Rama del Derecho: Derecho Penal. Descriptor: Derecho Penal Especial
Palabras Clave: Delito de plagio, explotación laboral, ocultamiento de detenidos por
autoridades, privación de libertad sin ánimo de lucro, privación de libertad agravada,
sustracción de la persona menor de edad o con discapacidad
Fuentes: Doctrina, Normativa y Jurisprudencia. Fecha de elaboración: 21/08/2013


El presente documento contiene trata el tema de los delitos contra la libertad individual
contenidos en los artículos 189 a 192 bis del Código Penal, sean los delitos de plagio,
explotación laboral, ocultamiento de detenidos por autoridades, privación de libertad
sin ánimo de lucro, privación de libertad agravada, sustracción de la persona menor de
edad o con discapacidad. Aportando la doctrina argentina, normativa nacional y la
jurisprudencia1 para explicar dichas figuras delictuales


Contenido
VII. Figuras agravadas de la privación ilegal de la libertad (art. 142, Cód. Pen.) .... 9
IX. El delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionarios públicos . 10

En cuanto a la jurisprudencia, no fue posible localizar sobre los delitos de: explotación laboral(189 bis),
de ocultamiento de detenidos por las autoridades(190), y de sustracción de la persona menor de edad o
con discapacidad(192 bis)

Artículo 192 Bis.- Sustracción de la Persona Menor de Edad o con Discapacidad
1. Plagio: Análisis del tipo penal en relación con los alcances del concepto
2. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Configuración en caso de
3. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Práctica de requisa ilegal la
4. Privación de libertad sin ánimo de lucro: Naturaleza del abuso de autoridad y
5. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Realizada con utilización de
6. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Análisis sobre aspectos


DOCTRINA


I. El problema del bien jurídico del presente título

El Código Penal en su Título V, del Libro II, trata los llamados delitos contra la libertad,
que agrupa, en una primera mirada, delitos que no tienen directamente a la libertad
como bien jurídico
Esto ha llevado a que la doctrina argentina, de manera mayoritaria, haya sostenido
que encontrar un bien jurídico común a todos ellos sea sumamente dificultoso, y es
más, en algunos casos no es la libertad lo que se está protegiendo

La manera de darle un contenido autónomo y sistemático a estos delitos, bajo el
nombre de delitos contra la libertad, tiene razones históricas, que surgen en el

momento en que la libertad del hombre pasa a ocupar un lugar dentro de los valores
humanos, lo que explica, en parte, la agrupación de la manera en que lo ha hecho la

Aunque, como veremos, la falta de sistematización es más aparente que real, si se
analiza el tema bajo la óptica de los derechos y garantías constitucionales. Con ello se
evita, también, la crítica hecha al título en cuanto a la dificultad de definir qué es la
libertad, como bien jurídico protegido

Por eso, se debe afirmar que los delitos que se incluyen en este título, que responden
al bien jurídico libertad, tienen que ver con la idea de libertad protegida
constitucionalmente. Esto lleva a que deba ser entendida en un sentido muy amplio,
como las defensas del individuo frente al Estado y, a veces, contra el propio particular
Se trata, entonces, de diversas formas de atentar contra la libertad, en las cuales las
personas se ven sometidas a las acciones de otro, de manera negativa, o no pueden
realizar su voluntad ya que un tercero se interpone, sin perjuicio de que también estén
en juego otros bienes jurídicos, que asimismo son lesionados o puestos en peligro

De esta manera, la libertad del hombre aparece tutelada y defendida tanto frente a
otros hombres como frente al Estado. La libertad así entendida, debe ser considerada
como un atributo esencial de la persona
humana, como forma de expresión de la autonomía de la voluntad, en el sentido
kantiano de la palabra, lo que reción ocurre con el advenimiento de la ilustración, en el
siglo XVIII, y más precisamente con la revolución francesa y, si se quiere, con la
revolución inglesa

Esta protección reción es posible cuando se afirma la autonomía de la voluntad, como
expresión del reconocimiento del individuo como tal, distinto y diferente del Estado y
de la Iglesia, frente a los cuales puede oponer su propio pensamiento y su propia
decisión. En ese momento, la libertad y cualquiera de sus manifestaciones deben ser
protegidas como uno de los valores más importantes del hombre, tan importante como
la vida. La idea del hombre de la ilustración sería que la vida tiene sentido si hay
libertad

Esta idea es la que ha pasado a la Constitución de 1853, por obra de su autor
principal, Alberdi, hijo de su época y de su generación de 1837, que llevó a la inclusión
de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, impensables en la Edad Media,
más allá de que se haya sostenido lo contrario

En este punto, y en contra de ciertas opiniones, es notoria la influencia de autores
como Kant, Rousseau, Locke, Hobbes, entre otros. Como afirma Hegel, hay que tener
en cuenta que ni aun con el cristianismo cesó la esclavitud. De modo que la protección
de la libertad se inscribe dentro de la idea de la historia universal, como el progreso en
la conciencia de la libertad

Sin embargo, después de la reforma constitucional de 1994, y antes de abrir opinión
sobre ella, hay que avanzar un poco más y sostener enfáticamente que el bien jurídico
que unifica casi la totalidad de los tipos penales, y que deberá ser criterio rector en una
futura reforma, así como debe servir a los efectos de la interpretación de los tipos
penales actuales, son las garantías constitucionales

Como bien ha dicho Tomás Vives Antón, las garantías constitu-


cionales son una especie de contrainstinto, por las cuales, frente a ciertos hechos que
aparecen como atentados al individuo o a la sociedad, que llevan instintivamente a
buscar una respuesta rápida del Estado o de sus propios habitantes, se pone un límite,
se les dice a las demás personas: "No, cuidado, no se debe detener sin orden judicial
toda persona es inocente; no se puede entrar al domicilio de otra persona sin orden de
allanamiento, hay formas de buscar la verdad dentro del proceso, y siempre ésta será
relativa...'1, etcétera, porque con ello se está protegiendo la dignidad del hombre y de
alguna manera la suya propia

Sobre el punto, ha sido Ferrajoli quien ha analizado el tema con mayor profundidad en
los últimos tiempos. Dentro de las cuatro tesis sobre los derechos fundamentales, nos
interesa desarrollar la cuarta, esto es, aquella que tiene que ver con la relación entre
los derechos y las garantías7. En este aspecto, sostiene el autor citado "que los
derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en
expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones (de prestación)
o prohibiciones (de lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas
obligaciones y a estas prohibiciones y garantías secundarias a las obligaciones de
reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las
violaciones de sus garantías primarias"

Y en lo que nos interesa, sobre nuestro punto, es importante la siguiente afirmación
"Ningún contrato, se ha dicho puede disponer de la vida. Ninguna mayoría política
puede disponer de las libertades y de los demás derechos fundamentales: decidir que
una persona sea condenada sin pruebas, privada de la libertad personal, de los
derechos civiles o políticos o, incluso, dejada morir sin atención o en la indigencia"
En este sentido, se puede afirmar que frente al abuso del poder, que es una tendencia,
por decirlo de alguna manera, normal en el Estado, tal como se ha hecho notar desde
Hobbes hasta nuestros días, debe el Derecho buscar la limitación de esos abusos, y
una manera es dándole mayor protección y castigando con sanción penal la violación
de esos abusos

Si bien se puede afirmar que el Código debería ser adecuado a esta idea, y que la
protección es incompleta, habida cuenta de que las penas no tienen en algunos casos
relevancia, en relación a los valores protegidos, ello no es motivo para que ésta sea la
auténtica interpretación desde un punto de vista constitucional

Con esta idea de protección de las garantías constitucionales se supera aquella idea
que sostenía que las categorías de delitos legisladas bajo este título tienen
características heterogéneas e imprecisas

De modo que en aquellos casos en donde se había observado que, si bien algunos
delitos entran en la idea genérica de libertad, otros, en cambio, no lo son, tales los
delitos de apremios ilegales, vejaciones, y tormentos. Tampoco entran dentro de la
idea de libertad, por lo menos de manera inmediata, los delitos de robo o no
devolución de menores y los relacionados con ellos, así como la violación de secretos,
entre otros

La interpretación propuesta lleva, a nuestro juicio, a una más justa y completa visión
de este título que, como se verá, ya estaba, aunque no de manera directa, en la mente
de la mayoría de los autores modernos

De acuerdo a lo afirmado ya en nuestra parte general, siguiendo en esto a Rudolphi,
los bienes jurídicos protegidos se desprenden de la Constitución, de manera que el
título reflejaba ya antes de la reforma constitucional la protección de la libertad que

surgía de ella. Así, se podía afirmar que el concepto de libertad se inscribía en este
contexto, en los llamados derechos fundamentales o derechos del hombre. La
Constitución contiene dentro de su filosofía, la idea de que el hombre es un sujeto de
derecho con capacidad de autodeterminación, esto es,
con autonomía de voluntad que debe ser respetada en todos sus aspectos, lo que
lleva a que en sí mismo contenga la posibilidad de ejercer su libertad sin trabas, salvo
las limitaciones indispensables en sus relaciones con terceros. Dicha noción tenía su
fundamento en los artículos 18, 19 y 33 de la ley fundamental

Ahora bien, una vez reformada la Constitución y llevados los pactos a la misma
jerarquía que la Constitución, el título en cuestión refleja a éstos especialmente en los
artículos 6o y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 8o y 9o del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Lo afirmado hasta ahora no excluye que se pueda compartir lo dicho por la doctrina en
cuanto el fenómeno de la libertad puede estudiarse desde tres ejes: el psicológico, el
político-social y el jurídico

Desde el primer punto, la libertad "es un atributo de la voluntad que se desarrolla en
dos niveles: la libertad en la formación del acto voluntario y la libertad en la
manifestación del acto voluntario ya formado'". Al concebirse a la libertad como un
atributo de la voluntad, se explica por qué desde Binding se habla de delitos contra la
voluntad. "La voluntad sólo es genuina si está libremente formada; si se altera la
libertad en la formación de la voluntad, ésta no será expresión de los reales deseos del
sujeto, no será expresión ni de su personalidad ni de su esencia humana: se ha dicho
con razón, que negar la libertad es negar la personalidad del ser humano"

Desde el punto de vista político-social, como afirma Muñoz Conde, la libertad como
objeto de protección tiene un carácter político, frente a la actividad del Estado
"materializada en las actuaciones de un funcionario que en el ejercicio de su cargo
puede conculcar la libertad"

Otros autores, con otras palabras, han llegado a igual conclusión. Así, se ha dicho que
la individualización de la libertad, como bien necesitado de tutela penal autónoma,
supone el corolario de la más general inteligencia por la ideología liberal de que el
individuo y sus derechos constituyen la esencia de la organización social y el núcleo
fundamental del ordenamiento jurídico

Jurídicamente comprende las garantías básicas del individuo, como bien protegido, y,
al mismo tiempo, "el objeto inmediato de ataque, diferenciándose en esto de otros
delitos que atacan también la libertad, pero de un modo indirecto y como medio para
conseguir otros fines" (ej. robo con intimidación, agresiones sexuales)

Entendido el problema desde esta perspectiva, los problemas de este título no sólo se
comprenden y se aclaran, sino que tienen una cierta coherencia

II. Antecedentes
En el Derecho Romano la figura que se relacionaba con este tipo de delitos era el
denominado crimen vis, constituido por las amenazas y coacciones, alcanzando
precisión reción en la época del imperio

Así, el Derecho imperial recoge dos formas de crimen vis, toda vez que, por una parte,
castigó algunas formas de coacción pública, de tumultos, de porte de armas, y, por
otra parte, también reprimió

gran cantidad de formas de coacción privada y de ejercicio arbitrario de las propias
razones junto con la antigua forma de la turbación de la posesión

Las leyes julias (relativas a la coacción) tienen un criterio más amplio que el de la ley
plautia, originada para reprimir tumultos y sediciones. Así dadas las cosas e
individualizada la coacción como forma de vulnerar el libre despliegue de la actividad,
era necesario que dentro de esta ley se abarcaran ciertas formas de abuso de
autoridad, detención ilegal, exacción, extorsión, rapto, cárcel privada y estupro
violento

Sin perjuicio de la amplitud del crimen vis, aparecían otras formas de ofensa a la
libertad, así se da el delito de plagium, el cual al decir de Soler, citando a Mommsen,
no era considerado desde el punto de vista de la libertad, sino de la violación de los
derechos dominiales, más allá de que se refería no sólo al esclavo, sino que abarcaba
la compra y la venta del hombre libre

No puede dejarse de mencionar la influencia ejercida por el Derecho germánico, ya
que juntamente con el plagio, el rapto y la violación incorpora con un papel bien
definido la violación de domicilio, no conocida en el Derecho Romano como infracción
autónoma

Como siempre, ha sido Feuerbach quien, en su tratado, en el Título Tercero y bajo el
título Delitos contra el derecho de los ciudadanos a la libre disposición de su cuerpo,
en el § 251, afirma que: "En general, el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, como
también a la libre disposición del mismo. El que cancele o limite este derecho de
autodisposición ajeno en forma arbitraria, se hará culpable de una lesión jurídica. Las
leyes reconocen como crimen contra este derecho, tres clases de lesiones: el plagio,
el rapto y el estupro"

Carrara, por su parte, afirmaba que para poder individualizar una infracción, como
ofensa a la libertad, había que valerse de un doble
criterio: debe tratarse positivamente de un impedimento a la libertad, pero
negativamente, se excluyen los hechos en los cuales aquella lesión no constituye más
que un medio para una lesión ulterior


IV. Distribución de las figuras tipificadas

El Título V que agrupa los Delitos contra la libertad, se divide en Delitos contra la
libertad individual, que congloba los delitos de reducción a servidumbre o condición
análoga (art. 140), la privación ilegal de la libertad personal (arts. 141, 142 y 142 bis),
atentados contra la libertad personal llevados a cabo por funcionarios públicos (arts
143, 144, 144 bis, ley 14.016; 144 tercero, 144 cuarto, 144 quinto, ley 23.097),
conducción fuera de las fronteras de la República (art. 145), sustracción de menores
(art. 146), no presentación de menores (art. 147), inducción a la fuga (art. 148),
ocultamiento de menor (art. 149), amenazas y coacciones (arts. 149 bis y 149 ter)


V. Reducción a servidumbre o condición análoga

1. Disposición legal


El artículo 140 de nuestro Código sustantivo expresa: "Serán reprimidos con reclusión
o prisión de tres a quince años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra
condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella"

2. Antecedentes

El tipo penal guarda concordancia con el Código Penal italiano (art. 145), con el
Código holandés (art. 274), el Código alemán (§ 234) y el Código húngaro (art. 324,
inc. 2o)

El Código italiano habla de "esclavitud" y no de servidumbre; en lo demás la figura es
similar a la descripta en nuestro ordenamiento penal

Nuestra Constitución Nacional expresa claramente en el Artículo 15 que en la Nación
Argentina no hay esclavos31. "Todo contrato de
compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo
celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice"

El proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor y el Código de 1886 no incorporaron
disposición alguna al respecto. Es el proyecto de 1891 el que incorporó en su artículo
168 este tipo penal, imponiéndoles pena de penitenciaría de tres a quince años. El
texto castigaba al que redujere a una persona a servidumbre u otra condición análoga,
y al que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. La Exposición de Motivos
del proyecto afirmaba que "La Constitución Nacional, en su artículo 15, califica de
crimen la esclavitud, y, sin embargo, el Código vigente no establece pena alguna para
el que pusiere o mantuviere a una persona en servidumbre o en otra condición
análoga. Nosotros hemos previsto el caso en el artículo 168 del proyecto, cuyos
términos son análogos a los del artículo 145 del Código italiano y concuerdan con
disposiciones contenidas en los Códigos de los Países Bajos, el Imperio Alemán y
Hungría"

El proyecto de Código Penal de 1906, en el artículo 145, contenía la disposición
adoptada por el Código de 1921, colocando las penas de prisión y de reclusión
alternativamente

El proyecto de 1960 reprimió como delito tanto la reducción a esclavitud como la
realización de cualquier contrato de compraventa de personas


3. Bien jurídico

Se trata de un ataque al hombre libre que, según la idea existente en la Constitución,
como dice Soler, se refiere a un interés fundamental del Estado al que no se puede
renunciar

Tal como lo ha sostenido Moreno, y citamos: "En el título que proyectamos, Delitos
contra la libertad, ponemos el caso del que redujere a una persona a servidumbre o a
otra condición análoga, como ha ocurrido alguna vez, y del que la recibiere en tal
condición para mantenerla en ella, hechos calificados de crímenes por la Constitución
Nacional"


VI. Privación ilegal de la libertad personal. El tipo básico

El artículo 141 del Código Penal establece que: "Será reprimido con prisión o reclusión
de seis meses a tres años, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal"
En el capítulo se prevé un tipo básico de la privación ilegal de la libertad personal (art
141), en tanto en el artículo 142 se tipifican
las figuras agravadas. El artículo 142 bis, en su párrafo primero, prevé el delito de
secuestro y en el segundo párrafo los tipos agravados. La incorporación de las figuras
citadas se debe a la ley 20.642

1. Antecedentes

La libertad personal se encuentra garantizada en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional, donde se regulan los derechos de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino. Así también en el artículo 15, en lo que hace a la abolición de la
esclavitud. En el artículo 18, cuando se establece que nadie puede ser arrestado sino
en virtud de orden escrita de autoridad competente. El artículo 19, en cuanto principio
de reserva. El artículo 23 de la Carta Magna nacional fija los límites para el caso del
estado de sitio. En el artículo 29 se desconocen las facultades extraordinarias que
establezcan supremacías y destruyan derechos

Encontramos esta forma de legislar la privación ilegítima de libertad en otros códigos,
algunos de ellos en su forma original, fue tomada por el legislador argentino, como ser
el tipo del artículo 300 del Código Penal de Perú y también los artículos 405 y 406 del
Código Penal español. Cabe hacer la salvedad de que el Código referido en último
término reprime el hecho de encerrar o detener a otro privándolo de su libertad,
haciendo referencia a circunstancias agravantes y atenuantes


El delito en cuestión tiene amplios antecedentes en la legislación nacional, tal como lo
hace notar Moreno, en contraposición al artículo 140 del Código Penal

El proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor reprimía con la pena de tres años de
prisión al que privara a otro de libertad, "encerrándolo o deteniéndolo", así como a
quien proporcionara casa o lugar para la detención o el encierro78. Se afirmaba en el
proyecto que "el delito que se pena aquí -dice Pacheco- ha sido en otro tiempo vulgar
y diario en las sociedades europeas. Hoy no lo es. Como todos los actos de violencia y
grosería, van desapareciendo ante la moderna cultura, y dejando un lugar a los que
penden del refinamiento y del cálculo. Puede disputarse si se gana o se pierde, si se
obtienen ventajas o desventajas en esta variación: la variación en sí misma no puede
ofrecer ninguna dificultad. Estos atentados tan comunes en el siglo pasado son muy
raros en las presentes circunstancias. Sin embargo, no son imposibles, no dejan a
veces de suceder. Si en nuestras modernas casas no hay calabozos como en las
antiguas torres, todavía hemos visto alguna secuestración pasajera de la libertad, y
hasta algún emparedamiento horroroso. Los ladrones, para extraer mayores
cantidades, suelen encerrar a las personas que caen en sus manos. No es imposible
que pretextando, que suponiendo un extravío de la razón, se sujete como enfermo a
quien está en realidad en su cabal juicio. Cuando esto se hace, a mal hacer,
cométese, sin duda, un atentado contra la libertad humana"

El Código Penal de 1886 agregaba al proyecto precedentemente mencionado que el
encierro o la detención de una persona debía ser contra su voluntad y suprimía, a su

vez, lo expresado en cuanto a la previsión del que proporcionara casa o lugar para la
detención o encierro (art. 155)


El proyecto de Villegas, Ugarriza y García guardaba similitud con el cuerpo legal del
proyecto Tejedor, con la diferencia de que en el proyecto de mención se reprimía la
privación de libertad de una persona mayor de nueve años

Los proyectos de 1891 y 1906 no modificaron sustancialmente la conducta típica

2. El bien jurídico protegido

El bien jurídico en este tipo penal, en su forma básica, es la libertad de movimiento,
que supone una concreción de la libertad personal a partir de la variable atinente a la
esfera social en que aquélla se desenvuelve, que en este caso posee una clara
connotación espacial. De este modo lo que protege es la libertad física de las
personas en su sentido amplio, siendo éste entendido como la libertad de movimiento
corporal y la de trasladarse de un lugar a otro

Sin embargo, esta privación de libertad tiene sus limitaciones dentro del propio tipo
legal, debido a la propia estructura del tipo básico. Por lo tanto, lo que se castiga son
conductas que tienen relación con el encierro, con la detención, de manera que como
bien dice Diez Ripollés, el objeto de protección "se configura como la libertad de la
persona para abandonar el lugar en donde se encuentra. En consecuencia, no se
tutela frente a conductas en que se impide el acceso a un determinado lugar, o se
compele a abandonar éste"


VII. Figuras agravadas de la privación ilegal de la libertad (art. 142, Cód. Pen.)

El artículo 142 del Código Penal agrava el tipo básico descripto en el artículo 141
cuando se dan circunstancias especiales, que de manera general se puede decir que
lo son, tanto en la comisión del hecho delictivo de privación ilegal de la libertad como si
el autor tiene fines o características especiales, por la duración de la privación y por
los daños que se puedan ocasionar a la víctima

En todos los casos que se analizarán, se parte de que son agravantes a la privación
de libertad que, como es obvio, debe ser ilegal, y deben tener, al ser agravantes del
tipo penal básico, los elementos de éste más los que llevan a que la pena sea de dos
a seis años de prisión o reclusión

El artículo 142 establece que: "Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al
que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes

"1o. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de
venganza
"2o. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del
cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular
"3o. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido,
siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor


"4o. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad
pública
"5o. Si la privación de la libertad durare más de un mes"


IX. El delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionarios públicos


1. Antecedentes históricos

La original disposición del artículo 143 del Código Penal fue duramente criticada, con
justa razón. Se afirmaba que bajo una única escala penal, se entremezclaron hechos
diferentes, no sólo en cuanto a su contenido, sino a su gravedad. Se había tomado
como base el proyecto de 1891. Fundamentalmente coincidía la doctrina en destacar
la poca pena impuesta para estos delitos

Soler había dicho que aparecían "mezcladas pequeñas faltas u omisiones con
crímenes de extraordinaria gravedad y, en general, abusos de autoridad que
resultaban privilegiados con relación a la figura genérica del abuso de autoridad (art
248, Cód. Pen.), precisamente cuando además incidían en uno de los más preciados
bienes jurídicos, constituyendo la manifestación más repudiable de la prepotencia y del
menosprecio a las libertades civiles"17-. Se ha subrayado como incomprensible que
mientras la figura genérica del abuso de autoridad del artículo 248 del Código Penal
establece una pena de un mes a dos
años e inhabilitación por doble tiempo, en el caso de ataques a la libertad (art. 143,
Cód. Pen.) cometidos con abuso de autoridad, la pena prevista era de un mes a un
año de prisión e inhabilitación por doble tiempo

Es así que con el ánimo de subsanar los errores expuestos se sanciona la ley 14.616
de 1958. El contenido en lo esencial fue mantenido por el decreto-ley 21.338, con
algunas modificaciones en la normativa dada en la ley 23.077, modificándose por ley
23.097 del 28 de septiembre de 1984, la que formuló reformas al artículo 144 del
Código Penal, incrementando la escala penal, introduciendo, a su vez, modificaciones
en lo relativo a los sujetos activo y pasivo, así como a la descripción del tipo. Por
último agregó los artículos 144 cuarto y 144 quinto

La pena del artículo 143

La pena prevista por el artículo en el caso de los seis incisos es la de "reclusión o
prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo"

2. Retención ilegal de una persona detenida

"Io. El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido
decretar o ejecutar'"

a) Antecedentes
En el proyecto de Tejedor el delito se encontraba previsto y penado en el libro
destinado a los delitos que cometiesen los empleados pú-
blicos y en el capítulo de los abusos de autoridad. Es interesante recordar la nota que,
citando a Pacheco, afirmaba que era indispensable para penar al juez que se
justificara gran ignorancia o notorias malas intenciones, y decía: "Por meras

equivocaciones, por puntos en que pueda haber diferencia de pareceres, por
liberaciones o prisiones dudosas, claro está que no han de decretarse los castigos de
este artículo

El inciso comentado se encontraba ya en los proyectos de 1891 y 1906, así como en
el Código de 1886 (art. 143, inc. 1o)


X. Detenciones ilegales, vejaciones y apremios ilegales (art. 144 bis)

El artículo 144 bis del Código Penal comprendió en un artículo una serie de distintos
supuestos, que van desde la privación abusiva de libertad hasta los llamados apremios
ilegales y las vejaciones, para luego, en el artículo 144 tercero, referirse a las torturas
El sistema, tal como se dijo, sigue siendo anárquico y merecería una reforma y tratar
de poner los tipos en cierto orden

El texto legal dice: "Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e
inhabilitación especial por doble tiempo
"Io. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal
"2o. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier
vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales
"3o. El funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades,
vejaciones o apremios ilegales"

1. Privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales
(144 bis, inc. le, Cód. Pen.)
"El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal"
a) Antecedentes
Decía Moreno que la detención ilegal, por parte de los funcionarios, no se encontraba
en el proyecto de Tejedor ni en el Código de
1886, apareciendo reción en el proyecto de 1891, de donde pasó al de 1906 y de allí al
Código de 1921. El tipo penal halla su antecedente, pues, en el proyecto de los
doctores Piñero, Rivarola y Matienzo de 1891, quienes lo incorporaron en el Título IV,
en el artículo 171, inciso 1o

Precisamente, el artículo 171, inciso 1o del proyecto contemplaba la privación ilegal de
libertad, por abuso, y se afirmaba en la Exposición de Motivos: "En el artículo 171,
inciso Io, hemos establecido la pena de penitenciaría de un mes a un año con
inhabilitación especial por doble tiempo, para el funcionario que, con abuso de sus
funciones ó sin las condiciones ó las formalidades prescriptas por la ley privare a
alguno de su libertad personal. Esta disposición es necesaria para asegurar la garantía
declarada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, de que nadie puede ser
arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Nos hemos servido
de términos semejantes a los del artículo 147 del Código italiano, concordantes con los
Códigos de Hungría, España, Chile, Uruguay, Alemania y Bélgica"

Moreno, explicando el tipo en cuestión, acude a Crivellari, quien, refiriéndose al
artículo 147 del Código italiano, afirmaba que las hipótesis fundamentales de artículo
son dos
1. La privación de la libertad cometida sin las condiciones establecidas en las leyes
2. La privación de la libertad sin las formalidades prescritas por las leyes

En el primer caso, afirmaba Moreno, el funcionario público abusa de sus funciones. A
ese respecto es claro que "todo funcionario tiene señaladas atribuciones y marcada la
extensión de las mismas con límites más o menos precisos. Para que sus mandatos
sean obedecidos tiene también fuerza a su servicio, pues si careciere de la misma no
daría órdenes obligatorias, y sus mandatos no pasarían de ser insinuaciones o
consejos. Cuando el funcionario procede dentro de sus facultades, nada hay que
observar, pero cuando sin tenerlas procede y aplica los
medios que le han sido dados para el ejercicio legítimo, comete el delito que el inciso
se refiere"

En el segundo caso, la privación de libertad se produce sin las condiciones
establecidas por la ley. En este sentido los códigos de procedimientos establecen las
condiciones en que se puede proceder a la detención de una persona, y "tanto
aquéllos como los diversos reglamentos policiales contienen reglas referentes a este
punto. Un funcionario que proceda sin ajustarse a esas normas, que sirven para tutelar
la libertad personal frente a la arbitrariedad siempre posible, incurrirá en delito"

El tercer caso, según Moreno, se refiere a aquel en que la libertad se ha restringido sin
las formalidades requeridas por las leyes. "Las leyes de forma contienen disposiciones
relativas a los requisitos a emplearse cuando se trata de limitar la libertad individual
Esas formalidades deben cumplirse por el funcionario encargado en cada caso"

b) Bien jurídico

La libertad individual se encuentra garantizada contra procedimientos arbitrarios por la
Constitución Nacional, más aún con la incorporación en la Constitución de 1994, en el
artículo 75, inciso 22, de los tratados internacionales que protegen las garantías
individuales contra cualquier acto funcional o particular vulnerante

Los tratados de derechos humanos, incorporados a ella: la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXV), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 9o), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9o), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
(art. T) tienen reconocida la libertad de persona, de manera que nadie puede ser
privado de ella, si no es por orden escrita de autoridad
competente. De modo que sigue vigente lo afirmado por los autores del proyecto de
1891, en el sentido de que la disposición del Código es indispensable

Vale la pena hacer en este punto una reflexión sobre el abuso de los funcionarios y la
libertad del individuo. El poder tiende, normalmente, a sobrepasar los límites legales, y
los funcionarios públicos, especialmente en la Argentina, más. La libertad de las
personas es lo que el Estado debe garantizar, de modo que si el abuso proviene del
propio Estado la cuestión reviste una gravedad que es intolerable para el orden
jurídico. En esta época de crisis del Derecho, en el sentido de que es importante
cualquier cosa menos el derecho del otro, que si es pobre es más vulnerable, no debe
el jurista dejar pasar la ocasión sin decir de manera enfática su verdad. Ni la
demagogia, ni el populismo, ni las modas deben dejar de lado los principios
fundamentales, más aún después de lo ocurrido en la Argentina en el período de la
dictadura militar, en donde estos principios fueron sistemáticamente violados

Ahora bien, el concepto de "arrestado", utilizado por el artículo 18 de la Constitución
Nacional, debe entenderse como sinónimo de privado de libertad de locomoción y
libertad física, abarcando las formas de coerción personal previstas en los

ordenamientos rituales (códigos de procedimiento penal) y que importan: detención,
citación compulsiva, arresto, prisión preventiva e internación. En estos casos, como
bien se sabe, la orden de detención debe ser por escrito y ser emitida por el juez

Por eso, cuando se habla de autoridad competente, el término debe referirse, sin duda
alguna, al del "juez natural", consagrado también por el artículo 18 de la Constitución
Nacional, en consonancia con otras normas de organización del Poder Judicial de la
Nación y las provincias (arts. 5o; 75, inc. 12, y 118). Por lo expuesto, son los jueces "la
autoridad competente" para extender la orden escrita que puede privar de libertad a
una persona


Esto no quita que en algunos supuestos las autoridades policiales, dentro del estricto
cumplimiento de sus deberes, se encuentren obligadas a proceder a la detención de
sujetos sin orden de autoridad competente. Señala Moreno que es el caso de cuando
se comete un delito y se requiere la medida inmediata y falta el tiempo para reclamar
la orden escrita del juez. El funcionario no puede presenciar impasible la fuga del
delincuente, y debe proceder de inmediato. Se entiende en esos casos que se obra a
nombre del juez, a quien se le da cuenta de inmediato de la medida tomada ante el
hecho

Se trata, en síntesis, de la protección de garantías constitucionales, en especial la
libertad de la persona, frente a los abusos de poder de los funcionarios públicos. Como
se ha dicho por parte de Landrove Díaz: "Con la tipicidad de detención ilegal,
integrada por los verbos nucleares de encerrar o detener, se protege a uno de los
derechos básicos de la persona: la libertad de movimiento locomotriz o ambulatoria
Supone, pues, tal delito la privación a su víctima -en razón de la inmovilización a que
se la sujeta- de la facultad de desplazarse a donde quisiera o el compelimiento a
dirigirse a donde no desea ir, en definitiva el despojo coactivo de toda iniciativa
personal en cuanto a la libertad de movimientos o posibilidad de desplazamiento". Y si
se prefiere la difundida formulación de Córdoba Roda, la privación de la "capacidad del
hombre de fijar por sí mismo su situación en el espacio físico"


NORMATIVA


Delitos contra la Libertad Individual


ARTÍCULO 189.- PLAGIO

Será reprimido con prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a
servidumbre o a otra condición análoga o la mantuviere en ella


Artículo 189 Bis.- Explotación Laboral


Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien induzca, mantenga
o someta a una persona a la realización de trabajos o servicios en grave detrimento de
sus derechos humanos fundamentales, medie o no consentimiento de la víctima. La
pena será de seis a doce años de prisión, si la víctima es persona menor de dieciocho
años de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad

(Así adicionado por el artículo 80° de la Ley contra la Trata de Personas y
Creación de la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 2012)


Artículo 190.- Ocultamiento de Detenidos por Autoridades

En la misma pena y además en la pérdida del empleo, cargo, comisión que tuviere o
incapacidad para obtenerlo de seis meses a dos años, incurrirán las autoridades que
ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento de un detenido, se negaren a
presentarlo al Tribunal respectivo o en cualquiera otra forma burlaren la garantía del
artículo 37 de la Constitución Política


Artículo 191.- Privación de Libertad Sin Ánimo de Lucro

Será penado con prisión de seis meses a tres años al que sin ánimo de lucro, privare a
otro de su libertad personal


Formas agravadas

Artículo 192.- Privación de Libertad Agravada

La pena de prisión será de cuatro a diez años cuando se prive a otro de su libertad
personal, si media alguna de las siguientes circunstancias
1) Cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho años de edad o se
encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad
2) Por medio de coacción, engaño o violencia
3) Contra el cónyuge, conviviente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad, o un funcionario público
4) Cuando dure más de veinticuatro horas
5) Cuando el autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la
víctima o su familia, medie o no relación de parentesco
6) Cuando el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que
desempeña
7) Con grave daño en la salud de la víctima

(Así reformado por el artículo 74° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de
la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
(CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 2012)

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1º de la ley N° 5061 de 23 de agosto de 1972,
se interpretó el presente artículo en el sentido de que la pena señalada es la de
prisión)


Artículo 192 Bis.- Sustracción de la Persona Menor de Edad o con Discapacidad


Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien sustraiga a una persona
menor de edad o con discapacidad cognitiva o física, del poder de sus padres,
guardadores, curadores, tutores o personas encargadas. La pena será de veinte a
veinticinco años de prisión, si se le infligen a la víctima lesiones graves o gravísimas, y
de treinta y cinco a cincuenta años de prisión, si muere

Cuando sean los padres, los guardadores, los curadores, los tutores o las personas
encargadas quienes sustraigan o retengan a una persona menor de edad, con
discapacidad o sin capacidad para resistir, serán sancionados con pena de prisión de
veinte a veinticinco años

(Así adicionado por el artículo 75° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de
la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
(CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 2012)


JURISPRUDENCIA


1. Plagio: Análisis del tipo penal en relación con los alcances del concepto
"servidumbre"


Voto de mayoría

"El plagio es un delito intencional y de carácter material y permanente contra la
libertad individual y en el que se tipifica la conducta de reducir a una persona a
servidumbre o a otra condición análoga o a mantenerla en ella (artículo 189 del Código
Penal), protección que se deriva del artículo 20 de nuestra Constitución Política
Doctrinariamente se ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el delito de plagio es
la libertad personal de cada individuo, en el sentido de no estar sometido a la voluntad
de otro. El concepto servidumbre no debe definirse únicamente según su etimología o
su interpretación histórica -como lo pretende el recurrente-, al decir que se trata de una
“condición y trabajo del siervo en una situación de esclavitud”, o bien, “cambiar la
condición de un hombre libre por la de esclavo”, ni se trata únicamente de realizar
actos de servicio al sujeto activo, pues “no se refiere a la situación jurídica de
esclavitud abolida …que consiste en la pertenencia, en propiedad, de una persona a
otra” (Núñez, Ricardo, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, pág. 147, Año 1999)
El concepto va más allá, pues encierra precisamente esa idea del sometimiento a la
voluntad de otro, esa anulación de esa capacidad personal, y por ende, no es
necesario –aunque puede darse- la privación de la libertad ambulatoria o libertad
física: basta con que el autor domine a tal punto al sujeto pasivo, que logre que éste
actúe conforme se lo indica el agresor. La doctrina ha señalado que no se refiere: “a
una mera relación de servicio, sino a una relación de sometimiento y enajenación de la
voluntad y el albedrío de una persona, en el sentido genérico de ambas potencias.”
(Soler, Tomo IV, pág. 26-27). O sea: “hay una completa subordinación de la voluntad
del sujeto pasivo a la del activo, aunque se le permita a aquél desplegar su arbitrio
libremente en reducidos sectores de la actividad (p.ej., trasladarse de un punto a otro,

adquirir bienes de consumo, etc), en lo que el sujeto activo voluntariamente no quiere
ejercer su dominio.” (Creus, Carlos, Derecho Penal, Tomo 1, pág. 285). Si bien es
cierto, en el caso que nos ocupa, el Tribunal absolvió por los delitos de amenazas
agravadas y agresión con arma, por considerar que estaban prescritos, se trata de
acciones que no son elementos esenciales del tipo penal del plagio, y que a juicio de
esta Sala constituían una de las tantas formas de menosprecio y dominación a las que
estaban sometidos los ofendidos, quienes durante nueve años se vieron afectados por
muchos otros actos que constituyen indefectiblemente el delito de plagio, tal y como se
explicó en el considerando anterior. El encartado no sólo amenazaba o golpeaba a sus
víctimas, sino que les limitaba en forma casi absoluta su libertad personal y física al no
dejarlos salir de la casa (a excepción de los casos en que él expresamente permitía),
les impidió a los menores continuar con sus estudios, cerró las ventanas de la casa y
pintó los vidrios para impedir la visibilidad, les impedía descansar, pues los mantenía
despiertos por medio de pastillas, mantenía la refrigeradora cerrada con llave; logró
dominarlos a tal punto que manejaba los negocios de la familia a su antojo, y si para
ello era necesario la actuación de la ofendida María Cristina, le indicaba los trámites a
realizar, tan es así que la perjudicada le cedió los derechos hereditarios dentro de la
sucesión de su cónyuge. Como elemento subjetivo, el delito de plagio requiere de dolo
directo y admite el eventual, y en este caso es evidente que el encartado actuando
dolosamente, ejerció sobre todos y cada una de las víctimas un total control y una
dominación sobre su voluntad, situación que se prolongó por nueve años, además de
privarlos de su libertad, hecho que debe entenderse como subsumido dentro de la
figura del plagio, ya que en este delito “el ataque el jurídicamente mucho más extenso,
puesto que el sometimiento de la víctima al arbitrio del autor puede comprender, como
una manifestación entre otras, también la privación de la libertad física” (Fontán
Balestra, Derecho Penal, Parte Especial, p. 307)."


2. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Configuración en caso de
victima detenida y golpeada sin justificación por oficial de la fuerza pública


Voto de mayoría

“X. Dentro del segundo motivo, aduce violación al debido proceso y al derecho de
defensa al no aplicar los artículos 114 y 348 del Código Procesal Penal. Cita el
recurrente que el momento procesal para plantear la acción civil resarcitoria es antes
de plantearse la acusación –o la querella- o de forma simultánea. En el presente
asunto, dicha acción fue incoada meses después de la presentación de la acusación
ante el Juzgado Penal de Desamparados. Agrega el impugnante que existe un defecto
respecto a la acusación, pues en la audiencia preliminar, enterándose que estaban
prescritos los delitos por los que venía acusando, “se vio en la tarea de modificar los
hechos acusados, agregando verbos y adjetivos para poder reformular la acusación
fiscal y así acusar por una privación de libertad agravada…violentándose de esta
manera el artículo 348 del Código Procesal Penal” (cfr. Folio 555). El reclamo se
declara sin lugar. Es importante hacer un breve resumen de las diligencias que tienen

relación con el reclamo, a fin de poder verter una decisión fundada en la realidad que
se desprende del expediente. El día 17 de julio de 2003, la señora LU se presenta a la
Fiscalía de Desamparados para interponer una denuncia por la detención ilegal de la
cual fue objeto (ver folio 1 a 4). A folio 9, el día 23 de julio de 2003, la ofendida se
presenta a la Fiscalía de Desamparados y manifiesta que desea delegar la acción civil
resarcitoria en el Ministerio Público. A folio 25 se encuentra el Dictamen Médico Legal
número 12832-04, en el que se establece que la ofendida mantiene una incapacidad
permanente del 5% de la capacidad general. A folio 54, la señora LU amplia la
denuncia el día 26 de enero de 2006. La imputada C declara en la Fiscalía de
Desamparados el día 27 de marzo de 2006 (ver folio 67 a 68). De folio 70 a 75, el
licenciado Henry Castro García solicita la apertura a juicio y formula acusación contra
los encartados C, S y C, con fundamento en los siguientes hechos: “1. El día 16 de
julio del año dos mil tres, en San Rafael Arriba de Desamparados, al ser las diecisiete
horas aproximadamente, al (sic) aquí ofendida LU se encontraba tomando licor y
leyendo la biblia en compañía de su amigo L, en ese momento se presentaron en ese
lugar los aquí imputados B, R y C, todos miembros de la Fuerza Pública, quienes
procedieron a detenerlos sin ninguna razón y sin darles ninguna explicación y los
trasladan a la delegación de la Fuerza Pública de San Miguel de Desamparados. 2
Una vez en este lugar la Oficial C procedió a bajar a la ofendida LU e ingresarla a la
celda, donde procedió a golpear a la ofendida, con la cacha de la pistola de
reglamento y con su vara policial la golpeó en la cabeza, en la cara y en diferentes
partes de su cuerpo, mientras los otros dos imputados custodiaban al señor L y le
manifestaban que se quedara tranquilo sino tendrían que verguearlo también. 3
Producto de la golpiza recibida la ofendida sufrió lesiones que le incapacitaron para
sus actividades diarias por dos semanas, según dictamen médico legal número 1151-
04 y una incapacidad permanente del cinco por ciento en la capacidad general
orgánica, según dictamen médico legal número 12832-04.”(cfr. Folio 71). Esta
acusación fue comunicada –según folio 80- a la ofendida el día 26 de mayo de 2006,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 300 del Código Procesal Penal
El 13 de setiembre de 2006 se realiza una audiencia preliminar, la cual finaliza con
auto de apertura a juicio contra la imputada S (ver folios 137 a 142). A folio 148, el
Juzgado Penal de Desamparados, el 16 de octubre de ese mismo año, se declara
incompetente para conocer la acusación, al tratarse de un delito funcional, y remite la
causa al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. De folio 154 a 157, el
Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y Penal Juvenil, el 21 de
noviembre de 2006 declara la ineficacia de la audiencia preliminar y del auto de
apertura a juicio, ordenando la remisión del sumario al Juzgado Penal de Hacienda y
de la Función Pública.A folio 168, el 27 de junio de 2007, se vuelve a señalar fecha
para la realización de la audiencia preliminar. El día 9 de noviembre de 2007, el
Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió: “Visto el presente
legajo de investigación es notorio para esta juzgadora que no ha existido buena
tramitación de la acción civil misma que en un principio la ofendida LU manifestó a
folio 09 su deseo de delegar el ejercicio de la misma en el Ministerio Público, tramite
que no fue realizado ni tomado en cuenta por el representante del Ministerio Público y
proceder a notificar a la Oficina de Defensa Civil dela Victima sobre la manifestación
de la ofendida. Es claro para esta autoridad que de conformidad al artículo 114 de
nuestro Código Procesal Penal que el momento correcto para la interposición de la
Acción Civil debe ser la fase preparatoria y antes de que se formule el requerimiento

fiscal o querella, en este caso la misma no fue presentada por una mala tramitación
por lo que corresponde a un defecto subsanable que no caería en la inadmisibilidad de
la misa por extemporánea a esta altura procesal…Por lo consiguiente se declara la
actividad procesal defectuosa por el defecto en el tramite respectivo de la acción civil,
por parte del Ministerio Público y se ordena devolver para que sea subsanado el
defecto…” (cfr. Folio 219 del legajo principal). El día 23 de noviembre de 2007, la
oficina de Defensa Civil de la Víctima presenta la acción civil resarcitoria ante la
Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, según consta en el primer folio del legajo
confeccionado para ello. De ésta se da traslado a las partes el día 13 de marzo de
2008 (ver folio 33 del legajo de acción civil resarcitoria). A folio 316 del legajo principal,
se plantea conflicto de competencia por parte del Juzgado Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José el que es resuelto por el Tribunal de Casación Penal de ese
mismo circuito, resolviéndose que el competente es el Juzgado Penal de
Desamparados (ver folios 320 a 321). El 8 de octubre de 2009, este despacho ordena
remitir la causa a la Fiscalía con el fin de que le den audiencia a la Procuraduría
General de la República sobre la acción civil resarcitoria(ver folio 332). El día 9 de
noviembre de 2009 se señala audiencia preliminar nuevamente (ver folio 340), la cual
es realizada el día 26 de enero de 2010 (ver folio 414). En ella el Ministerio Público
hizo una corrección en la acusación, agregándose “privación de libertad que fue
víctima la ofendida” (cfr. Folio 415). Pese a la oposición de las partes, el Juzgado de la
Etapa Intermedia la admite, debido a que no modifica sustancialmente los hechos, y
no agrega nada nuevo a lo que ya venía acusándose y a los hechos denunciados por
la ofendida. A partir de todos estos datos, esta Sala determina que, tanto la decisión
del Juzgado Penal en el auto de apertura a juicio, como la del Tribunal de Juicio al
tener la acción civil resarcitoria presentada en tiempo, es válida y se sustenta en la
normativa aplicable. Véase que la acción civil debe ser incoada conjuntamente con la
acusación o la querella, lo que materialmente no sucedió en este caso. Sin embargo,
ello se debió a un error en la tramitación de la causa, lo que no puede trasladarse a la
parte, ya que la ofendida había puesto en conocimiento del Ministerio Público, desde
el inicio de la investigación, que delegaba en la oficina correspondiente, el ejercicio del
reclamo civil (ver folio 9 del legajo principal). Este error interfiere directamente con el
principio de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 41 de la Constitución
Política, a través del cual se reconoce a todas las personas que acuden ante la
Administración de Justicia, la obligación del Estado de prestarles atención y resolver el
conflicto que colocan en sus manos. En este asunto, aunque la acusación ya hubiera
sido trasladada al Juzgado Penal para la apertura de la etapa intermedia y su
respectivo examen, al haberse violentado un derecho fundamental de la víctima, el
cual se traduce en la posibilidad de ser representada para ejercer su derecho al
resarcimiento, y que ese extremo también sea conocido a través de la jurisdicción
penal, según lo autoriza el legislador, todo lo actuado no podía ser opuesto en
perjuicio de la ofendida. Al estar frente a un defecto de carácter absoluto, lo
procedente era reponer el acto para subsanar el defecto, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 179 del Código Procesal Penal. En este sentido, la resolución de folio
219 del legajo principal, fue absolutamente acertada, ya que ordenó la devolución del
expediente para la comunicación a la oficina encargada de proveer a la víctima de la
representación que había solicitado desde un inicio de la investigación. De acuerdo
con el detalle del expediente descrito supra, eso fue lo que se hizo, y por ello es que
hasta el 23 de noviembre de 2007 se logró subsanar el defecto y se pudo continuar

con la tramitación normal de la causa. Es por esta razón que la decisión del a quo al
tener por bien presentada la demanda civil, se encuentra ajustada a derecho, pues con
esto se reconoció una de las garantías más importantes de las partes dentro del
proceso, y que consiste en el derecho de acceso a la justicia. En cuanto a la
corrección de la acusación, esta Cámara no encuentra defecto alguno. Véase que
dicha rectificación se hace en la audiencia preliminar que se llevó a cabo el día 26 de
enero de 2010 y que consta en la resolución de folio 414 a 420 del legajo principal. En
ella se agregó la frase “privación de libertad que fue víctima la ofendida”. Sin embargo,
por alguna razón que no está muy clara, pero que no afecta el derecho de defensa de
las partes, no se toma en cuenta esta modificación en la fase oral, y el fiscal que
acude al debate, durante la lectura de la pieza acusatoria indica que existen algunas
“variaciones, a saber en el hecho uno al final agregar «privándola de su libertad»; en el
hecho dos después de la palabra «donde» agregar «manteniéndola privada de su
libertad», al final del mismo hecho en vez de la palabra verguearlo anotar la palabra
«golpearlo»” (cfr. Folio 476 vuelto). De acuerdo con la acusación que consta a folio 71
del legajo principal, las modificaciones que pretende el representante del Ministerio
Público no son significativas, pues no alteran sustancialmente los hechos que se
venían atribuyendo a la imputada. Véase que el fiscal, inicialmente, había relatado que
la imputada había detenido a la ofendida sin razón alguna, y la había llevado hasta la
celda ubicada en la delegación de la Fuerza Pública en San Miguel de Desamparados,
lugar donde la golpeó (ver folio 71). Todo esto, necesariamente lleva implícita la
privación de libertad, pues el numeral 191 del Código Penal –tipo base para aplicar la
forma agravada del 192- requiere que se prive a una persona de su libertad personal,
lo que no es otra cosa que la misma situación que describía el Ministerio Público en la
acusación de folio 71, en la cual se señalaba que la imputada, en ejercicio de su
función, detuvo a la ofendida sin razón alguna. Esto no constituye una modificación de
la plataforma fáctica, de acuerdo con el artículo 348 del Código Procesal Penal,
mediante el cual se permite la corrección de errores cuando se trate de “errores
materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la
imputación ni provoca indefensión…”. En el presente asunto, además de estar descrita
en la acusación la privación de libertad, los hechos eran conocidos por la defensa de
la imputada desde que la denunciante se presentó ante la Fiscalía de Desamparados
el 17 de julio de 2003, mismos hechos sobre los cuales fue intimada la señora S a folio
67 del legajo principal. Por estas razones, no se considera que exista una variación
significativa en la acusación, ni se provoca indefensión con la inclusión de estas frases
por parte del representante de la acción penal. En virtud de todo ello, el Tribunal de
Juicio resolvió la actividad procesal defectuosa de forma adecuada, y es por ello que
se declara sin lugar el motivo

XI. En el tercer motivo, alega violación a las reglas de la sana crítica racional para
admitir la acción civil resarcitoria. Señala que el Tribunal ha violentado estas reglas
en la valoración de la prueba testimonial y documental utilizada para acreditar el daño,
la cuantía o ingreso mensual de la ofendida, pues este extremo no quedó demostrado
Se acreditó en el debate que la ofendida no tenía oficio fijo, era alcohólica, no
trabajaba, ella misma señaló que no tuvo repercusión económica por el delito. Lo único
que se probó era que tenía lesiones como producto del hecho. El peritaje incorporado
es absolutamente infundado, ya que no quedó demostrado nada de lo que él contenía
Considera que en materia civil, el daño debe probarlo quien lo alega, y en este caso, la

carga de la prueba la tiene la parte civil. Al no quedar demostrado ese extremo, debió
rechazarse. El reclamo es improcedente. El dictamen pericial fue puesto en
conocimiento de las partes para la realización de la audiencia preliminar, en la cual
estuvo presente el representante estatal y codemandado civil. En dicha diligencia, no
se manifestó en contra del contenido del peritaje efectuado para cuantificar los daños
reclamados por la ofendida. Ahora bien, obviando la conformidad de las partes con la
aceptación tácita de los extremos peritados, al no indicar oposición alguna, esta
Cámara, atendiendo los reclamos planteados por el señor Procurador, ha examinado
la prueba evacuada en el debate, con el fin de corroborar o descartar lo indicado en el
recurso. De esta forma, luego de analizar la declaración de la ofendida LU, se extrae
que ella indica en el contradictorio que para el momento en el que ocurre el hecho,
laboraba como empleada doméstica por horas. A esta versión el Tribunal de Juicio le
da plena credibilidad, pues no contiene elementos que hagan dudar de ella, ni se
mostró dubitativa; inclusive, aceptó que para el momento en el cual es víctima de la
imputada, ella era alcohólica, lo que no le impedía laborar para proveerse de sustento
Admite que a veces dormía en el parque, al igual que señala ganarse la vida
brindando sus servicios en casas como servidora doméstica. Todo ello le da mayor
veracidad a lo relatado, pues la víctima no oculta situaciones que podrían afectar su
imagen frente al tribunal, y cuenta lo que hace de forma honesta y sincera. Esta
situación fue contemplada en el peritaje (ver folios 38 y 39), donde el perito
matemático A, utilizó el método fijado científicamente para extraer los montos
correspondientes por concepto de daño económico. El no debe apartarse de la tabla
de salarios mínimos establecidos por el Estado, por lo que el salario base contemplado
es el de servidora doméstica, como bien lo señaló en su peritaje. Es por esta razón,
que no es correcta la apreciación del recurrente, ya que un hecho demostrado es que
la señora LU trabajaba como empleada doméstica para el momento en el que ocurre
el hecho, por lo que los extremos calculados sobre esa afirmación, deben mantenerse
Tampoco es válido pensar que la señora ofendida no tenía patrono fijo, porque el
servicio que brindaba era por horas en casas, debido a que el reconocimiento de este
extremo civil cubre el tiempo que ella no pudo desempeñarse en sus labores
habituales, y no se exige para ello, que tenga patrono fijo, o que esté matriculada en
planilla laboral, ya que es una realidad en nuestro país, que muchas personas no
tienen esa condición en su trabajo, y no por ello debe dejarse de atender sus
gestiones y reclamos, como en el presente caso, producto de un daño en su salud. De
lo contrario, se generaría una infracción al derecho de acceso a la justicia, protegido
por el artículo 41 de la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior, se declara
sin lugar el reclamo

XII. En su cuarto motivo, alega inobservancia del artículo 192 del Código Penal. El
Tribunal determina que la ofendida es introducida contra su voluntad en una unidad de
la Fuerza Pública para ser trasladada a la Delegación de San Miguel de Higuito, donde
la introducen en un calabozo junto con el testigo L. Sin embargo, el a quo considera
irrelevante si la ofendida y este último podían abandonar el calabozo cuando quisieran
ya que estaba abierto, sin aldaba y la imputada ni siquiera se encontraba en la
delegación, ni oficial alguno los custodiaba. Todo ello fue originado por un escándalo
que ambos protagonizaban en el parque del lugar, y son llevados, sin el uso de la
fuerza, y puestos en el sitio descrito supra con el fin de que se les “baje la borrachera”
Es por la inexistencia de fuerza o violencia en el traslado de la señora LU, que no se

configura el delito de privación de libertad, previsto en el numeral 192 del Código
Penal. Solicita se declare con lugar el recurso. El reclamo es improcedente. El
Tribunal tuvo por demostrado que “1. El día 16 de julio del año dos mil tres, en el
parque de Desamparados centro, al ser las diecisiete horas aproximadamente, la aquí
ofendida LU se encontraba departiendo con algunos amigos tomando licor y leyendo la
biblia, entre ellos L, cuando se presenta la imputada C como oficial de la Fuerza
Pública y sin motivo ni razón o explicación procede a detener a la ofendida y su amigo
B, y con la colaboración de los también oficiales R y A, los trasladan a la delegación de
la Fuerza Pública de San Miguel de Desamparados en la unidad 310, privando
arbitrariamente de su libertad a estas dos personas porque no existía motivo para su
traslado. 2. Una vez en este lugar la encartada Oficial C procedió a bajar a la ofendida
LU e ingresarla a los “calabozos” de la delegación, donde manteniéndola siempre
privada de su libertad y sin justificación alguna, procedió a golpear a la ofendida con la
cacha de la pistola de reglamento y la vara policial en la cabeza, en la cara y en
diferentes partes del cuerpo, mientras S y otro oficial custodiaban al señor L y le
manifestaban que se quedara tranquilo sino tendrían que golpearlo también 3
Producto de la golpiza recibida la ofendida sufrió lesiones que le incapacitaron para
sus actividades diarias por dos semanas, según dictamen médico legal número 1151-
04 y una incapacidad permanente del cinco por ciento en la capacidad general
orgánica, según dictamen médico legal número 12832-04. 4. Que la imputada no
presenta juzgamientos penales anteriores…”. (cfr. Folio 490). A partir de estos hechos,
se tiene por demostrada la existencia del delito de privación de libertad. Si después de
la golpiza, la imputada dejó a la ofendida dentro de una celda, en una delegación
policial, esto no varía en nada la calificación legal asignada por el a quo. Podría ser
considerado para el examen de reproche, mas no es un hecho necesario para
sostener la calificación legal. Cuando la encartada decide dejar a la ofendida y al
testigo L en la celda, lo que hace es continuar con la privación de la libertad personal
de ambos, pero el delito ya se había configurado. Es por esta razón que resulta
improcedente el reclamo formulado por el representante estatal.”


3. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Práctica de requisa ilegal la
configura


Voto de mayoría

“El a quo estimó que dicho comportamiento sólo era subsumible en el delito de abuso
de autoridad, no en el de privación de libertad agravada, de manera que, al haberse
extinguido la acción penal por prescripción respecto del primer delito, absolvió por éste
al imputado V. Sin embargo, los hechos demostrados claramente revelan que el
encartado abusa de su poder y, mediante intimidación, inicia una serie de
comportamientos concretos dirigidos a violentar no sólo el ámbito de intimidad de H.,
sino también su libertad ambulatoria al trasladarlo a las oficinas policiales, con un
consentimiento viciado por la violencia psicológica ejercida por el agente, para realizar
prácticas totalmente arbitrarias. De hecho, la requisa ilegal, según tuvo por

demostrado el órgano sentenciador, supuso la privación de libertad. No en vano, la
requisa contemplada en el artículo 189 del Código Procesal Penal exige la existencia
de motivos suficientes para presumir que la persona oculta pertenencias entre sus
ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito particular,
en coherencia con el Artículo 37 de la Constitución Política: “Nadie podrá ser detenido
sin un indicio comprobado de haber cometido delito …”, pues, innegablemente, para
llevar a cabo una requisa resulta necesario detener, aunque sea de forma
momentánea, a la persona sobre la cual se realiza; y esa detención –aún pasajera y
transitoria– debe estar justificada por la seria presunción de que la persona ha podido
intervenir en alguna actividad delictiva. Por otro lado, debe considerarse que el delito
de privación de libertad, previsto en los artículos 191 (tipo simple) y 192 (tipo
agravado) del Código Penal, puede ejecutarse si esa restricción al derecho
fundamental a la libertad de tránsito se ejecuta tanto por medios pacíficos (privación
de libertad simple), como mediante fuerza corporal o violencia psicológica –o
intimidación– (modalidad agravada del segundo inciso del citado artículo 192: “…con
actos de violencia…”).”


4. Privación de libertad sin ánimo de lucro: Naturaleza del abuso de autoridad y
consideraciones acerca de las circunstancias agravadas


Voto de mayoría

"VI- Los cojueces Chirino Sánchez y Arce Víquez, a pesar de considerar que no es
posible conocer de la gestión planteada, consideran conveniente hacer la siguiente
acotación sobre el tema planteado: El «Abuso de autoridad» (331 CP) es un delito
independiente contra los deberes de la función pública, pero puede ser una de las
formas de agravación para el delito de «Privación de libertad sin ánimo de lucro»
(artículos 191 y 192 inciso 4º CP), de modo que este último delito contra la libertad
personal, agravado por haber sido perpetrado con abuso de autoridad, excluye la
aplicación del primero conforme a los criterios que rigen el concurso aparente de
normas (artículo 23 CP), porque contiene íntegramente el contenido injusto de aquel
delito contra los deberes de la función pública, más lo que resulta de haber lesionado o
puesto en peligro la libertad individual de una persona. Con las adecuaciones del caso,
lo mismo se puede decir de los delitos de «Corrupción agravada» (artículo 168 inciso
3º CP) o del «Proxenetismo agravado» (artículo 170 inciso 2º CP), en los que el tipo
simple se agrava cuando en la ejecución del hecho media abuso de autoridad. Pero la
circunstancia de que el artículo 192 inciso 4º excluya la aplicación del artículo 331 no
implica, como alega el señor Fiscal, que deje de ser un delito contra los deberes de la
función pública, porque no es la ubicación de un artículo dentro del Código Penal lo
que define si se está en presencia de un delito contra los deberes de la función
pública, sino que en realidad el bien jurídico tutelado se debe identificar al considerar
la conducta que pretende evitar el legislador mediante el tipo penal, de manera que es
posible encontrar dentro del Código Penal otros delitos contra los deberes de la
función pública aparte de los que fueron incluidos dentro de las secciones que

conforman el Título XV («Delitos contra los deberes de la función pública») del Libro
Segundo de ese texto legal. Así pues, la Privación de libertad sin ánimo de lucro
agravada (por haberse perpetrado con abuso de autoridad) es un delito de carácter
pluriofensivo, porque la conducta tipificada lesiona o pone en peligro diversos bienes
jurídicos (personalísimos y abstractos): no sólo la libertad individual de la víctima sino
también los deberes que deben observarse en el ejercicio de la función pública, en una
República democrática que, como la costarricense, aspira a erradicar la arbitrariedad y
el abuso en el ejercicio del poder, conforme a la máxima de que "Los funcionarios
públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades
que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta
Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos
es pública" (artículo 11 de la Constitución Política). La ley Nº 8275 creo una
competencia especial para sea la "Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función
Pública" la que conozca y resuelva definitivamente sobre los delitos contra los deberes
de la función pública, entre otros, de manera que a dicha jurisdicción especializada
debe asignarse el conocimiento de esta causa, en tanto se parta de la hipótesis de que
medió abuso de autoridad en la ejecución del hecho, ya que dicha circunstancia
compromete la integridad de aquellos deberes que nos han sido impuestos a los
funcionarios públicos."


5. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Realizada con utilización de
armas de fuego


Voto de mayoría

"En la única protesta por vicio in iudicando se orienta a la violación de los artículos 1,
23 y 195 del Código Penal. En apoyo de ello afirma que el delito de Amenazas
Agravadas por el cual se condena a los defendidos, lo desplaza, por especialidad, el
de Privación de Libertad Agravada, que contiene el requisito de la violencia, que, en el
caso concreto, se hace contener en la utilización de armas de fuego. El reclamo es
inatendible. El delito de Privación de Libertad Agravada (Arts. 191 y 192 inciso 2 CPP)
[sic], contiene la “violencia” como elemento típico, que no necesariamente se logra
amenazando con armas de fuego. Pero si se hiciera con ese tipo de instrumento, sería
un elemento diferente al especificado en la norma agravada, integrando entonces una
figura distinta (tipo penal de Amenazas Agravadas). En el concurso aparente el
componente de lo ilícito de un hecho punible está contenido en otro y, por tanto, el
autor sólo habrá cometido una sóla lesión de la ley penal. La consecuencia práctica de
este conflicto de normas reside en la circunstancia de que sólo es aplicable la sanción
del delito que desplaza a los otros y, además, que en la determinación de la pena no
se aprecian otras violaciones de la ley. Distinto es con el concurso ideal en el que,
conforme al principio de absorción, se aplica la pena correspondiente al delito más
grave, teniendo en cuenta que el autor comete también otras infracciones de la ley
penal. Así, entonces, si para privar de libertad a los ofendidos Barquero, Rodríguez y
Sojo, los imputados emplearon armas de fuego, ello significa que no sólo su conducta

se subsume en el ordinal 192 inciso 2) CP por ser un acto de violencia, sino en el 195
ibídem por haber amenazado injusta y gravemente a las víctimas, con armas de fuego
Indudablemente se trata de una unidad de acción pero con pluralidad de infracciones
delictivas. La agravante de la privación de libertad y las amenazas, aunque integran
una sóla acción, son disposiciones que frente al comportamiento de los agentes, no se
excluyen entre sí. Por esa razón el tribunal aplicó bien las normas del concurso ideal."


6. Privación agravada de libertad sin ánimo de lucro: Análisis sobre aspectos
concursales en relación con el delito de abuso de autoridad


Voto de mayoría

III.- Tercer motivo por el fondo. Falta de aplicación de los artículos 82 y 88 del Código
Penal y errónea aplicación de los artículos 329, 191 y 192 inciso 4) del mismo cuerpo
legal. Según alegó la defensa al inicio del debate, la acción penal del delito de
privación de libertad en forma agravada está prescrita, por lo que el tribunal desaplicó
lo dispuesto en los ordinales 82 y 88 del Código Penal. El recurrente considera –que
conforme al Código Penal- el delito de privación de libertad agravada no existe al no
estar denominado así en el cuerpo legal citado. Siendo que el agravante del tipo penal
del artículo 191 del código sustantivo -que es el abuso de autoridad- está prescrito por
haber transcurrido dos años sin actividad procesal tendiente a la continuación del
proceso en su contra. En criterio de la defensa, estamos en presencia de un tipo penal
compuesto cuya existencia depende de la concurrencia de otra conducta contenida en
otro tipo penal (artículo 329 del Código Penal), siendo que la pena máxime del
agravante, de 10 años, rige únicamente cuando coexiste a la privación de libertad tal
agravante (abuso de autoridad). Conforme a su pretensión- tanto el delito de abuso de
autoridad como la privación de libertad están prescritos, pues la pena máxima de este
último es de tres años. Finaliza indicando que no se trata de un delito independiente y
autónomo con un término de prescripción de diez años, sino que es una figura extraña
(sic) que le provoca a un tipo penal autónomo (art. 191) un agravante que depende de
que se cumpla y coexista otro tipo penal autónomo (ordinal 329). Con base al vicio por
el fondo subjudice, solicita se absuelva a sus representados. No lleva razón el
impugnante. El punto en discusión ya ha sido tratado por la jurisprudencia de esta
Sede, y se mantiene el criterio expresado, en efecto “El numeral 192 del Código Penal
indica cuáles son las formas agravadas del delito de privación de libertad sin ánimo de
lucro. Cuando la conducta descrita en el artículo 191 se realiza con abuso de autoridad
es decir, cuando un funcionario público, abusando de su cargo y sin ánimo de lucro,
privare (u ordenare privar) arbitrariamente a otro sujeto de su libertad personal, en
perjuicio de ese derecho fundamental, el tipo penal aplicable es el inciso 4) del
mencionado 192 cuya pena oscila entre los dos y diez años de prisión. De tal suerte, la
privación de libertad sin ánimo de lucro agravada constituye una única hipótesis y no
como lo entiende el promovente, un concurso entre la privación de libertad (art. 191
del Código Penal) y el abuso de autoridad (art. 329 del mismo cuerpo normativo). Si
existiera un concurso de delitos, lo será entre aquellos previstos en el numeral 192

inciso 4) (privación de libertad sin ánimo de lucro, con abuso de autoridad) y el
numeral 329 (abuso de autoridad). El concurso que aquí se presenta es aparente y se
soluciona atendiendo al principio de subsidiariedad material: “Dos tipos penales se
encuentran en relación de subsidiariedad material cuando uno de ellos, el aplicable, o
protege el mismo bien jurídico de un ataque mayor que el otro o protege un bien
jurídico diferente que comprende el bien jurídico resguardado por el tipo penal
desplazado”. CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. El concurso de delitos en el derecho
penal costarricense, San José: Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL, S.A., 1981, p. 46
De conformidad con lo indicado, la privación de libertad sin ánimo de lucro cometida
con abuso de autoridad, tutela dos bienes jurídicos a saber, la libertad y los deberes
de la función pública mientras que el numeral 329 tutela únicamente los deberes de la
función pública. De esta forma, es evidente que al aplicarse el artículo 192 inciso 4), el
artículo 329 deberá ser obviado en tanto el bien jurídico que tutela ya se haya
resguardado por la norma antes citada. Dicho lo anterior, debe concluirse que para
que prescriba el delito previsto en el numeral 192 inciso 4) del Código Penal el
extremo de la pena a considerar será el previsto en dicha norma a saber, diez años de
prisión y no el contemplado en los artículos 329 y 191 tan mencionados antes, razón
por la cual el reclamo que formula el impugnante debe declararse sin lugar.” (Voto
1435, de las 10:35 del 15 de diciembre del 2000). En el caso de marras, no ha
operado la prescripción de la acción penal puesto que el extremo mayor punitivo del
tipo previsto en el numeral 192 inciso 4) es de diez años y en la presente causa no ha
transcurrido dicho término sin actividad procesal. Es así como no existe yerro in
procedendo que declarar, puesto que no ha habido falta de aplicación de los
parágrafos 82 y 88 del Código Penal, ni errónea aplicación del Artículo 192 inciso 4)
del mismo cuerpo normativo. Por lo que se rechaza este motivo."


Donna, Edgardo Alberto. (2005). Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II-A. Editores
Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires. Argentina. Páginas: 117-114; 116-118; 125-128; 136-137
151-153; 170-174
Asamblea Legislativa. Ley 4573 del 04/05/1970. Código Penal. Fecha de vigencia desde
15/11/1970. Versión de la norma: 42 de 42 del 24/04/2013. Datos de la Publicación: Nº Gaceta
257 del 15/11/1970. Alcance: 120A
Sentencia: 01141 Expediente: 99-000530-0382-PE Fecha: 08/11/2002 Hora: 9:20:00
AM Emitido por: Sala Tercera de la Corte
Sentencia: 00456 Expediente: 03-001757-0276-PE Fecha: 19/04/2013 Hora: 10:23:00
AM Emitido por: Sala Tercera de la Corte
Sentencia: 00920 Expediente: 00-004179-0647-PE Fecha: 31/08/2007 Hora: 10:55:00
AM Emitido por: Sala Tercera de la Corte
Sentencia: 00009 Expediente: 04-200917-0456-PE Fecha: 12/01/2007 Hora: 8:52:00
AM Emitido por: Tribunal de Casación Penal


Sentencia: 00564 Expediente: 99-000809-0065-PE Fecha: 08/06/2001 Hora: 10:15:00
AM Emitido por: Sala Tercera de la Corte
Sentencia: 00419 Expediente: 95-000346-0020-PE Fecha: 04/05/2001 Hora: 9:50:00
AM Emitido por: Sala Tercera de la Corte