CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Contencioso Administrativo

Palabras Claves: Recurso de Casación, Auto, Auto con Carácter de Sentencia, Sentencia,
Resolución Final, Resolución Firme

Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia. Fecha: 01/07/2013


Contenido


Procedencia del Recurso de Casación en Materia Contenciosa Administrativa 2


El Recurso de Casación en el Código Procesal Contencioso Administrativo .... 3


2. Procedencia del Recurso de Casación en el Proceso Contencioso
3. La Cosa Juzgada Material y su Incidencia en la Procedencia del Recurso
4. El Recurso de Casación en Materia Contenciosa Administrativa
5. Las Causales de Procedencia del Recurso de Casación en Materia


 6. ¿Procedencia? Del Recuro de Casación en Materia de Ejecución de
7. Ejecución de Sentencia en proceso de Conocimiento y Fallo


RESUMEN


El presente informe de investigación reúne información sobre el tema de la
Procedencia del Recurso en el Proceso Contencioso Administrativo, para lo cual son
aportados los extractos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales atinentes a la
aplicación práctica de tal instrumento procesal

La normativa por medio del Código Procesal Contencioso Administrativo realiza una
enumeración del régimen impugnatorio aplicable al Proceso Contencioso
Administrativo, especialmente a posibilidad de recurrir sentencia y actos con carácter
de Cosa Juzgada Material

La doctrina realiza un análisis de las variedades en el Recurso de Casación que ofrece el
Código Procesal Contencioso Administrativo

Mientras que la jurisprudencia realiza un análisis de la aplicación práctica de la
normativa aportada con anterioridad a los Procesos Contenciosos Administrativos,
para lo cual toman relevancia los conceptos de procedencia e improcedencia del
Recurso de Casación


NORMATIVA


Procedencia del Recurso de Casación en Materia Contenciosa Administrativa


ARTÍCULO 134.-

1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con carácter de
sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al
ordenamiento jurídico


2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será
procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de
sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir
la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de
conocimiento

3) El recurso será conocido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda o por la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia, según los criterios de distribución competencial establecidos en el presente
Código


ARTÍCULO 178.-

Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en
subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, dentro del
plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los
términos establecidos en el artículo 137 del presente Código, cabrá recurso de
casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación,
de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136
de este mismo Código


DOCTRINA


El Recurso de Casación en el Código Procesal Contencioso Administrativo

En lo atinente a los recursos extraordinarios, el nuevo Código establece los siguientes
recursos: a) casación por violación de normas procesales, b) casación por violación de
normas sustantivas, c) casación contra la resolución final de ejecución de sentencia
(por violación a la cosa juzgada), d) casación en interés del ordenamiento jurídico, y e)
revisión. Los recursos de casación son de conocimiento de la Sala Primera o del
Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, según
corresponda (artículos 135 y 136 del CPCA). El recurso de casación en interés del
ordenamiento jurídico y el recurso de revisión corresponde conocerlos y resolverlos a
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (artículos 135 inciso 4°, 153 y 154 del
CPCA)


 JURISPRUDENCIA


1. Improcedencia del Recurso de Casación contra la Liquidación Final

Voto de mayoría

“I. La Sala Constitucional en su resolución no. 2006-5597 de las 15 horas 12 minutos
del 26 de abril de 2006, declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por el
señor M en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social (en lo sucesivo la Caja). En
dicho fallo, se constató una infracción del derecho al trabajo de don M; razón por la
cual se le ordenó a esa entidad, restituirle en el puesto de trabajo que ocupó antes de
su despido. Asimismo, se condenó a la cancelación de las costas, daños y perjuicios
ocasionados a liquidar en la vía de ejecución de sentencia. Con base en esa
condenatoria, el señor Mora Portillo, formuló demanda de ejecución, que fue resuelta
por el Juzgado Contencioso mediante resolución no. 848-2008 de las 15 horas del 24
de julio de 2008. Ambas partes, ejecutante y ejecutada, se mostraron inconformes con
lo dispuesto en ese fallo, por lo que formularon recurso de casación para ante esta
Cámara. Así, por sentencia no.126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos del 5 de
febrero de 2009, se acogieron parcialmente los recursos planteados; de ahí que, con
base en lo que fue dispuesto, se interpusiera por parte de don M la liquidación
respectiva, gestión que fue resuelta por el Juzgado Contencioso en resolución no. 548-
2011 de las 9 horas 45 minutos del 16 de marzo de 2011

II. A propósito del caso concreto, en el que el casacionista recurre el pronunciamiento
del Juzgado en torno a la liquidación de los extremos pretendidos, debe recordarse
que se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente
por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de
tal recurso, sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar, porque las causales de
impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas de igual
modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar,
como regla general, que son susceptibles del recurso de casación las sentencias y los
autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo,
lo son aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de
sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente
a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (en
adelante CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les
concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las
siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (artículo 62 inciso 3); b)
la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92
del Código, y c) la que resuelve en forma final, el proceso de ejecución de sentencia en

hábeas corpus y amparos de la Sala Constitucional declarados con lugar, en contra o a
favor de una Administración Pública (numeral 183, inciso 3 del CPCA). Por ende, los
autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan
término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En el caso de las
ejecuciones de sentencias, y conforme lo establecen los preceptos 134 inciso 2 y 178
ibidem, cabrá recurso de casación contra el fallo final emitido en la etapa de ejecución,
que decida sobre las prestaciones o conductas que debe cumplir la parte vencida de
acuerdo con sentencia firme, sea el pronunciamiento constitucional que se ejecutó. En
la especie, la casacionista pretende recurrir en casación, la resolución que desarrolló
los cálculos para la fijación de los montos a cancelar a don M, pronunciamiento que,
conforme con lo dicho carece de ese medio de impugnación. Téngase en cuenta que
en el caso concreto, lo que se dilucidó en la resolución que se recurre, fue
propiamente la liquidación final de los extremos pretendidos por el ejecutante,
tomando como base lo dispuesto tanto por el Juzgado cuanto por esta Sala, al
decidirse en su momento el conflicto jurídico por el fondo. En otras palabras, el
pronunciamiento que se impugna, resulta ser únicamente un auto que se limita a
cuantificar los rubros requeridos por la parte ejecutante y conforme con la prueba que
consta en el expediente, como un trámite propio de los procesos de ejecución. En
consecuencia, queda claro que al no tratarse de una sentencia ni de un auto con
carácter de tal, resulta improcedente el recurso planteado imponiéndose su rechazo
de plano.”


2. Procedencia del Recurso de Casación en el Proceso Contencioso
Administrativo

Voto de mayoría

“I. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 y 139 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, el recurso planteado no resulta admisible por las razones
que se dirán. La nueva legislación procesal contenciosa prevé en el mandato 140, la
posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del escrito quede
claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya
presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o,
teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia
del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo”. En este caso, el recurso
presentado por la recurrente no puede ser objeto de casación pues no está incluido
entre los supuestos establecidos por el numeral 134 del CPCA. La norma de cita, es
clara en indicar que el recurso de casación sólo procede contra las sentencias y los
autos con carácter sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean
contrarias al ordenamiento jurídico. Pues bien, la resolución que la parte pretende


recurrir es un “auto puro y simple” que decide sobre un asunto de competencia,
supuesto que no contempla la normativa señalada. Si bien, el nuevo Código Procesal
Contencioso Administrativo no define los términos de “auto”, “auto con carácter de
sentencia” y “sentencia”, si lo hace el Código Procesal Civil (en adelante CPC), ley a la
que es posible acudir supletoriamente, en aquellos supuestos que no estén previstos
en la nueva normativa procesal de la materia contenciosa administrativa, lo anterior
en virtud de lo dispuesto por el cardinal 220 del CPCA. Así las cosas en el apartado 153
del código de cita se define al “auto” como una resolución que contiene un juicio
valorativo o criterio de un juez; por medio del “auto con carácter de sentencia” se
resuelven los temas sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan
término al proceso; finalmente las sentencias son definidas como aquellos fallos en los
cuales se deciden, definitivamente, las cuestiones debatidas mediante
pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda. Así las cosas, la
resolución que falla sobre cuestiones de competencia, ostentan el carácter de un
“auto” o “auto puro y simple” como también se le denomina, razón por la cual no es
objeto de casación.”


3. La Cosa Juzgada Material y su Incidencia en la Procedencia del Recurso
de Casación

Voto de mayoría

“V. Sobre la defensa de cosa juzgada. Generalidades. Sobre el particular cabe
destacar que conforme a lo establecido en el artículo 162 del Código Procesal Civil, la
cosa juzgada tiene por fin o efecto hacer indiscutible, en otro proceso, la existencia o
inexistencia de la relación jurídica declarada, innovada, modificada o extinguida por
resolución judicial, de modo que no podrá emitirse dentro de otro proceso de
conocimiento (a nivel doméstico) manifestación alguna respecto de pretensiones que
ya fueron definidas en otro litigio. De conformidad con el numeral 163 ibidem, las
sentencias emitidas en proceso ordinario o abreviado, así como aquellas otras
resoluciones señaladas en forma taxativa, producen la eficacia de la cosa juzgada
material. Desde esa óptica busca evitar que los efectos de un fallo previo sean
discutidos o abordados en un proceso ulterior, en mengua de la seguridad y la certeza
jurídica, que le justifica. Por ende, imposibilita dictar pronunciamiento de fondo
respecto de temas ya debatidos, lo que se ha denominado exceptio rei iudicata, y
supone que el segundo pronunciamiento debe respetar lo que fue decidido en el
primero, respecto de las cuestiones resueltas en aquel y que se plantean de nuevo. En
esta línea de exposición, es una consecuencia del proceso y de la voluntad manifestada
en la Ley, empero, sus efectos trascienden indirectamente aquél y recaen sobre las
relaciones jurídicas sustanciales. Lo anterior deriva de la inmutabilidad de la decisión


jurisdiccional. Para que la sentencia incida en otro proceso mediante la cosa juzgada,
es imprescindible que en ambos exista la convergencia de los presupuestos que le dan
cabida, a saber: identidad de partes (subjetivo), causa (causal) y objeto (objetivo),
según lo estatuye el canon 163 Ibídem. El primero, trata sobre las partes en el proceso
en sentido formal (demandantes, demandados y terceros intervinientes). De ello se
colige que lo relevante no es la identidad física, sino la jurídica (ver en este sentido la
sentencia no. 180 de las 9 horas 25 minutos del 23 de febrero del 2001 de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia). El objeto lo constituye el derecho
reconocido, declarado o modificado en la sentencia, en relación con uno o varios
bienes determinados, o la relación jurídica declarada, según el caso. Ergo, no pueden
producir cosa juzgada aquellos aspectos que no han formado parte del
pronunciamiento, sea por no incluirse dentro de las pretensiones, o bien por no haber
sido resueltos en sentencia. Por ende, en regla de principio, no puede estimarse cosa
juzgada material cuando las pretensiones que se debaten en litigios diferentes, no son
necesariamente las mismas que fueron conocidas en el proceso donde se ha emitido el
pronunciamiento firme sobre el presunto objeto de debate. Empero, la cosa juzgada
en cuanto al objeto se refiere, se extiende a aquellos puntos que sin haber sido
materia expresa de la decisión jurisdiccional, por consecuencia necesaria o por
depender indispensablemente de tal decisión, quedan resueltos tácitamente por su
indiscutible accesoriedad con lo decidido. Así las cosas, cuando esas nuevas
pretensiones presupongan un efecto jurídico material que se oponga, sea
contradictorio o excluyente con el contenido del fallo firme, no podría el juzgador
acogerlas, siendo que en esa hipótesis, se estaría vertiendo un fallo contradictorio
respecto de una misma relación jurídica, efecto que se reitera, pretende evitar la cosa
juzgada. Por otro lado, el tercer elemento (causal) es la identidad de la causa, sea, la
situación de hecho enunciada en la demanda como fundamento de la pretensión. Las
sentencvias y autos con carácter de sentencia que ostente cosa juzgada material se
encuentran sujetas al recurso extraordinario de casación (ver artículo 134 de la Ley No
8508) y el recurso de revisión. Está formada por el conjunto de hechos alegados como
base de la demanda y su incidencia en la situación jurídica de quienes demandan.”


4. El Recurso de Casación en Materia Contenciosa Administrativa
Naturaleza, Procedencia, Requisitos, Informalidad y Flexibilidad

Voto de mayoría

“II. Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente
por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de
tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar, porque las
causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas


de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe
señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación las
sentencias y los autos capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son
aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia
de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta
fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA),
puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. A
manera de ejemplo, se encuentran: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda
(artículo 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado
6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final, el “proceso de
ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional
declarados con lugar, contra o a favor de una Administración Pública (ordinal 183.3
ibidem). Por ende, las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan
término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las
causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así
se plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva legislación codificada. Para las
primeras, se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los
presupuestos que procede, ajustadas a las reglas de la oralidad. Respecto de los
sustantivas, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego
o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada
comúnmente “violación indirecta”. Dentro de este último grupo, se encuentra la
infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación
indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,
conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”

IV. Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal, se
articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos
al tiempo, lugar y forma. De esta manera, en el apartado 1) de la norma reción citada,
se establece que deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, quien se pronuncia sobre su admisibilidad y de conformidad con
la disposición 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte
contraria por el plazo de 10 días. En el mismo acápite normativo, se establece el plazo
para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de
notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo
empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo
resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el
apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente
y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser
subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 141 del
mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre
completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por


abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en la
cual fue dictada y f) lugar dentro del perímetro para recibir notificaciones, cuando el
que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se
haya señalado algún medio, excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o
correo electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias
instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la
prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano, pero en ese caso, no
sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente

V. A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento (canon 139.3 del
CPCA), en este caso, material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la
posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,
que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido,
debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación
fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los
hechos que se han tenido por demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a la
ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de
normas procesales, y jurídica, cuando se trata de la aplicación, omisión o indebida
interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, los
principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o
indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto
en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones
jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los
fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de
inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se
exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos ordinales relativos al
valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta
innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano
jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan en el
mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable, citar los
preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del
recurso. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso
modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie
de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas
razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la
sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o
si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia
combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso,
hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas
doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general,
no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el cardinal 139 de


referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica
mínima...deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo
los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna
referencia normativa que le dé sustento” (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas
25 minutos de 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto, ajena al
despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a
la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al
recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin
respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo
esa relación técnico-normativa o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al
caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total
fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en
el numeral 139.3), que sanciona con el rechazo de plano, el numeral 140 inciso c) del
mismo Código de rito

VII. Del recurso de casación en ejecuciones de sentencia. El CPCA introdujo un cambio
paradigmático en la justicia contencioso administrativa. Su principal objetivo es ceñirla
plenamente a lo dispuesto en el numeral 49 de la Constitución Política: “Establécese la
jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial con el objeto
de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y
de toda otra entidad de derecho público./ La desviación de poder será motivo de
impugnación de los actos administrativos./ La Ley protegerá, al menos, los derechos
subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.” (El subrayado es suplido). De
esta manera, la nueva normativa incorpora la oralidad como medio o mecanismo para
administrar justicia, y con ello, los principios que le son consustanciales como el de
contradicción, inmediatez y concentración de la prueba. El nuevo régimen contencioso
administrativo opta por un sistema mixto, combinando la escritura con la oralidad,
introduciendo el proceso oral por audiencias. De igual manera, dispone un control
plenario de la conducta administrativa, eliminando las áreas inmunes de su control
jurisdiccional. De manera expresa preceptúa la protección de las diversas situaciones
jurídicas de la persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la
Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo. En este sentido, el artículo 1
del Código, en lo de interés, dispone: “1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las
situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier
conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como
conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. / 2) Los
motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. …” (El subrayado es suplido). El
acento del nuevo proceso está en la persona. Se brindan las herramientas necesarias
para lograr la humanización y democratización judiciales. Los postulados


constitucionales de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, se yerguen como
guías en todos las etapas procedimentales. En suma, con la nueva legislación procesal
se persigue la satisfacción de los valores ínsitos en un Estado democrático de derecho
Siguiendo esta misma línea innovadora, el Código introduce importantes y radicales
cambios en torno al recurso de casación. Como ya se expuso, flexibiliza su procedencia
y elimina formalismos para su conocimiento y pronunciamiento judiciales. En este
sentido, el inciso 1) del numeral 134 dispone: “Procederá el recurso de casación contra
las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada
material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico.” (El subrayado no es del
original). Concretamente, en ejecución de sentencias, este mismo canon, en su
segundo apartado, indica: “2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el
apartado anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final
dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas
concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente
emitido en el proceso de conocimiento.” (El subrayado es suplido). Es evidente el
cambio introducido por la nueva legislación procesal en esa materia. De conformidad
con el artículo 704 del Código Procesal Civil (CPC), el cual resultaba aplicable de
manera supletoria a las ejecuciones de sentencias tramitadas en la jurisdicción
contencioso administrativa, se podía interponer recurso de casación sólo cuando se
resolvían puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la
sentencia, así como cuando se proveía en contradicción con lo ejecutoriado. Se
indicaba, además, que debía reclamarse la violación de las leyes relativas al valor de la
cosa juzgada. Con el CPCA, según se colige de lo dispuesto en los transcritos incisos del
canon 134, la casación supera la cosa juzgada como única causal posible, quedando
afecta a las reglas generales dispuesta en el inciso primero de ese numeral: cuando se
considere que el fallo final emitido en vía de ejecución es contrario al ordenamiento
jurídico; es decir, que infrinja cualquier norma que lo integre. Por ende, la parte
interesada podrá alegar no sólo violación a normas sustantivas (artículo 138 ibídem)
sino también procesales (canon 137 ejúsdem)

VIII. No obstante, el precepto 178 íbid, en lo de interés señala: “…Contra el fallo final
emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del
presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala
Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código.” (El subrayado es suplido)
Del tenor literal de esta norma, podría estimarse que el legislador limitó el recurso de
casación únicamente a motivos de orden procesal. Por cuanto, el referido canon 137,
en lo conducente, indica: “1) Procederá el recurso de casación por violación de normas
procesales del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: … 2) Las causales del
recurso de casación por las razones procesales establecidas en el presente artículo, solo
podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la norma


procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional
pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su rectificación en el
Tribunal.” (El subrayado no es del original). Empero, una interpretación de esa
naturaleza, no sólo resulta contradictoria con lo dispuesto en el numeral 134 antes
analizado; sino también, de los objetivos perseguidos por la nueva legislación procesal
contencioso administrativa. En este sentido, como se apuntó, se pretende un cambio
radical en la jurisdicción contencioso administrativa, procurando eliminar cualquier
área administrativa inmune al control jurisdiccional, brindándole a las partes amplias
posibilidades de defensa. En consecuencia, armonizando lo dispuesto en los cánones
134 y 178 ejúsdem, a la luz de los principios informadores de la nueva legislación
procesal, debe concluirse que el recurso de casación contra el fallo final emitido en
ejecución de sentencia procederá cuando se estime que es contrario al ordenamiento
jurídico, por lo tanto, el impugnante podrá alegar tanto violación a normas procesales,
cuanto sustantivas, en los términos dispuestos en los artículos 137 y 138,
respectivamente, del indicado Código. Esta sana interpretación se ajusta además en un
todo, con la recta exégesis literal del precepto, pues la remisión que el artículo efectúa
al numeral 137, lo es, no en cuanto a la casación, sino en lo que hace a la resolución
emitida por el órgano jurisdiccional de instancia. Todo hace pensar que la norma
correcta a la que se pretendía referir era el canon 134, en cuanto dispone que sólo
serán pasibles de casación las resoluciones finales de la ejecución de sentencia. Nótese
que la remisión al ordinal 137 no se hace para el recurso de casación (que en el mismo
mandato no encuentra límite alguno: “… cabrá recurso de casación …”, dice simple y
llanamente la norma, sin ocuparse de las causales o motivos), sino para la sentencia
(“…el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el
artículo 137 del presente Código …”). Más simple, el artículo 137 (incorporado por
error, pues en verdad debió ser el 134) califica a la sentencia, no al recurso de casación
que, como tal, mantiene su régimen genérico y por las causales abiertas dispuestas
para cualquier recurso de casación

IX. Del recurso de casación en las ejecuciones de acto firme y favorable. El ordinal
176 del CPCA, ubicado dentro del capítulo I “Ejecución de sentencias de procesos
contenciosos-administrativos y civiles de hacienda”, del Título VIII “Ejecución de
sentencias”, establece que “Cuando la Administración Pública no cumpla sus actos
firmes y favorables para el administrado, este podrá hacerlos ejecutar, de conformidad
con el presente capítulo.”. Lo anterior, no es más que una reiteración (con mayor
precisión en su contenido), como lo ha señalado la doctrina, con vocación de
universalidad para toda la Administración Pública, de la figura establecida en el artículo
228 de la LGAP, que le impone el deber de dar cumplimiento a sus actos
administrativos firmes. En este caso, la certificación del acto hace las veces de
sentencia ejecutable. Si luego de una interpretación armónica de los numerales 134
inciso 2 y 178 del CPCA, con los principios inspiradores de esa normativa, esta Sala ha


determinado que el recurso de casación interpuesto en contra del fallo final emitido en
ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento y de amparos y hábeas
corpus, procede cuando se estime que es contrario al ordenamiento jurídico; a fortiori,
en la ejecución de un acto firme y favorable para el administrado, establecida en el
precepto 176 ibídem, el recurso de casación también procederá por violación al
ordenamiento jurídico, pudiéndose invocar, en consecuencia, el quebranto a normas
procesales o sustantivas (disposiciones 137 y 138 del CPCA)

XIII. Ha sido reiterado el pronunciamiento de esta Sala, en cuanto a que, la falta de
motivación, como reproche susceptible de ser revisado mediante el recurso
extraordinario de casación, en los términos del artículo 137 inciso d) del CPCA, no debe
entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la
sentencia. Surge cuando la motivación del fallo es omisa, ya sea porque no exista, o
bien, porque su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal
que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la
decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los
derechos procesales de las partes, en particular, el del debido proceso. No se trata de
determinar si el juzgador se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al
proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos
sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. De igual manera, debe tenerse
presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo cual implica que es atinente
a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el iter
procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en
el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las
cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la
aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el juzgador en la
parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales
autónomas (canon 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional
específico (Entre otros, fallos nos. 184-F-S1-2009 de las 13 horas del 23 de febrero del
2009; 187-F-S1-2009 de las 9 horas 15 minutos del 25 de febrero de 2009 y 193-F-S1-
2010 de las 10 horas 30 minutos del 4 de febrero de 2010). Dentro de esta línea de
pensamiento, luego de observar y oír en vídeo la sentencia oral, esta Sala estima,
contrario a lo señalado por la casacionista, que esta sí fue debidamente motivada.”


5. Las Causales de Procedencia del Recurso de Casación en Materia
Contenciosa Administrativa

Voto de mayoría

“II. Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de
casación y sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para

su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con
que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en el ordenamiento
jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta
manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de
admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del sistema) pueda
ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados, sean procesales o
sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien
a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo
a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio,
ni su naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su
finalidad dentro del régimen procesal moderno

III. Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para
formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos
mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley,
en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos,
no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera
flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del
Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso
de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta manera, en el
apartado 1) de la norma reción citada, se establece que el recurso en mención deberá
presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con
ello, se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta
ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia
sobre la admisibilidad y de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo
pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de diez días (notificándole por
el medio que haya establecido, o en el lugar señalado dentro del Primer Circuito
Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano
jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen recursivo
que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se
presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de
ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si
se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a
partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello
Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una serie
de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso, que, por
su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo
de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así,
deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma
del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución


recurrida; e) número de expediente en la cual fue dictada y f) lugar dentro del
perímetro para recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no
corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio,
excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con ello
se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo
en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el
rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la
omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente

IV. A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en
este caso, material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior
valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por las
características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener,
tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica
del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se
han tenido por demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las
probanzas), o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales,
y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación,
omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de
juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que
también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos
de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria,
puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter
fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en
ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de
la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de
aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal
apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente
utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su
decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es
para nada indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y
reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo
imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar
e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede
entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se
mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre
sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del
recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de
normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera
clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los
argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales


o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas,
pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala,
interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una
fundamentación jurídica mínima...deben explicarse las razones en las cuales sustenta
su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y
consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n°
318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación
es por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de
argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o
justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en
la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el
recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho
referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera
manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación
jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral
139.3), que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo
140 inciso c) del mismo Código de rito

V. En el asunto de análisis, la recurrente olvida que esta instancia procesal no
corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación), ni resulta suficiente
manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas,en
tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción
general que, en su criterio, tuvo lugar. La recurrente alega violación de normas
procesales del ordenamiento jurídico, por haberse fundado en medios probatorios
ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso, estima, que “…el fallo que se impugna
incurre en falta de motivación al hacer caso omiso o en todo por subestimar puntos o
requerimientos pretendidos en juicio”. Sostiene, no existe mayor motivación por parte
del Tribunal, a fin de concebir como zzales o no sustanciales la discusión en cuanto a
costas, la reconvención y los demandados. Manifiesta en síntesis su deseo de casar la
Sentencia referida en el tanto la sentencia de primera instancia incurre en un vicio
aludido, pues efectivamente existe una falta de relación entre lo pedido por las partes
en sus escritos de demanda, así como sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en
el fallo, sin embargo se advierte, que el reclamo no se ajusta a la técnica debida. Si
bien esboza un agravio, la casacionista se limita a señalar de forma genérica que el
fallo incurre en falta de motivación al hacer caso omiso o subestimar lo pretendido en
juicio, no obstante, omite indicar cuales son las pretensiones que fueron subestimadas
o los requerimientos respecto de los cuales el Tribunal ha hecho caso omiso, tampoco
refiere en que aspecto o punto de la sentencia el Tribunal ha omitido hacer referencia
a lo solicitado, ni las razones por las cuales considera que el tribunal a prestado oídos
sordos a sus solicitudes, sin identificar además las normas que con lo anterior han
resultado lesionadas, la forma en que han sido conculcadas, ni el modo en que se


produce su quebranto. Si bien alega al inicio, que el presente recurso ha sido
interpuesto contra una sentencia contraria al ordenamiento jurídico, no refiere la
forma en la que, conforme lo establece el canon 134 del Código de rito, la resolución
recurrida contraviene el bloque de legalidad, no esgrime normativa alguna que haya
sido quebrantada por fallo judicial, manifestando en forma escueta, que el Tribunal no
aporta mayor motivación a fin de establecer las razones por las cuales considera como
zzales o no sustanciales, la discusión referente a costas, la reconvención y los
demandados, sin indicar cuales fueron los alegatos de la recurrente que han dejado de
ser atendidos por el Tribunal, o que permita establecer, la falta de relación entre lo
pedido por la parte y lo resuelto en el fallo. En estas condiciones, el cargo resulta
ayuno de la fundamentación exigida por el Código Procesal Contencioso
Administrativo, motivo por el cual este órgano casacional se ve impedido para
conocerlo. Así las cosas, siendo evidente que se ha omitido combatir de manera
sistemática y específica los fundamentos de la resolución recurrida con elementos
fácticos y otras razones normativas y no con simples y genéricas discrepancias de
criterio, sus reclamos resultan insuficientes para generar la revisión del fallo
controvertido ante esta Sede, en virtud de lo cual procede rechazar de plano el
recurso.”


6. ¿Procedencia? Del Recuro de Casación en Materia de Ejecución de
Sentencia

Voto de mayoría

“I. El Código Procesal Contencioso Administrativo introdujo un cambio paradigmático
en la justicia contencioso administrativa. Su principal objetivo es ceñirla plenamente a
lo dispuesto en el numeral 49 de la Constitución Política: “Establécese la jurisdicción
contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial con el objeto de
garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de
toda otra entidad de derecho público./ La desviación de poder será motivo de
impugnación de los actos administrativos./ La Ley protegerá, al menos, los derechos
subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.”(Lo subrayado es suplido)
De esta manera, la nueva normativa incorpora la oralidad como medio o mecanismo
para administrar justicia, y con ello, los principios que le son consustanciales como el
de contradicción, inmediatez y concentración de la prueba. El nuevo régimen
contencioso administrativo opta por un sistema mixto, combinando la escritura con la
oralidad, introduciendo el proceso oral por audiencias. De igual manera, dispone un
control plenario de la conducta administrativa, eliminando las áreas inmunes de su
control jurisdiccional. De manera expresa preceptúa la protección de las diversas
situaciones jurídicas de la persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta


de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo. En este sentido, el
artículo 1 del Código, en lo de interés, dispone: “1) La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto
tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad
de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo,
así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-
administrativa./ 2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por
acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. …”(Lo
subrayado es suplido). El acento del nuevo proceso está en la persona. Se brindan las
herramientas necesarias para lograr la humanización y democratización judiciales. Los
postulados constitucionales de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, se
yerguen como guías en todos las etapas procedimentales. En suma, con la nueva
legislación procesal se persigue la satisfacción de los valores ínsitos en un Estado
democrático de derecho. Siguiendo esta misma línea innovadora, el Código introduce
importantes y radicales cambios en torno al recurso de casación. Flexibiliza su
procedencia y elimina formalismos para su conocimiento y pronunciamiento
judiciales. En este sentido, el inciso 1) del numeral 134 dispone: “Procederá el recurso
de casación contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan
efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico.”(Lo
subrayado es suplido). Concretamente, en ejecución de sentencias, este mismo
canon, en su segundo apartado, indica: “2) Asimismo, por las mismas razones
señaladas en el aparado anterior, será procedente el recurso de casación contra la
sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o
conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y
precedente emitido en el proceso de conocimiento.”(Lo subrayado es suplido). Es
evidente el cambio introducido por la nueva legislación procesal en esa materia. De
conformidad con el artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual resultaba aplicable de
manera supletoria a las ejecuciones de sentencias tramitadas en la jurisdicción
contencioso administrativa, se podía interponer recurso de casación sólo cuando se
resolvían puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la
sentencia, así como cuando se proveía en contradicción con lo ejecutoriado. Se
indicada, además, que debía reclamarse la violación de las leyes relativas al valor de la
cosa juzgada. Con el Código Procesal Contencioso Administrativo, según se colige de lo
dispuesto en los transcritos incisos del canon 134, la casación supera la cosa juzgada
como única causal posible, quedando afecta a las reglas generales dispuesta en el
inciso primero de ese numeral: cuando se considere que el fallo final emitido en vía de
ejecución es contrario al ordenamiento jurídico; es decir, que infrinja cualquier norma
que lo integre. Por ende, la parte interesada podrá alegar no sólo violación a normas
sustantivas (artículo 138 ibídem); sino también procesales (canon 137 ejúsdem)


II. No obstante, el precepto 178 íbid, en lo de interés señala: “… Contra el fallo final
emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del
presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala
Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código.”(Lo subrayado es
suplido). Del tenor literal de esta norma, podría estimarse que el legislador limitó el
recurso de casación únicamente a motivos de orden procesal. Por cuanto, el referido
canon 137, en lo conducente, indica: “1) Procederá el recurso de casación por violación
de normas procesales del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: … 2) Las
causales del recurso de casación por las razones procesales establecidas en el presente
artículo, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia
de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano
jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su
rectificación en el Tribunal.” Lo subrayado no es del original). Empero, una
interpretación de esa naturaleza, no sólo resulta contradictoria con lo dispuesto en el
numeral 134 antes analizado; sino también, de los objetivos perseguidos por la nueva
legislación procesal contencioso administrativa. En este sentido, como se apuntó, se
pretende un cambio radical en la jurisdicción contencioso administrativa, procurando
eliminar cualquier área administrativa inmune al control jurisdiccional, brindándole a
las partes amplias posibilidades de defensa. En consecuencia, armonizando lo
dispuesto en el cánones 134 y 178 ejúsdem, a la luz de los principios informadores de
la nueva legislación procesal, debe concluirse que el recurso de casación contra el fallo
final emitido en ejecución de sentencia procederá cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico, por lo tanto, el impugnante podrá alegar tanto violación a
normas procesales, cuanto sustantivas, en los términos dispuestos en los artículos 137
y 138, respectivamente, del indicado Código. Esta sana interpretación se ajusta
además en un todo, con la recta exégesis literal del precepto, pues la remisión que el
artículo efectúa al numeral 137, lo es, no en cuanto a la casación, sino en lo que hace a
la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de instancia. Todo hace pensar que la
norma correcta a la que se pretendía referir era el canon 134, en cuanto dispone que
sólo serán pasibles de casación las resoluciones finales de la ejecución de sentencia
Nótese que la remisión al ordinal 137 no se hace para el recurso de casación (que en el
mismo mandato no encuentra límite alguno: “… cabrá recurso de casación …”, dice
simple y llanamente la norma, sin ocuparse de las causales o motivos), sino para la
sentencia (“… el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos
establecidos en el artículo 137 del presente Código …” ). Más simple, el artículo 137
(incorporado por error, pues en verdad debió ser el 134) califica a la sentencia, no al
recurso de casación que, como tal, mantiene su régimen genérico y por las causales
abiertas dispuestas para cualquier recurso de casación


III . En este mismo orden de ideas, el ordinal 183 inciso 3), respecto de la ejecución de
sentencias emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en
procesos de Hábeas Corpus y Amparo emitidos contra la Administración, señala: “3)
Contra el fallo final emitido por el Juzgado en los términos establecidos en el artículo
137 del presente Código, únicamente cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento
corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la
distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo
Código. Contra lo resuelto en casación, no cabrá recurso alguno.”(Lo subrayado es
suplido). Para este supuesto también resulta aplicable lo anotado en el considerando
anterior, en lo relativo a su interpretación literal, en el sentido de que la casación, en
modo alguno se limita a sus causales, pues la remisión (equivocada por demás) se
realiza respecto de la sentencia, no del recurso. Asimismo, este órgano jurisdiccional
ha señalado el carácter “sui géneris” que reviste e l proceso para ejecutar los daños y
perjuicios reconocidos en forma abstracta en virtud de un recurso de amparo. Al
respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias 490 de las 8 horas del 14 de
julio del 2005 y 966 de las 14 horas 25 minutos del 11 de diciembre del 2006. Ello por
cuanto, lo discutido en este nuevo proceso no fue objeto de debate ante el órgano
constitucional. La condenatoria dispuesta al pago de los daños y perjuicios la impone la
Sala Constitucional por imperativo legal (artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional), sin ningún tipo de consideración fáctica, a diferencia de los procesos
de cognición. Ese pronunciamiento sólo abre la competencia ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, pero no prejuzga, por no haber sido
objeto de análisis. El ejecutante, entonces, tiene la obligación de establecer los
presupuestos de hecho tendientes a demostrar la relación de causalidad entre los
daños y perjuicios declarados en abstracto y el caso concreto; además su existencia y
monto deben ser, por consiguiente, debidamente acreditados. No basta formular sólo
su liquidación y valoración, debido a la no preexistencia de un juicio o contradictorio,
en donde se discutiera la existencia de los efectos dañinos, faltando, únicamente,
establecer su quántum. En consecuencia, este proceso de ejecución se asemeja más a
uno de conocimiento (obviamente más sumario), pues, aunque no existe etapa
probatoria, la parte debe ofrecer y aportar todo tipo de prueba para comprobar los
aspectos indicados. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de
admitirla y evacuarla, estableciendo, en las respectivas sentencias, los hechos
probados y no probados respecto a la causalidad de los daños y perjuicios, para, con
base en ellos, aceptar o rechazar lo reclamado, y fijar el monto de las correspondientes
indemnizaciones. Una vez determinado el vínculo jurídico con la violación
constitucional, se estimará, valorará y condenará a la indemnización respectiva. Este
tipo de proceso implica, por consiguiente, una tarea jurídica distinta al de las
ejecuciones de las sentencias emitidas en los procesos de conocimiento. Ergo, si en el
considerando anterior, luego de una interpretación armónica de los numerales 134
inciso 2 y 178 del Código Procesal Contencioso Administrativa, con los principios

inspiradores de esa normativa, se llegó a la conclusión de que el recurso de casación
interpuesto en contra del fallo final emitido en ejecución de sentencias recaídas en
procesos de conocimiento, procede cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico; a fortiori, en la ejecución de sentencia de los procesos
constitucionales, al revestir ese carácter sui géneris, el recurso de casación también
procederá por violación al ordenamiento jurídico, pudiéndose invocar, en
consecuencia, el quebranto a normas procesales o sustantivas (numerales 137 y 138
del Código Procesal Contencioso Administrativo).”


7. Ejecución de Sentencia en proceso de Conocimiento y Fallo
Constitucional en Vía Contenciosa Administrativa

Voto de mayoría

“III. - Como ya ha establecido esta Sala en otros fallos (véase entre otras la no. 000819-
A-2008, de las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 2008) , el Código Procesal
Contencioso Administrativo introdujo un cambio paradigmático en la justicia
contencioso administrativa. Su principal objetivo es ceñirla plenamente a lo dispuesto
en el numeral 49 de la Constitución Política: “Establécese la jurisdicción contencioso-
administrativa como atribución del Poder Judicial con el objeto de garantizar la
legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra
entidad de derecho público./ La desviación de poder será motivo de impugnación de los
actos administrativos./ La Ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los
intereses legítimos de los administrados.”(Lo subrayado es suplido). De esta manera, la
nueva normativa incorpora la oralidad como medio o mecanismo para administrar
justicia, y con ello, los principios que le son consustanciales como el de contradicción,
inmediatez y concentración de la prueba. El nuevo régimen contencioso administrativo
opta por un sistema mixto, combinando la escritura con la oralidad, introduciendo el
proceso oral por audiencias. De igual manera, dispone un control plenario de la
conducta administrativa, eliminando las áreas inmunes de su control jurisdiccional. De
manera expresa preceptúa la protección de las diversas situaciones jurídicas de la
persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la Administración
Pública sujeta al Derecho Administrativo. En este sentido, el artículo 1 del Código, en lo
de interés, dispone: “1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el
artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas
de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la
Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver
los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa./ 2) Los motivos de
ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder. … ”(Lo subrayado es suplido). El acento del


nuevo proceso está en la persona. Se brindan las herramientas necesarias para lograr
la humanización y democratización judiciales. Los postulados constitucionales de
justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, se yerguen como guías en todos las
etapas procedimentales. En suma, con la nueva legislación procesal se persigue la
satisfacción de los valores ínsitos en un Estado democrático de derecho. Siguiendo esta
misma línea innovadora, el Código introduce importantes y radicales cambios en torno
al recurso de casación. Flexibiliza su procedencia y elimina formalismos para su
conocimiento y pronunciamiento judiciales. En este sentido, el inciso 1) del numeral
134 dispone: “Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con
carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material, cuando sean
contrarias al ordenamiento jurídico.”(Lo subrayado es suplido). Concretamente, en
ejecución de sentencias, este mismo canon, en su segundo apartado, indica: “2)
Asimismo, por las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente
el recurso de casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que
decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida,
de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento.”(Lo
subrayado es suplido). Es evidente el cambio introducido por la nueva legislación
procesal en esa materia. De conformidad con el artículo 704 del Código Procesal Civil,
el cual resultaba aplicable de manera supletoria a las ejecuciones de sentencias
tramitadas en la jurisdicción contencioso administrativa, se podía interponer recurso
de casación sólo cuando se resolvían puntos sustanciales no controvertidos en el pleito
ni decididos en la sentencia, así como cuando se proveía en contradicción con lo
ejecutoriado. Se indicaba, además, que debía reclamarse la violación de las leyes
relativas al valor de la cosa juzgada. Con el Código Procesal Contencioso
Administrativo, según se colige de lo dispuesto en los transcritos incisos del canon 134,
la casación supera la cosa juzgada como única causal posible, quedando afecta a las
reglas generales dispuestas en el inciso primero de ese numeral: cuando se considere
que el fallo final emitido en vía de ejecución es contrario al ordenamiento jurídico; es
decir, que infrinja cualquier norma que lo integre. Por ende, la parte interesada podrá
alegar no sólo violación a normas sustantivas (artículo 138 ibídem); sino también
procesales (canon 137 ejúsdem)

IV. No obstante, el precepto 178 íbid, en lo de interés señala: “… Contra el fallo final
emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del
presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala
Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código.” (Lo subrayado es
suplido). Del tenor literal de esta norma, podría estimarse que el legislador limitó el
recurso de casación únicamente a motivos de orden procesal. Por cuanto, el referido
canon 137, en lo conducente, indica: “1) Procederá el recurso de casación por violación
de normas procesales del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: … 2) Las


causales del recurso de casación por las razones procesales establecidas en el presente
artículo, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia
de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano
jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su
rectificación en el Tribunal.” Lo subrayado no es del original). Empero, una
interpretación de esa naturaleza, no sólo resulta contradictoria con lo dispuesto en el
numeral 134 antes analizado; sino también, de los objetivos perseguidos por la nueva
legislación procesal contencioso administrativa. En este sentido, como se apuntó, se
pretende un cambio radical en la jurisdicción contencioso administrativa, procurando
eliminar cualquier área administrativa inmune al control jurisdiccional, brindándole a
las partes amplias posibilidades de defensa. En consecuencia, armonizando lo
dispuesto en los cánones 134 y 178 ejúsdem, a la luz de los principios informadores de
la nueva legislación procesal, debe concluirse que el recurso de casación contra el fallo
final emitido en ejecución de sentencia procederá cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico, por lo tanto, el impugnante podrá alegar tanto violación a
normas procesales, cuanto sustantivas, en los términos dispuestos en los artículos 137
y 138, respectivamente, del indicado Código. Esta sana interpretación se ajusta
además en un todo, con la recta exégesis literal del precepto, pues la remisión que el
artículo efectúa al numeral 137, lo es, no en cuanto a la casación, sino en lo que hace a
la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de instancia. Todo hace pensar que la
norma correcta a la que se pretendía referir era el canon 134, en cuanto dispone que
sólo serán pasibles de casación las resoluciones finales de la ejecución de sentencia
Nótese que la remisión al ordinal 137 no se hace para el recurso de casación (que en el
mismo mandato no encuentra límite alguno: “… cabrá recurso de casación…”, dice
simple y llanamente la norma, sin ocuparse de las causales o motivos), sino para la
sentencia (“… el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos
establecidos en el artículo 137 del presente Código…”). Más simple, el artículo 137
(incorporado por error, pues en verdad debió ser el 134) califica a la sentencia, no al
recurso de casación que, como tal, mantiene su régimen genérico y por las causales
abiertas dispuestas para cualquier recurso de casación

V. En este mismo orden de ideas, el ordinal 183 inciso 3), respecto de la ejecución de
sentencias emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en
procesos de Hábeas Corpus y Amparo emitidos contra la Administración, señala: “3)
Contra el fallo final emitido por el Juzgado en los términos establecidos en el artículo
137 del presente Código, únicamente cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento
corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la
distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo
Código. Contra lo resuelto en casación, no cabrá recurso alguno. ”(Lo subrayado es
suplido). Para este supuesto también resulta aplicable lo anotado en el considerando
anterior, en lo relativo a su interpretación literal, en el sentido de que la casación, en


modo alguno se limita a sus causales, pues la remisión (equivocada por demás) se
realiza respecto de la sentencia, no del recurso. Asimismo, este órgano jurisdiccional
ha señalado el carácter “sui géneris” que reviste e l proceso para ejecutar los daños y
perjuicios reconocidos en forma abstracta en virtud de un recurso de amparo. Al
respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias 490 de las 8 horas del 14 de
julio del 2005 y 966 de las 14 horas 25 minutos del 11 de diciembre del 2006. Ello por
cuanto, lo discutido en este nuevo proceso no fue objeto de debate ante el órgano
constitucional. La condenatoria dispuesta al pago de los daños y perjuicios la impone la
Sala Constitucional por imperativo legal (artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional), sin ningún tipo de consideración fáctica, a diferencia de los procesos
de cognición. Ese pronunciamiento sólo abre la competencia ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, pero no prejuzga, por no haber sido
objeto de análisis. El ejecutante, entonces, tiene la obligación de establecer los
presupuestos de hecho tendientes a demostrar la relación de causalidad entre los
daños y perjuicios declarados en abstracto y el caso concreto; además su existencia y
monto deben ser, por consiguiente, debidamente acreditados. No basta formular sólo
su liquidación y valoración, debido a la no preexistencia de un juicio o contradictorio,
en donde se discutiera la existencia de los efectos dañinos, faltando, únicamente,
establecer su quántum. En consecuencia, este proceso de ejecución se asemeja más a
uno de conocimiento (obviamente más sumario), pues, aunque no existe etapa
probatoria, la parte debe ofrecer y aportar todo tipo de prueba para comprobar los
aspectos indicados. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de
admitirla y evacuarla, estableciendo, en las respectivas sentencias, los hechos
probados y no probados respecto a la causalidad de los daños y perjuicios, para, con
base en ellos, aceptar o rechazar lo reclamado, y fijar el monto de las correspondientes
indemnizaciones. Una vez determinado el vínculo jurídico con la violación
constitucional, se estimará, valorará y condenará a la indemnización respectiva. Este
tipo de proceso implica, por consiguiente, una tarea jurídica distinta al de las
ejecuciones de las sentencias emitidas en los procesos de conocimiento. Ergo, si en el
considerando anterior, luego de una interpretación armónica de los numerales 134
inciso 2 y 178 del Código Procesal Contencioso Administrativa, con los principios
inspiradores de esa normativa, se llegó a la conclusión de que el recurso de casación
interpuesto en contra del fallo final emitido en ejecución de sentencias recaídas en
procesos de conocimiento, procede cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico; a fortiori, en la ejecución de sentencia de los procesos
constitucionales, al revestir ese carácter sui géneris, el recurso de casación también
procederá por violación al ordenamiento jurídico, pudiéndose invocar, en
consecuencia, el quebranto a normas procesales o sustantivas (numerales 137 y 138
del Código Procesal Contencioso Administrativo). ”


 8. Recurso de Casación por el Fondo y por la Forma

Voto de mayoría

“III. El Código Procesal Contencioso Administrativo introdujo un cambio paradigmático
en la justicia contencioso administrativa. Su principal objetivo es ceñirla plenamente a
lo dispuesto en el numeral 49 de la Constitución Política: “Establécese la jurisdicción
contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial con el objeto de
garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de
toda otra entidad de derecho público./ La desviación de poder será motivo de
impugnación de los actos administrativos./ La Ley protegerá, al menos, los derechos
subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.” (Lo subrayado es suplido). De
esta manera, la nueva normativa incorpora la oralidad como medio o mecanismo para
administrar justicia, y con ello, los principios que le son consustanciales como el de
contradicción, inmediatez y concentración de la prueba. El nuevo régimen contencioso
administrativo opta por un sistema mixto, combinando la escritura con la oralidad,
introduciendo el proceso oral por audiencias. De igual manera, dispone un control
plenario de la conducta administrativa, eliminando las áreas inmunes de su control
jurisdiccional. De manera expresa preceptúa la protección de las diversas situaciones
jurídicas de la persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la
Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo. En este sentido, el artículo 1
del Código, en lo de interés, dispone: “1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las
situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier
conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como
conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico- administrativa./ 2) Los
motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. …” (Lo subrayado es suplido). El
acento del nuevo proceso está en la persona. Se brindan las herramientas necesarias
para lograr la humanización y democratización judiciales. Los postulados
constitucionales de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, se yerguen como
guías en todos las etapas procedimentales. En suma, con la nueva legislación procesal
se persigue la satisfacción de los valores ínsitos en un Estado democrático de derecho
Siguiendo esta misma línea innovadora, el Código introduce importantes y radicales
cambios en torno al recurso de casación. Flexibiliza su procedencia y elimina
formalismos para su conocimiento y pronunciamiento judiciales. En este sentido, el
inciso 1) del numeral 134 dispone: “Procederá el recurso de casación contra las
sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada
material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico.”(Lo subrayado es suplido)
Concretamente, en ejecución de sentencias, este mismo canon, en su segundo

apartado, indica: “2) Asimismo, por las mismas razones señaladas en el aparado
anterior, será procedente el recurso de casación contra la sentencia final dictada en
ejecución de sentencia, que decida sobre las prestaciones o conductas concretas que
debe cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido en el
proceso de conocimiento.” (Lo subrayado es suplido). Es evidente el cambio
introducido por la nueva legislación procesal en esa materia. De conformidad con el
artículo 704 del Código Procesal Civil, el cual resultaba aplicable de manera supletoria
a las ejecuciones de sentencias tramitadas en la jurisdicción contencioso
administrativa, se podía interponer recurso de casación sólo cuando se resolvían
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, así
como cuando se proveía en contradicción con lo ejecutoriado. Se indicaba, además,
que debía reclamarse la violación de las leyes relativas al valor de la cosa juzgada. Con
el Código Procesal Contencioso Administrativo, según se colige de lo dispuesto en los
transcritos incisos del canon 134, la casación supera la cosa juzgada como única causal
posible, quedando afecta a las reglas generales dispuesta en el inciso primero de ese
numeral: cuando se considere que el fallo final emitido en vía de ejecución es contrario
al ordenamiento jurídico; es decir, que infrinja cualquier norma que lo integre. Por
ende, la parte interesada podrá alegar no sólo violación a normas sustantivas (artículo
138 ibídem); sino también procesales (canon 137 ejúsdem)

IV. No obstante, el precepto 178 íbid, en lo de interés señala: “… Contra el fallo final
emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del
presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala
Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo Código.” (Lo subrayado es
suplido). Del tenor literal de esta norma, podría estimarse que el legislador limitó el
recurso de casación únicamente a motivos de orden procesal. Por cuanto, el referido
canon 137, en lo conducente, indica: “1) Procederá el recurso de casación por violación
de normas procesales del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: … 2) Las
causales del recurso de casación por las razones procesales establecidas en el presente
artículo, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia
de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano
jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su
rectificación en el Tribunal.” Lo subrayado no es del original). Empero, una
interpretación de esa naturaleza, no sólo resulta contradictoria con lo dispuesto en el
numeral 134 antes analizado; sino también, de los objetivos perseguidos por la nueva
legislación procesal contencioso administrativa. En este sentido, como se apuntó, se
pretende un cambio radical en la jurisdicción contencioso administrativa, procurando
eliminar cualquier área administrativa inmune al control jurisdiccional, brindándole a
las partes amplias posibilidades de defensa. En consecuencia, armonizando lo
dispuesto en el cánones 134 y 178 ejúsdem, a la luz de los principios informadores de


la nueva legislación procesal, debe concluirse que el recurso de casación contra el fallo
final emitido en ejecución de sentencia procederá cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico, por lo tanto, el impugnante podrá alegar tanto violación a
normas procesales, cuanto sustantivas, en los términos dispuestos en los artículos 137
y 138, respectivamente, del indicado Código. Esta sana interpretación se ajusta
además en un todo, con la recta exégesis literal del precepto, pues la remisión que el
artículo efectúa al numeral 137, lo es, no en cuanto a la casación, sino en lo que hace a
la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de instancia. Todo hace pensar que la
norma correcta a la que se pretendía referir era el canon 134, en cuanto dispone que
sólo serán pasibles de casación las resoluciones finales de la ejecución de sentencia
Nótese que la remisión al ordinal 137 no se hace para el recurso de casación (que en el
mismo mandato no encuentra límite alguno: “… cabrá recurso de casación …”, dice
simple y llanamente la norma, sin ocuparse de las causales o motivos), sino para la
sentencia (“… el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos
establecidos en el artículo 137 del presente Código …” ). Más simple, el artículo 137
(incorporado por error, pues en verdad debió ser el 134) califica a la sentencia, no al
recurso de casación que, como tal, mantiene su régimen genérico y por las causales
abiertas dispuestas para cualquier recurso de casación

V. En este mismo orden de ideas, el ordinal 183 inciso 3), respecto de la ejecución de
sentencias emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en
procesos de Hábeas Corpus y Amparo emitidos contra la Administración, señala: “3)
Contra el fallo final emitido por el Juzgado en los términos establecidos en el artículo
137 del presente Código, únicamente cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento
corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la
distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este mismo
Código. Contra lo resuelto en casación, no cabrá recurso alguno. ”(Lo subrayado es
suplido). Para este supuesto también resulta aplicable lo anotado en el considerando
anterior, en lo relativo a su interpretación literal, en el sentido de que la casación, en
modo alguno se limita a sus causales, pues la remisión (equivocada por demás) se
realiza respecto de la sentencia, no del recurso. Asimismo, este órgano jurisdiccional
ha señalado el carácter “sui géneris” que reviste e l proceso para ejecutar los daños y
perjuicios reconocidos en forma abstracta en virtud de un recurso de amparo. Al
respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias 490 de las 8 horas del 14 de
julio del 2005 y 966 de las 14 horas 25 minutos del 11 de diciembre del 2006. Ello por
cuanto, lo discutido en este nuevo proceso no fue objeto de debate ante el órgano
constitucional. La condenatoria dispuesta al pago de los daños y perjuicios la impone la
Sala Constitucional por imperativo legal (artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional), sin ningún tipo de consideración fáctica, a diferencia de los procesos
de cognición. Ese pronunciamiento sólo abre la competencia ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, pero no prejuzga, por no haber sido


objeto de análisis. El ejecutante, entonces, tiene la obligación de establecer los
presupuestos de hecho tendientes a demostrar la relación de causalidad entre los
daños y perjuicios declarados en abstracto y el caso concreto; además su existencia y
monto deben ser, por consiguiente, debidamente acreditados. No basta formular sólo
su liquidación y valoración, debido a la no preexistencia de un juicio o contradictorio,
en donde se discutiera la existencia de los efectos dañinos, faltando, únicamente,
establecer su quántum. En consecuencia, este proceso de ejecución se asemeja más a
uno de conocimiento (obviamente más sumario), pues, aunque no existe etapa
probatoria, la parte debe ofrecer y aportar todo tipo de prueba para comprobar los
aspectos indicados. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de
admitirla y evacuarla, estableciendo, en las respectivas sentencias, los hechos
probados y no probados respecto a la causalidad de los daños y perjuicios, para, con
base en ellos, aceptar o rechazar lo reclamado, y fijar el monto de las correspondientes
indemnizaciones. Una vez determinado el vínculo jurídico con la violación
constitucional, se estimará, valorará y condenará a la indemnización respectiva. Este
tipo de proceso implica, por consiguiente, una tarea jurídica distinta al de las
ejecuciones de las sentencias emitidas en los procesos de conocimiento. Ergo, si en el
considerando anterior, luego de una interpretación armónica de los numerales 134
inciso 2 y 178 del Código Procesal Contencioso Administrativa, con los principios
inspiradores de esa normativa, se llegó a la conclusión de que el recurso de casación
interpuesto en contra del fallo final emitido en ejecución de sentencias recaídas en
procesos de conocimiento, procede cuando se estime que es contrario al
ordenamiento jurídico; a fortiori, en la ejecución de sentencia de los procesos
constitucionales, al revestir ese carácter sui géneris, el recurso de casación también
procederá por violación al ordenamiento jurídico, pudiéndose invocar, en
consecuencia, el quebranto a normas procesales o sustantivas (numerales 137 y 138
del Código Procesal Contencioso Administrativo).”


9. El Artículo 178 del Código Procesal Contencioso Administrativo

Voto de mayoría

“I. Que en el esquema recursivo establecido por el Código Procesal Contencioso
Administrativo (CPCA), el recurso de < apelación> procede sólo contra aquellas
resoluciones para las que así se hubiere establecido. En este sentido son cinco los
autos contra los que dicho recurso es admisible, a saber: 1) el que fija la garantía o
caución en la medida cautelar (artículo 28); 2) el que resuelve en forma definitiva una
medida cautelar ( artículo 30); 3) el que resuelve sobre la integración de la litis (
artículo 71.4); 4) el que resuelve sobre el embargo de bienes de cualquiera de las


partes (artículo 178), y 5) el que acuerda el archivo del proceso por no subsanar los
defectos prevenidos según dispone el artículo 61.2

II. Que en el caso en estudio, el apoderado de la parte demandada plantea recurso de
apelación contra la resolución dictada por el señor Juez tramitador # 1855-2009 de
19.30 horas de 31 de agosto que adoptó una medida provisionalísima de extrema
urgencia, con base en los artículos 21 y 22 del CPCA, al tiempo que concedió audiencia
y fijó hora y fecha para celebrar ésta de manera oral. Es evidente que esa resolución,
en el esquema recursivo de la nueva jurisdicción contencioso-administrativa, no tiene
recurso alguno. Como se ha expresado con anterioridad “… la “provisionalísima”
acordada no es definitiva, sus efectos son transitorios y no causan estado en lo que
corresponde a la medida. ( Consúltese al respecto el voto no. 62-A-TC-2008 de las 9
horas 30 minutos del 19 de junio de 2008). La apelación, como se indicó, está prevista
para objetar el auto que resuelve, en forma definitiva, la tutela cautelar solicitada.” (
Resolución del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
San José, #000013-A-TC-2009 de 14,20 horas de 29 de enero, y # 133-A-TC-2009 de
8.40 horas de 9 de julio). En consecuencia y de conformidad con el numeral 132.3 del
CPCA, no cabe el recurso propuesto, por lo que este Despacho se encuentra
legalmente obligado a rechazar de plano la gestión planteada, visible a folios 229 a
314.”


ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la
Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación
que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se
encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no
necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos
según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo
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compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso
de utilizar el material indicado


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 8508 del veintiocho de abril de dos mil seis. Código Procesal
Contencioso-Administrativo. Fecha de vigencia desde: 01/01/2008. Versión de la norma: 3 de
3 del 09/06/2010. Datos de la Publicación: Nº Gaceta: 120 del: 22/06/2006, Alcance: 38

Procesal Contencioso Administrativo. San José, Costa Rica. P 51

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 60 de las diecisiete horas con
cincuenta minutos del diecisiete de enero de dos mil trece. Expediente: 08-000038-1028-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1032 de las quince horas con
treinta y nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil diez. Expediente: 09-001264-1027-

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 1343 de las ocho
horas del catorce de abril de dos mil diez. Expediente: 09-001412-1027-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 398 de las catorce horas con
quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil diez. Expediente: 09-001224-1027-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 140 de las nueve horas con
treinta y siete minutos del veintiocho de enero de dos mil diez. Expediente: 08-000259-1027-

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1236 de las nueve horas con
cincuenta minutos del tres de diciembre de dos mil nueve. Expediente: 09-000157-1028-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 96 de las catorce horas del
veintinueve de enero de dos mil nueve. Expediente: 08-000036-0163-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 819 de las diez horas con
cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil ocho. Expediente: 08-000069-
1028-CA

Sentencia 67 de las once horas del veintitrés de febrero de dos mil diez. Expediente: 09-
002105-1027-CA