecho privado cuya
tutela cautelar se pretende, existe o no un interés público contrapuesto que convierta
en gravosa la petición esbozada, pues de ser así, sería difícil, cuando no imposible,
acoger la medida requerida. Se impone aclarar aquí, que no se trata de cualquier
interés público, sino solamente de aquel que posea el mismo rango del derecho
fundamental a la tutela cautelar (incluido como parte del derecho fundamental de la
tutela judicial, también consagrado en nuestra Constitución Política), y por ende, que
sea capaz de relegarlo por intereses superiores. En todo caso, ese interés general
(referido a derechos fundamentales de la colectividad o de terceros), no debe
prevalecer en todos y cada uno de los supuestos, como tampoco, excluirse en forma
indiscriminada, en cada uno de ellos, y para el evento de que exista, deberá estar

claramente expresado en el motivo o contenido de la conducta, o en su caso,
comprobado en el procedimiento cautelar ”. D ebe añadirse que la medida cautelar en
esta vía es instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la
eficacia de la sentencia de un eventual expediente principal. Desde esta perspectiva,
debe realizarse un análisis que garantice la aplicación de la tutela cautelar ponderando
los bienes jurídicos objeto de tutela alegados por ambas partes. Es de aclarar que en
este momento procesal no pueden ser analizadas cuestiones que aludan a la legalidad
del acto adoptado sede administrativa, ni se entra a estudiar el eventual buen derecho
delactor sobre aspectos de fondo del asunto, que deberán ser resueltas en etapas
ulteriores, por lo que esta instancia debe ser analizada con extrema prudencia a fin de
no incursionar sobre aquél. Tales argumentaciones deben ser relegadas para un
eventual proceso de cognición.”


3. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Resolución judicial que la
resuelve tiene naturaleza de "auto"


Voto de mayoría

“III) Es criterio de este Tribunal, que la resolución judicial que resuelve un incidente de
suspensión de efectos de acto administrativo, tienen naturaleza de auto, el cual
puede ser apelado, dentro del plazo de tres días, según lo dispone el artículo 559 del
Código Procesal Civil (aplicable por remisión del numeral 70 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa). Por esa razón, está mal admitido el
recurso de apelación que nos ocupa, por haber sido planteado vencido el plazo de ley,
para su interposición. En los considerandos siguientes, se verá el fundamento de
nuestra afirmación.-

IV) En un criterio que se comparte, la Sección Segunda de este Tribunal, consideró
que la naturaleza procesal de las resoluciones que resuelven un incidente de
suspensión de acto administrativo, es la de un auto. Así, en el considerando tercero
del voto Nº 607-2005 de las quince horas diez minutos del catorce de diciembre del
dos mil cinco, se dijo al respecto: "El artículo 153 del Código de rito, clasifica las
resoluciones jurisdiccionales de la siguiente forma: "1) Providencias, cuando sean de
mero trámite. 2) Autos, cuando contengan un juicio valorativo o criterio del juez. 3)
Sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante
pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda. 4) Autos con carácter
de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que
pongan término al proceso".-

En desarrollo de ese precepto, la doctrina nacional, ha indicado lo que sigue: // "El
artículo 153 del Código Procesal Civil clasifica las resoluciones. Resolución es un
concepto genérico que incluye cuatro pronunciamientos del juez: providencias, autos,
sentencias y auto-sentencias. La palabra resolución se puede utilizar en forma
indistinta para referirse a cualquiera de ellos, pero siempre hay que verificar el

contenido para poder identificar cada resolución dada su trascendencia, en especial
para los plazos que deben dictarse y los recursos tienen.// 1. Providencias: son
resoluciones de mero trámite, lo que equivale a decir que no contienen ningún juicio de
valor por parte del juez. Inciso 1) Ejemplo de providencias sería conceder una
audiencia a un incidente o bien a una liquidación de intereses y costas. No hay
valoración del juzgador porque simplemente se procede conforme a la ley sin exigir
ningún esfuerzo intelectual. Artículos 483 y 693 del Código Procesal Civil. El plazo
para dictar una providencia es de tres días -artículo 151 ibídem- y en relación a ellas
no cabe ningún recurso. Numeral 555 ibídem.// 2. Autos: para diferenciarlos de los
autos con carácter de sentencia, se les suele denominar 'autos puros y simples'. Son
aquellos donde sí hay un juicio de valor del juez, y tienden a impulsar el proceso hasta
el dictado de la sentencia. Son resoluciones interlocutorias; o sea, que se dictan dentro
del proceso sin que le pongan fin por el fondo. Inciso 2) Resuelven cuestiones
exclusivamente procesales. La resolución inicial de todo proceso es un auto puro y
simple, el cual requiere de un estudio previo del juez para determinar el cumplimiento
de los requisitos legales (artículo 290 para el ordinario y 433 para el sumario). Otro
ejemplo, no menos interesante, es la resolución recaída en los incidentes comunes de
cuestiones formales. Sin que interese el resultado, con o sin lugar un incidente de
nulidad lo resuelto es un auto simple. La nulidad se refiere a vicios de procedimiento y
aún cuando se anule todo lo resuelto y actuado, no hay pronunciamiento sobre el
fondo y por ende no se le pone fin al proceso con una solución a la pretensión material
debatida. Estos autos se deben dictar en un plazo de cinco días, prorrogables a ocho
en caso de resultar complejos (artículo 151 ibídem). Todos los autos tienen recurso de
revocatoria, pero solo tendrán apelación los que expresamente la ley le concede ese
recurso vertical. Artículos 554, 558,559 y 560del Código Procesal Civil.// 3. Sentencias
la sentencia es la forma normal de terminar el proceso, en contraposición con las cinco
formas anormales que contiene el Código: desistimiento, deserción, renuncia del
derecho, transacción y conciliación. Es la resolución donde se deciden definitivamente
las cuestiones debatidas, y para ello el juez debe hacer expreso pronunciamiento de la
pretensión material formulada en la demanda y contrademanda en caso que haya
conforme a la ley. Inciso 3) El plazo para dictar las sentencias difieren de la naturaleza
del proceso: un mes en ordinarios, quince días en los abreviados y diez días en los
sumarios Artículos 151 y 434 ibídem. Al contrario de los autos, ninguna sentencia tiene
revocatoria (artículo 158 ibídem), pero todas gozan de apelación (…)// 4. Auto-
sentencias: se trata de resoluciones que no guardan la estructura comentada de una
sentencia; es decir, no se le exigen las cuatro partes del artículo 155del Código
Procesal Civil. Por esa razón se les denomina "autos", pero al tener los mismos
efectos de una sentencia porque resuelven cuestiones incidentales o excepciones que
le ponen fin al proceso, se les agrega la palabra "sentencia". Un ejemplo claro de un
auto-sentencia es el previsto en el artículo 436 ibídem cuando en un proceso sumario
no hay oposición del demandado. En un ejecutivo simple, verbigracia, de oponerse el
accionado se debe dictar la sentencia según la estructura estudiada, pero ello no sería
necesario de no haber oposición porque no habría razón y faltarían datos para el
segundo resultando y por supuesto para los considerandos. En estos casos, el Por
tanto de una sentencia considerada sería el auto- sentencia al declararse con lugar la
demanda por falta de oposición.-


También tiene el calificativo de auto-sentencias la resolución que se pronuncia sobre
la excepción o incidente de prescripción o el incidente de pago total, las cuales le
podrían poner fin al proceso. Es auto- sentencia sin determinar su resultado; ya sea
que se acoja o se deniegue la prescripción o el pago total es auto- sentencia, pues lo
que interesa es la finalidad o la naturaleza de la excepción o incidente sobre el fondo
del asunto. Lo mismo no se puede decir del incidente de nulidad o del pago parcial,
puesto que nunca le podría poner fin al proceso por el fondo. El auto-sentencia se
distingue porque le pone fin al proceso por cuestiones sustantivas o de fondo, lo que
significa que afecta la pretensión material de la demanda, lo que no sucede con la
nulidad aunque cubra todo lo resuelto y actuado" (Parajeles Vindas, Gerardo. Curso
de Derecho Procesal Civil. Con jurisprudencia. Volumen 1. IJSA. 2a. edición San José,
Costa Rica, págs. 91-95).-

Con vista en esas apreciaciones, que este Tribunal comparte en un todo, se concluye
que los pronunciamientos que deciden en general sobre un incidente, califican como
"autos", en la medida en que contienen un juicio valorativo del juzgador, a menos claro
está, que lo resuelto en ellos ponga fin al proceso principal, en cuyo caso serían autos-
sentencias.-

Ahora bien, cuando esas gestiones tienen que ver, como en el sub examine, con el
establecimiento de medidas cautelares, resulta evidente que lo que allí se disponga no
tendrá jamás, la virtud de dar término a la litis; lo cual es especialmente significativo, si
lo requerido es que se impida ejecutar el acto impugnado dentro de un ordinario
contencioso administrativo.-

En tal caso, sea que se ordene la suspensión de los efectos de esa decisión, o que se
mantenga su ejecución, el expediente principal seguirá su curso normal, pues no
habrá existido de momento, un pronunciamiento que afecte, en modo alguno, el fondo
de la pretensión material deducida en autos.-

De hecho, la finalidad de la tutela cautelar es, por principio, asegurar la utilidad de un
eventual fallo estimatorio, sin que se puedan emitir conclusiones anticipadas sobre la
cuestión sustancial planteada, lo que le está vedado al juzgador en ese tipo de
peticiones.-

Por lo demás, el de la medida cautelar es, por sus implicaciones prácticas y su
relación con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, un tema relevante,
pero no por ello deja de ser accesorio, y ligado siempre a la suerte del ordinario,
siendo que, como se señaló, en ningún caso, ocasiona la terminación definitiva de este
último.-

Por ese motivo, si por definición sólo son autos con carácter de sentencia aquellos que
ponen fin al proceso, y esta circunstancia no concurre cuando se resuelve un incidente
de suspensión de los efectos de los actos impugnados, no queda más alternativa que
reconocer que la que se pronuncia sobre estos últimos es un "auto", lo cual es
conteste con el artículo 560 del Código de rito, que incluye dentro de los "autos
apelables", el que emite pronunciamiento " sobre el fondo de un incidente", salvo
cuando se declare sin lugar una nulidad relativa ( inciso 9)".-”

4. Medidas cautelares en el procedimiento administrativo: Continuación de la
actividad mientras se resuelve sobre suspensión de licencia para juegos


Voto de mayoría

“II) .- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto se
solicita una medida cautelar, dentro del proceso recursivo incoado por Gerardo
Delgado Solís, patentado de la Municipalidad de Puriscal; contra la resolución emitida
por el Alcalde de Puriscal, Nº036-2009 de las trece horas del dieciocho de diciembre
del dos mil nueve, que dispuso suspender la licencia de explotación de las máquinas
de Pin Ball con la que ha venido operando el articulante desde el año dos mil cinco
Señala la recurrente que la Alcaldía se sustenta, para ordenar la suspensión de su
actividad comercial, en la aplicación al caso concreto de los artículos 27 y 28 de la Ley
Nº 8776 y en los pronunciamientos C-385-2005 y C-196-2009 de la Procuraduría
General de la República, concluyendo que las máquinas autorizadas y por las que ha
venido pagando patente son "ilegales" y que esa actividad pone en riesgo a la
juventud. Agrega que el establecimiento de su propiedad ni siquiera es frecuentado
por personas menores de edad, dado que se trata de una sala de billar, por lo que la
aplicación de las citadas disposiciones legales y pronunciamientos de Procuraduría es
totalmente improcedente en el caso concreto, en que tales máquinas están a
disposición exclusivamente de adultos

medida solicitada es procedente y así debe declararse, ya que se ha dispuesto la
suspensión de una actividad legalmente autorizada por la municipalidad y ello, desde
luego, puede causar un daño significativo a la actividad comercial de la recurrente; lo
anterior, en tanto se resuelve por el fondo el recurso. Este órgano colegiado estima,
tomando en cuenta los intereses en juego, que en virtud de que se trata de un salón
de pooles, que no es frecuentado por menores de edad, la continuación de la actividad
en tanto se resuelve el recurso no pone en riesgo a los menores, que es a quienes
protege la ley N 8767, que es la que se viene aplicando en este caso como sustento
de la suspensión.”


5. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Análisis sobre elementos
esenciales


Voto de mayoría

“IV- Dentro del proceso contencioso administrativo, la tutela cautelar tiene como
función básica asegurar provisionalmente la eficacia de la sentencia de interés, en
virtud de la lentitud patológica del proceso ordinario. Precisamente, las medidas
cautelares, y los incidentes de suspensión, buscan que la tutela jurisdiccional esté
garantizada, para que a pesar del tiempo que transcurra, el proceso ordinario cumpla

su fin, y así se logre un un resultado concretamente realizable. Esto resulta congruente
con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. El artículo 91 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estipula: “ 1- La Interposición
de la demanda no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición
impugnada, salvo que el tribunal acordare, a instancia del demandante la suspensión
2- Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de
reparación imposible o difícil.” La finalidad del ordinal transcrito es garantizar por cierto
lapso de tiempo la eficacia o cumplimiento de la sentencia que se dicte en el
expediente principal, evitando la consolidación irreversible de situaciones jurídicas o
fácticas que hagan inútil la sentencia. Por su parte el artículo 146 de la Ley General de
la Administración Pública, en lo que interesa, dispone que: “ la Administración tendrá
potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, actos administrativos
eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta
a la responsabilidad que puede resultar ”, con la única excepción de si son ineficaces o
absolutamente nulos. Indica la norma además que es la excepción al principio anterior,
la suspensión del acto administrativo, que se aplica sólo cuando se den ciertas
circunstancias calificadas por la misma ley. Se debe partir del hecho de que los actos
de la Administración tienen una presunción de legalidad que preserva el fin público
para el que fueron dictados, por lo que otorgar la suspensión significa interrumpir la
tutela del interés público que le sirva de fundamento, lo que puede realizarse única y
exclusivamente cuando se compruebe que su ejecución causa daños y perjuicios de
difícil o imposible reparación y que los intereses públicos aconsejen la suspensión del
acto administrativo. Debe advertirse, que la suspensión de la ejecución del acto,
constituye una medida excepcional frente a la potestad de la Administración,
manifiesta en la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos (imprescindible para la
buena y sana satisfacción de los intereses colectivos). La procedencia de la
suspensión del acto administrativo debe estar precedida de varios elementos que
configuran la necesidad de tal disposición, a saber:periculum in mora, el fumus boni
iuris y contrapeso de intereses, (además de la existencia de los referidos daños y
perjuicios de difícil o imposible reparación) tal y como lo ha desarrollado el Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección II, en su sentencia de las 10:45 horas del 22-
junio de 2001:“a.-
) Periculum in mora: en efecto, esa posibilidad, razonable y objetivamente fundada, de
una lesión grave e irreparable a la situación jurídica del gestionante, por el transcurso
del tiempo necesario para el dictado de la sentencia principal (periculum in mora), se
presenta, no sólo como base imprescindible de la medida cautelar, sino como su
presupuesto básico y central, sobre el que realmente gira toda su existencia. El peligro
en la demora, implica -según la doble concepción de CALAMANDREI-, peligro en la
infructuosidad y peligro de tardanza de la resolución principal, que en términos más
simples, no es más que el retraso en la obtención de una sentencia definitiva, y el
daño zzal que se produce, precisamente, a causa de este retraso (daño inminente y
demora en el proceso principal). El instituto del que se habla, tiene su justificación y su
razón de ser, en el riesgo que para el derecho debatido supone la dilación en la
definición definitiva del conflicto planteado. De no existir esa peligrosidad para
cualquiera de los bienes del recurrente, la medida cautelar pretendida está condenada
al fracaso, pues no tiene razón de ser. Sin embargo, sabemos que la existencia del
proceso es imprescindible, pues “sólo Dios puede juzgar sin necesidad del mismo”, y
el hablar de proceso, implica irremediablemente un lapsus temporal. Lapsus que por sí

mismo produce un daño para el titular del derecho litigioso, que se agrava muchas
veces, por la especulación que el obligado hace de las ventajas que ello le depara, en
tanto sé de un retraso en la resolución judicial firme. Por eso, se ha dicho líneas arriba,
que la justicia cautelar pretende conservar o en su caso propiciar, una situación
fáctico-jurídica real y efectiva, que mantenga vivas las expectativas generadas en el
principal, de cuya victoria pueda obtenerse luego, una ejecución eficaz y cabal, en
cumplimiento pleno de lo ejecutoriado. Pero si la amenaza contra el objeto del proceso
es inexistente, no puede sostenerse con fundamento la necesidad de este especial y
preventivo auxilio judicial. Sin embargo, una vez que el desafío se hace presente, la
medida cautelar nos permite “hacer las cosas pronto y hacerlas bien”. En pocas
palabras, se trata “de evitar la frustración práctica del proceso, amenazado con
larguísimos años de demora en su resolución”. Ya se ha insistido hasta la saciedad
sobre la naturaleza del daño requerido para la procedencia de la pretensión cautelar,
pues obviamente no basta con cualquier acción dañosa, sino que deberá ser real y
efectivo; material, moral, religioso o de cualquier otra índole; concreto y cierto, aunque
no necesariamente actual, pues bien puede ser futuro. Sí interesa destacar, que dicho
daño ha de ser de difícil o imposible reparación, no en el sentido de que sea
irresarcible, sino irreversible, pues los daños leves o fácilmente reversibles en su
totalidad, no pueden servir al efecto, y por el contrario, existen lesiones que aunque
resarcibles, no son necesariamente reversibles. La irreparabilidad no es equiparable a
la irresarcibilidad, pues quien solicita la tutela cautelar quiere que el bien tutelado
permanezca íntegro y no que se le asegure una indemnización. La certeza del daño,
no exige sin embargo, su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la gestión
cautelar, de la urgencia y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es
prácticamente imposible su comprobación. Algunas veces incluso, son consecuencia
lógica e ineludible de la conducta pública, por lo que no exigen mayor elemento
probatorio. En este caso, debe darse una comprobación a “ través del principio
racional de prueba”, que no es otra cosa que el necesario y posible en cada caso
particular. b.-) Fumus Boni Iuris: Pero para que la medida cautelar sea procedente, se
afirma que además debe existir seriedad en la demanda, es decir, una probabilidad de
acogimiento de la cuestión principal. Es este el denominado principio del fumus boni
iuris, que para la doctrina no es otra cosa que la probable estimación posterior del
derecho material del actor en la sentencia. Esa seriedad y consistencia de las
pretensiones invocadas por el accionante, que hacen posible el acogimiento de la
demanda en la sentencia definitiva. No obstante, aquí debe tenerse a la vista, que por
la necesaria sumariedad del proceso cautelar, es virtualmente imposible para el Juez
determinar con certeza la existencia de ese buen derecho, el que por demás, debe
definirse normalmente en la sentencia y no antes. Así las cosas, por esa precariedad
de los elementos de cognición, tan sólo podrá exigirse al interesado la apariencia de
un buen derecho, que dé al Juzgador algún viso de seriedad de la demanda. No se
trata entonces, de comprobar el certero fundamento jurídico de la pretensión, ni de
prejuzgar sobre el fondo, o de establecer siquiera, como se ha dicho, un “criterio
sumario de las expectativas de estimación del recurso”, sino tan sólo que aquélla no
sea descabellada ni temeraria, de modo que pueda evitarse la emisión de una medida
cautelar en perjuicio de la Administración o de terceros, sin ninguna posibilidad de
triunfo en el derecho pretendido. Bastará con esa apariencia inicial de seriedad, para
que pueda darse por cumplido el requisito de comentario. Así, el elemento del fumus
boni iuris deberá tomarse como criterio para su denegatoria, sólo en aquellos

supuestos en los que no exista de manera evidente y manifiesta seriedad en la
demanda, de modo que en el fuero interno del Juez, exista el convencimiento de que
aquella pretensión está dispuesta al fracaso. De esta forma señala CALAMANDREI
que son dos las condiciones para que pueda adoptarse la medida cautelar: la
apariencia de un derecho y el peligro de insatisfacción de ese derecho aparente. A su
vez, el primero de ellos, exige un doble análisis: de un lado, la posible existencia del
derecho o interés material del recurrente, y por otro, la probabilidad de que la conducta
administrativa (activa u omisiva) sea antijurídica. La presencia del fumus boni iuris es,
sin duda alguna, básica e imprescindible, como un elemento más de los requeridos
para la medida cautelar, pero no por eso determinante y suficiente en exclusiva para la
estimación de la misma. Si se toma en esa su verdadera dimensión (como un
presupuesto más), se evitan posiciones que a la postre pudieran crear interpretaciones
no deseadas. c.-) Interés Público: Por último, debe ponderarse si frente a ese interés o
derecho privado cuya tutela cautelar se pretende, existe o no un interés público
contrapuesto que convierta en gravosa la petición esbozada, pues de ser así, sería
difícil, cuando no imposible, acoger la medida requerida. Se impone aclarar aquí, que
no se trata de cualquier interés público, sino solamente de aquel que posea el mismo
rango del derecho fundamental a la tutela cautelar (incluido como parte del derecho
fundamental de la tutela judicial, también consagrado en nuestra Constitución Política),
y por ende, que sea capaz de relegarlo por intereses superiores. En todo caso, ese
interés general (referido a derechos fundamentales de la colectividad o de terceros),
no debe prevalecer en todos y cada uno de los supuestos, como tampoco, excluirse en
forma indiscriminada, en cada uno de ellos, y para el evento de que exista, deberá
estar claramente expresado en el motivo o contenido de la conducta, o en su caso,
comprobado en el procedimiento cautelar”. Debe añadirse que la medida cautelar en
esta vía es instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la
eficacia de la sentencia de un eventual expediente principal. Desde esta perspectiva,
debe realizarse un análisis que garantice la aplicación de la tutela cautelar ponderando
los bienes jurídicos objeto de tutela alegados por ambas partes. Es de aclarar que en
este momento procesal no pueden ser analizadas cuestiones que aludan a la legalidad
del acto adoptado sede administrativa, ni se entra a estudiar el eventual buen derecho
del actor sobre aspectos de fondo del asunto, que deberán ser resueltas en etapas
ulteriores, por lo que esta instancia debe ser analizada con extrema prudencia a fin de
no incursionar sobre aquél. Tales argumentaciones deben ser relegadas para el
proceso de cognición.”


6. Análisis de la instrumentalidad al proceso principal: Requisitos para que
proceda la suspensión de la ejecución del acto administrativo


Voto de mayoría

“II. Del fondo del asunto: El incidente de suspensión solicitado es accesorio o
instrumental al proceso principal, que en este caso sería la impugnación de los votos
mencionados en el anterior considerando de la Comisión Nacional del Consumidor y

que se estaba conociendo en el expediente 03-000316-0161-CA, tramitado por la
Sección Segunda de este Tribunal. La instrumentalidad de la medida cautelar ha sido
establecida jurisprudencialmente por esta misma Sección, entre otras, en la
resolución No. 292-95 de las quince horas del primero de agosto de 1995, que indica
en lo que interesa
"... toda vez que la suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada
(artículo 91 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) es una medida cautelar típica y propia del proceso administrativo
que se caracteriza por su accesoriedad o subordinación respecto de la
pretensión deducida en el proceso principal; tal característica estructural,
común a la mayoría de las medidas cautelares, ha sido denominada por la
doctrina como la "instrumentalidad" de la cautela respecto del proceso principal
y de la sentencia de mérito vertida en éste. Tal pretensión incidental y cautelar
resulta procedente cuando en el proceso principal se pretende la anulación de un acto
o disposición administrativa, pues su efecto principal es enervar la ejecución del acto o
disposición, y evitarle de esa forma al administrado daños o perjuicios de reparación
imposible o difícil ("periculum in mora")."
(El destacado no es del original)
Como consecuencia de lo anterior y al haber sido declarado caduco el proceso
principal de impugnación de los actos administrativos en cuestión, no tendría sentido
seguir conociendo la apelación planteada, pues el incidente de suspensión
interpuesto, en virtud de su instrumentalidad, debe correr con la misma suerte del
principal, por lo que en razón de los motivos dados en esta instancia, debe confirmarse
la resolución apelada.”


7. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Necesario daño o
perjuicio de difícil o imposible reparación


Voto de mayoría

“III.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA GESTIÓN: Luego de una cuidadosa revisión
del asunto sometido a examen, el Tribunal arriba a la conclusión de que no concurren
en este caso los presupuestos necesarios para acoger la medida solicitada. La
finalidad de las disposiciones cautelares es la protección del objeto litigioso, y
básicamente, el que la sentencia que se emita al resolver el fondo del asunto en
discusión pueda hacerse efectiva, en tanto la parte que la solicita tenga la posibilidad
de ejercer de forma plena los derechos e intereses que fueron objeto de discusión y
que eventualmente le sean reconocidos en sentencia. Esto así, tal y como ya lo ha
expresado en otras ocasiones esta Autoridad, como un mecanismo de contrapeso
ante la fuerza obligatoria y ejecutiva de los actos administrativos, el cual es adoptada
por el juzgador cuando, examinada la cuestión, se observe una apariencia de buen
derecho, se demuestre que la ejecución de lo impugnado puede ocasionar daños de
difícil o imposible reparación y con la adopción de la medida no se cause perjuicio al
interés público. En el caso examinado, para fundamentar la apariencia de buen

derecho, la recurrente apunta una serie de razonamientos en cuanto a su facultad
como abogada, para autenticar una firma, los cuales este Órgano Colegiado entiende
como lógicos y razonables, lo cual no implica que se compartan los argumentos
expresados por la parte, pues ello sólo habrá de considerarse al resolver por el fondo
este asunto, pero sí permiten concluir que se trata de una acción con respaldo en una
análisis jurídico serio, cumpliendo con ello con uno de los presupuestos requeridos
para acoger la medida. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a los daños de
difícil o imposible reparación, al punto de que, ejecutado el acto, la sentencia que se
dicte resulte inejecutable. Lo anterior por las siguientes razones: En primer término,
debe indicarse que es imposible atender los alegatos de la actora relativos a los daños
que según dice, sufriría su cliente, pues ésta última no es parte en este asunto. Por
otro lado, si bien es cierto, esta Autoridad entiende, el perjuicio en el ejercicio de su
profesión liberal, que podría ocasionar una limitación o requisito como la impugnado, lo
cierto es que no existe en autos elemento probatorio alguno que permita inferir que su
ejecución produzca un daño de difícil o imposible reparación, pues incluso la emisión
de ulterior testimonio podría requerirse por otra vía, en tanto se resuelve el asunto por
el fondo. Así, a pesar de que la exigencia en el sentido de que la firma debió ser
autenticada por un profesional en el ejercicio del notariado y no por un abogado,
puede ocasionar daños, su resarcimiento, no resultaría imposible, pues si
eventualmente la demanda se declara con lugar, habría de declararse también la
obligación del demandado en orden a pagar daños y perjuicios, siempre y cuando,
claro está, ello hubiese sido solicitado por la parte en su demanda. Así, la obtención
del documento solicitado al Archivo Nacional no está supeditada únicamente a la
adopción de la medida cautelar requerida, como tampoco es adecuado que a través
de este tipo de incidencias se pretenda levantar el cumplimiento de requisitos formales
para gestionar ante un órgano o ente de la Administración, sobre la base de la mera
referencia de la parte en el sentido de que se le ocasionan lesiones de imposible
reparación, sin que ello se encuentre debidamente acreditado o al menos pueda
inferirse con claridad que por la naturaleza del acto impugnado su ejecución generaría
consecuencias de dicha envergadura. Se sigue entonces, que la medida cautelar
requerida por la actora no reúne la totalidad de los presupuestos necesarios a fin de
que ésta pueda ser acogida, por lo cual debe revocarse el fallo apelado, no sólo en
cuanto declaró con lugar la incidencia, sino además, en lo que concierne a la
condenatoria en costas al Estado, pues este Tribunal estima que dada la forma en que
se resuelve, lo procedente es decretar este asunto sin especial condenatoria en
costas, a tenor de las disposiciones del artículo 98 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por otra parte debe indicarse que llama la
atención la resolución venida en alzada, pues la a quo incursiona en su sentencia en
asuntos propios de la resolución por el fondo de la controversia sometida al
procedimiento ordinario, lo cual resulta del todo improcedente.”-


8. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Improcedente al no
verificarse daños de difícil o imposible reparación


Voto de mayoría

“II. El incidentista alega que la juez de instancia afirma que no existen pruebas para
sustentar la suspensión del acto, a pesar de que reconoce los efectos graves que la
inhabilitación produce sobre la esfera de sus intereses. En este sentido insiste en que
el daño debe valorarse de forma integral, desde el enfoque moral, económico, de
oportunidades, de criterios, y desde la esfera social del afectado. Además de eso,
añade que no existe peligro para los intereses públicos, ni para la hacienda pública,
pero sí un gravísimo daño a su reputación. Los demás argumentos esgrimidos son
parte del proceso principal, es decir se refieren al fondo del asunto, los cuales no
pueden ser tomados en cuenta en este incidente

III. Si bien este Tribunal comparte lo indicado por la juez de instancia, en el sentido de
que no se han demostrado los daños de imposible o difícil reparación que le
ocasionaría al señor Acuña el no poder ingresar o reingresar a un cargo de la
hacienda pública por un plazo dos años, lo cierto es que dicho lapso de tiempo ya
transcurrió, ya que como se ha tenido por demostrado, desde el 12 de enero del 2007,
la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República
comunicó tanto al Instituto de Desarrollo Agrario, al Tribunal Supremo de Elecciones, y
a la Dirección General de Servicio Civil, tal inhabilitación, tal y como también lo acepta
el incidentista en su escrito de interposición de esta articulación. Así las cosas, al
haber pasado ya los dos años de suspensión de referencia, existe una falta de interés,
al haber sido cumplida la pena impuesta. En este sentido, esta sección, en sentencia
número 7351, de las diez horas del veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y
cuatro señaló
" Que el beneficio excepcional de la suspensión de los efectos del acto administrativo
impugnado en sede jurisdiccional, sólo procede "cuando la ejecución hubiere de
ocasionar daños y perjuicios de reparación imposible o difícil", y en este caso concreto
sin mayores reforzamientos el Tribunal llega la (sic) misma conclusión del señor
Actuario para denegar la solicitud de suspensión de los efectos de la corrección
disciplinaria que el Tribunal de la Inspección Judicial impuso al actor; porque por la
propia naturaleza de la corrección impugnada; suspensión del actor en sus funciones
de Juez de Cañas, y la duración de la misma, quince días, los daños y perjuicios que
su ejecución podría ocasionar el actor no son de imposible ni de difícil reparación, sino
fácilmente indemnizádoles económicamente, sin que sea posible suspender "efecto"
cuando esos efectos ya se han producido, pues la suspensión procede a hacia el
futuro de efectos en curso, por lo cual ha solicitud del actor carece de interés actual, al
encontrarse cumplimentado el acto impugnado según se desprende comprueba de sus
propias manifestaciones..."
Por todo lo anterior, y por la razones dadas en esta instancia, debe confirmarse la
sentencia recurrida.”


9. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Presupuestos para que
proceda como medida cautelar y carga de la prueba


Voto de mayoría

“V. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Como es bien sabido, de conformidad con el
numeral 146 de la Ley General de la Administración Pública, los actos administrativos
son ejecutivos y ejecutorios, lo cual implica que pueden hacerse efectivos desde el
momento en que se toman. El remedio procesal dispuesto por el ordenamiento jurídico
para impedir tal ejecución es precisamente el incidente que nos ocupa, empero el
mismo no es automático con su petición sino que debe cumplir con los requisitos
exigidos por el numeral 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa que a la letra dice: "1. La interposición de la demanda no impedirá a la
Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo si el Tribunal
acordaré, a instancia del demandante, la suspensión. 2. Procederá esta cuando la
ejecución hubiere ocasionado daños o perjuicios de reparación imposible o difícil"
Sobre este particular, se ha pronunciado la Sección Segunda de este Tribunal,
mediante resolución número 267-2004 de las nueve horas cincuenta minutos del
nueve de junio del dos mil cuatro, al establecer: "...Dispone el artículo 91 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa...De conformidad con la
norma antes transcrita, la ejecutividad es una de las características de los actos
administrativos, y la suspensión temporal que puedan acordar los Tribunales, se
constituye en una excepción, motivada por la circunstancia especial de que la
ejecución del acto produzca daños presentes o futuros de imposible o difícil
reparación, por cuanto: a.- no son indemnizables al ser imposible su valoración
económica, b.- son cuantificables económicamente pero esto ofrece grandes
dificultades, o c.- es más gravosa la reparación que la suspensión. Cabe agregar, que
la determinación de los daños, no requiere plena demostración, precisamente por el
carácter sumario de la cautelar, bastando en algunas ocasiones que sea simplemente
posible, o una consecuencia lógica de la situación, y en otras, que exista al menos, un
principio de prueba. El incidente de suspensión que contempla el artículo transcrito, es
en consecuencia, una medida cautelar, cuyo único objetivo es evitar que en el lapso
requerido para tramitar un proceso, se le cause a una de las partes una lesión grave y
de difícil reparación. El propósito no es prejuzgar sobre el fondo del asunto principal
debatido, sino garantizar provisionalmente la eficacia in natura de la sentencia
definitiva que se llegue a dictar. Los caracteres más relevantes de las medidas
cautelares son: 1.- instrumentalidad con la sentencia definitiva, 2.- provisionalidad; 3.-
urgencia para evitar el peligro en la mora, y 4.- que son adoptadas en virtud de una
cognición sumaria superficial efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a definir
el mérito del asunto. En consecuencia, el Juez puede tomar todas aquellas
disposiciones que considere proporcionadas, adecuadas y necesarias, según las
particularidades del caso, para prevenir que se frustre el resultado del juicio..."
. En la especie, deben tomarse en cuenta varios aspectos a fin de resolver el asunto
sometido al conocimiento de este Tribunal. En primer término, debe señalarse que

aunque la situación que expone el recurrente es muy lamentable, como bien sostiene
el a-quo, la carga de la prueba pesa sobre el incidentista, a quien le compete
demostrar los daños de difícil o imposible reparación que sufriría en caso de que el
acto no se suspenda. Así las cosas, tenemos que éste afirma que su empresa se vería
seriamente afectada en su patrimonio, respecto de sus empleados que podrían
resultar despedidos, en el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de otros
proyectos. Sin embargo, no aporta elemento probatorio alguno que demuestre cual es
la liquidez que ostenta, comprobación necesaria para determinar el posible impacto
económico que tendría sobre su solvencia la ejecución del acto en cuestión. En
segundo lugar, valga indicar que aunque el perito del proceso administrativo haya
fijado el porcentaje del total de la adjudicación en que consiste el monto de los daños y
perjuicios, tal determinación no hace referencia alguna al circulante real de la
sociedad, ni a la posible repercusión pecuniaria. Por último, debe tenerse claridad de
que el conflicto a dirimir radica en una suma de dinero determinada, por lo que, de
resultar victorioso el actor, el eventual daño no sería de difícil o imposible reparación,
ya que, se tendría de antemano el monto que se debe indemnizar. Por todo lo
expuesto, procede confirmar la resolución venida en alzada, como en efecto se hace.”


10. Suspensión de la ejecución del acto administrativo: Análisis sobre los
presupuestos


Voto de mayoría

EN EL CASO CONCRETO: De conformidad con el artículo 91 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de acuerdo con la doctrina y
jurisprudencia respecto de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo,
los presupuestos de ésta son la apariencia de buen derecho, la ponderación de los
intereses públicos respecto de los privados, y que la ejecución del acto causen daños
de difícil o imposible reparación. Así, la finalidad de la medida cautelar es la protección
del objeto litigioso, y básicamente, el que la sentencia que se emita al resolver el fondo
del asunto en discusión pueda hacerse efectiva, en tanto la parte que la solicita pueda
ejercer de forma plena los derechos e intereses que fueron objeto de discusión. Esto
así, tal y como ya lo ha expresado en otras ocasiones este Tribunal, como un
mecanismo de contrapeso ante la fuerza obligatoria y ejecutiva de los actos
administrativos, la cual es adoptada por el juzgador cuando, examinada la gestión, se
observe una apariencia de buen derecho, se demuestre que la ejecución de lo
impugnado pueda ocasionar daños de difícil o imposible reparación y con la adopción
de la medida no se cause perjuicio al interés público. Para fundamentar la apariencia
de buen derecho, el recurrente, apunta una serie de vicios, que según su opinión,
contienen los actos impugnados, los cuales este Tribunal entiende como lógicos y
razonables, lo cual no implica que se compartan los argumentos expresados por la
parte, pues ello sólo debe de considerarse al resolver por el fondo este asunto, pero sí
permiten concluir que se trata de una acción con respaldo en un análisis jurídico serio,

pero cuya solidez genera duda al Tribunal si se toma en cuenta la normativa vigente y
fallos más recientes que sobre este punto en particular ha emitido la Sala
Constitucional. En lo que concierne a los daños de difícil o imposible reparación, la
representación de la actora argumenta que la inactividad de Administración le ha
provocado inseguridad jurídica, e insiste en que el planeamiento contable y
organizacional así como su imagen pública se pueden ver gravemente afectados si se
ejecuta la disposición de cobro. Este órgano colegiado no tiene ninguna duda acerca
del perjuicio que ocasiona a una empresa la ejecución de una acción cobratoria como
la que se discute en el proceso principal, sin embargo no consta en autos elemento
probatorio alguno, pues no se aporta por el petente, prueba que demuestre que los
daños serían de reparación difícil o imposible, tal y como lo establece el presupuesto
normativo. En consecuencia, por las razones dichas, procede rechazar la medida
cautelar. Se resuelve este sin especial condenatoria en costas.-“


Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 416 de las 9:15 horas del 10 de
agosto de 2010. Expediente: 07-001654-0163-CA
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 80 de las 11 horas del 18 de
febrero de 2011. Expediente: 06-001333-0163-CA
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 325 de las 14:10 horas del 8 de
junio de 2010. Expediente: 07-001652-0163-CA
Tribunal Contencioso Administrativo Sección III.- Sentencia 1971 de las 14:35 horas del 24
de mayo de 2010. Expediente: 10-001075-1027-CA
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 203 de las 11:45 horas del 7 de
abril de 2010. Expediente: 06-000392-0161-CA
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 140 de las 14:40 horas del 4 de
marzo de 2010. Expediente: 03-000316-0161-CA

Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 290 de las 9:40 horas del 26 de
junio de 2009. Expediente: 07-001075-0163-CA

Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 200 de las 10:20 horas del 6 de
mayo de 2009. Expediente: 07-000085-0163-CA

Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 188 de las 10:30 horas del 28 de
abril de 2009. Expediente: 07-001212-0163-CA

Tribunal Contencioso Administrativo Sección I.- Sentencia 87 de las 13:50 horas del 5 de
marzo de 2009. Expediente: 06-000352-0161-CA