INFORME DE INVESTIGACIÓN
Título: Examen de Excelencia Académica del Colegio de
Abogados(as)


Rama del Derecho: Colegios Profesionales Descriptor: Colegio de Abogados

Palabras Claves: Colegios profesionales, Colegio de Abogados de Costa Rica, Deontología
jurídica, Excelencia Académica, examen de incorporación

Fecha: 26 de abril de
Fuentes de Información: Doctrina, normativa y jurisprudencia


Contenido
2. Naturaleza jurídica del Colegio de Abogados y potestad para regular la
1. Obligación del Colegio de Abogados para verificar la idoneidad en el
2. Realización de exámenes de incorporación como requisito para formar parte


 RESUMEN

El presente informe de investigación, recopila documentación acerca de la
prueba de excelencia académica realizada por parte del Colegio de Abogados
de Costa Rica como garantía de vigilancia y mejoramiento de la profesión de
derecho en el país. Así mismo se cita de ejemplos los casos de España y los
Estados Unidos


NORMATIVA


1. Reglamento De Deontología Jurídica, Vigilancia Y Excelencia
Académica


Obligación de Vigilancia por parte del Colegio de Abogados

Artículo 1.- Generalidades


El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en adelante “Colegio”, a fin de
cumplir con lo que dispone el artículo 1 incisos 8, 9 y 10, artículo 2 y artículo 18
inciso 6 de la Ley Orgánica en la que se ordena “Vigilar la excelencia académica de
los egresados de las universidades”, “Promover la excelencia académica continua
de los colegiados”, “Promover los mecanismos de control y seguimiento de la
calidad deontológica ética y moral de sus agremiados”, así como “Emitir la
normativa reglamentaria correspondiente, con el fin de hacer efectivo el
cumplimiento de los objetivos de calidad académica y deontológica de los
egresados de las universidades y de sus agremiados” dicta el presente reglamento


 Artículo 2.- Cumplimiento de los objetivos de vigilancia y excelencia
académica y principios rectores


Para cumplir con los objetivos de vigilancia y excelencia académica de los
egresados en Derecho de las universidades, así como de los agremiados del
Colegio, se establece el plan de Vigilancia y Excelencia Académica compuesto por
el curso de Deontología Jurídica, examen de Excelencia Académica, programa de
Educación Continua y programa de Recertificación Profesional Voluntaria. Un
reglamento específico regulará la organización y funcionamiento de estos dos
últimos programas


En general, las acciones que desarrolle y ejecute el Colegio en cumplimiento de
estos objetivos y del referido plan, deberán estar enmarcadas en la estricta
observancia de los siguientes principios: imparcialidad, igualdad, independencia,
transparencia, publicidad, así como en los generales de razonabilidad,
proporcionalidad y seguridad jurídica


Estos principios servirán igualmente para interpretar e integrar el presente
Reglamento


Definición de Excelencia Académica

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES


EXCELENCIA ACADÉMICA: Se traduce en la aceptación y reconocimiento de
la calidad y excelencia académica de la población graduada, con estándares
crecientes de exigencias en el desempeño realizado al máximo individual, en
cuanto a los saberes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Para
esto el Colegio ofrece educación continua, en la que se combinan los
conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel, mediante cursos y programas


que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la
sociedad


Examen de Excelencia Académica

Artículo 11. FORMA Y CONTENIDO DEL EXAMEN: El examen de
Excelencia Académica, en adelante el examen, es objetivo, escrito, de contenido
teórico-práctico, comprende de un mínimo de setenta y cinco preguntas
cerradas de selección única con un mínimo de cuatro distractores, tomadas de
un banco de datos de preguntas debidamente validadas, que abarca los
contenidos del programa del curso de Deontología Jurídica, así como de los
conocimientos de Derecho que todo abogado y abogada debe tener de las áreas
de Derecho Constitucional, Laboral, Penal, Civil, Familia, Comercial,
Administrativo y sus respectivas normas procesales, y otras áreas del saber
jurídico que se consideren necesarias a propuesta de la Junta Directiva, con el
objetivo de asegurar que todos los profesionales tengan el dominio de
conocimiento indispensables para el ejercicio óptimo de la profesión de la
abogacía
La Junta Directiva podrá adaptar la prueba según las necesidades
sobrevenidas y el desarrollo tecnológico en aras de la satisfacción del interés
público, siempre en equilibrio con el resguardo de los derechos fundamentales
de los interesados en incorporarse al Colegio
Para tal efecto la Junta deberá solicitar criterio al Comité para el Examen
de Excelencia
Académica, y deberá fundamentar su decisión de ampliar el ámbito de
evaluación material a otras ramas jurídicas, así como ampliar la metodología de
evaluación establecida. En este caso, se deberá dar un plazo prudencial de no
menos de seis meses, contado desde la publicación del acuerdo firme que se
haga en el Diario Oficial, lo cual se informará en los medios que tiene el
Colegio, para que se pueda implementar la evaluación que comprenda estas


nuevas modalidades y contenidos, anexando además el temario y bibliografía
básica respectivos


ARTÍCULO 12. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE EXCELENCIA
ACADÉMICA. Tienen derecho a realizar el examen, todas aquellas personas
que hayan finalizado satisfactoriamente el curso de Deontología Jurídica
La Dirección Académica calendarizará en forma anual las convocatorias
para la realización del examen, las cuales deberán ser aprobadas por la Junta
Directiva y ser publicadas en la página web del Colegio
La Dirección Académica se hará cargo de todo el proceso de matrícula
que conlleve dicho examen


Artículo 13. REQUISITOS PARA REALIZAR EL EXAMEN
a. El interesado para realizar el examen deberá
i. Haber aprobado el curso de Deontología Jurídica
ii. Tener el título de Licenciatura en Derecho
iii. Cancelar el derecho de matrícula, monto que será fijado por la Junta
Directiva y revisado anualmente en febrero de cada año
iv. Realizar el examen asistiendo con puntualidad, indumentaria formal
y compostura adecuada
v. Firmar el acta de asistencia al examen, debiendo cumplir con el
protocolo establecido por la Dirección Académica para tal efecto
b. En caso de discapacidad física o de otra índole que le impida realizar
el examen, el Comité para el Examen de Excelencia Académica queda facultado
para adecuar la evaluación a las condiciones del optante


DOCTRINA


1. Naturaleza Jurídica de los Colegios Profesionales

Al responder a estos planteamientos, la Sala Constitucional dejó clara la
naturaleza jurídica de los Colegios profesionales a los cuales califica en la
sentencia 1386-1990 como Corporaciones de Derecho Público y les atribuyó
como finalidad la de velar por la corrección y buen desempeño de las funciones
profesionales de los afiliados y corregirlos disciplinariamente cuando lesionen a
terceros, por ignorancia, impericia, desidia o conducta inmoral en su
desempeño, todo ello en un ejercicio delegado de funciones estatales


(…) la Sala tome la decisión de abordar con carácter sistemático y profundo el
tema de la colegiatura obligatoria y con este objetivo en mente se emite la
sentencia 5483-95, en la que se aborda de manera profusa, puntillosa y clara
toda la temática relacionada con el tema y la razón por la que, desde esa fecha,
dicha sentencia se ha entendido como el sólido punto de apoyo sobre el cual se
han producido prácticamente el resto de las elaboraciones posteriores respecto
del papel de los Colegios Profesionales


2. Naturaleza jurídica del Colegio de Abogados y potestad para
regular la profesión


Con base en la doctrina, el derecho y la jurisprudencia, se puede concluir que la
naturaleza jurídica del colegio de abogados se define por la ley que pone a
cargo de este la persecución sus fines, unos fines son más importantes que
otros, unos son en beneficio de la comunidad y otros en beneficio del gremio,
pero todos son fines públicos, en la medida de que el colegio está obligado a
perseguirlos todos por igual. Según lo ha dicha la Sala Constitucional, no existe
dualidad de fines. El colegio de abogados es un colegio profesional y como tal

un ente público porque tiene a su cargo fines públicos atribuidos por ley y,
además, es un ente no estatal, porque no pertenece al aparato del estado
El colegio profesional de abogados es un ente público, con potestades
administrativas para regular el ejercicio de la profesión y la conducta el
profesional (…)


3. Colegios profesionales y la fiscalización

Lo relevante jurídicamente hablando es pues ese reconocimiento de que las
funciones públicas que ejercen los Colegios profesionales no se agotan entonces
en la aplicación del régimen disciplinario, como manifestación del poder estatal
de sancionar que es lo que más notoriamente percibimos, sino que se agrega –
también como función de índole pública- una serie de actividades relacionadas
con la protección de la colectividad y otras más relacionadas con ella como sería
el aseguramiento de la calidad y pericia de los profesionales. A mi juicio ello ha
abierto grandes posibilidades en lo que se refiere al tema del papel de mejora
en la calidad de los profesionales, todo como parte del ampliado concepto de
fiscalización que desde esa fecha se ha impuesto en sede constitucional


Otro aspecto que luego de esta sentencia muestra de alguna forma esa mayor
intervención de los Colegios en asuntos relacionados con la preparación y
calidad de los profesionales, se aprecia en algunas controversias que a finales de
la década de los noventa que involucraron a algunos Colegios frente a
instituciones públicas de educación superior, en relación con la preparación
profesional asociada a ciertos títulos expedidos por las casas de enseñanza. Sin
embargo, debo reconocerlo, lamentablemente la temática estaba lejos de ser
nítida y más bien apareció matizada con gran cantidad de temas adicionales
como cuestiones de distribución de poder a lo interno de los Colegios,


categorizaciones de miembros, de modo que realmente es poco lo que pueda
resultar aprovechable en estas decisiones para nuestro tema


4. Motivos del Colegio para realizar prueba de excelencia

“La sociedad costarricense necesita y merece no solo expertos con
conocimientos propios de la profesión, sino que además brinden esos servicios
de forma ética. (Arce I, 2006)

La complejidad de la sociedad provoca que ante las demandas que reclama, las
profesiones se tienen que adaptar a nuevos desafíos sociales y tecnológicos, y
las universidades, a quienes les compete la formación, no logran modificar sus
programas de estudios e incluir las nuevas competencias con la celeridad
requerida. Por esta razón, el Colegio en cumplimiento de sus funciones, ofrece
un curso de Deontología Jurídica como requisito sustancial para la
incorporación de profesionales aptos académica y éticamente para el ejercicio
de su profesión, a juicio comprobado del Colegio, que se aprueba con un
examen propio de la materia y de conocimientos del Derecho. Con ello se les
otorga el título de abogado o abogada con el fin de garantizar el servicio ético y
técnicamente correcto a los usuarios y como acción preventiva para que el
Colegio cumpla la competencia de servicio delegada por la sociedad, en
armonía con el fin público que persiguen en aras de su propia naturaleza

En Costa Rica hay aproximadamente 29 universidades que imparten la carrera
de Derecho. El Colegio por mandato legal debe vigilar la excelencia académica
de los egresados de las universidades así como la de sus colegiados mediante
mecanismos de control y seguimiento de la calidad académica.”


5. Caso de Estados Unidos

En los Estados Unidos, los abogados deben ser admitidos para ejercer en un
estado en particular. Entre otros requisitos de admisión, los abogados deben
generalmente tomar un examen del colegio de abogados administrado por la
junta estatal de examinadores de dicho colegio

Los exámenes del colegio de abogados se realizan dos veces al año, a finales de
febrero y de julio. Normalmente, este examen está compuesto por el Multistate
Bar Examination ("MBE"), examen de selección múltiple que cubre la ley
estadounidense en seis temas: contratos, delitos, derecho y procedimiento
penal, derecho constitucional, evidencia y propiedad. El MBE tiene una
duración de un día y se administra en todos los estados que lo utilizan. [LAW
MASTERS]vi


6. Caso de España

El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado es un Máster de
orientación profesional; en los términos del artículo 10.1 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, se trata de una Titulación dirigida a la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, orientada a la
especialización profesional


Pero no se trata sólo de un Máster profesional, en el sentido de estar orientado a
la formación de profesionales, sino de un Máster que ha sido erigido como
requisito indispensable para el acceso a una profesión regulada, la profesión de
abogado. La justificación de este Título radica, pues, en que sin su obtención
ningún egresado de estudios jurídicos puede acceder al ejercicio de la abogacía
Es, pues, absolutamente necesario que las universidades ofrezcan esta
titulación, atendiendo, como establece el artículo 15.4 RD 1393/2007, a las
normas reguladoras de tal profesión y a las condiciones establecidas por el
Gobierno para los planes de estudios que habiliten para el acceso a ellas. Por
ello la Universidad Complutense ofrece una titulación oficial que responda a las

exigencias del acceso al ejercicio de la profesión de abogado y que, además,
aporte profesionales con futuro y solvencia a la sociedad, ofreciendo una
titulación de alta calidad


La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado
y de Procurador de los Tribunales, da respuesta a una demanda largamente
sostenida por los Colegios Profesionales de Abogados, la de regular el acceso de
los nuevos titulados al ejercicio de la profesión de Abogado. El legislador optó
por una regulación de carácter académico, y no administrativo, porque
considera –y así lo pone de manifiesto en el Preámbulo de la Ley 34/2006- que
la experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los
Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la
acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la
obtención de una titulación universitaria de Licenciatura o Grado. Por esta
razón, la Ley 34/2006 crea y regula un título profesional complementario al
título universitario en Derecho, el título profesional de Abogado, que
constituye, como señala el apartado IV del Preámbulo, el presupuesto del
ejercicio profesional de la abogacía. A esta exigencia normativa responde la
UCM con este Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado,
utilizando los recursos humanos y materiales de alto nivel de los que dispone,
con la finalidad de formar profesionales, altamente cualificados,
imprescindibles para las relaciones humanas, que respondan a las altas
expectativas que se tienen en una universidad como la UCM. [UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID]vii


JURISPRUDENCIA


1. Obligación del Colegio de Abogados para verificar la idoneidad en el
ejercicio profesional de la abogacía

[SALA CONSTITUCIONAL]viii


“…III.-

Sobre la pertinencia del Reglamento impugnado y la competencia del
Colegio de Abogados para su emisión. En todo caso, a pesar de la falta de
requisitos de admisibilidad de esta acción, resulta pertinente referir, que la
jurisprudencia reciente de la Sala se ha manifestado a favor del establecimiento
de los requisitos señalados en el Reglamento que se pretende cuestionar, así
como de la competencia que tiene el Colegio de Abogados para su emisión,
dada la obligatoria función que tiene el Colegio para verificar la idoneidad en el
ejercicio profesional de la abogacía. Así, mediante sentencia 2014-18217, señaló
esta Sala que

“Resulta (…) incorrecto entender que hay un exceso en la función del
Colegio de Abogados pues como la propia tutelada lo señalada, esa institución
debe verificar la idoneidad, pero no limitado a un solo aspecto como sería la
ética, sino en su sentido más amplio de capacidad para desarrollar la profesión
con un mínimo de calidad.- Por ello no hay lesión alguna a ningún derecho
fundamental…”

En este sentido, tomando en consideración el deber del Colegio de
Abogados para verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión, se ha
reconocido su competencia no sólo para dictar el Reglamento de Deontología,
Vigilancia y Excelencia Académica, sino que también para incorporar las
pruebas pertinentes que más allá de lo deontológico, permitan validar aquella
idoneidad –incluso académica- que el Colegio está obligado a hacer respetar,
reconociendo también al Colegio, su competencia respecto de la definición de
los contenidos y materias a considerar en las pruebas pertinentes –ver misma
sentencia 2014-18217-, tal como bien lo admite el propio accionante, se lo
reconoce su propia legislación orgánica a partir de la reforma producida en
setiembre de 2014, reforma que, al mismo tiempo, debe orientar la lectura y


comprensión de todo documento que con anterioridad a ella se haya emitido al
respecto, como el dictamen de la Procuraduría General de la República que cita
el accionante…”

2. Realización de exámenes de incorporación como requisito para formar
parte de un colegio profesional


Sobre el sometimiento a exámenes de incorporación, como requisito para la
colegiación, se ha referido esta Procuraduría, precisando que los límites de
actuación de cada profesión, y las normas reguladoras para el ejercicio de
cada profesión deben ser establecidas por Ley. En los diferentes dictámenes
se ha señalado que la realización de exámenes de incorporación, previstos
por Ley, como requisito para la incorporación a un Colegio Profesional,
permite proveer la idoneidad profesional y que el Colegio Profesional
cumpla cabalmente con beneficiar a la sociedad con el ejercicio profesional
de personas idóneas, a juicio comprobado del Colegio


En el dictamen C-2004 del 12 de enero del 2004, se señaló


" La incorporación profesional en nuestro sistema mediante el examen de
incorporación a un Colegio Profesional, ha sido objeto de extenso estudio
por este Organo Superior Consultivo de la Administración. De esta manera,
ante una consulta planteada por el Colegio de Abogados de Costa Rica, en el
dictamen N° C-054-2000 del 17 de marzo del 2000 (en sentido similar, véase,
los dictámenes números C-055-2001 del 27 de febrero 2001, C-200-2002 del
12 de agosto y C-221-2002 del 28 de agosto ambos del 2002 y el C-219-2003
del 21 de julio del 2003 y las opiniones jurídicas números OJ-022-2001 del 20
de marzo y OJ-123-2001 del 10 de setiembre ambas del 2001 y las OJ-055-


2002 del 23 de abril y OJ-139-2002 del 8 de octubre ambas del 2002), se
analizó la realización y aprobación de exámenes de aptitud como requisito
para la incorporación a los entes corporativos profesionales, tomando en
cuenta la libertad profesional como derecho fundamental y las potestades de
los Colegios Profesionales y concretamente, el ámbito de sus competencias,
indicándose


FUNDAMENTAL


El examen de incorporación a un Colegio Profesional concierne el derecho
de ejercicio de una determinada profesión, en este caso la jurídica. La
incorporación al Colegio es un requisito indispensable para el ejercicio
profesional pero se ha establecido un "requisito" previo para esa inscripción
Ante lo cual, debe considerarse el ejercicio profesional es parte de la
"libertad profesional" que puede ser conceptuada como derecho
fundamental (A). En tanto que tal, una libertad sujeta al régimen jurídico
propio de las libertades fundamentales (B)


A-. UNA LIBERTAD FUNDAMENTAL


La Constitución costarricense no consagra expresamente la libertad
profesional. No obstante, esa libertad puede deducirse de la conjunción de
varios derechos constitucionales, tal como sucede con la libertad de
contratación. En el presente caso, la deducción se origina de lo dispuesto en
los artículos 56 y 46 de la Constitución Política, en virtud de los cuales se


reconocen el derecho al trabajo y la libertad de empresa que, para nuestros
efectos, será entendida como libertad de establecimiento


Ese carácter de libertad fundamental ha sido reconocido por la Sala
Constitucional, que en el voto N. 1626-97 de 15:21 hrs. del 18 de marzo de
1997 afirmó


"...Como bien indicó la Procuraduría General de la República, dado que el
ejercicio profesional concierne al efectivo ejercicio de una libertad pública,
éste debe ser definido por la ley..."


Posteriormente, la Sala estimó que el ejercicio profesional es manifestación
del derecho constitucional al trabajo


"...El desempeño de profesiones tituladas es una modalidad de ejercicio del
derecho al trabajo, que es un derecho fundamental, y que está permeado por
el principio de libertad; su modulación jurídica es, pues, materia propia de
la ley formal, a la que debe subordinarse la potestad reglamentaria...". Sala
Constitucional, resolución N. 7123-98 de 16:33 hrs. del 6 de octubre de 1998


Al igual que estos derechos, la libertad profesional tiene como contenido
esencial el derecho de elección de la profesión y el derecho de ejercicio de la
actividad profesional escogida. El particular tiene el derecho de decidir a
cuál actividad profesional se va a dedicar, sin que sea concebible que la
actividad sea impuesta por el Estado o una autoridad administrativa
Correlativamente, el Estado no puede imponer limitaciones a la elección de


una profesión. El único límite posible es la licitud de la actividad de que se
trate. Se ha dicho, al efecto, que la única restricción es la derivada de "la
fuerza impediente de la realidad", aquélla derivada de la organización (J.L
PIÑAR MAÑAS: "La Configuración Constitucional del derecho a la libre
elección de profesión u oficio". Estudios sobre la Constitución Española, II,
Civitas, 1991, p. 1350), como puede ser el hecho de que tratándose de una
profesión titulada, la persona no logre ingresar a la universidad o
ingresando a ésta, no sea admitido a la carrera seleccionada por ser de cupo
restringido, o en caso extremo que quiera estudiar una carrera que no se
imparte en el país. El autor antes citado nos señala sobre este derecho


"La elección se entiende que forma parte del libre desenvolvimiento
humano, del desarrollo vocacional de la personalidad y, por lo tanto, no
puede ser sometida a trabas. Ni siquiera alegando saturación profesional,
pues ello equivaldría a negar la concurrencia libre y a sepultar las
expectativas de los mejores por venir ante los peores ya establecidos". (loc
cit.)


Ergo, el Estado no puede intervenir en esa elección


Contrario a lo que sucede con la libertad de elección, la libertad de ejercicio
puede sufrir diversas limitaciones. Parafraseando a la Corte Plena, cuando
ejercía funciones de Contralor Constitucional, cabe afirmar que la persona es
libre para ejercer la actividad a que quiere dedicarse, pero una vez escogida
dicha actividad, está sujeta a todas las regulaciones públicas que se
establezcan. Por ende, el ejercicio profesional está sumido al conjunto de
disposiciones que el Estado imponga respecto de la solvencia profesional o
moral de la persona


No obstante, la potestad de regulación estatal se sujeta a determinados
principios, que informan el régimen jurídico de los derechos
constitucionales


La Sala Constitucional se ha referido en diversos fallos al régimen jurídico
de las libertades públicas. Un régimen que se caracteriza por dos principios
fundamentales: el de reserva de ley respecto de la regulación y el de pro
libertatis que informa la interpretación de los derechos fundamentales. De
acuerdo con este último, toda norma jurídica debe ser interpretada en forma
favorable a la libertad. Interesa aquí la reserva de ley


El régimen de los derechos fundamentales determina que su regulación solo
puede provenir de una norma con rango de ley o superior a ésta. La materia
de derechos fundamentales debe ser regulada por una ley entendida en
sentido formal y material. Lo que implica que corresponde, en principio, al
legislador –como representante del pueblo- la regulación de estos derechos,
quedando vedado al Ejecutivo el regular con carácter originario el derecho
en cuestión. Lo que significa una prohibición explícita para el legislador de
rehuir el establecer la regulación, remitiendo al reglamento para que
establezca los derechos y obligaciones de los titulares del derecho. En ese
sentido, la Sala ha dicho que el régimen de la libertad fundamental
contempla una prohibición de regularla por reglamento ejecutivo y que de
emitirse un reglamento ejecutivo sobre la materia, debe ser ejecución de una
ley preexistente. La conceptualización de la Sala sobre dicho régimen se


expresa en la sentencia N. 3550-92 de 16:00 hrs. de 24 de noviembre de 1992,
en la cual se dijo


"...Lo anterior da lugar a cuatro corolarios de la mayor importancia para la
correcta consideración de la presente acción de inconstitucionalidad, a saber


a. En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta
que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el
procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es
posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades
fundamentales -todo , por supuesto, en la medida en que la naturaleza y
régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales
aplicables-


b. ...solo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los
preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las
restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben
respetar rigurosamente su "contenido esencial"; y


c. En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los
autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la
ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella
está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva consecuencia
esencial


d. Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es
necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades
discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la
propia reserva de ley...". (el subrayado es del original)


Pero el legislador encuentra otros límites en el ejercicio de su potestad. Son
los derivados del artículo 28 constitucional. La regulación debe ser
razonable, proporcionada y necesaria y dirigida a tutelar, sea los derechos
de terceros, sea la moral o el orden públicos. Ha señalado la Sala sobre este
aspecto


"...no obstante que los derechos fundamentales pueden estar sujetos a
determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son
necesarias para hacer posible la vigencia de los valores democráticos y
constitucionales, por lo que además de "necesaria", "útil", "razonable" u
"oportuna", la restricción debe implicar la existencia de una necesidad social
imperiosa que la sustente. En este orden de ideas, debe distinguirse entre el
ámbito interno, que se refiere al contenido propio o esencial del derecho –
que ha sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el derecho
mismo pierde su particularidad, o lo que hace que sea reconocible como
derecho perteneciente a determinado tipo-, de manera que no caben las
restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten más
allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección; y el ámbito
externo, en el cual cobra relevancia la actuación de las autoridades públicas
y de terceros. Asimismo, la legitimidad de las restricciones a los derechos
fundamentales está ordenada a una serie de principios que este Tribunal ha
señalado con anterioridad –sentencia número 3550-92, así por ejemplo: 1-
Deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo; 2-. Para
alcanzar ese interés público, debe escogerse entre varias opciones aquélla


que restrinja en menor escala el derecho protegido; 3-. La restricción debe
ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro
de ese objetivo; 4-.la restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende
excepcional....". Resolución N. 4205-96 de 14:33 hrs. de 20 de agosto de 1996


De conformidad con lo transcrito, queda claro que el requisito de
aprobar exámenes de incorporación, ha sido objeto - como se señaló supra -
de intenso análisis, por lo que es congruente el Proyecto en estudio con los
fundamentos que legitiman el examen de incorporación


Contrario a ello, opina este Órgano Asesor con respecto al artículo 6)
inciso 4) del proyecto en estudio, que se refiere a la obligación de realizar la
práctica de consultorios jurídicos creados


Ello por cuanto, la creación de Consultorios Jurídicos, conlleva la
derogatoria de la actual Ley de Consultorios Jurídicos N° 4775, reformado
por Ley N°. 6369


No encuentra esta Procuraduría, justificación social, técnica, jurídica y
hasta académica, para que los Consultorios Jurídicos que establece la Ley
N°. 6369 sean eliminados, y trasladados al Colegio de Profesionales en
Derecho. Debe tomarse en cuenta, que no existen justificaciones en el
Proyecto, que puedan legitimar, al Colegio Profesional para remover del
ámbito de los programas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Costa Rica, los Consultorios Jurídicos


 Considera esta Procuraduría, que eventualmente, tal remoción si la
acordara el legislador, provocaría roces constitucionales con la autonomía
universitaria establecida por el constituyente, además de que como bien lo
ha señalado la Sala Constitucional, incluso en la jurisprudencia transcrita,
las restricciones al ejercicio profesional además de necesarias, útiles,
razonables y oportunas, deben implicar la existencia de una necesidad social
imperiosa


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iColegio de Abogados de Costa Rica. Reglamento de Deontología, vigilancia y Excelencia
Académica. Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No. 02-2014, celebrada el 08
de diciembre del 2014

ii MORA, Luis Paulino Exposición en el Congreso Nacional de Gestión Curricular en
Educación Universitaria y su impacto en la formación profesional. Tomado de
http://sitios.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol78/discursos/dc06.htm

iii RAMÍREZ VALLEJO, Verónica. (2012) “Consideraciones jurídicas sobre la ética y la moral

de los profesionales en Derecho”. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho
de la Universidad de Costa Rica. Página 87

iv Dr. Luis Paulino Mora refiriéndose a la sentencia 5483-95 emitida por la Sala
Constitucional. Exposición en el Congreso Nacional de Gestión Curricular en Educación


Universitaria y su impacto en la formación profesional. Tomado de http://sitios.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol78/discursos/dc06.htm

v Tomado textualmente de la exposición de motivos del de Deontología, vigilancia y
Excelencia Académica

vi LAWMASTERS. Exámenes del Colegio de Abogados Estadounidense. 2016. Stanford,
California. Tomado de http://lawmasters.com/spanish/exam.html

Universidad Complutense de Madrid. Acceso a la Profesión de Abogado (2016) Tomado

de: https://www.ucm.es/estudios/master-abogado

viiiSALA CONSTITUCIONAL. Sentencia 02693 de nueve horas y cinco minutos del
veinticinco de mayo de dos mil quince. Expediente: 15-002043-0007-CO

ixProcuraduría General de la República. Opinión Jurídica Nº 142 - J del 03 de noviembre
de 2004