La prescripción de las sanciones disciplinarias a Abogados

Rama del Derecho: Colegios profesionales. Descriptor: Colegio de Abogados y Abogadas

Palabras Claves: Sanción a Abogados, Plazo de prescripción, Régimen disciplinario del Colegio
Profesional, Caducidad, Análisis de los actos dictados por el Colegio

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 05/04/2019

Investigador: Luis Daniel Morux Vargas


CONTENIDO
1. Análisis respecto al plazo de prescripción aplicable para la sanción disciplinaria en el colegio de
2. Prescripción de la potestad disciplinaria: Inicio del plazo de prescripción de la acción disciplinaria
4. Plazo de caducidad aplicable para ejecución de un acto sancionatorio firme por parte del Colegio
6. Sanción disciplinaria a abogado: Análisis con respecto a los actos dictados por el Colegio de


RESUMEN

La presente reseña trata el tema de la prescripción y caducidad de la sanción
administrativa al Abogado se citan los artículos del 10 al 15 de la Ley Orgánica del Colegio
de Abogados y Abogadas De Costa Rica, y sobre éstos variada jurisprudencia del capítulo III
de las sanciones a los abogados tratando temas como: el plazo de prescripción aplicable para
la sanción disciplinaria en el colegio de abogados, el inicio del plazo de prescripción de la
acción disciplinaria, el régimen disciplinario de colegio profesional, el cómputo del plazo de
prescripción en caso de investigación previa al despido, entre otros


 NORMATIVA
Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Ricai

(Así adicionado el capítulo anterior por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993,
"Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial")


ARTÍCULO 10.- Deberán ser suspendidos en el ejercicio de su profesión los
abogados

1.- Cuando se hubiera dictado contra ellos auto firme de elevación a juicio, por delito
doloso que merezca pena de prisión mayor de tres años, siempre que a juicio de la
Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas(*) el hecho atribuido afecte
gravemente el ejercicio correcto de la abogacía

(*) (Así modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12 de agosto de 2014
Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados")

Asimismo, deberán ser suspendidos cuando fueren condenados por delito a una pena
de prisión o de suspensión para cargos y oficios públicos y profesiones liberales. Para
tales efectos, el tribunal respectivo deberá comunicar lo pertinente a la Fiscalía del
Colegio de Abogados y Abogadas(*)

(*) (Así modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12 de agosto de 2014
Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados")

2.- Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus poderdantes o
clientes

3.- Cuando en cualquier forma apareciere que han incurrido en apropiación,
malversación, defraudación, exacción o uso indebido de fondos en daño de sus
clientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles consiguientes

4.- Cuando el abogado haya autenticado firma falsa, o firma no puesta en su
presencia, o cuando se preste a que, por su medio, litiguen personas no autorizadas
por la ley

5.- Cuando su conducta sea notoriamente viciosa por embriaguez, por drogadicción o
cualquier trastorno grave de conducta que comprometa el ejercicio de la profesión

6.- Cuando, en general, cometan alguna falta de probidad u honradez en el ejercicio
de la profesión, no comprendida en ninguno de los números anteriores

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")


ARTÍCULO 11.- La Junta Directiva del Colegio de Abogados deberá decretar la
suspensión del profesional que se encuentre en los supuestos del inciso primero del
artículo anterior. La suspensión se mantendrá mientras el abogado no sea absuelto,
no cumpla la pena o no sea rehabilitado

El procedimiento para la imposición de la suspensión será fijado por la Asamblea
General del Colegio, especialmente convocada al efecto y en él se garantizarán los
principios del debido proceso y defensa

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")


ARTÍCULO 12.- En los demás casos del artículo transanterior, la Junta Directiva del
Colegio de Abogados y Abogadas(*), siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
General de Administración Pública, decretará la supensión, por mayoría absoluta de
votos presentes y en votación secreta. La resolución final tendrá únicamente el recurso
de revocatoria, cuya decisión dará por agotada la vía administrativa

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")

(*) (Así modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12 de agosto de 2014
Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados")


ARTÍCULO 13.- La suspensión no podrá ser inferior de un mes ni mayor de doce
años, atendiendo a la gravedad de la falta

El abogado que dejare de ser miembro del Colegio por las causas que se indican en el
artículo 3 de esta Ley, podrá solicitar su reinscripción, sin perjuicio de cumplir la
sanción, lo que podrá ser acordado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
Abogadas(*), siempre que con ello no se hagan nugatorios los fines del régimen
disciplinario

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")

(*) (Así modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12 de agosto de 2014
Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados")


ARTÍCULO 14.- La suspensión podrá pedirla el Ministerio Público, el Fiscal del
Colegio o cualquier persona mayor de edad con interés legítimo

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")


ARTÍCULO 15.- Decretada la suspensión, la Junta Directiva ordenará su publicación
en el Boletín Judicial y lo comunicará al Consejo Superior del Poder Judicial. La
medida surtirá efectos a partir de la publicación

(Así adicionado por el por el artículo 3° de la ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993, "Reforma Integral
a la Ley Orgánica del Poder Judicial")


 JURISPRUDENCIA


1. Análisis respecto al plazo de prescripción aplicable para la sanción
disciplinaria en el colegio de abogados


Voto de mayoría

[…] “II. Formula un agravio. Reclama indefensión con base en los ordinales 194 y
195 del Código Procesal Civil. El actor, comenta, pidió en su demanda la caducidad
del procedimiento administrativo y la sanción impuesta en su contra. No obstante,
explica, el Tribunal dispuso la prescripción. Fue hasta la etapa de juicio, refiere, que
solicitó tal declaratoria, “lo que implica al tenor de lo regulado en los numerales 45, 46,
58, 63, 90 y 95, tal acción (sic) provoque la nulidad de lo actuado, por el
incumplimiento del iter establecido para tal efecto, así como por que para el momento
procesal de la etapa de juicio, había precluido la posibilidad de realizar los ajustes de
la pretensión tal y como lo señala el apartado 90.1.b. de la Ley 8508.” A su juicio esto
evidencia que no hay nexo entre lo solicitado y lo resuelto, lo que provoca un
“beneficio excesivo” al actor, yerro que no puede ser convalidado ni saneado e implica
la nulidad del fallo

III. El recurrente, sin precisarlo de modo adecuado, invoca dos reparos. Por un lado
deja entrever incongruencia en el fallo, y al propio tiempo reclama indefensión. A fin
de examinarlas, el primer punto a determinar es el límite máximo hasta el cual se
puede invocar una pretensión procesal. Es absolutamente claro que el momento
natural para la adecuada formulación de pretensiones, por regla general aplicable a
todos los procesos, es la demanda. Así, el artículo 43 del Código Procesal
Contencioso Administrativo (CPCA) refiere: “En la demanda pueden deducirse, de
manera conjunta, cualesquiera de las pretensiones contenidas en este capítulo (…)”
La doctrina procesal reconoce, para ciertos casos, la posibilidad de ampliación de la
demanda, bien sea en cuanto a hechos o pretensiones, bajo determinados supuestos
Para la materia contenciosa, es relevante lo fijado en el precepto 95 ibídem, conforme
al cual: “1) Si la jueza, el juez tramitador o el Tribunal, de oficio o a gestión de parte,
estima que las pretensiones o los fundamentos alegados pueden ser objeto de
ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, dará a los interesados la palabra para
formular los respectivos alegatos y conclusiones. / 2) En tal caso, si a juicio del
Tribunal o de la jueza o el juez tramitador, según corresponda, resulta absolutamente
necesario, la audiencia podrá suspenderse por un plazo que no podrá exceder de los
cinco días hábiles.” (El destacado es suplido). Esta regla, si bien contenida en el
acápite de la audiencia preliminar, es aplicable también para la del juicio oral y público
Así se deduce de su propio texto, toda vez que en la audiencia preliminar sólo
interviene el juez tramitador (artículo 59 CPCA), de ahí que el precepto 95 referido, al
mencionar al “Tribunal”, evidencia su vocación general no constreñida a la audiencia


preliminar, sino que también abarca la etapa de juicio, pues es ahí donde interviene un
órgano colegiado designado como “Tribunal”. Así las cosas, debe concluirse entonces,
con base en ese precepto, que –por ruego o de forma oficiosa- aún en el debate,
pueden introducirse pedimentos no contenidos en la demanda, siempre que se
respeten las reglas que fijan la acumulación y que, en particular, se asegure a la
contraparte, el adecuado y proporcional ejercicio de su derecho de defensa, según
deja entrever la misma regla (“(…) dará a los interesados la palabra para formular los
respectivos alegatos.).”. En este asunto, según el Tribunal, durante la etapa de juicio el
actor “aclaró” que también pretendía la prescripción del procedimiento sancionatorio y
de la sanción en sí misma. Ese órgano jurisdiccional advirtió en la lectura de su
pronunciamiento de fondo, que se había otorgado la respectiva audiencia al
demandado, quien tuvo oportunidad de manifestar sus alegatos en torno al punto. Así
las cosas, este recuento normativo y la revisión de lo acontecido en el juicio oral y
público dan cuenta de que en este litigio no se constata la incongruencia, pues la
prescripción de la potestad disciplinaria fue pedida por el interesado en una etapa
habilitada para ello. Además, en vista de que se otorgó la posibilidad a la contraparte
de ejercer su defensa técnica al respecto, también se descarta la indefensión. Luego,
el reparo debe denegarse


IV. Formula un agravio. El Tribunal, dice, fija el plazo de prescripción de la potestad
ejecutoria de un acto administrativo firme, en el “término” establecido en el artículo
87.2 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho
(CDJMEPD), pero incurre en contradicción pues previamente indica que la materia
objeto de debate tiene reserva legal, inobservando de ese modo lo dispuesto en los
numerales 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública. Lo correspondiente
era aplicar otra regla de carácter legal, expresa, tal y como lo hizo otra Sección de este
mismo Tribunal, conforme a lo dispuesto en el precepto 198, en conjunto con el 364
ibídem. Este órgano, dice, mantiene tres criterios distintos en torno al punto. No
obstante, el recurrente omite las referencias de esos precedentes del órgano
jurisdiccional de instancia

V. El casacionista reclama, entonces, contra la norma que definió el Tribunal como
reguladora del plazo de prescripción aplicable a la ejecución de la sanción impuesta al
profesional, pues en su criterio, es de cuatro años y no de dos. Al respecto conviene
revisar lo dicho por la Sala Primera en su voto no. 479-F-S1-11 de las 11 horas 40
minutos del 7 abril 2011, con ocasión de un proceso disciplinario seguido contra un
profesional en ingeniería por su respectivo Colegio. En esa oportunidad se consideró
que había un vacío reglamentario respecto al plazo de prescripción de la falta, que no
estaba normado ni en el Reglamento ni en la Ley Orgánica del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, ante lo cual se ponderó la semejanza entre la labor
fiscalizadora de los colegios profesionales con la tarea que en tal sentido despliega la
Contraloría General de la República respecto de la Administración, y se decantó por
aplicar una norma de la Ley Orgánica del ente contralor que define el plazo de
prescripción de las faltas. No obstante, la situación es diferente en este asunto, toda
vez que el CDJMEEPD, sí contiene norma que se ocupa de la prescripción de la
potestad disciplinaria. El numeral 87 de ese último texto reglamentario refiere: “1


Cuando los hechos imputados puedan constituir delito, según calificación de la Junta
Directiva del Colegio de Abogados, la acción disciplinaria prescribe en los plazos de
prescripción de la acción penal (…). 2. Las demás faltas prescriben en dos años. (…)
La prescripción de la acción disciplinaria, en cualquiera de los casos anteriores se
interrumpe con la presentación de la denuncia ante el Colegio de Abogados y con
todas las actuaciones que con ocasión del trámite del procedimiento disciplinario se
realicen posteriormente. (…)”. Con base en esta regla el Tribunal estimó que el
procedimiento disciplinario dio inicio antes de que se computara el plazo de
prescripción de la potestad sancionatoria, y que durante el trámite se sucedieron
diferentes causas interruptoras que impidieron la constatación de ese plazo. Situación
diferente juzgó respecto de la ejecución de la sanción. En torno al punto consideró que
si bien no existía norma que regulase el plazo de prescripción de la ejecución del acto
sancionatorio, “en sana lógica es el mismo de la facultad disciplinaria”, a partir de lo
cual consideró que el inicio de la eficacia del acto sancionatorio se constataba con la
publicación del edicto que daba cuenta de la sanción, que tuvo lugar en febrero de
2008, pero que no había sido sino hasta abril del año 2010 que se ejecutó la sanción,
de modo que sí se había completado el plazo fatal. El recurrente invoca la
inaplicabilidad de su propia regla, para sugerir la aplicación de preceptos de rango
legal que tienen un plazo mayor de prescripción, de modo que en este asunto el punto
radica en determinar si prevalece el criterio de especialidad de la normativa, o bien, el
de legalidad. Al respecto debe considerarse lo externado por la Sala Primera en el fallo
que fue mencionado previamente. En esa oportunidad también se refirió: “(…) Por
último, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
prescripción (al menos de los derechos patrimoniales) se encuentra sujeta al principio
de reserva de ley (votos 2008-14004 de las 10 horas 13 minutos del 19 de setiembre
de 2008 y 2009-13605 de las 14 horas 56 minutos del 26 de agosto de 2009). No
obstante lo anterior, es criterio de esta Sala que la perención por el ejercicio de la
acción bien puede ser regulado vía reglamentaria, toda vez que se trata de una
limitación de la aplicación temporal de la competencia de la Administración mas no
implica la restricción un derecho patrimonial, tal y como se deriva del sustrato de los
antecedentes citados.” De tal línea definida por la Sala Primera, estima este Tribunal
que se extrae, por paridad de razón, que la prescripción de la falta disciplinaria, y en
particular de la materialización de la sanción, al versar también respecto a una
autolimitación de la competencia otorgada a los colegios profesionales para el ejercicio
de sus atribuciones, no requiere de rango legal, en tanto no se afectan derechos de
terceros. Esto implica, a su vez, el reconocimiento de la validez y eficacia del artículo
87 citado del CDJMEPD para definir el plazo de fenecimiento de la potestad
sancionatoria del Colegio de Abogados. En abono de esto cabe recordar que el
artículo 2 de la Ley General de la Administración Pública refiere que las reglas
contenidas en ese texto legal, “(…) se aplicarán también a los otros entes públicos, en
ausencia de norma especial para estos.”, de modo que prevalece, en este caso, el
criterio de especialidad. Comparte este Tribunal la tesis esbozada por el órgano de la
instancia precedente, en cuanto a que si bien el precepto no regula de modo expreso
la prescripción de la ejecución de la sanción disciplinaria, debe llenarse el vacío
normativo atendiendo no, a una “sana lógica”, sino más bien al principio general de
derecho (de aplicación obligada según el numeral 7 de la Ley General de la
Administración Pública, para supuestos de integración) de que lo accesorio (ejecución
de la sanción) sigue a lo principal (potestad sancionatoria), de modo que el plazo

aplicable para la primera, ha de entenderse homologado al reglado para el ejercicio de
la potestad disciplinaria, esto es, de dos años. Esto supone entonces que no hay
sustento jurídico para que el demandado pretenda desconocer su propia disposición
reglamentaria a fin de desconocer la autoregulación emitida. Luego, por las razones
señaladas, el reparo tampoco es de recibo. Así las cosas, conforme a lo expuesto, el
recurso debe denegarse, imponiendo sus costas a la parte promovente, en los
términos del precepto 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo.”


2. Prescripción de la potestad disciplinaria: Inicio del plazo de prescripción
de la acción disciplinaria contra una licenciada


Voto de mayoría


I.- La licenciada HCR demanda a la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Le
atribuye violaciones a los principios del debido proceso, derecho de defensa y
seguridad jurídica, sobre todo, al interpretar arbitrariamente el instituto de la
prescripción, apreciar de manera indebida la prueba e inobservar las normas
procesales referentes a los medios impugnaticios y a los principios generales del
derecho. Todo ello, aduce, en el trámite y resolución de un proceso administrativo
disciplinario que en su contra cursó la Fiscalía de ese Colegio, imponiéndole la Junta
Directiva tres meses de suspensión para ejercer como abogada. Pide se declare en
sentencia la nulidad de ese acto y se le indemnicen los daños y perjuicios. La parte
demandada planteó la expresión genérica “sine actione agit” y opuso las excepciones
de falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad, que el Juzgado acogió
para declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, con ambas costas a cargo
de la actora. El Tribunal confirmó la sentencia apelada

II.- Recurre ante esta Sala la demandante, quien en términos muy generales, sin
especificación alguna, alega “…violación a la interpretación de la ley sustantiva e
integración de las normas del derecho administrativo sancionador dado que para el
momento de los hechos estaba vigente en la materia de marras y violación a las reglas
del debido proceso por ende y las reglas de la hermenéutica jurídica aplicables a los
procesos sancionatorios disciplinarios”. Objeta el rechazo de la defensa de
prescripción que formulara en el proceso disciplinario y el cómputo que se hizo del
plazo, cuyo instituto indica estar regulado por el artículo 71 del Código de Moral del
Colegio de Abogados, vigente al momento de cometerse la supuesta falta. Explica, en
el año 2001 suscribió un contrato con la denunciante y allí radica el hecho generador
de la falta sancionada en el canon 39 Ibídem., en tanto para el Colegio de Abogados y

el juzgador de primera instancia, los honorarios cobrados son abusivos. En este
sentido, manifiesta, a partir de la firma de ese acuerdo debe contabilizarse la
prescripción. Pero, el Tribunal estima que es a partir del último acto realizado por ella
en el proceso judicial, sea, la oposición a la legalización de un crédito. Esto lo objeta,
según afirma, por cuanto tuvo que hacerlo en defensa de los intereses de la quejosa
Además, continúa, en sí mismo no fue ilegal, inmoral o contrario a los principios éticos,
de manera que tampoco vale considerarlo como el inicio del cómputo del plazo
prescriptivo. A su juicio, la denunciante pudo buscar otro profesional que atendiera el
sucesorio, si es que no estaba conforme con el pacto de cuota litis o no quería pagar
Incluso, refiere, un juez civil autorizó la cuenta partición y legitimó sus honorarios; sin
embargo, citada la Junta Directiva, sin competencia, establece que el acto es contrario
a los principios éticos. Asimismo, agrega, la mala aplicación del instituto de la
prescripción y de la ley vigente, viola el debido proceso y su derecho de defensa. Para
cuando sucedieron los hechos, insiste, la norma vigente era el canon 71 del
relacionado Código que, en relación al cómputo, no establecía el momento para
interrumpir o suspender el plazo, pues solo aludía a la presentación de la denuncia en
el Colegio. Esta lo fue por un cobro excesivo de honorarios, reitera, que nace a la vida
jurídica con la firma del contrato de cuota litis, en enero de 2001. No debe ser como lo
interpretaron los jueces de ambas instancias, señala, pues de todas maneras, la
cuenta partición se presentó el 6 de junio de 2002 y la aprobó el Juzgado en
noviembre de ese año, consintiendo en ello la ofendida. En síntesis, asevera, el plazo
prescriptivo del supuesto cobro en exceso se generó desde el 2001, al suscribirse el
acuerdo y no existe en la legislación administrativa ningún efecto continuado, tampoco
precepto alguno estableciendo que se interrumpe o deba contarse a partir de finalizar
la asesoría jurídica, como erróneamente lo interpreta el Ad quem. A modo de
hipótesis, expone, si al legalizar el crédito y conferida la audiencia ella no hubiese
contestado, entonces sí le acarrearía responsabilidad para con la clienta; pero nunca
se debe tomar ese acto para decir que el cómputo no había empezado, interpretando
el Código de Moral que fue omiso en regular ese instituto, sin que esa laguna deba
afectarle. Además, enfatiza, su representada siempre estuvo de acuerdo con el
convenio y no buscó otro profesional, ni siquiera denunció antes de marzo de 2004
Dice, la sentencia impugnada no toma en cuenta, como parámetros para sancionar, la
Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y el Código
Procesal Penal. La LGAP, manifiesta, establece que los plazos de prescripción y
caducidad empiezan a correr desde el momento que suceda el acto. Asimismo, el
derecho administrativo debe aprovecharse de los principios del derecho penal, pues
de no respetarse en lo disciplinario, aquel se convierte en apariencia formal de la
defensa, sin ser efectiva ni real, como así califica haber sucedido en el caso concreto,
en tanto la falta de aplicación de la normativa penal vulnera su defensa, generando
inseguridad jurídica e inoperancia de la prescripción. Por eso, acota, en virtud de la
aplicación analógica de los principios penales, el plazo debe comenzar a correr desde
que suceda el hecho, como lo apoya con una cita doctrinaria y una trascripción de la
sentencia recurrida, para enfatizar que el derecho penal debe considerarse como
fuente supletoria del derecho administrativo sancionatorio. Critica de nuevo al
Superior, al estimar que de no aplicarse la tesis que plasma generaría grave
inseguridad jurídica para las personas, entendiendo que la prescripción debe empezar
a correr al terminar la relación cliente-abogado por una base de confianza. Sin
embargo, censura, también se debe asegurar el principio de autonomía de las

personas que contratan con quienes así lo deseen. Igualmente, le critica cuando
afirma que la prescripción es inoperante, como si fuese un tribunal de conciencia y no
de Derecho, apegado no a principios jurídicos sino a otros de naturaleza pragmática y
social, desconociendo que se están juzgando hechos con fundamento en normas
vigentes y aplicables al caso en examen

III.- Luego del libelo del recurso, admitido por esta Sala según el auto de las 14 horas
10 minutos del 6 de mayo de 2010, el apoderado especial judicial de la demandante
presenta escrito con el propósito de “REITERAR ALEGATOS DEL RECURSO DE
CASACIÓN PRESENTADO…”. En él se aducen otras manifestaciones de agravio,
pero resultan inatendibles por cuanto la impugnación ya había sido formulada y, de
conformidad con lo establecido en el precepto 135 del Código Procesal Civil:“Los actos
procesales de las partes producirán inmediatamente la constitución, modificación o
extinción de derechos y deberes procesales…”. A ello debe agregarse que ese escrito
se aportó ya vencido el plazo de presentación y de ampliación del recurso

IV.- Los artículos 596 y 597 Ibídem., exigen que en la impugnación ante esta Cámara
se indiquen, de modo claro y preciso, las disposiciones jurídicas que se estimen
violadas. En la especie, la casacionista invoca quebrantos a las normas del derecho
administrativo sancionador y defectos en la integración de los preceptos jurídicos,
dentro de la labor de hermenéutica e integración que echa de menos. Además,
menciona la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y el
Código Procesal Penal. Sin embargo, inobservando las relacionadas exigencias, no
cita disposición concreta de esos instrumentos normativos, lo que impone desestimar
el cargo por informal

V.- Con todo, a mayor abundamiento de razones para el rechazo, tómese en cuenta
que la queja que planteara la señora Virginia Solís Umaña contra la licenciada Castillo
Ramírez en el Colegio de Abogados lo fue, en esencia, por el cobro excesivo de
honorarios profesionales, al fungir como su abogada en un proceso sucesorio. En este
sentido, no es materia objeto de debate las cuestiones atinentes a la constitución del
acuerdo, por lo que las manifestaciones de la recurrente, en torno a que la
denunciante pudo oponerse a lo negociado, debió buscar otro patrocino letrado o a
que el juez tramitador no declaró irregularidad alguna cuando se presentó el contrato
con el proyecto de cuenta partición, devienen inatendibles. En todo caso, nótese, la
Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando como Consejo de Disciplina, fue
enfática en direccionar su examen y pronunciamiento, no al pacto en sí mismo, ni a las
formalidades o requisitos de su génesis, según las reglas del ordenamiento civil, sino a
los efectos particulares generados, en orden a la ética profesional, sea, en punto a los
aspectos relacionados con el cumplimiento de la obligación derivada del negocio entre
la abogada y su clienta, en función de la responsabilidad disciplinaria por cobros y
pagos indebidos. Por ello, no debe considerarse la fecha de su rúbrica, como punto de
partida del plazo de prescripción anual, que regulaba el artículo 71 del entonces
vigente Código de Moral Profesional del Abogado; máxime, proyectándose la relación
entre la Licenciada Castillo y la señora Solís por varios años. En efecto, luego de
suscrito ese acuerdo, el nexo entre ambas continuó, precisamente, en virtud de la
gestión judicial realizada en el curso del proceso sucesorio, dentro de un marco de
lealtad que, en la normalidad de los casos, ha de imperar en el vínculo entre


profesional y cliente, sobre todo, en virtud de la confianza que se deposita en la letrada
para la correcta dirección de los asuntos jurídicos. Además, no hay razón alguna para
considerar que la señora Solís, al firmar el contrato, estimara que ese medio de fijación
de emolumentos determinaría cobros excesivos o era inconveniente a sus intereses,
de modo que tampoco procedía exigir que formulara, para esa época, reclamo alguno
Por supuesto, es cuando se materializan los efectos de la ejecución de lo pactado y
ella se ve en la necesidad de depositar los honorarios, que toma conciencia de su
carácter nocivo, lo que, en última instancia, llevó a la denuncia ante el Colegio
Profesional. En síntesis, no encuentra esta Sala que el parámetro establecido por el
Tribunal, para fijar el inicio del plazo de prescripción, sea contrario a derecho, pues el
patrocinio se extendió al menos hasta agosto de 2003, a lo que bien podría agregarse,
como se tuvo por cierto en la sentencia impugnada y no se ha desvirtuado, que la
denunciante realizó depósitos en diversas cuentas bancarias a favor de la Licenciada
Castillo, cuyo detalle, que también consideró demostrado la Junta Directiva del Colegio
de Abogados, informa sobre varias partidas de dinero que se giraron, algunas de las
cuales se depositaron, incluso, entre el 14 de junio de 2002 y el 30 de setiembre de
2003, lo que representa la ejecución del contrato de cuota litis y los cobros excesivos
que fueron origen del pago indebido por el que fue sancionada la profesional. Esto
significa que desde esas fechas, en las cuales se identifica la proyección de las
labores profesionales, como también los pagos que por ese concepto se giraron y se
estimaron en demasía, no se cumplió el citado año, considerando que la denuncia se
presentó el 10 de marzo de 2004 y el artículo 71 en comentario estipula que la
prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe al presentarse la queja ante el
Colegio de Abogados y por las actuaciones propias que demandan el correspondiente
trámite

VI.- Por lo expuesto, se debe rechazar el recurso, con sus costas a cargo de la parte
actora (artículo 611 del Código Procesal Civil)


3. Régimen disciplinario de colegio profesional: Sanción disciplinaria a
abogado


Voto de mayoría


“IV-) Con respecto a las potestades sacionatorias de los Colegios Profesionales, como
entes públicos no estatales, la Sala Constitucional ha manifestado en voto 0789-94, de
las quince horas veintisiete minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro, lo siguiente: "(...) Los Colegios Profesionales poseen fines públicos que han

sido otorgados por el Estado, para cuyo cumplimiento éste dota a las corporaciones de
funciones de regulación y de policía, funciones que normalmente pertenecen y son
ejercidas por el mismo Estado. Dentro de las funciones administrativas desempeñadas
por los citados Colegios están las de fiscalización y control respecto del correcto y
eficiente ejercicio profesional, lo que lleva implícito una potestad disciplinaria sobre los
Colegios, en donde la imposición de sanciones debe realizarse respetando el principio
del debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa, de ser oído y
de producir las pruebas que entienda pertinentes, en apego al artículo 39
constitucional. Por ello se dice que estos Colegios son titulares de potestades de
imperio respecto de sus miembros, los cuales entran en una relación jurídica
administrativa de sujeción especial como destinatarios de los actos administrativos, en
ejercicio de aquella potestad disciplinaria, expresiva de la función administrativa que
desarrolla y que dicta el Colegio profesional." Como corolario a lo anterior, en esta
materia disciplinaria, resulta evidente el respeto de los elementos que conforman el
debido proceso -que derivan de las garantías establecidas en los artículos 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 y 42 de la Constitución Política-. En este sentido, el voto 1484-96 de la
Sala Constitucional, señala: “[...] todas esas normas jurídicas, derivadas de la
Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la
realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutelan
un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que tienen
plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de
la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto
acatamiento por las autoridades encargadas de autorizar cualquier procedimiento
administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado.." No obstante lo anterior,
en un voto del mismo año, la Sala Constitucional aclara que en ésta materia no se
aplica la rigidez propia que el Derecho de la Constitución exige en el área penal, en
tanto que en ésta, se evidencia una mayor afectación de los derechos fundamentales
de los administrados, en razón de la gravedad que implica el sometimiento de una
persona a una sanción privativa de la libertad personal. En este orden de ideas, el voto
5594- 94, de las 15:48 horas de 27 de septiembre de 1994, indicó lo siguiente: "III. EL
disciplinaria, no se aplica el principio de tipicidad en la misma forma que se hace en
materia penal, de conformidad con el artículo 39 constitucional, según lo ha
manifestado en forma reiterada esta Sala, al señalar que: "Para que una conducta sea
constitutiva de delito, no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es
necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una
norma, esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la
materia represiva la de mayor intervención en los bienes jurídicos importantes de los
ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener
cabal conocimiento de cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, so
pena de incurrir en responsabilidad criminal ..." Puede afirmarse que el principio de
tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero
no en la misma forma que en ámbito jurídico-penal, ya que los principios "nullum
crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les
caracteriza en el derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de
índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y
los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad
disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal

del Estado. Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe estar
establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo, por su
generalidad, toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos
indeterminados, o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta no está
plenamente definida no hay pena. En el derecho disciplinario, en razón del fin que
persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que regula, --la
disciplina-, la determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que la
sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación
de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están
especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio de este poder es
discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes
funcionales, sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho
sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los hechos punibles se haga vía
reglamentaria no tiene carácter limitativo . Motivado en la variedad de causas que
pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la
esfera de aplicación, no siempre es orgánico ni claro en la expresión literal, razón por
la cual puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas concretamente,
pero que se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la
comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La
falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al
funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido
especialmente definida aunque si prevista. Los hechos determinantes de las faltas
disciplinarias son innumerables, pues dependen de la índole de los comportamientos o
conductas de los sujetos "subordinados", comportamientos o conductas en verdad
ilimitados en número dada su variedad; por ello se deduce la existencia de tres
elementos de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una
omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad libre; y
3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del servicio o
afección inmediata o posible de su eficacia IV. LOS CONCEPTOS Jurídicos
INDETERMINADOS EN EL REGIMEN DISCIPLINARIO. En razón de la sanción a
aplicar -la penal o la disciplinaria- es que puede tomarse en consideración para
determinar la mayor o menor exigencia en cuanto a las garantías del debido proceso,
entre las que se encuentra el principio de tipicidad, por cuanto, a mayor sanción debe
haber mayores garantías, la cual se traduce en el caso en estudio -en el proceso
disciplinario-, en la menor rigidez de este principio. Por ello, fundamentado en la
materia que regula y en la variedad sin fin de conductas que involucra, en la esfera
disciplinaria no sería fácil concluir la eliminación de todo tipo de infracción definido en
términos abiertos, como los que hacen referencia a conceptos jurídicos
indeterminados. No obstante lo anterior, no puede afirmarse que se puede obviar
totalmente la definición de las conductas que se han de sancionar en aplicación del
principio de legalidad, y más específicamente del de tipicidad. Por ello, debe
entenderse, que los tipos enunciados en términos aparentemente deontológicos deben
convertirse en tipos jurídicos perfectamente tecnificados, en el sentido de formular
conceptos determinables, por lo cual los conceptos jurídicos indeterminados de
conductas habrán de ser concretados o completados a través del análisis
pormenorizado de los hechos y de una interpretación de los mismos desde los valores
que en dichos conceptos se define. De esta manera, los tipos más o menos imprecisos
-en el sentido de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados- o abiertos, son

de utilización imprescindible en la esfera disciplinaria, dada la indeterminación misma
de los deberes profesionales y de disciplina que se intentan garantizar, que sólo en
términos muy generales son susceptibles de enunciarse. Pero lo anterior no puede
justificar apreciaciones totalmente abiertas e inespecíficas, estimaciones "en
conciencia", tanto respecto a la amplitud del deber profesional o de conducta cuya
falta se reprocha, sino que debe aplicarse sobre la realidad de la conducta reprochada,
haciendo así efectivo el principio de legalidad -artículo 39 constitucional- pero
adecuado a la materia administrativa. De tal manera, por ejemplo, no será en modo
alguno suficiente limitarse a reprochar a un funcionario una falta de probidad, en
abstracto, sino que es necesario concretar en la conducta específica que se enjuicia,
dónde es imputable dicha falta en concreto, desde la perspectiva de los deberes
positivos del funcionario, a los que ha faltado. Consecuencia de lo anterior, al
momento de interpretar una norma, debe hacerse en relación con la actividad que ella
regula; en el caso en estudio debe hacerse en función de la Educación, con lo cual se
evita la arbitrariedad en la utilización de los "conceptos jurídicos indeterminados(...)"
Con respecto a estos principios se ha señalado que conviene indicar que en materia
sancionatoria disciplinaria, no se puede olvidar la existencia de determinados
principios generales inherentes al sistema democrático, tales como los siguientes: "El
de cosa juzgada. Nadie puede ser investigado más de una vez por la misma acción u
omisión constitutiva de falta disciplinaria. Ello no obsta a que coexista distintas
responsabilidades determinadas en diversos procedimientos (ver apartado anterior). El
de la tipicidad, entendida como la identidad entre los presupuestos fácticos de la
conducta realizada y la descrita en la norma. Ello implica la prohibición de aplicar la
analogía. El de la irretroactividad, con ultraactividad limitada de la ley administrativa
sancionadora. El principio de culpabilidad (análisis de la imputabilidad.) En materia
disciplinaria queda proscripta toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son
sancionables a título de dolo o culpa. Queda excluida la responsabilidad objetiva. El
de proporcionalidad de la sanción, que debe estar de acuerdo con el fin perseguido, lo
cual conlleva a la coherencia de todo el ordenamiento jurídico. El de razonabilidad,
principio que es fundamental y que se ha abierto paso a través de la jurisprudencia y la
doctrina. Se relaciona con los conceptos de prudencia, de no arbitrariedad, de lo
justificado. El principio de celeridad. El procedimiento disciplinario debe ser impulsado
oficiosamente, suprimiéndose todos los trámites innecesarios; debe dársele la mayor
dinámica posible para realizar una gestión eficaz. Los términos son obligatorios. El de
favorabilidad. La ley favorable o permisiva se aplica, en principio, de preferencia a la
restrictiva o desfavorable, pudiendo aquélla ser retroactiva. La interpretación y la
aplicación de la normativa, aunque sea posterior, deben dirigirse hacia la disposición
que mayores garantías o prerrogativas dé al funcionario”. (Hutchinson Tomás
Responsabilidad Administrativa del Funcionario Público. En compilación
Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. Echeverria Carlos. Editorial
Hammnurabi. Buenos Aires. 2003) Referente al principio de legalidad - tipicidad se ha
indicado en la doctrina, conteste con lo resuelto por nuestra Sala Constitucional, lo
siguiente: "El principio de legalidad, identificado con la reserva de ley, significa que
tanto las infracciones como las sanciones han de estar contenidas en normas de rango
legal. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil concretar todos los elementos de la
infracción y de la sanción en normas de este rango, debido a la lentitud e intermitencia
de los trámites parlamentarios y, en conexión con ello, a la necesidad de actualizar
constantemente los ilícitos y las sanciones, por eso el rigor con el que debería

aplicarse el principio de legalidad se atenúa en el ámbito de las infracciones y
sanciones administrativas admitiéndose la colaboración reglamentaria en orden a la
tipificación de unas y otras" (Cordero Saavedra Luciano y otros Derecho Sancionador
Público del Trabajo. Editorial Constitución y Leyes. España.2001. Pag. 97-98)

V.- El artículo 10 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, establece como
causales de suspensión de los profesionales en derecho: "Deberán ser suspendidos
en el ejercicio de su profesión los abogados: 1.- Cuando se hubiera dictado contra
ellos auto firme de elevación a juicio, por delito doloso que merezca pena de prisión
mayor de tres años, siempre que a juicio de la Junta Directiva del Colegio de
Abogados el hecho atribuido afecte gravemente el ejercicio correcto de la abogacía
Asimismo, deberán ser suspendidos cuando fueren condenados por delito a una pena
de prisión o de suspensión para cargos y oficios públicos y profesionales liberales
Para tales efectos, el tribunal respectivo deberá comunicar lo pertinente a la Fiscalía
del Colegio de Abogados. 2.- Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir
cuentas a sus poderdantes o clientes. 3.- Cuando en cualquier forma apareciere que
han incurrido en apropiación, malversación, defraudación, exacción o uso indebido de
fondos en daño de sus clientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles
consiguientes. 4.- Cuando el abogado haya autenticado firma falsa, o firma no puesta
en su presencia, o cuando se preste a que, por su medio, litiguen personas no
autorizadas por la ley. 5.- Cuando su conducta sea notoriamente viciosa por
embriaguez, por drogadicción o cualquier trastorno grave de conducta que
comprometa el ejercicio de la profesión. 6.- Cuando, en general, cometan alguna falta
de probidad u honradez, en el ejercicio de la profesión, no comprendida en ninguno de
los números anteriores". Por otra parte, el Código de Moral Profesional del Abogado
en su artículo 25 dispone: Una vez aceptada la dirección profesional de un asunto, el
abogado debe defender el interés de su cliente, desde su propia conciencia moral y
profesional" En relación con esta disposición, en el artículo 67 de este cuerpo
normativo se establecen como faltas graves: "a. La infracción a las prohibiciones y
obligaciones contenidas en los artículos 7, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30,
31, 36, 37, 38,40, 44,45, 47, 48, 49, 50, 51, 53,56,57,58 y 60." Por su parte, los
artículos 69 y 70 complementan estas disposiciones al señalar: "Artículo 69.—Las
sanciones que pueden imponer el Colegio son: a. Por faltas muy graves, suspensión
en el ejercicio de la profesión por un plazo superior a tres años y hasta por cinco años
b. Por faltas graves, suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por un plazo de
tres años. c. Por faltas leves, apercibimiento por escrito o amonestación privada
Artículo 70.—El Colegio supondrá la sanción dentro de los extremos mínimo y máximo
fijado, considerado las circunstancias del caso y los antecedentes del profesional
acusado". Como se evidencia, el primero de los numerales transcritos establece
mediante una ley de la República una serie de conductas generadoras de una sanción
administrativa, cual es la suspensión en el ejercicio de la profesión. Concretamente la
causal 6 se vale de conceptos jurídicos indeterminados, al hacer mención a la "falta
de probidad u honradez, en el ejercicio de la profesión". Complementario con dicha
norma, el Código de Moral indica una serie de conductas para el ejercicio de la
profesión, cuyo falta de cumplimiento genera responsabilidad disciplinaria y en donde
se estima, entre otras cosas que el incumplimiento el deber de "...defender el interés
de su cliente, desde su propia conciencia moral y profesional...", puede generar una
falta grave para el sujeto responsable

VI) Procede entonces, analizar los argumentos del recurso del actor, de conformidad
con lo indicado en la jurisprudencia constitucional citada ut supra y las normas en
mención. En cuanto a la alegada violación del principio de tipicidad no advierte esta
instancia jurisdiccional los errores de apreciación alegados, en tanto que como se
evidencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente demostrado que la
sanción al recurrente fue adoptada con base en la aplicación de un debido proceso en
donde se evacuó una serie de pruebas que dieron por demostrado el cumplimiento de
la conducta denunciada y expresamente previsto en las normas 9,13 y 25 del Código
de Moral Profesional, tal y como lo indica la juzgadora de primera instancia al señalar
que "...Propiamente en cuanto a lo vicios que se le indilgan (sic) al acuerdo 5.26 de la
sesión ordinaria N. 44-204 de 28 de octubre del 2004 tomado por la Junta Directiva del
Colegio de Abogados, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el actor, pues
en el acto se establece de forma clara que los denunciados habían faltado a sus
deberes profesionales en la atención del caso de la parte denunciante, propiamente a
los establecidos en los artículos 9,13 y 25 del Código de Moral Profesional del
Abogado..", siendo así que el uso de normas de rango inferior a la ley para tipificar
conductas sancionables en materia disciplinaria es válido de conformidad con la
jurisprudencia y doctrina, por la diversidad de situaciones que se presentan en esta
materia y que son imposibles de contemplar en normas de rango legal. Estos
razonamientos le son aplicables con respecto a los argumentos esgrimidos respecto
de la improcedencia de aplicar el Código de Moral Profesional para fundamentar la
sanción impuesta, atendiendo a la consideración de que precisamente los actos
administrativos impugnados, lo que hacen es encuadrar los hechos incurridos por el
señor Minor Gómez Calvo en las conductas descritas en los artículos 9,13 y 25 del
Código de Moral Profesional del Abogado, fundados a su vez en el artículo 10 de la
Ley Orgánica del Colegio de Abogados

VII) Con relación a las pruebas que fundamentan las resoluciones objeto del presente
proceso, estima este Tribunal que luego de revisado cuidadosamente la información
que obra en el expediente administrativo, y en el judicial, se advierte que la sanción
disciplinaria, impuesta al recurrente por el Colegio de Abogados de Costa Rica, se
ajusta a derecho y no se fundamenta en un hecho falso, tal y como lo estima la señora
Juez en su pronunciamiento, que se comparte en un todo.- De acuerdo con esas
probanzas, al demandante se le sancionó con suspensión de un mes, por haber
transgredido, fundamentalmente el artículo 25 del Código de Moral Profesional, que
impone defender el interés de su cliente, desde la propia conciencia moral y
profesional.- Efectivamente, consta que en el expediente administrativo, folios 11 y 12,
el accionado manifestó expresamente que a su criterio "Es claro que el proceso para
cuya defensa el denunciante nos contrató, finalizó con una sentencia de
sobreseimiento a su favor, a pesar de lo él no canceló los honorarios pactados. Queda
claro también en la denuncia, que como es natural, esos honorarios insolutos se le
están exigiendo al denunciante, para asumir a solicitud suya, una nueva defensa, al
igual que otra suma similar, por tratarse de atender un nuevo juicio..." (El destacado es
nuestro) A mayor abundamiento, consta en las conclusiones de la comparecencia
oral y privada de ley, que el señor Gomez Calvo señaló lo siguiente: "Cuando me
notificaron el nuevo señalamiento para debate yo lo localicé a través de un recado que
le envió un cuñado mío con uno de sus empleados, y entonces él me llamó y yo le
indiqué que tenía que pagarnos lo que nos debía del anterior juicio y que este otro era

un nuevo juicio porque ya había hadido (sic) una sentencia favorable y que dada la
complejidad del asunto el lapso de prácticamente tres años que habían transcurrido de
la época en que asumimos la defensa y la oportunidad de este segundo debate, él
debía reconocernos otra cantidad igual, con lo cual él no estuvo de acuerdo, se
presentó a mi oficina y lo discutimos y como no estuvo de acuerdo pidió que se le
nombrara un defensor público..." (folio 00052 del expediente administrativo) De lo
anterior, queda claro que existe sobrada prueba incorporada al expediente
administrativo sobre las manifestaciones del Lic. Minor Gómez Calvo en el sentido de
que consideró que el nuevo debate era otro juicio diferente y que realizó el cobro
adicional por dicho motivo, que debía ser cubierto por Miguel Chinchilla Méndez si se
pretendía continuar con su defensa técnica, situación por la cual no se siguió con la
dirección del proceso, por lo que se obligó a dicha persona a solicitar un defensor
público, lo cual fue concedido por el Juez Tramitador del Tribunal de Limón (ver folio
000055 y 000056 del expediente administrativo). Para este Tribunal, el acuerdo
número 526, de la sesión número 44-2004 celebrada el día 28 de octubre de 2004,
posee una debida fundamentación de la sanción en este aspecto, al señalar: "De
acuerdo con el elenco de hecos probados, queda claro, con la propia aceptación de
los denunciados, que ellos fueron contratados para la atención de la defensa del
quejoso en una causa penal que se ventilaba en los Tribunales de Limón, en la cual en
determinado momento se dictó un sobreseimiento por prescripción, mismo que fue
recurrido anulándose tal pronunciamiento. Con esto la causa vuelve al estado anterior
al dictado del sobreseimiento, de manera que los defensores siempre quedan ligados
a la atención del proceso hasta sentencia que lógicamente incluye la celebración del
debate, pues al ser revocada aquella resolución la misma se torna en inexistente para
todos los efectos procesales y legales, de tal forma que el abogado no puede venir a
exigir nuevos honorarios de los convenidos, pues esto lógicamente vulnera el contrato
original y va en contra de las obligaciones contraídas..." (folio 84 y 85 del expediente
administrativo). Por lo anterior, no lleva razón el recurrente al alegar falta de
fundamentación en los actos recurridos o motivos que vicien su contenido. VIII)
Mención aparte merece la referencia que hace al actor a la presunta violación del
debido proceso, con motivo de la ampliación de la denuncia realizada por Miguel
Alberto Chinchilla Méndez en la comparencia oral y privada de ley. Lo anterior, por
cuanto resulta más que evidente que lo indicado, en ningún momento sirvió de
fundamento para lo resuelto en los actos objeto de impugnación y así lo resolvió la a
quo al indicar lo siguiente: " ... a mayor abundamiento cabe resaltar, que el Organo
Director acordó dejar sin efecto la ampliación realizada durante la comparecencia por
el señor Chinchilla Méndez, con lo que se excluye cualquier posibilidad de atacar el
acto por este motivo...". Por lo anterior, no encuentra razón este Tribunal para entrar a
conocer con mayor profundida este argumento, dado que en ningún momento
fundamentó el acto administrativo de sesión número 44-2004 celebrada el 28 de
octubre de 2004, acuerdo número 5.26. y por el contrario, en su parte dispositiva se
estableció: " ... anular los hechos incluidos en la comparecencia oral y privada
ordenándose testimonial las piezas pertinentes a fin de tramitarlos como denuncia
nueva...", lo cual es un hecho no controvertido, según lo señala la resolución
impugnada.”


 4. Plazo de caducidad aplicable para ejecución de un acto sancionatorio
firme por parte del Colegio de Abogados


Voto de mayoría


“IIIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora estima que si bien es cierto, no
existe norma empresa en el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, que regule la prescripción para ejecutar un acto administrativo
sancionatorio firme; considera en defecto de ello, le es aplicable el mismo plazo de
prescripción previsto para el ejercicio de la acción disciplinaria. En ese sentido, alega
que no resulta razonable ni proporcionado, que se pretenda ejecutar un acto
sancionatorio disciplinario firme, cuatro años después de dictado, más aún cuando en
el expediente administrativo no existe ningún acto, mediante el cual, el Colegio de
Abogados haya suspendido de manera motivada, la ejecución del acto sancionatorio
firme dictado en su contra. En razón de lo anterior, considera que el acuerdo número
2010-35-010, adoptado en la sesión ordinaria número 35-2010 celebrada el veinte de
setiembre del dos mil diez, la Junta Directiva del Colegio de Abogados constituida en
Consejo de Disciplina , debe anularse porque resulta sustancialmente contrario al
ordenamiento jurídico. Por su parte, e l representante del Colegio de Abogados de
Costa Rica, sostiene que si el artículo 87 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y
Éticos del Profesional en Derecho, no establece un plazo de prescripción para ejecutar
un acto administrativo sancionatorio firme, en consecuencia, el Colegio no puede
aplicar el plazo de dos años que pretende la actora, pues éste únicamente está
previsto para el ejercicio de la acción disciplinaria. En razón de lo anterior, considera
que el plazo aplicable, es el de cuatro años previsto en el artículo 198 de la Ley
General de la Administración Pública, tal y como sostuvo la Sección Primera del
Tribunal Contencioso Administrativo, en la sentencia número 477-2009, respecto a la
ejecución de una multa impuesta por la Comisión Nacional del Consumidor. En razón
de lo anterior, si el acto administrativo sancionatorio adquirió firmeza el veintiséis de
setiembre del dos mil seis y, el acuerdo en que dispuso ejecutar la sanción fue emitido
el veinte de setiembre del dos mil diez, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 198
de la Ley General de la Administración Pública, no estaría prescrito el plazo para
ejecutar el acto sancionatorio disciplinario dictado en contra de la parte actora, ya que
se estaría ejerciendo en tiempo y en forma la potestad ejecutoria de dicha conducta
formal

IVo.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En ese sentido, este Tribunal considera lo
siguiente: 1) Con relación a los alegatos de nulidad del acuerdo 2010-35-010 del
veinte de setiembre del dos mil diez. Este Tribunal ha tenido por demostrado, que
por acuerdo número 2010-35-010, adoptado en la sesión ordinaria número 35-2010

celebrada el veinte de setiembre del dos mil diez, la Junta Directiva del Colegio de
Abogados constituida en Consejo de Disciplina, resolvió "...declarar sin lugar la
solicitud de prescripción de la ejecución de la sanción. Proceda la Fiscalía del Colegio
de Abogados a ejecutar en forma inmediata la sanción impuesta. Contra la presente
resolución no procede recurso alguno, no regrese la Fiscalía a esta instancia el
presente expediente a resolver recurso alguno hasta que la sanción se encuentre
ejecutada o que exista orden judicial que ordene la suspensión de la misma..."
Asimismo, que en términos generales, el Colegio de Abogados sustentó dicho acuerdo
en las siguientes consideraciones: "...si el acto administrativo no se ha ejecutado se
debió a un error de comunicación entre dependencias y no al hecho de que esta
instancia hubiera determinado en algún momento que el mismo no debía ejecutarse
por falta de interés, tener alguna cláusula suspensiva o padecer de nulidad alguna, por
lo que se mantiene el interés de esta instancia y la vigencia del acto administrativo que
ordenó la sanción a la denunciada (...) Efectivamente el acto administrativo quedó
firme desde hace más de tres años y en autos a pesar de que consta que se presentó
un proceso de nulidad en contra de éste y un incidente de suspensión del acto
administrativo es claro que estos fueron declarados inadmisibles desde el siete de
marzo del año dos mil siete. Pese a lo anterior, para determinar el plazo de
prescripción de la ejecución de un acto administrativo sancionador emitido por la
presente instancia, lo indicado en el artículo 87 del Código de Deberes Jurídicos,
Morales y Éticos del Profesional en Derecho no es la normativa aplicable debido a que
en esta se regula la prescripción de la acción y del trámite del proceso y no la de
ejecución del acto administrativo sancionador (...) el plazo de prescripción del acto
administrativo sancionador cuando no existe norma expresa debe ser de cuatro años,
tomando en consideración que este es el plazo indicado en el artículo 198 de la Ley
General de la Administración Pública, el cual establece el plazo de prescripción para
poder reclamar responsabilidad a la administración y a los servidores públicos (...) Con
base en lo anterior, el plazo de prescripción para la ejecución del acto administrativo
no ha prescrito y lo procedente es ejecutar el mismo en forma inmediata. Proceda la
Fiscalía del Colegio de Abogados a publicar la sanción aquí impuesta. Se advierte a la
denunciada que contra la presente resolución no procede recurso alguno, debido a
que la vía administrativa se encuentra agotada..." (folios 143 a 149 del expediente
administrativo). Este Tribunal considera que si bien es cierto, el artículo 87 del Código
de de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, no contiene un
plazo de caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecución
de un acto firme que imponga una sanción disciplinaria a un agremiado, toda vez que
los dos años a los que hace referencia esa norma, son para efectos de ejercer la
acción disciplinaria de oficio o a petición de parte, y de tramitar y resolver por acto final
el procedimiento administrativo disciplinario; también lo es, que resulta contrario a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, llenar el vacío
normativo con el plazo de prescripción contenido en el artículo 198 de la Ley General
de la Administración Pública. En ese sentido y contrario de lo que sostiene el Colegio
de Abogados de Costa Rica, el plazo de prescripción contenido en el numeral antes
citado, no es aplicable al caso concreto, por las siguientes razones: i) Cabe recordar
que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad disciplinaria, por violación
a deberes impuestos a los abogados en el ejercicio de su profesión. En ese tanto, el
supuesto de hecho contenido en el párrafo segundo del artículo 198 de la Ley General
de la Administración Pública, es diametralmente opuesto al caso que nos ocupa, toda

vez que dicho numeral hace referencia al derecho de reclamar la indemnización contra
los servidores públicos prescribirá, en el plazo de cuatro años desde que se tenga
conocimiento del hecho dañoso; ii) Resulta además, contrario a los principios de
razonabilidad, proporcionalidad, lógica y justicia, que el plazo de caducidad para que el
Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecutoria de un acto firme que imponga
una sanción disciplinaria a un agremiado, sea sustancialmente mayor (cuatro años), al
plazo de prescripción de dos años para el ejercicio de la acción disciplinaria, previsto
en el artículo 87 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en
Derecho; iii) Por último, el plazo de cuatro años de prescripción contenido en el
párrafo segundo del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, no
regula el plazo para ejecutar un acto administrativo definitivo, en que se imponga a un
funcionario público el deber de indemnizar por los daños y perjuicios causados, sino
por el contrario, regula el plazo máximo en que podrá reclamarse a partir de que se
tenga conocimiento del hecho dañoso, que se condene al funcionario público a pagar
la indemnización presuntamente causada con su conducta. En consecuencia, si bien
es cierto, existe una laguna en el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, respecto al plazo de caducidad para que el Colegio de
Abogados ejerza la potestad de ejecución de un acto firme que imponga una sanción
disciplinaria a un agremiado; también lo es, que dicha circunstancia no tiene la virtud
de justificar la aplicación de un plazo de prescripción, que resulta incompatible por las
razones antes indicadas, con el supuesto que nos ocupa, a saber: la ejecución del
acto administrativo firme que impuso una sanción disciplinaria a una abogada. Más
aún, cuando la aplicación de ese plazo de prescripción de cuatro años, vendría a paliar
-en este caso-, una conducta omisiva injustificada del Colegio de Abogados, pues tal y
como el propio demandado reconoce, el hecho de no haber ejecutado los actos
definitivos, en que ordenó sancionar a la parte actora con tres meses de suspensión
en el ejercicio de la profesión de abogado, se origina en conductas imputables al
propio Colegio, pues afirma que "...si el acto administrativo no se ha ejecutado se
debió a un error de comunicación entre dependencias y no al hecho de que esta
instancia hubiera determinado en algún momento que el mismo no debía ejecutarse
por falta de interés, tener alguna cláusula suspensiva o padecer de nulidad alguna (...)
Efectivamente el acto administrativo quedó firme desde hace más de tres años y en
autos a pesar de que consta que se presentó un proceso de nulidad en contra de éste
y un incidente de suspensión del acto administrativo es claro que estos fueron
declarados inadmisibles desde el siete de marzo del año dos mil siete..." (folio 145 del
expediente administrativo). Por lo expuesto, este Tribunal considera que el motivo,
contenido y fin del acuerdo 2010-35-010 adoptado por la Junta Directiva del Colegio
de Abogados de Costa Rica, constituida en Consejo de Disciplina, en sesión ordinaria
número 35-2010 del veinte de setiembre del dos mil seis, resultan sustancialmente
contrarios a lo dispuesto en los artículos 131, 132, 133, 159 incisos 1 y 2, 166 de la
Ley General de la Administración Pública, toda vez que se rechazó la solicitud
presentada por la parte actora, a fin de que se declarara prescrito el ejercicio de la
potestad de ejecución de un acto firme que impuso una sanción disciplinaria a una
abogada (motivo); con sustento en el plazo de prescripción de cuatro años dispuesto
en el párrafo segundo del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública
(contenido), a efecto de justificar prácticamente cuatro años después, la ejecución de
los acuerdos número 2006-29-062, adoptado en la sesión ordinaria número 29-2006
celebrada el veinticinco de julio del dos mil seis y 2006-36-088, adoptado en la sesión

ordinaria número 36-2006 celebrada el veintiséis de setiembre del dos mil seis,
mediante los cuales, se impuso y se confirmó en contra de la parte actora, la sanción
de suspenderla por tres meses en el ejercicio de la abogacía (fin), a pesar de que el
propio Colegio reconoce que en el lapso comprendido entre en veintiséis de setiembre
del dos mil seis al veinte de setiembre del dos mil diez, haya tenido una causa
legítima que justificara no ejecutar la sanción disciplinaria de tres meses de
suspensión en el ejercicio de la abogacía, impuesta a la demandante (motivación)
Por ende, este Tribunal considera que el acuerdo 2010-35-010 adoptado por la Junta
Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, constituida en Consejo de
Disciplina, en sesión ordinaria número 35-2010 del veinte de setiembre del dos mil
seis, adolece de un vicio de nulidad absoluta, por resultar sustancialmente contrario a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, específicamente, a los artículos 41 de la
Constitución Política, 131, 132, 133, 159 incisos 1 y 2, 166 de la Ley General de la
Administración Pública y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, lógica,
justicia y seguridad jurídica. 2) Respecto a la integración del ordenamiento jurídico
administrativo ante la laguna relacionada con el plazo de caducidad para ejercer
la potestad de ejecución de un acto sancionatorio disciplinario dictado contra un
profesional en derecho. Cabe recordar que los Tribunales no podrán excusarse de
ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma
que aplicar, por lo que, la integración del ordenamiento jurídico deberá realizarse de
conformidad con las normas escritas y no escritas, según la escala jerárquica de
fuentes, tomando en consideración la naturaleza y el valor de la conducta y hechos a
que se refiere (artículos 5 párrafo 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 9 y 10
inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública). En ese sentido, si bien es
cierto, que el artículo 87 del Código de de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, no contiene un plazo de caducidad para que el Colegio de
Abogados ejerza la potestad de ejecución de un acto firme que imponga una sanción
disciplinaria a un agremiado, toda vez que los dos años a los que hace referencia esa
norma, son para efectos de ejercer la acción disciplinaria de oficio o a petición de
parte, y de tramitar y resolver por acto final el procedimiento administrativo
disciplinaria; también lo es, que resulta indispensable conforme a los principios de
principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, justicia pronta y
cumplida en vía administrativa, que este Tribunal integre el ordenamiento jurídico, a
efecto de establecer un plazo de caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la
potestad ejecutoria del acto administrativo firme que impuso la sanción disciplinaria a
la parte actora, pues de lo contrario, quedaría abierta de manera indefinida, el ejercicio
de la potestad ejecutoria de un acto sancionatorio disciplinario firme, lo cual resulta
contrario al principio de seguridad jurídica y a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo
66 de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, cabe indicar que
no estamos ante un supuesto de prescripción -toda vez que no está en discusión si
se extingue o no un derecho de fondo-; sino de caducidad, pues el objeto del proceso
se centra en determinar cuál es el plazo razonable que tiene el Colegio de Abogados,
para ejercer la potestad de ejecución de un acto firme de carácter sancionatorio
disciplinario en contra de un agremiado. Aunado a lo anterior, el plazo a aplicar debe
ser razonable y proporcionado, no sólo respecto del que prevé el artículo 87 del
Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, para
ejercer la acción disciplinaria (2 años), pues tal y como se indicó con anterioridad, el
plazo de ejecución del acto sancionatorio firme no puede ser sustancialmente mayor,

al anteriormente citado; sino en cuanto a la finalidad misma que se persigue con la
ejecución del acto sancionatorio disciplinario, que en última instancia, busca regular el
ejercicio legítimo de la profesión de abogado, por parte de uno de los agremiados al
colegio profesional, que ha transgredido las normas correspondientes en perjuicio no
sólo del cliente sino del interés público. Ahora bien, tomando como parámetro lo antes
expuesto, este Tribunal considera que en aplicación de lo dispuesto en el
numeral 340 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, el plazo
aplicable para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecutar un acto
sancionatorio disciplinario firme, es de seis meses contados a partir del
momento en que el Colegio de Abogados se encuentre en posibilidad de
ejecutarlo en los términos de lo previsto por los artículos 146 y 147 de la Ley
General de la Administración Pública, siempre y cuando no se haya dictado una
resolución por parte del órgano jurisdiccional competente, en que le ordene
suspender la ejecución del acto sancionatorio disciplinario firme (artículos 148 de
la Ley General de la Administración Pública; 19 y siguientes del Código Procesal
Contencioso Administrativo y 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En ese
sentido, valga aclarar que este Tribunal no está aplicando en forma retroactiva la
reforma introducida al artículo 340 inciso 1) de la Ley General de la Administración
Pública, por el numeral 200 inciso 10) del Código Procesal Contencioso Administrativo
sino por el contrario, se utiliza el texto que estaba vigente al momento en que el acto
sancionatorio disciplinario dictado en contra de la demandante, quedó firme -a saber
veintiséis de setiembre del dos mil seis-, como parámetro para integrar la laguna, por
considerar que ofrece la solución más próxima y proporcionada al caso. En ese
sentido, tal y como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, consideró en
sentencia número 000034-F-S1-2011 dictada a las ocho horas del veinte de enero de
dos mil once, al establecerse en el inciso 1) del artículo 340 de la Ley General de la
Administración Pública, que "...Cuando el procedimiento se paralizare por más de seis
meses en virtud de causa imputable al interesado que lo ha promovido...", no sólo se
refiere al administrado a cuya instancia inicia el procedimiento, sino también, a la
Administración Pública, ello por cuanto y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 284 de la Ley General de la Ley General de la Administración Pública; 74 y 75
del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, los
procedimientos administrativos disciplinarios podrán iniciarse de oficio o a instancia de
parte. Sostener lo contrario implicaría, una distinción discriminatoria no sustentada en
motivos de razonabilidad y proporcionalidad, en beneficio de la Administración cuando
de oficio inicie un procedimiento administrativo disciplinario y un perjuicio para el
administrado, cuando el procedimiento disciplinario inicie a instancia de parte. Ello
cobra relevancia en este caso, por los siguientes aspectos fundamentales: i) El
procedimiento administrativo disciplinario que se tramitó en contra de la actora, inició a
instancia de parte y no del Colegio de Abogados (folios 02 a 08 del expediente
administrativo); ii) Dado que el Colegio de Abogados, ejerce potestades de imperio
relacionadas con la fiscalización del ejercicio legítimo de la profesión de abogado por
parte de sus agremiados y como derivación de ello, de la potestad sancionatoria
disciplinaria, debe ejercer dichas potestades de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública; iii) Ello implica que el
Colegio de Abogados deberá ejercer de manera oportuna, eficiente y dentro del plazo
previsto por la ley, a efecto de no causar menoscabo al interés público al que se dirige
su ejercicio efectivo y a los derechos fundamentales de los administrados, las

potestades de imperio relacionadas con la fiscalización del ejercicio legítimo de la
profesión de abogado por parte de sus agremiados y como derivación de ello, de la
potestad sancionatoria disciplinaria, a efecto de cumplir los fines pretendidos por el
legislador, al otorgarle dichas potestades; iv) En consecuencia, el Colegio de
Abogados debe proveer lo necesario para ejecutar en los términos de lo dispuesto en
los artículos 145 inciso 1), 146, 147 y 148 de la Ley General de la Administración
Pública y 70 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en
Derecho, con las salvedades previstas en los numerales 19 y siguientes del Código
Procesal Contencioso Administrativo y 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -
en cuanto a la aplicación de medidas cautelares de conservación en sede
jurisdiccional-, los actos sancionatorios disciplinarios firmes que dicte en un
procedimiento administrativo disciplinario, independientemente de que haya sido
instaurado de oficio o a instancia de parte, dentro de un plazo razonable de seis
meses contado a partir del momento en que el Colegio de Abogados se encuentre en
posibilidad de ejecutarlo. Ello por cuanto, la finalidad misma que se persigue con la
ejecución del acto sancionatorio disciplinario, constituye en última instancia, regular el
ejercicio legítimo de la profesión de abogado, por parte de uno de los agremiados al
colegio profesional, que ha transgredido las normas que correspondientes, en perjuicio
no sólo del cliente sino del interés público; v)Cabe resaltar que el ejercicio efectivo y
oportuno de la potestad ejecutoria de los actos sancionatorios disciplinarios firmes, no
está condicionada en el supuesto del Colegio de Abogados, a que la parte -en este
caso, el cliente perjudicado con la conducta de la demandante- así lo solicite (artículo
66 de la Ley General de la Administración Pública), puesto que el numeral 79 del
Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, condiciona
la ejecución del acto sancionatorio disciplinario a un requisito de eficacia (artículo 145
inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública), toda vez que la suspensión
en el ejercicio profesional rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta,
lo cual, corresponde ejecutar a la Fiscalía del Colegio de Abogados, tal y como el
propio demandado, reconoce en la resolución de las once horas tres minutos del ocho
de diciembre del dos mil seis, el órgano instructor del procedimiento resolvió -en lo que
interesa- que "...en cuanto a lo indicado por la denunciada a folios 104 al 106, donde
manifiesta que el acto administrativo no está en firme debido a que a (sic) interpuesto
un proceso ordinario, se le debe de aclarar a la denunciante que dicho acto
administrativo se encuentra firme desde el veinticinco de noviembre del dos mil
seis y la única forma de que la presente instancia no lo ejecute es por orden del
Juzgado Contencioso Administrativo o en caso de que la denunciada demuestre
que ha presentado un incidente de suspensión del acto administrativo ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y que éste está en trámite. Con base en lo
anterior, se le otorga a la denunciada el plazo de diez días para presentar en autos
resolución del Juzgado Contencioso Administrativo en que ordene la suspensión del
presente acto administrativo o prueba que ha presentado un incidente de suspensión
del acto administrativo. En caso de no presentar lo anterior, la presente instancia
debe cumplir con lo indicado por la Junta Directiva y proceder a la publicación
de la sanción. Se debe aclarar a la denunciada que una vez publicada la sanción
ésta solamente se levantará por orden del Juzgado Contencioso
Administrativo..." (folio 109 del expediente administrativo). En consecuencia y por
todo lo expuesto, este Tribunal declara que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 33 y 41 de la Constitución Política; 5 párrafo 2º de la Ley Orgánica del Poder

Judicial; 9 y 10 inciso 2, 66, 146, 147, 148, 248 y 340 inciso 1) de la Ley General de la
Administración Pública (éste último, vigente a la fecha en que adquirió firmeza el acto
sancionatorio disciplinario dictado en contra de la amparada); 19 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública; 74, 75 y 79 del Código de Deberes Jurídicos,
Morales y Éticos del Profesional en Derecho y los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, justicia pronta y cumplida en vía administrativa y seguridad jurídica,
el plazo de caducidad para el ejercicio de la potestad ejecutoria de los actos
sancionatorios disciplinarios firmes que dicte el Colegio de Abogados, es de seis
meses contados partir del momento en que ese colegio profesional se encuentre en
posibilidad de ejecutarlos en los términos de lo previsto por los artículos 146 a 148 de
la Ley General de la Administración Pública y 79 del Código de Deberes Jurídicos,
Morales y Éticos del Profesional en Derecho, siempre y cuando no se haya dictado
una resolución por parte del órgano jurisdiccional competente, en que le ordene
suspender la ejecución del acto sancionatorio disciplinario firme. 3) Aplicación al
caso concreto, del plazo de caducidad de seis meses para el ejercicio de la
potestad ejecutoria del acto sancionatorio disciplinario. Este Tribunal tiene por
demostrado que el acto sancionatorio disciplinario que el Colegio dictó en contra de la
parte actora, adquirió firmeza, desde el veintiséis de setiembre del dos mil seis, fecha
en que se dictó el acuerdo en que se confirmó la sanción impuesta (100 a 104 del
expediente administrativo). Asimismo, que aún y cuando el Colegio de Abogados de
Costa Rica, fue notificado el veintitrés de marzo del dos mil siete, por el Juzgado
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que la actora había interpuesto un
incidente de suspensión de los acuerdos número 2006-29-062, adoptado en la sesión
ordinaria número 29-2006 celebrada el veinticinco de julio del dos mil seis y 2006-36-
088, adoptado en la sesión ordinaria número 36-2006 celebrada el veintiséis de
setiembre del dos mil seis, mediante los cuales, se impuso y se confirmó en contra de
la parte actora, la sanción de suspenderla por tres meses en el ejercicio de la
abogacía (folios 8 y 12 legajo de incidente de suspensión del acto en expediente
judicial 06-001525-0163-CA); también lo es, que no sólo desde el doce de marzo del
dos mil siete, se recibió vía fax en la Fiscalía del Colegio de Abogados, copia de la
nueve horas veintiocho minutos del siete de marzo del dos mil siete, el Juzgado
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dispuso: "...No habiendo cumplido la
parte actora con lo prevenido por el Despacho; se declara inadmisible la demanda
Firme esta resolución, archívese el expediente..." (folio 9 del expediente judicial 06-
001525-0163-CA y 122 del expediente administrativo); sino que además, por
resolución de las once horas tres minutos del cinco de junio del dos mil siete, el
Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda, resolvió: "...Por parte del Colegio de
Abogados se tiene por contestada la audiencia conferida. Tomen nota las partes que
el proceso principal fue dado por terminado en su oportunidad y siendo este legajo un
accesorio del principal; se ordena archivar el presente incidente de suspensión
Archívese el proceso en su oportunidad...", resolución que fue notificada al Colegio de
Abogados, al fax número 283-0419, a las quince horas treinta y tres minutos del
diecinueve de junio del dos mil siete (folios 146 y 147 legajo de incidente de
suspensión del acto en expediente judicial 06-001525-0163-CA y respaldo informático
del acta de notificación por fax del expediente 06-001525-0163-CA que consta en el
Sistema de Gestión de Despachos Judiciales del Juzgado Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda). En consecuencia, en el lapso comprendido entre el veintiséis de
setiembre del dos mil seis (fecha en que adquirió firmeza el acto sancionatorio

disciplinario) al veinte de setiembre del dos mil diez (fecha en que se dictó el acuerdo
número 2010-35-010), el Colegio demandado no tenía una causa legítima que
justificara, no ejecutar la sanción disciplinaria de tres meses de suspensión en
el ejercicio de la abogacía, impuesta a la demandante. Aunado a lo anterior, este
Tribunal no ha tenido por acreditado que en el período que va del veintiséis de
setiembre del dos mil seis (fecha en que adquirió firmeza el acto sancionatorio
disciplinario), al veinte de setiembre del dos mil diez (fecha en que se dictó el acuerdo
número 2010-35-010, mediante el cual, se pretende ejecutar el acto sancionatorio
disciplinario), el Colegio de Abogados haya realizado alguna conducta formal tendente
a ejecutar la sanción disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la
abogacía, impuesta a la demandante (considerando II de esta sentencia). En ese
sentido, tal y como el propio Colegio de Abogados reconoce en el acuerdo número
2010-35-010 adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica,
constituida en Consejo de Disciplina, en sesión ordinaria número 35-2010 del veinte de
setiembre del dos mil seis, "...si el acto administrativo no se ha ejecutado se debió a un
error de comunicación entre dependencias y no al hecho de que esta instancia hubiera
determinado en algún momento que el mismo no debía ejecutarse por falta de interés,
tener alguna cláusula suspensiva o padecer de nulidad alguna (...) Efectivamente el
acto administrativo quedó firme desde hace más de tres años y en autos a pesar de
que consta que se presentó un proceso de nulidad en contra de éste y un incidente de
suspensión del acto administrativo es claro que estos fueron declarados inadmisibles
desde el siete de marzo del año dos mil siete..." (folio 145 del expediente
administrativo). En este punto, cabe resaltar además, que el ejercicio efectivo y
oportuno de la potestad ejecutoria de los actos sancionatorios disciplinarios firmes, no
está condicionada en el supuesto del Colegio de Abogados, a que la parte -en este
caso, el cliente perjudicado con la conducta de la demandante- así lo solicite (artículo
66 de la Ley General de la Administración Pública), toda vez que el numeral 79 del
Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, condiciona
la ejecución del acto sancionatorio disciplinario a un requisito de eficacia (artículo 145
inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública), ya que la suspensión en el
ejercicio profesional de un abogado, rige a partir de su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta, lo cual, corresponde ejecutar a la Fiscalía del Colegio de Abogados. Es
por ello, que el ejercicio efectivo, oportuno y sometido a un plazo de caducidad
de seis meses, de la potestad ejecutoria de los actos sancionatorios
disciplinarios firmes, por parte del Colegio de Abogados, mediante la respectiva
remisión al Diario Oficial La Gaceta, para la publicación del edicto en que se
comunica a terceros sobre la sanción impuesta al profesional en derecho, es
indispensable para que el acto sancionatorio disciplinario firme surta efectos y
por ende, para que la suspensión en el ejercicio de la abogacía, empiece a regir,
tanto para el profesional sancionado como para terceros. En este caso, el Colegio
de Abogados de Costa Rica tenía la posibilidad de ejecutar el acto sancionatorio
disciplinario dictado en contra de la actora, desde el veintiséis de setiembre del dos mil
seis, fecha en que adquirió firmeza, puesto que aún y cuando fue notificado de la
interposición de un incidente de suspensión de los efectos de los acuerdos mediante
los cuales, se impuso y se confirmó en contra de la parte actora, la sanción de
suspenderla por tres meses en el ejercicio de la abogacía (folios 8 y 12 legajo de
incidente de suspensión del acto en expediente judicial 06-001525-0163-CA); también
lo es, que desde el doce de marzo del dos mil siete, tuvo conocimiento de que el

Juzgado Contencioso Administrativo había archivado la demanda ordinaria interpuesta
por la actora contra dichos acuerdos, proceso principal del que dependía el incidente
de suspensión de esos actos administrativos (folio 9 del expediente judicial 06-
001525-0163-CA y 122 del expediente administrativo); aunado a que el propio Colegio
de Abogados, fue notificado al fax número 283-0419, a las quince horas treinta y tres
minutos del diecinueve de junio del dos mil siete, de la resolución de las once horas
tres minutos del cinco de junio del dos mil siete, mediante la cual, el Juzgado
Contencioso y Civil de Hacienda, resolvió: "...Por parte del Colegio de Abogados se
tiene por contestada la audiencia conferida. Tomen nota las partes que el proceso
principal fue dado por terminado en su oportunidad y siendo este legajo un accesorio
del principal; se ordena archivar el presente incidente de suspensión. Archívese el
proceso en su oportunidad...", (folios 146 y 147 legajo de incidente de suspensión del
acto en expediente judicial 06-001525-0163-CA y respaldo informático del acta de
notificación por fax del expediente 06-001525-0163-CA que consta en el Sistema de
Gestión de Despachos Judiciales del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda). En este punto, cabe resaltar además, que por constancia extendida a los
treinta y un días del mes de julio del dos mil ocho, la Abogada Asistente de la propia
Fiscalía del Colegio de Abogados, hizo constar que "...el día de hoy, me comuniqué al
Juzgado Contencioso Administrativo, al teléfono 2247-9143 para corroborar el estado
del expediente número 06-1525-163-CA. Me indicaron que está en el Archivo desde el
22 de julio de este año..." (folio 134 del expediente administrativo). En consecuencia,
este Tribunal considera que no había ninguna causa que justificara la no ejecución
durante prácticamente cuatro años, de los acuerdos número 2006-29-062, adoptado
en la sesión ordinaria número 29-2006 celebrada el veinticinco de julio del dos mil seis
y 2006-36-088, adoptado en la sesión ordinaria número 36-2006 celebrada el
veintiséis de setiembre del dos mil seis, mediante los cuales, se impuso y se confirmó
en contra de la parte actora, la sanción de suspenderla por tres meses en el ejercicio
de la abogacía (folios 79 a 86, 100 a 103 del expediente administrativo). Por todo lo
expuesto, este Tribunal considera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
33 y 41 de la Constitución Política; 5 párrafo 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial
9 y 10 inciso 2, 66, 146, 147, 148, 248 y 340 inciso 1) de la Ley General de la
Administración Pública (éste último, vigente a la fecha en que adquirió firmeza el acto
sancionatorio disciplinario dictado en contra de la amparada); 19 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública; 74, 75 y 79 del Código de Deberes Jurídicos,
Morales y Éticos del Profesional en Derecho y los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, justicia pronta y cumplida en vía administrativa y seguridad jurídica,
ha transcurrido el plazo de caducidad de seis meses para que el Colegio de Abogados
ejerciera la potestad ejecutoria de los actos sancionatorios disciplinarios firmes,
acuerdos número 2006-29-062, adoptado en la sesión ordinaria número 29-2006
celebrada el veinticinco de julio del dos mil seis y 2006-36-088, adoptado en la sesión
ordinaria número 36-2006 celebrada el veintiséis de setiembre del dos mil seis,
mediante los cuales, se impuso y se confirmó en contra de la parte actora, la sanción
de suspenderla por tres meses en el ejercicio de la abogacía. Lo anterior implica, que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 inciso k) del Código Procesal
Contencioso Administrativo, este Tribunal también anula por conexidad, la resolución
de las catorce horas treinta minutos del diecinueve de octubre del dos mil diez,
mediante la cual, el órgano instructor del procedimiento de la Fiscalía del Colegio de
Abogados, comunicó a la actora, el envío de la orden de publicación al Diario Oficial

La Gaceta, del acuerdo en que se dispuso sancionarla con una suspensión de tres
meses en el ejercicio de la abogacía.”


5. Cómputo del plazo de prescripción en caso de investigación previa al
despido


Voto de mayoría


la prescripción establece que los derechos y obligaciones no pueden extenderse
indefinidamente en el tiempo en virtud del principio de seguridad jurídica. Nuestra
legislación regula situaciones específicas, en las cuales el titular de un derecho a
causa de su desidia o inacción por el transcurso del tiempo, pierde la posibilidad de
ejercitarlo, como es el caso de la potestad del empleador de disciplinar faltas de sus
trabajadores. El artículo 603 del Código de Trabajo al respecto dispone: “Los derechos
y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para
disciplinar faltas prescriben en un mes que comenzará a correr desde que se dio
causa para la separación o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que
dieron lugar a la corrección disciplinaria”. Esta Sala respecto al cómputo de la
prescripción en entidades del sector público ha dicho: “En ese sentido, el artículo 603
del Código de Trabajo, establece que los derechos y las acciones de los patronos,
para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas
prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio una causal para la
separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos, que darían lugar a
la corrección disciplinaria. Sin embargo, debe indicarse que esta Sala, de manera
reiterada, ha establecido que en el caso de entidades patronales que deben
cumplir, de previo a disciplinar a sus trabajadores, con un determinado
procedimiento o investigación, ese plazo de un mes, se iniciará a partir del
momento en que el resultado de la respectiva investigación es puesto en
conocimiento del funcionario u órgano competente, para resolver (al respecto,
pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias N°s 117, de las 15:40 horas
del 11 de junio; 175, de las 14:40 horas del 20 de agosto; ambas de 1997; 25, de las
15:00 horas del 29 de enero; 55, de las 9:30 horas del 20 de febrero; 260, de las 9:00
horas del 16 de octubre, todas de 1998; 143, de las 10:00 horas del 31 de mayo; 150,
de las 15:10 horas del 2 de junio; ambas de 1999; 214, de las 10:40 horas del 14 de
febrero; 477, de las 15:30 horas del 12 de mayo, éstas del 2000; 359, de las 16:00
horas del 29 de junio del 2001, 145, de las 13:50 horas del 9 de abril; y, 342, de las
9:50 horas del 10 de julio, estas últimas del 2002)” (la negrita y el subrayado son

suplidos) (voto n° 153 de las 9:30 horas del 28 de marzo de 2003). El CNP aduce que
su decisión de despedir al señor Sánchez Ulate fue tomada dentro del término
establecido por la convención colectiva vigente en esa institución. Los cánones que
cita, fundamentalmente se refieren a la garantía de estabilidad en el empleo para los
trabajadores de esa institución y cuestiones de funcionamiento de la Junta Bipartida de
Relaciones Laborales que opera en ese centro de trabajo, las que además de no
referirse al tema de la prescripción, en ningún momento podrían venir a derogar una
norma de carácter público en perjuicio de la persona trabajadora. Ahora bien, el
tribunal tuvo por acreditado que el día 18 de mayo de 2004, el Director Regional del
CNP en Puntarenas conoció del presunto hurto del maíz que se dio el día 10 de ese
mismo mes y año. Después, que en la data del 18 de marzo de 2005 se acordó del
despido del actor, esto sin que se llevara a cabo ninguna clase de procedimiento. Ante
este panorama, debe confirmarse su tesis, pues a simple vista resulta claro que no
hubo ninguna clase de hecho interruptor de la prescripción, de tal suerte que para el
momento en que se acordó el despido del señor Sánchez Ulate el plazo fatal
contemplado por la legislación de trabajo, ya había sido cursado

IV.- ACERCA DE LA REINSTALACIÓN EN EL CASO CONCRETO: La parte actora
solicita que se le reinstale en su puesto de trabajo, ya que estima que en el presente
asunto no puede considerarse que hubo falta, pues los elementos en los que se basó
el tribunal para sustentar ese criterio se reunieron con violación a la garantía del
debido proceso. Sobre este aspecto el órgano de segunda instancia resolvió: “resulta
innecesario, ante la prescripción de la potestad sancionatoria, que el juzgador se
pronuncie sobre la violación al debido proceso. Ahora bien, también analizó el
juzgador que el demandante si había cometido la falta acusada; ello para efectos de
escoger entre las dos clases de pretensiones (principal y subsidiaria) expresamente
expuestas por el accionante. Es así, como el A-quo decide otorgar la petitoria
subsidiaria. Si bien, ahora el actor señala que no existió motivo para el despido, no da
al Tribunal elementos de juicio y pruebas que comprueben lo que así indica; se trata
de apreciaciones sin fundamento, pues el juzgador sí indicó las razones para llegar a
la conclusión que llegó, sin que el recurrente ataque las mismas”. Como se aprecia, el
actor en su recurso no ataca los razonamientos empleados en la sentencia de
segunda instancia para denegar este apartado de la petitoria, de ahí que esta Sala no
podría ingresar al conocimiento del reparo que se formula, porque comprende un tema
no abrazado por el fallo que se impugna. Los juzgadores de instancias anteriores
determinaron que el trabajador había incurrido en falta grave al haber concensuado
con su compañero de trabajo, un plan delictivo para sustraer de las instalaciones del
Consejo Nacional de Producción alrededor de 20 toneladas de maíz blanco. Ante este
panorama fue adecuado el criterio de no estimar la reinstalación a favor del señor
Sanchez Ulate. La sanción disciplinaria fue aplicada por el CNP de manera
extemporánea, sin embargo (como se dijo) existía un motivo para dicho proceder,
razón por la que no nos encontramos en la hipótesis de un despido injustificado, sino
frente a un despido improcedente en razón de la prescripción corrida. En nuestro
medio, a diferencia de otras ordenamientos (por ejemplo la española, puede verse a
Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, María Emilia. Derecho del Trabajo. Madrid,
Civitas Ediciones S.L., vigésima ed., 2002, pp. 469-489), no se establece, declarada la
improcedencia del despido impugnado en la vía jurisdiccional, la posibilidad de que el
empleador opte por la reinstalación (readmisión) del trabajador a su empleo (con

abono de los salarios dejados de percibir) o la ruptura del vínculo laboral (con abono
de una indemnización). Nuestra legislación no hace distinción de las consecuencias
derivadas de una declaratoria de despido injustificado (artículos 28 y 29 en relación
con el 82, todos del Código de Trabajo) y las originadas en una sentencia que declara
la improcedencia de un despido en razón de la prescripción de la potestad disciplinaria
-aunque se demuestre la falta que se acusa al trabajador-, como ocurre en el caso que
nos ocupa. Este despacho ha sostenido el criterio de que en los casos en que se
acredita la falta imputada al trabajador, tal y como sucede en el presente asunto, no
procede la reinstalación pese a haber operado la prescripción de la potestad
sancionatoria del empleador. Sobre este tema se ha dicho que “El derecho de
reinstalación, cuando existe, funciona como garantía para el trabajador, de
mantenerse en la actividad laboral, siempre y cuando cumpla con los deberes y
obligaciones propias del contrato y no a pesar de cualquier conducta -falta grave-
como sucedió en el sub lite, todo ello, independientemente de que la potestad
disciplinaria sea ejercida extemporáneamente o no” (sentencia número 99, de las 9:00
horas, del 16 de abril de 1998. En igual sentido pueden verse, las números 194, de las
9:00 horas, del 3 de octubre de 1984; 81, de las 15:20 horas, del 13 de junio de 1990
150, de las 15:10 horas, del 2 y 176, de las 14:30 horas, del 30, ambas de junio de
1999; 217, de las 10:20 horas, del 18 de abril de 2001; y, 47, de las 10:00 horas, del
26 de enero de 2007; todas de esta Sala). De esta manera, la reinstalación procede
concederla, sólo en el supuesto de que la sanción de despido hubiese sido
injustificada; es decir, cuando no existan motivos graves, fehacientes y justificados
para el despido. En el caso de estudio, se ha dado una demostrada pérdida de
confianza en la relación jurídico laboral que unió a las partes, por lo que una resolución
equitativa de la litis, en que se ponderen todos los hechos, particularmente la
existencia de una base objetiva del despido, obliga a denegar la reinstalación del
trabajador y a otorgar en su lugar el pago de preaviso y cesantía. Por la manera en
que se resuelve, no cabe asignar los salarios caídos que solicita el recurrente.”


6. Sanción disciplinaria a abogado: Análisis con respecto a los actos
dictados por el Colegio de Abogados


Voto de mayoría


ABOGADOS DE COSTA RICA: El acto administrativo se define como "una

manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un efecto de derecho y
emanada normalmente de la Administración en uso de su potestad de imperio" (Ortiz
Ortiz Eduardo. Tesis de derecho administrativo. Tomo II. Primera edición. Editorial
Stradtmann, S. A. San José, Costa Rica. Año 2000. Página 291). La doctrina ha
establecido que los elementos del acto administrativo esenciales para lograr su validez
y eficacia, son los formales y los materiales. "Estos elementos intermediarios entre el
poder y el acto y la manifestación misma de éste, son los elementos formales. Se trata
del procedimiento, la forma de la manifestación y la competencia, que es la titularidad
misma del poder. Los elementos materiales son los que condicionan la realización del
fin del acto y no meramente la del acto en sí. Son los elementos que adecuan la
conducta administrativa a la necesidad que satisface y determina lo que la
Administración manda, autoriza o prohíbe. Se trata del motivo, del contenido y del fin
mismo" (Ortiz Ortiz Eduardo. Tesis de derecho administrativo. Tomo II. Primera
edición. Editorial Stradtmann, S. A. San José, Costa Rica. Año 2000. Página 315). El
sujeto es el autor del acto, con competencia, regularidad en la investidura y
legitimación. De modo que el acto "deberá dictarse por el órgano competente y por el
servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos
los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el
ejercicio de la competencia" (ordinal 129 de la Ley General de la Administración
Pública). El procedimiento son los trámites, formalidades fijadas para dictar o emitir la
manifestación de voluntad libre y consciente, es el iter procedimental que garantiza el
debido proceso y el derecho de defensa (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Páginas 517 y
549). Tenemos el procedimiento ordinario (ordinal 308 ibid), el sumario (326 ibid), y el
especial (artículo 366 ibid). La forma debe expresarse por escrito, salvo que la
naturaleza del acto o las circunstancias exijan forma diversa, en cuyo caso será verbal
u oral, por signos, tácito, implícito o presunto. De ser escrito indicará el órgano agente,
derecho aplicable, disposición, fecha, firma y cargo del suscriptor (numeral 134 ibid)
El motivo es la razón del dictado del acto, "son los antecedentes, presupuestos o
razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible la emisión del acto
administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la
legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste" (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de
Derecho Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Página
522). El motivo debe ser legítimo, es la razón por la cual se dicta el acto, existir y ser
proporcionado al contenido (numeral 133 ibid), es el presupuesto fáctico y jurídico que
provoca la necesidad. El contenido debe ser lícito, posible, claro y preciso, y abarcar
todas las cuestiones de hecho y derecho aunque no hayan sido debatidas por las
partes interesadas, ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo (artículo
132 ibid). Es lo que "el acto administrativo declara, dispone, ordena, certifica y suele
expresarse en la parte dispositiva de las resoluciones administrativas", determina el
modo de satisfacer el fin (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo
Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Página 526). "En el sentido
estricto es como dice VITTA, la declaración de conocimiento, voluntad o juicio en que
el acto consiste. Se identifica así con el objeto del acto, y en razón de él un acto
administrativo se diferencia sustancialmente de otro. Por consiguiente, entendemos
por contenido y objeto del acto administrativo el efecto práctico que con dicho acto se
pretende obtener (...)”. (Garrido Falla Fernando. Tratado de Derecho Administrativo
Volumen I. Duodécima edición. 1994. Madrid, España. Página 457). El fin es el

"resultado metajurídico y objetivo último que persigue el acto administrativo en relación
con el motivo" (Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I
Primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Página 533), tal y como lo expresa el
numeral 131 ibid. En razón de lo expuesto, el acto administrativo debe ser válido,
adecuándose sustancialmente con el ordenamiento jurídico (numeral 128 ibid),
debiendo "dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado
al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales
previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la
competencia" (numeral 129 ibid). Además, debe tener la condición de eficacia, o
capacidad actual para producir los efectos jurídicos previstos por el ordenamiento
jurídico, adecuándose a las condiciones y requisitos establecidos por el ordenamiento
jurídico para que produzca los efectos programados (ordinal 140 ibid). En mérito de
ello, ostentando tales condiciones, será ejecutivo y ejecutorio (ordinal 146 ibid). En lo
que respecta a los actos administrativos sancionatorios dictados por el Colegio
de Abogados de Costa Rica a sus agremiados, tenemos que La Ley Orgánica del
Colegio de Abogados de Costa Rica, número 13 del 28 de octubre de 1941, dispone
en su capítulo tercero, de las sanciones a los abogados que deberán ser suspendidos
en el ejercicio de su profesión, cuando se hubiere dictado contra ellos auto firme de
elevación a juicio por delito doloso con pena de prisión mayor a tres años que afecte el
ejercicio de la abogacía, por condena a una pena de prisión o de suspensión para
cargos, oficios públicos y profesiones liberales, por negación injustificada a rendir
cuentas a sus poderdantes o clientes, por haber incurrido en apropiación,
malversación, defraudación o uso indebido de fondos en daño de sus clientes, por
autenticación de firma falsa o firma no puesta en su presencia o se preste a que por su
medio litiguen personas no autorizadas por ley, por conducta notoriamente viciosa por
embriaguez, drogadicción, por falta en general de probidad u honradez en el ejercicio
de la profesión (ordinal 10 ibid). En razón de ello, el procedimiento que se aplicará
para decretar la suspensión del profesional en tales supuestos será el fijado por la
Asamblea General del Colegio, que garantice el debido proceso y el derecho de
defensa (numeral 11 ibid) y en los demás casos aplicará el procedimiento ordinario
administrativo, por mayoría absoluta de votos presentes y en votación secreta,
teniendo recurso de revocatoria la resolución final, la cual dará por agotada la vía
administrativa (artículo 12 ibid). La suspensión no podrá ser inferior de un mes, ni
mayor de doce años, según la gravedad de la falta y una vez decretada, la Junta
Directiva ordenará su publicación en el Boletín Judicial y lo comunicará al Consejo
Superior del Poder Judicial, surtiendo efectos la medida a partir de la publicación
(ordinal 15 de la Ley Orgánica y 79 del Código de Ética). A su vez, el Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, número 47 del 11 de
noviembre del 2004, establece que resulta de aplicación forzosa para todos los
abogados que se encuentren autorizados e inscritos en el Colegio de Abogados
(numeral primero). Además, dispone que la Fiscalía del Colegio de Abogados de
Costa Rica será el órgano director de todos los procedimientos administrativos que se
establecieren contra los abogados (artículo 74 ibid) y que las sanciones disciplinarias
que se podrán imponer son amonestación privada, apercibimiento por escrito,
suspensión en el ejercicio profesional hasta por diez años y prevención de devolución
de monto pecuniario y documentos (ordinal 78 ibid). Respecto a las faltas que pueden
ser sancionadas disciplinariamente, éstas se clasifican en leves, graves y muy graves
(numeral 81 ibid). La sanción correspondiente a las faltas es por faltas leves

amonestación privada, apercibimiento por escrito o suspensión en el ejercicio
profesional hasta por tres meses. Por faltas graves, suspensión en el ejercicio
profesional por un plazo de tres meses hasta tres años y por faltas muy graves
suspensión en el ejercicio profesional de tres a diez años (artículo 85 ibid), las cuales
impondrá el ente corporativo considerando las circunstancias del caso, los
antecedentes, y los daños y perjuicios causados (numeral 86 ibid). Respecto a la
prescripción de la acción disciplinaria, se dispone que cuando los hechos imputados
constituyan delito, fenece en los plazos extintivos de la acción penal señalados en la
normativa penal para ese delito y para las demás faltas en dos años. En lo atinente al
cómputo de la prescripción de la acción disciplinaria, esta comenzará a partir momento
en que quien se sienta afectado por una conducta, actuación u omisión de un abogado
o abogada tenga conocimiento de ello y esté en posibilidad de denunciarla y se
interrumpe con la presentación de la denuncia ante el Colegio de Abogados y con
todas las actuaciones que con ocasión del trámite del procedimiento disciplinario se
realicen posteriormente, de modo que si el procedimiento disciplinario se suspendiere
mediante resolución razonada, se suspenderá el cómputo de la prescripción y la
caducidad por el tiempo en que el procedimiento se encuentre suspendido (artículo 86
ibid). En lo atinente al término de caducidad a efecto de ejecutar la sanción
disciplinaria impuesta, la Sección sexta de este Tribunal mediante voto número 222-
2011-VI de las 13:30 horas del 265 de octubre del 2011, dispuso que ante la omisión
de su regulación en el Código citado, supletoriamente se deben aplicar los seis meses
estipulados en el ordinal 340 inciso primero de la Ley General de la Administración
Pública, los cuales deben contarse "a partir del momento en que el Colegio de
Abogados se encuentre en posibilidad de ejecutarlo en los términos de lo previsto por
los artículos 146 y 147 de la Ley General de la Administración Pública, siempre y
cuando no se haya dictado una resolución por parte del órgano jurisdiccional
competente, en que le ordene suspender la ejecución del acto sancionatorio
disciplinario firme".”


7. Sanción disciplinaria a abogado y caducidad del procedimiento
administrativo


Voto de mayoría


“IV- Sobre las potestades de fiscalización y sanción del Colegio de Abogados
De previo a abordar el examen del alegato de fondo, es necesario establecer las
funciones básicas que por ley han sido asignadas al Colegio Profesional demandado,
en lo que se refiere a la fiscalización del correcto desempeño de sus agremiados. El

Colegio de referencia ostenta la naturaleza de un ente público no estatal cuyos fines
principales son, entre otros, velar por el correcto ejercicio de los profesionales,
proteger y vigilar el desempeño de sus miembros, mantener el decoro y dignidad
profesionales. Esta finalidad sienta las bases justificantes para atribuirle la potestad
disciplinaria para corregir las faltas e infracciones de sus integrantes. Lo anterior
supone una delegación del Estado de de una parte del poder de policía o de vigilancia
que le es propio, respecto de una función profesional que resulta especialmente
relevante en el contexto social del país. En este sentido pueden verse las resoluciones
número 86 de las 14.50 horas del 31 de mayo de 1995 de la Sala Primera y fallo
número 55 de las 9.35 horas del 19 de marzo del 2009 del Tribunal de Casación
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (competencias ejercitadas a la fecha
por la Sala Primera en virtud de lo estatuido por el transitorio primero del Código
Procesal Contencioso Administrativo). Bajo esta tesitura, el Colegio de Abogados tiene
la potestad, -entendida ésta como un poder-deber para la concreción y satisfacción del
fin público conferido por ley-, de fiscalizar el ejercicio de la labor profesional de los
abogados. Se trata, en suma, de un control sobre las funciones que ejercen estos
profesionales para garantizar el correcto ejercicio de esta actividad de relevancia
pública. Para tales efectos, el abogado se encuentra sujeto a los deberes jurídicos,
morales y éticos que el ordenamiento jurídico le impone, debiendo ajustar su
comportamiento procesal a aquéllos, a fin de una realización justa y eficaz del
Derecho. Por ello, dentro de las potestades propias del Colegio Profesional se
encuentra el poder-deber de ejercer un régimen disciplinario para con los
profesionales que incumplan los deberes impuestos. Así ante denuncias de
administrados o de instituciones públicas o de cualquier otra índole, la entidad
corporativa debe instar el procedimiento administrativo ordinario en aras de la
búsqueda de la verdad real sobre los hechos denunciados respecto del abogado, y
determinar así la procedencia o no de la aplicación del régimen disciplinario. En este
sentido, sin duda, las sanciones disciplinarias se constituyen en la consecuencia ante
el incumplimiento de los deberes impuestos y el potencial daño o perjuicio a los
intereses de sus clientes, e incluso de los intereses públicos representados en la
misma Administración de Justicia. Por eso el abogado debe ajustarse a los principios
de lealtad, probidad y buena fe en el ejercicio de la defensa de los intereses de los
clientes, así como en sus relaciones con otras instituciones, sean públicas o privadas
Solo de esta forma cumple con el importante papel social que se le ha encomendado
En torno a la relevancia de esta función, puede verse entre otras, la resolución número
792-2009 de las 16.20 horas del 29 de abril del 2009 de este Tribunal. Sobre la
relevancia de esta potestad, ha dado cuenta la Sala Constitucional. En la resolución
número 57 de las 10.50 horas del 16 de febrero del 2005 señaló: “Los Colegios
Profesionales cumplen un fin de interés público que el Estado les ha encomendado, en
resguardo del debido ejercicio de esa profesión. Este control y fiscalización lo debe
ejercer sobre todos sus miembros, con el fin de que la actividad que se ejerce esté
ajustada no solo a una adecuada preparación de éstos, sino a normas de ética y
decoro profesional. En el cumplimiento de este fin, el legislador otorga a los colegios
profesionales facultad de conocer y sancionar las faltas de sus miembros, lo que
puede implicar, inclusive, la suspensión del ejercicio profesional. Reiterada
jurisprudencia ha reconocido la potestad disciplinaria del Colegio de Abogados, su Ley
Orgánica refiere que el Colegio cumple una función de interés público que el Estado le
ha encomendado, en resguardo del debido ejercicio de la profesión. La actuación del

Colegio de Abogados, y en general de todos los profesionales, encuentra su razón de
ser –especialmente en aquellas profesiones que se denominan de carácter liberal- en
el interés público existente de una preparación adecuada de sus miembros, y una
estricta observancia de las normas de la ética y el decoro profesional. Es precisamente
en cumplimiento de ese fin de interés público, que la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados, autoriza al Colegio de Abogados para conocer y sancionar las faltas de sus
miembros.” De igual manera, en el fallo de las catorce horas cincuenta y tres minutos
del veintidós de enero del dos mil tres, citada en voto 57 de las 10.50 horas del 16 de
febrero del 2005 indicó sobre el particular: “V.- De manera que no puede caber duda
acerca de que la correcta y decorosa prestación de los diversos servicios
profesionales tiene que ser considerada como una cuestión del más preponderante
interés público , y en esto la Sala reafirma decididamente su postura. Precisamente
por eso, es decir, para asegurar tanto la dignidad profesional como la satisfacción de
los intereses de los usuarios de esos servicios, es necesaria la continua vigilancia de
la actividad, supervisión que tiene alcances tanto preventivos como correctivos. Ese
control toca, en primera instancia, al propio gremio profesional , legítimamente
interesado como lo está en salvaguardar su prestigio, integridad y tradición social
Para ello existen los colegios profesionales y por ello es que el Estado les concede
potestades de autorregulación y de disciplina sobre sus miembros, de manera que
sean ellos los primeros y principales garantes del lustre de sus respectivas disciplinas
A ello se refirió ya la Sala en la precitada resolución número 05483-95, al decir que
"En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del poder
fiscalizador que posee el Estado en aras del bien común, el cual podría ser ejercido en
forma directa o bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en
una organización no estatal –Colegio Profesional–, pues intereses superiores a los
particulares de los administrados exigen que exista un control sobre la actividad que
realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio
público cumplido a través de sujetos particulares."

V.- Sobre el contenido del numeral 15 de la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados. El ejercicio de la potestad sancionatoria que incumbe al Colegio de
Abogados se concreta dentro de un procedimiento administrativo y como se ha
expuesto, tiene por fin, velar por el correcto ejercicio de los profesiones, proteger y
vigilar el desempeño de sus miembros, mantener el decoro y dignidad profesionales
Lo anterior se corresponde con el notorio interés público que subyace en la profesión
del abogado, quien funge como asesor legal de las personas. Para tales efectos, el
numeral 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados dispone: “Decretada la
suspensión, la Junta Directiva ordenará su publicación en el Boletín Judicial y lo
comunicará al Consejo Superior del Poder Judicial. La medida surtirá efectos a partir
de la publicación.” Como se observa, la norma señalada impone la publicitación del
acto de suspensión como presupuesto de eficacia de la sanción. Es con fundamento
en este precepto que el accionante alega la lesión de sus derechos, por cuanto la
publicación trascendió el Boletín Judicial y se realizó en otros medios de comunicación
de prensa de acceso masivo. Sobre el particular cabe señalar lo siguiente. Cuando se
dispone una sanción inhabilitante contra un profesional en derecho, el deber de
comunicación de la decisión final ha de cursarse por dos vías distintas, cada una de
las cuales atienden a la tutela de intereses jurídicos distintos. Por un lado, el acto final
dictado dentro del procedimiento debe ser notificado al profesional al lugar o medio

que para tales efectos ha designado dentro del expediente administrativo, como
manifestación que debe generarse en el marco del debido proceso. En este caso, se
trata del derecho de comunicación de los actos que le permite conocer del contenido
de la decisión y así poder emprender las sendas recursivas que estime pertinentes
Sin embargo, esa notificación es independiente del acto de publicación que tiene una
finalidad distinta. En efecto, al tratarse de un acto cuyo efecto inmediato es la
suspensión del profesional para el ejercicio de la actividad, es claro que tal
inhabilitación debe ser comunicada a la colectividad, a efectos de evitar lesiones
injustificadas en la esfera jurídica de terceras personas. Desde este plano, resulta
fundamental que las personas se encuentren en posibilidad de conocer que un
determinado abogado ha sido impedido de conocer sus cuestiones, aspecto que solo
puede concretarse con la debida publicidad del acto inhabilitante, impidiendo de esa
manera el ejercicio furtivo de la profesión pese a la restricción impuesta, en detrimento
de los derechos y expectativas de los terceros. En ese sentido, la norma de
comentario establece como condición de vigencia del acto, su publicación en el Diario
Oficial. Tal comunicación tiene a su vez la finalidad de que las autoridades judiciales
conozcan de la suspensión, a fin de adoptar las medidas correspondientes dentro de
los diversos procesos judiciales en que ese profesional en concreto pueda estar
participando. En este sentido, el bien jurídico tutelado no es otro que el resguardo de
los intereses de terceros y la posibilidad real de hacer cumplir la sanción. De otro
modo, si bien se posibilita a los diversos órganos de la administración de justicia
conocer de la suspensión, ese mismo efecto no llega a producirse plenamente en la
colectividad, que a la poste, es el mercado meta del profesional en derecho y quien
puede llegar a verse directamente perjudicado. Desde luego que esta divulgación no
es irrestricta. Se encuentra sujeta a los límites de la razonabilidad y proporcionalidad,
de manera que los medios empleados y utilizados no sirvan de medios para mancillar
el honor de los profesionales, aportando detalles de información que trascienden los
parámetros indicados

VI.- Sobre la potestades emitir normas disciplinarias para los profesionales en
derecho. La parte promovente establece como uno de los criterios en que sustenta la
nulidad, la supuesta incompetencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados
para promulgar las normas de delimitación de comportamiento con sustento en las
cuales se dictaron los actos que le impusieron sanciones de dos meses y tres años
respectivamente. Señala, esa potestad la ostenta la Asamblea General de
Agremiados. La tesis sostenida por el accionante es respetable más no es compartida
por este cuerpo colegiado. En cuanto a las potestades de la Junta Directiva para emitir
reglas atinentes a la ética profesional, el Decreto Ejecutivo No. 20 del 17 de julio de
1942, denominado Reglamento Interior del Colegio de Abogados, establece en su
tenor literal en los cánones 14 y 15: "Artículo 14.- Los abogados, así como los
pasantes y procuradores judiciales, están obligados a cumplir, en el ejercicio de la
abogacía las reglas sobre ética profesional que adopte el Colegio." "Artículo 15.-
Corresponde a la Junta Directiva promulgar las reglas a que se refiere el artículo
anterior, por acuerdo que para su validez requiere las tres cuartas partes de los votos
de los miembros." La dinámica misma del funcionamiento de esas corporaciones
públicas justifica que la competencia para la emisión de ese tipo de ordenanzas
recaiga en el órgano directivo, a fin de contar con mecanismos más eficientes y
flexibles en cuanto a este particular. Como se observa, dichas normas confieren esa

potestad a la Junta Directiva, ergo, la emisión de normativa tal y como el Código de
Deberes Jurídicos Morales y Éticos de esa rama profesional, no es una práctica
extraña a ese marco competencial, de suerte que el Código vigente, sea, el aprobado
en sesión de Junta Directiva del 11 de noviembre del 2004 constituye un marco
normativo que resultan preceptivos para los agremiados y constituye un parámetro
referencial que posibilita el ejercicio sancionador disciplinario por parte de esa
instancia directiva. Cabe señalar que la Junta Directiva es electa por los agremiados,
por lo que trata de una instancia que representa en tesis de principio los intereses de
la corporación y de sus miembros, por lo que no infracciona en principio democrático
Así las cosas, desde el plano del análisis del elemento subjetivo competencial, no se
observa deficiencia alguna en la emisión de las normas que sirvieron de base a las
sanciones aplicadas al accionante

VII.- Sobre el plazo para publicar las sanciones que hayan adquirido firmeza. El
actor reprocha la nulidad de la sanción de suspensión por dos meses impuesta por el
Colegio en el acuerdo 2007-34-075 de la sesión ordinaria 34-2007 del 04 de
septiembre del 2007, por haberse publicado la sanción 18 meses después de la
firmeza del acto en La Gaceta No. 149 del 03 de agosto del 2009. El accionante
estima que el plazo con que cuenta el Colegio para publicar la sanción es el de 2
meses previsto en el ordinal 261 de la Ley General de la Administración Pública. Por
su parte, el Colegio de Abogados estima que ese plazo es el cuatrienal previsto en el
mandato 198 de la misma ley de referencia. El tema en concreto ya ha sido objeto de
examen por esta Sección Sexta. En concreto, en el reciente fallo No. 222-2011-VI de
las 13 horas 30 minutos del 25 de octubre del 2011, sobre el particular se dispuso en
lo relevante: "(...) Este Tribunal considera que si bien es cierto, el artículo 87 del
Código de de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, no
contiene un plazo de caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad
de ejecución de un acto firme que imponga una sanción disciplinaria a un agremiado,
toda vez que los dos años a los que hace referencia esa norma, son para efectos de
ejercer la acción disciplinaria de oficio o a petición de parte, y de tramitar y resolver por
acto final el procedimiento administrativo disciplinario; también lo es, que resulta
contrario a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, llenar
el vacío normativo con el plazo de prescripción contenido en el artículo 198 de la Ley
General de la Administración Pública. En ese sentido y contrario de lo que sostiene el
Colegio de Abogados de Costa Rica, el plazo de prescripción contenido en el numeral
antes citado, no es aplicable al caso concreto, por las siguientes razones: i) Cabe
recordar que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad disciplinaria, por
violación a deberes impuestos a los abogados en el ejercicio de su profesión. En ese
tanto, el supuesto de hecho contenido en el párrafo segundo del artículo 198 de la Ley
General de la Administración Pública, es diametralmente opuesto al caso que nos
ocupa, toda vez que dicho numeral hace referencia al derecho de reclamar la
indemnización contra los servidores públicos prescribirá, en el plazo de cuatro años
desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso; ii) Resulta además, contrario a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, lógica y justicia, que el plazo de
caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecutoria de un
acto firme que imponga una sanción disciplinaria a un agremiado, sea sustancialmente
mayor (cuatro años), al plazo de prescripción de dos años para el ejercicio de la acción
disciplinaria, previsto en el artículo 87 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y

Éticos del Profesional en Derecho; iii) Por último, el plazo de cuatro años de
prescripción contenido en el párrafo segundo del artículo 198 de la Ley General de la
Administración Pública, no regula el plazo para ejecutar un acto administrativo
definitivo, en que se imponga a un funcionario público el deber de indemnizar por los
daños y perjuicios causados, sino por el contrario, regula el plazo máximo en que
podrá reclamarse a partir de que se tenga conocimiento del hecho dañoso, que se
condene al funcionario público a pagar la indemnización presuntamente causada con
su conducta. En consecuencia, si bien es cierto, existe una laguna en el Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, respecto al plazo de
caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecución de un
acto firme que imponga una sanción disciplinaria a un agremiado; también lo es, que
dicha circunstancia no tiene la virtud de justificar la aplicación de un plazo de
prescripción, que resulta incompatible por las razones antes indicadas, con el
supuesto que nos ocupa, a saber: la ejecución del acto administrativo firme que
impuso una sanción disciplinaria a una abogada. Más aún, cuando la aplicación de ese
plazo de prescripción de cuatro años, vendría a paliar -en este caso-, una conducta
omisiva injustificada del Colegio de Abogados, (...) En ese sentido, si bien es cierto,
que el artículo 87 del Código de de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional
en Derecho, no contiene un plazo de caducidad para que el Colegio de Abogados
ejerza la potestad de ejecución de un acto firme que imponga una sanción disciplinaria
a un agremiado, toda vez que los dos años a los que hace referencia esa norma, son
para efectos de ejercer la acción disciplinaria de oficio o a petición de parte, y de
tramitar y resolver por acto final el procedimiento administrativo disciplinaria; también
lo es, que resulta indispensable conforme a los principios de principios de
razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida en vía
administrativa, que este Tribunal integre el ordenamiento jurídico, a efecto de
establecer un plazo de caducidad para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad
ejecutoria del acto administrativo firme que impuso la sanción disciplinaria a la parte
actora, pues de lo contrario, quedaría abierta de manera indefinida, el ejercicio de la
potestad ejecutoria de un acto sancionatorio disciplinario firme, lo cual resulta contrario
al principio de seguridad jurídica y a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 66 de la
Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, cabe indicar que no
estamos ante un supuesto de prescripción -toda vez que no está en discusión si se
extingue o no un derecho de fondo-; sino de caducidad, pues el objeto del proceso se
centra en determinar cuál es el plazo razonable que tiene el Colegio de Abogados,
para ejercer la potestad de ejecución de un acto firme de carácter sancionatorio
disciplinario en contra de un agremiado. Aunado a lo anterior, el plazo a aplicar debe
ser razonable y proporcionado, no sólo respecto del que prevé el artículo 87 del
Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, para
ejercer la acción disciplinaria (2 años), pues tal y como se indicó con anterioridad, el
plazo de ejecución del acto sancionatorio firme no puede ser sustancialmente mayor,
al anteriormente citado; sino en cuanto a la finalidad misma que se persigue con la
ejecución del acto sancionatorio disciplinario, que en última instancia, busca regular el
ejercicio legítimo de la profesión de abogado, por parte de uno de los agremiados al
colegio profesional, que ha transgredido las normas correspondientes en perjuicio no
sólo del cliente sino del interés público. Ahora bien, tomando como parámetro lo antes
expuesto, este Tribunal considera que en aplicación de lo dispuesto en el
numeral 340 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, el plazo

aplicable para que el Colegio de Abogados ejerza la potestad de ejecutar un acto
sancionatorio disciplinario firme, es de seis meses contados a partir del
momento en que el Colegio de Abogados se encuentre en posibilidad de
ejecutarlo en los términos de lo previsto por los artículos 146 y 147 de la Ley
General de la Administración Pública, siempre y cuando no se haya dictado una
resolución por parte del órgano jurisdiccional competente, en que le ordene
suspender la ejecución del acto sancionatorio disciplinario firme (artículos 148 de
la Ley General de la Administración Pública; 19 y siguientes del Código Procesal
Contencioso Administrativo y 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).(...)"

VIII.- El anterior criterio debe mantenerse en este caso. En efecto, los principios de
celeridad e impulso procesal de oficio previstos en el ordinal 22 de la Ley General de
la Administración Pública son máximas que deben regir todo procedimiento
administrativo en la plenitud de sus fases, lo que no se reserva solo a la fase
declarativa u ordinaria de emisión del acto final, sino en las etapas de eficacia y
ejecución. La certeza y la seguridad jurídica deben ser elementos impostergables en
esta dinámica. En materia de ejecución de actos administrativos, el ordinal 228 de la
Ley No. 6227 fija el deber de cumplimiento de esas disposiciones, cuando se
encuentren firmes, para lo cual, remite a las reglas de ejecución del Código Procesal
Contencioso Administrativo. En esa misma línea, y para el caso específico de los actos
firmes de contenido favorable para el destinatario directo, surge el derecho de éste
último de requerir ante esta jurisdicción mediante las vías de ejecución de sentencia
para que la Administración concrete los efectos materiales de esos actos. Pues bien,
entratándose de actos de contenido desfavorable, los principios aludidos y con mayor
intensidad, la máxima de certeza jurídica, exigen el establecimiento de un plazo
razonable a la Administración para que ejecute la sanción. En casos como el presente,
que se está frente a un ejercicio sancionatorio de corte disciplinario, en que una vez
firme el acto represivo, se procede a su publicación en el Diario Oficial, según lo
ordena el artículo 79 del Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos y precepto 15
de la Ley Orgánica del Colegio, una vez lo cual, puede surtir efectos. Esa publicación
es independiente de la comunicación personal al sancionado. Ello supone que es el
acto de publicación el que permite el despliegue de eficacia de la sanción. Desde ese
plano, por criterio de seguridad jurídica se insiste, y por principio de justicia pronta y
cumplida, no puede exponerse al agremiado a plazos amplios dentro de los cuales,
debe estar en una suerte de "vigilia" para determinar cuando la sanción empieza a
regir por haberse producido la publicación. El establecimiento de un plazo amplio para
poder concretar la publicación atenta contra la proporcionalidad, la eficiencia
administrativa y la certeza jurídica que han de guiar cualquier interpretación sobre el
particular. Como punto de partida, debe insistirse, la potestad de imponer una sanción
y en este caso, la de publicar ese acto firme como presupuesto condicionante de la
eficacia de la represión (que no de validez), no se encuentra sujeta a la figura de la
prescripción, sino a la figura de la caducidad. De ahí que no puedan resultar aplicables
para llenar el vacío aludido, normas que incorporen plazos prescriptivos. En esa línea,
no comparte el Tribunal la tesis del Colegio de Abogados en cuanto a que la norma
aplicable es el numeral 198 de la Ley No. 6227. Como se ha expuesto por esta
Sección, se trata de una norma que regula un supuesto de hecho muy diverso al que
acá se dirime, pues ese mandato se refiere al plazo para ejercitar el derecho a
pretender una indemnización por daños irrogados por acciones u omisiones públicas,

o bien, de la Administración hacia un tercero o uno de sus agentes. Es por ende una
normativa que regula la prescriptibilidad de derechos indemnizatorios en relaciones de
responsabilidad civil extracontractual. No resulta aplicable tampoco la norma común de
prescripción que regula el canon 868 del Código Civil, siendo que el numeral 9 de la
Ley No. 6227 establece el principio de autonomía del ordenamiento jurídico
administrativo, que exige su integración por las fuentes escritas y no escritas de esa
rama del derecho, de previo a posibilitar el uso de figuras o normas propias del
régimen privatista. En esta dimensión, no es atinente la referencia al precepto 261 que
de esa fuente legal hace el accionante, siendo que esa norma regula el plazo para
culminar el procedimiento administrativo por acto final. Incluso, en el ámbito de esa
norma, es claro que el plazo allí dispuesto es ordenatorio y no perentorio, al punto que
el acto dictado fuera de plazo sería válido para todo efecto legal, según lo ordena el
mandato 329 de la citada Ley General, excepción hecha de dilaciones irracionales que
atenten contra la máxima de justicia administrativa pronta y cumplida, desarrollo del
cual ha dado cuenta esta Sección Sexta en la sentencia No. 199-2011-VI de las 16
horas 20 minutos del 12 de septiembre del 2011. De ahí que por fenómeno de
integración analógica, la norma que regula el supuesto de hecho más próximo en
cuanto a las consecuencias jurídico-procedimentales de la inercia pública, es
precisamente la norma 340 de la Ley No. 6227 que precisa la figura de la caducidad
del procedimiento. Es claro que en el supuesto de hecho concreto de plazo para poder
publicar la sanción para que produzca efectos, no se trata de una caducidad del
procedimiento, pues éste ya ha terminado por acto final y en estado de firmeza. No
obstante, cuando la sanción firme no se publica dentro del plazo de seis meses, se
incurre en similar grado de inercia, de omisión, de suerte que la consecuencia jurídica
de esta desidia o descuido del ente público, lleva al fenecimiento por decurso del
tiempo del ejercicio de la potestad. Así las cosas, se reitera el criterio de este Tribunal
en cuanto a que con independencia de que el numeral 79 del Código de Deberes
Morales, Jurídicos y Éticos del Colegio no establezca un plazo para publicar la sanción
de modo que ésta pueda surtir efectos, por integración analógica, el plazo de
caducidad aplicables sería el de seis meses regulado por el canon 340 de la Ley No
6227/78, el que computaría a partir de la firmeza del acto a publicar

IX.- Ahora bien, esta caducidad opera de pleno derecho, sin necesidad de que el
agremiado afectado establezca gestión alguna para la declaratoria de esa caducidad
aludida, de suerte que el vencimiento de ese término supone la imposibilidad de
ejecutar la sanción, con independencia de que el afectado haya solicitado esa
caducidad del derecho o no. Cabe resaltar, la falta de publicación de ese lapso no
incide en la validez del acto, pues no se trata de una incorrección en los diversos
elementos constitutivos de la conducta pública final del procedimiento. Se trata de la
caducidad del poder de ejecución del acto por desidia en la publicación. Tampoco se
sustenta el presente fallo en la prescripción de la potestad disciplinaria como lo
argumenta el actor, tema que en nada se asocia a lo que se analiza, siendo que en la
especie, se dictó la sanción y el debate se presenta en torno al plazo con que cuenta
el Colegio demandado para publicar ese acto final y posibilitar el surgimiento de sus
efectos. A juicio de esta Cámara, el citado plazo de seis meses, se trata de uno por
demás razonable y que no se estima gravoso para ninguna de las partes involucradas
Plazos más amplios expondría al agremiado en un gravoso estado de incertidumbre
respecto del momento a partir del cual se producirá su inhabilitación profesional. Al

haberle notificado el acto final y el rechazo de las medidas recursivas que procedan
contra esa determinación administrativa, la publicación viene a ser una condición
suspensiva de la sanción, pues hasta que se publique, surte efectos. Empero, si se
aplica un plazo de cuatro años, como sostiene el Colegio de Abogados, ello implica
que por ese tiempo, el agremiado no podría atender a sus clientes ni prestar servicios,
pues se encuentra en indefinición del momento en el cual, queda suspendido. Ello con
obviedad le coloca en estado de desprotección, a la vez que afecta el ejercicio de su
actividad económica de sustento personal (y eventualmente familiar), pues ante
determinada demanda de servicios profesionales, tendría que abstenerse por no tener
noción del inicio de su suspensión, lo que supone un riesgo para el cliente de
quedarse sin patrocinio letrado en el interín de una causa judicial o administrativa, con
los inconvenientes que ello puede generar. En consecuencia, la eficacia de la sanción,
conforme al ordinal 79 del Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos, se encuentra
condicionada a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para lo cual, cuenta con
un término de 6 meses contados desde la firmeza del acto que dispone la sanción, so
pena de caducidad de la facultad de ejecutar la sanción. Este aspecto operara de
pleno derecho, ergo, no requiere gestión de parte interesada. De igual modo,
atendiendo a que el Colegio de Abogados cuenta con toda una plataforma de personal
que se encarga de llevar los procedimientos disciplinarios como es la Fiscalía, para
efectos de tutelar debidamente la certeza jurídica, es menester que una vez publicada
la sanción, o bien, cuando se remita el respectivo edicto o aviso a la Imprenta
Nacional, ponga en conocimiento al agremiado, al lugar o medio consignado en el
respectivo expediente administrativo, dicha comunicación general, como derivación de
lo preceptuado en el canon 240 de la Ley No. 6227/78. Cabe aclarar con todo, la
eficacia de la sanción se produce con la publicación

X.- En el caso concreto, se ha tenido por acreditado que por acuerdo 2007-34-075
tomado en la sesión ordinaria número 34-2007 del 04 de septiembre del 2007, se
impuso una sanción de dos meses al accionante. Los recursos planteados contra ese
acto fueron rechazados por acuerdo número 2008-05-025 adoptado en la sesión
ordinaria 05-2008 del 05 de febrero del 2008. Esa sanción fue publicada hasta el 03 de
agosto del 2009 en el Diario Oficial La Gaceta No. 149, es decir, casi 18 meses
después de rechazados los recursos, ergo, de su firmeza. Es criterio de ese Tribunal,
resulta insostenible y desproporcionado un plazo semejante para concretar el acto de
publicación de la sanción. Como se ha señalado, en ese ejercicio, el término aplicable
es el de 6 meses regulado por el ordinal 340 de la Ley No. 6227/78. Es claro entonces
que ese término fue por demás superado, incluso triplicado, lo que supone la
caducidad de pleno derecho de esa facultad pública. Ello produce la imposibilidad de
ejecutar la conducta pública y en consecuencia, la sanción impuesta no podía surtir
efectos, con lo cual, es claro que el acto de publicación resulta inválido de manera
absoluta al pretender generar una consecuencia jurídica que a esa fecha no podía
producirse por fenecimiento del tiempo en que era de válido ejercicio. Dese esa arista
de examen, es claro que la sanción adoptada dentro del expediente disciplinario 451-
09, mediante el acuerdo 2010-22-012 de la sesión ordinaria 22-2010 del 07 de junio
del 2010, dictada por el Colegio de Abogados constituido en Consejo de Disciplina,
resulta inválida al partir de un motivo inexistente. En efecto, el motivo, entendido como
el presupuesto fáctico o jurídico que posibilita la emisión del acto público, en los
términos que exige el canon 133 de la Ley General de la Administración Pública, debe

existir al momento de dictar el acto. En este caso, el motivo de la conducta
cuestionada estriba en la supuesta acreditación de la desatención en que incurrió el
accionante respecto de la orden de suspensión en el ejercicio de la profesión de
abogacía que fuese dispuesta en el acuerdo 2007-34-075 de la sesión ordinaria 34-
2007 del 04 de septiembre del 2007. El análisis del acto final dentro del procedimiento
disciplinario parte de que el accionante participó en la causa penal 09-000017-0283-
PE que se tramita en la Fiscalía de Pavas para asumir la defensa de la señora
encartado Nelfa del Carmen Rodríguez Martínez en fecha 26 de agosto del 2009,
atendiendo la indagatoria de esa persona. El acto final señala que para esa fecha ya la
sanción se había publicado, por lo que el actor ejercitó la profesión pese a estar
suspendido, lo que infracciona el canon 24 del Código de Deberes Jurídicos Morales y
Éticos, aduciendo además que no es responsabilidad de la Fiscalía del Colegio
advertir al agremiado que la sanción ya se remitió a publicar. Como se ha señalado, la
publicación de esa sanción de dos meses realizada en La Gaceta del 03 de agosto del
2003 deviene en inválida por haber superado los plazos tolerables de proporcionalidad
y razonabilidad del ejercicio de la facultad. De ahí que los efectos de esa inhabilitación
no pueden tenerse como válidamente producidos. En consecuencia, no se configuró el
incumplimiento a una sanción previamente impuesta, pues aquella primera, no podía
producir efectos por las causas dichas. En esa línea, el ordinal 164.1 de la Ley
General tantas veces citada dispone la nulidad de los actos posteriores que dependan
de un acto previo que fuese anulado. Es precisamente ello lo que ocurre en este
punto. La validez de la sanción disciplinaria de tres años de suspensión se sujeta y
condiciona a la validez de los efectos de la sanción de dos meses que fue en teoría
incumplida por el demandante. Ergo, como aquellos efectos no se produjeron
válidamente desde el plano jurídico, el actor no pudo haber incurrido en su
incumplimiento. Entonces, no existe motivo real que posibilite aplicar el contenido
sancionatorio. La inexistencia de ese motivo condiciona de manera directa el
contenido del acto, dada la relación de correspondencia y proporcionalidad que ha de
imperar entre ambos elementos (arts. 132-133 Ley No. 6227/78), de suerte que ante la
ausencia de aquel motivo, no puede válidamente disponerse a modo de contenido la
sanción de tres años finalmente dictada. Se trata de un vicio de nulidad absoluta en los
términos señalados por los ordinales 128, 158, 166 y 167 de la Ley No. 6227 que por
ende, ha de ser declarado por este Tribunal, ordenando la supresión por invalidez de
la conducta objeto de cuestionamiento. En consecuencia, lo debido es disponer la
nulidad absoluta del acto dictado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de
Costa Rica constituida como Consejo de Disciplina, en el acuerdo 2010-22-012, sesión
ordinaria 22-2010 del 07 de junio del 2010. De igual modo y como derivación del
principio de accesoriedad, en orden a lo preceptuado por el mandato 164 de la Ley
General de la Administración Pública y los incisos a y k del numeral 122 del Código
Procesal Contencioso Administrativo, se dispone la nulidad del acuerdo 2011-04-032
de la sesión ordinaria 04-2011 del 31 de enero del 2011 que dispone el rechazo del
recurso de revocatoria y nulidad concomitante, y que rechazó las medidas recursivas
de reconsideración y de revisión presentado por el actor contra el acto anteriormente
referido. Cabe precisar, la supresión de las anteriores conductas estriba en las causas
jurídicas ya señaladas, no así en la prescripción de la potestad sancionatoria alegada
por el promovente.”


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Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
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Congreso de la República de Costa Rica. Ley 13 del 28/10/1941. LEY ORGÁNICA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA. Fecha de vigencia desde
28/10/1941. Versión de la norma 13 de 13 del 17/02/2016. Colección de leyes y decretos: Año
1941. Semestre 2. Tomo 2. Página 677

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución Nº
00004 - 2013. Fecha de la Resolución: 17 de Enero del 2013. Expediente: 10-001192-1027-CA
Clase de Asunto: Proceso de conocimiento

Sala Primera de la Corte. Resolución Nº 00497 - 2011. Fecha de la Resolución: 14 de Abril
del 2011. Expediente: 06-001307-0163-CA. Clase de Asunto: Recurso de Casación

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución Nº 00004 - 2008. Fecha de
la Resolución: 15 de Abril del 2008. Expediente: 05-000163-0163-CA. Clase de Asunto
Proceso contencioso administrativo

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución Nº 00222 - 2011. Fecha de
la Resolución: 25 de Octubre del 2011. Expediente: 11-000579-1027-CA. Clase de Asunto
Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Sala Segunda de la Corte. Resolución Nº 00845 - 2011. Fecha de la Resolución: 21 de
Octubre del 2011. Expediente: 06-002032-0166-LA. Clase de Asunto: Recurso de casación

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Resolución Nº 00064 - 2012. Fecha de
la Resolución: 20 de Junio del 2012. Clase de Asunto: Proceso de conocimiento

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución Nº 00008 - 2012. Fecha de
la Resolución: 17 de Enero del 2012. Expediente: 10-004328-1027-CA. Clase de Asunto
Proceso de puro derecho