Informe de Investigación

TÍTULO: DONACIÓN DE DERECHOS GANANCIALES

Rama del Derecho: Descriptor
Derecho de Familia Donación de gananciales
Tipo de investigación: Palabras clave
Donación, derechos gananciales, bienes gananciales
Fuentes: Fecha de elaboración
Doctrina, Legislación y Jurisprudencia 16/10/2012


Contenido


1. RESUMEN

El presente informe contiene una recopilación doctrinaria, normativa y jurisprudencial
relacionada con la donación de bienes y derechos gananciales. A los efectos se
incorporan algunas reseñas doctrinarias, las principales disposiciones normativas y la
jurisprudencia relacionada con los bienes gananciales y la donación de estos derechos


2. DOCTRINA
2.1 Bienes gananciales


“(…) bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del
matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su
comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de
ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los
bienes gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un
acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los esposos.”


“(…) bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del
matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su
comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de
ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los
bienes gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un
acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los esposos.”


“Se suele aludir a él como régimen mixto, porque operando como el régimen de
separación durante el matrimonio, acuerda derechos de participación entre los
cónyuges (…) a su disolución. Pero, he aquí lo fundamental, no se constituye una masa
partible (lo típico en los regímenes de comunidad), sino que la participación se resuelve
en un crédito a favor de uno de los cónyuges contra el otro para equiparar las
ganancias operadas durante el matrimonio. Adviértase: a la disolución del régimen no
se constituye una comunidad o masa común con los bienes adquiridos o ganados por
ambos cónyuges, sino que los patrimonios de cada cual mantienen su independencia,
naciendo en cabeza de uno de ellos el derecho a obtener, mediante un crédito, una
participación en las ganancias del otro (…)”


2. NORMATIVA

2.1 Código de Familia

Artículo 41.-

Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y al
celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge
adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales
constatados en el patrimonio del otro. Tales bienes se considerarán gravados de pleno
derecho, a partir de la declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación. Los
tribunales, de oficio o a solicitud de parte, dispondrán tanto la anotación de las
demandas sobre gananciales en los Registros Públicos, al margen de la inscripción de
los bienes registrados, como los inventarios que consideren pertinentes

(Así reformado este primer párrafo por el artículo único de la ley No. 7689 de 21 de
agosto de 1997)

Podrá procederse a la liquidación anticipada de los bienes gananciales cuando el
Tribunal, previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que
los intereses de éste corren el riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su
consorte, o por actos que amenacen burlarlo. Unicamente no son gananciales los
siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación


1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito
o por causa aleatoria

2) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las
capitulaciones matrimoniales

3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio

4) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los
cónyuges; y

5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges


Se permite renunciar, en las capitulaciones matrimoniales o en un convenio que deberá
en hacerse escritura pública, a las ventajas de la distribución final

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5895 de 23 de marzo de 1976)

Artículo 42.- (Afectación del inmueble familiar, privilegios)

El inmueble destinado a habitación familiar, cuando así conste en el Registro Público,
no podrá ser enajenado ni gravado sino con el consentimiento de ambos cónyuges, si
el propietario estuviere ligado en matrimonio; o por disposición judicial, a solicitud del
propietario, previa demostración, en este último caso, de la utilidad y la necesidad del

Tampoco podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario, salvo en
caso de cobro de deudas contraídas por ambos cónyuges, o por el propietario con
anterioridad a la inscripción a que se refiere el artículo siguiente

(Así reformado por el artículo 28 de la ley Nº 7142 de 8 de marzo de 1990)

Artículo 43.- (Forma de hacer la afectación, inscripción, efectos, exención fiscal)

La afectación la hará el propietario a favor del cónyuge o conviviente, si se tratare de
unión de hecho, o de los hijos menores o ascendientes que habiten el inmueble

Tanto la afectación como su cesación deberán hacerse en escritura pública e
inscribirse en el Registro correspondiente, y surtirán efectos desde la fecha de su
inscripción. La afectación y su cesación no estarán sujetas al pago de impuestos ni de
derechos de registro

(Así reformado por el artículo 28 de la ley Nº 7142 del 8 de marzo de 1990)

Artículo 44.-

El traspaso que se hiciere inter vivos o mortis causa del bien afectado conforme al
artículo 42 a favor del cónyuge, de uno o varios hijos, estará exento del pago de los
impuestos de beneficencia, donaciones y Timbre Universitario, hasta por la suma de
trescientos mil colones

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5895 de 23 de marzo de 1976)

Artículo 45.-

El Registro Público no inscribirá ninguna escritura en violación de lo dispuesto en este
Capítulo

Artículo 46.-

Los beneficios y privilegios de los cuatro anteriores artículos se otorgarían al inmueble
urbano con una cabida no mayor de mil metros cuadrados, o al rural cuya extensión no
exceda de diez mil metros cuadrados. Asimismo, a la parcela rural destinada a la
subsistencia de la familia, en el tanto que no exceda esta última extensión. En caso de
derechos indivisos, deberá previamente procederse a la localización de ellos, de
acuerdo con la ley

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5895 de 23 de marzo de 1976)

Artículo 47.-

(Cesación de la afectación). La afectación cesará

a) Por mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho

b) Por muerte o mayoridad de los beneficiarios

c) Por separación judicialmente declarada, o por divorcio. En este caso podrá
disponerse la continuación mientras haya beneficiarios con derecho

ch) Por disposición judicial, a solicitud del propietario, una vez comprobada la utilidad o
necesidad de la desafectación

d) Cuando de hecho el bien dejare de servir para habitación familiar o pequeña
explotación, previa comprobación ante el Tribunal mediante trámite sumario

(Así reformado por el artículo 28 de la ley Nº 7142 de 8 de marzo de 1990)


2.2 Código Civil


“Artículo 1393


La donación que se haga para después de la muerte, se considera como disposición de
última voluntad y se rige en todo por lo que se dispone para testamentos

Artículo 1394

La donación onerosa no es donación, sino en cuanto el valor de lo donado exceda al
valor de las cargas impuestas

Artículo 1395

Es nula la donación bajo condiciones cuyo cumplimiento dependa sólo de la voluntad
del donador

Artículo 1396

No puede hacerse donación con cláusulas de reversión o de sustitución

Artículo 1397

La donación verbal sólo se admite cuando ha habido tradición y cuando se trate de
bienes muebles cuyo valor no pase de doscientos cincuenta colones

La de muebles cuyo valor exceda de esa suma y la de inmuebles debe hacerse en
escritura pública; faltando ese requisito, la donación es absolutamente nula

Artículo 1398

También es absolutamente nula

1. La donación indeterminada del todo o de parte alícuota de los bienes presentes; los
bienes donados, sea el todo o una parte de los que pertenecen al donador, deben
describirse individualmente; y

2. La donación de bienes por adquirir

Artículo 1399

La aceptación puede hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada
pero no surte efecto si no se hace en vida del donador y dentro de un año contado
desde la fecha de la escritura

Hecha la aceptación en escritura separada, debe notificarse al donador

Artículo 1400

Para recibir por donación es preciso estar, por los menos, concebido al tiempo de
redactarse la escritura de donación; pero quedará pendiente el derecho del donatario
de que se cumpla lo dispuesto en el artículo 13

Artículo 1401

Es aplicable a las donaciones lo dispuesto en los artículos 592, 593, y 594

Si dentro de un año contado desde la aceptación de la herencia, el heredero instituido
no reclama la nulidad de la donación, puede reclamarla cualquiera de los herederos
legítimos. En este caso lo devuelto por el donatario cede a favor de los herederos
legítimos, con exclusión del testamentario, aunque también tenga la calidad de
legítimo

Artículo 1402

Los bienes donados responden de las obligaciones del donador, existentes al tiempo
de la donación, en cuanto no basten a cumplirlas los bienes que se reserve o adquiera
después del donador

Artículo 1403

El donador no responde de evicción, a no ser que expresamente se obligue a
presentarla

Artículo 1404

La donación trasfiere al donatario la propiedad de la cosa donada

Artículo 1405

Una vez aceptada no puede revocarse sino por causa de ingratitud en los casos
siguientes

1. Si el donatario comete alguna ofensa grave contra la persona u honra del donador,
sus padres, consorte o hijos

2. Si el donatario acusa o denuncia al donador, su consorte, padre o hijos


Artículo 1406

Rescindida la donación, se restituirán al donador los bienes donados, o si el donatario
los hubiere enajenado, el valor de ellos al tiempo de la donación. Los frutos percibidos
hasta el día en que se propuso la demanda de revocación, pertenecen al donatario

La revocación de la donación no perjudica ni a las enajenaciones hechas por el
donatario ni a las hipotecas y demás cargas reales que éste haya impuesto sobre la
cosa donada; a no ser que tratándose de inmuebles se hayan hecho las enajenaciones
o constituido las cargas o hipotecas después de inscrita en el Registro la demanda de
revocación

Artículo 1407

La acción de revocación no puede renunciarse anticipadamente

Prescribe en un año contado desde el hecho que la motivó o desde que de él tuvo
noticia del donador. No pasa a los herederos del donador salvo que dicha acción se
hubiere establecido por éste

Artículo 1408

Para donar en nombre de otro se necesita poder especialísimo.”


3. JURISPRUDENCIA
3.1 Bienes gananciales


análisis de los reproches formulados en el recurso interpuesto por la parte accionada
en torno a los gananciales, cabe señalar que nuestro sistema jurídico contempla un
régimen de participación diferida en cuanto a dichos bienes, de conformidad con el
cual, al declararse disuelto o nulo el vínculo matrimonial, al disponerse la separación
judicial y al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, es
cuando cada uno de los cónyuges adquiere el derecho de participar en la mitad del
valor neto de los bienes que, con ese carácter jurídico, se hallen dentro del patrimonio


del otro (artículos 40 y 41 del Código de Familia). Ahora bien, el calificativo de
ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico positivo, hace referencia a un
determinado bien adquirido durante la existencia del vínculo matrimonial, mediante el
esfuerzo y la cooperación, reales y efectivos, de ambos consortes. En relación con su
significado, se ha indicado que “bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a
título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación
de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que han significado un aumento en el
patrimonio de cada uno de ellos, respecto del que se aportó al constituirse el
matrimonio. Observamos así que los bienes gananciales son aquellos que implican un
aumento de capital, un acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo
común de los esposos”. (TREJOS SALAS, Gerardo y RAMÍREZ, Marina. Derecho de
Familia Costarricense. Tomo I, San José, Editorial Juricentro, segunda edición, 1998, p
225). Ese esfuerzo común de los cónyuges, se desprende de su colaboración no solo
en lo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por ir, diariamente,
satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo prueba
fehaciente en contrario, de que ambos cónyuges velan y se esfuerzan, en la medida de
sus posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la
cual, se presumen gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena de
su matrimonio. En el artículo 41 del Código de Familia se establece, con claridad,
cuáles bienes no tendrían la vocación de ganancial. Al respecto, se indica
“...Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el
derecho de participación: / 1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos
durante él, por título gratuito o por causa aleatoria; / 2) Los comprados con valores
propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales
/ 3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio; / 4) Los
muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los
cónyuges; y / 5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges”. De
conformidad con la reforma introducida al artículo 41 del Código de Familia por la Ley
n° 7689, del 21 de agosto de 1997, ambos cónyuges adquieren el derecho a participar
en los bienes gananciales que se constaten en el patrimonio del otro, con absoluta
independencia del calificativo de inocente o de culpable, dentro de un proceso que
concluya con la disolución del vínculo matrimonial.”


“Es cierto que, en Costa Rica, la regulación legal de las relaciones patrimoniales entre
los cónyuges, durante la vigencia del matrimonio, tiene como principio rector la
independencia total de los bienes de cada uno. De conformidad con ese régimen,
denominado de participación diferida, cada consorte es dueño y puede disponer,
libremente, de aquellas cosas que tenía al contraer nupcias, de las que adquiera por
cualquier título mientras se desarrolla la vida en común y de los frutos de unas y de
otras (artículo 40 del Código de Familia). El derecho de participar de la mitad del valor
neto de las que, constatadas en el patrimonio del esposo o de la esposa, tengan el
carácter de gananciales, surge al celebrarse capitulaciones matrimoniales, después del
enlace marital, o en el momento en que se declare su nulidad o su disolución, o bien,
cuando se decrete la separación judicial (ordinal 41 ibídem). Antes de la emisión de
cualquiera de tales actos jurídicos, lo que existe es una expectativa de derecho, que no
cuenta con una protección especial. Sin embargo, a pesar de que no se establezca, en
la normativa de familia, alguna limitación concreta a esa libertad de administración y de
disposición de los bienes propios, con vocación de ganancialidad; es innegable que,
ese derecho, no es absoluto, pues tiene como barrera infranqueable, máxime cuando
se vislumbra la disolución del vínculo, las exigencias de la buena fe. Esto se infiere de
un principio general y del numeral 21 del Código Civil. Nótese, también, que esa pauta
otorga el fundamento material a la facultad de pedir la liquidación anticipada, de los
bienes de esa naturaleza. Adicionalmente, el último cuerpo legal citado, reconoce y
sanciona el fraude de la ley en su artículo 20; disposición que es aplicable en todas las
materias. Al efecto se instituye: "Los actos realizados al amparo del texto de una
norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a
él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación
de la norma que se hubiere tratado de eludir.". Del mismo modo, se establece la
obligación, a cargo de quien abusó de su derecho o de quien lo ejerció antisocialmente,
de reparar el daño producido por cualquiera de esos actos suyos, y la de adoptar las
medidas judiciales necesarias para impedir la persistencia de sus ilegítimos efectos, en
perjuicio de una persona determinada (ordinales 22 y 1045 ibídem). Esas reglas y
principios imponen, a los juzgadores y a las juzgadoras, el deber de evitar que, el
derecho a la participación diferida en los gananciales, pueda ser burlado, invocando,
por ejemplo, la existencia de un acto de disposición formalmente válido y eficaz, pero
cuyo efecto es, en realidad, contrario a derecho”. (En el mismo sentido, pueden
consultarse las sentencias Ns. 322 de las 14:30 horas del 17 de diciembre de 1997,
163 de las 16:00 horas del 9 de julio de 1998 y 950 de las 8:30 horas del 24 de
noviembre del 2000)


3.2 Donación de bienes y derechos gananciales
a) Donación de gananciales


III. La recurrente acusa mala valoración de la prueba y con ello quebranto del artículo 8
del Código de Familia, porque estima que el Tribunal no tomó en cuenta que el
accionado la presionó e hizo que ella le donara el inmueble (para sustraer la parte
proporcional que le correspondía como bien ganancial) inscrito bajo la matrícula
249.699.000, el cual había sido adquirido con esfuerzo conjunto de ambos. El artículo
8 del Código de Familia en lo que interesa dispone: “…los jueces en materia de familia
interpretarán las probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común,
atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos
suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la
valoración(…)” Al respecto esta Sala ha dicho “La norma en cuestión,
consecuentemente, margina las reglas del Código Procesal Civil (entre ellos su ordinal
330, mencionado en el recurso) y dispone, expresa y claramente, que las pruebas se
deberán interpretar sin sujeción a las normas del proceso común, y con ello, queda
excluido el valor que les da a las pruebas aquella otra normativa, procesal civil. El juez
las aprecia libremente, atendiendo cuidadosamente a las circunstancias y a los
elementos de convicción; pero eso sí, haciendo constar siempre los respectivos
motivos, y con arreglo a una sana crítica racional. Ello significa que no es libre de
razonar a voluntad y tampoco en forma simplemente discrecional. La sana crítica es
una operación intelectual, destinada a la correcta apreciación del resultado de las
pruebas judiciales. Debe atender a la lógica, la experiencia, a la ciencia, a la sicología,
y al correcto entendimiento humano, en su contexto; lo cual excluye cualquier
arbitrariedad, siempre ilegítima y espuria” (Voto Nº 270 de las 9:45 horas del 22 de abril
del 2005). Sobre este tema véanse entre otros los votos 748 de las 9:40 horas del 28
de noviembre del 2003, 302 de las 15:30 horas del 19 de junio del 2001 y 302 de las
10:20 horas del 6 de junio del 2001. En este caso, no encuentra la mayoría de esta
Sala que se haya dado quebranto del artículo 8 del Código de Familia. Por el contrario,
se nota que el Tribunal analizó toda la prueba, y llegó a la conclusión de que la finca
Nº 249.699.000 fue libremente donada por la recurrente al demandado; o sea que no
hubo coacción que viciara el consentimiento, si bien la accionante alega que fue
presionada por el accionado, no especificó hechos configurativos de esa supuesta
presión y no hay elementos probatorios para sustentar su dicho. Criterio este que

comparte la mayoría de esta Sala por las razones que se dirán en las siguientes
consideraciones

IV. Por ser el tema de los gananciales el punto central de este litigio, de previo a definir
si la finca en discusión es o no ganancial, es necesario conceptualizar dicho instituto
Se entiende por bienes gananciales aquellos que se obtengan durante el matrimonio
mediante el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges, y los adquiridos a título
oneroso durante esa unión. En nuestra legislación se denomina bienes gananciales a
aquellos adquiridos con el esfuerzo de ambos consortes durante la vigencia del vínculo
matrimonial, este esfuerzo se refiere no solo a aportes materiales sino al mutuo apoyo
moral que debe constituir la base de la unión matrimonial y cuyo principal objetivo es el
logro de las mejores condiciones de vida para la familia. Esa misma legislación
establece los bienes que se excluyen como gananciales, y por consiguiente el otro
cónyuge no tiene derecho de participación en ellos, señalando entre ellos los bienes
que fueron introducidos al matrimonio o adquiridos durante él, por título gratuito o por
causa aleatoria. El régimen de gananciales nace entre otros casos (porque también
surge al concluir una unión de hecho judicialmente declarada) al disolverse o
declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial o al celebrarse,
después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales (artículos 41 y 241 del Código de
Familia); en todos esos casos cada cónyuge adquiere el derecho a participar en la
mitad del valor neto de los bienes gananciales que consten en el patrimonio del otro

V. La recurrente se muestra inconforme porque el Tribunal no le confirió derecho a
gananciales en la parte proporcional de la finca del Partido de Alajuela, número
249.699.000. Esa propiedad fue donada al accionado por quien recurre, y aunque
argumenta que fue presionada por su esposo, el aquí demandado, no aportó prueba en
ese sentido, pues no es suficiente afirmar que fue presionada, sino que debió indicar
los hechos configurativos de lo que ahora califica de presión y demostrarlos para que,
quien juzga, tomando en cuenta el contexto en que se da un hecho valore si es o no
configurativo de presión suficiente para viciar la voluntad, en este caso, en el acto
jurídico de la donación. La donación es un acto voluntario mediante el cual una
persona proporciona a otra un beneficio patrimonial; en el caso de bienes inmuebles,
como ocurre en autos, está sujeta a la formalidad de la escritura pública, requisito sine
qua non para la validez de ese negocio jurídico, según lo establece el numeral 1397 del
Código Civil. En el sub litem la accionante compareció ante el Notario David González
Saborío y donó a su cónyuge la finca que se encontraba inscrita a su nombre y estuvo
anuente a que en el mismo acto notarial se hiciera la reunión de la finca donada con la

otra del señor Villalobos Castillo (folios 16 y 17). De la prueba testimonial aportada no
se aprecia que existiera divergencia alguna entre la voluntad de la accionante y la
declaración que hizo al otorgar la escritura de donación, pues solo una de las hijas de
las partes (Erika Villalobos) afirmó que doña Flor de María fue presionada por el
accionado para que le traspasara la citada finca, al decir: “Los lotes de mi mamá casi
nos los dieron todos a nosotros, incluso ella le donó un lote a mi papá de los de ella. …
Hubo presión de mi papá para que mi mamá le donara ese lote, incluso nosotros le
decíamos a mi mamá que qué sentido tenía donar un lote dentro de una propiedad que
es de todos” (el destacado no es del original folio 86), dicha testigo no especificó los
hechos que ella califica de presión (ver folio 88), lo que configura un criterio subjetivo
de la deponente, que en modo alguno puede servir, por si solo, para tener por
configurado el vicio en la voluntad que alega la recurrente por lo que no existió vicio en
la voluntad que afectara la validez de ese negocio jurídico; por el contrario los otros
deponentes, que también son hijos comunes de las partes de este proceso, fueron
contestes en señalar que doña Flor “donó” el lote por decisión propia, evidencia de que
doña Flor le cedió voluntariamente el lote a su esposo, atendiendo únicamente a un
deseo de éste. En ese sentido es muy claro el testimonio de Tatiana Villalobos que
dijo: “Mi papá le hacía ver a mi mamá que él quería ese lote, ella como tenía un
corazón increíblemente grande para las cosas de él, se lo dio (…) Mi mamá nunca se
cuestionó nada, ella todo se lo dio a mi papá con amor, confiando ciegamente en él, a
los que nos pareció raro de porque él le pedía que le donara el lote fue a los hijos”
(folios 91 y 92, el destacado no es del original). Por su parte, Cesar Augusto Villalobos
señaló: “Sinceramente no se como fue lo del traspaso de ese lote (...) en esa propiedad
mi mamá terminó donando todo lo de ella a mi hermana, a mi y a mi papa (folio 88). De
la prueba documental, se desprende que el accionado adquirió de doña Flor, la finca
que se discute, mediante el instituto de la donación que ella le hizo a título gratuito,
pues en escrito de folio 26 afirmó que no recibió ningún dinero, o sea, que la estimación
en un millón de colones solo fue para efectos registrales, por consiguiente al tenor del
artículo 41 del Código de Familia, ese bien no es susceptible de ser incorporado al
régimen de gananciales; en consecuencia no se da el quebranto de los artículos 40 y
41 del Código de Familia alegados por la recurrente


VOTO SALVADO. La finca “madre” fue segregada en ocho lotes, en uno de los cuales
se construyó la vivienda familiar. De esta manera, el inmueble citado fue introducido al
matrimonio como bien ganancial. La donación efectuada por la actora al demandado

nunca tuvo la virtud de sustraer al inmueble del patrimonio familiar; es decir, nunca tuvo
el propósito definido de que el demandado tuviera la propiedad y disposición exclusiva
de ese inmueble.”


“IV.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: El problema fundamental a dirimir en esta
litis, lo constituye la determinación de la ganancialidad o no, de la finca inscrita en el
Registro Público, bajo el sistema de folio real de la provincia de Alajuela número
329.112-000, en el tanto, mediante escritura aportada a los autos (folio 8), la misma
aparece como adquirida por la demandada, el 23 de junio de 1994, mediante compra
que le hiciera a su padre, el señor Carlos Ramírez Castro, por la suma de cincuenta mil
colones. El Tribunal de Familia, apelando a la necesaria demostración que
correspondía a la demandada, de que el bien no era ganancial -lo que en criterio del
Tribunal, no logró la interesada- concluyó en la naturaleza ganancial de dicho inmueble,
dado que el matrimonio de las partes, acaeció el 17 de diciembre de 1993. Frente a
esa conclusión, el recurrente, reclama una indebida valoración del material probatorio
aportado, cuyo análisis en conjunto, impide concluir que el bien objeto de esta litis, sea
de esa naturaleza. En lo que atañe al régimen legal que regula las relaciones
patrimoniales entre el esposo y la esposa, ya se ha dicho que el sistema por el cual
optó el legislador patrio es el de la participación diferida en los bienes gananciales, en
razón del cual, durante la vigencia del matrimonio, cada uno de los cónyuges puede
disponer libremente de sus propios bienes; pero al disolverse el vínculo, por divorcio o
separación judicial, al declararse nulo el matrimonio o al celebrarse, después de éste,
capitulaciones matrimoniales, surge el derecho de cada uno de ellos a participar en la
mitad del valor neto de “los bienes gananciales existentes en el patrimonio del otro”. El
Código no contiene una definición de lo que se debe entender por “bienes
gananciales”. Por el contrario, se limita a enunciar cuáles bienes no revisten esa
condición. El artículo 41 expresamente menciona: Únicamente no son gananciales los
siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación

1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito
o por causa aleatoria

2) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las
capitulaciones matrimoniales

3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio

4) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los
cónyuges; y

5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges

En razón de ello, constatada la existencia de un bien, en el patrimonio de uno de los
cónyuges, corresponde a quien intenta ampararse en una de tales excepciones, la
demostración de los hechos en los que fundamenta la excepción. En el presente caso,
la demandada alegó que el inmueble inscrito a su nombre y objeto del litigio, le fue
“heredado” por su padre. Aunque técnicamente, el traspaso por herencia, surge con
ocasión de la muerte del causante y no como un acto inter vivos; el traspaso realizado
en favor de la demandada se puede entender, en este caso, como el acto de
disposición por medio del cual, el padre de la demandada, en vida, dispuso de sus
bienes en favor de sus hijos/as. Ese hecho logra desprenderse de las declaraciones
del hermano de la demandada, el testigo Jorge Ramírez Jiménez, quien sobre el
particular declaró: “…mi papá vivía en San Francisco de Peñas Blancas, que yo sepa
papá nunca hizo ninguna venta de terreno, en una ocasión papá me citó, se hizo una
escritura donde nos estaba heredando, no dejó patente que ya había heredado a
varios, faltábamos nosotros, papá dijo que ya había heredado a Carmencita, era un lote
no preciso el área, es fácilmente ubicable dentro de la propiedad que era de mi papá, la
casa de mi papá estaba a unos cientos cincuenta metros de ese lote…” (folio 53). Es
cierto que, a folio 8 consta la copia de la escritura número 37-22, otorgada ante el
notario Arturo González Montero, el 23 de junio de 1994, mediante la cual, el papá de
la demandada, señor Carlos Ramírez Castro, le vendió a ella, por la suma de cincuenta
mil colones, la finca cuyas características permiten entender que se trata del inmueble
inscrito a su nombre. Sin embargo, la posibilidad que brinda al juzgador, en esta
materia tan sensible, el artículo 8 del Código de Familia, de interpretar las probanzas
sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las
circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; permite llegar a
la conclusión de que la causa de adquisición indicada en ese instrumento público -una
venta- correspondía en realidad a un traspaso gratuito, por medio del cual, el padre de
la demandada dispuso el traspaso en vida de lo que por “herencia” le correspondería a
su hija. Además de las declaraciones testimoniales mencionadas, que a esta Sala le
merecen plena credibilidad por no existir algún elemento probatorio de peso que le
haga desmerecer su veracidad, es relevante el hecho de que a esa fecha, la actora
contaba la edad aproximada de quince años, según la confesional del actor (folio 67) y
que según el dicho del propio actor y las declaraciones de su madre, señora Celia

María González Soto (folios 48 y 49), la propiedad e incluso la casa que habitaron actor
y demandada, durante su vida conyugal, le fue donada al actor por su padre; y un
hermano de ella le regaló la madera para que le pusieran cielo raso a la casa; todo lo
cual refleja en mucho, la condición económica de los cónyuges en los primeros años de
vida conyugal. De modo que no se entiende cómo, una persona tan joven como era la
demandada en aquella época, con limitados medios económicos, compareciera a
pocos meses de celebrado el matrimonio, comprándole una finca a su propio papá. En
semejantes situaciones, la lógica y la normalidad aconsejan que el padre y la madre,
con el afán de brindar un apoyo económico a los hijos e hijas -
particularmente cuando empiezan la vida matrimonial- les provean de algún bien
material que les ayude en la conformación de su nueva vida; como de manera
semejante, dispuso el padre de don Edwin, al donarle la propiedad y la casa en que
viviría con su familia y respecto de la cual la demandada no está reclamando derecho
alguno en esta litis. Este mismo hecho, refleja también las posibilidades económicas
del actor, que impiden pensar que fuera él quien cancelara el monto entregado como
precio de la venta. Tales circunstancias son las que han sido constatadas en el
presente proceso respecto de la finca propiedad de la demandada, pues por otra parte,
la prueba testimonial ofrecida por el actor, para reafirmar la existencia de una venta, no
le merece credibilidad a este despacho, porque las condiciones mínimas de ese
traspaso no les consta a las testigos que declararon sobre ese hecho. En
consecuencia, tal como se alega en el recurso, se estima que la valoración de las
probanzas, efectuada por el Tribunal, no es conforme con las reglas de la sana crítica,
las cuales imponen a quien juzga la obligación de aplicar los parámetros de la
experiencia, de la lógica, de la sociología, del buen entendimiento e incluso de la
imaginación. Por el contrario, valoradas las mismas en su conjunto, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 8 del Código de Familia, se concluye que el inmueble 329.112
del partido de Alajuela, aún cuando en la escritura de traspaso a nombre de la
demandada se indicó como adquirida a título de venta, realmente lo fue a título gratuito
y en consecuencia no es de naturaleza ganancial. Recuérdese que el fundamento del
régimen de gananciales, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico positivo, hace
referencia a bienes adquiridos durante la existencia del vínculo matrimonial, mediante
el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges; y si bien, ese esfuerzo común de los
cónyuges, se desprende de su colaboración no sólo en lo material, sino también en lo
moral y en la entrega de ambos por ir, día con día, satisfaciendo las necesidades del
hogar y debe partirse siempre, salvo prueba fehaciente en contrario, de que, ambos
cónyuges, velan siempre y se esfuerzan, en la medida de sus posibilidades, por el

mejoramiento de las condiciones de la familia, razón por la cual, se presumen
gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia de su unión matrimonial; las
circunstancias descritas en este caso, aunadas al hecho de que el mencionado
traspaso se realizó apenas a seis meses de celebrado el matrimonio, permiten concluir
que, aún cuando el inmueble inscrito a nombre de la demandada aparece adquirido a
título oneroso –una venta- en realidad le fue donado por su padre. En este aspecto ya
se ha dicho que, en esta materia resulta fundamental averiguar la verdad real, es decir,
que debe investigarse, más allá de la información que pueda constar en el Registro de
la Propiedad, para establecer si el bien fue obtenido mediante el esfuerzo común de los
cónyuges; pues esto es, precisamente, lo que constituye la esencia y lo que caracteriza
al instituto de los gananciales (en este sentido véase el voto No. 202-2001 de las 10:10
horas del 4 de abril del 2001). Por lo considerado, lo procedente es acoger el recurso
incoado para revocar el fallo del Tribunal en cuanto declaró la ganancialidad de ese
inmueble.”

c) Limitación de enajenación de bienes gananciales


"Sin embargo, a pesar de que no exista, en la normativa de familia, alguna limitación
concreta a esa libertad de administración y de disposición de los bienes propios con
vocación de ganancialidad, es innegable que, tal derecho, no es absoluto, pues tiene
como barrera infranqueable, máxime cuando se vislumbra la disolución del vínculo, las
exigencias de la buena fe. Esto se infiere de un principio general y del numeral 21 del
Código Civil. Nótese, también, que esa pauta otorga el fundamento material a la
facultad de pedir la liquidación anticipada de los bienes de esa naturaleza
Adicionalmente, el último cuerpo legal citado, reconoce y sanciona el fraude de ley en
su artículo 20, disposición que es aplicable en todas las materias. Al efecto se
instituye: "Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se
hubiere tratado de eludir.". Del mismo modo, se establece la obligación, a cargo de
quien abusó de su derecho o de quien lo ejerció antisocialmente, de reparar el daño
producido por cualquiera de esos actos suyos, y la de adoptar las medidas judiciales
necesarias para impedir la persistencia de sus ilegítimos efectos, en perjuicio de una
persona determinada (ordinales 22 y 1045 ibídem). Tales reglas y principios imponen,

a los juzgadores y a las juzgadoras, el deber de evitar, en este caso, que el derecho a
la participación diferida en los gananciales pueda ser burlado, invocando la existencia
de un acto de disposición formalmente válido y eficaz, pero cuyo propósito, al menos
por la parte demandada, fue y es, en realidad, contrario a derecho"

d) Improcedencia de traspaso obligatorio de bien ganancial


“VII.- En el caso bajo análisis, como se indicó, actor y demandada contrajeron
matrimonio el 29 de abril de 1.978; y, durante la vigencia de la unión, el 10 de julio de
1.980, cada uno adquirió, por compraventa, un derecho de propiedad a la mitad, en
dicha finca N° 279.961, inscrita en la Provincia de San José, al Tomo 2.784, Folio 247,
Asiento 2, y ubicada en el distrito Cinco Esquinas, del cantón de Tibás. La demandada
argumenta que, ese inmueble, no puede considerarse ganancial, por cuanto fue
adquirido únicamente con su esfuerzo; sin embargo, debe indicarse que, en los autos,
no hay pruebas suficientes para poder tener como acreditado su dicho, las cuales
permitirían, jurídicamente, desvirtuar la condición de ganancial, que ha de ser
presumida, respecto de dicho bien. Pero, en todo caso, lo que podría quedar por fuera
de esa condición, sería únicamente su derecho de copropiedad sobre el inmueble
pues, el otro derecho, le corresponde al actor, en cada molécula, pues está inscrito a
su nombre. Por eso, la petición de la reconventora, expuesta en el sentido de que el
inmueble, en su totalidad, debe quedar inscrito a su nombre, resulta legalmente
imposible; y si tampoco logró desvirtuar la presunción de ganancialidad, respecto de su
derecho a la mitad, en dicho bien, nada obsta para que haya sido declarado como tal
bien ganancial, por los juzgadores de primera y de segunda instancias
VIII.- En cuanto a la solicitud hecha, por la recurrente, para que se ordene
inscribir el inmueble a nombre de sus tres hijos, reservándosele a ella el derecho
vitalicio de usufructo, conforme lo planteó el accionante, en su demanda; debe
indicarse que, tal argumento, no puede ser conocido ya por la Sala. Si se analiza el
fallo de primera instancia, se tiene que, el A-quo, no hizo pronunciamiento alguno, en
relación con este aspecto concreto. Ante esa circunstancia, la demandada estaba en la
obligación de solicitar la respectiva adición y la aclaración; o bien, solicitar su nulidad,
por la incongruencia, para que el A-quo tuviera que pronunciarse sobre ese aspecto y
así poder acudir ante el órgano jurisdiccional, de segunda instancia, a impugnar lo
resuelto sobre ese punto. Sin embargo, no gestionó ninguna de las posibilidades
procesales y, en consecuencia, ese aspecto quedó procesalmente precluido –porque
no hubo pronunciamiento concreto-, sin que pueda ahora la Sala, decidir algo al
respecto (artículos 597 y 608, del Código Procesal Civil). No obstante lo expuesto,
debe indicarse que, la pretensión de la actora, para que imperativa y judicialmente se
establezca la obligación del accionante de tener que traspasar el inmueble a favor de

sus hijos, no resulta ser una pretensión que pueda ser dilucidada por el juzgador, si no
media alguna ley que lo permita; o bien, alguna obligación incumplida por el actor, cuyo
cumplimiento pueda exigirse, en esta sede jurisdiccional. De conformidad con el
artículo 45 de la Carta Magna, la propiedad es inviolable y únicamente puede ser
limitada por motivos de interés social, previa indemnización, de acuerdo con la ley. En
consecuencia, las limitaciones que se le puedan imponer al derecho de propiedad,
deben derivar de la ley y deben fijarse en atención al interés de la comunidad; por esa
razón, queda jurídicamente por fuera de las facultades o de las potestades, que son
poderes-deberes, del juzgador, el disponer de un bien perteneciente a alguna de las
partes; y, por eso, lo pretendido, resulta legalmente improcedente. La petición de la
recurrente, responde más bien a un acuerdo de partes, que bien podría ser adoptado,
extraprocesalmente. Por las razones expuestas, no puede ser acogida tal petición de
la impugnante. En todo caso, debe agregarse que, las condiciones en las que cada
uno de los cónyuges queda respecto del inmueble, es esencialmente igual a la que
tenían antes de que se planteara este proceso; y, en consecuencia, los argumentos
planteados, no son congruentes con esa circunstancia o antecedente.”


e) Donación de propiedad y reserva de usufructo de bien ganancial


VI.- Por otra parte, reitera el recurrente que la actora no tiene derecho alguno sobre el
usufructo; por cuanto, en su criterio, tal derecho lo adquirió cuando ya estaban
separados de hecho, no pudiéndose reputar como ganancial, según lo dispuesto en el
inciso 5) del artículo 41 del Código de Familia. La Sala considera que la argumentación
planteada por el recurrente carece de sustento jurídico en lo tocante al usufructo; pues,
por el contrario, debe modificarse el fallo para declarar el derecho de la accionante a
participar en la mitad del valor neto de ese derecho, que el demandado tiene sobre la
finca citada, con base en las razones que de seguido se exponen. Nuestro sistema
jurídico contempla un régimen de participación diferida, en los bienes gananciales
conforme al cual, cada uno de los cónyuges puede disponer, libremente, de los bienes
que consten en su patrimonio -de los que tenía al contraer matrimonio y de los que, por
cualquier título, adquiera durante la existencia del vínculo-; salvo que se hayan
pactado, expresamente, determinadas capitulaciones matrimoniales. Es, entonces, al
disolverse o declararse nula la unión matrimonial, al declararse la separación judicial o
al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cuando cada uno
adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto, de los bienes que, con ese
carácter jurídico, sean constatados dentro del patrimonio del otro (artículos 40 y 41, del

Código de Familia), pudiéndose proceder a una liquidación anticipada cuando se
compruebe que los intereses de alguno de los cónyuges corren el riesgo de ser
comprometidos por la mala gestión de su consorte o por actos que amenacen burlarlos
El calificativo de ganancial, en su filosofía y en el ordenamiento jurídico positivo, hace
referencia a un determinado bien, adquirido durante la existencia del vínculo
matrimonial, mediante el esfuerzo y la cooperación, reales y efectivos, de ambos
cónyuges. En relación con su significado, se ha indicado que “bienes gananciales son
todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el
esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que han
significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del que se
aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los bienes gananciales son
aquellos que implican un aumento de capital, un acrecentamiento patrimonial, forjado
mediante el esfuerzo común de los esposos.” (TREJOS SALAS, Gerardo. Derecho de
Familia Costarricense. Tomo I, San José, Editorial Juricentro, primera edición, 1.990. p
180). Ese esfuerzo común de los cónyuges, se desprende de su colaboración no sólo
en lo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por ir, día con día,
satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo prueba
fehaciente en contrario, de que, ambos cónyuges, velan siempre y se esfuerzan, en la
medida de sus posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia
razón por la cual, se presumen gananciales los bienes que adquieran durante la
vigencia de su unión matrimonial. De conformidad con la reforma introducida al artículo
41 del Código de Familia, por la Ley N° 7.689, del 21 de agosto de 1.997, que resulta
de aplicación en el presente caso, ambos cónyuges adquieren el derecho a participar
en los bienes gananciales, que se constaten en el patrimonio del otro, con absoluta
independencia del calificativo de inocente o culpable, dentro de un proceso de
disolución del vínculo matrimonial. Ahora bien, se entiende jurídicamente acertada la
posición de la accionante en el sentido de que se tuviera como ganancial el bien
inmueble adquirido dentro del matrimonio, con el fin de que luego se pudiera declarar
ganancial, por una consecuencia natural, el derecho de usufructo que ostenta el
demandado sobre dicho bien; pues se originó, sin duda, en el derecho de propiedad
que, con anterioridad, el accionado disfrutó plenamente. El derecho de propiedad
constituye el derecho real por excelencia y contempla una agrupación de derechos que
expresan las facultades que corresponden al propietario, los cuales han sido
denominados como los atributos de la propiedad. El maestro Brenes Córdoba explica
que los atributos pueden ser primarios o secundarios. Los primeros se refieren a los
que permiten el goce o la libre disposición y dentro de ellos incluye los derechos de

usufructo, uso, transformación y enajenación. Los secundarios hacen referencia a los
medios con lo que cuenta el propietario para ejercer su derecho de modo completo y
con entera independencia y se incluyen los derechos de posesión, defensa y exclusión,
restitución e indemnización. En lo que interesa, el usufructo es el derecho que tiene el
propietario para disponer de lo que le pertenece y se deriva de la facultad de dividir la
propiedad útil (usufructo), de la simple o nuda propiedad, de modo que cada una
corresponda a personas diferentes. De esa manera, el usufructo es el derecho real de
goce que se tiene en una cosa perteneciente a otra persona, al nudo propietario
(BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los Bienes, San José, sexta edición,
Editorial Juricentro, 1.981, pp. 27 y siguientes). De esa manera, en el momento en que
el actor compró dicho bien (3 de julio de 1.984), adquirió un derecho de propiedad
pleno; es decir, con todos los atributos que el dominio conlleva, incluido el derecho de
usufructuar. Por consiguiente, no puede aceptarse la tesis planteada por el recurrente,
en el sentido de que cuando decidió donarle, a sus hijas, el derecho a la nuda
propiedad, fue cuando nació a la vida jurídica su derecho a usufructuar; por cuanto, lo
que hizo, fue únicamente separar el derecho de usufructo –que ya lo tenía- del de la
nuda propiedad, transmitiéndole este último a sus hijas y reservándose para sí el otro
derecho, el de goce. Queda claro, entonces, que el derecho de usufructo no nació a la
vida jurídica en el momento en que decidió traspasarle la nuda propiedad a las niñas,
en común y por partes iguales; sino que ese atributo, sobre el indicado bien, lo obtuvo
desde el momento en que lo compró y aún lo mantiene. En consecuencia, por las
razones ya indicadas, es que el derecho de usufructo debe ser considerado ganancial y
así debe declararse; porque junto con los demás atributos del dominio, lo adquirió el
actor siendo casado, con el esfuerzo común de los cónyuges; pues no existe elemento
de prueba alguno que permita invertir la presunción sobre la ganancialidad de los
bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio

VII.- En cuanto a lo resuelto sobre el menaje de casa, el recurrente expresó: “Lo
mismo ocurre con el menaje de casa, del cual, ni siquiera existe prueba de uno o del
otro, a quien le pertenece cada bien mueble de la casa”. Se desprende que el motivo
de disconformidad no fue planteado en forma clara, como lo exige el artículo 557, inciso
a), del Código de Trabajo, aplicable en virtud de la remisión implícita contenida en el
numeral 8 del de Familia, por lo que no resultaría atendible; pero, en cualquier caso, el
planteamiento del recurrente debió exponerse en el sentido de que lo resuelto por el
Tribunal no era procedente porque la actora no había mostrado disconformidad sobre
lo resuelto en primera instancia; sin embargo, el reclamo se entiende planteado en el

sentido de que no se han determinado cuáles son los bienes del menaje de casa que
se consideran gananciales; pero tal aspecto carece de interés, pues ya se le declaró
propietaria y será en la etapa de ejecución de sentencia, donde la accionante deberá
demostrar cuáles de los bienes que constituyen el menaje de casa, son los
gananciales

VIII.- De conformidad con lo considerado, lo procedente es modificar el fallo
impugnado en cuanto declaró el derecho de la actora a participar en la mitad del valor
neto de la propiedad habida dentro del matrimonio y acogió las excepciones planteados
por el demandado, respecto del derecho de usufructo. En su lugar, debe declararse el
derecho de la actora a participar en la mitad del valor neto del derecho de usufructo
que sobre la finca N° 177.901, del Partido de Alajuela, tiene el accionado. Sin embargo,
por la forma en que se resuelve, en atención a lo dispuesto en el artículo 560 del
Código de Trabajo, lo procedente es revocar en cuanto impone el pago de costas a la
actora y en su lugar resolver sin especial condenatoria de esos gastos, de conformidad
con el artículo 222 del Código Procesal Civil. En lo demás, por las razones indicadas,
debe mantenerse lo resuelto."


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TREJOS SALAS, Gerardo: (1990), “Derecho de Familia Costarricense”, Tomo I, San José, Editorial Juricentro, 1ª Ed
P.180
TREJOS SALAS, Gerardo/ RAMÍREZ, Marina: (1998), “Derecho de Familia Costarricense”, Tomo I, San José,
Editorial Juricentro, 2ª Ed., p. 225
ZANNONI, Eduardo: (2002),” Derecho de Familia”, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Astrea, 4ª Ed., p. 456
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 664-2010, de las 9 horas 30 minutos del 13 de
mayo de 2010
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 142-98, de las 10 horas del 17 de junio de 1998
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 862-2006, de las 12 horas 25 minutos del 12 de
setiembre de 2006
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 976-2006, de las 12 horas 30 minutos del 25 de
octubre de 2006
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 322-97, 322, de las 14 horas 30 minutos del 17 de
diciembre de 1997
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 18-2001, de las 10 horas 20 minutos del 10 de
enero de 2001
2001-00625
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No. 625-2001, de las 10 horas 10 minutos del 19 de
octubre de 2001