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RESUMEN: La presente recopilación, desarrolla el tema de la
obligatoriedad de la colegiatura en los colegios profesionales,
tocando aspectos como la naturaleza jurídica de los colegios
profesionales en nuestro país, el derecho al ejercicio profesional
y la potestad reglamentaria


Índice de contenido
a)Sobre la potestad Reglamentaria de los Colegios Profesionales
b)Sobre la incorporación y el derecho al ejercicio profesional
Reserva de ley en materia de exámenes de incorporación.. . . . .26
Sujeción de los Colegios Profesionales al principio de
Sobre la autonomía bancaria y la colegiatura obligatoria . . .42
d)Incorporación como requisito Indispensable para el ejercicio


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DOCTRINA


a) La Colegiatura Obligatoria


“Tal y como se afirmaba en párrafos anteriores, debemos recordar
que los Colegios Profesionales son entidades públicas no
estatales. La Sala Constitucional ha definido que el "...colegio
profesional resulta ser una agrupación forzosa de particulares a
la que la ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos
fines, junto con la defensa de los intereses estrictamente
privados, propios de los miembros que lo integran, son los de
ejercer determinadas funciones públicas..." (Sentencias de la Sala
Constitucional 5483-95, 5645-95 y 5185-03)
Compete al Colegio de Abogados organizar el ejercicio de la
profesión correspondiente, estableciendo las normas disciplinarias
para sus integrantes. A través de los Decretos Ejecutivos, el
Estado aprueba los honorarios profesionales que cobrarán como
mínimo los Abogados y Abogadas
De ahí que el Colegio de Abogados tutela el ejercicio de la
abogacía, como una función propia, por ser el ente Corporativo
asignado para tal efecto. La Sala Constitucional en la Sentencia
COLEGIOS PROFESIONALES. Los colegios profesionales son una
manifestación expresa de la llamada "Administración Corporativa",
es decir, aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a
entidades públicas representativas de intereses profesionales o
económicos calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones
de Derecho Público. Se trata de una agrupación forzosa de
particulares, a la que la ley dota de personalidad jurídica
pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los
intereses estrictamente privados, propios de los miembros que la
integran, son los de ejercer determinadas funciones públicas
Dentro de tales competencias de orden público, la Sala ha
reconocido el derecho de esas corporaciones de analizar el
cumplimiento de los requisitos para la incorporación de nuevos
profesionales, no solo desde el punto de vista formal, sino
también de manera sustancial, colaborando con otras dependencias


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creadas al efecto y en cumplimiento de la ley, pues solo así se
puede evitar el gran perjuicio causado a la sociedad por la
incorporación de profesionales no aptos académica y éticamente
para el ejercicio profesional (ver sentencia número 02-06364 de
las 15:07 horas del 26 de junio.”


b) Los colegios profesionales a la luz del TLC


“Exposición realizada el 24 de setiembre del 2004, durante la Mesa
Redonda sobre el Tratado de Libre Comercio, efectuada en el
Colegio de Ingenieros Agrónomos con ocasión de la Semana
Conmemorativa del 38 Aniversario de la Federación de Colegios
Profesionales Universitarios de Costa Rica

Este artículo va dirigido a aportar algunos comentarios sobre los
Colegios Profesionales a la luz del TLC, para lo cual es preciso
referirnos primero a su naturaleza jurídica, orientando nuestras
apreciaciones hacia la función pública que realizan los Colegios
Profesionales, por lo que dejaremos de lado las demás actividades
privadas que realizan

De conformidad con los artículos 1, 2 y concordantes de la Ley
General de la Administración Pública, éstos son entes públicos con
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado

Los Colegios, entonces, tienen personalidad jurídica que los
legitima a actuar en nombre propio, siendo responsables de los
actos administrativos y omisiones que lleven a cabo y teniendo a
la vez capacidad jurídica que les permite ejercer derechos y
contraer obligaciones, estableciendo las acciones judiciales que
consideren necesarias para proteger los fines encomendados, como
también pueden ser demandados en juicio


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El Estado ha delegado en los Colegios Profesionales la función
fiscalizadora del ejercicio profesional que se rige por los
principios del Derecho Público, estableciéndose la Colegiatura
obligatoria para todos aquellos profesionales que deseen ejercer
en su respectiva rama del saber

Existe, entonces, reserva de ley en esta materia, lo que implica
que es por esta norma jurídica que se regula la incorporación de
los profesionales a los Colegios Profesionales en aras de que
éstos ejerzan el control del ejercicio profesional. De ahí que
cada Colegio tiene su instrumento legal específico. Por ser un
ente público cuando desarrolla actividades sometidas al Derecho
Público, debe de aplicar el principio de legalidad y las normas y
principios generales que rigen en ese derecho. Y en caso de que no
cuente con los procedimientos administrativos establecidos, debe
de aplicar los regulados en el Libro Segundo de la Ley General de
la Administración Pública

Los Colegios Profesionales han sido definidos como entes públicos
no estatales. Y aunque esto podría ser un contrasentido semántico,
pues si son creados por el Estado tienen ese carácter, lo cierto
es que se les ha dado esa denominación para diferenciarlos de los
otros entes públicos estatales y para otorgarles a éstos plena
autonomía

Es así como los Colegios Profesionales colaboran en funciones
propias del Estado, realizando una actividad pública cuando
regulan el ejercicio profesional y aplican el régimen
disciplinario sancionatorio. En las demás funciones se rigen por
el Derecho Privado. En este sentido es de mérito recordar la gran
labor que desarrollan a favor de los profesionales en los aspectos
académicos, sociales, culturales y deportivos, entre otros

De acuerdo con su naturaleza jurídica1, actúan en todo o en parte
según normas de derecho público y ofrecen estas características

1. Son creados por ley o por acto unilateral de autoridad pública

2. Su organización supone cierto elemento coactivo, en sentido de
obligatoriedad de afiliación o de incorporación o de contribución
a su patrimonio

3. Algunas veces pueden sufrir intervención o control oficial en
su dirección y administración


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4. Tienen a su cargo la ejecución de cometidos públicos, que es la
finalidad que explica y justifica su régimen particular

La incorporación de los profesionales a su respectivo Colegio
Profesional resulta obligatoria para poder ejercer su profesión

La Sala Constitucional, en sentencia No. 5799-96, ha señalado que
“…los colegios profesionales no son agrupaciones voluntarias de
personas, como sí lo son las asociaciones…” son más bien “
manifestación expresa de la llamada “Administración Corporativa”,
que es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades
públicas representativas de intereses profesionales o económicos
calificadas por el Derecho Positivo como Corporaciones de Derecho
Público". Bajo esta síntesis definitoria, el Colegio Profesional
resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la
ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos fines,
junto con la defensa de los intereses estrictamente privados,
propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer
determinadas funciones públicas...”. En este mismo sentido apuntan

Cada Colegio Profesional tiene establecidos los requisitos de
incorporación. Y se deben de cumplir a efectos de que se autorice
el ejercicio profesional. Es decir, es un requisito sine quanon
De no hacerlo, el profesional no puede ejercer y si lo hiciera
queda totalmente expuesto a sanciones, incluso penales, por
ejercicio ilegal de la profesión

Como corolario de esto podemos también advertir que el ejercicio
de una profesión no es una actividad mercantil, pues además de
cumplir con una función necesaria en la sociedad, su régimen se
encuentra sometido a una serie de regulaciones a través de los
aranceles profesionales, aspecto al que nos referiremos más
adelante cuando analicemos el tratamiento que le da el TLC a los
servicios profesionales desde nuestra óptica

Podemos ir concluyendo que el rol de control que realizan los
Colegios Profesionales en la sociedad costarricense reviste la
mayor importancia pues vela por la idoneidad, el decoro, la ética
y la debida aplicación del marco normativo que rige el ejercicio
de cada profesión. Aplicando el régimen disciplinario que conlleva
todo un procedimiento que, garantizando el debido proceso, llega a
aplicar el régimen disciplinario. Además, que las otras funciones
que ejecutan, contribuyen todas al mejoramiento de los respectivos
gremios, a la sociedad, y al logro de la justicia, la paz social y


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el bien común

El TLC y las licencias temporales para que los profesionales
extranjeros puedan ejercer su profesiónen Costa Rica

Nuestra Constitución Política, en el artículo 7, establece: “Los
tratados públicos, los convenios internacionales y los
concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa,
tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen,
autoridad superior a las leyes…”

El Tratado de Libre Comercio en el Anexo 11.9.4, relativo a las
licencias temporales para que los profesionales ejerzan, dispone
“Cuando las Partes lo convengan, cada una de ellas alentará a los
organismos pertinentes de sus respectivos territorios a elaborar
procedimientos para el otorgamiento de licencias temporales a los
proveedores de servicios profesionales de otra Parte”

Desde nuestra óptica, esta cláusula del TLC viene a desmeritar la
naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales explicada con
anterioridad, pues se podrían autorizar licencias temporales a
profesionales que no están inscritos, como la ley actualmente lo
dispone, afectando la labor de control del ejercicio profesional,
la garantía de fidelidad y, por ende, afectando a los usuarios de
los servicios profesionales

Se tendrían que modificar todas las leyes orgánicas de creación de
los Colegios existentes en Costa Rica que tengan la colegiatura
obligatoria, pues el TLC, tal y como se negoció por los Ministros
de Comercio Exterior de las Partes, crea las licencias temporales
que actualmente no se encuentran autorizadas por el ordenamiento
jurídico costarricense. Y si el TLC tendría una mayor jerarquía en
las fuentes de interpretación del derecho, lógicamente que éste
prevalecería sobre las leyes de los Colegios Profesionales por ser
éstas de menor rango

Y de nada nos valdrían los criterios de la Sala Constitucional que
ha señalado que los Colegios Profesionales tienen funciones
fiscalizadoras sobre los Agremiados, como en el voto 11675-03, en
el cual ha indicado que los Colegios tienen la facultad de
analizar el cumplimiento de los requisitos para la incorporación
de nuevos profesionales, no sólo desde el punto de vista formal,
sino también de manera sustancial, colaborando con otras
dependencias creadas al efecto y en cumplimiento de la ley


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Reiterado en el Voto número 6364-02

Ni tampoco sería de mucho provecho el reconocimiento que tienen
los Colegios Profesionales de la potestad de suspender
cautelarmente a los agremiados, tratada en el Voto 328-01 de esa
misma Sala, donde confirma la competencia que tiene el Consejo
Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, como órgano
encargado de ejercer vigilancia e inspección sobre las
universidades privadas, según lo establecido en la ley número 6693
del 27 de noviembre de 1981

O en la sentencia 2611-93, que dispuso

“Los Colegios Profesionales constituyen entes de derecho público,
que tienen como finalidades primordiales: velar porque se ejerza
legalmente la profesión que representan, objetivo que se regula
mediante el proceso de incorporación a aquellos; así como imponer
las sanciones disciplinarias derivadas de la trasgresión a la
normativa que regula su funcionamiento. Así pues, es facultad
exclusiva de cada Colegio Profesional disponer los requisitos
necesarios para incorporar a aquellos interesados en ejercer la
profesión que autorizan, los cuales deben ser establecidos
previamente por ley formal”

El TLC podría violentar compromisos vigentes en materia del
ejercicio de profesiones universitarias

El Protocolo de Guatemala que se encuentra vigente, en su artículo
12º, indica que

“En la celebración de acuerdos comerciales con terceros países,
los Estados parte se comprometen a seguir normas comunes de
comercio, especialmente en el campo de las reglas de origen,
prácticas de comercio desleal, cláusulas de salvaguarda y normas
técnicas que no afecten el comercio intrarregional. Los Estados
Parte podrán negociar unilateralmente acuerdos con terceros
países, siempre que informen previamente su intención al Comité
Ejecutivo de Integración Económica y acuerden un mecanismo de
coordinación e información sobre los avances de las negociaciones,
y que el resultado de dichos acuerdos respete los compromisos
contraídos en este Protocolo...” (Negritas son nuestras)

Corresponde al Comité antes mencionado, velar por el cumplimiento
de esta norma, para lo cual corresponderá al país interesado el


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deber de informar sobre los términos finales de la negociación de
previo a su suscripción. Asimismo, los Estados Parte convienen en
mantener, en sus relaciones comerciales con terceros países, la
Cláusula Centroamericana de Excepción, así como la preferencia
centroamericana

El artículo 31 establece la obligación de los Estados Partes de
armonizar sus respectivas legislaciones para el libre ejercicio de
las profesiones universitarias en cualquier país de la región, a
efecto de hacer efectiva la aplicación del Convenio sobre el
Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de
Estudios Universitarios, suscrito el 22 de junio de 1962, en la
ciudad de San Salvador, República de El Salvador, y el cual es de
aplicación plena en los Estados Contratantes de este Convenio y
sobre el cual hablaremos más adelante. La duración de este
Protocolo es indefinida y podrá ser denunciado por cualquiera de
las Partes y su denuncia producirá efectos cinco años después de
su presentación

Así mismo, en el Título V de las Disposiciones Finales, el
artículo 62º establece que el presente Protocolo prevalecerá entre
los Estados Parte sobre los demás instrumentos de libre comercio,
suscritos bilateral o multilateralmente entre los Estados Parte,
pero no afectará la vigencia de los mismos. Es decir, Costa Rica
en el Protocolo de Guatemala asumió compromisos en relación con
los países centroamericanos que en principio consideramos a la luz
del TLC, podrían reñir con el mencionado Protocolo. Y consideramos
que ni siquiera la Sala Constitucional tendría competencia para
analizar este aspecto, pues le correspondería a la Corte de
Justicia Centroamericana manifestarse

Para mayor abundamiento véase que en el Convenio sobre el
Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de
Estudios Universitarios, aprobado por ley número 3653, tenemos que
en casos de centroamericanos por nacimiento que hayan obtenido, en
alguno de los Estados Parte de este Convenio, un Título
Profesional o Diploma Académico equivalente, será admitido al
ejercicio de esas actividades en los otros países, siempre y
cuando cumpla con los requisitos y formalidades que exigen a sus
nacionales graduados universitarios

En otras palabras, corresponde a la Asamblea Legislativa de
nuestro país, elaborar las normas para lograr la implementación de
los requisitos de reconocimiento y/o equiparación de títulos
profesionales, que deben ser las mismas para los nacionales de ese


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Estado y de los demás Estados Parte que suscribieron el Protocolo,
quedando sujetos los profesionales a todas las leyes, y
reglamentos que se aplican a los nacionales de este país. Para
establecer la condición de centroamericano, se debe acreditar la
nacionalidad del interesado de acuerdo con los procedimientos
regulares de cada Estado (artículo 5)

En el Protocolo se establece la posibilidad de otorgar licencias
provisionales para el ejercicio de la profesión, en aquellos casos
en los que un centroamericano, emigrado o perseguido por razones
políticas, desee ejercer su profesión o continuar con sus
estudios; pero únicamente en el tanto sea dable a los interesados
en obtener la documentación del caso y las entidades
correspondientes de cada país seguirán un proceso sumario a fin de
comprobar los extremos necesarios

Y, finalmente, el artículo 9º dispone que para gozar de los
beneficios de este Convenio, los centroamericanos por
naturalización deberán haber residido en forma continua por más de
cinco años en territorio centroamericano, después de obtener la
naturalización

Por otro lado, en el TLC no hay restricción para los profesionales
de los Estados Parte, es decir, no hay ningún requisito de
residencia previa

Y aunque pensáramos que en el Anexo I de las Medidas Disconformes,
Lista de Costa Rica, por ejemplo para el caso del Colegio de
Abogados se mencionan los artículos 2º, 7º y 37º de la Ley
Orgánica del Colegio de Abogados y referentes al Notariado los
artículos 3 y 10 del Código Notarial y que por lo tanto la
colegiatura seguiría obligatoria, lo cierto es que el tema de las
Licencias Temporales expresamente se tiene planteado. Y además
¿qué pasa con las demás normas que regulan el Colegio, que no son
mencionadas en las Medidas Disconformes? Situación ésta que, en
nuestra opinión, es similar para los demás Colegios Profesionales
consignados en la mencionada Lista de Costa Rica

Problemas Semánticos o Conceptuales de los Servicios Profesionales

En el capítulo Once, titulado Comercio Transfronterizo de
Servicios, se define en su artículo 11.14, párrafo final, lo que
son los servicios profesionales y al respecto dice: “…servicios
profesionales significa los servicios que para su prestación


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requieren educación superior especializada o adiestramiento o
experiencia equivalentes y cuyo ejercicio es autorizado o
restringido por una Parte …”

En el Anexo 11.9, Titulado Servicios Profesionales- Disposiciones
Generales “Elaboración de normas profesionales”, disponen

“1. Las partes alentarán a los organismos pertinentes en sus
respectivos territorios a elaborar normas y criterios, mutualmente
aceptables, para el otorgamiento de licencias o certificados a
proveedores de servicios profesionales, así como a presentar a la
Comisión recomendaciones sobre su reconocimiento mutuo”

O bien, cuando hacen referencia a las “Licencias Temporales” que
se mencionan en el artículo 4, indicando que: “Cuando las Partes
lo convengan, cada una de ellas alentará a los organismos
pertinentes de sus respectivos territorios a elaborar
procedimientos para el otorgamiento de licencias temporales a los
proveedores de servicios profesionales de otra Parte”

De acuerdo con nuestra opinión, la autorización de licencias
temporales para el ejercicio profesional por parte de los Colegios
Profesionales podría crear incertidumbre e inseguridad en la
prestación de dichos servicios, pues incluso el régimen
disciplinario que amerita que el profesional investigado tenga un
domicilio o lugar para oír notificaciones podría ser incierto. O
bien, una vez que se termine el procedimiento, ¿cómo, cuándo y
dónde se aplicaría la sanción? O bien, los posibles afectados por
el servicio, ¿cómo lograrían el resarcimiento de posibles daños?
¿Cómo fungirían las pólizas de fidelidad?

Y esto nos trae al último tema de reflexión que es el tratamiento
que se le da en el TLC a los “Servicios Profesionales”, pues de
sus regulaciones podríamos derivar que es un bien económico que
está en el comercio de los hombres, es decir, es objeto de
comercio. Y, por lo tanto, se deja de lado la participación de los
Colegios Profesionales como entes públicos no estatales que tienen
delegada por el Estado la función de control del ejercicio
profesional. Pues no se indica en el TLC la legitimación de la
colegiatura obligatoria que rige en nuestro país, lo cual es
preocupante pues podríamos estar en puertas de una liberalización
de los servicios profesionales

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1) Según el autor Fonrouge; Op cit por el Doctor Rodolfo Saborío
Valverde en www.cedespu.com”


2 JURISPRUDENCIA


a) Sobre la potestad Reglamentaria de los Colegios Profesionales


las dieciséis horas cincuenta y un minutos del treinta de octubre
de mil novecientos noventa y seis


Recurso de Amparo interpuesto por HERNAN GARCIA CUBERO, mayor,
casado una vez, Contador Público Autorizado, cédula de identidad
número 2-136-535, vecino de San Juan de Tibás, en contra del


RESULTANDO


I. Indica el recurrente que mediante oficio de fecha 20 de julio
de 1992, se le comunicó que por acuerdo firme B1 de la sesión de
Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica N
21-92, celebrada el 2 de julio de ese año, se ordenó citarlo en su
calidad de Contador Público Autorizado, a una comparecencia en la
sede de ese Colegio el día 22 de agosto siguiente, para conocer
sobre la "presunta mala praxis" en los dictámenes de estados
financieros de las empresas Dimon Ltda. y Constructora San Fe
Ltda, ambos de fecha 30 de setiembre de 1990 y documentos conexos,
"y, como también, el Organo Director del Proceso Administrativo
designado al efecto". Que por libelo del 20 de agosto de 1992
solicitó dejar sin efecto la audiencia fijada, en consideración a


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que se encontraba pendiente un recurso de amparo ante la Sala
Constitucional bajo el número de expediente 914-S-91, así como
porque el órgano designado carece de jurisdicción y competencia
para constituirse en tribunal e imponer sanciones; ante lo cual,
el Colegio decidió citarlo a una segunda convocatoria para el 26
de octubre de 1992; sin embargo, su apoderado interpuso ante la
Fiscalía del Colegio la caducidad del procedimiento
administrativo, de conformidad con lo que al respecto estipula la
Ley General de la Administración Pública, por haber fenecido el
término de dos meses sin la finalización del proceso, así como la
prescripción de la falta, y la incompetencia del órgano. Señala
que su gestión fue rechazada, con inobservancia de disposiciones
constitucionales sobre legalidad, "tipificidad" (sic) y debido
proceso, así como incompetencia de jurisdicción y prescripción de
la falta, y que, sin resolver la incidencia, en contumacia se
resolvió por parte del órgano director, recomendar ante la Junta
Directiva la imposición de "la sanción que estime de mayor
conveniencia; tomando en cuenta para ello los hechos que se tiene
como probados según consta del expediente respectivo, lo quemo que
la renuencia puesta de manifiesto por el Lic. García Cubero, para
no presentarse a las reuniones para las que fue convocado por la
Junta Directiva del Colegio y el Organo Director del Proceso
Ordinario correspondiente", lo cual, a criterio del amparado,
violenta los artículos 39 y 41 constitucionales por inobservancia
del debido proceso, con el agravante de que se le amenaza, sin
previo juicio legal, con la imposición de "una condena y
suspensión del ejercicio de mi profesión", quebrantando así el
artículo 56 de la Constitución Política, el derecho al trabajo,
así como menoscando "la libertad y la dignidad del profesional"
Solicita acoger el presente recurso, se suspenda cualquier sanción
que lo suspenda en el ejercicio de su profesión, y se anule todo
lo actuado en el procedimiento, por cuanto, el informe dictado por
el Organo Director se constituye en una amenaza en su contra, la
que considera ilegal, así como nulas sus actuaciones, por carecer
de jurisdicción y competencia en razón de la materia, además de
hallarse caduco el procedimiento y prescrita la eventual
infracción, máxime cuando la misma no está tipificada o calificada
mediante ley previa expresa. En el mismo libelo presenta acción de
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de la
Profesión de Contador Público y Creación del Colegio de Contadores
Públicos, Ley N 1038 de 19 de agosto de 1947 y sus reformas


II. Por resolución del Magistrado Instructor de las 11:10 horas
del 30 de noviembre de 1992, de previo a tramitar el recurso, se
solicita al recurrente que aclare cuál actuación del recurrido


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impugna y fundamente su pretensión en derecho constitucional,
actuación posterior al fallo desestimatorio en amparo de Hernán
García Cubero contra la Junta Directiva del Colegio de Contadores
(N 14-S-91) pero ocurrida en los dos meses anteriores a la
interposición de la presente gestión


III. Cumpliendo con la prevención realizada por el Magistrado
Instructor, el apoderado del recurrente presenta un escrito
fechado 14 de diciembre de 1992, en el cual señala que en el
presente recurso de amparo impugna el acuerdo B1 de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ,
tomado en sesión N 21-91 del 2 de junio de 1992, mediante el cual
se le cita a una comparecencia el 20 de agosto de ese año, para
conocer de una presunta mala praxis en los dictámenes de estados
financieros de las empresas Dimon Ltda. y Constructora Santa Fe
Ltda.; así como el informe del órgano director del procedimiento
que recomienda a la Junta Directiva la imposición de una sanción,
por haberse emitido en contumacia, siendo que constituye una
amenaza en su contra. Alega las siguientes violaciones a la
Constitución Política: al artículo 25 que sienta el principio de
que no se puede obligar a nadie a formar parte de una asociación
del artículo 35, según el cual nadie puede ser juzgado por
comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso,
sino exclusivamente por los tribunales establecidos por la
Constitución; el artículo 56, que garantiza el derecho al trabajo
del artículo 121 inc. 20, que establece la atribución exclusiva de
la Asamblea Legislativa para crear los tribunales de justicia, y
por ende, solo los tribunales designados por ley tienen la
jurisdicción con carácter de exclusivos y universales; del
artículo 129, según el cual nadie puede alegar ignorancia de la
ley, por consiguiente, corresponde a los tribunales de justicia el
conocimiento de cualquier acción tendiente a sentar
responsabilidades provenientes de cualquier daño o perjuicio
causado; de los artículos 152 a 155, de conformidad con los cuales
el Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, y
corresponde a ese Poder conocer de las causas civiles, penales,
comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas.-


IV. Nuevamente se presenta el recurrente en fecha 23 de diciembre
de 1992, con el fin de ampliar el recurso presentado, argumentando
que mediante oficio N CCP.SEC de 18 de diciembre, el Secretario de
la Junta Directiva del Colegio recurrido le comunica el acuerdo B
4 de la sesión N 49-92 del 1 de diciembre de 1992, por el que la
Junta Directiva le suspende del ejercicio profesional por un año,


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a partir de la publicación correspondiente en el Diario Oficial La
Gaceta, con fundamento en el artículo 24 de la Ley N 1038 y el
artículo 75 del Reglamento General respectivo. Estima que la
suspensión referida quebranta principios y garantías
constitucionales, tales como el de legalidad, el de jurisdicción y
competencia del tribunal, el debido proceso y "la indefensión",
por lo que solicita que se ordene la suspensión del acuerdo antes
mencionado, que se declare nulo, así como que se acoja el presente
recurso


V. El señor Ricardo Mata Arias, en su condición de Presidente del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, informa bajo
juramento que, este recurso debe relacionarse con el N 914-S-91
del mismo colegiado y con innumerables gestiones meramente
dilatorias realizadas para entrabar el procedimiento seguido, el
cual ya la Sala tuvo por bueno, pues en el Voto N 2178-91 se
reconoció la potestad legal sancionatoria de la Junta Directiva
del Colegio en casos de "mala praxis", pues de conformidad con el
artículo 77 del Reglamento General del Colegio, el Tribunal de
Honor juzga las faltas contra la ética profesional y la Junta
Directiva las restantes, entre las que se incluyen las de mala
praxis. Agrega que, el único punto posible de amparo sería la
violación al principio de defensa, pues los demás son aspectos de
mera legalidad, ajenos a la jurisdicción constitucional; sin
embargo, explica que en la especie se siguió un procedimiento
ordinario, el interesado nunca compareció a las citaciones ni
rebatió los aspectos de fondo acerca de la mal praxis, sino que se
ha dedicado a cuestiona aspectos de procedimiento, pues incluso ni
siquiera recurrió de la sanción impuesta. En todo caso, aclara el
recurrido que: a) No existe duda sobre la posibilidad de que la
Junta Directiva del Colegio designe un órgano director del
procedimiento, el cual se limita a informar o recomendar y no
decide nada; b) No ha prescrito la posibilidad de juzgar las
faltas, pues apenas se conoció los hechos, el Colegio se avocó a
instruir un procedimiento, además de que no existe una regulación
expresa del punto, salvo en otros Colegios; c) No es cierto que en
estos casos rija un principio de tipicidad de las faltas, además
de que es incuestionable que toda profesión debe ejercerse
conforme a reglas técnicas comúnmente aceptables; d) Tampoco se ha
producido caducidad del procedimiento, pues se inició de oficio
e) No se ha intentado fallar en conciencia, pues la resolución
dada por la Junta fue debidamente razonada. Solicita rechazar el
recurso sin más trámite, pues no hay violación a ningún derecho
fundamental


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VI. Mediante sentencia N 568-93 de las 9:33 horas del 8 de febrero
de 1993, la Sala Constitucional mantiene la ejecución de la
sanción impuesta y deja suspendida la tramitación del amparo,
otorgando al recurrente un plazo de quince días hábiles para que
formalice acción de inconstitucionalidad contra el artículo 24
inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica. El apoderado del recurrente presenta dejar sin efecto
la anterior resolución, por medio de escrito recibido en esta Sala
el 7 de abril de 1993, por lo que se emite la resolución N 2049-93
de 15:00 horas del 14 de mayo siguiente, en la que se dispone "No
ha lugar a la gestión que se interesa"


VII. El recurrente presenta Acción de Inconstitucionalidad N
1613-93 contra la "Ley Reguladora Profesión Contador
Público" (sic), artículo 24, inciso f), el día 19 de agosto de
1993 (folio 70), misma que fue resuelta mediante sentencia N
5201-93 de 16:15 horas del 19 de octubre de 1993, denegándose el
trámite, en virtud de que el accionante no cumplió en forma con lo
prevenido, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 75
párrafo primero y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
no obstante, por resolución de la Sala N 0093-I-94, emitida a las
14:32 horas del 16 de febrero de 1994, se suspendió la resolución
final de este recurso de amparo, hasta tanto no se resolviera la
Acción de Inconstitucionalidad que se tramitó bajo expediente N
2686-92, la que fue declarada sin lugar por sentencia N 2251-96 de
15:33 horas del 14 de mayo de 1996


VIII. En los procedimientos se han observado las prescripciones de


Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,


CONSIDERANDO


I. El recurrente impugnó como violatorios a sus derechos
fundamentales, en primer lugar, la citación a una comparecencia
que le hiciera la Junta Directiva del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica, para conocer una presunta mal praxis en
unos dictámenes emitidos por él, por carecer -a su juicio- de
competencia y jurisdicción para conocer estos asuntos; en segundo
lugar, el informe final emitido por el órgano director del
procedimiento, en el tanto lo consideró como una amenaza a sus


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derechos, pues recomendaba a la Junta Directiva del citado colegio
profesional que lo suspendiera en el ejercicio de la profesión
finalmente, el amparado recurre contra la resolución de la Junta
Directiva del Colegio de marras, en razón de que resolvió
suspenderlo por un año en el ejercicio de la profesión, sin tener
competencia ni jurisdicción para ello, y sin que la falta se
encuentre tipificada


En concreto, alega las siguientes violaciones a la Constitución
Política: al artículo 25 que sienta el principio de que no se
puede obligar a nadie a formar parte de una asociación; del
artículo 35, según el cual nadie puede ser juzgado por comisión,
tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino
exclusivamente por los tribunales establecidos por la
Constitución; el artículo 56, que garantiza el derecho al trabajo
del artículo 121 inc. 20, que establece la atribución exclusiva de
la Asamblea Legislativa para crear los tribunales de justicia, y
por ende, solo los tribunales designados por ley tienen la
jurisdicción con carácter de exclusivos y universales; del
artículo 129, según el cual nadie puede alegar ignorancia de la
ley, por consiguiente, corresponde a los tribunales de justicia el
conocimiento de cualquier acción tendiente a sentar
responsabilidades provenientes de cualquier daño o perjuicio
causado; de los artículos 152 a 155, de conformidad con los cuales
el Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, y
corresponde a ese Poder conocer de las causas civiles, penales,
comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas.-


II. En lo que atañe al primer agravio, mediante sentencia N
2178-91 de 10:00 horas del 25 de octubre de 1991, la Sala resolvió
otro recurso de amparo presentado por el señor García Cubero
contra la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica, de la siguiente forma


"No lleva razón el accionante en su reclamo en virtud de que el
artículo 24 de la Ley Orgánica del Colegio Recurrido faculta a la
Junta Directiva del mismo para sancionar a los agremiados por las
faltas cometidas por éstos, en razón de ello la Junta Directiva a
petición del fiscal (folio 51), inició un procedimiento por mala
praxis nombrando de conformidad con lo establecido en el artículo
308 de la Ley General de la Administración Pública un órgano
director del procedimiento (asunto no contemplado en la Ley
Orgánica). Así, estando el procedimiento en su etapa de
instrucción y al no tratarse de una denuncia de un asunto


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relacionado con la ética (asunto que debe conocer el Tribunal de
Honor), sino más bien de mala praxis no se encuentra arbitrariedad
alguna en la actuación de la Junta recurrida, toda vez que se le
ha comunicado al señor García Cubero de la iniciación del
procedimiento y hasta mediante el diario oficial La Gaceta se le
citó a una comparecencia (folio 48), respetándose con ello el
principio del debido proceso. Por todo lo expuesto el recurso debe
ser declarado sin lugar"


Por lo que en lo que a este punto respecta, resulta improcedente
lo acusado por el amparado


III. Se considera innecesario hacer referencia al segundo alegato
planteado, pues finalmente, el asunto de fondo quedó reducido a la
legitimidad o no de la sanción que efectivamente llegó a imponer
la Junta Directiva del Colegio recurrido en contra del señor
García Cubero, consistente en suspenderlo en el ejercicio de la
profesión por un año, así como a la competencia de ese órgano para
imponer sanciones a sus agremiados


Fundamentalmente, el recurrente estima que la sanción impuesta
violenta derechos consagrados en la Constitución Política, tales
como el de legalidad, el de jurisdicción y competencia del
tribunal, el debido proceso y el derecho de defensa, el de
asociación y el de trabajo, pues fue dispuesta sin su
participación en el procedimiento


Ya quedó definido por esta Sala que en la fase preliminar del
procedimiento disciplinario seguido contra el recurrente no se
encontró arbitrariedad alguna, según lo resuelto en el anterior
recurso de amparo presentado por el señor García Cubero; también
se determinó que las actuaciones impugnadas -incluso la sanción
disciplinaria acordada- estaban razonablemente fundadas en normas
vigentes, motivo por el cual, a tenor del artículo 48 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, se suspendió la tramitación del
presente recurso, otorgando un plazo para formalizar la respectiva
acción de inconstitucionalidad contra aquéllas, siendo que a pesar
de haberse denegado su trámite por carecer de requisitos,
posteriormente se dejó suspendido el presente amparo, mientras se
resolvía otra acción de inconstitucionalidad en la que otra
persona atacó de inconstitucionales los artículos 16 inciso c) y
24 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica


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En lo que atañe a la violación al debido proceso y al derecho de
defensa, estima esta Sala que no lleva razón el recurrente, pues
ante la imputación de faltas graves en el ejercicio de su
profesión, el Colegio recurrido procedió -como en derecho
corresponde-, a citar al profesional cuestionado, siendo que a
pesar de estar debidamente notificado, en todo momento se negó a
presentarse ante el órgano director del procedimiento, realizando
diversas gestiones que, como bien señala el recurrido, nunca
tendieron a rebatir los aspectos concretos de fondo (mal praxis),
sino que se dedicó a cuestionar aspectos procedimentales, para
luego argumentar prescripción y caducidad de los procedimientos


Queda entonces claro que el debido proceso no fue violentado por
parte del Colegio recurrido, pues desde el principio se citó al
profesional acusado para que conociera los cargos que se le
imputaban, y pudiera así ejercer su derecho de defensa, por lo
que, la sanción impuesta en ausencia del amparado no deviene en
arbitraria y se encuentra debidamente motivada, como se puede
apreciar en la resolución de Junta Directiva que corre a folio 55
de este expediente


Por otra parte, acerca de la potestad de Colegio recurrido -y todo
colegio profesional- para imponer sanciones a sus agremiados,
existe copiosa jurisprudencia de la Sala en el sentido de que, al
estar de por medio un acto legislativo que crea una entidad para
que -entre otras cosas- ejerza el control de sus miembros y el
correcto ejercicio profesional, evidentemente le traslada la
potestad sancionatoria, sin la que ese control sería inexistente o
fatuo, resultando así insostenible la tesis de que en ello exista
alguna inconstitucionalidad, pues debe tomarse en cuenta la
naturaleza de los colegios profesionales y la valiosa función que
cumplen para el derecho público y la sociedad


Tampoco tiene asidero alguno la supuesta violación al principio de
juez natural, contenido en el artículo 35 constitucional, pues se
trata de "juzgar" la faltas cometidas a través de órganos
colegiados, lo que en sí mismo constituye una garantía para el
miembro de que se trate, aparte de que, finalmente lo resuelto en
sede del Colegio queda sujeto a una garantía adicional, cual es la
posibilidad de revisión en sede jurisdiccional ordinaria, si fuera
del caso determinar la legalidad de lo actuado y resuelto. En este
sentido, se garantiza así que el Poder Judicial cumpla con su


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función jurisdiccional "exclusiva" y "universal", cuando el
interesado estime que en su caso se han cometido yerros en el seno
del Colegio profesional. La Junta directiva, entonces, se
constituye en el órgano natural (no juez propiamente) para conocer
de infracciones deontológicas de parte de los colegiados, de modo
legítimo y no ad-hoc, pues lo establece de manera general la misma
ley, mientras que, de ser necesario, podría llevarse el asunto a
conocimiento del órgano jurisdiccional -"juez natural"- , quien
ejercería el control pleno y a posteriori de lo actuado, si el
interesado optara por interponer acción judicial contra lo
resuelto por los órganos del Colegio


Con lo anterior, valga repetir lo ya sentado por la jurisprudencia
constitucional, no se da una violación del derecho al trabajo que
tiene toda persona, porque es condición sine qua non del ejercicio
profesional colegiado, no infringir los deberes establecidos en la
normativa aplicable, por manera que la suspensión acordada a un
miembro, si bien puede afectar el ejercicio de la actividad
lucrativa que implica la profesión, ciertamente no veda que esa
persona pueda ejercer otra actividad comercial, laboral o
empresarial lícita, diferente a la que en estricto sentido alcanza
la suspensión acordada (artículo 28 en relación con 50 y 56 de la
Constitución Política)


De lo dicho se desprende que, la potestad sancionatoria se la
traslada la ley directamente al Colegio, siendo el órgano de
gobierno -la Junta Directiva-, al que se le encomienda la
competencia en concreto de conocer y resolver cuestiones
relacionadas con infracciones a los deberes por parte de los
agremiados, por ser el órgano que sesiona con regularidad y que,
por su composición, con mayor agilidad puede tomar las decisiones
que correspondan en esta materia. No puede entenderse que haya
aquí una infracción al derecho de juez natural, juez regular o
juez ordinario predeterminado por la ley contenido en el artículo
35 de la Constitución Política y que esta Sala ha entendido como
integrante del comprensivo principio (derecho) del proceso debido
Por eso, mal podría entenderse que tratándose de sanciones
disciplinarias -no penales-, haya una infracción de esa
naturaleza, cuando el órgano creado por la ley para controlar el
ejercicio profesional aplique el régimen disciplinario, sin que
para ello tampoco sea indispensable la previa tipificación de las
faltas, como sí ocurre en materia punitiva, ya que


"El principio de tipicidad constituye un principio fundamental en


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la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en
el ámbito jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen
sine lege", "nullun poena sine lege" no tiene la rigidez y
exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, por
cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole
disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferente, y los
parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la
potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de
la potestad sancionatoria penal del Estado". (Sala Constitucional,
Voto N 5594-94)


No es de recibo tampoco la alegada violación al derecho de
asociación, pues los colegios profesionales no son agrupaciones
voluntarias de personas, como sí lo son las asociaciones, según se
desprende del siguiente pronunciamiento


"...La Sala opta por la tesis que califica a los colegios
profesionales como manifestación expresa de la llamada
"Administración Corporativa", que es aquella de régimen jurídico
mixto, que engloba a entidades públicas representativas de
intereses profesionales o económicos calificadas por el Derecho
positivo como Corporaciones de Derecho Público. Bajo esta síntesis
definitoria, el colegio profesional resulta ser una agrupación
forzosa de particulares, a la que la ley dota de personalidad
jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los
intereses estrictamente privados, propios de los miembros que lo
integran, son los de ejercer determinadas funciones
públicas..." (Entre otros, ver sentencias de amparo N° 5483-95 y
5645-95)


Conviene indicar también que, ya esta Sala ha externado criterio
positivo en relación con la posibilidad de que los colegios
regulen a través de normativa emanada de ellos mismos, cuestiones
que tengan que ver con su régimen interno, en desarrollo de las
que en principio contienen sus leyes orgánicas. Efectivamente, ha
dicho esta Sala


"En resumen, la (sic) atribuciones de los colegios profesionales
involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de la
profesión; la de gobierno y administración en cuanto al régimen
interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta
en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las
sanciones disciplinarias correspondientes; y la de fiscalización


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del ejercicio profesional..." (Sentencia N°5483-95)


En síntesis, no encuentra este Tribunal Constitucional que el
Colegio recurrido haya conculcado derechos constitucionales del
amparado, con los actos que éste impugna, de manera que procede
declarar sin lugar el presente recurso, como en efecto se hace


Se declara sin lugar el recurso


b) Sobre la incorporación y el derecho al ejercicio profesional


O.J.-123-2001
San José, 10 de setiembre del 2001


Señores (as)
Diputados (as)
Comisión Permanente de Asuntos Sociales
Asamblea Legislativa


Estimados (as) señor(as)
Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a su
oficio CPAS-14316-TXT.SUST.05, de fecha 6 de agosto del 2001, por
medio del cual se solicita el criterio de la Procuraduría General
con respecto al texto sustitutivo del proyecto de Ley denominado
"Incorporación a los Colegios Profesionales mediante exámenes"
-expediente legislativo Nº 14.316-
Sobre el particular, me permito manifestarle lo siguiente


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Consideraciones previas


De previo a emitir nuestra opinión técnico-jurídica sobre el
texto sustitutivo del Proyecto de Ley consultado, resulta
conveniente indicar que la Procuraduría General de la República,
desde su creación, ha tenido a su cargo dos funciones esenciales
la función consultiva y la defensa del Estado en juicio. Respecto
de la función consultiva se ha dicho que es una labor de asesoría
a los órganos activos, preparando la acción de éstos,
facilitándoles elementos de juicio que sirvan de base para la
correcta formación de la voluntad del órgano llamado a actuar


En ese sentido, el objeto de toda consulta es obtener una
opinión previa a la toma de decisiones por parte de la autoridad
competente. Al consultar, el órgano competente pretende que se le
oriente, aclare o determine sobre la decisión a tomar y las
posibles consecuencias jurídicas


Tal y como lo hemos indicado en distintas oportunidades, la
Procuraduría despliega su función consultiva respecto de la
Administración Pública. Sobre el particular, el artículo 4º,
párrafo primero, de nuestra Ley Orgánica, dispone


"Los órganos de la Administración Pública, por medio de los
jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán
consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría,
debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal
respectiva"


De la norma transcrita se desprende claramente que la
Procuraduría emite dictamen a petición de un órgano de la
Administración Pública. A los dictámenes así solicitados, la ley
atribuye efectos particulares, que exceden los típicos de los
actos de administración consultiva. Sobre el particular señala el
artículo 2º de la supracitada ley


"Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General
constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento
obligatorio para la Administración Pública"


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Ahora bien, pese a que la Asamblea Legislativa no integra
orgánicamente la Administración Pública, este Despacho ha estimado
que en consideración a la investidura de los diputados, y como una
forma de colaboración con la Asamblea Legislativa, emitimos
nuestro criterio sobre el referido texto sustitutivo del proyecto
de ley "Incorporación a los Colegios Profesionales mediante
exámenes", mediante la emisión de una opinión jurídica y no por
vía de un dictamen vinculante y obligatorio


De previo a referirnos a su petición, cabe señalar que la
audiencia conferida a la Procuraduría General no está dentro de
los supuestos que establece el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, por lo que el plazo de ocho días hábiles
allí previstos no le resulta aplicable a este órgano superior
consultivo


En todo caso, ofrecemos las disculpas del caso por la demora
en la emisión del criterio solicitado, todo justificado por el
volumen de trabajo propio de este Organo Superior Consultivo


El Derecho Fundamental al Ejercicio Profesional


Si bien es cierto que nuestra Constitución no consagra
expresamente la libertad profesional, esa libertad fundamental,
que tiene como contenido esencial el derecho de elección de la
profesión y el derecho de ejercicio de la actividad profesional
escogida, puede deducirse de la conjución armónica de varios
derechos constitucionales; concretamente de lo dispuesto en los
artículos 46 y 56 de la Carta Política, en virtud de los cuales se
reconocen el derecho al trabajo y la libertad de empresa. (Véanse
al respecto, los dictámenes C-054-2000 de 17 de marzo del 2000 y
C-055-2001 de 27 de febrero del 2001, así como las resoluciones
Nºs 2508-94 de las 10:27 hrs. del 27 de mayo de 1994, 1626-97 de
las 15:21 hrs. del 18 de marzo de 1997 y 7123-98 de las 16:33 hrs
del 6 de octubre de 1998, ambas de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia)


Según lo hemos sostenido en otras oportunidades, al Estado le
corresponde velar por este derecho fundamental al ejercicio de la
profesión, además de ejercer poder de dirección, normación y
control sobre determinadas profesiones liberales tituladas


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facultades éstas últimas que han sido delegadas, conforme a la
Ley, en organizaciones corporativas de Derecho Público: los
Colegios Profesionales; entes públicos no estatales de afiliación
obligatoria para quienes deseen practicar una determinada
profesión titulada


Entre las potestades de imperio delegadas en las Corporaciones
Profesionales, encontramos aquella referida a la autorización del
ejercicio profesional, que se produce cuando el Colegio respectivo
acepta incorporar a un determinado profesional. Y "en ese sentido,
la colegiatura tiene dos efectos primordiales. En primer término,
permite al miembro el ejercicio profesional. En segundo término,
el colegiado asume los deberes propios de su condición de miembro
del Colegio y sujeto a una serie de disposiciones incluso de
naturaleza ética, a que no están sujetos quienes no son
miembros" (Dictámenes C-054-2000 y C-055-2001, op. cit.)


En definitiva, para esta Procuraduría, la incorporación al
Colegio Profesional es un requisito indispensable para el
ejercicio profesional, y una vez materializada dicha colegiatura,
es que nace, de manera efectiva, el derecho fundamental al
ejercicio de la profesión. Sin embargo, hemos sido claros en
admitir que las condiciones y requisitos para la incorporación a
un determinado gremio profesional, constituyen requisitos para
aquel derecho fundamental, pues inciden y condicionan obviamente
su disfrute efectivo (Dictamen C-054-2000, op. cit.) y más
concretamente el derecho al trabajo (Art. 56 constitucional). Por
consiguiente, dichas condiciones deben ser impuestas según lo
exige el régimen jurídico de las libertades públicas


El Régimen jurídico de las libertades públicas


A.-Principio de Reserva de Ley


El régimen de los derechos fundamentales se caracteriza por dos
principios básicos: el de reserva de ley respecto de la regulación
de tales derechos y el "pro libertatis" que informa su


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interpretación. El primero determina que sólo mediante una norma
con rango de ley –en sentido formal y material- o superior a ésta,
pero nunca inferior, es posible regular y, en su caso, restringir
los derechos y libertades fundamentales, siempre y cuando la
restricción sea, además de "necesaria", "útil", "razonable" u
"oportuna", tendente a satisfacer una necesidad social imperiosa
(Ver en ese sentido, entre otras, las resoluciones Nºs 4205-96 de
las 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996, 6273-96 de las 15:30 hrs
del 19 de noviembre de 1996, ambas de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia); Mientras que el segundo determina que
toda norma jurídica debe ser interpretada en forma que favorezca a
la libertad
Como es obvio, interesa aquí la reserva de ley en materia de los
requisitos de incorporación a los Colegios Profesionales


1. - Reserva de ley en materia de requisitos de incorporación


Al respecto, debemos indicar que desde sus inicios, la Sala
encargada de ejercer el control de constitucionalidad de las
normas de cualquier naturaleza de nuestro ordenamiento, dejó
entrever que las condiciones de incorporación a un colegio
profesional deben ser reguladas por ley; esto al sostener que "
además que al pretender aplicarse un reglamento que restringe el
derecho del recurrente a incorporarse en su respectivo colegio
profesional, se ha violado el principio de "reserva de ley" (Véase
al respecto la resolución Nº 13-90 de las 16:15 hrs. del 5 de
enero de 1990, Exp. Nº 267-89, Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia). Y al resolver casos posteriores, más
expresamente indicó que "es facultad exclusiva de cada colegio
profesional disponer los requisitos necesarios para incorporar a
aquellos interesados en ejercer su profesión, los cuales deben ser
establecidos previamente en ley formal" (Resolución Nº 2894-93 de
las 15:09 hrs. del 18 de junio de 1993); Lo cual reafirmó, en otro
asunto, al señalar que "en virtud de concernir al ejercicio de una
profesión, las condiciones de la incorporación a un colegio
profesional, también deben ser reguladas por ley". (Resolución Nº
1626-97 de las 15:21 hrs. del 18 de marzo de 1997)


La siguiente transcripción ilustra de manera clara y lúcida la
posición doctrinal asumida por la Sala Constitucional sobre el
punto en cuestión


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"...cuando la ley sujeta el ejercicio profesional a la
incorporación a un colegio profesional, se da el caso del
surgimiento de un derecho a la inscripción corporativa, que es
expresivo de la libertad de ejercicio de la profesión para cuya
práctica se cuenta con un título académico idóneo. Ese derecho a
la inscripción corporativa está directamente vinculado al derecho
al trabajo y a la libre elección del trabajo (expresamente
reconocidos, en ese orden, en el artículo 56 de la Constitución)
Si el derecho a la inscripción corporativa se hace impracticable
por actos del colegio profesional (o de sus órganos) que no tienen
asidero legal, o si ese derecho se obstaculiza de modo irrazonable
o injusto, se produce inevitablemente un quebranto constitucional
que, como es fácil advertir, lesiona toda esa compleja área de
derechos y libertades". (Resolución Nº 2508-94, op. cit.) (Lo
destacado es nuestro)


Reserva de ley en materia de exámenes de incorporación


Y más concretamente, referido al tema de la instauración de los
exámenes de incorporación, la Sala Constitucional comenzó por
demarcar su posición doctrinal de la siguiente manera


"...ha de otorgarse el amparo pedido porque el Colegio carece de
norma que lo habilite para instaurar un examen de incorporación
No puede aceptarse la argumentación según la cual el principio de
legalidad quedaría respetado porque el Colegio "tiene por
objeto: ...promover y defender el decoro y realce de la profesión
(...) defender los derechos de los miembros del Colegio..."


(...) La médula constitucional del asunto es el atentado al
derecho al trabajo (artículo 56 de la Constitución Política) de
los graduados universitarios. Vale como criterio rector en cuanto
a delimitación y regulación de derechos fundamentales el sentado
por el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por ley.." , y éstas han de ser
razonables y proporcionadas, reserva de ley de todo modo inserta
en el artículo 11 constitucional y en el párrafo primero del 28 y
desarrollada al estatuirse que el régimen de los derechos


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constitucionales está reservado a la ley (Ley General de la
Administración Pública, artículo 19). Así las cosas, ayuno el
Colegio de ley que autorice la instauración del examen que
interesa, ha de acogerse el amparo pedido..."


(Resolución Nº 4538-93 de las 15:18 hrs. del 10 de setiembre de
1993, Exp. Nº 1859-C-91)


Más recientemente, al resolver varios recursos de amparo
interpuestos contra el Colegio de Médicos y Cirujanos, por
pretender instaurar un examen de incorporación, mediante un simple
acuerdo de su Junta Directiva, la Sala ratificó de manera
contundente su postura al efecto


"V.-Ahora bien, podría argüirse que esas observaciones apuntan a
un problema de simple legalidad -a quién le atribuye la ley
competencia-, sin embargo, el problema llega a ser de derechos
fundamentales en la medida en que el engorroso trámite al que se
ven sujetos los amparados tiene como fin el remover obstáculos en
aras de ejercer una profesión. No debe perderse de vista que la
regla en esta materia es que toda persona es libre de escoger la
actividad a la que desea dedicarse, el oficio o profesión que
desea aprender, para luego practicarlo. Sin embargo el ejercicio
de tal libertad puede verse sometido a injerencia de los poderes
públicos para proteger el interés del público destinatario del
servicio médico. Eso sí, esta injerencia no es cualquiera, sino
que, a la luz de los artículos 28 constitucional y 19 de la Ley
General de la Administración Pública rectamente entendidos, es la
del legislador. En otras palabras, tratándose de libertades existe
reserva legal. De modo que, volviendo a este caso concreto, por
reglamento no sólo se está incluyendo en un trámite, cuyo fin
último es el de autorizar el ejercicio profesional, a un órgano
(el Colegio) que en esa etapa no tiene participación decisiva,
sino que con base en esa débil -desde el punto de vista de la
Constitución- posición el órgano se atribuye el poder de imponer
una exigencia más: condiciona dar su autorización a la celebración
de un examen. Como ya se indicó, es elocuente la distancia que
finalmente medió entre el examen de "certificación académica" y la
prestación del servicio social obligatorio, entre la voluntad del
legislador y la del Colegio accionado. El recurso, por tanto, debe
declararse con lugar, advirtiendo al ente recurrido que no es él
quien puede obligar a rendir una prueba como la que se intentó
aplicar a los recurrentes." (Resolución Nº 08725-98 de las 09:15
hrs. del 4 de diciembre de 1998, Exp. 98-007724-007-CO-P; en igual


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sentido, las resoluciones Nºs 08726-98 de las 09:18 hrs. del 4 de
diciembre de 1998, Exp. Nº 98-008100-007-CO-V y 06110-99 de las
09:09 hrs. del 6 de agosto de 1999, Exp. Nº 98-007099-007-CO-P)


De lo expuesto fácilmente se desprende que cualquier restricción
al ejercicio profesional, incluida la imposición del examen de
incorporación, debe estar prevista en la Ley; máxime si se
recuerda que la configuración de los Colegios Profesionales, en
particular sus funciones, composición y organización, deben ser
determinadas obligatoriamente por la ley, sin perjuicio de la que
la corporación pueda establecer a lo interno su autoorganización y
regulaciones deontológicas (Véanse al respecto, las resoluciones
Nº 5483-95 de las 09:33 hrs. del 6 de octubre de 1995 y 3515-96 de
las 16:45 hrs. del 10 de julio de 1996, ambas de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)


Sujeción de los Colegios Profesionales al principio de legalidad


Así las cosas, por el carácter público de las funciones que
despliegan los Colegios Profesionales, en el tanto participan en
el ejercicio de la función administrativa, y por ende se les
considera Administraciónes Públicas, están inexorablemente sujetos
al "principio de legalidad" o "principio de juridicidad de la
Administración", que informa y rige el accionar administrativo,
que en su construcción moderna apunta a la denominada "vinculación
positiva", según la cual "no se admite ningún poder jurídico a
favor de la Administración Pública, que no sea desarrollado de una
atribución normativa precedente" (DROMI, Roberto. "El
procedimiento administrativo". Primera reimpresión: Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 214.); en razón de lo
cual, los Colegios Profesionales únicamente están habilitados para
realizar funciones públicas que encuentren fundamento expreso en
el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus
fuentes (Sobre el principio de legalidad, véase la resolución Nº
1739-92 del 1º de julio de 1992, de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia)


Y debe tomarse en cuenta, que dentro del marco normativo
vigente, la pertenencia o incorporación al Colegio Profesional,
como requisito ineludible para el ejercicio de la profesión
(C-147-97 de 11 de agosto de 1997 y C-055-2001, op. cit.), depende
en nuestro medio únicamente de una cualidad objetiva, cual es


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poseer una profesión titulada, es decir, ostentar un título
académico idóneo
Por las razones expuestas, una ley como la que se propone en el
proyecto consultado, responde adecuadamente, no sólo a las
exigencias legales y constitucionales explicadas sobre la
colegiación obligatoria en algunas profesiones, sino a la
necesidad social imperiosa, fundamentada en el interés público de
que los Colegios Profesionales fiscalicen y garanticen también que
sus miembros tengan una adecuada preparación profesional (Ver
sobre el punto, la resolución Nº 2172-94 de las 16:21 hrs. del 4
de mayo de 1994, Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia), entre otras razones, por la confianza que en ellos
depositarán terceras personas que requieran sus servicios,
pensando especialmente en profesiones en las que se ejerzan
funciones públicas y profesiones muy calificadas por su incidencia
social; Recuérdese que la propia Sala ha reconocido que el
elemento teleológico de estas Corporaciones no es exclusivamente
la defensa de intereses de sus agremiados, sino la defensa de la
colectividad (Ver al respecto, la resolución Nº 5438-95 de las
09:33 hrs. del 6 de octubre de 1995)


Texto consultado


De seguido, procederemos a emitir nuestro criterio, no vinculante,
sobre el texto del Proyecto de Ley consultado, sobre aquellos
aspectos que consideramos relevantes de cada artículo


"Artículo 1: - De la Obligatoriedad


Los Colegios Profesionales Universitarios, creados mediante ley de
la República, realizarán obligatoriamente exámenes o pruebas de
idoneidad profesional y cursos de ética profesional, como
requisitos de cumplimiento obligatorio para la incorporación de
sus miembros."


Comentario
Con este artículo, el llamado derecho a la inscripción


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corporativa, derecho que según la Sala Constitucional es extensivo
de la libertad de ejercicio de la profesión, y estrictamente
vinculado al derecho al trabajo (Art. 56 constitucional), se
condiciona al cumplimiento de dos requisitos inexorables: la
realización, y subsecuente aprobación, de un examen o prueba de
idoneidad profesional y de cursos de ética
Con la anterior previsión de rango legal se está habilitando
expresamente a los diversos Colegios Profesionales a disponer de
tales requisitos para incorporar a todos aquellos interesados en
ejercer determinada profesión; lo cual es acorde al régimen
jurídico de los derechos fundamentales, según el cual la
restricción de la libertad es reserva de ley, y se ajusta con el
principio de juridicidad administrativa, que rige todo el accionar
administrativo de las Corporaciones Profesionales, en el tanto
ejercen funciones de naturaleza pública que le han sido delegadas
por el Estado, pues es la Ley la que determina su competencia
material y respecto de quienes puede ejercer esas potestades
Se reafirma así, que los Colegios Profesionales de incorporación
obligatoria actúan no sólo en interés común y defensa de sus
miembros, sino que aparte de ese interés gremial, existe otro de
mayor jerarquía, la defensa de la colectividad, fundamentada en el
interés público, de que además del título académico idóneo, quién
desee ejercer una profesión, a través del examen o prueba de
idoneidad profesional, demuestre y asegure una preparación
adecuada; y con el curso deontológico, que tenderá a ejercer su
profesión con estricta observancia de las normas y principios
éticas del gremio; todo esto por la índole de la actividad que
despliegan esos profesionales, así como por la confianza que en
ellos depositarán las personas que requieran sus servicios. Todo
esto es un medio de asegurar y garantizar la moral, el orden
público y los derechos de terceros, como justa exigencia del bien
común en una sociedad democrática


"Artículo 2: De la comprobación académica


Al efecto anterior, los Colegios Profesionales podrán solicitar
las certificaciones, títulos y atestados al incorporando para
comprobar la legitimidad del grado académico requerido para la
incorporación


Probada esta condición, quedarán facultados para realizar el
respectivo examen o prueba de idoneidad profesional."


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Comentario
Entre los fines reconocidos en la mayoría de las Leyes Orgánicas o
de creación de las diversas Corporaciones Profesionales,
encontramos aquél referido a verificar que las personas que
solicitan la incorporación al Colegio Profesional cumplan
efectivamente con los requisitos establecidos al efecto
(Resoluciones Nº 2000-04184 de las 16:47 hrs. del 16 de mayo del
2000, y en sentido similar, la 2000-03372 de las 20:01 hrs. del 25
de abril del mismo año, ambas de la Sala Constitucional); De lo
cual se deriva una "potestad implícita" a favor de esas entidades
corporativas, de garantizar, en beneficio del interés común, que
incluso los títulos que expidan las universidades estén ajustados
a derecho y cumplan con las normas vigentes
Es importante advertir que con este artículo se logra llenar, de
manera expresa, el supuesto vacío normativo que, en algún momento,
la Sala Constitucional advirtió, en al menos uno de sus
resoluciones, cuando sostuvo que no existía norma alguna que
facultara a los Colegios Profesionales a cuestionar los títulos
expedidos por las Universidades legalmente autorizadas en el país
(Resolución Nº 2781-91 de las 11:30 hrs. del 26 de diciembre de
1991)
Sin embargo, no debe olvidarse que la competencia no sólo es un
principio de organización sino de legalidad administrativa, pues
todo acto de la Administración Pública tiene que estar previamente
autorizado por una norma, y según lo ha reconocido la propia
doctrina nacional, no es necesario que la asignación de
competencia sea expresa, pues el principio de legalidad permite la
autorización tácita de potestades, comportamientos y poderes
inherentes, aunque falte norma expresa que los confiera (Véase al
respecto ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo. "Tesis de Derecho Administrativo",
2000, p. 16)
En todo caso, estimamos que es jurídicamente saludable la
previsión legal explícita de las potestades que integran esa
competencia específica a favor de los Colegios Profesionales


"Artículo 3: De la finalidad de las pruebas o exámenes
Los exámenes tendrán la finalidad de determinar en forma objetiva,
la idoneidad profesional del solicitante para el ejercicio de la
profesión para la cual solicita la incorporación de acuerdo con la
especialidad del petente


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Dichos exámenes y pruebas serán públicos, imparciales y
equivalentes en su grado de complejidad en cada convocatoria."


Comentario
Como bien lo indicamos, el elemento teleológico de un Colegio
Profesional no es sólo la defensa de los intereses de sus
agremiados, sino la defensa de la colectividad; esto por la
repercusión que puede tener en la sociedad la actuación de los
profesionales, lo cual hace que el Estado haga suyo el interés de
mantener la cohesión y excelencia profesional del grupo. Es ese
interés publico el que legitima la imposición del examen o prueba
de idoneidad aludido como requisito de la incorporación
profesional; Esa es la asignación de atribución o fin que se
persigue con este proyecto de ley


En otro orden de ideas, en cuanto a las características con
las cuales se adjetivan dichos exámenes o pruebas de idoneidad
profesional, éstas vienen a garantizar, de algún modo, un trato
igualitario y objetivo respecto de todos los interesados en lograr
la incorporación a un Colegio Profesional, que necesariamente
tendrán que aplicar las pruebas aludidas


Artículo 4: Del contenido de las pruebas o exámenes


Los exámenes versarán sobre temas, bibliografías y metodologías
Pero no podrán tratar contenidos académicos o doctrinarios
Evaluarán exclusivamente el dominio de tareas y funciones
prácticas de cada profesión mediante casos hipotéticos u otros
instrumentos similares. Los temas y metodología deberán ser hechos
públicos con un mínimo de tres meses de anticipación. Las bases y
condiciones de las pruebas de idoneidad o exámenes se ajustarán en
cada caso, a lo que determine el reglamento aplicable cada Colegio
Profesional Universitario, de conformidad con lo indicado en el
artículo 9 de la presente ley. En su defecto, estarán en vigencia
los temas, bibliografía, metodologías o bases del examen o prueba
inmediata anterior


Comentario


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Es jurídicamente sana la medida tendente a sustraer la evaluación
de aspectos meramente académicos, de la realización de las pruebas
o exámenes de idoneidad profesional; los cuales versarán
únicamente sobre tareas y funciones prácticas de cada profesión
Se evita así un eventual e innecesario conflicto de competencias
con respecto a las universidades, sean éstas públicas o estatales


Por otro lado, en razón de las cuestiones prácticas por evaluarse,
creemos que resulta más que plausible, razonable, el plazo de los
tres meses de antelación previstos para publicar los temas y
metodología de esas pruebas


"Artículo 5: Del derecho a la incorporación


Los incorporandos que aprueben el examen o prueba de idoneidad,
adquirirán el derecho de incorporarse al colegio respectivo. En
caso de reprobación, podrá repetir la prueba o examen las veces
que sea necesario, hasta que logren su aprobación. Los colegios
profesionales harán al menos cuatro convocatorias al año para
realizar estas pruebas o exámenes


Cada Colegio podrá cobrar a los solicitantes los costos de la
realización de los exámenes, suma que deberá ser estimada conforme
los gastos mínimos en que incurre el Colegio para tal efecto."


Comentario
Claro está, que la simple realización del examen o prueba de
idoneidad que se quiere instaurar, no es la condición o requisito
indispensable para obtener la incorporación a un Colegio
Profesional, sino su aprobación por parte de quien desee ejercer
una profesión titulada. Una vez aprobado el examen, el interesado
tendrá derecho a la inscripción corporativa. Lógicamente deberá
cumplir con los otros requisitos, como la aprobación del curso de
ética, y demás trámites previstos en cada Corporación Profesional


"Artículo 6: Del Órgano Ejecutor y el Tribunal Examinador


Cada Colegio Profesional deberá nombrar un órgano ejecutor del
diseño de los exámenes y pruebas así como un Tribunal Examinador
encargado de aplicar y evaluar el resultado de dichas pruebas. Ni


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los miembros del órgano ejecutor ni los del tribunal examinador
tendrán acceso a los documentos presentados por el incorporado a
que se refiere el artículo 2 de esta ley. En caso contrario, el o
los miembros del órgano de que se trate deberán ser removidos y
sustituidos de previo al momento de efectuar las pruebas o
exámenes o entregar los resultados de estos


Tanto el órgano ejecutor como el Tribunal deberán ser conformados
en forma equitativa con profesionales colegiados egresados de las
Universidades Públicas y Privadas."


Comentario
Es recomendable establecer, además de los requisitos que deberán
cumplir las personas que lleguen a formar parte del órgano
ejecutor o del Tribunal Examinador, un régimen más completo de
incompatibilidades e impedimentos con el desempeño del cargo, que
el sugerido en el proyecto. Este aspecto podría ser suplido por
remisión a la normativa dispuesta al efecto por la Ley General de
la Administración Pública, o precisado vía reglamentaria, par lo
cual conviene su previsión


"Artículo 7: De la publicidad de los resultados y los recursos


Los incorporandos tendrán el derecho de conocer los resultados de
sus exámenes en plazo improrrogable de quince días hábiles después
de realizado. El hecho de que tales resultados no sean dados a
conocer dentro del plazo señalado acarreará para los miembros del
Tribunal evaluador las responsabilidades civiles y penales
previstas en la ley, por los perjuicios provocados con su omisión
al incorporando
Los plazos para la interposición de recursos por parte del
interesado comenzarán a correr a partir de la fecha en que el
incorporando sea formalmente enterado de los resultados de su
prueba o examen. El recurso de revocatoria deberá de presentarse
ante el Tribunal que evaluó la prueba. Este recurso se presentará
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del
resultado desfavorable y deberá ser resuelta y comunicado su
resultado al interesado en el plazo máxime de ocho días hábiles
después de presentada


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Cabrá además, recurso de apelación ante el órgano ejecutor del
respectivo colegio. En esta instancia los procedimientos deberán
de ejecutarse tanto por el recurrente como por el órgano dentro de
plazos iguales a los dispuestos para el recurso de revocatoria


La información sobre el resultado favorable de los exámenes será
pública. La comunicación del resultado desfavorable será
confidencial y únicamente dada a conocer al interesado."


Comentario


La complejidad estructural de los diversos componentes de la
Administración Pública se manifiesta de una manera inequívoca, no
sólo en una "alambicada" tramitación de los diferentes
procedimientos administrativos hasta su normal culminación con el
dictado del acto final; sino principalmente, en la fase recursiva,
que se caracteriza por una multiplicidad de plazos para la
interposición y resolución de los recursos correspondientes, así
como, de órganos competentes para resolver esos recursos y por
ende, para agotar la vía administrativa, lo cual produce, sin
duda, la violación de una gran variedad de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la justicia, el debido proceso, la
justicia pronta y cumplida, la tutela judicial efectiva, y la
seguridad jurídica de los administrados. Así, resulta bastante
innovadora la propuesta que se hace en el ante proyecto
consultado, sobre el procedimiento administrativo referido a la
evaluación y resultado de las pruebas de idoneidad profesional
El que se propone es un procedimiento administrativo que tiende a
la uniformidad de plazos, al antiformalismo, a la celeridad, a la
certeza y a la seguridad jurídica; a la simplificación, a la
eficacia y a la eficiencia, y al respeto efectivo de los derechos
fundamentales de todas las personas que se sometan a él
Sin embargo, deberán atenderse, ya sea vía reglamentaria, ciertas
omisiones referidas especialmente al recurso de apelación: ¿ante
quién se formula, sí ante el Tribunal Examinador o ante el órgano
Ejecutor? ¿Deberá o no el inferior (Tribunal Examinador) admitir
el recurso y emplazar a las partes ante el superior (órgano
ejecutor)? ¿O deberá limitarse el inferior a emplazar a las partes
y remitir el expediente y sus documentos al superior, que como
órgano especializado se encargará de su substanciación y fallo del
asunto?


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Deberá analizarse una mejor incorporación formal de los principios
del debido proceso en el trámite del procedimiento administrativo
sugerido ( Aplicación del Principio del Debido Proceso: sentencias
número 1739-92, 5469-95, 0933-96, 3269-96 y 0022-99 dictadas por
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el
artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública
Elementos del Debido Proceso: artículos 39 de la Constitución
Política y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así
como también, las sentencias número 15-90, 300-90, 1129-90,
1739-92, 0852-95, 4257-96, 0022-99 dictadas por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Principios
relativos al ofrecimiento, admisión, acceso y valoración de los
medios probatorios: sentencia número 1739-92 dictada por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los artículos
221, 272, 273 inciso 1), 297 y 298 de la Ley General de la
Administración Pública)
También, será necesario prever cuál será el órgano que, en razón
de sus competencias y relaciones de jerarquía, agotará en estos
casos la vía administrativa; que a nuestro parecer continuará
siéndolo el "máximo jerarca" de las Corporaciones Profesionales
expresión aquella que alude al jerarca administrativo del ente, es
decir, su Junta Directiva o de Gobierno, la cual gobierna y
administra los intereses del grupo en forma continua y permanente


Por último, en cuanto a la confidencialidad de la información
sobre el resultado desfavorable de los exámenes, debemos indicar
que la Procuraduría se ha pronunciado en distintos dictámenes y
opiniones jurídicas respecto del derecho de información sobre
asuntos de interés público que constan en las oficinas públicas
Más recientemente, los pronunciamientos han debido versar sobre la
publicidad de información relacionada con los morosos de
obligaciones pecuniarias con organismos públicos. En todo caso,
resulta aplicable en este caso, la recomendación en la que siempre
se ha insistido, de que en el ejercicio de la función pública los
servidores públicos están en el deber de informar de todas sus
actividades, de rendir cuenta de su gestión y deben someterse al
control que ejercen sobre ellos los administrados, la sociedad
civil y los medios de comunicación colectiva. Sólo pueden retener
aquella información que el Derecho de la Constitución ( valores,
principios y normas) considera como asuntos de interés privado y,
por ende, no media un interés general, y aquélla que ha sido
calificada como secreto de Estado o confidencial. En este último
caso, el Legislativo se encuentra también sometido a rigurosas
exigencias constitucionales, debiendo ajustarse, en todo momento,
a los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad


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a la hora de declarar un documento o información de confidencial,
so pena de nulidad absoluta por violación del Derecho de la
Constitución


"Artículo 8: De la nulidad absoluta


Sin perjuicio de la revisión y actualización de los exámenes,
estos deberán permitir una valoración idéntica para todos los que
se sometan a ellos en la misma convocatoria. Todo cambio que se
efectúe en los exámenes se aplicará por igual a todos los
interesados, a partir del momento que se adopte


Bajo pena de nulidad absoluta, no se podrá hacer discriminación
alguna en razón del postulante, de la universidad de la que se
haya egresado, ni de ninguna otra consideración en razón de su
credo, raza o género que pueda causarle perjuicio, así como de las
consideraciones establecidas en el párrafo primero de este
artículo


En caso de que se produzca alguna discriminación odiosa por las
causas indicadas en este artículo, las pruebas realizadas serán
tenidas como no hechos por los perjudicados."


Comentario
Dicha norma resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 33
constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que resguardan el principio de igualdad ante la ley y la
prohibición de discriminar en cualquier forma la dignidad humana


"Artículo 9: De la Reglamentación


El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los tres
primeros meses posteriores a su publicación. Una vez reglamentada
la ley por el Poder Ejecutivo, quedan autorizados los Colegios
Profesionales por medio de sus respectivas Asambleas Generales
expresamente convocadas al efecto para aprobar la reglamentación
interna aplicable a cada colegio. Una vez aprobada la
reglamentación interna de cada colegio, esta deberá de publicarse


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en el Diario Oficial La Gaceta


Rige un año después, a partir de su publicación


Transitorio Único: Cada Colegio dispondrá del plazo improrrogable
de nueve meses a partir del decreto de reglamentación del Poder
Ejecutivo, para que se promulgue el reglamento interno de
incorporación a que se refiere la presente ley."


Comentario
El ordenamiento jurídico administrativo es una unidad estructural
dinámica en la que coexisten y se articulan una serie de distintas
fuentes del Derecho (Sobre enumeración y clasificación de fuentes,
en materiales, formales, y en escritas y no escritas, véase entre
otros a: ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo,
La relación entre esas diversas fuentes se ordena alrededor del
principio de la jerarquía normativa, según el cual se determina un
orden riguroso y prevalente de aplicación, conforme lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública
Es decir, se trata de saber cuando una fuente es superior a otra
y, en caso de conflicto, desaplicar la de inferior rango
Lo anterior supone, una relación de subordinación, según la cual
"Las normas de la fuente inferior no pueden modificar ni sustituir
a las de la superior. Es el caso de la Constitución frente a la
ley y al resto de las normas del orden, y es también el caso de la
ley frente al reglamento (...) en caso de contradicción prevalece
siempre y necesariamente la ley. Esto expresa y aplica el
principio llamado de "jerarquía". (ORTÍZ ORTÍZ, Ibídem. p. 166)
De conformidad con esa jerarquización, en lo que interesa a esta
consulta, los decretos ejecutivos, que son actos administrativos
de alcance general, deben adecuarse a las normas de mayor rango
que les preceden en el escalafón normativo
Al respecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado reiterada y
coincidentemente, de la siguiente forma


"El reglamento, como producto de la Administración que es, está
subordinado inicialmente al propio campo de las funciones que la
misma tiene atribuidas al concierto público, esto es, propiamente
la función administrativa. Por ello no cabe reconocer que la


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Administración puede dictar reglamentos que puedan suplir a las
leyes en una regulación propia. Así, se llama reglamento a toda
norma escrita, dictada por el Poder Ejecutivo en el desempeño de
las funciones que le son propias. Lo propio del reglamento es que
una norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la
ley. Obra de la Administración, por lo que requiere de una
justificación, caso por caso. Su sumisión a la ley es absoluta, en
varios sentidos no se produce más que en los ámbitos que la ley le
deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o
contradecirlos, no puede suplir a la ley, allí donde ésta es
necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto
contenido. Sobre esta base se articula lo que se llama el "orden
jerárquico de las normas". (Sentencia Nº 6941-96 de las nueve
horas treinta minutos del veinte de diciembre de mil novecientos
noventa y seis, y en sentido similar, entre otros muchos, las
resoluciones Nºs 2382-96 de las once horas quince minutos del
diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, y 5227-94 de
las quince horas seis minutos del trece de setiembre de mil
novecientos noventa y cuatro)
En definitiva, el ordenamiento jurídico administrativo tiene un
orden jerárquico, al que deben sujetarse todos los órganos del
Estado en función del llamado principio de legalidad. Lo que
conlleva, que entratándose de los Colegios Profesionales, al ser
considerados éstos entes públicos no estatales, de afiliación
obligatoria para quienes deseen ejercer una determinada profesión
titulada. (Entre otros, véanse los dictámenes C-328-82 de 20 de
noviembre de 1982, C-198-96 de 5 de diciembre de 1996 y C-127-97
de 11 de julio de 1997), igualmente están inexorablemente sujetos
a dicho "principio de juridicidad de la Administración". (Véase al
respecto, el dictamen C-055-2001 de 27 de febrero del 2001)
Por ende, advertimos que si el presente proyecto de ley logra
pasar el trámite legislativo y se promulga como ley de la
República, los reglamentos que se dicten, tanto por el Poder
Ejecutivo, como por las Asambleas de las diversas Corporaciones
Profesionales, podrán únicamente desarrollar los preceptos aquí
contenidos, no pudiéndose incrementar las restricciones
establecidas ni crear otras no previstas, toda vez que deben
respetar su contenido esencial


Dejamos de esta manera evacuada la audiencia conferida
Sin otro en particular, se despide de usted muy atentamente,


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c) Naturaleza Jurídica de los Colegios Profesionales


C-079-97
19 de mayo de 1997


Dr. Wilburg Jiménez Castro Presidente Junta Directiva Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica S. O


Estimado señor
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero
a su oficio Nº CPCE-JD-054-97 de 19 de marzo de 1997, recibido en
esta Procuraduría el 20 del mismo mes y año, y al oficio Nº
F-097-97, de 2 de abril de 1997, recibido en esta Procuraduría el
4 del mismo mes y año, suscrito este último por Lic. Maynor Solano
Carvajal, Fiscal de la Junta Directiva. Se da respuesta a ambas
consultas, ya que versan sobre el mismo tema, y solicitan
pronunciamiento a fin de aclarar si la autonomía de las
instituciones bancarias las faculta "para hacer nombramientos en
puestos propios de las Ciencias Económicas a personas que no
reúnen los requisitos profesionales o legales, ignorando con ello
la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias
Económicas de Costa Rica"


En el criterio legal que se adjunta a la consulta se señala: "De
igual forma la autonomía asignada constitucionalmente a los Bancos
Estatales para su organización no abarca el ejercicio de las
profesiones llamadas liberales y sus requerimientos los cuales de
manera evidente la Constitución Política ha reservado a que sean
inicialmente reguladas por la legislación ordinaria emanada de la
Asamblea Legislativa


En este sentido, El Banco Crédito Agrícola de Cartago como Banco
Estatal está en la obligación de acatar las disposiciones de la
Ley 7105 del 28 de noviembre de 1988 en cuanto al ejercicio


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profesional dentro de las Ciencias Económicas."


El 7 de abril del año en curso, esta Procuraduría otorgó audiencia
en relación con esta consulta, al Banco Crédito Agrícola de
Cartago, con el propósito de que este ente emitiese su criterio al
respecto


Mediante oficio Nº GG-371-97, de 23 de abril del presente año, el
Banco Crédito Agrícola de Cartago contestó la audiencia conferida
en los siguientes términos: " La posición que defiende el Banco es
la de que cuando exista para un nombramiento discrecionalidad en
elegir entre equis y equis persona, no podría un Colegio
Profesional imponerle que sea un afiliado a él el que se tiene que
nombrar, ello no es posible por cuanto atentaría contra su
autonomía, contra su independencia, sería permitir que otros
organismos co- administraran lo que a todas luces resulta
violatorio de sus derechos constitucionales e iría en contra de
que se logren determinados objetivos al dejar de lado puntos tan
importantes como la experiencia, antiguedad, carrera profesional,
etc."


Sobre los colegios profesionales


En relación con la naturaleza jurídica de los Colegios
Profesionales, esta Procuraduría ha indicado: "Los colegios
profesionales son personas de derecho público de carácter no
estatal a los cuales se les han asignado legalmente funciones,
competencia y potestades de Derecho Público para la protección del
interés público y de los derechos de sus agremiados." (Dictamen
C-088-95 de 17 de abril de 1995.)


Por otra parte, al respecto de la función pública que cumplen los
colegios profesionales, la doctrina señala: "Ocurre sin embargo,
que el Estado les confía además la ordenación, gestión o defensa
de un sector de intereses generales ( de toda la sociedad ), que
se ve afectada por los servicios de tal clase profesional; estos
intereses corresponden originariamente al Estado, pero éste confía
su gestión subordinada a las corporaciones; por ejemplo,
intervención de los Colegios Farmacéuticos en la concesión de
licencias de apertura de farmacias, su objetivo fundamental no es
la protección de los colegiados ni del cuerpo como tal, sino la


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atención farmacéutica de toda la sociedad; pero junto a estos hay
otros intereses "colectivos" del grupo, no individuales, sino
comunes; pero no "públicos", sino privados, los de la profesión
como grupo social, que se afirman tanto frente a cada uno de sus
miembros como frente al resto de la sociedad" ( ARIÑO ORTIZ
Gaspar. Corporaciones Profesionales y Administración Pública,
Revista de Administración Pública, Nº 72, San Jose, 19, p.39.)


También en relación con la función de los Colegios Profesionales,
la Sala Constitucional ha indicado: "(...) La actuación del
Colegio de Abogados, y en general de todos los colegios
profesionales, como ya lo indicó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la opinión consultiva Nº OC-5185 del 13 de
noviembre de 1985, encuentra su razón de ser ( especialmente en
aquellas profesiones que se denominan de carácter liberal ) en el
interés público existente a que exista una preparación adecuada de
sus miembros y una estricta observancia de las normas de la ética
y el decoro profesional
Para la Sala, es precisamente en cumplimiento de este fin de
interés público, que la Ley Orgánica del Colegio de Abogados,
autoriza al Colegio de Abogados para conocer y sancionar las
faltas de sus miembros (...)" (Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, Voto Nº 493-93 de las 9:48 horas del 29 de
enero de 1993)


De acuerdo con los criterios doctrinales y jurisprudenciales
planteados, los colegios profesionales son personas públicas,
creadas con fines de interés público o social. Si bien es cierto
que los colegios profesionales también se ocupan de intereses
privados, en la medida en que defienden los derechos de sus
agremiados, esencialmente estos entes cumplen una función pública
fundamental, cual es la de tutelar el desempeño profesional de sus
egremiados de manera que éste no pueda ocasionar perjuicio a la
sociedad, y en virtud de la cual poseen prerrogativas que los
facultan a regular la actividad profesional que les corresponda,
lo que además tiene como consecuencia el que su actividad sea
regulada por el Derecho Administrativo


Sobre la autonomía bancaria y la colegiatura obligatoria


Al respecto de la colegiatura obligatoria, en el caso de los


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profesionales en Ciencias Económicas, los artículos 15 y 18 de la
Ley Nº 7105 señalan: Artículo 15.-


Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y
los honorarios del Colegio podrán


a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las
Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector
privado
b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los
cuales se requieran conocimientos en materias propias de las
Ciencias Económicas (...)


" Artículo 18.-
(...) el nombramiento de personas no colegiadas en puestos
públicos reservados por esta ley a los miembros del


Colegio, será sancionado conforme con el artículo 335 del Código
Penal (...)" De acuerdo con esta ley, la colegiatura es
obligatoria para que sea posible ocupar cargos públicos cuyas
funciones correspondan al área de las Ciencias Económicas
Ahora bien, en el caso de las instituciones bancarias, también
esta normativa debe ser aplicada, de forma que cuando se va a
hacer un nombramiento en el cual el cargo que se va a desempeñar
compete a las Ciencias Económicas se debe observar el requisito de
la colegiatura obligatoria


Como puede observarse, la colegiatura es un requisito legal, que
debe ser observado aún por las instituciones autónomas. Si bien es
cierto que estos entes cuentan con capacidad jurídica para
autoadministrarse, sus actos deben ser conforme al sistema
normativo, pues se trata de personas de derecho público creadas
para cumplir fines públicos que se enmarcan dentro de los
objetivos del Estado y por lo tanto sujetos al principio de
legalidad


Al respecto debe tomarse en consideración el artículo 11 de
nuestra Constitución Política


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"Artículo 11.-
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad
y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las
leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus
actos es pública." Y el artículo 11 de la Ley General de
Administración Pública dispone


"Artículo 11.-
La Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios
públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala
jerárquica de sus fuentes." En relación al principio de legalidad
al que se encuentra sometida toda la administración pública, la
Sala Constitucional ha señalado: " (...) Partiendo de la anterior
aclaración, la autonomía tal y como se encuentra dispuesta en el
artículo 188 de la Constitución, siginifica que las instituciones
de este orden deben poder administrarse con independencia, esto
es, que con base en el principio de legalidad y dentro de los
alcances de la Carta Política contará con las facultades
administrativas necesarias para llevar adelante su cometido. Una
de esas potestades es la administración autónoma de los recursos
humanos. En este sentido, respecto de su personal, los entes
descentralizados son administrativamente independientes para,
dentro del marco de legalidad, incluyendo su potestad
reglamentaria, nombrar, vigilar, disciplinar, ordenar, la conducta
en forma concreta o a través de circulares, controlar la legalidad
y oportunidad, revisar, sustituir, avocar y delegar." ( Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 495-92 de
las 15:30 horas del 25 de febrero de 1992.)


Por otra parte, debe tomarse en cuenta que los colegios
profesionales cumplen fines públicos y la colegiatura obligatoria
viene a ser una forma de garantizar en alguna medida la idoneidad
del profesional, lo cual, evidentemente favorece el interés de la
sociedad
Al respecto, la Sala Constitucional ha expresado: " En nuestro
Ordenamiento, de conformidad con la ley Orgánica de cada Colegio,
la colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la profesión
respectiva; lo que significa que no basta con tener un título,
sino que además es necesario formar parte de un Colegio, a fin de
ejercer la profesión de conformidad con la legislación vigente. En
este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del


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poder fiscalizador que posee el Estado en aras del bien común, el
cual podría ser ejercido en forma directa o bien, como en el caso
de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en una organización
no estatal -Colegio Profesional-, pues intereses superiores a los
particulares de los administrados exigen que exista un control
sobre la actividad que realiza un grupo determinado de
profesionales por constituir su actividad un servicio público
cumplido a través de sujetos particulares (...) Así, existen
razones de interés público -por ejemplo, garantizar la
responsabilidad de los profesionales- que justifican que los
Poderes Públicos autoricen a los colegios profesionales la
exigencia de dichas obligaciones. En síntesis, se estima que la
colegiatura obligatoria, que sigue nuestro sistema jurídico es
aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan su profesión
conforme a las leyes y disposiciones respectivas, de manera tal
que con la creación de estos Colegios, aquellos puedan ser
supervisados en su función (...) De tal forma que la exigencia del
"deber estar habilitado" no impide ejercitar el derecho al trabajo
o libertad de escogerlo, lo que persigue es establecer un
mecanismo para hacer exigible la obligación de garantizar a la
colectividad el ejercicio de las profesiones liberales
(...)" ( Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto
Nº 0789-94, de las 15:27 hrs del 8 de febrero de 1994)


Resulta evidente entonces, que los preceptos legales referentes a
la colegiatura obligatoria no pueden ser ignorados por las
instituciones bancarias, ya que este requisito atiende a una
necidad de orden público y la autonomía administrativa de la que
gozan estas instituciones no las dispensa de la observancia de la


Conclusiones


De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría considera que
1.-Entre las funciones de los colegios profesionales, resulta
esencial la que se refiere a la tutela del ejercicio de la
profesión, la cual es de interés público


2.-Las instituciones bancarias gozan de autonomía administrativa,
sin embargo se encuentran sujetas al principio de legalidad


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3.-En el caso de los nombramientos en los puestos de jefatura de
las instituciones bancarias, aquellos cargos cuyo desempeño se
encuentre relacionado con el área de las Ciencias Económicas,
deberán ser ocupados por profesionales que se encuentren
incorporados al Colegios de Ciencias Económicas, acatándose de
esta forma las disposiciones legales correspondientes


Sin otro particular, se despide atentamente Dr. Román Solís Zelaya
Procurador Fiscal c.c. Banco Crédito Agrícola de Cartago ISN


d) Incorporación como requisito Indispensable para el ejercicio de
la profesión


C-356-2001
20 de diciembre del 2001


Licenciado
Ricardo Mora Obando
Presidente
Colegio de Contadores Privados de Costa Rica


Estimado señor
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es
grato referirme al oficio sin número de fecha 20 de diciembre del
año próximo pasado, suscrito por el entonces Presidente de ese
Colegio, Lic. Oswaldo Rosales Arrieta, recibido en esta
Procuraduría el día 22 del mismo mes, y asignado a la suscrita el
día 3 de enero del año en curso, adicionado a solicitud nuestra –
oficio N° ADPb-003-2001 de fecha 3 de enero del 2001-, mediante
oficio sin número de fecha 10 de enero del 2001, recibido en esta


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Procuraduría al día siguiente, de la siguiente manera


1. Problema planteado


Se solicita nuestro criterio en torno a las siguientes
interrogantes


1. ¿Deben los tesoreros-contadores de las Juntas de Educación
estar incorporados al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica
para el ejercicio del puesto (decreto ejecutivo N°17763-E
publicado en la Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 1987)?


2. ¿Deben los Contadores de las Municipalidades estar
incorporados a ese Colegio Profesional para ocupar el puesto de
contador general?


3. ¿Cuál es el alcance de la Ley N° 1269 (Ley del Colegio de
Contadores Privados de Costa Rica sobre el Sector Público como lo
son los Ministerios, Instituciones descentralizadas y el Sistema
Bancario Nacional en cuanto a exigir la Colegiatura para los
puestos de Contador 1, 2, 3, 4?


Previo a referirnos a lo anterior, las disculpas del caso por la
dilación en la emisión del criterio solicitado, y no verter la
respectiva respuesta en el tiempo que merece una consulta de esta
índole, justificado por el volumen de trabajo propio de este
Organo Superior Consultivo


Fondo del asunto


Se procede a contestar las preguntas en el mismo orden en que
fueron planteadas


En relación con el punto primero de si deben los Tesoreros-
Contadores de las Juntas de Educación estar incorporadas al


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Colegio, es importante señalar lo siguiente


El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, Decreto Ejecutivo N° 17763-S del 3 de setiembre
de 1987, publicado en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 1987,
en su artículo 62 dispone


"Artículo 62. - Las Juntas de Educación y Administrativas
nombrarán, cuando corresponda según las disposiciones del Código
de Educación fuera de su seno, un Tesorero-Contador que deberá ser
titulado, salvo el caso de inopia, previa autorización de la
Dirección regional de Enseñanza respectiva. Este cargo es
incompatible con el profesor o servidor del Ministerio de
Educación Pública."
Por su parte, el numeral 4 de la Ley Orgánica del Colegio de
Contadores Privados de Costa Rica, N° 1269 del 2 de marzo de 1951,
establece


"Artículo 4º. - Para los efectos de la presente ley sólo se
reconocerán como Contadores Privados a los inscritos en el Colegio
y que no se encuentren suspendidos temporalmente en el ejercicio
profesional."


De conformidad con las normas anteriores, los Tesoreros-
Contadores de las Juntas de Educación además de titulados deben
estar incorporados al Colegio de Contadores Privados de Costa
Rica. Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha sido
clara en manifestar


"En nuestro Ordenamiento, de conformidad con la ley Orgánica de
cada Colegio, la colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la
profesión respectiva; lo que significa que no basta con tener un
título, sino que además es necesario formar parte de un Colegio, a
fin de ejercer la profesión de conformidad con la legislación
vigente. En este orden de ideas, el requisito en cuestión es
consecuencia del poder fiscalizador que posee el Estado en aras
del bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o
bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma
exclusiva en una organización no estatal - Colegio Profesional -,
pues intereses superiores a los particulares de los administrados


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exigen que exista un control sobre la actividad que realiza un
grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un
servicio público cumplido a través de sujetos particulares... Así,
existen razones de interés público - por ejemplo, garantizar la
responsabilidad de los profesionales- que justifican que los
Poderes Públicos autoricen a los colegios profesionales la
exigencia de dichas obligaciones. En síntesis, se estima que la
colegiatura obligatoria, que sigue nuestro sistema jurídico, es
aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan su profesión
conforme a las leyes y disposiciones respectivas, de manera tal
que con la creación de estos Colegios, aquellos puedan ser
supervisados en su función... De tal forma que la exigencia del
«deber estar habilitado» no impide ejercitar el derecho al trabajo
o libertad de escogerlo, lo que persigue es establecer un
mecanismo para hacer exigible la obligación de garantizar a la
colectividad el ejercicio de las profesiones liberales..."


(Voto Nº 0789-94 de las 15:27 horas del 8 de febrero de 1994 en
sentido similar véase los votos números 3515-96 de las 16:45 horas
del 10 de julio y 7041-96 de las 10 horas del 24 de diciembre
ambos del año 1996, así como el 4133-97 de las 18:27 horas del 16
de julio de 1997). (El subrayado es nuestro)


En el mismo sentido, esta Procuraduría ha indicado
"En definitiva, para esta Procuraduría, la incorporación al
Colegio Profesional es un requisito indispensable para el
ejercicio profesional, y una vez materializada dicha colegiatura,
es que nace, de manera efectiva, el derecho fundamental al
ejercicio de la profesión (…) (Dictamen C-054-2000, op. cit.) (…)"


A mayor abundamiento, esta Procuraduría ha sido más precisa y
ha señalado


"Así, todo profesional que ocupe un puesto en el sector público o
privado, en el que por ley se exija su colegiatura obligatoria,
debe estar incorporado a su respectivo colegio profesional como
parte integral de la Administración Pública que son. (…)


La colegiatura obligatoria es el mecanismo jurídico establecido en
la ley que pretende hacer realidad el control y fiscalización de


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interés público que realizan los colegios profesionales
(…)" (Dictamen N° C-058-98 del 1° de abril de 1998)


Por consiguiente, los Tesoreros-Contadores de las Juntas de
Educación deben estar incorporados al Colegio de Contadores de
Costa Rica para el ejercicio de su puesto


Con respecto al segundo cuestionamiento, de si deben los
contadores de las Municipalidades estar incorporados al Colegio a
su cargo para ocupar el puesto de contador general, es preciso
tener en cuenta lo que al efecto dispone el numeral 32 de la Ley
Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, N° 1269
del 2 de marzo de 1951, en cuanto a que toda contabilidad
legalmente obligatoria, deberá ser atendida por contabilistas
autorizados por la Directiva del Colegio


En ese sentido, al remitirnos al Código Municipal en sus
artículos 51 y 52, se establece expresamente que las
Municipalidades deben contar con un contador. Sobre el particular,
indican los mencionados artículos


"ARTÍCULO 51. - Cada municipalidad contará con un contador
además, aquellas con ingresos superiores a cien millones de
colones deberán tener además un auditor


ARTÍCULO 52. - Según el artículo anterior, toda municipalidad
nombrará a un contador o auditor, quienes ejercerán las funciones
de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de
gobierno y de los presupuestos, así como las obras que les asigne
el Concejo. Cuando lo considere necesario para el buen
funcionamiento de los órganos administrativos, la municipalidad
solicitará al Concejo su intervención


El contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos para el
ejercicio de sus funciones (…)"


Por otra parte, como ya lo ha indicado esta Procuraduría "lo que
la ley establezca en materia de colegiatura obligatoria deberá
ser respetado y aplicado por las corporaciones municipales al
igual que las demás instituciones descentralizadas, todo ello como


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producto del principio de legalidad que rige la actividad de los
entes de derecho público, independientemente de su carácter
autónomo (…) Su autonomía no implica autorización alguna para
desaplicar la ley. Por lo que la ley que disponga la colegiatura
obligatoria para el ejercicio de una profesión, deberá ser acatada
por dichas instituciones y municipalidades."


(Dictamen N°C-058-98 del 1° de abril de 1998, en sentido similar
véase también los dictámenes números C-079-97 del 19 de mayo y
C-161-97 del 29 de agosto ambos de 1997)
Así las cosas, los contadores de las Municipalidades deben estar
debidamente incorporados al Colegio


Finalmente, en punto a la interrogante número tres sobre el
alcance de la Ley de Contadores Privados de Costa Rica, N° 1269,
con relación al Sector Público como lo son los Ministerios,
Instituciones descentralizadas y el Sistema Bancario Nacional en
cuanto a exigir la Colegiatura para los puestos de Contador 1, 2,
3, 4, es preciso acotar lo siguiente


Al ser el rango de puestos que nos consultan muy amplio, por
pertenecer a todo el Sector Público, y existir al respecto
diversas características o particularidades propias en cada una de
estos entes o instituciones, se procede a dar respuesta a la
pregunta en forma genérica refiriéndonos a los Contadores en
general, sin ninguna categoría en especial, verbigracia Contador
4, siendo que para la aplicación específica de cada caso deberá la
administración activa interpretarlo conforme a Derecho


Bajo ese contexto, como se expuso líneas atrás, al contestar tanto
el primer como segundo cuestionamiento esta Procuraduría, "todo
profesional que ocupe un puesto en el sector público o privado, en
el que por ley se exija su colegiatura obligatoria, debe estar
incorporado a su respectivo colegio profesional como parte
integral de la Administración Pública que son." (Véase al respecto
el dictamen N° C-058-98 del 1° de abril de 1998)


Además, "lo que la ley establezca en materia de colegiatura
obligatoria deberá ser respetado y aplicado por las corporaciones
municipales al igual que las demás instituciones descentralizadas,
todo ello como producto del principio de legalidad que rige la


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actividad de los entes de derecho público, independientemente de
su carácter autónomo (…) (Procuraduría General de la República
supracitado dictamen N° C-058-98 del 1° de abril de 1998, en
sentido similar véase también los dictámenes números C-079-97 del
19 de mayo y C-161-97 del 29 de agosto ambos de 1997)


Conclusiones


Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de
la República que


1. Deben los Tesoreros-Contadores de las Juntas de Educación estar
incorporados al Colegio de Contadores de Costa Rica para el
ejercicio de su puesto


2. Deben los Contadores de las Municipalidades estar incorporados
al citado Colegio profesional


3. Refiriéndonos a los Contadores en general, sin ninguna
categoría en especial, todo profesional que ocupe un puesto en el
sector público en el que por ley se exija su colegiatura
obligatoria, debe estar incorporado a un respectivo colegio
profesional, como parte integral de la Administración Pública que
Del señor Presidente del Colegio de Contadores de Costa Rica,
deferentemente suscribe,


FUENTES CITADAS


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
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1 ARCE UMAÑA, Iliana. La colegiatura Obligatoria al Colegio de Abogados
como requerimiento para ejercer el Derecho en Costa Rica. Revista de
pp 15-16
2 ARCE UMAÑA, Iliana. Los Colegios Profesionales a la luz del TLC
Revista el Foro. [en línea], [02/04/08] N° 6 del 16/02/07. Disponible
en: http://www.abogados.or.cr/revista_elforo/foro6/20.htm
San José, a las dieciséis horas cincuenta y un minutos del treinta de
octubre de mil novecientos noventa y seis
de 1997
diciembre del 2001