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ANESTESIÓLOGOS Y ENFERMERAS


RESUMEN: En el presente informe se hace un desarrollo doctrinal y
jurisprudencial sobre las responsabilidades y el desarrollo de sus
labores por parte de los médicos y las enfermeras. En este
sentido, se hace un breve análisis de los tipos de mal praxis y
sus conceptos en cada una de las profesiones, así como su
respectiva responsabilidad penal y civil. Se incluyen normas
reguladas en los respectivos Códigos de Ética del Colegio de
Médicos y Enfermeras, relacionadas con los deberes de estos
profesionales. Posteriormente se incluyen dos extractos
jurisprudenciales, donde se mencionan los deberes de estos
profesionales en salud, así como la comisión de faltas que pueden
dar lugar al cese de la relación laboral e incluso a asumir
responsabilidades de índole penal

Índice de contenido
a. Comisión de Faltas Graves por Médico Anestesiólogo en el


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DESARROLLO


1. Doctrina

a. Concepto de Mal Praxis Médica
“Un punto muy interesante en cuanto a lesiones, se refiere a las
que produce el médico o el cirujano actuando como tal. Se parte de
la consideración de que el médico o el cirujano actúan con un
título que le permite ejercer su profesión. Sin embargo se pueden
presentar problemas originados por ignorancia o impericia,
negligencia u omisión, o imprudencia o temeridad en el ejercicio
de su profesión, que dan lugar a formas culposas de
responsabilidad. Es lo que se conoce como mala praxis médica
La culpa es una "situación intermedia entre el dolo y el caso
fortuito. ... en el dolo hay intención, deliberación, ... la
responsabilidad debe ser y es plena, y en caso fortuito los hechos
son extraños al hombre y no pueden serle imputados, en la culpa
falta, la intención de dañar, pero hay una negligencia, desidia,
impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o
imprudencia que produce perjuicio a otro o que frustra el
cumplimiento de una obligación, y debe ser imputada a quien la
causa"
A consecuencia de la falta cometida se debe producir un daño en el
cuerpo o en la salud del paciente, o en sus herederos, en caso de
muerte de aquel. El médico debe ser tenido como culpable del daño,
tomando en cuenta si su conducta se enmarcó dentro de la
diligencia que se requiere en el ejercicio de su profesión. La
doctrina penal extiende la responsabilidad a los hechos realizados
por los colaboradores del médico, por ejemplo: ayudante en el acto
quirúrgico, auxiliares y dependientes, instrumentadores,
enfermeras, etc
Así por ejemplo, en un caso denunciado por mala praxis nuestros
tribunales han resuelto que
“...se ha alegado violación del numeral 30 del Código Penal porque
el encartado actuó por obediencia debida causal de inculpabilidad,
al operar bajo la tutela de un especialista superior, persona a
quien debía obediencia a sus órdenes. Pero el tribunal de
instancia tuvo por acreditado, ... que (el imputado) fue quien
practicó la intervención (causante del ilícito) como cirujano
principal sin tutoría de ninguna especie". (Sala Tercera de la
Corte, N° 234, 14:20 hs. de 26 de noviembre de 1985).”1


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b. Responsabilidad Médica
“El médico como profesional puede incurrir en alguna acción u
omisión calificable como "Mala Praxis" de la cual derive
eventualmente una responsabilidad penal
Al respecto diremos que el vocablo responsabilidad deriva del
latín y significa la obligación de responder de nuestros actos
que, cuando han sido origen de un daño en personas o cosas,
significa reparar, satisfacer o compensar aquel daño
Responsabilidad medica será esa obligación de reparar o componer
los daños producidos por el médico en el curso de su actividad
profesional
La responsabilidad encuentra su fundamento legal en la necesidad
jurídica y social de que todo médico responda ante las autoridades
sociales de los daños y perjuicios ocasionados por las faltas
voluntarias o involuntarias, pero previsibles y evitables,
cometidas en el ejercicio de su profesión. En último extremo, el
acto médico responde a un contrato de prestación de servicios, de
donde puede nacer el derecho a la reclamación si no se ha cumplido
o no se ha cumplido bien
En otras palabras: el método que, en el curso del tratamiento
ocasiona, por su culpa, un perjuicio al paciente, debe repararlo y
tal responsabilidad tiene su presupuesto en los principios
generales con discernimiento, atención y libertad genera
obligaciones para su autor en la medicina en que provoque un daño
y otra persona
Entre las anteriores definiciones existe un concepto común que es
obligación de todo profesional en medicina tienen que responder
ante la justicia por los detalles que resulten de su actividad
profesional.”2

i. Responsabilidad Penal
“Es importante señalar que para que la conducta del médico sea
penalmente castigada, deben concurrir tres factores
1. Tipicidad
2. Antijuricidad
3. Culpabilidad
El médico puede ser responsable penalmente de sus actos en
diversas circunstancias
1. Cuando existe intencionalidad o malicia
2. Cuando hay omisión del deber de socorro


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3. Imprudencia punible
Junto a todos estos delitos nos encontramos que la ley impone al
médico una serie de obligaciones, directamente relacionadas con
profesión y de cuyo incumplimiento pude derivarse responsabilidad
penal.”3

ii. Responsabilidad Civil
“Siguiendo las reglas generales establecidas en cuanto a la
responsabilidad subjetiva directa, para hacer responsable al
médico, se han de determinar los siguientes elementos: 1) una
conducta médica (acto médico) la cual participa de los caracteres
de antijuridicidad y reprochabilidad; 2) un daño en el paciente y
3) relación de causalidad entre la conducta del médico y el daño
Cuando el ejercicio médico se convierte en abusivo, arbitrario o
ilegítimo, la conducta médica se configura como antijurídica, pues
el ordenamiento no ampara este tipo de conductas, por más
beneficiosas que sean.”4

c. Mal Praxis en el Ejercicio de la Enfermería
“El ejercicio de la enfermería profesional significa, en nuestro
ordenamiento jurídico: "la iniciación y ejecución, de manera
independiente, de cualquier acción de carácter profesional, en
materia de observación, cuidados y asesoramiento de los pacientes,
lesionados o enfermos, en la conservación de la salud y la
prevención de las enfermedades en la supervisión y enseñanza de
otro personal, auxiliar de enfermería, asimismo figuran entre sus
funciones, la ejecución, previa autorización de cualquier acto
tendiente a la administración de medicamentos y tratamientos
prescritos por un médico o cirujano dental autorizado". (Artículo
69 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de
Costa Rica)
La inobservancia del deber objetivo de cuidado en el ejercicio
profesional de la enfermería, en cualquiera de sus tres niveles
liberal, privado o público, coloca a estos profesionales
(trabajador independiente, empleado privado o funcionario
estatal), frente a las consecuencias jurídicas derivadas de su
comportamiento culposo, de índole penal y civil
Las prácticas inadecuadas de la enfermería constituyen formas de
responsabilidad culposa, es decir aquella en que se incurre sin
tener la intención de causar daño a otro, que tiene cuatro
variantes: a) IMPERICIA: la ignorancia inexcusable, b)
NEGLIGENCIA: la omisión inexcusable, c) IMPRUDENCIA: la temeridad
inexcusable y d) INOBSERVANCIA DE REGLAMENTOS


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La enfermera tiene, al menos, los siguientes deberes con el
paciente: a) Atención óptima (aun en pacientes menesterosos), b)
Atención oportuna y continua, c) Atención cuidadosa, d)
Acatamiento de las instrucciones del médico tratante, e)
Consentimiento escrito previa explicación para procedimientos
riesgosos
Es incuestionable que la responsabilidad profesional, no debe
verse como una amenaza, sino como la sanción natural de una
actividad libremente escogida y ejercida
La falta profesional generalmente comprende de modo simultáneo, la
puesta en juego de la responsabilidad penal y de la
responsabilidad civil, cuando el hecho reprensible tiene una parte
reconocida como infracción a la ley criminal y por otra parte,
causó un daño a otro (acto médico defectuoso considerado como
delito, por el que la víctima demanda daños y perjuicios).”5

2. Normativa

a. Código de Moral y Ética Médica6


Artículo 30- Durante la relación profesional, emplear
deliberadamente acciones, palabras o gestos que puedan causar daño
físico somático o psicológico en el paciente

Artículo 31- Delegar en otros profesionales no médicos, actos o
atribuciones que competen a él como médico en ejercicio, con
excepción de estudiantes de medicina, supervisados directamente
por el médico responsable. El médico especialista no debe delegar
en médicos no especialistas, actos propios de su especialidad,
excepto en docencia, con supervisión directa

Artículo 32- Negar su participación en procedimientos médicos que
indicó, o de los cuales tomó parte, aún cuando otros médicos
también hayan asistido al paciente

Artículo 33- Asumir responsabilidad por actos médicos que no
practicó o en los cuales no ha participado efectivamente

Artículo 34- Atribuir sus errores a terceros o a circunstancias
sin relación con el hecho, o no lo suficientemente probadas

Artículo 35- Negar atención en situaciones de urgencia o de
emergencia, arriesgando la seguridad y vida del paciente, aunque
cuente con el respaldo de su superior. Será dispensado de tal


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obligación si ese acto pone en peligro su vida

Artículo 36- Hacer abandono de sus responsabilidades profesionales
frente a su paciente, aún de manera temporal, sin dejar a otro
médico capacitado que lo sustituya en la atención de aquel, salvo
motivo de fuerza mayor plenamente demostrado

Artículo 37- Asociarse con personas que ejercen ilegalmente la
medicina, o con profesionales o instituciones de salud en que se
practican actos ilícitos

Artículo 38- Recetar o escribir notas en forma ilegible, así como
firmar en blanco hojas de recetario, dictámenes, certificados u
otros documentos médicos

Artículo 39- La actitud de indiferencia ante lo peligroso de las
condiciones de trabajo para sus subordinados o los trabajadores,
que pudiesen poner en peligro la salud de ellos, debiendo
comunicarlas a las autoridades competentes

Artículo 40- Practicar o indicar actos médicos innecesarios o
prohibidos en la legislación del país. Por ejemplo, interrupciones
de embarazo, procedimientos quirúrgicos no justificados,
prescripción de medicamentos o sustancias, y prescripción de
sustancias cuyo efecto farmacológico ignore

Artículo 41- Incumplir la legislación específica para los
trasplantes de órganos, tejidos, esterilización, fecundación
artificial, aborto o método para el control de la natalidad

Artículo 42- Negar su colaboración a las autoridades sanitarias o
infringir la legislación pertinente


b. Código de Ética7


Artículo 31. Deberá procurar un ambiente favorable tanto
físico como psicológico para el bien del paciente e instruirles en
todos los aspectos de salud e higiene


Artículo 32. Debe ser respetuosa de las creencias y prácticas
religiosas e ideológicas de sus pacientes


Artículo 33. No deberá valorar en forma mercantilista los


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cuidados de enfermería que dé a sus pacientes. Estos cuidados
deben ser siempre óptimos, sin tomar en cuenta la situación
económica de la institución en que trabaje ni la de sus pacientes
Para la enfermera estará siempre antes que su propio interés el
interés de sus pacientes


Artículo 34. Bajo ninguna circunstancia la enfermera puede hacer
abandono del paciente o pacientes a su cargo, salvo, previo aviso
a quien corresponda, cuando
a) Motivos personales muy calificados le impidan continuar con su
responsabilidad
b) No se establezca una aceptación favorable entre paciente y
enfermera
c) La enfermera considera que el paciente necesita atención
especializada que no está dentro se su competencia
d) El paciente se niega a acatar las prescripciones médicas


Artículo 35. El aborto y el infanticidio son métodos que
la enfermera combatirá en la conciencia de sus pacientes, la
familia y comunidad


Artículo 36. En ningún caso la enfermera podrá proporcionar
medicamentos y tratamientos o suprimir éstos a un paciente, con
fines de aliviar un sufrimiento o producir la muerte piadosa


3. Jurisprudencia

a. Comisión de Faltas Graves por Médico Anestesiólogo en el
Ejercicio de sus Labores
“II.- LOS AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES: Ambas partes recurren la
sentencia de segunda instancia. A) Los agravios de la
representante de la Caja Costarricense de Seguro Social: La
apoderada especial judicial de la entidad demandada acusa una
indebida valoración de las pruebas, pues considera que el
accionante incurrió en una serie de faltas, de suma gravedad, que
justificaron su destitución. Señala que con las pruebas
testimonial y documental que constan en el expediente
administrativo y las que se hicieron llegar a sede judicial
quedaron debidamente acreditadas las faltas cometidas por el señor


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Molina Sánchez, las cuales fueron sumamente graves, más aún si se
toma en cuenta el puesto que éste ocupaba, como médico anestesista
del hospital Dr. Willian Allen. Señala que su cargo le imponía
mantener los signos vitales de los pacientes durante las cirugías
razón por la cual, cualquier descuido pudo ocasionar consecuencias
fatales. Según lo indica, de la declaración de la testigo Hanson
Myers, quien presenció los hechos, durante su jornada laboral, el
actor se conducía de manera anómala y ella lo vio tambaleante,
tratando de sostenerse de un estante, con los ojos cerrados,
tratando de agarrar objetos en el aire, con los ojos enrojecidos,
con picazón en diversas partes del cuerpo, hiperactivo
comportamiento que inclusive fue notado por los pacientes, los que
a la vez solicitaron no ser anestesiados por el demandante
Indica que al día siguiente de haber sido visto en ese estado,
este último se desmayó durante una cirugía y provocó la
desconexión de las mangueras de la máquina de la anestesia, por la
cual se cubren, durante la operación, las funciones de ventilación
de la persona. Señala que si se analiza de manera superficial el
desmayo sufrido por el actor, se llegaría a la misma conclusión
que la del fallo que se impugna, mas considera que, en el caso
concreto, tal situación se debió al comportamiento del accionante,
quien había manifestado que tenía dos días de estar resfriado y
que había ingerido un antihistamínico, antes de ingresar a la sala
de operaciones, lo cual constituye un proceder irresponsable, pues
él reconoció esos hechos, aparte que señaló que ese día no había
desayunado. Si tal era el estado de salud del actor, considera
que éste no debió ingresar a la sala de operaciones, porque además
de estar enfermo, lo que podía implicar una contaminación de dicho
aposento, no estaba en condiciones aptas para desarrollar su
trabajo adecuadamente. Por otra parte, señala que el accionante
admitió haberse presentado a la sala de operaciones sin la
vestimenta apropiada, con lo que violentó las reglas de la asepsia
hospitalaria. Agrega que también aceptó haberse ausentado de
dicha sala durante las cirugías, con las implicaciones que tal
proceder podría acarrear. Manifiesta que los hechos que dieron
lugar a la destitución del actor generaron conmoción en el
personal de la sala de operaciones, al grado que los médicos
cirujanos manifestaron su negativa de realizar operaciones en las
que el actor estuviera encargado de suministrar la anestesia a sus
pacientes y el resto del personal mostró gran preocupación por los
hechos ocurridos. En conclusión, considera que las faltas graves
que dieron lugar al despido quedaron debidamente acreditadas, por
lo que el fallo debe ser revocado y han de denegarse las
pretensiones del petente. Agrega que en el supuesto de que los
integrantes de esta Sala estimen que las faltas no justificaban la
destitución, no resulta procedente la condena de daños y
perjuicios, pues el Tribunal admitió la existencia de faltas,


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aunque no las consideró graves. Además, considera que tampoco ha
de condenarse a su representada a pagar lo correspondiente por
guardias y disponibilidad, durante el período en que el actor
estuvo suspendido con goce de salario; pues tal pago, según lo
expone, constituye en realidad la remuneración del tiempo
extraordinario, que no puede pagarse si no se ha laborado en forma
efectiva. Consecuentemente, señala que tampoco puede concederse
el pago de intereses sobre dichos salarios y tampoco cabe ordenar
el pago del aguinaldo y del salario escolar en relación con esa
pretensión principal del demandante. Finalmente, muestra
disconformidad en cuanto se condenó a su representada a pagar
ambas costas, pues considera que se ha procedido con evidente
buena fe. (Ver folios 464-467). B) El recurso de la parte
actora: El representante del actor muestra disconformidad en
cuanto se tuvo por acreditado que la relación de su cliente con la
demandada había comenzado el 1° de febrero de 1.990; pues, según
lo indica, la relación tuvo inicio el 9 de julio de 1.984. Por
otra parte, recurre la decisión del Ad-quem de negar la
reinstalación del actor al considerar que la norma del artículo
192 de la Constitución Política sólo resulta aplicable a los
funcionarios del gobierno central y porque no consta norma interna
de la Caja, que permita disponer su restitución al cargo. Sobre
este aspecto, señala que no debe distinguirse donde la norma no
hace distinción, cual es el caso del numeral citado; aparte de
que, a su juicio, el derecho a la estabilidad es un derecho de
todos los servidores públicos. Luego, indica que, en cualquier
caso, la Normativa de Relaciones Laborales vigente en la entidad
demandada, en el artículo 26, establece el derecho a la
estabilidad de sus servidores; de forma tal que existe la
obligación de la entidad de reinstalar a los trabajadores cuyos
despidos resulten injustificados, en el mismo puesto o en otro de
igual categoría y salario, en la misma zona geográfica; aparte de
que deberá cancelar los salarios que dejó de percibir desde la
fecha del despido y hasta el momento de la efectiva reinstalación
Con base en esos hechos, estima que el fallo debe revocarse; y, en
su lugar, ordenar la reinstalación del actor, como médico
anestesiólogo, en el hospital donde laboraba al momento de la
destitución; el pago de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido y hasta la efectiva reinstalación, tomándose en
cuenta los salarios promedios, tanto ordinarios como
extraordinarios, percibidos durante los últimos seis meses de su
relación de servicio y acoger las demás pretensiones contenidas en
la demanda (folios 471-474)
DEMANDADA: Muestra disconformidad el apoderado del accionante en
cuanto se tuvo por acreditado que la relación entre su


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representado y la entidad demandada tuvo inicio el 1° de febrero
de 1.990; pues, según lo indica, la relación comenzó el 9 de julio
de 1.984. Tal cuestión no puede ser conocida ya por la Sala; por
cuanto se trata de un aspecto procesalmente precluido. En
efecto, el A-quo también tuvo por demostrado que la relación entre
las partes tuvo inicio en la indicada fecha, con base en la
certificación visible al folio 331, respecto de la cual, en el
momento oportuno, le fue conferida audiencia a la parte actora,
sin que haya mostrado disconformidad alguna con ésta. Luego, por
lo establecido en los artículos 598 y 608 del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria por lo dispuesto en el numeral 452
del Código de Trabajo, para que un asunto pueda ser sometido a
conocimiento de esta Sala, se requiere que previamente se hayan
agotado los mecanismos procesales pertinentes y haber planteado el
reclamo ante el órgano de alzada, cuando la sentencia que este
último pronuncie sea meramente confirmatoria de la dictada en la
primera instancia. En el caso concreto, como se indicó, en
cuanto a la fecha de inicio de la relación entre las partes, el
fallo del Ad-quem reitera lo indicado por el juzgador de primera
instancia; razón por la cual, si sobre este aspecto no se mostró
disconformidad, no puede pretenderse un pronunciamiento al
respecto por parte de esta Sala, pues tal cuestión excede los
límites de su competencia. (Al respecto, pueden consultarse, entre
las más recientes, las sentencias números 110, de las 10:10 horas
del 20 de febrero; 120, de las 10:10 horas del 27 de febrero; 182,
de las 9:40 horas del 19 de marzo; y, 204, de las 10:40 horas del
24 de marzo, todas del 2.004)
pruebas traídas a los autos, se tiene que por nota fechada el 3 de
noviembre de 1.998, varios médicos, cirujanos en el hospital Dr
William Allen, le manifestaron al Jefe del Servicio de
Anestesiología que el actor no se veía en buenas condiciones de
salud durante su jornada laboral y le informaron sobre la
lipotimia (pérdida súbita y pasajera del conocimiento por pérdida
de la irrigación cerebral) que éste sufrió durante una cirugía
Con base en esas manifestaciones, le solicitaron que se valorara
el estado de salud del demandante y que hasta tanto no se
acreditara su buena condición, no aceptarían que sus pacientes
fueran anestesiados por él. Luego, dejaron claro que su
intención era la de velar por la salud del doctor Molina Sánchez
(folio 276, repetida al 292). Varios días después, mediante nota
fechada el 6 de noviembre siguiente, la licenciada Delramorie
Hanson Myers, Supervisora de la Sala de Operaciones y varios
funcionarios del área quirúrgica, se dirigieron también al Jefe
del Servicio de Anestesiología, comunicándole algunas situaciones


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relacionadas directamente con el desempeño laboral del actor, para
los efectos que estimara pertinentes (folios 294-299 y 357). Con
base en ambas notas, por carta fechada el 10 de noviembre de
1.998, el Jefe de Anestesiología dio respuesta al Director del
Hospital, en cuanto le solicitó informe respecto de las
irregularidades en el comportamiento del actor, al tiempo que le
solicitó realizar una investigación administrativa para determinar
si mediaba alguna responsabilidad, por lo consignado en las notas
recibidas (folios 300-301). El 24 de noviembre siguiente, el
Director Médico le solicitó a la Directora Regional, que realizara
la investigación correspondiente (folio 286). El 26 de
noviembre, se ordenó integrar el órgano director del proceso
(folios 278-280). Este órgano dictó la resolución inicial, por
la cual se intimaron al actor los siguientes hechos: “ A.-: DIA 02
de NOVIEMBRE de 1998.- Aproximadamente a las 12:05 horas: “
pasos tambaleantes... esfuerzos por abrir sus ojos, con aparente
picazón de nariz, orejas y otras áreas del cuerpo”; 2.-
Aproximadamente a 1:30 pm: Ingreso (sic) a sala de operaciones con
ropa particular a pesar de haber manifestado una hora antes de
encontrarse en mal estado (no sentirse bien, esta (sic) muy
resfriado y que necesitaba incapacidad), lo que implicó un riesgo
grave de contaminación a la sala de operaciones y un riesgo para
el paciente por las condiciones en que se encontraba. 3.-
Conducta inapropiada: Hablar incoherencias, marcha vacilante,
verborreico y ojos enrojecidos. / B.- DIA 03 de Noviembre de
1.998: Aproximadamente a las 10:15 am: Pérdida del conocimiento
por supuesta inhalación intencional de ETHRANE, lo que ocasionó
graves riesgos para la salud de la paciente F.J.T., cédula 3-300-
138, en transoperatorio por gastrectomía, al ocasionar, en su
caída, la desconexión de las mangueras que conectaban a la
paciente con la máquina de anestesia y colocarse en situación tal
de no poder continuar con su labor. / C.- Ausencias frecuentes, de
dos a tres minutos de duración, de la sala de operaciones durante
el transoperatorio, con el fin de dirigirse al servicio sanitario
del vestidor médico o al cuarto SÉPTICO del servicio de
recuperación, con el consiguiente riesgo de infección para el
paciente, saliendo de este lugar con paso tambaleante, ojos
enrojecidos, picazón y verborrea. / D.- Negativa de los doctores
Luis Salazar Bonilla; Marco Vargas Salas; Erick Barrantes Arroyo
Marco Rojas Zeledón; José A. Méndez Elizondo y Alvaro Rodríguez
Zúñiga, en el sentido de que no aceptan que sus pacientes sean
anestesiados por dicho anestesiólogo, dado que no se le ha visto
en buenas condiciones de salud.” (folios 288-291). El órgano
director del proceso, por resolución de las 11:00 horas del 24 de
marzo de 1.999, tuvo por probado los siguientes hechos: “1.- Que
el aquí investigado el día 02 de noviembre de 1.998 se presentó a
Sala de Operaciones bajo el efecto de sustancias farmacológicas,


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ingeridas por un padecimiento gripal, que lo llevaron a una
conducta anormal consistente en pasos tambaleantes, esfuerzo por
abrir los ojos, así como picazón de nariz, y otras áreas del
cuerpo, y ojos enrojecidos. 2.- Día 03 de noviembre de 1.998,
ingreso del investigado a sala de operaciones con ropa particular
3.- Que el día 03 de noviembre de 1998 sufrió un desmayo durante
un transoperatorio ocasionando con ello la desconexión parcial de
las mangueras del equipo de anestesia. 4.- Ausencias de Sala por
espacio de dos a tres minutos para dirigirse al cuarto séptico
5.- Tener en la mesa de trabajo de anestesia más de un frasco
rotulado como Ethrane; 6.- Que el investigado ingresó, al menos
en una oportunidad, con ropa particular a la sala de operaciones
7.- Documentalmente se da por probado la negativa de algunos
médicos del Hospital William Allen a realizar cirugías con el aquí
investigado.” Con base en esos hechos, concluyó que el
comportamiento del actor había sido imprudente y comprometió la
moralidad institucional y la salud de la paciente que estaba
siendo operada. Asimismo, se concluyó que el accionante
contravino la normativa interna de la demandada (folios 199-205)
Dicha resolución fue puesta en conocimiento del Director del
hospital y de la Directora Regional ese mismo día (folios 206-
207). El 12 de abril siguiente, el Jefe inmediato del actor le
comunicó la propuesta de despido, basada en los hechos que el
órgano director tuvo por acreditados y que fueron expuestos así
“... se comprobó que el día 2 de noviembre de 1.998 se presentó a
Sala de Operaciones bajo el efecto de sustancias farmacológicas
ingeridas por padecimiento gripal que lo llevaron a una conducta
anormal consistente en pasos tambaleantes, esfuerzo para abrir los
ojos, así como picazón de nariz y otras áreas del cuerpo, y ojos
enrojecidos. El día 03 de noviembre de 1998 ingreso a Sala de
Operaciones con ropa particular al menos en una oportunidad con el
consiguiente riesgo de infección al paciente. El día 03 de
noviembre de 1.998 sufrió desmayo, producto de su estado de salud
y la ingesta de sustancias farmacológicas, durante un
transoperatorio ocasionando con ello la desconexión parcial de las
mangueras del equipo de anestesia, poniendo en grave riesgo la
paciente F.J.T., cédula 3-300-138. Ausencias en la Sala de
Operaciones por espacio de 2 ó 3 minutos para dirigirse al Cuarto
Séptico sin justificación alguna .” (folios 195-197). El 14 de
abril de 1.999, el actor solicitó que su asunto fuera sometido a
la Comisión de Asuntos Laborales (folio 183). Por escrito
fechado al día siguiente mostró oposición a la propuesta de
despido y señaló que su situación no podía enmarcarse dentro de
una falta grave, pues en la declaración indagatoria había
manifestado que tenía un problema de salud, que requería de
tratamientos especiales, incluida la ingesta de fármacos, sin que
tal situación constituyera un capricho suyo. Por consiguiente,


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señaló que no resultaba procedente sanción alguna pues se trataba
de una enfermedad (folios 184-189). El 16 de abril siguiente, y
por la petición del demandante, su jefe inmediato sometió el
asunto a conocimiento de la Comisión Local de Asuntos Laborales
(folio 182). Dicha Comisión, el 3 de junio de 1.999, emitió
criterio negativo a la propuesta de despido. Para ello,
consideró que el comportamiento inadecuado que se le atribuyó al
doctor Molina Sánchez, se debió a un padecimiento que se remonta a
abril de 1.997, que persistía hasta ese momento y diagnosticado
como Trastorno Afectivo Bipolar (maniaco–depresivo), que lo
condujo a la fármaco-dependencia o toxicomanía, situación que
debía ser tratada como una situación de discapacidad y que era
bien conocida en el ámbito de trabajo del actor. La Comisión,
entonces, recomendó la separación del actor del servicio de
anestesia y clínica del dolor, así como la suspensión de las
guardias médicas hospitalarias, durante doce meses y la
reubicación en un EBAIS cercano al perímetro hospitalario durante
dicho período. Se indicó que procedía una amonestación por
escrito y hasta tres apercibimientos, señalándose las
consecuencias de dicha sanción. Luego, se consideró oportuno que
se le comunicara la obligación de abstenerse de consumir
sustancias psicoactivas, estableciéndose un control mensual y
tratamientos médicos psiquiátrico y psicológico, así como en el
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Además, se estimó
que procedía referirlo al Departamento de Trabajo Social, para
lograr la reinserción social del actor y ofrecerle un programa de
apoyo. Asimismo, se agregó que resultaba procedente hacer de
conocimiento a los funcionarios del hospital de la prohibición de
recetarle fármacos y la inhabilitación para que él pudiera
hacerlo. Finalmente, se recomendó la necesaria supervisión por
parte de la jefatura inmediata, respecto de su ejercicio
profesional y su conducta personal (folios 148-153). El apoderado
especial judicial del demandante mostró disconformidad en cuanto
se trató el asunto de su representado como uno de consumo de
drogas (folios 144-145); sin embargo, este último aceptó las
recomendaciones de la Comisión Local y dejó sin efecto la
apelación de su representante (folio 143). Por Nota # 529-99,
D.M.H.W.A.T., del 10 de junio siguiente, el Director Médico le
comunicó a la Comisión Local que no aceptaba la recomendación
hecha y que, al contrario, mantenía la propuesta de despido, por
lo que le solicitó que elevara el asunto a conocimiento de la
Junta Nacional de Relaciones Laborales (folios 140-141). El 14
de junio, la Comisión Local acordó remitir el caso a la Junta
Nacional (folio 139). Por oficio J.N.R.L.-123-99,
del 23 de agosto de 1.999, la citada Junta comunicó al Gerente de
la División Médica, que las faltas atribuidas al trabajador no


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eran graves y que, por unanimidad, consideraban que la sanción
propuesta no resultaba procedente, sino sólo una amonestación por
escrito, al haber ingresado a sala de operaciones sin la
vestimenta adecuada (folio 31). Por oficio 18.084, del 24 de
setiembre de 1.999, el Gerente Médico le comunicó a la Directora
Regional la decisión de despedir al actor (folios 123-124). El
24 de setiembre de 1.999, le fue comunicada la sanción al
trabajador (folios 121-122). El accionante planteó recursos de
revocatoria y apelación (folios 108-120); pero, según consta en
nota fechada el 30 de setiembre de 1.999, no fueron admitidos, por
considerarse improcedentes e impertinentes (folio 107). El actor
solicitó revocatoria de lo resuelto, al tiempo que reclamó la
nulidad y dejó planteado el recurso de apelación (folios 103-105),
pero por nota del 5 de octubre de 1.999, se le indicó que se
declaraba inadmisible su gestión; advirtiéndosele que ya se había
dado por agotada la vía administrativa (folio 102). El
demandante planteó un recurso de amparo, al cual se le dio curso
mediante resolución de la Sala Constitucional de las 8:31 horas
del 31 de enero del 2.000, en la que se ordenó “... no suspender
el pago del salario del recurrente, hasta tanto la Sala no
resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.”
(folios 88-89). La resolución del citado recurso, tuvo lugar a
las 17:39 horas del 17 de mayo del 2.000, mediante el voto número
4.281-00, que lo declaró sin lugar y fue comunicado hasta el 1° de
agosto siguiente. Una vez resuelto el recurso, según lo que
consta en la Acción de Personal número 1340510B, se ordenó
excluirlo de planillas, a partir del 12 de agosto del 2.000 (folio
7).”8

b. Incumplimiento de Deberes por parte de Enfermeras
“XX- En el tercer motivo del recurso, con sustento en los
artículos 369 inciso d) del Código Procesal Penal y 39 de la
Constitución Política, se alega falta de fundamentación probatoria
del fallo de mérito. En primer término, reclaman que el Tribunal
no individualiza cuáles fueron las omisiones en que incurrió cada
una de las impugnantes, a saber, la Licenciada en Enfermería y la
auxiliar, contraponiendo las tareas que tenían asignadas con el
elenco probatorio evacuado. Por otra parte, los juzgadores
estimaron que la nota de enfermería elaborada por ellas era
incongruente, pero no señalaron en relación con qué datos podía
hacerse tal apreciación. Por último, no examinaron las
circunstancias en que se dieron sus actuaciones, la posibilidad de
que la asistencia que le brindara a la ofendida una compañera de
cuarto pudiese impedir la percepción que las enfermeras tuvieran
de los signos de la paciente –tales como el sudor- y, en todo
caso, agregan, el Tribunal se contradice al afirmar que las


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justiciables no asistieron a la ofendida, cuando los testigos
Norberto Carvajal Arias y Mireya Rojas dieron cuenta de cuáles
fueron sus actos. Los reparos no proceden . El fallo describe,
con base en las manifestaciones del testigo Norberto Carvajal
Arias, supervisor de enfermería, cuáles eran las funciones que
debían cumplir las acusadas (folio 636); asimismo, señala que “
en las horas en que el personal médico especializado se encuentra
fuera del hospital y bajo el sistema de disponibilidad, son las
enfermeras las responsables de servir como puente o comunicación
efectiva entre el paciente y el médico, y por lo tanto son
garantes del bienestar del usuario del servicio hospitalario
Esta es una de las tantas razones por las cuales durante dichas
horas se dispone la presencia de una enfermera profesional y su
auxiliar, operando entre ellas los principios de división de
trabajo y confianza aludidos, aparte de lo cual también su trabajo
cuenta con la supervisión de un superior en grado en el área de la
enfermería” (folio 636) . De lo anterior y de lo descrito en el
acápite en que se insertan formalmente los hechos que se tuvieron
por demostrados (folio 519), se obtiene con claridad que ambas
actuaban en forma conjunta y les competía idéntico deber de
atender a la paciente, mantenerla vigilada, permanecer al tanto de
su estado de salud, observar sus signos y síntomas y solicitar, en
caso necesario, la presencia del médico de turno disponible
Ninguna de las acusadas, conforme se describe en el fallo, cumplió
con esas obligaciones, faltando con ello al deber de cuidado que
les incumbía, por lo que no resulta atendible el alegato de que
sus acciones y omisiones no están individualizadas. En lo
relativo a la nota confeccionada por las encartadas al finalizar
su turno, donde daban cuenta que la ofendida “pasó y durmió bien”
durante la noche, con claridad se extrae de la sentencia que los
juzgadores la califican de “incongruente con la realidad” de lo
que ocurría, no solo por contrariar las manifestaciones de la
testigo Mireya Rojas, sino porque al apersonarse el siguiente
cuerpo de enfermeras notaron que la materia fecal emergió por la
herida quirúrgica de la paciente (cfr. folios 519, 638, 639 y
640). Además, se expresa con claridad en el fallo cuáles son las
omisiones que se le reprochan a las justiciables,
independientemente de que hubiesen brindado cierta asistencia –
como la de controlar los signos vitales y la diuresis- a la que se
refirieron los testigos Carvajal y Rojas. Así, a folio 639 se
indica: “El hecho de que extrañamente la hoja de control de
signos vitales de la perjudicada, correspondiente al turno de las
acusadas, haya desaparecido del expediente clínico, no es un
obstáculo para que los suscritos juzgadores arribemos a la
conclusión de que las enfermeras faltaron a sus obligaciones
puesto que como hemos venido insistiendo con la ayuda de los
peritos y restante personal de enfermería que tuvo contacto con el


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caso, la condición de doña Blanca fue evolucionando negativamente,
todo lo cual pudieron advertir las encartadas si tan solo en
cumplimiento de sus obligaciones le hubieran dado vigilancia y
seguimiento a la paciente durante su turno. De lo expuesto
surgen única y exclusivamente dos conclusiones: No tomaron los
signos vitales de la paciente; o habiéndolo hecho fue tal el
desprecio que mostraron por su bienestar, que en evidente
incumplimiento de sus obligaciones hicieron caso omiso de las
condiciones generales de deterioro que presentaba doña Blanca
Flor, y ese incumplimiento se concreta en la comunicación a un
galeno, cuya participación en ese momento hubiera sido
determinante para mejorar el pronóstico de la paciente” . Por
último, las afirmaciones de quienes recurren, en el sentido de que
el a quo no sopesó que las atenciones brindadas por la testigo
Mireya Rojas a la ofendida pudieron impedir que las enfermeras
percibieran con claridad los signos y síntomas que se presentaban,
deriva de una duda que a ellas les surge ante los fundamentos del
fallo –en tanto no demuestran ni sugieren que tales argumentos se
hallan planteado en el contradictorio-; pero, en cualquier caso,
se enfrentan diametralmente a las manifestaciones de la propia
señora Rojas, quien indicó haberse visto obligada a llamar a las
justiciables para que atendieran a la paciente. Así las cosas,
se desestiman los reproches.”


FUENTES CITADAS


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
1 SALAZAR Cambronero, Roxana y ZÚÑIGA Gómez, Isabel María. Nociones
sobre la Legislación de la Salud en Costa Rica. 1° Edición. EUNED. San
José, 1995. pp. 89-90

2 LASCARIZ Jiménez, Gerardo. Mala Praxis. Responsabilidad del
Profesional en Medicina. Revista Medicina Legal. Vol. 16 (No. 1): pp
10-11, San José, julio 2000

3 LASCARIZ Jiménez, Gerardo. Mala Praxis. Responsabilidad del
Profesional en Medicina. Revista Medicina Legal. Vol. 16 (No. 1): pp
11, San José, julio 2000

4 SOLANO Porras, Julián José. Responsabilidad Civil en el Ejercicio
Profesional de la Medicina. Tesis para optar al grado de Licenciatura
en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Facultad
de Derecho, 1986. pp. 445, 447

5 CASTRO Fernández, Juan Diego. Consecuencias Jurídico-Penales y
Patrimoniales de la Mal Praxis en el Ejercicio Profesional de la
Enfermería. Revista Medicina Legal de Costa Rica. Vol. 9. (No. 2): pp
27, noviembre 1992

Costa Rica, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No. 27 de 4
de abril de 1981

7 CÓDIGO DE ÉTICA. Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 23 de marzo de

de las nueve horas con veinticinco minutos del siete de julio de dos
mil cuatro

de las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos