Jurisprudencia sobre Prohibición de Tramitar
como Abogado Asuntos que se Conocieron
Siendo Juez
Rama del Derecho: Colegios Profesionales. Descriptor: Colegio de Abogados

Palabras Claves: Abogado, Juez, Funcionario Público, Tramite, Proceso, Prohibición, Artículo 62
del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 08/07/2019

Nombre del Investigador: Simons Salazar García


Contenido


Prohibición de Tramitar como Abogado Asuntos Judiciales o
Administrativos que se Conocieron en Condición de Funcionario Público o


1. Constitucionalidad del Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos,
2. Análisis del Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y
3. Sobre el Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos
4. Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del


 RESUMEN


El presente informe realiza una reseña sobre la Prohibición de Tramitar como
Abogado Asuntos Judiciales o Administrativos que se Conocieron en Condición de
Funcionario Público o Juez, para lo cual son considerandos los supuestos normativos
del artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en
Derecho y el criterio que al respecto ha elaborado la jurisprudencia nacional


NORMATIVA

Prohibición de Tramitar como Abogado Asuntos Judiciales o Administrativos
que se Conocieron en Condición de Funcionario Público o Juez


Artículo 62. Cuando un abogado o abogada haya cesado labores en la judicatura, o en
alguna institución pública estatal o no estatal, no deberá patrocinar en asuntos que
hubiese conocido en su carácter de funcionario (a). Durante el plazo de un año no
podrá patrocinar asuntos que deben ser resueltos en la oficina u órgano donde laboró


JURISPRUDENCIA


1. Constitucionalidad del Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos,
Morales y Éticos del Profesional en Derecho

Voto de mayoría

I. Sobre la admisibilidad. El accionante Luis Aguilar Herrera se encuentra legitimado
para promover esta acción de inconstitucionalidad contra el párrafo primero del
artículo 62 del Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en
derecho, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 71 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. En efecto, como asunto previo consta el expediente judicial
número 09-3266-1027-CA, interpuesto para anular el acuerdo número 2009-19-14
tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados constituido en Consejo de
Disciplina, en el que el recurrente invocó la inconstitucionalidad del precepto
cuestionado como medio razonable de amparar el derecho que estima vulnerado


II. Objeto del recurso. El accionante plantea la inconstitucionalidad del párrafo
primero del artículo 62 del Código de deberes jurídicos, morales y éticos del
profesional en derecho, publicado en La Gaceta 242 del 10 de diciembre de 2004 y con
fecha de vigencia desde el 10 de enero de 2005, que establece lo siguiente

“Artículo 62. Cuando un abogado o abogada haya cesado labores en la judicatura, o en
alguna institución pública estatal o no estatal, no deberá patrocinar en asuntos que
hubiese conocido en su carácter de funcionario (a). Durante el plazo de un año no
podrá patrocinar asuntos que deben ser resueltos en la oficina u órgano donde laboró.”
(Solo lo subrayado corresponde a lo cuestionado)

III. Sobre el fondo. El accionante funda su alegato de inconstitucionalidad en el hecho
de que la norma cuestionada no contempla un plazo determinado a partir del cual un
ex funcionario judicial o público pueda llevar el patrocinio de un proceso que hubiese
conocido en su carácter de funcionario. De este modo, se somete al ex funcionario
afectado a una prohibición ad perpetuam, lo que resulta contrario al artículo 40
constitucional. En relación con esta situación, en sentencia número 2004-11611 de las
8:55 horas del 20 de octubre de 2004, esta Sala analizó la constitucionalidad del
numeral 49 del Código de Moral del Colegio de Abogados. Esta normativa ciertamente
fue derogada por el Código de Moral Profesional del Abogado aprobado en sesión de
Junta Directiva número 38-2001 del 19 de noviembre del año 2001 y publicado en el
Diario Oficial La Gaceta del 14 de diciembre del año dos mil uno y sus reformas (ver
artículo 89 de este último cuerpo normativo). Empero, resulta de interés destacar lo
que este Tribunal manifestó en esa ocasión, por la evidente relación con el texto
normativo aquí cuestionado

“Artículo 49: Cuando un abogado haya cesado en la judicatura o en algún cargo
público, no debe aceptar asuntos que hubiese conocido en su carácter de funcionario
público. Durante el plazo de un año no puede ejercer su profesión en asuntos que
deben ser resueltos en la misma oficina donde ejerció puestos de autoridad.”

Así las cosas, en la sentencia número 2004-11611, esta Sala manifestó lo siguiente

“III.- Sobre el fondo. La Sala Constitucional, en otras oportunidades, se ha referido
respecto de asuntos similares a los que aquí ocupa, en los que ha desarrollado la
naturaleza y las funciones de los Colegios Profesionales, su potestad de emitir
disposiciones relativas a la ética profesional de sus miembros, y de imponer
correcciones disciplinarias respecto de las faltas que se originen en el ejercicio de esta
actividad. Así, por ejemplo, en la sentencia Nº7019-95 de las 17:57 hrs. de 21 de
diciembre de 1995, se dijo

“II.- Argumenta el accionante que al establecerse en los artículos 147 de la derogada
Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 16 inciso 11) de la Ley

Orgánica del Colegio de Abogados y 55 inciso 8) del Reglamento Interior del Colegio de
Abogados, que la potestad disciplinaria sobre sus agremiados la ejercerá la Junta
Directiva del Colegio, se viola el principio constitucional de juez natural contenido en el
artículo 35 de la Constitución. Al respecto, se ha dicho que: "No cabe duda a esta Sala
que por principio y por disposición de su Ley Orgánica, el Colegio de Abogados bifurca
su actuación en dos sectores: a) por un lado, cumple una función de interés público que
el Estado le ha encomendado, en resguardo del debido ejercicio de la profesión; este
control o fiscalización lo puede ejercer sobre todos sus miembros, por ser obligatoria la
colegiatura. La actuación del Colegio de Abogados, y en general de todos los colegios
profesionales, como ya lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
opinión consultiva No. OC-5/85 del 13 de noviembre de l985, encuentra su razón de ser
(especialmente en aquellas profesiones que se denominan de carácter liberal) en el
interés público existente a que exista una preparación adecuada de sus miembros, y
una estricta observancia de las normas de la ética y el decoro profesional. Para la Sala,
es precisamente en cumplimiento de este fin de interés público, que la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados, autoriza al Colegio de Abogados para conocer y sancionar las
faltas de sus miembros (sentencia número 0493-93 de las nueve horas cuarenta y ocho
minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres).- Se reconoce así la
constitucionalidad de la potestad disciplinaria del Colegio de Abogados para conocer y
sancionar las faltas de su agremiados. Sobre la naturaleza misma de los tribunal
disciplinario, se dijo: "Tampoco son de recibo los argumentos de que el tribunal no
estaba facultado para actuar como lo hizo, y de que sus actos son violatorios del
artículo 35 Constitucional, según el cual nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal
o juez especialmente nombrado al efecto, sino exclusivamente por los tribunales
establecidos de acuerdo con la Constitución, pues el tribunal de Honor, conformado
para estudiar un asunto ético de un miembro de su gremio, no transgrede en forma
alguna dicha norma en la medida en que no se trata de un asunto de naturaleza
jurisdiccional, que deba ser conocido por los tribunales creados al efecto, sino que se
trata de un asunto interno de interés de un grupo profesional tendiente a salvaguardar
la imagen de la profesión en la sociedad." (sentencia número 1604-90 de las catorce
horas cuarenta y cinco minutos del once de setiembre de mil novecientos noventa)

Tal razonamiento es plenamente aplicable en este caso, la imposición de sanciones
disciplinarias a los abogados no es un asunto de naturaleza jurisdiccional y el que se
establezca que la Junta Directiva del Colegio esta facultada, por ley, para conocer de
las faltas de sus agremiados e imponer las respectivas sanciones no viola el principio
del juez natural que se establece en el artículo 35 de la Constitución Política. Tal
razonamiento se hace extensivo también a la cuestión de constitucionalidad de los
artículos 38, 39 y 40 del Código de Moral y del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en el sentido en que lo cuestiona el accionante. No existe razón de mérito para
cambiar de criterio y por ello se debe rechazar por el fondo este argumento


III. Luego de haberse establecido en el considerando anterior que el Colegio está
facultado para ejercer la potestad disciplinaria sobre sus miembros, procede analizar
los argumentos sobre la constitucionalidad del procedimiento establecido para el
juzgamiento de faltas de los abogados. Se argumenta que lo dispuesto en el
Reglamento Interior de Colegio de Abogados y en el Código de Moral de los Abogados,
al regular el régimen disciplinario e imponer sanciones o penas es inconstitucional
porque: "... NO TENIENDO EL RANGO DE LEY, sino de MERAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS, tomadas por un órgano administrativo, a través de ella no pueden
imponerse sanciones o penas, pues esa es MATERIA RESERVADA A LA LEY, conforme a
la más elevada doctrina y normas 39 y 121 inciso 1) de la Constitución". Según consta
en el acuerdo número IV-61 que cuestiona el recurrente, la suspensión se le impuso de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Código de Moral y 145 incisos
y 3 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a los artículos 145 y 148 de
la Ley Orgánica, los argumentos no son válidos porque se trata, precisamente, de
normas legales y no de meras disposiciones administrativas. Es en los artículos 147,
148, 149, 150 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se establece tanto
el procedimiento como el monto de las sanciones a imponer. En concreto, el artículo
148 establece: " La suspensión no podrá ser inferior a un mes y podrá extenderse hasta
cinco años." Además, como se dijo en el considerando anterior, el Colegio está
facultado por ley para ejercer la potestad disciplinaria sobre sus miembros y
consecuentemente, puede dictar el Código de Moral. El Código de Moral, cuerpo
normativo de carácter reglamentario, lo que hace es regular el monto de las sanciones
a imponer para las situaciones concretas que allí se describen, dentro de los
parámetros establecidos en la ley, es decir, regulan la amonestación, que es sanción de
mucho menor gravedad que la suspensión y en cuanto a la suspensión, en ningún caso
de los previstos en el reglamento excede los cinco años establecidos en la ley, además
es de recordar que lo relativo a la inhabilitación fue declarado inconstitucional en
sentencia número 3133-92, de las diez horas del veintiuno de octubre de mil
novecientos noventa y dos. En cuanto al Reglamento Interior del Colegio de Abogados,
decreto ejecutivo número 20 del diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos,
establece, en el artículo 16 que: "El Código de Moral señalará como sanción, a cada
una de las infracciones que contemple, una de las penas siguientes: amonestación
confidencial, suspensión el ejercicio de la profesión de un mes a cinco años (...)" Lo que,
como se dijo, está dentro de los parámetros establecidos por la Ley Orgánica del Poder
Judicial

Sobre este tema, la Sala dijo, en sentencia número 5668-95, del diecisiete de octubre
del año en curso: " Contrariamente al criterio del accionante, la resolución de la Junta
Directiva del Colegio de Abogados impugnada en amparo y que da pie a la formulación
de esta acción si tiene fundamento legal: los artículos 145 a 148 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial vigente al momento en que dicha resolución fue dictada, disposiciones


de derecho disciplinario que claramente determinan las sanciones aplicables. El artículo
39 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, por su parte, remite a la Ley Orgánica
del Poder Judicial al efecto de determinar el elenco de eventuales sanciones" En
consecuencia, este argumento también debe rechazarse. (Lo resaltado no es del
original)

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia transcrita, los Colegios Profesionales
gozan de la facultad de ejercer la potestad disciplinaria respecto de sus miembros, y de
emitir, con sujeción a los límites constitucionalmente estatuidos, los parámetros
deontológicos necesarios para regular la actividad de sus agremiados

IV. En particular sobre la norma impugnada. Partiendo de lo dicho en los considerandos
anteriores, procede analizar si lo dispuesto por la segunda parte del artículo 49 del
Código de Moral del Colegio de Abogados se adecua al Derecho de la Constitución
Según el accionante, dicha disposición constituye una limitación arbitraria e
injustificada de su derecho al trabajo, en cuanto veda la posibilidad, durante el plazo
de un año, de dirigir asuntos que deben ser conocidos por la oficina donde ejerció
puestos de autoridad. Por su parte, el Procurador General Adjunto y el Presidente del
Colegio de Abogados de Costa Rica en memoriales separados defienden la
razonabilidad de la norma atacada, en cuanto tiene por objeto evitar “el eventual
conflicto de intereses que se produciría si el patrocinio profesional de una determinada
causa es asumida por un profesional que, hasta hace poco, formaba parte del órgano
con competencia para decidir el caso” (folios 49 y 50), con lo cual se puede recibir un
trato más o menos favorable por parte de esa Dependencia, todo ello en detrimento de
los principios de imparcialidad y objetividad, que informan sin duda alguna la función
de los órganos administrativos y jurisdiccionales. Tales razones son compartidas por
este Tribunal Constitucional, por lo cual se estima que la segunda parte del artículo 49
del Código de Moral del Colegio de Abogados, lejos de violentar los derechos
fundamentales del promovente, se adecua al Derecho de la Constitución. En efecto,
dicha norma se ajusta a las potestades de que gozan los Colegios Profesionales –en
particular, el Colegio de Abogados de Costa Rica– para fiscalizar el cumplimiento de los
principios éticos del ejercicio de la profesión. En este sentido, no se trata de una
restricción abusiva del derecho consagrado en el artículo 56 constitucional, sino de una
limitación temporal tendente a proteger la objetividad y la imparcialidad del servidor,
quien se ve liberado de conocer asuntos durante el plazo de un año dirigidos por su
antiguo superior, evitándose entonces el conflicto de intereses. Tampoco se considera
irrazonable el término de un año que estipula la norma impugnada; por el contrario,
dicho plazo no es sino una consecuencia lógica y necesaria de la primera parte del
artículo 49 ídem, en cuya virtud el “abogado que haya cesado en la judicatura o en
algún cargo público, no debe aceptar asuntos que hubiese conocido en su carácter de
funcionario público”


V. Así las cosas, al considerarse en esta sentencia que la frase: “Durante el plazo de un
año no puede ejercer su profesión en asuntos que deben ser resueltos en la misma
oficina donde ejerció puestos de autoridad”, del artículo 49 del Código de Moral del
Colegio de Abogados, no es inconstitucional, lo procedente es declarar sin lugar la
acción.”

En la especie, lo que se estima como inconstitucional no es lo referido al plazo de un
año en que un abogado, que haya cesado labores en la judicatura o en alguna
institución pública estatal o no estatal, no puede patrocinar asuntos que deben ser
resueltos en la oficina u órgano donde laboró, sino la prohibición de que, en ningún
caso, podrá patrocinar en asuntos que hubiese conocido en su carácter de funcionario
(a), lo que el recurrente califica como una prohibición ad perpetuam contraria al
artículo 40 constitucional. Al respecto, la Procuraduría General de la República
considera que, ciertamente, la proscripción de las penas perpetuas resulta una
garantía del pleno disfrute de los derechos de ciudadanía y demás derechos
fundamentales de las personas, y, por supuesto, un límite importantísimo del poder
punitivo del Estado. Tal proscripción comprende tanto las penas impuestas en el marco
de un proceso penal, como las sanciones administrativas (sentencias número 1994-
4425 de las 8:06 horas del 19 de agosto de 1994 y 2008-3937 de las 14:50 horas del 12
de marzo de 2008). Ahora bien, concuerda este Tribunal con la Procuraduría General
de la República, en que el numeral 62 del Código en cuestión no impone una sanción
perpetua. En realidad, el quebrantamiento del artículo 62 de ese mismo cuerpo
normativo constituye falta grave sancionable con una suspensión que puede ir de tres
meses a tres años, según los numerales 83 inciso a) y 85 del Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Ergo, no se da una pena
perpetua, sino lo que se establece en el citado ordinal 62, simple y llanamente, es la
prohibición de una determinada conducta, que es sancionada con una pena
claramente determinada. Ahora bien, en lo atinente a la fundamentación de tal norma,
este Tribunal destaca, como valor fundamental, la imparcialidad tanto del juez, como
de todo funcionario público. En efecto, al Administración Pública debe contar con
mecanismos útiles para garantizar la independencia de los empleados públicos frente a
intereses ajenos al propio ejercicio de las funciones públicas, sean estos políticos,
económicos, burocráticos o corporativos, familiares, simplemente particulares, o de
cualquier otro tipo, toda vez que tales intereses podrían desviar al funcionario de su
legítimo objetivo consistente en la prestación de un servicio a favor del interés público
Atinente al juez propiamente, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Este


derecho a la independencia del juez es recogido por nuestra Constitución Política en el
ordinal 41 constitucional, en la medida que constituye un presupuesto sine qua non
para que el administrado pueda recibir justicia pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con las leyes. En el mismo sentido, la imparcialidad del juez
fundamenta que el numeral 42 de la Constitución Política determine que en mismo
juez no pueda serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto, y que el
artículo 35 constitucional prohíba la creación de tribunales especialmente nombrados
para la resolución de un caso. Sin duda, la imparcialidad del juez constituye un
elemento básico del sistema democrático, cuya vulneración afecta la esencia misma de
la legitimación de nuestro régimen político. En virtud de lo expuesto, la norma
cuestionada resulta del todo razonable. Efectivamente, si a un abogado, que hubiera
cesado labores en la judicatura, se le permitiera patrocinar en asuntos que hubiese
conocido cuando fungió como juez, la garantía de la imparcialidad del juez se vería
afectada seriamente dada la consecuente disminución en el grado de confianza de los
ciudadanos en la objetividad y razonabilidad de las decisiones jurisdiccionales. Así, la
norma cuestionada resulta útil para prevenir la corrupción judicial, en la medida que
mengua la posibilidad de que un juez emita criterio con base en algún interés externo
y no en su íntima convicción jurídica. Por lo demás, la norma cuestionada evita que un
abogado litigante goce de una ventaje ilegítima al tener acceso a informaciones y
relaciones privilegiadas, en función de su previo desempeño como juez en el caso que
anteriormente conoció, y en el que luego pretende patrocinar. Ahora bien, cabe
advertir que la norma prohíbe al abogado que cesó labores en la judicatura patrocinar
en “asuntos” que antes conoció como juez, es decir, la restricción no se refiere a
patrocinar “personas” que hubieran actuado como partes procesales, sino a patrocinar
“en asuntos”, esto es, en casos cuya tramitación, resolución o ejecución definitivas no
hayan concluido. Con base en lo expuesto, esta Sala concluye que el párrafo primero
del artículo 62 del Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en
derecho es constitucional, por lo que declara sin lugar esta acción


2. Análisis del Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos
del Profesional en Derecho

Voto de mayoría

II. Como primer alegato, señala que no existe prescripción en este caso, tal y como
erróneamente lo estimó el Tribunal al afirmar que ésta ocurrió a partir del 20 de
febrero de 2012, al haber transcurrido más de un año desde la última interrupción, ya
que, se hizo un señalamiento para debate en fecha 10 de febrero de 2013 a las :07:45
que interrumpió la prescripción y el siguiente señalamiento lo fue las 11:44 horas del
20 de marzo de 2013. Realiza una cronología de las fechas importantes y que marcan

si existió o no prescripción de la siguiente manera: i) el hecho ilícito se consumó el 24
de diciembre de 2009; ii) primera interrupción por interposición de querella el 23 de
abril de 2010; iii) segunda interrupción por señalamiento de debate el 19 de octubre
de 2010; iv) tercera interrupción por segundo señalamiento a debate el 10 de febrero
de 2011; v) primer suspensión del plazo de prescripción por dictar la Sala
Constitucional la resolución de las 13:22 horas del 10 de mayo de 2011, que dio curso a
la acción de inconstitucionalidad y hasta el 21 de octubre de 2012; vi) cuarta
interrupción por tercer señalamiento a debate 22 de marzo de 2011; vii) segunda
suspensión de la acción penal el 17 de junio de 2013 al decretar la rebeldía del
querellado; viii) quinta interrupción con el cuarto señalamiento para debate de fecha
20 de setiembre de 2013 y xv) sexta interrupción por la resolución oral en fecha 04 de
julio de 2014 para señalar debate. En su criterio entre uno y otro señalamiento no
alcanzó el plazo de un año, además que, desde el 10 de febrero de 2011 y hasta el 22
de marzo de 2013 el proceso estuvo suspendido por la acción de inconstitucional
interpuesta. Considera que, a partir del 10 de febrero de 2011 hasta el 10 de mayo de
2011 solo habían transcurrido 3 meses, plazo que siguió corriendo a partir del 22 de
marzo de 2013, donde se sumó 5 meses y 23 días para un total de 8 meses y 23
días. De ahí, que afirma, que la causa no está prescrita. Como segundo reclamo indica
que el Tribunal no admitió su alegato de que la causa estaba suspendida por la acción
de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 62 del Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, toda vez que esa acción iba
dirigida a que se declarara inconstitucional dicha norma y que con la resolución de
admisibilidad se suspendía el proceso penal. Informa como puntos que considera de
importancia: A) Que dicha norma tiene incidencia en este proceso penal. B) Que el
Tribunal tomó en consideración la resolución n° 2012-011066 de las 16:33 horas del 14
de agosto de 2012, de la Sala Constitucional, siendo que dicho documento no es válido
por no tener firmas que la legitimen como sentencia, por lo que en su criterio, la
prescripción con respecto a este asunto sigue suspendido. C) Alega acerca de que el
imputado procuró y logró dar información parcialmente falsa, incompleta y
difamatoria al periodista Nicolás Aguilar Ramírez, mismo que publicó dicha
información y que versaba acerca de la supuesta violación al artículo 62 párrafo
primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho y
que no existe fallo que declarara que él incurriera en esos actos, por lo que considera,
que existió, un abuso en el derecho de informar. D) Afirma que no era dable que se
difundiera esa noticia como se hizo, por cuanto ha alegado en el proceso
administrativo que su conducta no quebranta dicha norma, misma, que alega, es
inconstitucional al no contener plazo alguno durante el cual un ex-funcionario judicial
pueda patrocinar un asunto que hubiese conocido siendo funcionario, lo que estima
como una limitación perpetua, una restricción abusiva, desproporcionada e
irrazonable. E.- Informa acerca de la resolución del Colegio de Abogados, la cual
determinó que la restricción del artículo 62 párrafo primero del Código de Deberes

Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, no es perpetua pero sí
indefinida, situación que alego ante el Tribunal Contencioso Administrativo, misma
que confirmó lo dicho por el Colegio de Abogados. En los puntos E), G), H), L), J) y K)
reprocha en síntesis, que la acción de inconstitucional suspendía los procedimientos en
que se discuta la aplicación de los cuestionado y no se podía dictar resolución final
mientras la Sala no se hubiese pronunciado sobre el caso, de acuerdo al artículo 81
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por tales razones estaba suspendida la
prescripción de la acción penal, máxime que la misma versaba sobre el artículo 62
párrafo primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en
Derecho. Señala acerca de su posición, al considerar injusta la resolución de la Sala
Constitucional al declarar sin lugar dicha acción y además en un voto que viene sin
firmas de los magistrados y que con base en ella se dictó la sentencia declarando
prescrita la acción penal incoada por él en contra de José Pablo Urbina Solera. Solicita
se acoja el recurso de apelación, se declare la ilegalidad o falta de fundamento de la
prescripción opuesta y se revoque la sentencia, ordenándose la
continuación del proceso. Los reclamos se declaran sin lugar y se conocen de manera
conjunta al existir conexidad en los mismos, por lo que se dirá. El tema central del
recurso de apelación incoado, es que, desde el 10 de mayo del 2011 y hasta el 26 de
octubre, en esta causa penal, 11-000035-0162-pe, se encontraba suspendida la
prescripción en virtud de una acción de inconstitucionalidad incoada por el recurrente
contra el numeral 62 párrafo primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos
del Profesional en Derecho. Por ello, de acuerdo a su dicho, nunca se cumplió el plazo
de un año prescrito en los artículos 30, 31 y 33 del Código Procesal Penal. En virtud de
la amplitud que tiene actualmente el Tribunal de Apelación de Sentencia de acuerdo al
artículo 464 del Código Procesal Penal, se procedió a examinar la resolución de la Sala
Constitucional que admitió la acción de inconstitucionalidad del gestionante y
determinar si lleva o no razón en cuanto a sus alegatos. Ésta resolución de la Sala
Constitucional, admitiendo para su conocimiento la acción de inconstitucionalidad
formulada por el querellado, salió publicada en fecha 7 de junio de 2011 en el Boletín
Judicial N° 109 en la página 3. En lo que atañe a los argumentos incoados, indicaba que
se daba traslado a la acción y que : " Así se informa para que en los procesos o
procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución
final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no se resuelva la presente acción"
(el subrayado no es del original) En el presente caso, se inició esta querella con el
número de causa 10-000014-0162-PE contra: José Pablo Urbina Solera, Aníbal Jiménez
Salas, Nicolás Aguilar Ramírez y Alejandro Urbina Gutiérrez. Se señaló para debate en
fecha 10 de febrero de 2011, mismo que se celebraría en los días 19 y 20 de setiembre
de 2011. En dichas fechas, se presentaron todas las partes incluyendo a los
querellados.En cuanto a José Pablo Urbina Solera, antes de iniciar el debate, fue
separado del mismo, al no encontrarse presente y ser inlocalizable, en ese momento,
su defensor Jorge Lobo Solera. De ahí que se dio inicio la causa 11-000035-0162-PE

contra Urbina Solera.(expediente virtual página 44). En la causa 10-000014-0162-PE,
fue declarada desistida expresamente la acción que se presentó contra Francisco
Jiménez Echeverría y fueron absueltos: Aníbal Jiménez Salas, Nicolás Aguilar Ramírez y
Alejandro Urbina Gutiérrez, mediante el voto 416-2011 del Tribunal del II Circuito
Judicial de San José. (expediente virtual, página 50). De estas circunstancias emerge el
análisis llevado a cabo por esta Cámara, para determinar que en cuanto a la
disconformidad que presenta el querellado, aduciendo que la causa contra Urbina
Solera no está prescrita por cuanto existía la acción de inconstitucionalidad que tenía
suspendida esta acción, no lleva razón. Vemos que, a pesar de estar incoada,
pendiente en la Sala Constitucional, hubo debate realizado en fechas 19 y 20 de
setiembre de 2011, que finalizó con una sentencia absolutoria para los demás
querellados, que incluso, el gestionante, presentó recurso de casación contra ese fallo,
mismo que fue declarado sin lugar. Es criterio, de esta Cámara que la acción de
inconstitucionalidad no suspendía este proceso, ni el dictado final de sentencia, debido
a que, fue presentada en contra del artículo 62 párrafo primero del Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho y si bien es cierto, está
mencionado en la querella interpuesta, y el recurrente indica que fue citado en el
artículo publicado en la Nación en la edición del 24 de diciembre de 2009, que
consideró, era difamatoria, señaló expresamente, que esa información la tomaron del
Colegio de Abogados y ya para ese momento se encontraba suspendido de dicho
Colegio. Agregó en la acusación que: "esa noticia era falsa y no se refirieron a todas
aquella circunstancias que rodearon el hecho y se indicaron otras falsas y se omitieron
datos que descalifican ese hecho, como constitutivo del ilícito disciplinario previsto por
el artículo 62 párrafo primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, causando con todo ello una difamación injustificada a su
persona" , va explicando en la querella, algunos aspectos de por qué, considera, que
esa noticia es falsa, debido a que fue una decisión colegiada, por ende, no la tomó él
unipersonalmente (se refiere a cuando fue funcionario público), que ya había pasado
un año de jubilado, que el Colegio de Abogados utilizó solo la primera parte del
artículo 62 del referido Código, atribuyendo un plazo indefinido a esa restricción,que
ya presentó acción de inconstitucionalidad y además lo impugnó en sede Judicial
Contenciosa Administrativa. Como se puede apreciar, el hecho de haberse impugnado
como inconstitucional esa norma 62, no implica que el Tribunal no pudiera entrar a
conocer el caso, porque no se está discutiendo la aplicación de ese numeral, en sede
penal, sino la publicación que se hizo con base en la información dada por el Colegio
de Abogados, y que para [Nombre 001], la publicaron con datos falsos. De tal forma,
que el Tribunal así lo entendió y conoció esta causa con el resto de querellados, y tomó
una resolución final, o sea dictó una sentencia. La disconformidad del querellado,
radica, en que que la decisión fue contraria a sus intereses, ya que, los querellados
fueron absueltos en el primer juicio y en cuanto a Urbina Solera fue sobreseído
Aclarado ese punto, y determinándose que en este caso no existe suspensión de la

prescripción por la acción de inconstitucionalidad, los argumentos que esgrime el
querellado en cuanto a que el voto de la Sala Constitucional, de acuerdo a su dicho no
es válido por no contener las firmas de los magistrados, y que en ella se basaron los
juzgadores a pesar de esa ilegalidad, no se entra a conocer por parte de este Tribunal
de Apelación de Sentencia al no ser competencia de este Despacho. Propiamente, en
cuanto al tema de la prescripción, se puede extraer que efectivamente se señaló para
debate en fecha 10 de febrero de 2011, para los días 19 y 20 de setiembre de 2011,
(expediente virtual, página 294, que indica folio 898 del expediente físico integrada a
éste en fecha 03/12/14 al ser las 04:15:23 pm) juicio que, como se explicó
anteriormente, se realizó únicamente para Anibal Jiménez Salas, Nicolás Aguilar
Ramírez y Alejandro Urbina Gutiérrez no así para Urbina Solera, por no contar con el
defensor de su confianza. A partir de ese momento, el siguiente señalamiento para
debate tiene fecha del 22 de marzo de 2013 al ser las 11:44 horas, para realizarse a las
08:00 de los días 18 y 19 de octubre de 2013 (expediente virtual página 1, documento
incorporado el día 22/03/13 al ser 44:47 am). Del expediente virtual y del mismo
escrito de apelación incoado por el querellado, se desprende que no existe alguna otra
resolución de las que refiere el artículo 33 del Código Procesal Penal que fuera capaz
de interrumpir la prescripción de la causa, de tal manera, que al computarse esos
plazos, desde 20 de febrero de 2011 hasta 22 de marzo de 2013, la prescripción operó
desde el 20 de febrero de 2012, tiempo exacto de un año y que señalan los artículos
31, 32 y 33 del Código Procesal Penal. Como bien se explicó anteriormente, no es
aceptable la tesis esgrimida por el querellante, en cuanto a que la acción de
inconstitucionalidad suspendió la prescripción, ya que, tal y como lo explicó el a quo es
una norma de índole administrativa y solo se pueden suspender los procesos donde
deba aplicarse esa norma, que no es el caso sub examine. Los otros aspectos que
refiere el recurrente, son, con respecto al voto de la Sala Constitucional, y la no
aceptación de su tesis, en cuanto a que la norma 62 párrafo primero del Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho es inconstitucional al
establecer una limitación perpetua. Sin embargo, el más alto Tribunal Constitucional
de la República consideró en el voto 2012-011066 de las 16:33 del 14 de agosto de
2012, declarar sin lugar la acción, considerando que la norma 62, tantas veces
mencionada, es razonable y útil para para prevenir la corrupción judicial, y evitar que
un abogado litigante goce de una ventaja ilegítima al tener acceso a informaciones
privilegiadas en función de su desempeño como juez, la norma prohíbe al abogado,
que cesó labores en la judicatura, patrocinar "asuntos" que antes conoció como juez,
es decir la restricción no se refiere a patrocinar "personas" sino en asuntos en cuya
tramitación, resolución o ejecución como funcionario judicial participó, por ello señala
que ese artículo es constitucional. En consecuencia, de todo lo anterior, se declara sin
lugar el recurso de apelación interpuesto


 3. Sobre el Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos
del Profesional en Derecho

Voto de mayoría

II. En su primer motivo, con fundamento en los artículos 469 inciso b) y 470 del
Código Procesal Penal, 75 y 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, alega
inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica. Argumenta que la
acción de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 62 párrafo
primero delCódigo de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en Derecho,
suspendió la prescripción de la acción penal, contrario a lo que indicaron el a quo y el
Tribunal de Alzada. Estima que dichos órganos jurisdiccionales interpretaron de forma
errónea la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto esta alude a que procede la
suspensión del dictado de la resolución final, en aquellos procesos o procedimientos
en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución
impugnados, sin distinguir la naturaleza penal, civil, laboral, agraria o administrativa,
etc, así como tampoco si su aplicación es directa o indirecta. Considera que, si bien
pese a estar pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad mencionada, en
el año 2011 se realizó el debate en contra de los otros coimputados, ello no aporta
fundamento alguno a favor del fallo que se casa; por el contrario, lo demerita, en tanto
esa acción de inconstitucionalidad debía resolverse previamente a cualquier juicio en
la causa, habida cuenta de que la noticia por la que se querellaba a esos coimputados,
se basaba entre otras cosas, en la sanción que el Colegio de Abogados le había
impuesto a su persona por la comisión de una acción regulada en el artículo 62 párrafo
primero del Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en Derecho,
siendo que de haberse declarado inconstitucional dicha norma, hubiese emergido una
razón de más para considerar la noticia como un abuso del derecho de
informar. Como agravio señala que la declaratoria de prescripción le impidió lograr el
juicio correspondiente, con la consecuente sentencia condenatoria en
contra delquerellado por la difamación cometida en su perjuicio y la consecuente
reparación de los daños y perjuicios sufridos con ese delito. Solicita se case el fallo
impugnado, se deniegue la prescripción de la acción penal declarada, y se disponga
continuar con la causa. El segundo reproche lo sustenta en el artículo 470 del Código
Procesal Penal y en los numerales 5 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuestiona
que los jueces de apelación no entraran a conocer el tema planteado en cuanto a la
ausencia de firmas de los Magistrados que emitieron el voto de la Sala
Constitucional. Desde su perspectiva, al no existir esa sentencia, aún se encuentra
suspendida la prescripción de la acción penal. Como tercer motivo, arguye
inobservancia de los artículos 1 y 142 del Código Procesal Penal, 8 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 39 de la Constitución Política. Reprocha que los juzgadores de
alzada afirmaran que la acción de inconstitucionalidad sí se resolvió pese a que

previamente dijeron que no tenían competencia para pronunciarse sobre el tema de
las firmas de la sentencia. Aduce que se encuentra disconforme con el procedimiento
seguido por la Sala Constitucional, debido a que en el expediente tramitado ante dicha
Sala no aparece constancia alguna de que el asunto se votara; además, discute el
fondo de la resolución de esa Cámara debido a que no declaró inconstitucional la
norma que cuestionó. Solicita se señale vista oral para exponer los reclamos
planteados. Dada la conexidad entre los reclamos, se proceden a resolver de manera
conjunta. Las protestas no resultan atendibles. En este caso, el gestionante evidencia
una mera inconformidad con lo resuelto, sin dar razones válidas para admitir su
impugnación. La discusión se centra en si la acción de inconstitucionalidad tramitada
bajo el expediente 11-001573-0007-CO suspendió o no la prescripción de la acción
penal en el presente asunto y, por ende, si la prescripción decretada por el Tribunal de
Juicio (confirmada por el ad quem) se encuentra ajustada a derecho. Los fundamentos
de los motivos que se cuestionan ante esta sede, fueron planteados en los mismos
términos ante el Tribunal de Apelación, órgano que ampliamente indicó: “…De estas
circunstancias emerge el análisis llevado a cabo por esta Cámara, para determinar que
en cuanto a la disconformidad que presenta el querellado, aduciendo que la causa
contra Urbina Solera no está prescrita por cuanto existía la acción de
inconstitucionalidad que tenía suspendida esta acción, no lleva razón. Vemos que, a
pesar de estar incoada, pendiente en la Sala Constitucional, hubo debate realizado en
fechas 19 y 20 de setiembre de 2011, que finalizó con una sentencia absolutoria para
los demás querellados, que incluso, el gestionante, presentó recurso de casación contra
ese fallo, mismo que fue declarado sin lugar. Es criterio, de esta Cámara que la acción
de inconstitucionalidad no suspendía este proceso, ni el dictado final de sentencia,
debido a que, fue presentada en contra del artículo 62 párrafo primero del Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho y si bien es cierto, está
mencionado en la querella interpuesta, y el recurrente indica que fue citado en el
artículo publicado en la Nación en la edición del 24 de diciembre de 2009, que
consideró, era difamatoria, señaló expresamente, que esa información la tomaron del
Colegio de Abogados y ya para ese momento se encontraba suspendido de dicho
Colegio…” ( ) “...Como se puede apreciar, el hecho de haberse impugnado como
inconstitucional esa norma 62, no implica que el Tribunal no pudiera entrar a conocer
el caso, porque no se está discutiendo la aplicación de ese numeral, en sede penal,
sino la publicación que se hizo con base en la información dada por el Colegio de
Abogados, y que para [Nombre 001], la publicaron con datos falsos…” (cfr, folios 44
fte a 44 vto, el subrayado y la negrita no son del original). Adicionalmente las juezas y
el juez de Apelación afirmaron: “…no es aceptable la tesis esgrimida por el
querellante, en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad suspendió la
prescripción, ya que, tal y como lo explicó el a quo es una norma de índole
administrativa y solo se pueden suspender los procesos donde deba aplicarse esa
norma, que no es el caso sub examine. Los otros aspectos que refiere el recurrente,

son, con respecto al voto de la Sala Constitucional, y la no aceptación de su tesis, en
cuanto a que la norma 62 párrafo primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y
Éticos del Profesional en Derecho es inconstitucional al establecer una limitación
perpetua. Sin embargo, el más alto Tribunal Constitucional de la República consideró
en el voto 2012-011066 de las 16:33 del 14 de agosto de 2012, declarar sin lugar la
acción, considerando que la norma 62, tantas veces mencionada, es razonable y útil
para para (sic) prevenir la corrupción judicial, y evitar que un abogado litigante goce de
una ventaja ilegítima al tener acceso a informaciones privilegiadas en función de su
desempeño como juez, la norma prohíbe al abogado, que cesó labores en la judicatura,
patrocinar "asuntos" que antes conoció como juez, es decir la restricción no se refiere a
patrocinar "personas" sino en asuntos en cuya tramitación, resolución o ejecución
como funcionario judicial participó, por ello señala que ese artículo es
constitucional…” (cfr, folio 45, el subrayado y la negrita no son del original). En el
presente asunto, la resolución de las 13:32 horas, del 10 de mayo de 2011, que admitió
la acción de inconstitucionalidad, se publicó en fecha 7 de junio de 2011 en el Boletín
Judicial N° 109, en tanto la que declaró sin lugar dicha acción data del 14 de agosto de
2012 (contra ella se presentó adición y aclaración, gestión resuelta mediante fallo
2012-14890, de las 14:30 horas, del 24 de octubre de 2012). Por su parte, se tiene que
la prescripción se decretó en razón de que entre los últimos dos señalamientos a
debate (causas interruptoras de la prescripción de la acción penal), a saber, 20 de
febrero de 2011 (antes de que se le diera curso a la acción) y 22 de marzo de 2013
(habiéndose resuelto la acción), transcurrió sobradamente el plazo de un año de
prescripción reducido a la mitad, ello, partiendo de que de acuerdo con el artículo 31
inciso b) del Código Penal, en delitos sancionables con penas no privativas de libertad,
el plazo de prescripción es de dos años. Lo anterior, fue expuesto con claridad por el
Tribunal de Apelación, el cual indicó: “…en cuanto al tema de la prescripción, se puede
extraer que efectivamente se señaló para debate en fecha 10 de febrero de 2011, para
los días 19 y 20 de setiembre de 2011, (expediente virtual, página 294, que indica folio
898 del expediente físico integrada a éste en fecha 03/12/14 al ser las 04:15:23 pm)
juicio que, como se explicó anteriormente, se realizó únicamente para Anibal Jiménez
Salas, Nicolás Aguilar Ramírez y Alejandro Urbina Gutiérrez no así para Urbina Solera,
por no contar con el defensor de su confianza. A partir de ese momento, el siguiente
señalamiento para debate tiene fecha del 22 de marzo de 2013 al ser las 11:44 horas,
para realizarse a las 08:00 de los días 18 y 19 de octubre de 2013 (expediente virtual
página 1, documento incorporado el día 22/03/13 al ser 44:47 am). Del expediente
virtual y del mismo escrito de apelación incoado por el querellado, se desprende que no
existe alguna otra resolución de las que refiere el artículo 33 del Código Procesal Penal
que fuera capaz de interrumpir la prescripción de la causa, de tal manera, que al
computarse esos plazos, desde 20 de febrero de 2011 hasta 22 de marzo de 2013, la
prescripción operó desde el 20 de febrero de 2012, tiempo exacto de un año y que
señalan los artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal…” (cfr, folios 44 vto a 45

fte). Cabe anotar que el gestionante no comparte el cómputo de la prescripción
efectuado por el ad quem, sin embargo, lo cierto es que [Nombre 001] parte de una
premisa falsa: asumir que al habérsele dado curso a la acción de inconstitucionalidad
que presentó, la prescripción de la acción penal se suspendió, olvidando que la
suspensión procede únicamente para el o los procesos en que se discuta la aplicación
de la norma cuestionada, la cual mantiene su eficacia, aplicabilidad y vigencia hasta el
dictado de la resolución final, siendo que, en este asunto penal, la discusión no se
centró en la aplicación del numeral 62 del Código de Deberes Jurídicos Morales y
Éticos del Profesional en Derecho: al imputado Urbina Solera se le imputó la comisión
de un delito contra el honor. A criterio de esta Sala, el recurrente se decanta por
realizar una interpretación antojadiza de los alcances del artículo 34 inciso a) del
Código Procesal Penal, con relación a los artículos 75 y 81 de la Ley de Jurisdicción
Constitucional, concerniente a la suspensión del plazo de la prescripción, en virtud de
la presentación de la acción de inconstitucionalidad. El ordinal 34 inciso a) del Código
Procesal Penal dispone: "El cómputo de la prescripción se suspenderá: a) Cuando en
virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no pueda ser
promovida ni proseguida...". De acuerdo con el numeral 75 de la Ley de Jurisdicción
Constitucional, N° 7135, del 11 de octubre de 1989:“Para interponer la acción de
inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los
tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar
la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio
razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado”. Según se
desprende de la resolución de las 13:32 horas, del 10 de mayo de 2011 (dio curso a la
acción de inconstitucionalidad) y la sentencia 2012-11066, de las 16:33 horas, del 14
de agosto de 2014 (resolvió el fondo), ambas de la Sala Constitucional, el licenciado
[Nombre 001], al plantear la acción de inconstitucionalidad, expuso que su
legitimación provenía del proceso tramitado ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente judicial
número 09-003266-1027-CA, sin que en momento alguno hiciera referencia al
presente proceso penal. Ello debe ser analizado en concordancia con el artículo 81 de
la Ley de Jurisdicción Constitucional que de manera textual establece: “…Si el
Presidente considerase cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá
audiencia a la Procuraduría de la República y a la contraparte que figure en el asunto
principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen
conveniente. Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca
del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya
pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial,
por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan
la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los
procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto,
disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no

haya hecho el pronunciamiento del caso…”. (El subrayado y la negrita no
son deloriginal). En el caso particular, la resolución del 10 de mayo de 2011 que
admitió la acción de inconstitucionalidad claramente dispuso: “…Este aviso sólo afecta
los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo
impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es
dictar la sentencia, o bien el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido
en que lo ha sido…”. Nótese, que al dársele curso a la acción de inconstitucionalidad, se
estableció que la suspensión procedía únicamente para los procesos en que estuviese
en discusión la aplicación de la norma cuestionada, sin enmarcarse en dicho supuesto
el presente proceso penal. Siguiendo con el análisis, se tiene que, en el caso que se
examina, el quejoso parte de una conjetura, al afirmar que de haberse declarado
inconstitucional el artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, hubiese quedado en evidencia que la noticia publicada fue un
abuso del derecho de informar. Su planteamiento no pasa de ser una mera
hipótesis. Ignora que la norma impugnada en sede constitucional, no pierde su
vigencia o aplicación en general por solo el hecho de ser cuestionada, pues el efecto
suspensivo, únicamente es admitido para aquellos procesos judiciales y
administrativos en los que está de por medio una norma en la que se discuta su
aplicación para el caso concreto. Aún bajo el supuesto de que la Sala Constitucional
hubiese decretado la inconstitucionalidad de la norma, ello no hubiese tenido
incidencia en sede penal. Véase que para el momento en que se publicó la noticia
(diciembre del año 2009), no se había cuestionado la constitucionalidad del texto. Si
bien, en la noticia se menciona someramente la norma citada, lo cierto es que la
información se obtuvo del Colegio de Abogados. Vale la penahacer hincapié en el
punto central: la suspensión de la prescripción no procedía en este asunto penal por
cuanto en este proceso en ningún momento se discutió la norma administrativa que se
cuestionó a nivel constitucional. Conforme se ha dicho en otras oportunidades,
suspender la aplicación de una norma, así como la prescripción de la acción penal, es
una excepción aplicable solamente a procesos judiciales o a aquellos que agoten la vía
administrativa, en los que el empleo de la norma podría influir en la resolución final del
caso y causar inseguridad jurídica o un mayor perjuicio a las partes si es utilizada. Tal
y como lo consideraron el Tribunal de Apelación y el de Juicio, en este caso no se está
ante dicho supuesto. En otro orden de ideas, se tiene que en sus motivos segundo y
tercero, el recurrente muestra su disconformidad, por un lado, con el procedimiento
seguido por la Sala Constitucional al resolver la acción de inconstitucionalidad (asevera
que no consta que los Magistrados firmaran la resolución lo que la torna en
inexistente) y, por otro, con el fondo, en tanto se declaró sin lugar la acción. Al
respecto, cabe indicar que estos reproches son absolutamente improcedentes. En
relación con el primer tema, si bien el Tribunal de Apelación señaló “los argumentos
que esgrime el querellado en cuanto a que el voto de la Sala Constitucional, de acuerdo
a su dicho no es válido por no contener las firmas de los magistrados, y que en ella se

basaron los juzgadores a pesar de esa ilegalidad, no se entra a conocer por parte de
este Tribunal de Apelación de Sentencia al no ser competencia de este Despacho…” (cfr
folio 44 vto), lo cierto es que en su reclamo el impugnante no aporta ningún elemento
para sustentar su dicho. En realidad parte de una mera especulación, sin exponer
agravio alguno. Adicionalmente, véase que el planteamiento del impugnante es
absolutamente contradictorio. Al inicio pretende otorgarle validez a la resolución de la
Sala Constitucional que le dio curso a la acción de inconstitucionalidad, así como a la
que resolvió el fondo, para efectos de que se considere que suspendió la prescripción,
no obstante, posteriormente, pone en entredicho el procedimiento seguido por esa
Sala, derrumbándose su tesis por su propio peso. En todo caso, vale la pena aclarar,
que esta sede no es una instancia en la que pueda cuestionarse lo resuelto por la
Cámara Constitucional. Así las cosas, por no cumplir con los requisitos legales, se
declara inadmisible el recurso de casación presentado


4. Artículo 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho

Voto de mayoría

I. En escritos visibles de folios 1104 a 1216, de folios 1218 a 1235 y de folios 1236 a
1240, respectivamente, el querellante y actor civil Licenciado L, el abogado de los
acusados N, AU, y F y apoderado especial judicial del Grupo Nación S.A., Dr. Carlos
Tiffer Sotomayor, y el acusado Licenciado A, interponen recurso de casación en contra
de la sentencia N° 416-2011, dictada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito
Judicial de San José, a las once horas, del día veintitrés de setiembre del dos mil once

II. Recurso del querellante Licenciado L. El querellante presenta su recurso mediante
l24 motivos para casar la sentencia. En esos apartados, expone diversos alegatos
respecto de los que, según considera el recurrente, son dos vicios comunes de la
sentencia: falta de fundamentación y violación de las reglas de la sana crítica racional
Por razones de economía, celeridad procesal, así como para mayor claridad del
presente fallo de Casación Penal, conviene resumir y agrupar los argumentos
expuestos por el recurrente al efecto. Los alegatos del querellante L giran alrededor de
tres temas esenciales: A.- Aquellos en que refuta la manera en que el diario La Nación
y los periodistas encargados, N y AU, obtuvieron y presentaron la primera noticia
publicada, y en que exponen los defectos en que, según considera, incurrió el Tribunal
al analizar esa publicación. B.- Aquellos en que cuestiona preponderantemente los
errores que, desde su perspectiva, contiene la sentencia al analizar los
comportamientos de JU y de su abogado, A, cuando brindaron información al diario La


Nación. C.- Aquellos en que impugna el proceso de argumentación seguido en la
sentencia respecto de la condenatoria en costas

III. A.- Sobre los defectos en el análisis de la noticia publicada, el recurrente L
argumenta lo siguiente: 1.- En la noticia se indicó “Exjuez hizo su cliente a hombre al
que absolvió”. El la sentencia se concluyó que eso era cierto. Esa conclusión es errónea
porque: 1.1.- Él no presidió el debate y solo integró el Tribunal junto a otros jueces
1.2.- Representó a su cliente en un proceso ejecutivo, nuevo, autónomo del proceso
penal en que absolvió a su cliente. 1.3.- Luego de transcurrido un año de su jubilación
ya no lo cubría esa prohibición. Por lo dicho entiende que no podría vulnerar el
numeral 62 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en
Derecho.2.- En la publicación de prensa se expuso como titular “Colegio de abogados
lo suspendió un año por violar ética profesional”. Los jueces concluyeron que esa
noticia era cierta, porque el acuerdo del colegio profesional en el que se decidió al
efecto era válido y estaba firme. El recurrente considera que esa conclusión es errónea
porque: 2.1.-Lo jueces no analizaron que dicho acuerdo final fue impugnado para que
no alcanzara sus efectos, y los querellados no dieron cuenta de ello en la noticia. 2.2.-
Los jueces no explicaron cómo arribaron a esa conclusión, ya que existía prueba
contradictoria al efecto (nota de Rosette Morgan Asch, fiscal del Colegio de Abogados,
y certificación emitida por ÁS prosecretario de dicho colegio profesional). 2.3.- En la
sede correspondiente invocó la inconstitucionalidad del artículo 62 del Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, por lo que considera
que ese acuerdo no está firme. 3.- En la noticia se publicó que “Un ex juez hizo cliente
suyo a un hombre a quien había absuelto en un caso cuando presidió el Tribunal Penal
de Alajuela.” Los jueces consideraron esa información como correcta, y que era
irrelevante la imprecisión detectada, en el sentido de que el juicio había sido presidido
por otra persona. Afirma que esa conclusión es equivocada ya que: 3.1.- La noticia se
valoró de manera aislada, y no en su texto y contexto. 3.2- No toda la noticia era cierta
(reitera los argumentos ya expuestos con anterioridad), porque el no dictó el fallo solo
4.- En la noticia se dijo que la gestión que había desarrollado al representar a quien
previamente había absuelto era contraria al artículo 62 del Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos delProfesional en derecho. El Tribunal tuvo por demostrado
lo anterior, pero para arribar a esa conclusión no se analizó que el había impugnado el
acuerdo del Colegio profesional referido, ni que la sentencia absolutoria, para cuyo
dictado concurrió como juez, fue confirmada por la Sala Tercera. De lo anterior infiere
que, por ello, él no vulneró esa norma. 5.- Indica el recurrente que mediante la noticia
que cuestiona se divulgó la información de que quien le denunció ante el Colegio de
Abogados fue el abogado JU. Según cree, los jueces no analizaron que, con ello, se le
dio peso a la información para presentarla como un caso de corrupción cuando no lo
era. 6.- En la sentencia se tuvo por cierto que el querellante interpuso una acción de
inconstitucionalidad en contra del numeral 62 de repetida cita. El recurrente considera


que los jueces no tomaron en cuenta que con ello se acredita que él mismo comunicó
a los periodistas que iba a recurrir ante la Sala Constitucional y a interponer un proceso
Contencioso Administrativo y que, a pesar de ello, mediante la noticia los periodistas
difundieron la idea de que la sanción que se le impuso era definitiva e irreversible. 7.-
En la noticia se transcribió su declaración de que no le veía ni pies, ni cabeza a lo que
estaba pasando. Afirma que los jueces entendieron que se la había dado equilibro a la
noticia al transcribir esa opinión del ahora querellante. Sin embargo cree que al emitir
esa conclusión los jueces no analizaron que no hubo equilibrio en la noticia porque al
presentarla los periodistas no consideraron sus gestiones en sede constitucional y
contencioso- administrativa. 8.- En la noticia se indicó que L había apelado y que la
decisión delColegio de Abogados había sido confirmada el 16 de Noviembre. En la
sentencia se concluyó que la única inexactitud de la información radicaba en que el
querellante había presentado un recurso de revocatoria y no de apelación, lo cual no
era relevante. El recurrente sostiene que en la sentencia se omitió analizar que al
presentar la noticia de esa manera se daba la idea de que la apelación ya había sido
confirmada por una autoridad superior, que se había demostrado la violación del
numeral 62, y se daba más impacto a la información que si se hubiera dicho que se
había presentado una revocatoria. 9.- En la noticia se dijo que a L se le habían agotado
las posibilidades de revertir el fallo del Colegio de Abogados en su contra. El Tribunal
consideró que, efectivamente, se le habían rechazado todos los recursos presentados y
agregó que la suspensión de un año en el ejercicio de la profesión estaba en firme. El
recurrente afirma que esa conclusión fue equivocada porque no se había agotado la
apelación, porque la decisión del Colegio de Abogados estaba impugnada, porque se
obvió que aún no se han resuelto sus gestione ante la Sala Primera y la Sala
Constitucional, por lo que la noticia no podía afirmar como cierto que hubiese
vulnerado el numeral 62, ni que debía cumplir con la sanción, y eso debió publicarse
solo como una probabilidad. 10.- En la noticia se indicó que L “Ahora tendrá que
cumplir con el castigo que le impuso la centenaria corporación profesional.” Según el
recurrente en la sentencia impugnada se indicó que “Si la sanción está firme en sede
administrativa, el Tribunal Contenciosa Administrativo declara sin lugar la demanda
ordinaria, se estaría a la espera de lo que resuelvan las Salas I y IV de la Corte Suprema
de Justicia.” Quien impugna considera contradictorio que se haga referencia a estos
últimos recursos pendientes, pero que no se hiciera referencia a ellos en el análisis del
párrafo de la noticia expuesto en el motivo anterior. 11.- En la noticia se indicó que la
sanción impuesta regiría a partir de su publicación en el diario La Gaceta. El Tribunal se
limitó a decir que, efectivamente, así se consigna en la resolución final del Colegio de
Abogados. Según el recurrente, la Cámara Judicial a-quo omitió analizar que esa
afirmación apareció en la noticia para transmitir la idea de que la sanción fue impuesta
debido a su responsabilidad comocorrupto. 12.- En la noticia se indicó que existían
pruebas de peso para sancionar a L en el proceso disciplinario seguido en su contra. El
recurrente sostiene que bajo esesubtítulo de la noticia nunca se hizo referencia a esas

pruebas, sino que se señaló que su conducta fue contraria al numeral 62 de repetida
mención. El recurrente entiende que la sentencia carece de fundamentación sobre el
punto y reitera sus argumentos, expresados bajo el acápite 1. 13.- En la noticia se
expuso que el caso contra L se tramitó ante la fiscalía del Colegio de Abogados por el
abogado JU, quien figura como afectado en la causa penal que tramitó en su momento
el exjuez. En la sentencia se concluyó que la única inexactitud del párrafo indicado
consistía en que JU no es abogado, sino administrador de empresas. El recurrente
sostiene una vulneración de las reglas de la sana crítica porque: 13.1.- Los jueces no
analizaron que la afirmación de que había denunciado un profesional en derecho fue
utilizada en la noticia para reforzar la idea de que él quebrantó el numeral 62. 13.2.-
No se podía indicar que JU fuera el ofendido, ya que en la causa en que figuraba como
parte se dictó una sentencia absolutoria, con la que se demostró que no lo era
Ninguno de los anteriores reclamos puede ser atendido, por las razones que se
detallan de seguido. Con base en los elementos de prueba debidamente incorporados
y evacuados en el debate, los miembros de la Cámara Judicial de sentencia, tuvieron
por demostrado, para lo que acá interesa: (1.-) Que el ahora querellante, como
miembro del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, dictó la
sentencia 483-04, mediante la cual, por un lado, se absolvió a W por los delitos de
falsedad ideológica, uso de documento falso y tentativa de estafa, que se le atribuían
en perjuicio de JU y la Fe Pública. En dicha sentencia también se declaró sin lugar la
acción civil incoada por este último en contra del primero. (2.-) Que el ahora
querellante se jubiló del Poder Judicial a partir del 01 de julio de 2005 como juez penal
del Tribunal arriba mencionado. (3.-) Que a partir del 18 de enero de 2007, L participó
activamente en el proceso de ejecución civil de sentencia, ante el Tribunal Penal de
Juicio de Alajuela y el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esa misma localidad, a favor
de W, a quien, como ya se indicó, había absuelto previamente en un proceso penal
(4.-) Que la junta directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, constituida como
Consejo de Disciplina, mediante acuerdo 2009-19-04, sesión ordinaria 19-2009 del
ocho de junio de 2009, acordó imponer al Lic. L, carné 1490, la sanción disciplinaria de
un año de suspensión en el ejercicio de la abogacía; sanción que quedó en firme en
sede administrativa en sesión ordinaria 41-2009, del dieciséis de noviembre de 2009,
acuerdo 2009-41-2008. (5.-) Que las dos publicaciones aparecidas en el diario La
Nación, el día 24 de diciembre de 2009 y el día 5 de enero de 2010, no difamaron el
honor del querellante mediante la afectación de su dignidad, nombre, imagen o
reputación; así como también que ambas notas contienen hechos verdaderos, por lo
que no se atenta contra la naturaleza propia de lo que es una información periodística,
ya que en ellas se encuentra un interés público por la calidad de funcionario público
del querellante (Cfr. Folios 976 a 977). Respecto de los reclamos 1.- y 3.-,
directamente relacionados entre sí, debe indicarse que no pueden prosperar. Con
ese fin interesa destacar el proceso de argumentación seguido por el Tribunal para
sustentar su conclusión de que esos hechos específicos, a que se hace referencia en la

noticia del Diario La Nación, eran verdaderos. De ese modo se describieron los
siguientes elementos de prueba: (1.-) La certificación de la sentencia 483-04 del
Tribunal de Juicio de Alajuela, dictada en el expediente número 03-200855-305-pe que
rola de folios 000012 a 000090, con la cual se absolvió a W de los delitos que se le
imputaban, y en cuyo dictado concurrió como juez, en su momento, el ahora
querellante L. (2.-) La tasación de honorarios dictada en el mismo expediente penal
arriba indicado, emitida por otra integración del Tribunal de Alajuela en contra de JU a
favor de W (Folios 00091 a 00096). (3.-) Documentos en los que consta el proceso de
ejecución de sentencia por la vía de apremio, en el expediente 07-000700-0638CI,
iniciado por W ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Alajuela, proceso en el cual L
autentica la demanda de ejecución, así como aparece autenticando otros documentos
y representando a W (Cfr. folios 000099 a 000101, 000111, 000112, 000122, 000123,
000140) (para la fundamentación probatoria descriptiva, véanse folios1003 a 1004)
Mediante el análisis de los elementos de prueba indicados, como lo expone
correctamente el Tribunal, puede inferirse que L: (a.-) como integrante del Tribunal
mencionado absolvió a W, declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por JU y
condenó a este último en costas; (b.-) que el mismo Tribunal, con distinta integración,
tasó los honorarios de la fallida acción civil resarcitoria de JU en un millón ochenta y
seis mil colones, y determinó que esa suma debía ser depositada a favor de W; (c.-)
que del numeral 464 del Código Procesal Penal, vigente al momento en que L participó
como cojuez en el expediente penal arriba mencionado, puede inferirse claramente
que el juicio de ejecución civil en el que intervino como actor W y como demandado
JU, tuvo como antecedente aquel proceso penal; (d.-) que L figuró como abogado
defensor de W, no solo en dicho juicio de ejecución civil, sino desde antes, con
gestiones en el propio expediente 03-200855-305-pe ante el Tribunal penal; (e.-) que
efectivamente, en su calidad de abogado, L representó a W, a quien previamente
había absuelto como miembro del Tribunal de Juicio de Alajuela. Al confrontar
aquellos titulares específicos, cuestionados por el recurrente, con la prueba vertida en
la etapa plenaria, las señoras juezas y el señor juez de juicio infirieron, -sin que quepa
hacer reparo alguno a su proceso de argumentación-, que dichos encabezados eran
reales y verdaderos, y no producto de una invención periodística (Cfr. Folio 1005). Para
mayor abundamiento se dijo “ En resumen: 1) la sentencia en que participa y condena
en costas a JU es de 29 de julio de 2004, 2) el señor L se jubila del Poder Judicial como
Juez Penal de Juicio del Tribunal Penal de Alajuela a partir del 1 de julio de 2005 (ver
folio 5); 3) La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 22 de setiembre de 2006
declara sin lugar los recursos de casación incoados por la parte querellante y actora
civil y el Ministerio Público. [en el expediente 03-200855-305-pe ] (ver folios 221 a231)
4) la resolución que fija los honorarios profesionales por parte del este mismo Tribunal
pero con otra integración es de 23 de enero de 2007, 5) para el 26 de enero de 2007 el
señor querellante en este proceso y exjuez L inicia el asesoramiento legal de W. (ver
folios 365 y 366) y 6) la publicación de La Nación es de 24 de diciembre de 2009.” (Lo

escrito entre paréntesis cuadrado se suple para mayor claridad. La negrilla y el
subrayado son originales.) De manera que, en contra de lo que pretende el recurrente,
no se aprecia defecto de fundamentación alguno en el análisis que hizo la Cámara
Judicial a-quo del titular de la noticia cuestionada. Efectivamente, de aquellos
elementos ya mencionados y de otros elementos (como la propia declaración de W de
folios 994 y 995) debidamente evacuada e incorporada en el debate puede derivarse
que L, exjuez de la República, hizo cliente suyo a alguien a quien previamente había
absuelto cuando detentaba aquella condición. La circunstancia de que no haya
presidido el debate en el que se dictó aquella sentencia, no demerita en nada el núcleo
fáctico esencial de la noticia, objetivamente constatado, de que como juez dictó la
absolutoria de quien luego fue su cliente en el ejercicio liberal de la profesión de
abogado. De igual manera, ese dato objetivamente constatado, resulta independiente
de toda elucubración acerca de la naturaleza y tipo de proceso en que L haya
representado al señor W, para cuyo caso el titular seguiría siendo igualmente cierto. Lo
mismo cabe afirmar acerca de las objeciones e interpretaciones que hace el recurrente
acerca de la validez, eficacia y alcances del numeral 62 del Código de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Independientemente de esas
objeciones e interpretaciones, que el querellante ha hecho en las vías jurisdiccionales
correspondientes respecto del artículo referido, aquel hecho expuesto como titular de
la noticia, pudo constatarse como cierto con base en pruebas tangibles, tal como lo
fundamentaron los miembros de la Cámara Judicial que emitió el fallo en juicio. Por
eso se rechazan los alegatos 1 y 3 del recurso. Tampoco se le puede dar razón al
recurrente en cuanto a los reclamos numerados como 2.- y 4.-. Los miembros del
Tribunal concluyeron que también era verdadera la afirmación, empleada como
subtítulo y presentada en el cuerpo de la noticia, de que el Colegio de Abogados había
suspendido por un año a L del ejercicio laboral, por violar reglas de la ética profesional
del abogado, en particular aquellas previstas en el artículo 62 del cuerpo reglamentario
respectivo. Para tener cierta esa noticia, los jueces se basaron en los siguientes
elementos de prueba: (1.-) denuncia de José JU contra L, presentada ante la Fiscalía del
Colegio de Abogados de Costa Rica, en la cual se refiere que este último figuró como
juez en el expediente penal ya citado, y luego se apersonó como abogado de W, a
quien previamente había absuelto (Cfr. Folios 0001 y 0002 del expediente); (2.-)
documento de folio 123, en el que consta que en el juicio de ejecución de sentencia
respectivo, tramitado ante el Juzgado Civil de Alajuela, el ahora querellante fungió
como abogado de W; (3.-) resolución de inicio del procedimiento disciplinario en
contra de L, emitida por la Fiscalía del Colegio de Abogados, de 23 de mayo de 2008
(folio 141); (4.-) escrito de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el
ahora querellante contra aquella resolución de apertura del procedimiento
disciplinario en su contra (folio 145 del expediente); (5.-) la resolución de fecha dos de
octubre de 2008, en que la Fiscalía del Colegio de Abogados tiene por contestada la
denuncia a que se hizo mención, así como aportada prueba e interpuesto el recurso de

revocatoria con apelación en subsidio, por parte de L, contra aquella resolución de
apertura del proceso disciplinario (Folio 317); (6.-) la resolución de la Fiscalía del
Colegio de Abogados del 12 de noviembre de 2008, con la cual se declara sin lugar el
recurso de revocatoria mencionado y se admite la apelación para ante la Junta
directiva del Colegio (Folios 374 a 377); (7.-) la resolución de folio 417, mediante la cual
la Junta Directiva del Colegio de Abogados, constituida como Consejo de Disciplina,
confirmó el acto impugnado y declaró sin lugar el recurso de apelación al que se ha
hecho mención.; (8.-) el acta de la audiencia oral y privada llevada a cabo ante la
Fiscalía del Colegio de Abogados que rola de folios 442 a 451, en la que, a partir del
folio 446, constan las conclusiones de L como denunciado en aquel proceso
disciplinario; (9.-) la resolución o acuerdo final número 2009-19-014, de la Junta
Directiva del Colegio de Abogados, constituida como Consejo de Disciplina, en la cual
se acordó imponer, como sanción disciplinaria, un año de suspensión en el ejercicio
profesional como abogado contra L (Cfr. Folios 618 a 626 del expediente); (10.-) el
recurso de revocatoria presentado por L en contra de la anterior resolución, visible de
folios 629 a 658; (11.-) el documento de folio 661 en el que consta que el Recurso de
Amparo presentado por el querellante en contra del Colegio de Abogados, fue
declarado sin lugar; (12.-) el acuerdo 2009-41-028, que rola a folio 673, mediante el
cual se declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución final
del Colegio de Abogados arriba indicada, se confirmó aquel acuerdo, se dio por
agotada la vía administrativa y se indicó que la sanción impuesta correría a partir de su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta; (13.-) la suspensión del acuerdo 2009-14-014
y con ello de la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta, hasta tanto no existiera
una resolución conclusiva en el procedimiento ordinario Contencioso-Administrativo
que el querellante había iniciado en contra del Colegio de Abogados (Folio 676); (14.-)
la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de 27 de enero de 2011, visible a
folio 938, con la que se declaró sin lugar, en todos sus extremos, la demanda
interpuesta por L en contra del Colegio de Abogados por la sanción disciplinaria
impuesta y se le condenó en costas. (Sobre la fundamentación probatoria descriptiva,
véanse folios 1006 a 1009 del expediente). Fue con base en el análisis de los anteriores
elementos de prueba que los jueces concluyeron que el subtítulo y el cuerpo de la
noticia al que se ha hecho mención, utilizado por los querellados y por el Diario La
Nación, era cierto. Esa conclusión se sigue de la prueba antes descrita, y además fue
explicada ampliamente por la Cámara Judicial a-quo, que para los efectos aclaró lo
siguiente: (1.-) Que debía distinguirse entre la sanción disciplinaria impuesta por el
Colegio de Abogados en contra de L y la demanda Contencioso-Administrativa que éste
interpuso en contra del acuerdo de aquel Colegio Profesional. Así se expuso, con toda
claridad, por un lado, que aquella sanción estaba firme y agotaba la vía administrativa
y, por otro lado, que la demanda interpuesta no era un recurso de apelación, o sea una
impugnación, en contra de la resolución con que se fijó dicha sanción, sino una
demanda inicial para intentar declarar la nulidad del ese acto. De manera que al

momento de publicación de la noticia, el 24 de diciembre de 2009, era completamente
cierto que el Colegio de Abogados de Costa Rica había suspendido por un año del
ejercicio profesional como abogado al ahora recurrente L, por haber vulnerado una
norma, el artículo 62, que integra el marco normativo de deberes jurídicos, morales y
éticos de los profesionales en derecho en Costa Rica. (Cfr. Folios1009 a 1010 de la
sentencia.) En contra de lo que afirma el recurrente, los miembros del Tribunal sí
analizaron su gestión para oponerse al acuerdo del Colegio Profesional aludido, pero lo
que sucede es que no le dieron la interpretación y alcance que, desde sus particulares
intereses, él pretende. Tampoco es cierto que no se haya analizado la prueba
contradictoria vertida acerca de la existencia o no de la sanción disciplinaria, pues tal
como se aprecia a folio 1009, la Cámara Judicial a-quo confrontó la nota de Rosette
Morgan Asch, en que se reitera la firmeza en sede administrativa de la sanción
impuesta contra L, con la certificación de ÁS, en que se afirma lo contrario. Al analizar
esos documentos en particular, en relación con los otros elementos de prueba
documental a que se ha hecho mención anteriormente, el Tribunal concluyó que
aquella sanción efectivamente existía y estaba en firme en sede administrativa cuando
se publicó la noticia. El vicio de fundamentación alegado, por lo tanto, no existe. En
todo caso, ni la existencia de dicha demanda contencioso administrativa, ni las
pretensiones del recurrente en dirección a la supuesta inconstitucionalidad del
numeral 62 citado, ni el hecho de que la Sala Tercera haya confirmado en algún
momento la sentencia absolutoria que en su momento dictó como cojuez a favor de
W, alteran en nada la veracidad de lo publicado, acerca de la imposición de la sanción
referida, y de las razones que se consideraron para fijarla. Como lo explicaron las
señoras juezas y el señor juez de juicio en su sentencia: “A pesar de toda esta
litigiosidad por parte del señor querellante, a la que tiene pleno derecho en un Estado
Democrático de Derecho, lo cierto es que para el momento en que se publica la noticia,
24 de diciembre de 2009, el Colegio de Abogados lo había suspendido un año por violar
una norma de ética profesional. Como se desprende del Acuerdo 2009-41-028 de la
sesión ordinaria número 41-2009, celebrada el 16 de noviembre de dos mil nueve; la
cual da por agotada la vía administrativa. (Folio 673). Esto nos lleva a concluir con la
parte querellada que estamos ante un acto válido y eficaz dado que hasta el día de hoy
no se ha anulado por ninguna autoridad competente, sólo que no se ha ejecutado
(Folio 1010 de la sentencia).” En el fondo lo que sucede es que, mediante sus alegatos
de falta de fundamentación, lo que pretende el recurrente es introducir en esta sede
de Casación Penal sus particulares interpretaciones y alegatos, tanto acerca de la
inconstitucionalidad del numeral 62 tantas veces mencionado, como también respecto
de la supuesta nulidad del acto administrativo con el que se le sancionó
disciplinariamente; lo cual, obviamente, no procede por razones de competencia
material y funcional. La decisión del Colegio de Abogados, de imponer una sanción
disciplinaria contra el ahora recurrente, estaba en firme en sede disciplinaria al
momento en que se publicó la noticia. Es decisión fue tomada con base en una norma

cuya validez y eficacia plena no solo existía en aquel momento, sino que también
permanece en la actualidad. Por ello los reclamos 2.- y 4.- también se desechan. Los
reclamos quinto y décimo tercero tampoco pueden ser atendidos. Ciertamente, tanto
en el segundo subtítulo de la noticia, como también en el cuerpo de la misma, se
indicó que la denuncia ante el Colegio de Abogados la había interpuesto JU, a quien se
le atribuyó la profesión de abogado. El error de la información radica en indicar que JU
era profesional en derecho. Los jueces analizaron ese error, para concluir que no tenía
la relevancia que el recurrente pretende darle, justamente porque el resto del
contenido de la información es cierto. Esa conclusión es correcta en tanto que, tal
como se infiere de la prueba, la denuncia efectivamente fue interpuesta por JU,
independientemente de sus calidades profesionales. La interpretación que hace el
recurrente acerca del peso que supuestamente tiene la atribución de la profesión de
abogado al denunciante, responde a su particular y subjetiva posición acerca de la
imagen que supuestamente guarda la colectividad respecto de ese gremio, pero no se
infiere de datos o elementos objetivos de prueba que permitan verificar ese supuesto
efecto incriminador de mayor peso. En todo caso, en contra de esa tesis, habrá que
indicar que justamente mediante un análisis contextual de aquellos enunciados (las
palabras y los textos adquieren su significado dependiendo del contexto en que se les
utilice), al ver la totalidad de la noticia se infiere que JU se le atribuyó claramente la
condición de parte (denunciante), en el proceso disciplinario seguido ante el Colegio
de Abogados de Costa Rica; y, como es de conocimiento común, en el contexto del
proceso las partes exponen sus pretensiones (hipótesis fácticas y jurídicas) con el fin
de que sean constatadas o desvirtuadas en la decisión del ente administrativo o
jurisdiccional que debe resolver. En ese contexto, lo dicho por una parte, solo es una
hipótesis que, eventualmente, puede adquirir el rango formal de una verdad,
mediante la declaración decisoria del ente encargado, con base en las pruebas
existentes. Expuesto de otra forma, el énfasis de la noticia no radica en que un
abogado haya denunciado, ni en destacar sus calidades como tal, sino en que un ente
administrativo tuvo como correcta la hipótesis deldenunciante, fuere quien fuere, y
sancionó a L por las razones ya conocidas. Suprimiendo o manteniendo ese error
acerca de la profesión de JU, vale indicarlo de nuevo, aquel núcleo esencial de la
información, y aquel sentido emanado de todo el contexto de la noticia, no se
modifica. En cuanto a la referencia de que JU fuera ofendido o afectado en la causa
penal en que L fungió alguna vez como juez, lo cierto es que dicho sujeto sí figuró o
apareció (exactamente en el sentido que tiene el verbo figurar, en su tercera acepción,
según el Diccionario de la Real Academia Española de La Lengua, 22ª edición, en su
versión de la red internacional de información: http://lema.rae.es/drae/) como
ofendido en el mencionado proceso penal 03-200855-305-pe, independientemente del
ya conocido desenlace absolutorio que haya tenido esa causa. No se aprecia, por lo
tanto defecto de fundamentación, ni vulneración alguna de las reglas de la sana crítica
racional en cuanto a estos extremos del fallo impugnado. Por lo dicho, no a lugar a

este argumento específico. El sexto reclamo no puede ser atendido. Sobre el análisis
efectuado por el Tribunal acerca de la eficacia y ejecutividad de la decisión tomada por
el Colegio de Abogados, ya se hizo referencia en un apartado anterior. Vale indicar
entonces que, en su sentencia, el Tribunal analizó tanto esos atributos de la decisión
tomada en sede administrativa, como también la presentación de la acción de
inconstitucionalidad por parte del querellante (Cfr. Folio 1010). No obstante, lo que
sucede es que mediante su fundamentación no derivaron la conclusión que el
recurrente, desde su particular y subjetiva posición, consideracomo correcta, sino la
contraria. En la sentencia se fundamentó, con toda claridad, que aún sí se tenía como
cierta la interposición de la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 62, ello
no afectaba la validez y eficacia del acto mediante el cual el Colegio de Abogados le
impuso a L la sanción conocida. En todo caso, lo dicho por el recurrente carece de base
real porque en la noticia se informó -vale destacarlo- que, en aquel momento, el había
dicho que valoraba la posibilidad de “llevar el caso antela Sala IV.”(párrafo IV de la
noticia.) Aparte de lo anterior, cabe indicar que la Sala Constitucional, mediante la
resolución número 11066 de las dieciséis horas y treinta minutos, del catorce de
agosto de dos mil doce, declaró sin lugar la referida Acción de Inconstitucionalidad
interpuesta por L contra el artículo arriba citado, exponiendo, entre otros, los
siguientes argumentos: “ (…) no se da una pena perpetua, sino lo que se establece en el
citado ordinal 62, simple y llanamente, es la prohibición de una determinada conducta,
que es sancionada con una pena claramente determinada. Ahora bien, en lo atinente a
la fundamentación de tal norma, este Tribunal destaca, como valor fundamental, la
imparcialidad tanto del juez, como de todo funcionario público (…) Efectivamente, si a
un abogado, que hubiera cesado labores en la judicatura, se le permitiera patrocinar en
asuntos que hubiese conocido cuando fungió como juez, la garantía de la imparcialidad
del juez se vería afectada seriamente dada la consecuente disminución en el grado de
confianza de los ciudadanos en la objetividad y razonabilidad de las decisiones
jurisdiccionales. Así la norma cuestionada resulta útil para prevenir la corrupción
judicial, en la medida que mengua la posibilidad de que un juez emita criterio con base
en algún interés externo (…) Por lo demás, la norma cuestionada evita que un abogado
litigante goce de una ventaja ilegítima al tener acceso a informaciones y relaciones
privilegiadas en función de su previo desempeño como juez en el caso que
anteriormente conoció, y en el que luego pretende patrocinar.” El sétimo alegato del
recurrente tampoco prospera. Las juezas y el juez integrante delTribunal explicaron
porqué concluyeron que hubo equilibrio en la elaboración y presentación de la noticia
Para sustentar esa conclusión se empleó mucho más que el argumento de que se había
transcrito lo considerado por el querellante, de que no le veía ni pies, ni cabeza, a lo
que estaba pasando. De este modo, en el proceso de argumentación seguido por el
Tribunal se expuso: (1.-) Cómo Ronald Chacón Chavarría, en su calidad de editor,
valoró la importancia de la información que había recibido, ordenó indagar al respecto
y le pidió a N que verificara que dicha información no era falsa, mediante la consulta

respectiva en el Colegio de Abogados y mediante la llamada a las personas
involucradas. (2.-) Que el querellado N, reiteró en juicio el procedimiento realizado
para procesar y verificar la información, mediante el llamado al Colegio de Abogados y
mediante la petición que le hizo al corresponsal JB para que entrevistara a L. (3.-) Que
este corresponsal narró en juicio que había entrevistado a L, quien, para lo que más
importa, se negó a darle más información y le dijo que él no iba a entender lo que
sucedía, que pensaba en llevar el asunto ante la Sala Constitucional y que, en todo
caso, pusiera que no le veía ni pies, ni cabeza a lo que sucedía. Sobre el punto la
Cámara Judicial a-quo dijo: “Vemos como el corresponsal JB lo entrevista, a solicitud
del periodista N, con esto se le da equilibrio a la información, al darle participación a la
persona involucrada en los hechos que se le cuestionan como exjuez de la República
Sin embargo el Lic. L lo que manifiesta a este reportero es lo que consigna este párrafo,
no se refiere a otros aspectos jurídicos o éticos pues considera que el corresponsal por
no ser abogado ni periodista los va a entender.” (Cfr. Folios 1013 y 1014 de la
sentencia). De manera que, al constatar que los periodistas habían hecho una
adecuada confrontación y verificación de fuentes y que se le había dado la
oportunidad al querellante para que manifestara su versión de los hechos, los jueces
concluyeron que aquel equilibrio había existido, y que no se les podía exigir a dichos
periodistas que presentaran la información con base en todo el análisis jurídico que
pretende el ahora querellante (Cfr. Folios 1011 a 1012). De los elementos de prueba se
puede derivar, tal como lo expusieron las juezas y el juez de juicio, que los periodistas
fueron diligentes y agotaron los mecanismos que tenían en sus manos como tales, al
constatar y publicar que L había sido sancionado disciplinariamente por representar
como abogado a quien previamente había absuelto como juez, aspecto diafanamente
cierto, independientemente de los infructuosos cuestionamientos de
constitucionalidad que haya hecho el recurrente respecto del numeral reglamentario
en que se basó dicha decisión. Por lo tanto, no procede el reclamo. Los argumentos
expuestos bajo el acápite 8 delrecurso deben ser desechados. En el párrafo sexto de
la noticia publicada el 24 de diciembre de 2009 efectivamente se dijo que L había
apelado, pero que la decisión del Colegio de Abogados había sido confirmada el 16 de
noviembre. El defecto radica en afirmar que el recurso interpuesto era el de apelación,
y no el de revocatoria, comoefectivamente había acontecido. El Tribunal analizó ese
error y concluyó que no era relevante porque “Efectivamente fue en esa fecha que la
Junta Directiva [del Colegio de Abogados] como órgano disciplinario le impone de
manera definitiva la sanción.”(Cfr. Folio 1014 de la sentencia, lo escrito entre
paréntesis cuadrado se adiciona para mayor claridad.) Esa imprecisión, ciertamente,
no tiene la importancia que quiere darle el recurrente. Una nota periodística no es un
tratado de derecho procesal, ni mucho menos de teoría de la impugnación, ni tampoco
va dirigida exclusivamente a profesionales en derecho. El uso de las palabras que se
realiza en las noticias, por lo tanto, no necesariamente tiene, ni debe tener, el
contenido de significado que para dichas palabras se estipula en el lenguaje técnico-

jurídico. La definición estipulativa que hace el recurrente del término “apelar”, es
correcta en el contexto específico de la jerga jurídica, pero no en todos los ámbitos de
la realidad. La interpretación que hace quien impugna, acerca del peso que
supuestamente tiene el uso de la palabra “apelar”, responde a la particular y subjetiva
interpretación, y a la definición estipulativa, que él asume como única correcta,
partiendo del significado que tiene ese concepto en un ámbito específico de la
realidad, pero no se basa en datos o elementos objetivos que permitan verificar ese
supuesto efecto en los receptores de la noticia. Justamente, en contra de esa
interpretación, y de ese supuesto “peso” del vocablo aludido, debe decirse que, si se
parte de su definición léxica, es decir de su uso, es claro que el término “apelar” es
utilizado en el lenguaje coloquial como sinónimo de recurrir, es decir, de apelar (del
latín apellare, llamar) a alguien para que dirima o resuelva sobre una cuestión debatida
(Véase de nuevo: Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición, primera
acepción para la voz “apelar”, http://lema.rae.es/drae/). Fue precisamente eso lo que
se informó en la noticia mencionada: es decir, que L había impugnado la resolución
final del Colegio de Abogados, y que dicha impugnación, como efectivamente se ha
constatado, no prosperó, al no dársele la razón, por lo que aquella decisión final fue
confirmada. Por lo dicho, es que se desecha este alegato en particular. El alegato 9.-
tampoco puede ser atendido. A diferencia de lo que sucede con las etapas previa o
intermedia del proceso penal, o incluso con el dictado de la prisión preventiva, en el
que la prudencia periodística y el principio de inocencia obligan a presentar las
imputaciones que se han hecho a un sujeto como probabilidades (precisamente
porque en esos momentos procesales no existe aún una sentencia final con que se
haya declarado su responsabilidad, en ese caso penal), pasa que en el expediente
analizado la noticia se publicó luego de finalizado el proceso administrativo
disciplinario y del dictado de una resolución final en su contra, mediante la cual se tuvo
por demostrada, por lo ya expuesto, la vulneración del numeral 62 repetidamente
mencionado. En dicha sede administrativa ya se habían agotado todos los recursos
existentes, esa decisión ya era plenamente ejecutable. Las gestiones del ahora
querellante en sede constitucional o contencioso administrativa, no modifican la
veracidad de aquel núcleo de la información publicada. En la resolución del a-quo, no
se aprecia defecto alguno de fundamentación sobre este extremo. Por ello, el reclamo
se deniega. El décimo reclamo del recurrente tampoco es de recibo. Para este
alegato, vale lo dicho con anterioridad: con base en los elementos de prueba
debidamente evacuados e incorporados en el debate, se demostró la violación del
artículo 62 del Reglamento arriba citado, la imposición de una sanción disciplinaria
contra L, y el agotamiento de los recursos existentes en sede administrativa para
impugnar esa resolución final. Precisamente, la adecuada consideración que se hizo en
la sentencia impugnada, acerca de la firmeza de la resolución administrativa, y de la
naturaleza de las otras gestiones presentadas por el querellante en otras sedes, hacen
que no exista contradicción lógica alguna en el hecho de que el Tribunal las haya

mencionado. Dicho en otros términos, como se explicó en el fallo impugnado, las
gestiones de L en otras sedes, no afectan en nada la veracidad de lo expuesto en la
información, en el sentido de que en sede administrativa ya se le habían agotado todos
los recursos existentes y que la sanción que se le impuso ya era ejecutable. El
undécimo alegato no procede.Como lo expuso el Tribunal a folio 1014, la noticia
simplemente reprodujo lo consignado en la resolución final del Colegio de Abogados,
acerca del trámite formal de publicidad para la decisión tomada, el cual está impuesto
reglamentaria y legalmente. Cualquier interpretación ulterior que haga el recurrente
respecto de esa afirmación (evidentemente neutral al referirse exclusivamente a un
requisito procedimental de la resolución del Colegio de Abogados) obedece a sus
perspectivas subjetivas particulares, y carece de sustento objetivo. Respecto de ese
tipo de representaciones presentes en el fuero interno del recurrente, resulta obvio
que no corresponde exigir fundamentación alguna al Tribunal. Por ello se rechaza el
reclamo. Finalmente, el duodécimo alegato también debe ser descartado. Luego del
subtítulo “pruebas de peso”, se aprecia que en la noticia se dijo, con toda claridad, que
se transcribía parte de la resolución final dictada por el Colegio de Abogados, en la
cual, justamente, se indicaron todos los elementos de prueba considerados para
concluir que L, con su comportamiento, había infringido el artículo 62 citado. En el
fondo, lo que pretende el recurrente con este alegato es reintroducir argumentos que
ya le han sido desechados, y a los cuales ya se hizo mención en el acápite primero
Para el punto vale indicar entonces que, tal como lo expuso el Tribunal a folio 1015, lo
que se hizo en la publicación fue remitir a las consideraciones del Colegio, sobre la
existencia de pruebas en contra del ahora querellante, suficientes como para haber
tenido por demostrada la infracción que se le imputaba y, consecuentemente, para
imponerle la sanción que se le impuso. No existe, por lo tanto, defecto de
fundamentación alguno sobre el punto en la sentencia. En síntesis, en contra de los
alegatos de falta de fundamentación y de vulneración de las reglas de la sana crítica
esgrimidos por el recurrente, debe destacarse que el Tribunal fue analizando párrafo a
párrafo, el contenido de la noticia publicada y cuestionada por quien impugna,
realizando así, con base en sendos elementos de prueba, el proceso de argumentación
requerido en nuestra legislación penal para poder concluir, en este caso, que esa
noticia era verdadera

IV. B.- Acerca de los supuestos errores en que incurrió el Tribunal al analizar los
comportamientos atribuidos a JU y a su abogado, A, cuando brindaron información al
diario La Nación, el recurrente afirma lo siguiente (corre de seguido la misma
numeración que tienen los alegatos en el recurso): 14.- De manera general se indica
que en la noticia se reprodujo la opinión de JU acerca de la existencia de corrupción en
el Poder Judicial, y que esta atribución de actos corruptos debía analizarse
independientemente de la supuesta violación del numeral 62 de repetida cita. El
recurrente considera que existe falta de fundamentación de la sentencia porque los


jueces: 14.1.- No analizaron esas manifestaciones. 14.2.- No valoraron la información
que se transmitía en su contra con la ubicación de la noticia en la página central de la
sección de sucesos, con algunas imágenes insertadas en la noticia y que le daba más
peso a la información presentada debido a: 14.2.1.- No analizaron el tamaño amplio de
las fotografías de A y JU, 14.2.2.- El gesto meditativo del abogado A en la foto. 15.- El
recurrente indica que los jueces de juicio concluyeron, por un lado, que los periodistas
no habían actuado con dolo, que no se aprecia que la publicación se haya hecho con la
intención de perjudicar al querellante, que la información presentada se ajusta a la
verdad y que se infiere que cumplieron con sus deberes profesionales al recabar la
información, porque verificaron sus fuentes y enviaron a un corresponsal para pedirle
su criterio a L, antes de publicar la noticia. Por otro lado, los miembros del Tribunal
también concluyeron que los comunicadores no podían entrar a considerar la decisión
delColegio de Abogados con la profundidad en que lo ha hecho el señor querellante en
su condición de abogado. El recurrente considera que esas conclusiones son
incorrectas porque: 15.1.- La negación de la existencia de dolo es producto de una
torpeza judicial. Cree que dicho elemento subjetivo del tipo fue más que demostrado
15.2.-Independientemente de que se haya enviado a alguien a entrevistarlo, a publicar
la noticia no se tomó en cuenta información que debió considerarse para no afectar el
honor ajeno. 15. 3.- En la sentencia no se le dio el trato adecuado, porque no se indicó
su título de licenciado. 15.4.- No es correcta la afirmación de que los periodistas no
podían considerar la decisión del Colegio de Abogados con mayor profundidad, ya que
en otro periódico eso sí se ha hecho. Expone al efecto la manera en que él considera
que debió redactarse la noticia. 15.5.- No se analizó el fundamento de la afirmación de
JU en el sentido de que su actuación era un acto de corrupción 15.6.- Ni lo publicado se
ajusta a la verdad, ni los comunicadores cumplieron sus deberes profesionales, porque
las fuentes de información no daban razón de que existiese una sentencia conclusiva
firme en que se declarare que él fue corrupto por el hecho de dictar aquella la
sentencia absolutoria a favor de quien luego representó. 16.- El 5 de enero de 2010 se
publicó una segunda noticia, en que se informaba que el Colegio de abogados había
detenido la sanción en contra del ahora querellante. El Tribunal consideró que esta
segunda entrega informativa, ni aclaraba la primera noticia a que se ha venido
haciendo referencia, ni implicaba una retractación respecto de la misma, sino que
evidenciaba que los periodistas recibieron una información nueva, la corroboraron y la
ampliaron en la primera página de sucesos del diario La Nación. También se concluyó
que, al ser entrevistado, L no le comunicó al periodista la presentación de la demanda
contenciosa. El recurrente considera que ambas conclusiones son erróneas por las
siguientes razones: 16.1.- La segunda noticia sí aclaraba la anterior, ya que se explicaba
que se había suspendido el acuerdo del Colegio de Abogados, con que se sancionaba a
L, debido a la demanda que este interpuso en sede contencioso-administrativa. 16.2.-
No es cierto que fuera nueva la información acerca de la demanda en contra del
acuerdo indicado, ya que esta existía desde el 10 de diciembre de 2009, diez días antes

de publicarse la primera noticia, e incluso estaba en el expediente disciplinario
tramitado ante el Colegio de Abogados. 16.3.- La segunda noticia se presentó en una
pequeña esquina de la página de sucesos, sin guardar proporcionalidad con la primera
noticia, en cuanto a tamaño, contenido y “destaque”. 16.4.- Debido a la existencia de
impugnaciones interpuestas, en la primera entrega informativa no podía informarse
con certeza, sino que debió presentarse apenas como una probabilidad, que había
violado el artículo 62 tantas veces mencionado. 16.5.- Existe una contradicción lógica
en la sentencia cuando se afirma que L acudió a la vía contencioso administrativa, y a
la vez se indica que el acuerdo final del Colegio de Abogados era definitivo. En lo
demás bajo esteacápite se reiteran argumentos ya expuestos. 17.- En el fallo se indicó
que el querellante había alegado que las dos publicaciones realizadas en La Nación no
eran verdaderas. El recurrente indica que él únicamente acusó la falsedad de la
primera noticia y que, precisamente, la veracidad de la segunda (en cuanto a que la
decisión del Colegio de Abogados no estaba en firme y todavía estaba en discusión la
existencia o no de una infracción del numeral 62), es lo que le permite afirmar que la
primera información era falsa. 18.- Con base en la segunda noticia mencionada, se
puede inferir que para ella el periodista N sí cumplió con corroborar la información,
pero que no lo había hecho para la primera entrega y que la información contenida era
falsa. Utiliza una cita jurisprudencial para reiterar el argumento de que el Tribunal no
analizó que el periodista del caso debió comprobar de mejor manera la información
que publicó en la primera noticia, para lo cual debieron revisar el expediente
disciplinario del Colegio de Abogados y las gestiones realizadas para impedir la
ejecución de la sanción disciplinaria que se le había impuesto. De haberlo hecho no
podrían haber afirmado que esa sanción estaba firme por la comisión de una
vulneración del numeral 62. 19.- El Tribunal concluyó que era cierto que, al momento
de publicar la primera noticia, el 24 de diciembre, L estaba suspendido en el ejercicio
profesional como abogado y que por eso no se afectaba su honra con dicha
información. El recurrente considera que eso es falso, porque aquella sanción
disciplinaria había sido interrumpida por orden del propio Colegio de abogados desde
fecha 14 de diciembre de ese mismo año, y además porque la sanción no había sido
publicada en el Diario La Gaceta, momento a partir del cual empieza a regir la sanción
20.- En este acápite el recurrente cuestiona, de manera entremezclada con los otros
argumentos, la fundamentación jurídica desarrollada para sustentar la sentencia
absolutoria de los comunicadores, esto porque: 20.1.- En contra de lo dicho por el
Tribunal, la publicación de la noticia, hecha por los querellados, no está amparada en
una causa de justificación como la publicación de hechos de interés público, porque el
ejercicio legítimo de un derecho no es una causal de justificación especial sino
genérica. 20.2.- Es incorrecta la idea de que si media la verdad de los hechos entonces
el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber legal o la defensa de
un interés público, predominan sobre el derecho fundamental de la honra ajena, ello
por las siguientes razones: 20.2.1.- Se olvida el numeral 149 del Código Penal, en

cuanto a que la verdad de la imputación se puede probar si el querellante lo pide, o si
media un interés público actual, siempre que la imputación no se haya hecho por puro
deseo de ofender o espíritu de maledicencia. 20.2.2. Se deja de lado el artículo 22 del
Código Civil en el sentido de que “La ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio
antisocial de éste”. En apoyo de su tesis cita el voto 1050-2002 de esta Sala Tercera de
Casación Penal. 20.3.- Para sustentar su tesis de que la noticia presentada por el diario
La Nación no debió ser tenida como verdadera repite los argumentos expuestos en los
apartados 1. y 2. de su recurso. 20.4.- No se analizó que al ahora querellante no se le
sancionó como funcionario público, por lo que todas las consideraciones doctrinales
hechas por el Tribunal respecto de estas personas en particular, no aplican para el caso
concreto. 20.5.- Reitera que la noticia conllevaba un marcado deseo de ofender y un
espíritu de maledicencia y que se le orientó como si se tratara de un caso de
corrupción judicial, lo cual no fue considerado por los jueces. En lo demás se repiten
argumentos ya resumidos. 21.- Bajo este acápite el recurrente repite que no comparte
la valoración que hicieron los jueces de la primera noticia publicada en el Diario La
Nación, para concluir que las imprecisiones que presentaba no la convertían en falsa,
ni revelaban una intención dolosa de los periodistas. Reitera los argumentos dados en
los apartados 1., 6.,12., 10. y 14 para apoyar su posición. Agrega que los delitos contra
el honor querellados pueden ser cometidos tanto con dolo directo, como también con
dolo eventual, por lo que no se requiere de un intención particular de dañar el honor o
la reputación ajenos. Cree que hubo al menos dolo eventual para afectar su honra
porque los periodistas no revisaron razonablemente sus fuentes. Desde su particular
perspectiva, considera que los jueces no realizaron ese análisis.22.- El Tribunal
concluyó que el comportamiento demostrado para A (al acompañar a su cliente, JU, a
la entrevista con un periodista) era atípico. Para el recurrente esa conclusión es
producto de defectos de fundamentación. Considera que el comportamiento de A sí se
adecua objetiva y subjetivamente a los delitos contra el honor que le imputan, porque
Se demostró que aquel primero le suministró a su cliente información falsa,
incompleta y difamatoria, utilizada para la primera noticia, porque era el abogado de
JU durante el proceso disciplinario en el Colegio de Abogados, porque lo acompañó
durante la entrevista, porque se dejó fotografiar, opinó (con el gesto reflexivo en que
aparece su imagen en la publicación) y permitió que dicha imagen apareciera para
reforzar la noticia por su condición de abogado, porque prestó su oficina para la
entrevista, porque no informó al periodista L de la impugnación del acuerdo final del
Colegio de Abogados y de la suspensión de la sanción, porque no advirtió a JU con sus
manifestaciones podía incurrir en los delitos querellados, porque fue en su compañía
que este último se dejó decir que la corrupción había invadido el Poder Judicial. Por lo
anterior el querellante entiende que A actuó en calidad de cómplice en los delitos
contra el honor querellados. En lo demás, bajo este apartado se repiten argumentos ya
esbozados previamente. Ninguno de los anteriores reclamos puede ser atendido. De
este modo, el alegato número 14 no prospera. Respecto de los argumentos

presentados bajo este apartado, en primer lugar, conviene hacer referencia a un
aspecto general que consta en el acta de juicio que rola a folio 997, en el sentido de
que el día en que se inició la etapa plenaria en la presente causa (el 19 de setiembre de
2011), ante la inasistencia del abogado defensor del querellado JU, se decretó el
respectivo abandono en la defensa, de lo cual se le dio audiencia al querellante L. Este
último, según se aprecia en dicha acta, manifestó que se nombrara un defensor
público para aquel encartado, o bien, que se procediera a separarlo de la causa. Por
evidentes razones de celeridad, en aras del aseguramiento del principio de tutela
judicial efectiva ydel principio de justicia pronta y cumplida, las señoras juezas y el
señor juez de juicio tomaron aquella última opción. Siendo así, el querellado en
mención fue retirado de la sala de juicios, con lo que, obviamente, no participó de esa
etapa procesal, todo lo cual es de pleno conocimiento del recurrente. De manera que,
resulta absolutamente improcedente de su parte, que venga a alegar defectos de
fundamentación respecto de hechos atribuidos al endilgado JU, cuando es de su
conocimiento que éste no participó en el debate y, con ello, que el Tribunal no debía
(ni estaba autorizado para) manifestarse sobre esos puntos, no solo para no adelantar
criterio en relación de un juicio que resta por realizar, sino también para no vulnerar,
entre otros, el derecho de defensa de dicho encartado. Estas son razones suficientes
para desechar los alegatos de falta de fundamentación en relación con los puntos 14 y
14.1 arriba descritos. En cuanto al extremo 14.2., presentado de manera
entremezclada por el recurrente, tampoco es atendible. El recurrente hace referencia
a hechos que nunca fueron imputados a nadie mediante la acusación privada que
formuló, razón por la cual, ante dicha carencia, no existía absolutamente ningún deber
de fundamentación de parte del Cámara Judicial a-quo respecto de los mismos. En
todo caso, debe indicarse, que las afirmaciones hechas por el recurrente en ese
apartado obedecen a su interpretación y presunción subjetiva, para las cuales no
aporta elemento de prueba alguno que permita demostrar que la ubicación de la
noticia, el uso de una foto de los querellados A y JU, y el gesto de aquel primero,
tengan el contenido comunicativo difamatorio que él pretende. Por lo dicho, no se
aceptan los alegatos del recurrente. Bajo el apartados 15 se presentan
cuestionamientos a la fundamentación jurídica o de fondo de la sentencia. Los
reclamos deben ser declarados sin lugar. Dejando de lado las descalificaciones
personales que hace el recurrente, carentes, por definición, de todo argumento
jurídico, conviene indicar que con sus alegatos de fondo el recurrente pretende
modificar el elenco de hechos que el Tribunal tuvo por demostrados, en particular, que
las noticias publicadas en el diario La Nación se refieren a hechos cuya veracidad ha
sido sobradamente acreditada (folio 977 de la sentencia). Como bien se sabe, la única
manera de constatar elementos subjetivos del tipo como el dolo, como sucede en este
caso, es mediante prueba indiciaria. Precisamente, la constatación de que la
información publicada era veraz y de que para obtenerla se procuró un equilibrio (a tal
grado que se envió un corresponsal para entrevistar a L), fueron los indicadores

tomados en cuenta por las juezas y el juez de juicio para concluir que los periodistas no
tuvieron la intención de agraviar o difamar al querellante, sino simplemente de
informar a la colectividad acerca de lo que realmente había sucedido. Los argumentos
que ahora repite el recurrente, como se ha visto fueron desechados. Aún aceptando
que no se informó de todo lo que pretende el recurrente, el núcleo esencial de la
noticia no se ve afectado, ni modificado, en su esencia. No existen indicadores de peso
de que la intención de los periodistas haya sido otra que la de informar acerca de la
suspensión disciplinaria que se ordenó en contra de L, debido a la ejecución de
laborescomo abogado incompatibles entre sí. El hecho de que en otras noticias, de
otros diarios, se haya dado un tratamiento de la información más detallado, no puede
ser tenido como un baremo general, mínimo, acerca de la manera en que debe
redactarse una noticia, según los parámetros que se le ocurren al recurrente. Los
criterios empleados por el Tribunal al efecto (veracidad, equilibrio, constatación y
contraste de fuentes), son los razonables para lograr el adecuado balance entre el
derecho a la información, y la tutela del derecho al honor, porque, como se ha dicho,
no se debe exigir a los periodistas el tratamiento de una noticia o de un tema
mediante conceptos y categorías del Derecho, ni tampoco debe exigírseles una
adecuación absoluta entre la noticia y la realidad (Cfr. Folios 1018 a 1020 de la
sentencia). En lo que respecta al resto de los alegatos presentados debe decirse, por
un lado, que ningún agravio se ocasiona al querellante al no anteponer su título
profesional a su nombre, pues tal manera de actuar corresponde a usos, costumbres y
reglas de cortesía que nada tienen que ver y en nada afectan la argumentación de una
sentencia conforme a los requerimientos de la legislación costarricense. Por otra parte,
las manifestaciones del recurrente acerca de la supuesta falsedad de la noticia, y la
discusión respecto del carácter de la resolución final del Colegio de Abogados, ya han
sido resueltas de sobrada manera, con lo que no se requieren repeticiones al efecto
Finalmente, sobre la falta de fundamentación respecto de lo supuestamente dicho por
JU, atribuyéndole actos de corrupción al querellante, el reclamo no procede,
justamente por lo arriba expuesto para la decisión delalegato 14. Los reclamos
presentados bajo el apartado 16.- tampoco son de recibo. Para sustentar su
conclusión de que la segunda noticia no era ni una aclaración, ni una retractación de la
primera, sino una ampliación de aquella, debida a la recepción de nueva información,
el Tribunal tomó en consideración los siguientes elementos de prueba: (1.-) La
declaración de N, quien narró en debate que W lo había llamado para informarle de la
demanda en sede contencioso- administrativa presentada por L en contra del Colegio
de Abogados de Costa Rica. (2.-) El testimonio de W, quien refirió en el juicio que,
molesto por la publicación de la primera noticia, había llamado al periodista N para
decirle, entre otras cosas que L había acudido ante el Tribunal Contencioso
administrativo y que este había ordenado detener la suspensión en contra de L. (3.-) La
declaración de JB, quien narró que, durante la entrevista que realizó, aquel último
nunca le dijo de sus gestión en sede contencioso-administrativa (Cfr folios 1016

a1018). Fue con base en esos elementos de prueba que la Cámara Judicial a-quo
concluyó que “(…) el querellado recibe una información nueva, la corrobora y amplía,
en la primera página de la Sección de Sucesos (folio 1016) Así las cosas al enterarse el
querellado N de la presentación de esta demanda contenciosa a través del testigo W,
que lo ha corroborado en este juicio, opta por publicar como periodista responsable la
nueva información en una segunda nota, pero como se dijo no aclarando la primera,
sino ampliándola con nuevos elementos, todos verdaderos (Folio 1018 de la
sentencia).” Con lo que, de los elementos de prueba mencionados, puede inferirse que
la información acerca de la demanda en sede contencioso-administrativa fue conocida
por el periodista N luego de que fue publicada la primera noticia y que, ante ello,
decidió publicar la segunda nota, ampliando la información. El propio recurrente
acepta con su alegato, que el no le comunicó al corresponsal destacado que iba a
interponer la demanda en aquella sede, demanda que, en todo caso, como se ha visto,
fue declarada sin lugar en todos sus extremos. Además de ello, independientemente
de que la demanda existiera desde antes de la publicación de la primera entrega
informativa, lo cierto es que de los elementos de prueba existentes en autos (incluso
de lo dicho por W) lo que se deriva es que la existencia de esa demanda fue conocida
por el periodista N hasta después de la primera noticia, y que rápidamente se encargó
de informarlo en la segunda entrega publicada. Al no tratarse de un derecho de
respuesta, ni de una aclaración de la primera noticia, en contra de lo que pretende el
recurrente, no resultan aplicables para la segunda información, exigencias de
proporcionalidad en el tamaño y ubicación de la misma. El hecho de que esa demanda
existiera antes de la publicación de la primera noticia, visto además el desenlace que
tuvo, en nada modifica el núcleo central de lo que se informó desde un inicio acerca de
las causas, naturaleza y características de la sanción impuesta a L. Los extremos 16.4. y
16.5 ya fueron analizados, en el sentido de diferenciar el carácter final de la resolución
dictada en sede administrativa, y de las demandas y acciones interpuestas por L, para
procurar la nulidad del acto, y la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 62
Eso permitía informar, tal como ya se ha explicado, que la resolución del Colegio era
ejecutable y que los recursos en esa sede se habían agotado. Vista la naturaleza de la
resolución administrativa, de la demanda contencioso-administrativa, y de la acción de
inconstitucionalidad, al no tratarse de recursos de carácter vertical, no existe ninguna
contradicción en la sentencia cuando se afirma que la resolución disciplinaria
administrativa era definitiva y a la vez que L había demandado en sede contencioso-
administrativa. El alegato 17 es improcedente. Ya se ha expuesto con sobrado detalle
porqué, con base en numerosos elementos de prueba, se puede afirmar que la
primera noticia publicada era verdadera. La segunda nota amplió aquella presentada al
inicio, para informar que la ejecución de la sanción disciplinaria había sido suspendida
debido al reclamo formulado por el querellante (pero finalmente rechazado) en sede
contencioso-administrativa para alegar la nulidad del acto que originó dicha sanción
De nuevo se debe remitir al análisis expuesto páginas atrás acerca de la naturaleza y

eficacia de la sanción disciplinaria administrativa, y de las demandas y acciones
interpuestas por el querellante, para concluir que la inferencia que propone el
recurrente es equivocada. La veracidad de la segunda entrega, vista en relación con los
elementos de prueba a que se hizo mención en el apartado 16, lo que permite es
inferir que la información de la primera noticia (que de por sí era en su núcleo esencial
verdadera) fue ampliada, y nada más. Por ello se descarta el reclamo del recurrente
Igual suerte debe correr el reclamo número 18, el cual debe ser denegado. Ya se ha
visto como para la obtención y presentación de la primera noticia se cumplió con las
exigencias básicas para corroborar la información. La interpretación del precedente
jurisprudencial de esta Sala que hace el recurrente es errónea, ya que pretende
modificar los parámetros tenidos por el Tribunal (cuyo cumplimiento fue debidamente
constatado mediante sendos elementos de prueba, para el caso en estudio) para
concluir que los periodistas de La Nación realizaron una comprobación
razonablemente suficiente de la información que iban a publicar, que utilizaron
fuentes confiables y que fueron diligentes para determinar la veracidad de esa
publicación en la que se dijo que la resolución del Colegio de Abogados había sido
confirmada, por haberse dado la vulneración del numeral 62 conocido. El reclamo, por
lo tanto, no prospera. El alegato número 19 no puede ser atendido. Al 24 de
diciembre de 2009 ya se había impuesto, y se había confirmado en sede
administrativa, la sanción disciplinaria en contra de L (véase sinopsis de folios 1007 a
1009), cuya ejecución se suspendió en fecha 14 de diciembre de 2009 por la
interposición de una demanda contencioso-administrativa que, como bien sabe el
recurrente, fue declarada sin lugar en fecha 27 de enero de 2011. La noticia, en su
núcleo esencial referido a que la sanción se había impuesto por la vulneración del
numeral 62 de repetida cita, y que había sido confirmada, como se ha reiterado hasta
la saciedad, es verdadera porque así se infiere de las probanzas debidamente
analizadas por la Cámara Judicial a-quo. En el cuerpo de la noticia se expuso además,
tal como lo analizó el Tribunal (Folio 1019) que, como requisito de publicidad previo,
en la resolución final del Colegio de Abogados se había consignado que la sanción
regiría luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Por ello, los reclamos del
recurrente carecen de sustento. Los argumentos expuestos bajo el acápite 20 deben
descartarse. En el fondo, lo que plantea el recurrente L es que lo periodistas
querellados no ejercieron legítimamente el derecho a informar del cual son titulares,
sino que abusaron de ese derecho, porque no existía un interés publico respecto de la
información publicada, debido a que al ahora querellante no se le sancionó como
funcionario público. Para resolver adecuadamente este alegato conviene recordar que
el Tribunal tuvo por demostrado, en lo que más interesa, lo siguiente: (1.-) Que como
miembro del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, L dictó la
sentencia 483-04, mediante la cual absolvió a W por los delitos que se le atribuían en
perjuicio de JU y la Fe Pública y además declaró sin lugar la acción civil incoada por
este último en contra del primero. (2.-) Que L se jubiló del Poder Judicial a partir del 01

de julio de 2005. (3.-) Que a partir del 18 de enero de 2007, L participó activamente en
el proceso de ejecución civil de sentencia, ante el Tribunal Penal de Juicio de Alajuela y
el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esa misma localidad, a favor de W, a quien, como
ya se indicó, había absuelto previamente en un proceso penal. (4.) Que la junta
directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, constituida como Consejo de
Disciplina, mediante acuerdo 2009-19-04, sesión ordinaria 19-2009 del ocho de junio
de 2009, el impuso a L la sanción disciplinaria de un año de suspensión en el ejercicio
de la abogacía; sanción que quedó en firme en sede administrativa en sesión ordinaria
41-2009, del dieciséis de noviembre de 2009, acuerdo 2009-41-2008. (5.-)Que las dos
publicaciones aparecidas en el diario La Nación, el día 24 de diciembre de 2009 y el día
5 de enero de 2010, no difamaron el honor del querellante mediante la afectación de
su dignidad, nombre, imagen o reputación; así como también que ambas notas
contienen hechos verdaderos, por lo que no se atenta contra la naturaleza propia de lo
que es una información periodística, ya que en ellas se encuentra un interés público
por la calidad de funcionario público del querellante (Cfr. Folios 976 a 977 de la
sentencia). La cita doctrinal y las ideas desarrolladas en su argumentación por las
señoras juezas y el señor juez del Tribunal a-quo, son correctas desde la perspectiva de
esta Sala de Casación Penal, por lo cual conviene recuperarlas: “Del derecho de
Expresión, también se desglosa el derecho a ser informado (sic) que tenemos todos los
ciudadanos, sobre todo cuando aquella información resulte de interés público, Jaen
Vallejo sostiene que la idea de interés público, responde al aspecto funcional de la
libertad de expresión. Sin ésta los ciudadanos no gozan de una auténtica participación
política, por ejemplo, y por lo tanto, resulta ser una de las mayores garantías
delsistema democrático. Cabezuelo Arenas, sostiene en su libro “Derecho a la
Intimidad”, que «… el interés público se impone como límite común a las libertades de
expresión e información, debiendo ser complementado en el primer supuesto con el
respeto y, en el segundo, con la nota de la veracidad. Honor, intimidad y propia imagen
pueden, pues, ser sacrificados cuando haya de servirse al interés público, pero sólo en
la medida en que éste deba ser atendido sin incurrir en extralimitaciones. (pag
138).»Continúa indicando Jaen Vallejo en su obra, que debe entenderse por asuntos de
interés público « … los asuntos de trascendencia pública más debatidos (actuaciones de
los políticos, de los tribunales, finanzas pública, etc.» Sobre estos temas se reconoce el
derecho de comunicar libremente información veraz.” (Cfr. Folio 1019 de la sentencia
El subrayado está en el original. La negrilla se adiciona.) Estos argumentos enlazan
plenamente con la doctrina desarrollada ampliamente en las sentencias de esta Sala
de Casación Penal, por ejemplo, en el propio voto 1050, de las ocho horas cincuenta
minutos, del veinticinco de octubre de dos mil dos, citado por el recurrente. En esa
sentencia se indicó, entre otras cosas, lo siguiente (lo extenso de la cita se justifica por
la importancia del tema tratado): “El conflicto entre el derecho al honor y las libertades
de información y prensa es uno de los más difíciles de resolver, pues se está ante
derechos fundamentales de la persona y ello obliga a definir muy bien cuándo alguno

de ellos tiene primacía sobre los otros (…) De conformidad con las disposiciones
constitucionales e internacionales humanitarias, ese conflicto entre derechos
fundamentales sólo puede resolverse a favor del derecho al honor cuando se constata
un ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa. Lo anterior obedece a
que el ordenamiento jurídico costarricense contempla como regla general (consagrada
en el artículo 22 del Código Civil) el no amparar el abuso del derecho ni el uso antisocial
de éste. Ello se debe precisamente a que si se abusa de un derecho, eso implica que se
ha excedido o extralimitado el ámbito de protección que el mismo contempla, de modo
que dicho exceso no queda cubierto por éste y carece de tutela. Así, si no se incurre en
abuso alguno, sino que se ejercen legítimamente las libertades de información y de
prensa, entonces no hay posibilidad alguna de sancionar penalmente al comunicador,
pues no habría cometido ningún delito contra el honor. (…) en Costa Rica todo
funcionario público (sea que haya sido elegido popularmente, haya sido designado por
otro o algún cuerpo colegiado, o haya ganado la plaza mediante concurso; sea
propietario, suplente o interino; esté nombrado indefinidamente o a plazo; sea de
confianza o goce de estabilidad laboral; sea funcionario de carrera o no; etc.)está
expuesto, desde que asume el cargo, a la fiscalización de sus actos en el desempeño del
cargo. Ello obedece a que todo lo que haga esa persona con ocasión del puesto público
que ocupa es de interés para la generalidad de habitantes de la República, ya que de lo
que se trata es de velar porque actúe, como servidor, en estricta conformidad con el
ordenamiento jurídico (…) Así las cosas, desempeñar una función pública conlleva para
la persona una sujeción a controles, los cuales han sido concebidos para verificar que el
ejercicio de las atribuciones que derivan del puesto sea correcto, así como para evitar
que se incumplan los deberes inherentes al cargo. Ahora bien, dentro de estos controles
se cuentan no sólo los institucionalizados (como lo son los propios de la Administración
Pública, al igual que los judiciales), sino que en un Estado democrático –la Constitución
define a Costa Rica como tal en su artículo 1- es necesario considerar también el papel
de los comunicadores. Si todo ser humano tiene el derecho de ser informado, si existe
además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones, incluso publicándolos, y
si se considera que los comunicadores tienen como profesión el recabar datos,
analizarlos y con base en ellos informar a los demás sobre los temas que les interesan,
entonces es evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de
las libertades de información y de prensa. En esa tesitura, es irrebatible que los medios
de comunicación colectiva, los periodistas y demás comunicadores tienen el derecho de
informar –haciendo públicos los datos que manejan- a los habitantes. Esa es la premisa
que debe prevalecer en una sociedad democrática. Lo anterior requiere de ciertas
precisiones cuando se está ante un asunto de interés público relacionado con la
actuación de un servidor estatal. Lo primero es que asunto de interés público es todo
aquello que de manera razonablemente presumible atrae de forma coincidente el
interés individual de los administrados (artículo 113 inciso 1) de la Ley General de la
Administración Pública); obsérvese que al hablarse de “administrados” se pone en

evidencia que se trata de temas relacionados con la conducción del Estado (en sentido
amplio, es decir, el Gobierno de la República –descrito en el artículo 9 constitucional- y
los demás entes públicos) y el manejo de sus recursos, aspectos que se puede
válidamente presumir interesan a la generalidad de habitantes de un país, pues son
ellos quienes contribuyen a sufragar los gastos del Estado. Lo segundo es que lo
normal, tratándose de asuntos de interés público, es que medie la intervención de un
funcionario estatal, aunque también es posible (aspecto que se verá al final de este
Considerando) que haya sujetos no investidos como servidores públicos que llevan a
cabo una tarea que sí es pública, por lo que también estarían sujetos a la fiscalización
de sus actuaciones en el ejercicio de esa función pública. Así, tratándose de asuntos de
interés público, las libertades de información y de prensa que amparan a los
comunicadores es tan importante (sic), por constituir uno de los medios de control de la
gestión pública en un Estado democrático, que si se le enfrenta con el derecho al honor
que como personas también ostentan quienes cumplen una función pública, este
último puede ceder ante las primeras, sólo en lo que atañe a la faceta pública de su
conducta. De conformidad con ese planteamiento, únicamente cuando se incurra en
abuso por parte del comunicador a la hora de informar, será posible anteponer el
derecho al honor del funcionario frente a las libertades de información y prensa que
amparan al comunicador, así como al derecho de ser informado que le asiste a toda
persona. (…) En esa tesitura, resulta que el ejercicio de la actividad de los
comunicadores, que es indispensable para garantizar el derecho de ser informado que
le asiste a toda persona, permite informar libremente aspectos relacionados con el
desarrollo de la función pública, por ser éste un asunto de evidente interés público. Sólo
cuando se abuse de las libertades de información y de prensa (como podría ser el caso
de que se divulguen datos falsos a sabiendas de que lo son, que no se trate de obtener
la versión del funcionario para ofrecer una información balanceada, que se le niegue al
servidor sus derechos de rectificación y/o respuesta, que se trate de asuntos
meramente privados o información sensible que no se relacionen con el cargo que
ocupa la persona, que se dé por cierto ante el público que la conducta del servidor es
delictiva sin que medie sentencia judicial en ese sentido, que se tenga como intención
únicamente el ofender a alguna persona –aspecto que ha de examinarse caso por caso
y en el que podrían tener relevancia varios factores, tales como el contexto en que se
divulgue alguna información, la forma como se manejen fotografías o imágenes, la
manera como se presente la noticia o los comentarios en torno a la misma, o
situaciones semejantes) se podrá responsabilizar al comunicador, pues el abusar de un
derecho (situación que habrá de verificarse en cada caso concreto) implica que se
excede el ámbito de protección del mismo. Ese abuso no es amparado por el
ordenamiento jurídico (artículo 29 constitucional relacionado con el 22 del Código
Civil), por lo que aquel comunicador que incurra en una conducta abusiva habrá de
responder por sus actos (lo cual podría incluso acarrear eventualmente la
responsabilidad del medio que difundió la información) (…) Si lo difundido es correcto y

en efecto corresponde a un asunto de interés público, entonces no hay posibilidad
alguna por parte del funcionario de reclamar que su honor se ha visto lesionado (en
todo caso, si de lo que trata la noticia es de algún acto inapropiado, quien habría
lesionado su honor sería el propio servidor y no el comunicador, de modo que a este
último no podría trasladársele la responsabilidad de aquél). (…) Aunado a lo anterior
debe indicarse que en los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos también se aborda el problema que nos ocupa. En el primero de ellos se
establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Esta redacción es importante
destacarla porque –examinada a contrario sensu- evidencia que el honor puede verse
afectado legalmente, lo cual refuerza la tesis de que hay casos (como los que aquí
interesan) en que pese a existir una afectación de dicho bien jurídico no se puede
responsabilizar a nadie por ello.” Esta Sala estima que los anteriores argumentos son
de aplicación plena para el caso de exfuncionarios judiciales, profesionales en derecho,
que ejecutan algunos de los presupuestos de hecho descritos bajo la prohibición del
numeral 62 citado. Por ello, de conformidad con el elenco de hechos demostrados,
esta Sala de Casación Penal considera que no cabe reparo alguno respecto de la
conclusión del a-quo de que en este caso particular los hechos acusados mediante
querella no configuran los delitos imputados. En el caso que nos ocupa, el derecho a
informar tiene primacía sobre el derecho al honor, justamente porque, tal como lo
expuso la Cámara Judicial a-quo, existía un interés público para presentar la noticia y
porque esta última fue elaborada mediante un adecuado equilibrio en la consulta de
fuentes, para asegurar su veracidad. A lo dicho por las juezas y el juez de juicio (Cfr
Folios 1018 a 1022), se pueden agregar algunos argumentos ulteriores. En primer
lugar, debe indicarse que el “Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho”, en el numeral 62 al que se ha hecho repetida alusión,
establece, con toda claridad, una prohibición: “Cuando un abogado o abogada haya
cesado labores en la judicatura, o en alguna institución pública estatal o no estatal, no
deberá patrocinar en asuntos que hubiese conocido en su carácter de funcionario (a)
Durante el plazo de un año no podrá patrocinar asuntos que deben ser resueltos en la
oficina u órgano donde laboró.” Lo contemplado en el párrafo primero se trata,
evidentemente, de una prohibición permanente cuya existencia y proporcionalidad se
justifica en aras de la transparencia, la probidad y la imparcialidad exigidas para el
ejercicio de la función pública, en especial de la judicatura, así como en la exclusión de
funciones incompatibles para el profesional en derecho. Dicho expresamente, para
asegurar la transparencia, probidad e imparcialidad en el ejercicio de la judicatura,
para evitar que al tomar su decisión el juez lo haga mediando el cálculo de
representaciones futuras que pueda asumir y para evitar que quien desarrolló esa
función incurra en consideraciones y labores incompatibles con esos principios, se ha
previsto una prohibición permanente para los jueces, de representar a quienes
previamente figuraron como partes en aquellos asuntos que conocieron bajo ese

cargo. Esta norma enlaza, mediante una prohibición, el ejercicio de una función
pública, la de juez, por ejemplo, con el ejercicio privado o liberal de la profesión de
abogado; lo cual significa que jamás estará colocado en la tesitura de la prohibición
quien no haya ejercido previamente la función pública o, en particular, la de juez. De
manera que, si bien es cierto que cuando el señor L se le sancionó ya no era
funcionario público, porque estaba jubilado, también es cierto que se le impuso la
sanción disciplinaria por haber vulnerado una prohibición directamente vinculada con
el ejercicio previo de la función pública, de la potestad jurisdiccional, que en algún
momento le había sido confiada. Esa prohibición, originada en el ejercicio previo de la
judicatura, permanece aun cuando el profesional en derecho ya haya perdido su
condición de funcionario público. Justamente, al señor L no se le sancionó
disciplinariamente solo por haberrepresentado a una persona, sino por haber
representado a una persona a la que previamente absolvió como miembro de un
Tribunal de la República. Todo esto hace que las consideraciones doctrinales hechas
por el Tribunal a-quo, y por esta Sala, acerca del interés público para informar sobre
asuntos de trascendencia, sean aplicables al caso concreto, por estar vinculados los
hechos directamente al ejercicio previo de la función jurisdiccional. Afirmar lo
contrario implicaría no solo obviar la prohibición a que se ha hecho mención, sino que
además conllevaría la imposición de un coto, de un límite al derecho a informar, y a ser
informados, sobre aspectos trascendentales de la actividad estatal pública (en
particular, sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional) o directamente asociados o
derivados de ella, absolutamente incompatible con los principios de un Estado
Democrático de Derecho, como el costarricense. Los funcionarios públicos están
sometidos al examen público de sus actuaciones en el ejercicio del cargo, pero
también los exfuncionarios públicos (y con particular importancia los exjueces) están
sometidos a ese tipo de control cuando desarrollan actuaciones directamente
derivadas o vinculadas, pero incompatibles, con aquel cargo, como sucede con las
previstas en los supuestos del numeral 62 citado. Esto significa que la difusión de
informaciones sobre aquellos actos específicos ahí previstos, de quienes detentan la
condición de exjueces, también es de interés público y, por lo tanto, que el derecho a
difundir informaciones sobre esos actos particulares desplaza el derecho al honor de
esas personas. En la resolución recurrida puede apreciarse que el Tribunal
sentenciador tomó en cuenta el interés público que reviste el ejercicio de la función
jurisdiccional y las prohibiciones (directamente vinculadas a ella) que permanecen para
los exjueces aun cuando han cesado en su cargo. Justamente por las mismas razones
se realizó la investigación periodística, para determinar si tenía algún fundamento lo
dicho por quienes habían denunciado ante el Colegio de Abogados la violación de
aquella prohibición. En resumidas cuentas, en este caso particular: (1.-) Existía un
interés público y un derecho a comunicar de forma veraz lo acontecido en relación al
exjuez L; (2.-) No hubo abuso de derecho de parte de los comunicadores porque: (2.1.-
) no se divulgaron datos falsos, (2.2.-) se intentó obtener la versión de L acerca de lo

acontecido, (2.3.-) porque a este último nunca se le negó el derecho de rectificación y
respuesta (ya que nunca pidió ejercerlo), (2.4.-) no se trataba de asuntos privados del
querellante, sino de aspectos directamente vinculados a la función jurisdiccional
(pública) que había desempeñado, (2.5.-) porque la resolución final, con la que se
impuso la sanción, había sido confirmada en sede administrativa; con todo lo cual es
evidente que el objetivo de la noticia, dicho sea de una vez por todas, no era ofender
la honra del querellante. De ahí que no se deba responsabilizar a los comunicadores,
ya que su actuación no se ubica dentro de los supuestos de un abuso de derecho del
numeral 22 del Código Civil. Por el contrario, conforme lo establece el artículo 25 del
Código Penal “No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en el
ejercicio legítimo de un derecho.”, lo cual significa, desde la perspectiva de la teoría del
delito, que los comunicadores, a quienes se imputó la comisión de delitos contra el
honor, actuaron amparados en una causal de justificación, con la cual se excluye el
carácter de injusto penal de su accionar (independientemente de las peregrinas
reflexiones del querellante acerca de la naturaleza genérica o específica de esa causal,
carentes de toda relevancia práctica en este caso.) Atendiendo a todos los
presupuestos a que se ha hecho mención, ante la existencia de un interés público para
informar y de la veracidad de la noticia publicada, debe concluirse con toda razón que
en este caso particular el derecho al honor se vio desplazado de manera justificada por
el derecho a informar y a ser informado. La veracidad de la información publicada
debía ser, y fue probada, por los querellados, precisamente porque mediaba aquél
interés público actual. La fundamentación de fondo desarrollada para fundamentar la
absolutoria, por lo tanto, es conforme a derecho. El reclamo expuesto bajo el
apartado 21del recurso debe ser declarado sin lugar. Ya se han expuesto en este fallo
de casación penal las razones dadas por el Tribunal de Juicio para concluir que las
imprecisiones que contenía la primera noticia no la convertían en falsa (para mayor
abundamiento, folio 1018 de la sentencia) y no revelaban una intención de los
periodistas de afectar la honra del querellante (sino de divulgar una información de
interés público). No corresponde repetir esos argumentos ampliamente comentados
en apartados anteriores de este fallo de casación penal. Aún así, el querellante
introduce un argumento nuevo, no expuesto con anterioridad, en el sentido de que los
delitos contra el honor querellados, fueron cometidos por lo menos con dolo eventual
De entrada debe indicarse, que ya se ha dicho que no pudo demostrarse la existencia
de dolo en la publicación de la primera noticia, que los comunicadores no tuvieron un
ánimo maledicente o de afectación de la honra ajena, sino que su intención final iba
dirigida a la publicación de una información de interés público. La constatación de que
la información publicada era verdadera y de que para obtenerla se procuró un
equilibrio (a tal grado que se envió un corresponsal para entrevistar a L), fueron los
indicadores tomados en cuenta por las juezas y el juez de juicio para concluir que los
periodistas no tuvieron la intención de agraviar o difamar al querellante, sino
simplemente de informar a la colectividad acerca de lo que realmente había sucedido

Aún aceptando que no se informó de todo lo que pretende el recurrente, el núcleo
esencial de la noticia no se ve afectado, ni modificado, en su esencia. No existen
indicadores de peso de que la intención de los periodistas haya sido otra que la de
informar acerca de la suspensión de L debido a la ejecución de funciones
incompatibles entre sí. Esta conclusión se emitió con base en las probanzas a las que se
ha hecho repetida mención, de las cuales no pudo destacarse un solo indicador de la
existencia de dolo de injuriar o difamar por la prensa, como base subjetiva para la
divulgación de la noticia (folio 1020 a 1022 de la sentencia). El recurrente pretende
modificar ese elenco de hechos probados introduciendo la afirmación de que sí existió
por lo menos un dolo eventual en la divulgación de la información, lo cual resulta
improcedente. Ya se ha dicho porqué los periodistas hicieron un análisis razonable de
sus fuentes, que excluye cualquier indicio de que hayan tenido un conocimiento y una
voluntad dirigidos a injuriar, difamar u ofender mediante su publicación a L. La tesis del
recurrente, de que los comunicadores no querían ejecutar directamente una acción
difamatoria o injuriante con la publicación de la noticia, pero que aún así aceptaron o
admitieron la ejecución de esa acción lesiva (eso implicaría precisamente, por
definición, el dolo eventual para este tipo de delitos), no solo rebasa las conclusiones
del Tribunal (emitidas con base en la prueba evacuada en juicio), con las que se
excluyó esa intención y voluntad de parte de los comunicadores, sino que extiende los
límites de punición de los delitos contra el honor más allá de lo que permite el
principio de legalidad y tipicidad penal, visto en relación con las consideraciones
jurídicas que se han hecho en el apartado anterior. Dicho escuetamente, aún si el
marco de los hechos demostrados lo permitiera (como no sucede en este caso), dada
la redacción de los tipos penales respectivos en la legislación costarricense (artículo 7
de la ley de imprenta, visto en relación con los numerales 145 y 146 del Código Penal),
los delitos contra el honor, en general, y los delitos contra el honor cometidos
mediante la prensa, solamente pueden ser ejecutados a título de dolo directo, es decir,
cuando el autor sabe que con la publicación de la noticia se afecta el honor ajeno, y
quiere con esa acción afectar el bien jurídico mencionado. De todas maneras, el
análisis de tipicidad subjetiva cobra relevancia únicamente cuando se han colmado los
requisitos objetivos del injusto penal de publicación de ofensas y difamación mediante
la prensa, lo cual, como se ha visto, no se cumplió en este caso particular porque
medió un interés público para publicar la noticia y porque lo publicado tenía el atributo
de veracidad requerido al efecto. Cualquier consideración ampliativa de la tipicidad
subjetiva de esta clase de delitos, vulneraría groseramente el principio de legalidad
penal, así como el esquema analítico impuesto por la teoría del delito trazada por esta
Sala. Por lo dicho, el reclamo se descarta. El alegato número 22 tampoco puede
prosperar. Para dictar la absolutoria del encartado A, el Tribunal expuso que solo
existían elementos de prueba de que (1.) este acompañó a su cliente, JU, a una
entrevista con el comunicador N, y (2.-) de que fue fotografiado y la fotografía se
insertó en la noticia publicada (folio 1023), lo cual no se subsume en los tipos penales

de difamación y publicación de ofensas. Sobre el punto, en la sentencia se dijo lo
siguiente: “El hecho que se le atribuye al Lic. A está contenido en el punto I de la
querella, y consiste a criterio del querellante en haber procurado con su cliente JU a
través de una entrevista y suministro de información parcialmente falsa, incompleta y
difamatoria al periodista N de La Nación. Información que este diario publicara sobre la
persona del querellante en su edición del 24 de diciembre. La circunstancia del que el
imputado procurara o lograra información a través de una entrevista en compañía de
su cliente al señor N no la demuestra el querellante. Lo que si se ha demostrado como
se indicó es que JU es la persona que se comunica con Ronald Moya de la La Nación,
pero no su abogado. En resumen lo que se da de parte del querellado es un
acompañamiento al cliente a la hora de dar una entrevista a un periodista, pero no
significa de ninguna manera que éste participara de alguna forma aportando algún
elemento noticioso al entrevistador (…) La acción del querellado no se adecua a los
tipos penales querellados.” (Folios 1028 y 1029 de la sentencia). Ninguna objeción
debe plantearse al razonamiento del Tribunal, las pruebas suministradas por el
querellante, como acusador privado, por un lado no acreditan el hecho imputado (no
se demostró que haya suministrado información falsa, incompleta y difamatoria) y por
otro lado, sucede que los hechos que sí podrían demostrarse (un acompañamiento al
cliente a la hora de dar una entrevista) no se adecuan típicamente a los ilícitos contra
el honor acusados. A esto debe agregarse que el resto de acciones que el querellante
quiere imputar ahora a A título de cómplice ( dejarse fotografiar, opinar con un gesto
reflexivo, permitir que su imagen apareciera en la noticia para reforzarla, prestar la
oficina para la entrevista, no informar a L de la impugnación de la resolución final del
Colegio de Abogados y de la suspensión de la sanción, no advertir JU Solera que con
sus manifestaciones podría incurrir en los delitos querellados) solo fueron
mencionadas en su recurso de casación, pero nunca fueron acusadas en contra de este
encartado en particular, en el escrito respectivo de la querella, por lo que referirse a
ellos vulneraría el principio de correlación entre acusación y sentencia, de aplicación
plena para los procesos en que se tramitan querellas privadas. De modo que, esos
hechos no fueron acusados expresamente, carecen de sustento probatorio o carecen
de relevancia típica. Siendo así, no a lugar al reclamo. Por lo dicho hasta ahora, todas
las pretensiones del querellante, vinculadas a los alegatos expuestos, deben ser
declaradas sin lugar

V. C. En el tercer grupo de alegatos que presenta el querellante L impugna el proceso
de argumentación seguido en la sentencia respecto de la condenatoria en costas. En el
acápite 23.- (corre de seguido la misma numeración que tienen los alegatos) del
recurso del querellante, se cuestiona la dispensa en costas dictada a su favor
Considera que en lugar de lo anterior se debió dictar una sentencia condenatoria penal
en contra de los querellados, y demandados civiles, así como que también se debió
ordenar su condenatoria en costas. Solicita que en caso de que se mantenga la


sentencia absolutoria, se confirme la “eximición” (sic) (el recurrente hace referencia al
término exención o dispensa) de costas que en su favor dictó el tribunal. En lo demás
se reiteran argumentos ya expuestos para sustentar este alegato particular. Estos
reclamos no pueden ser atendidos. Es evidente que, al cuestionar la dispensa en
costas dictada en su favor, L no solo no expresa ningún agravio que le genere dicha
exención, sino que además pretende reintroducir sus pretensiones penales por vía del
motivo aludido, lo cual resulta, en ambos casos improcedente. Ya se ha explicado, con
toda la claridad requerida al efecto, porqué no procedía la condenatoria penal de los
querellados y porqué la absolutoria fue dictada conforme a derecho. La absolutoria,
cimentada en la exclusión del injusto penal para las acciones de los querellados, como
se ha expuesto también, tuvo incidencia directa en la declaratoria sin lugar de las
pretensiones civiles del querellante. En el razonamiento desarrollado al efecto por el
Tribunal no se aprecia defecto alguno, por lo dicho, no a lugar a lo ahí planteado. 24.-
En este apartado el querellante indica que, de manera equivocada, la Cámara Judicial
tuvo por desistida la querella que interpuso. Indica que erróneamente había dirigido la
querella contra La Nación S.A., representada legalmente por F, pero que luego él
simplemente había aclarado que dicha acción penal no se presentaba contra aquella
persona jurídica, ni contra su representante legal, ni contra este en lo personal. Aclara
que la acción civil resarcitoria, sí se planteó en contra de la empresa La Nación,
representada por F. En la sentencia impugnada se consideró, con base en el
documento de folios 811 a 820, que hubo un desistimiento de querellar contra F, se
consideró extinguida la acción penal, se sobreseyó a este último y se condenó a L a
pagar costas, por un monto de cien mil colones a favor de dicho querellado. El
querellante considera que, con base en el documento referido no puede interpretarse
que esa aclaración fuera un desistimiento expreso en contra de ambos. Ante el error
inicial en que incurrió al formular la querella, lo que procedía era haber prevenido su
corrección o bien, dada su falta de subsanación lo que correspondía era ordenar la
inadmisibilidad de la misma. Concluye indicando que como no era posible tener por
querellada a La Nación S.A., tampoco era posible condenarlo en costas a su favor. Por
lo tanto, según entiende, la condenatoria en costas que se pronunció es improcedente,
porque se dictó a favor de una persona contra la cual no había querellado y porque se
dictó unsobreseimiento a favor de quien nunca fue querellado. Para una mayor
claridad en la exposición de las ideas, y por razones de economía procesal, este
alegato del querellante, número 24, será resuelto de manera conjunta, en el
considerando VII de esta sentencia de Casación, con el segundo grupo de
argumentos planteados por el abogado Tiffer Sotomayor en su recurso

VI. Recurso del abogado Carlos Tiffer Sotomayor en su condición de representante de
los acusados L, JU, y F y de apoderado especial judicial del Grupo Nación S.A. En el
único motivo del recurso se esbozan 3 grupos de argumentos: 1.- Se cuestiona la
exención de las costas de la querella penal y de la acción civil resarcitoria, dictada en


favor del querellante. Considera que, en contra de lo concluido por el Tribunal, se
aplicó erróneamente el numeral 267 del Código Procesal penal, ya que en realidad no
existió una razón plausible para litigar del querellante, como para eximirlo del pago de
las costas de la querella y la acción civil, ello por las siguientes razones:1.1- El
querellante y actor civil no pudo acreditar ni uno solo de los hechos de su demanda, ni
el daño que pretendió cobrar. 1.2.- Se logró demostrar: 1.2.1.- Que la información
publicada era cierta, en cuanto a que al querellante se le impuso una sanción por el
Colegio de Abogados, que L absolvió a W y que, posteriormente, se convirtió en su
abogado y gestionó a su nombre, tanto en el Tribunal en donde lo había absuelto,
como en la vía civil. 1.2.2.- Que esa noticia se basó en fuentes periodísticas y resultó
equilibrada y de interés publico. 1.2.3.- No se logró demostrar que las noticias se
publicara con el objetivo de dañar el honor o la reputación del querellante. 1.3.- Se
acreditó que Ronald Chacón recibió la primera información sobre el hecho publicado,
que este comisionó a N para que, con el fin de asegurar un adecuado equilibrio,
verificara su autenticidad y obtuviera la posición de L como interesado. El periodista L
comisionó al corresponsal FB con el fin de que entrevistara a L y para que, si este lo
tenía a bien, también lo fotografiara. No obstante, según lo narró el testigo JB en
juicio, el licenciado L le dijo que no iba a entender nada del caso, ya que no era ni
abogado, ni periodista y se limitó a decir que esos hechos no tenían ni pies, ni cabeza
Con base en lo anterior, el recurrente concluye que, en primer lugar, el querellante
sabía y conocía de la publicación que el periódico La Nación haría y, en segundo lugar,
que este omitió o renunció a dar su posición sobre los hechos, por lo que no puede
venir a exigirle al periódico, ni a los periodistas, contenidos e informaciones que él
mismo se negó a suministrar. 1.4.- Se logró acreditar que, luego de presentada la
querella y antes del juicio, se declaró sin lugar la demanda contencioso-administrativa
presentada por L contra el Colegio de Abogados para impugnar la sentencia
disciplinaria dictada en su contra, y que aquel fue condenado en costas en dicho
proceso. No obstante, de mala fe, el querellante omitió indicarle al Tribunal lo
anterior, e intentó reproducir los alegatos que había utilizado en aquel proceso
contencioso. Siendo así, se demostró mediante prueba testimonial que la información
publicada era veraz. 1.5.- Se demostró que para el dictado de la sanción disciplinaria al
querellante se le respetó el debido proceso, que esa sanción está en firme y es
ejecutable, que el querellante interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el
numeral 62 de repetida cita y que solo le comunicó al Tribunal de esta gestión luego de
iniciada la audiencia de juicio, cuando estaban en la recepción de pruebas, con la
evidente mala fe de querer suspender dicha etapa plenaria. 1.6.- Se constató
contundentemente que el reportaje cuestionado era totalmente veraz, en tal grado
que se absolvió a los querellados con grado de certeza. 1.7.- El querellante hizo un uso
abusivo de la palabra, al emitir sus conclusiones, y pretendió el pago de setenta y cinco
millones de colones por un daño no acreditado, con lo que, desde la perspectiva del
recurrente, se acreditó su mala fe. 1.8.- No se fundamentó suficientemente la

exención en costas, amén de que al absolverse con certeza a los querellados, no habría
razón plausible para litigar. 1.9.- Es equivocado el argumento dado por el Tribunal para
eximir del pago de las costas al querellante, en el sentido de que aquel poseía una
firme creencia de que defendía sus derechos e intereses y de que hizo valer su derecho
de acceso a la justicia para defender su honor y reputación pues, en realidad, el
querellante actuó de mala fe. La buena fe en el litigio no se fundamenta en la creencia
de tener la razón, sino que requiere además del ofrecimiento de elementos de prueba
para sustentar las tesis presentadas. El querellante solo hizo valer apreciaciones
subjetivas, sabía acerca de la falsedad de sus afirmaciones y pretendió un
resarcimiento civil desproporcionado, que perjudicó a los querellados, razón por la
cual se les debe resarcir mediante la condenatoria en costas. 1.10.- El querellante y
actor civil sabía de la falsedad de sus afirmaciones en la querella y acción civil y
pretendió un resarcimiento económico excesivo y abusivo porque no logró demostrar
que la noticia publicada, de que había hecho su cliente a quien previamente había
absuelto, fueran falsa y, por el contrario, así lo aceptó en juicio. 1.11. Se demostró que
los querellados no ocultaron circunstancia alguna que modificara la esencia de lo
informado en el sentido de que el patrocinio que realizó el querellante era contrario al
numeral 62 tantas veces citado, y que actuaron conforme a las exigencias de su labor
profesional. 1.12.- En contra de lo afirmado por el querellante, se mostró que este sí
apeló cuando se le dio traslado de cargos y que interpuso revocatoria contra el
acuerdo final del Colegio de Abogados. Es de mala fe su pretensión de exigirle al
periodista que diferencie técnicamente entre ambos medios de impugnación, cuando
las noticias son escritas para todo el público y no para abogados. También fue de mala
fe la intención del querellante de hacerle creer al Tribunal que la sanción impuesta en
su contra no estaba en firme cuando si lo estaba y es ejecutable. 1.13.- En contra de lo
afirmado por el querellante, es cierto lo dicho en la noticia en el sentido de que la
resolución del Colegio estaba en firme, ya que el querellante había agotado la vía
administrativa, confirmándose el fallo. 1.14.- Otras imprecisiones en la noticia (como la
calidad profesional del denunciante, el subtítulo de pruebas de peso, o el que se
realizara el proceso en una o varias audiencias) son irrelevantes, porque no le restan
valor al núcleo de la noticia, debidamente apoyado en pruebas. En resumidas cuentas,
con base en lo anterior, el recurrente considera que resulta evidente que el
querellante y actor civil conocía la veracidad de los hechos publicados en la noticia,
que litigó de mala fe, que no tenía razón plausible para hacerlo y que, por ello, debió
ser condenado en costas. 1.15.- No se logró demostrar que las noticias se publicara
con el objetivo de dañar el honor o la reputación del querellante. 2.- Con el segundo
grupo de argumentos, se impugna el monto por el cual fue condenado en costas el
querellante, al haberse dictado un sobreseimiento definitivo en favor del F. Alega el
recurrente que los jueces nunca precisaron si la condena en costas por cien mil colones
correspondía a la querella o a la acción civil, ni tampoco explicaron cómo se llegó a fijar
ese monto. Considera que el actor civil y querellante desistió de forma expresa y que

por ello debió condenársele al pago de las costas por la acción civil y la querella (118 y
384 CPP). En el caso de la acción civil, para el cálculo de las costas, debió tomarse en
cuenta, según el decreto vigente de honorarios de abogados para asuntos penales, la
cuantía fijada por el actor civil en la suma de setenta y cinco millones de colones,
utilizándose los parámetros del artículo 17 de ese decreto, tomando en cuenta que el
sobreseimiento se produjo con la sentencia, en la última etapa del proceso. El cálculo
fue erróneo y solicita que se anule la sentencia en ese extremo y se calculen de
manera correcta las costas personales y procesales a favor de F. 3.- Finalmente se
reclama inobservancia del numeral 270 del Código Procesal Penal, en tanto se eximió
al actor civil del pago de las costas. Al haberse rechazado la pretensión de L como actor
civil, el Tribunal debió condenarlo en costas. El Tribunal no observó esta regla. Reitera
que la acción civil también fue interpuesta de mala fe, al basarse en meras
apreciaciones subjetiva, si aportar elementos de prueba acerca de la existencia del
algún perjuicio en su contra, y agrega también que los jueces nunca fundamentaron su
conclusión de que había actuado de buena fe. Dadas las pretensiones pecuniarias del
actor civil, la magnitud delproceso, y lo anteriormente apuntado, se debió condenar en
costas al querellante y actor civil. Para cerrar su recurso, el recurrente reitera que la
regla es que la parte vencida sea condenada al pago de las costas, y que al
excepcionarse la misma se debe explicar las razones de hecho y derecho que se tienen
para hacerlo. Esa fundamentación, conforme al sistema de sana crítica racional no se
hizo, no se explicó su conclusión de que existió buena fe al presentar la acción civil. Por
todo lo dicho pide casar la sentencia, en cuanto a la eximente del pago de costas a
favor del querellante y actor civil, y que en su lugar se le condene al pago de las costas
procesales estimadas prudencialmente en la suma de cincuenta mil colones por cada
uno de sus representados, y que la costas personales se calculen conforme al decreto
de honorarios vigente, tomado como base la suma de setenta y cinco millones de
colones. Respecto del monto de la condena en costas por el desistimiento de la
querella y la acción civil, interpuestas contra F, pide que se anule el monto de cien mil
colones fijados, que se realice un nuevo cálculo y se fije un monto, por la querella y la
acción civil, tomando como base la estimación de la demanda de setenta y cinco
millones de colones. Se pasa de seguido a resolver el grupo de argumentos numerados
como 1.- para el recurso de Carlos Tiffer. En los ulteriores dos considerandos de esta
sentencia, se analizarán los restantes alegatos formulados por este recurrente. Los
reclamos formulados bajo el apartado 1.- del recurso en mención, no pueden
prosperar. En el presente caso, es claro que el Tribunal concluyó que existió una razón
plausible o buena fe para litigar de parte de L, puesto que “El Tribunal ha apreciado a
través de la declaración del señor querellante (2 horas), y de su larga exposición en
conclusiones (4 horas), sus largos interrogatorios a los testigos, y extralimitación en la
réplica pese a la prevención echa (sic) por el tribunal para que no se extendiere y
concretara, que los suscritos jueces apreciemos y valoremos que realmente el mismo
está convencido de que hubo una afectación a su honor y dignidad, ya que con

vehemencia así se ha defendido. De la misma manera que lo ha hecho ante otras
instancias y que también refiere que lo hará ante el Colegio de Periodistas. Esto hace
que el Tribunal tenga la firme convicción que el mismo ha actuado de buena fe,
defendiendo sus tesis en las diferentes instancias, tesis que no han encontrado amparo
en la normativa legal y que por ello el tribunal no ha aceptado, lo que no implica que el
querellante actúo (sic) de mala fe o sin razón plausible.” (Cfr. Folio 1028 de la
sentencia). Efectivamente, de la lectura del expediente, y al observar los respaldos
existentes, puede inferirse que es evidente la convicción del querellante de que un
derecho legítimo suyo había sido vulnerado y de que, para reinstalarse en su goce o
repararlo, era necesario entablar el litigio de la manera en que lo hizo. Si bien las
interpretaciones del querellante son erróneas, lo cierto es que para algunas de ellas
existieron factores objetivos que bien pudieron incidir en ese error, como lo son, por
ejemplo, las imprecisiones contenidas en la primera nota de prensa a la que se ha
hecho repetida mención. Esas imprecisiones, dicho sea claramente, si bien no tuvieron
relevancia típica como para concluir que existieran los ilícitos imputados de manera
privada (justamente por no afectar el núcleo esencial de la información publicada), sí
tuvieron un efecto generador de error en la conciencia de L, que le hicieron visualizar
una razón plausible para litigar. Si a esto se suma que el señor L, -como parece suceder
con su interpretación del numeral 62 del reglamento tantas veces citado-, confundió
una sanción perpetua, con una prohibición permanente (tema de difícil manejo aún
para profesionales en derecho, sin suficiente especialización académica), no puede
excluirse la existencia de buena fe al entablar litigio. Con base en esos motivo, es
comprensible que el querellante, de manera errónea, creyera que efectivamente había
sido víctima de un menoscabo injustificado de su derecho al honor, lo cual, aun cuando
no sucedía, si excluye su mala intención al litigar. Un ciudadano no cuenta más que con
su propio accionar, sin apoyo estatal, para velar por la tutela de su honor frente a las
acciones de los grandes medios de comunicación masiva en nuestro país, y en tal
medida, se entiende que gestione las acciones penales y civiles, frente a hechos que
cree cometidos de manera injustificada, en perjuicio de su honor, por esos medios
Esta percepción equivocada, en este caso particular, no se basó en una arbitraria
posición subjetiva del ofendido sino que tuvocomo base las imprecisiones
objetivamente constatables (aunque irrelevantes desde el punto de vista del análisis
de tipicidad) en la noticia. Si bien esas imprecisiones,como se ha visto, no tienen la
relevancia como para afirmar que la conducta de los querellados encuadraba
típicamente en los delitos acusados, lo cierto es que sí pueden provocar la idea de que
podría existir alguna especie de afectación ilegítima del honor. Dada la complejidad del
asunto analizado, sumada a la existencia de los factores objetivos mencionados, para
el caso del querellante y actor civil debe considerarse que existió un motivo o razón
plausible para litigar, en virtud de lo cual no procede, para estos extremos, su
condenatoria en costas. Consecuentemente, en contra de lo planteado por el abogado
Tiffer Sotomayor, la acción del querellante y actor civil, no devino de un interés de

abusar del litigio, sino de aquella percepción (finalmente errónea), evidenciada en la
actitud del querellante, quien siempre trató de demostrar la supuesta lesión de su
derecho, aunque sin mala intención. Por lo tanto, esta Sala de Casación Penal no
encuentra defecto de fundamentación alguna en cuanto a la exención de costas del
querellante par estos extremos, máxime que ello tiene sustento legal. Por lo expuesto
el reclamo no procede


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COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA. Reglamento 47 del once de noviembre
de dos mil cuatro. Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho
Vigente desde 10/01/2005. Versión de la Norma 8 de 8 del 20/11/2013. Publicada en Gaceta
No 242 del 10/12/2004

horas y treinta y tres minutos del catorce de agosto del dos mil doce. Expediente: 11-001573-
0007-CO

Sentencia 2438 de las trece horas veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil
catorce. Expediente: 11-000035-0162-PE

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 823 de las once horas
cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio del dos mil quince. Expediente: 11-000035-
0162-PE

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1456 de las nueve horas y diez
minutos del veinte de setiembre del dos mil doce. Expediente: 10-000014-0162-PE