Obligación del Agremiado al Pago de Cuotas
Instadas por el Colegio de Abogados (as) de
Costa Rica
Rama del Derecho: Colegios Profesionales. Descriptor: Colegio de Abogados

Palabras Claves: Cuota, Agremiado, Colegio Profesional, Colegiatura y Artículo 9 de la Ley
Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 29/07/2020

Nombre del Investigador: Lic. Esp. Simons Salazar García


Contenido


Sobre el Pago de Colegiatura al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa


RESUMEN

El presente informe de investigación realiza una reseña sobre la Obligación del
Agremiado al Pago de Cuotas Instaladas por el Colegio de Abogados y Abogadas de
Costa Rica, considerando para ello, los supuestos normativos del artículo 9 de la Ley
Orgánica de dicho ente público no estatal, y el criterio emitido por el Tribunal
Contencioso Administrativo


 NORMATIVA


Pago de Contribuciones al Colegio de Abogados


Artículo 9. Los abogados que pertenezcan al Colegio están obligados

1. A concurrir a las Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, si residen dentro de
un radio menor de cinco kilómetros de la capital y sólo a las ordinarias si tuviesen su
residencia en un radio mayor de cinco y menor de veinticuatro kilómetros. Estarán
exentos de esa obligación los abogados que figuran como miembros de los Supremos
Poderes y los mayores de sesenta años

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 42 del 13
de junio de 1945)

2. A desempeñar los cargos y funciones que se les encomiende; y

3. A pagar las contribuciones que la ley o el Colegio les imponga

4. Acatar las tarifas de honorarios que dicte el Colegio, debidamente promulgadas de
acuerdo con esta ley

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) de la ley N°
6595 del 6 de agosto de 1981)

El Reglamento del colegio establecerá las sanciones que podrá imponer la Directiva, sin
recurso alguno por el incumplimiento de esos deberes, entre los cuales podrá figurar la
suspensión del ejercicio de la profesión hasta por treinta días la primera vez y hasta
por tres meses las siguientes. Esa suspensión comprende el ejercicio profesional y el
desempeño de empleo o funciones públicas. Para los dos últimos casos la suspensión
será decretada por quien tenga la facultad de ordenarla con vista del oficio de la
Directiva en que le dé cuenta del tiempo que aquélla debe durar. Esta surtirá sus
efectos a partir del día siguiente a la publicación del aviso respectivo en el Boletín
Judicial


 JURISPRUDENCIA


Sobre el Pago de Colegiatura al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Voto de mayoría

II. HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen los
siguientes hechos de relevancia: 1) En agosto de dos mil cuatro, en gestión de
incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica, el señor actor indicó como uno de
los números de teléfono donde podía ser localizado el teléfono 2261-5158 (ver folio
152 del expediente judicial). 2) El actor se encuentra incorporado al Colegio de
Abogados de Costa Rica desde el veinticinco de octubre de dos mil cuatro (hecho no
controvertido según se extrae de folios 3 y 98 del expediente judicial). 3) Conforme
con el registro de incorporación el accionante presentaba los siguientes datos de
ubicación: domicilio en Heredia, Barva, Jardines de Santa Lucía, casa de tres columnas
con ladrillo, teléfono de la casa de habitación 2261-5158 y 8121-8542, presentando
trabajo en los Yoses de San José, bufete Andrés Tinoco, avenida diez, calle treinta y
nueve, teléfono 2283-3070, fax 22833234 y el correo electrónico
svargas@andretinoco.com (ver folio 165 del expediente judicial). 4) Sin poderse
precisar fecha exacta, pero alrededor del mes de noviembre de dos mil nueve, el
Colegio de Abogados de Costa Rica realizó un estudio con la empresa Datum
procurando ubicar medios de localización para el señor Vargas Roldán (ver folios del
134 al 142 del expediente judicial). 5) Para el diecinueve de noviembre de dos mil
nueve, el señor accionante presentaba un adeudo con la corporación pública por la
suma de dieciséis mil ochocientos colones por concepto de cuotas vencidas (ver folio
133 del expediente judicial). 6) Por oficio de gestión de cobro del diecinueve de
noviembre de dos mil nueve, se acredita que el actor fue llamado al teléfono 2288-
6115, sin embargo, le indicaron que ese número ya no le correspondía a esa persona
(ver folios 59 y 133 del expediente judicial). 7) Por oficio de gestión de cobro del
diecinueve de noviembre de dos mil nueve, se acredita que el actor fue llamado a los
teléfonos 2261-5158, sin obtener respuesta, gestión que fue reiterada el veintiséis de
noviembre de ese mismo año (ver folio 133 del expediente judicial). 8) Que a las
dieciséis horas con doce minutos del dos de febrero de dos mil diez, la señora Magally
Porras Calvo –funcionaria del Colegio de Abogados, llamó al señor Vargas Roldán al
teléfono 2588-1630, número telefónico que no estaba registrado dentro de los
señalados por el actor y que había sido suministrado por la empresa DATUM, siendo
que la persona que contestó la llamada le indicó ser el referido señor y que había
cancelado las mensualidades así como que le devolverá la llamada a fin de informarle
el ultimo pago aplicado y el saldo pendiente (ver folios 59 y 132 del expediente
judicial). 9) Para el mes de febrero de dos mil diez, la corporación de derecho público

remitió requerimiento de pago al señor accionante por cuotas adeudadas, a la
dirección Heredia, Urbanización Jardines de Santa Lucía, de la Farmacia Noelia,
quinientos metros sur; la que no pudo ser entregada por desconocer al referido señor
(ver folios 143 y 144 del expediente judicial). 10) El señor actor por morosidad en sus
cuotas ante el Colegio de Abogados fue suspendido por el período comprendido entre
cuatro de mayo al catorce de julio de dos mil diez (ver folio 38 del expediente
judicial). 11) Que para la imposición de la sanción la corporación de derecho público
aplicó un procedimiento de mera constatación (ver manifestación de la parte de folio
105 del expediente judicial, que para los efectos se tiene como confesión). 12) Para
efectos de comunicar la sanción contra el señor Vargas Roldán, el ente público no
estatal realizó publicación en el Boletín Judicial número ochenta y cinco del cuatro de
mayo de dos mil diez en el cual se incluían otras personas que aparentemente estaban
en situación semejante al del accionante (ver folio 39 del expediente judicial). 13) Al
momento de la imposición de la sanción administrativa, el señor Vargas Roldán se
encontraba moroso en sus obligaciones con el Colegio de Abogados de Costa Rica
(manifestación espontánea del mismo señor realizada en juicio oral y público, que el
Tribunal toma como confesión). 14) Sin poderse precisar fecha exacta, pero antes de
los primeros días del mes de agosto de dos mil diez, el actor tuvo conocimiento de la
sanción en su contra, toda vez que fue a realizar una gestión ante el ente público no
estatal siendo informado de la situación (manifestación espontánea del interesado,
que para los efectos se tiene como una confesión). 1 5 ) En fecha cinco de agosto de
dos mil diez, el señor Vargas Roldán interpuso recurso de amparo en contra del Colegio
de Abogados, por los mismos hechos que determinan este expediente y con
pretensiones semejantes, correspondiendo al expediente número 10-01404-007-CO
(ver folios 29 al 37 del expediente judicial). 1 6 ) Mediante voto Nº 2010-014432 de la
Sala Constitucional de las ocho horas y treinta y siete minutos del treinta y uno de
agosto del dos mil diez, se dispuso: "III.- Sobre el fondo. En el presente caso, resulta de
particular interés lo resuelto por ésta Sala en anteriores oportunidades en relación al
procedimiento que se debe de llevar a cabo para que un Colegio Profesional pueda
suspender un agremiado que se encuentra atrasado en el pago de la cuotas
profesionales. Al respecto, en la sentencia número 2005-950 de las quince horas un
minuto del 1 de febrero de dos mil cinco, se dispuso en lo que interesa: “En efecto, la
jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga
omnes, pero salvo para sí misma y, en la especie, se encuentran motivos para el cambio
de enfoque sobre esta temática, con las siguientes precisiones: si bien es cierto el pago
mensual de la colegiatura es una obligación de los agremiados para poder ejercer
legalmente su profesión y, en consecuencia, la falta de pago de las cuotas respectivas
es un hecho de mera constatación contable, también lo es que la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados contempla un procedimiento para proceder a la suspensión de los
abogados en el ejercicio de la profesión, por el incumplimiento del pago de más de seis
cuotas ordinarias, evento en el que el abogado debe ser reconvenido y se le debe dar

un plazo de un mes para cancelar la deuda, caso contrario se decretará su suspensión
El Colegio recurrido procedió, como se ha acostumbrado, a reconvenir al amparado –
quien en efecto se encontraba moroso- a través de publicación, en este caso en el
Diario Oficial La Gaceta; no obstante, al igual que se consideró en el voto 2000-02514,
también ahora estima la Sala que ante la eventualidad de un acto tan lesivo para el
abogado, como es la suspensión en el ejercicio profesional, en resguardo de sus
derechos fundamentales debe notificársele al lugar que el profesional tenga reportado
ante el Colegio de Abogados, a efecto de que honre la deuda y se evite la suspensión,
que podría –como el subjudice- causarle graves perjuicios, debido a que el Lic. Jiménez
Villalobos continuó en el ejercicio de la abogacía, desconocedor la sanción de la que
había sido objeto, o bien ofrezca el profesional la prueba de que sí pagó en tiempo, si
es que así lo hizo y por diversos motivos no fue registrado en la contabilidad del Colegio
accionado. // III.- Concluye la Sala que la omisión en reconvenir al amparado en el
lugar que él tiene reportado ante el Colegio recurrido, le ha causado una lesión a su
derecho de defensa que amerita la estimatoria de este recurso, por lo que en
consecuencia así se procede y, en atención al carácter reparador de los
pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional, se anula la sanción
cuestionada.” // IV.-Caso en concreto.- Del informe rendido por las autoridades
recurridas dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las
consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
descarta que se haya vulnerado algún derecho fundamental al recurrente, con
fundamento en las razones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que
el recurrente fue reconvenido en el lugar que él tiene reportado ante el Colegio
Profesional recurrido, de previo a acordar su suspensión. En tal sentido, se acredita que
en fecha 19 de noviembre de dos mil nueve, el recurrente fue llamado al teléfono 2288-
6115, sin embargo, le indicaron que ese número ya no le correspondía a esa persona
Posteriormente, el 2 de febrero de dos mil diez, una funcionaria del Colegio de
Abogados llamó al amparado al teléfono 2588-1630, quién le indicó que canceló las
mensualidades y que le devolverá la llamada a fin de informarle el ultimo pago
aplicado y el saldo pendiente. Lo anterior, demuestra que el amparado si fue
reconvenido de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados, pues desde el mes de febrero pasado el recurrente tuvo
conocimiento de la deuda que mantenía con el Colegio Profesional en cuestión, sin que
realizara ninguna gestión para aportar la prueba correspondiente de que los pagos
fueron efectuados –tal y como indicó que haría- o que haya procedido a su pago. Así
las cosas, se descarta que las actuación de la autoridad recurrida haya vulnerado las
garantías del debido proceso y del derecho de defensa del recurrente, motivo por el
cual el presente recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto se ordena.- // Por
tanto: // Se declara SIN LUGAR el recurso. " (ver folios del 57 al 62 del expediente
judicial)


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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS


CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Ley 13 del veintiocho de octubre de mil
novecientos cuarenta y uno. Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa
Rica. Vigente desde 28/10/1941. Versión de la Norma: 13 de 13 del 17/02/2016. Publicada en
Colección de Leyes y Decretos: Año 1941, Semestre 2, Tomo 2 y Página 677
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA. Sentencia 10 de las trece
horas y treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil trece. Expediente: 10-003156-
1027-CA