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RESUMEN: En este informe, se muestra el tema de la fiscalización
desde la óptica de los Colegios Profesionales. Se presentan
ejemplos de algunas normativas en diferentes Colegios y el
tratamiento actual a nivel jurisprudencial

SUMARIO
1. DOCTRINA
a. Definición de fiscalizar
b. Ámbito de Fiscalización de los Colegios Profesionales

2. NORMATIVA
a. Colegio de Abogados
i. Código De Deberes Jurídicos, Morales Y Éticos Del
Profesional En Derecho
b. Colegio de profesionales en Informática y Computación
i. Ley Orgánica Del Colegio De Profesionales En
Informática Y Computación

c. Colegio De Contadores Privados De Costa Rica
i. Ley Orgánica Del Colegio De Contadores Privados De
Costa Rica
d. Colegio De Contadores Públicos de Costa Rica
i. Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos1
ii. Reglamento Del Colegio De Contadores Públicos De
Costa Rica
e. Colegio Federado De Ingenieros Y De Arquitectos De Costa
i. Ley Orgánica Del Colegio Federado De Ingenieros Y
De Arquitectos
ii. Código De Ética Profesional Del Colegio Federado
De Ingenieros Y De Arquitectos De Costa Rica
f. Colegio de Ingenieros Químicos


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i. Ley Orgánica Del Colegio De Ingenieros Químicos Y
Profesionales Afines Y Ley Orgánica Del Colegio De
Químicos De Costa Rica
g. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica
i. Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos
h. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
i. Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de
Médicos y Cirujanos
ii. Reglamento para Tramitación de Denuncias ante la
Fiscalía General y el Tribunal De Moral Médica


3. JURISPRUDENCIA
i. Sobre la Fiscalización de los Colegios
Profesionales

ii. Potestad Disciplinaria

iii. Facultad Fiscalizadora de los Colegios
Profesionales

iv. Potestades de los Colegios Profesionales


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DESARROLLO
1. DOCTRINA
a. Definición de fiscalizar

“Fiscalizar: tr. Hacer el oficio de fiscal. || 2. Criticar y traer
a juicio las acciones u obras de alguien.”2

“… fiscalizar implica revisar, inspeccionar, vigilar, con el objeto
de que se esté cumpliendo con determinados parámetros, o
disposiciones. Se deduce que necesariamente el que fiscaliza debe
estar al menos en una posición de independencia del fiscalizado, lo
cual, unido al objetivo precitado, no permite dentro de las reglas
de la sana crítica racional, en sus máximas de la lógica y la
experiencia, conceptuar un fiscal dentro de una relación laboral,
ya que su finalidad y posición, son incompatibles con la finalidad
típica de una relación de trabajo, que es coadyuvar en la
consecución de los fines del patrono, en una posición de
subordinación.”3


b. Ámbito de Fiscalización de los Colegios Profesionales
“Con relación al tema de la naturaleza de los Colegios
Profesionales y sus alcances, la Sala Constitucional ha sido clara
y reiterativa en el tema de la potestad fiscalizadora de los
Colegios Profesionales estableciendo expresamente que
“En nuestro Ordenamiento, de conformidad con la ley
Orgánica de cada Colegio, la colegiatura es obligatoria a
fin de ejercer la profesión respectiva; lo que significa
que no basta con tener un título, sino que además es
necesario formar parte de un Colegio, a fin de ejercer la
profesión de conformidad con la legislación vigente.”
El poder de fiscalización, cuya competencia, poder de imperio y
facultad de juzgar y sancionar ha sido reconocido por la Sala
Constitucional, sólo en tanto y en cuanto tenga injerencia directa
con el ejercicio profesional de sus agremiados, a quienes debe
fiscalizar en aras de proteger el interés público, sin que en
momento alguno se le reconozcan u otorguen potestades, frente a
personas o entidades que no se encuentran agremiadas, ni forman
parte del Colegio, sino que delimitando el ámbito de competencia en
el cual se debe desarrollar la competencia pública de los Colegios
Profesionales, la Sala Constitucional ha establecido
“…existen razones de interés público -por ejemplo,
garantizar la responsabilidad de los profesionales- que
justifican que los Poderes Públicos autoricen a los


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colegios profesionales la exigencia de dichas
obligaciones. En síntesis, se estima que la colegiatura
obligatoria, que sigue nuestro sistema jurídico, es
aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan su
profesión conforme a las leyes y disposiciones
respectivas, de manera tal que con la creación de estos
Colegios, aquellos puedan ser supervisados en su
función.”.4


2. NORMATIVA
a. Colegio de Abogados
i. Código De Deberes Jurídicos, Morales Y Éticos Del
Profesional En Derecho5

CAPÍTULO IX

Artículo 74
La Fiscalía del Colegio de Abogados está adscrita al Fiscal y será
el órgano director en todos los procedimientos disciplinarios que
se establecieren contra los abogados y las abogadas. En caso de
inhibición, recusación o impedimento del Fiscal, la Junta Directiva
designará un Fiscal Ad Hoc

Artículo 75
Siempre y cuando no sean iniciados de oficio, los procedimientos
disciplinarios se trasladarán, de previo al dictado de su apertura,
al Centro de Justicia Alternativa para intentar una conciliación
satisfactoria entre las partes. Una vez intentada la conciliación,
el Centro de Justicia Alternativa devolverá el expediente a la
Fiscalía con indicación escrita de lo ocurrido para que se proceda
conforme a derecho

b. Colegio de profesionales en Informática y Computación
i. Ley Orgánica Del Colegio De Profesionales En
Informática Y Computación6

Fiscalía
Artículo 25. Integración

La Fiscalía estará compuesta por un Fiscal, nombrado por la
Asamblea General, que actuará en forma independiente de la
Junta Directiva y ejercerá una función contralora sobre las
actividades del Colegio


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El Fiscal permanecerá dos años en su cargo y podrá ser reelegido
por una sola vez en forma consecutiva

Artículo 26. Funciones del Fiscal
Al Fiscal le corresponderá

a) Velar por el cumplimiento de esta ley, los reglamentos
del Colegio y la debida ejecución de los acuerdos y resoluciones
de la Asamblea General y la Junta Directiva
b) Revisar, por lo menos trimestralmente, los registros de la
Tesorería y los estados financieros del Colegio
c) Participar en las reuniones de Junta Directiva con voz, pero
sin voto
d) Rendir un informe anual a la Asamblea General
Ordinaria
e) Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere
conveniente
f) Oír las quejas de los miembros del Colegio sobre violaciones a
esta ley o su reglamento y realizar la investigación pertinente

c. Colegio De Contadores Privados De Costa Rica
i. Ley Orgánica Del Colegio De Contadores Privados De
Costa Rica7
CAPITULO VIII

Artículo 24: Las opiniones técnicas que se soliciten al Colegio se
evacuarán por medio de Comisiones de Consulta que integrará la
Junta Directiva cuando sea del caso. El pronunciamiento estará a
cargo de la Junta Directiva, con base al informe de la Comisión de
Consulta

La Junta Directiva podrá fijar de previo a evacuar la consulta, un
horario justo cuyo importe se distribuirá así: El veinticinco por
ciento para los Fondos del Colegio y el setenta y cinco por ciento
entre los miembros de la Comisión de Consulta que haya sido
nombrada para el caso

Artículo 25: Las diferencias de orden moral que se susciten entre
los colegiados con motivo del ejercicio profesional exclusivamente,
serán dirigidos por el Tribunal de Honor

Artículo 26: El tribunal de Honor será integrado en su oportunidad
por la Junta Directiva y constará de cinco miembros del Colegio


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CAPITULO UNICO
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 27: Las correcciones disciplinarias aplicables por la
Junta Directiva a los miembros del Colegio, son las siguientes

a. Amonestación Privada

b. Amonestación Pública

c. Multa hasta de trescientos colones

d. Suspensión temporal o definitiva de todos los derechos
inherentes a los Contadores inscritos en esta Institución


d. Colegio De Contadores Públicos de Costa Rica
i. Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos8
Artículo 1.-

El ejercicio de la profesión de Contador Público queda sujeto a las
prescripciones de la presente ley y a las disposiciones
reglamentarias correspondientes

El ejercicio privado de la contabilidad seguirá realizándose en la
forma y con los alcances hasta ahora establecidos, tanto en lo que
se refiere a las disposiciones legales vigentes, como en lo que
respecta a los usos y costumbres comerciales

Artículo 3.-

Para ejercer la profesión de Contador Público Autorizado se
requieren las siguientes condiciones

a) Ser mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles

b) Ser de reconocida solvencia moral

c) Poseer el título de Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales
que otorga la Universidad de Costa Rica en la rama de
especialización contable de la Escuela de Ciencias Económicas y


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Sociales, o haber sido incorporado con igual carácter en el Colegio
de Contadores Públicos

d) Rendir garantía mínima por diez mil colones ( 10,000.00) que
deberá ser póliza de Fidelidad extendida por el Instituto Nacional
de Seguros, a favor de la Procuraduría General de la República

Para poder certificar con fines tributarios, la póliza ha de ser
necesariamente de un mínimo de veinticinco mil colones (
25,000.00) y el Contador hará constar, al firmar la certificación,
que su póliza está en pleno vigor, lo cual tendrá la trascendencia
de declaración jurada. En cualquiera de los casos, las pólizas
deberán permanecer en custodia del Colegio, el que estará obligado
a hacer público el nombre del asegurado, si al vencimiento de la
póliza ésta no hubiere sido renovada

e) Tener cuando menos dos años de práctica como Contador en las
condiciones que determine el reglamento respectivo; y

f) En los casos de ciudadanos extranjeros, además de los anteriores
requisitos es indispensable que hayan residido permanentemente en
Costa Rica, durante los últimos cinco años anteriores a la
presentación de los demás requisitos de este artículo. Además que
entre el país de su nacionalidad y Costa Rica, haya convenio de
reciprocidad vigente para el ejercicio de la Contaduría Pública y
que dentro de los dos años siguientes a su incorporación al
Colegio, obtengan la nacionalidad costarricense

La Junta Directiva del Colegio determinará en cada caso el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y
decidirá sobre la aceptación o el rechazo de la petición

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 5164,
de 19 de enero de 1973

Artículo 4.-

La profesión de Contador Público sólo podrá ser ejercida por los
Contadores Públicos Autorizados en el pleno goce de sus derechos
Queda prohibido a quienes no lo sean, anunciarse como tales o usar
esas denominaciones o las iniciales correspondientes, bajo pena de
ser sancionados en cada caso en la forma que determinan los
artículos 167 y 168 del Código de Policía

Artículo 14.- Son funciones del Colegio


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a) Promover el progreso de la ciencia contable y sus afines

b) Cuidar del adelanto de la profesión en todos sus aspectos, de la
defensa colectiva y del normal desenvolvimiento de las actividades
profesionales, procurando el mejor desarrollo de la enseñanza en el
ramo. A ese fin cooperará con la Universidad de Costa Rica y
aconsejará las reformas legales o reglamentarias que considere de
necesidad

c) Dar opiniones, evacuar las consultas técnicas que se le hagan, y
dirimir los conflictos que pudieran presentarse entre sus
integrantes o que le fueren sometidos en calidad de arbitraje en
materia de su competencia

ii. Reglamento Del Colegio De Contadores Públicos De
Costa Rica9
Artículo 58.- Comisión de Fiscalía

Para auxiliar la labor del Fiscal del Colegio, existirá la Comisión
de Fiscalía, presidida por el mismo Fiscal

Capítulo VIII
Tribunal de Honor
Artículo 61.- Competencia

Corresponde al Tribunal de Honor juzgar en conciencia las
violaciones al Reglamento de Ética Profesional

Dicho Reglamento y sus modificaciones serán aprobados por la Junta
Directiva por dos tercios del total de sus votos

El Tribunal sólo conocerá de los casos que le someta la Junta
Directiva


e. Colegio Federado De Ingenieros Y De Arquitectos De Costa
i. Ley Orgánica Del Colegio Federado De Ingenieros Y
De Arquitectos10
Artículo 4.-

El Colegio Federado tiene los siguientes fines primordiales


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a) Estimular el progreso de la ingeniería y de la arquitectura, así
como de las ciencias, artes y oficios vinculados a ellas

b) Velar por el decoro de las profesiones, reglamentar su ejercicio
y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su
reglamento y reglamentos especiales del Colegio Federado, así como
lo dispuesto en las leyes y reglamentos relativos a los campos de
aplicación de las profesiones que lo integran

c) Promover las condiciones educativas, sociales, económicas,
técnicas, artísticas y legales necesarias para la evolución de las
profesiones que lo integran y cooperar con las instituciones
estatales y privadas en todo aquello que implique mejorar el
desarrollo del país

d) Promover la contribución de las profesiones en forma dinámica en
su aplicación en asuntos de interés público, para lo cual nombrará
comisiones permanentes de análisis y estudio de los problemas
nacionales

e) Organizar, patrocinar y participar en congresos, seminarios,
publicaciones, conferencias, exposiciones y en todos aquellos actos
que tiendan a la mayor divulgación y progreso de las profesiones
que lo integran, así como promover la técnica, las artes y la
cultura

f) Defender los derechos de sus miembros y gestionar o acordar,
cuando ello fuere posible, los auxilios que estime necesarios para
proteger a sus colegiados

g) Dar opinión y asesorar a los Poderes del Estado, organismos,
asociaciones e instituciones públicas y privadas, en materia de la
competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio
Federado

h) Mantener el espíritu de unión entre los miembros de los
diferentes colegios y fomentar la colaboración recíproca y la
integración de las profesiones

i) Promover el acercamiento y cooperación con otros colegios,
sociedades y asociaciones profesionales, de técnicos,
costarricenses y extranjeros; y en especial ayudar a realizar los
propósitos de integración profesional centroamericana


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j) Procurar expresamente la formación, dentro del seno de cada uno
de los colegios, de las asociaciones que lleguen a acordar aquellos
de sus miembros que ejerzan actividades afines o especialidades,
como medio de estimular el acercamiento profesional. El
reconocimiento y las relaciones de estas asociaciones con los
colegios respectivos serán reguladas por un reglamento especial

Artículo 59.- Cuando llegare a conocimiento del Director Ejecutivo
cualquier queja o violación a los principios de Ética Profesional,
la pondrá a conocimiento de la Junta Directiva General, la que
procederá al nombramiento de un Tribunal de Honor para que instruya
la causa respectiva

Este Tribunal estará integrado por el Director Ejecutivo y dos
miembros (*) nombrados por la Junta, de acuerdo con el reglamento
respectivo

Este Tribunal escuchará al ofendido y al profesional en cuestión,
recibiendo todas las pruebas que ofrezcan las partes en conflicto
Una vez terminada la instrucción, pasará el asunto a la Junta
Directiva General junto con su informe en un plazo no mayor de
treinta días

(*) Por resolución de la Sala Constitucional N° 5133 de las 14:46
hrs del 28 de mayo del 2002 se anuló por inconstitucional la
palabra "activos" pero únicamente en cuanto se utiliza para hacer
la diferencia de trato con los miembros asociados

Artículo 60.- La Junta Directiva General resolverá el asunto en una
sesión especial por votación secreta y fallando en conciencia,
dentro de los quince días después de recibir el informe del
Tribunal de Honor

Antes de resolver el asunto y cuando estimare que es preciso
aclarar cualquier punto o allegar nuevas pruebas, la Junta
Directiva General podrá resolver que se amplíe la investigación,
para lo cual dará al Director Ejecutivo las instrucciones del caso
La ampliación no podrá ser mayor de quince días para completar la
investigación

(Así reformado por Ley Nº 5361 de 16 de octubre de 1973, artículo

Artículo 61.- Si la Junta Directiva General estimare procedente la
queja, impondrá al culpable alguna de las siguientes sanciones


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a) Amonestación confidencial b) Suspensión temporal hasta por dos
años de los derechos y prerrogativas inherente a los miembros del
Colegio Federado

c) ANULADO (Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº
5401 de las 16 horas del 3 de octubre de 1991)

Estas sanciones podrán ser aplicables también a los asociados de
cualquiera de los colegios

El fallo de la Junta Directiva General será inapelable y cuando lo
estime necesario, se publicará en el Diario Oficial


ii. Código De Ética Profesional Del Colegio Federado
De Ingenieros Y De Arquitectos De Costa Rica11
Artículo 21.-

Las sanciones disciplinarias, de conformidad con lo que establece
el artículo 61 de la Ley Orgánica, serán

a) Amonestación confidencial

b) Suspensión temporal hasta por dos años de los derechos y
prerrogativas inherentes a los miembros del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Artículo 22.-

Para la adecuación de las sanciones indicadas en este Código de
Ética Profesional se tomará en cuenta la gravedad de la falta, así
como el monto de los daños causados si los hubiere, el número de
personas y estado socioeconómico afectado

Artículo 22 Bis.-

Se podrá ampliar hasta veinticuatro meses, cualquier suspensión
estipulada en todos los artículos incluidos en el Código de Ética
Profesional si la acción o conducta pone en riesgo la salud, la
vida o la integridad física de las personas

Artículo 22 Ter.- (*)

De previo a dictar la sanción que corresponda, la Junta Directiva
General podrá tomar en consideración la voluntad del infractor en
reparar el daño causado. Si existiere un acuerdo con la persona


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perjudicada, donde se compruebe que se han reparado los daños
causados, la Junta Directiva General podrá imponer una sanción
menor, en lugar de la sanción que le hubiere correspondido


(*) El presente artículo 22 Ter ha sido adicionado mediante Acuerdo
No. 3 de la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitéctos de Costa Rica de 2 de marzo del 2006. LG#
60 de 24 de marzo del 2006
Artículo 23.-

En el caso de reincidencia, se le impondrá al infractor la sanción
tipificada para el último hecho cometido, pudiendo aumentarse la
misma a juicio de la Junta Directiva General, pero sin que pueda
pasar del máximo fijado para esa falta
Artículo 24.- (*)


La Junta Directiva General, en aquellos casos en que la situación
especial del sancionado así lo amerite, podrá imponer una ejecución
condicional de la sanción, siempre que la falta cometida no amerite
una inhabilitación superior a los doce meses


En estos casos, se suspenderá la ejecución de la sanción impuesta y
el sancionado deberá cumplir, por el término que ordene la Junta
Directiva General y sin que sea menor a la inhabilitación
decretada, con un servicio comunal que será determinado por la
Dirección Ejecutiva. Si el sancionado no cumpliere con las
condiciones establecidas por la Junta Directiva General, se
revocará el beneficio concedido y se procederá a aplicar la sanción
establecida, en forma íntegra. Vencido el plazo de la ejecución
condicional concedido al sancionado, y habiendo cumplido en forma
satisfactoria las condiciones que le fueron impuestas, se tendrá
por extinguida la sanción

(*) El presente artículo ha sido agregado mediante Acuerdo No. 3 de
la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitéctos de Costa Rica de 2 de marzo del 2006. LG# 60 de 24 de
marzo del 2006

Artículo 25.- (*)

Cuando con una misma conducta se violen varias disposiciones del
presente Código, se aplicará la sanción establecida para la falta


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más grave. Sin embargo, cuando en diferentes actuaciones se hayan
cometido varias faltas iguales o diferentes, para cada caso se
impondrá la sanción correspondiente a cada una de las faltas
cometidas

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Acuerdo No. 3
de la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitéctos de Costa Rica de 2 de marzo del 2006. LG# 60 de 24 de
marzo del 2006

f. Colegio de Ingenieros Químicos
i. Ley Orgánica Del Colegio De Ingenieros Químicos Y
Profesionales Afines Y Ley Orgánica Del Colegio De
Químicos De Costa Rica12
Artículo 4.- Objetivos

Los objetivos del Colegio serán los siguientes

a) Fomentar y defender el ejercicio de la Ingeniería Química y las
profesiones afines

b) Velar porque las normas que regulan el ejercicio profesional de
los miembros del Colegio se ajusten a la ética y a la buena
práctica profesional

c) Autorizar, regular y fiscalizar el ejercicio profesional de los
agremiados, vigilando que todas las actividades científicas,
técnicas, industriales y comerciales relacionadas con la
especialidad de los miembros que integran el Colegio, se lleven a
cabo con el concurso de los profesionales idóneos

d) Impulsar, entre los miembros del Colegio, la capacitación, el
espíritu de unión y la superación

e) Colaborar con el Estado, las instituciones de educación
superior, los institutos, los centros de investigación y otras
instituciones pertinentes, en el desarrollo de la Ingeniería
Química y las profesiones afines, con el propósito de atender las
necesidades del país

f) Evacuar las consultas en la materia de su competencia o por
propia iniciativa; asimismo, asesorar a instituciones, organismos y
asociaciones públicas y privadas, en lo relativo a sus
especialidades


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g) Promover, entre los miembros del Colegio, el intercambio
académico, científico y profesional y actividades de otra
naturaleza, así como con organizaciones y autoridades nacionales y
extranjeras, a fin de favorecer la divulgación, la enseñanza, el
progreso y la actualización de los ingenieros químicos y los
profesionales afines

h) Fomentar el desarrollo de industrias relacionadas con la
Ingeniería Química y las profesiones afines

i) Auspiciar las agrupaciones gremiales que se formen para
contribuir con los objetivos del Colegio

j) Promover las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta

k) Brindar asesoría a las instituciones públicas y privadas que se
lo soliciten, en lo referente al establecimiento de normas técnicas
que rijan los concursos profesionales relativos al ejercicio de la
Ingeniería Química y las profesiones afines

l) Las demás atribuciones que las leyes, los reglamentos generales
y los reglamentos internos le señalen

CAPÍTULO VIII

La Fiscalía

Artículo 44.- Composición

La Fiscalía del Colegio estará integrada por una sola persona

Artículo 46.- Funciones del fiscal

Serán funciones del fiscal

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley y los Reglamentos del
Colegio, así como por la debida ejecución de los acuerdos y las
resoluciones de la Asamblea General y la Junta Directiva

b) Revisar trimestralmente los registros de tesorería o los estados
bancarios y revisar el procedimiento de manejo de las cuentas del
tesorero


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c) Promover, junto con el presidente, las acusaciones judiciales
contra quienes ejerzan ilegalmente la profesión

d) Presentar un informe anual, ante la Asamblea General, sobre las
actuaciones de la Junta Directiva

e) Velar por el buen ejercicio profesional de la profesión, así
como por los derechos y deberes de los asociados

f) Las demás funciones comprendidas en el presente título y su
Reglamento

Artículo 49.- Proceso de investigación

Cuando el Colegio conozca una queja por violación, por parte de
alguno de sus miembros u órganos, del presente título, su
Reglamento, los reglamentos y las resoluciones internas o el Código
de Ética Profesional, la Junta Directiva o el fiscal pondrán en
conocimiento del Tribunal de Honor la denuncia correspondiente

El Tribunal, siguiendo el debido proceso, escuchará al ofendido y
al profesional en cuestión y recibirá todas las pruebas que aporten
las partes en conflicto; para todo ello gozará de un plazo de
sesenta días naturales, contado a partir de que se aboque al
conocimiento del asunto. Una vez terminada la investigación, el
Tribunal de Honor adoptará la resolución correspondiente, mediante
votación secreta

Contra el fallo dictado por el Tribunal de Honor cabrá el recurso
de revocatoria, así como el recurso de apelación ante la Junta
Directiva, salvo cuando la denuncia sea contra esta o alguno de sus
miembros, pues en tal caso el recurso de apelación deberá ser
conocido y resuelto por la Asamblea General

Artículo 50.- Sanciones disciplinarias

Las sanciones disciplinarias que el Tribunal de Honor podrá imponer
de acuerdo con el artículo anterior, serán

a) Amonestación oral o escrita

b) Suspensión temporal, del ejercicio de la profesión, hasta por
dos años, en los casos que no sean relativos al incumplimiento en
el pago de las cuotas obligatorias


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c) Inhabilitación para ejercer cualquier cargo del Colegio durante
un período hasta de dos años

g. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica
i. Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos13
Artículo 50.- La Fiscalía de este Colegio será un órgano
unipersonal de control y, en el desempeño de sus funciones, contará
con la colaboración del fiscal ejecutivo y de los miembros que
designe la Junta Directiva

Artículo 52.- Son deberes de la Fiscalía

a) Preparar los Reglamentos Internos y someterlos, por medio de la
Junta Directiva, a conocimiento de la Asamblea General

b) Recibir, estudiar y recomendar a la Junta Directiva, las
solicitudes de ingreso a este Colegio, de conformidad con la
presente Ley, con su Reglamento y con las disposiciones legales de
la Asamblea General, que no contravengan las disposiciones de los
citados instrumentos de Ley

c) Conocer las denuncias que se hagan sobre posibles infracciones a
las disposiciones legales que afecten los intereses de los miembros
de este Colegio y actuar de conformidad con sus facultades o
recomendar lo que proceda a la Junta Directiva o a la Asamblea
General, según corresponda

ch) Conocer e investigar las denuncias que se hagan de infracciones
de esta Ley, a su Reglamento y otras faltas cometidas por parte de
los miembros del Colegio

d) Auxiliar y asesorar a los miembros de este Colegio que
encuentren obstáculos en el libre ejercicio de sus actividades
profesionales

e) Realizar los estudios necesarios en las instituciones de la
administración pública y de la empresa privada, a fin de determinar
que los puestos creados para ser ejercidos por profesionales en
Ciencias Agropecuarias, estén ocupados por miembros de este
Colegio, de conformidad con las disposiciones establecidas sobre el
ejercicio profesional en Ciencias Agropecuarias

f) Atender todo lo relacionado con el nombramiento de regentes
designados por el Colegio para diferentes actividades
agropecuarias


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g) Vigilar porque todos los peritajes en materia agropecuaria sean
realizados exclusivamente por miembros de este Colegio

h) Suspender de sus funciones a los regentes, en caso de
incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia

i) Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes y Reglamentos
que regulen el ejercicio de las Ciencias Agropecuarias en el País y
denunciar, ante la Asamblea General o ante las autoridades de la
República, aquellas violaciones que llegue a constatar

j) Vigilar porque la Junta Directiva de este colegio y los
diferentes funcionarios administrativos y de cualquier otra índole,
cumplan cabalmente con los preceptos legales y las disposiciones de
la Asamblea General

k) Convocar a Asambleas Generales cuando no lo haga la Junta
Directiva y, cuando esté en la obligación legal de hacerlo o cuando
se dé la existencia de hechos o de circunstancias que lo ameriten,
para la buena marcha de este Colegio

l) Todos aquellos otros asuntos que le encomiende la Asamblea
General

Artículo 57.-

Son atribuciones del Tribunal de Honor

a) Luchar por el prestigio y decoro de este Colegio y porque la
conducta de sus miembros se ajuste a las normas establecidas en el
Código de Ética Profesional

b) Conocer y dictaminar sobre las denuncias o acusaciones que, por
medio de la Junta Directiva o de la Fiscalía, se le imputen a los
miembros de este Colegio

c) Brindar la defensa, cuando así lo tuviera por justo y
conveniente, a los miembros del Colegio que hubieran sido afectados
en su decoro y buena reputación

ch) Las demás funciones que esta Ley y su Reglamento le señalen

Artículo 58.-


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Los asuntos sometidos a la consideración del Tribunal de Honor, que
en su concepto tengan mérito para establecer una sanción a algunos
de los miembros del Colegio, serán remitidos a la Junta Directiva
para que sea ésta la que imponga alguna de las siguientes penas

a) Amonestación por escrito

b) Suspensión temporal de la condición de miembro de este Colegio

c) Expulsión

El fallo se publicará, cuando expresamente lo ordene el Tribunal

h. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
i. Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de
Médicos y Cirujanos14
Artículo 33- Son funciones del fiscal

Vigilar estrictamente el cumplimiento de la Ley Orgánica y
Reglamentos del Colegio
Representar judicialmente al Colegio en sustitución del presidente
cuando así lo acordare éste o la Junta
Promover ante quien corresponda el juzgamiento de los miembros del
Colegio o de los autorizados por éste para ejercer alguna actividad
profesional que delinquieren en la observación de la Ley o de los
Reglamentos respectivos y en cumplimiento de los deberes
profesionales, e informar a la Junta de gobierno de cualquier
aspecto que a su juicio debe conocer
Dar parte a las autoridades respectivas de la faltas o delitos que
llegaren a su conocimiento por ejercicio indebido o ilegal de la
profesión
Llevar un registro de los nombres de las personas que fueren
juzgadas por los hechos a que se refiere el inciso anterior


ii. Reglamento para Tramitación de Denuncias ante la
Fiscalía General y el Tribunal De Moral Médica15
ARTÍCULO 1º: Toda denuncia que se presente en el Colegio de Médicos
y Cirujanos contra alguno de sus afiliados deberá ser entregada por
una persona debidamente identificada en las oficinas de la Fiscalía
General. Si por cualquier motivo la denuncia fuese recibida por
otra persona u oficina, ésta deberá ser enviada inmediatamente a la
Fiscalía. Si la denuncia es entregada personalmente por otra
persona que no sea el denunciante o enviada por correo tradicional,


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la misma debe estar autenticada por un abogado

ARTÍCULO 2º: Corresponderá al Fiscal General calificar si la
denuncia debe seguir tramitándose en esa dependencia o es un asunto
que es competencia del Tribunal de Moral Médica

ARTÍCULO 3º: Cuando el asunto fuese competencia de la Fiscalía
General, ésta recavará todas las pruebas pertinentes para
determinar la verdad real de los hechos. Una vez terminada la
investigación, la Fiscalía someterá el asunto a la Junta de
Gobierno, con sus recomendaciones, para que dicho órgano tome la
resolución que en derecho corresponda

ARTÍCULO 4º: Cuando se tratare de consultas o asuntos que la
Fiscalía no considere complejas de evacuar, ésta podrá responderlas
directamente sin necesidad de elevar el asunto a la Junta de
Gobierno y deberá rendir un informe sobre la denuncia, la
información recabada, el criterio emitido y su fundamentación a la
citada Junta de Gobierno

ARTÍCULO 5º: Cuando la Fiscalía recomendare que una determinada
denuncia es competencia del Tribunal de Moral Médica, abrirá un
expediente que incluirá hora y fecha de la resolución de apertura,
el nombre del denunciante y del denunciado, y elevará el caso ante
la Junta de Gobierno; ésta en su próxima sesión ordinaria estudiará
el caso y ordenará abrir el respectivo procedimiento disciplinario,
nombrando al Tribunal de Moral Médica como órgano encargado del
procedimiento

ARTÍCULO 6º: Recibido el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno
que ordena abrir el correspondiente procedimiento disciplinario, el
Tribunal de Moral Médica recabará toda la documentación presentada
por el denunciante y el acuerdo de la Junta de Gobierno que lo
nombró órgano encargado del procedimiento disciplinario

ARTÍCULO 26º: En lo expresamente no regulado en este Reglamento, se
aplicará supletoriamente la Ley General de la Administración
Pública, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos Costa
Rica y su Reglamento ejecutivo


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3. JURISPRUDENCIA
i. Sobre la Fiscalización de los Colegios
Profesionales
“El Artículo 313 del Código Penal, expresamente dispone: "

Artículo 313: Será reprimido con prisión de tres meses a dos años,
el que ejerciere una profesión para la que se requiere una
habilitación especial sin haber obtenido la autorización
correspondiente." En nuestro Ordenamiento, de conformidad con la
ley Orgánica de cada Colegio, la colegiatura es obligatoria a fin
de ejercer la profesión respectiva; lo que significa que no basta
con tener un título, sino que además es necesario formar parte de
un Colegio, a fin de ejercer la profesión de conformidad con la
legislación vigente. En este orden de ideas, el requisito en
cuestión es consecuencia del poder fiscalizador que posee el Estado
en aras de bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa
o bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma
exclusiva en una organización no estatal -Colegio Profesional-,
pues intereses superiores a los particulares de los administrados
exigen que exista un control sobre la actividad que realiza un
grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un
servicio público cumplido a través de sujetos particulares. Así,
debe examinarse con sumo cuidado el uso que se hace de tal
potestad, ya que el daño que podría, eventualmente, derivarse para
los agremiados por las actuaciones del Colegio Profesional, dada la
obligatoriedad de la inscripción, no se debe a la colegiatura en
sí, sino al uso que de ella se haga. Es por ello que las
obligaciones que se imponen por el Colegio, atendiendo a un interés
tanto de los colegiados como de la comunidad en general -que aquél
interpreta-, no podrían dejarse al arbitrio de quienes ejercen
liberalmente determinada profesión, pues aún cuando es una actitud
loable que esas obligaciones se acaten voluntariamente por quienes
se dedican a una profesión en particular, en cuyo ejercicio haya
inmerso un interés público, lo cierto es que de no imponerse
forzosamente, la competencia profesional llevaría a que aquellas
obligaciones fueran difícilmente cumplidas por los profesionales,
con evidente perjuicio para el interés de los administrados en
general. Así, existen razones de interés público -por ejemplo,
garantizar la responsabilidad de los profesionales- que justifican
que los Poderes Públicos autoricen a los colegios profesionales la
exigencia de dichas obligaciones. En síntesis, se estima que la
colegiatura obligatoria, que sigue nuestro sistema jurídico, es
aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan su profesión
conforme a las leyes y disposiciones respectivas, de manera tal que


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con la creación de estos Colegios, aquellos puedan ser supervisados
en su función. III.- Los Colegios Profesionales poseen fines
públicos que han sido otorgados por el Estado, para cuyo
cumplimiento éste dota a las corporaciones de funciones de
regulación y de policía, funciones que normalmente pertenecen y son
ejercidas por el mismo Estado. Dentro de las funciones
administrativas desempeñadas por los citados Colegios están las de
fiscalización y control respecto del correcto y eficiente ejercicio
profesional, lo que lleva implícito una potestad disciplinaria
sobre los Colegios, en donde la imposición de sanciones debe
realizarse respetando el principio del debido proceso, garantizando
al agremiado su derecho de defensa, de ser oído y de producir las
pruebas que entienda pertinentes, en apego al artículo 39
constitucional. Por ello se dice que estos Colegios son titulares
de potestades de imperio respecto de sus miembros, los cuales
entran en una relación jurídica administrativa de sujeción especial
como destinatarios de los actos administrativos, en ejercicio de
aquella potestad disciplinaria, expresiva de la función
administrativa que desarrolla y que dicta el Colegio profesional

IV.- El artículo 313 del Código Penal al establecer la obligación
legal de estar habilitado para ejercer ciertas profesiones,
previamente determinadas por la ley, no impide -a juicio de esta
Sala-, en modo alguno, el ejercicio del derecho al trabajo y a la
libre elección que de éste tiene todo individuo, pues lo que se
impone es una sanción penal al quebranto de su regulación, con el
propósito de establecer una condición razonable para su ejercicio,
pues conforme lo dicho, se exige una habilitación especial por
parte del Estado para el ejercicio de ciertas profesiones -como es
el caso de la abogacía y la medicina, entre otras-, a fin de
proteger al ciudadano, de manera que la persona que no posee en el
momento del hecho histórico, la autorización estatal originada en
una corporación profesional, infringe la Ley Penal al incurrir en
el ejercicio ilegal, dado que la profesión se encuentra reservada
para sus agremiados, por el interés público inmerso en ello, que
establece el ordenamiento jurídico. En cuanto al propio Artículo 56
de nuestra Carta Política, este Tribunal Constitucional ha dicho
"...los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público
que por delegación de funciones estatales, tienen como finalidad
velar por la corrección y buen desempeño de las funciones
profesionales de los afiliados y corregirlos disciplinariamente..."
(sentencia número 1386-90 de las 16:42 horas del 24 de octubre de
mil novecientos noventa)

De tal forma que la exigencia del "deber estar habilitado" no


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impide ejercitar el derecho al trabajo o libertad de escogerlo, lo
que persigue es establecer un mecanismo para hacer exigible la
obligación de garantizar a la colectividad el ejercicio de las
profesiones liberales. Así la norma cuestionada, no resulta
contraria, al derecho constitucional, a la libre elección al
trabajo, que en tal rango, por lo expuesto supra, admite sus
limitaciones, en aras del interés público, de la propia
colectividad, razón por lo que la acción debe declararse sin
lugar.”16

ii. Potestad Disciplinaria
disciplinaria es la que nace de la transgresión de una obligación
administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o empleado,
que se hace efectiva cuando esl sujeto comete una falta de servicio
o de comportamiento, vulnerando las reglas de la función pública
La infracción de los deberes administrativos tiene una sanción
característica en la responsabilidad administrativa del funcionario
que se hace efectiva por el procedimiento dirigido a hacer cumplir
la obligación debida, o por la sanción administrativa que se
impone. Este régimen es una especie de potestad “sancionadora” del
Estado, de la que dimana, potestad que es inherente y propia de la
Administración Pública, traduciéndose en la facultad de, por lo
menos, un “mínimo” de poder para que ésta aplique sanciones
disciplinarias a sus funcionarios o empleados cuando falten a sus
deberes. El procedimiento administrativo que debe llevar a cabo la
administración para sancionar a sus funcionarios, se caracteriza
por brindarle al administrado una defensa plena junto con los
medios probatorios correspondientes, en aras de que la
investigación culmine con la verificación real de los hechos que lo
motivaron, habiéndole brindado a las partes involucradas un
procedimiento trasparente, claro y sobre todo, cumpliéndose todas y
cada una de las etapas previstas en la ley, y todos los elementos
que integran el debido proceso administrativo. VIII.- NATURALEZA
definidos por la Sala Constitucional como “…Corporaciones de
Derecho Público que, por delegación de funciones estatales, tienen
como finalidad velar por la corrección y buen desempeño de las
funciones profesionales de los afiliados y corregirlos
disciplinariamente cuando lesionen a terceros, por ignorancia,
impericia, desidia o conducta inmoral en su desempeño”. ( Ver el
Voto No 1386-90 de las 16:42 horas del 24 de octubre de 1990). Se
trata, de entidades corporativas, de interés público, y no de meras
asociaciones, toda vez que son creadas por mandato de una ley


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específica, ( acto legislativo concreto), para ejercer funciones
públicas, concretamente en lo que respecta al control y regulación
del ejercicio de las diversas profesiones, por lo que constituyen
una modalidad de descentralización de las funciones del Estado. (
Ver Voto de la Sala Constitucional No 5483-95 de las 9:33 horas
del 6 de octubre de 1995). De esta manera, en el caso concreto,
compete al Colegio de Médicos y Cirujanos realizar las
investigaciones contra sus funcionarios de oficio o a instancia de
parte, cuando incurran en el desempeño de sus funciones en una
posible falta que amerite una posible sanción. IX.- EL DEBIDO
DISCIPLINARIA: Desde el inicio de una investigación, se debe
observar por parte del órgano o ente que realiza la investigación,
con los principios que rigen el derecho sancionador, que se
encuentran regulados en la ley. Uno de ellos, el fundamental, el
principio del debido proceso. Así debe la administración
investigadora, intimar al administrado acerca de los hechos que se
van a investigar, otorgándole un plazo razonable, determinado por
la ley respectiva con el fin de que pueda comparecer a la
audiencia oral y ofrecer toda la prueba correspondiente; y por otra
parte, en la recepción de los diferentes medios probatorios
presentados. Se debe proveer que todas las partes se encuentren
presentes, a fin de que puedan ejercer el derecho de defensa,
concretada en la posibilidad de repreguntar a los testigos que se
ofrecieron por ellas y verificar que las preguntas se referirán
acerca de los hechos investigados. El procedimiento administrativo,
deberá llevarse a cabo además, por el órgano competente designado
por la ley, y posteriormente una vez finalizada la investigación,
dictará la resolución oportuna o en su defecto dependiendo de la
normativa aplicable, emitirá su recomendación al órgano decisorio
para que éste dicte el acto final. Al igual que éste último, todos
los actos del procedimiento administrativo deberán ser comunicados
a las partes, de acuerdo con los medios de comunicación del acto
administrativo regulados en los numerales 239 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública. Este procedimiento
administrativo deberá llevarse a cabo en los supuestos previstos en
el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública, cuando el acto final pueda causar perjuicio
grave al administrado. Por su parte, la potestad disciplinaria o
sancionadora de la administración, nace de la transgresión de una
obligación administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o
empleado, que se hace efectiva, cuando el sujeto comete una falta
de servicio, o de comportamiento, vulnerando las reglas de la
función pública. Así, el derecho disciplinario presupone una
relación de subordinación entre el órgano sometido a la disciplina


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y el órgano que la establece o aplica, más que para castigar, para
corregir, e incluso educar al infractor de la norma, de ahí, el
carácter correctivo de las sanciones disciplinarias. Este
procedimiento tendrá principios que son generales a los otros
procedimientos, como lo son el principio de legalidad, el de
tipicidad, el principio de irretroactividad, el de proporcionalidad
y el non bis in idem y el principio del debido proceso, entre
otros. A este último nos referiremos a continuación. X.- La Sala
Constitucional ha desarrollado el principio del debido proceso,
como derivado directo de los ar´ticulos 39 y 41 de la Constitución
Política, denominándolo como “bilateralidad de la audiencia” o
“principio de contradicción”, cuyos elementos esenciales son los
siguientes: “a) Notificación al interesado del carácter y fines del
procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado
para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda
pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su
alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información
y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de
que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y
asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d)
notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y
de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de
recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el
derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo
rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para
cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la
administración pública; y que necesariamente debe dársele al
accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un
abogado, con el fin de que ejercite su defensa….”. ( Ver Voto No
15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990). En igual sentido
se pueden consultar los Votos No 1739-92 de las 11:45 horas horas
del 1 de julio de 1992; No 6720 –96 de las 16:27 horas del 10 de
diciembre de 1996; 687-97 de las 13:33 horas del 31 de enero de
1997). Así, de llevarse a cabo un procedimiento sancionatorio sin
cumplir a cabalidad con los derechos mínimos y que se constituyen
en garantía para el administrado, mencionados en la jurisprudencia
antes citada, acarrearía la nulidad del mismo y por ende la
inconformidad también del acto final que impone la sanción."17
“VIII.- La Sala Constitucional se ha referido a la potestad
administrativa sancionadora del Estado – lo que incluye la delegada
a los Colegios Profesionales- desarrollando los principios que la
rigen, entre ellos el de tipicidad, que si bien proviene del
derecho penal sustantivo, expresa dicho Tribunal, que no se aplica
con la misma rigidez que el Derecho de la Constitución exige en el
área penal, por cuanto es indudable que en esta materia el imputado


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se enfrenta a una mayor afectación de sus derechos fundamentales,
en virtud de la gravedad que implica el sometimiento de una persona
a una sanción privativa de la libertad personal. Para efectos
ilustrativos, se transcribe la resolución de dicho órgano
jurisdiccional No. 5594-94, de las 15:48 horas de 27 de septiembre
de 1994, que señaló en cuanto al ejercicio de la potestad
disciplinaria


(...) en materia disciplinaria, no se aplica el principio de
tipicidad en la misma forma que se hace en materia penal, de
conformidad con el artículo 39 constitucional, según lo ha
manifestado en forma reiterada esta Sala, al señalar que

"Para que una conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente
que sea antijurídica -contraria a derecho-, es necesario que esté
tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma,
esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues
siendo la materia represiva la de mayor intervención en los bienes
jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos
frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento
de cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, so pena
de incurrir en responsabilidad criminal ..."

Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un
principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no
en la misma forma que en ámbito jurídico-penal, ya que los
principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no
tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho
penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole
penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos
diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios
del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más
amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. Así,
en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe
estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado,
excluyendo, por su generalidad, toda posibilidad de referencia a
los llamados conceptos jurídicos indeterminados, o las cláusulas
abiertas o indeterminadas; si la conducta no está plenamente
definida no hay pena. En el derecho disciplinario, en razón del fin
que persigue, cual es la protección del orden social general, y de
la materia que regula, --la disciplina-, la determinación de la
infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya
que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de


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los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no
están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio
de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar
sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin
necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho
sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los hechos
punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo
Motivado en la variedad de causas que pueden generar su aplicación,
en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de
aplicación, no siempre es orgánico ni claro en la expresión
literal, razón por la cual puede sancionarse discrecionalmente las
faltas no previstas concretamente, pero que se entienden incluidas
en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la
falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La
falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una
violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su
condición, aún cuando no haya sido especialmente definida aunque si
prevista. Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son
innumerables, pues dependen de la índole de los comportamientos o
conductas de los sujetos "subordinados", comportamientos o
conductas en verdad ilimitados en número dada su variedad; por ello
se deduce la existencia de tres elementos de la falta
disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una
omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una
voluntad libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al
funcionamiento del servicio o afección inmediata o posible de su
eficacia. (En sentido similar, sentencias #5287-93, #7491-94,
#5799-96, #6687-96, #5946-97 y #5276-99)

Procede entonces, analizar la normativa aplicada en el caso del
actor, a la luz de la jurisprudencia constitucional. De
conformidad con el artículo 24 inciso f) de la Ley Orgánica del
Colegio de Contadores Públicos, corresponde a la Junta Directiva de
éste, aplicar las correcciones disciplinarias que estime
convenientes, por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias, de ética o tarifarias establecidas, e imponer las
sanciones que fije el reglamento, el cual, expresa

“Artículo 74.- Se consideran faltas sancionables las violaciones a
la ley No. 1038 citada, a este Reglamento y a los reglamentos y
disposiciones acordados por los órganos del Colegio

Dichas faltas se clasificarán en faltas de ética profesional y en
otras faltas.”


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“Artículo 75.- Serán sanciones imponibles conforme a este
Reglamento

a) Amonestación verbal privada

b) Amonestación escrita

c) Imposición de multas

ch) Suspensión temporal del ejercicio profesional; y

d) Expulsión.”


Según las regulaciones de los Colegios Profesionales, todo
quebranto de los deberes profesionales contemplados por la
normativa que regula tal ejercicio, es sancionable, siempre y
cuando se lleve a cabo un procedimiento según las reglas del debido
proceso. En este caso, éste órgano no encuentra que al actor se le
haya dejado en estado de indefensión, porque tanto en el
procedimiento interno administrativo como en la vía jurisdiccional,
el señor Pérez Guevara ha tenido la oportunidad de aportar prueba y
argumentar. En cuanto a la violación de los deberes inherentes a la
Contaduría Pública, vemos que el señor Pérez Guevara incurrió en
faltas a la normativa que regula el ejercicio de su profesión, al
no demostrar que se apegó a lo establecido en el Reglamento a la
Ley del Colegio de Contadores Públicos en su artículo 14, y al no
cumplir con lo establecido en la Circular N°1-95, lo cual fue la
causa para la sanción impuesta. En cuanto intensidad de la medida
disciplinaria, considera este Tribunal, al igual que el Juzgado,
que ésta no viola los principios de proporcionalidad ni
razonabilidad, ya que tal falta pone en peligro al interés público,
porque se trata de la fe pública vulnerada por las irregularidades
que presentaron las certificaciones. “18

iii. Facultad Fiscalizadora de los Colegios
Profesionales
Esta Sala ha reconocido que los Colegios Profesiones cuentan con la
facultad de analizar el cumplimiento de los requisitos para la
incorporación de nuevos profesionales, no solo desde el punto de
vista formal, sino también de manera sustancial, colaborando con


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otras dependencias creadas al efecto y en cumplimiento de la ley,
ello con el fin de evitar el grave perjuicio que podría causarse a
la sociedad, por la incorporación de profesionales no aptos
académica y éticamente para el ejercicio profesional (véase en este
sentido la sentencia número 2002-06364). Asimismo, que poseen la
posibilidad de suspender, cautelarmente, la incorporación de
graduandos, en aquellos casos que se encuentren – previo estudio –
irregularidades o inconsistencias académicas, curriculares o
administrativas, sobre las cuales deba pronunciarse el Consejo
Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, como órgano
encargado de ejercer vigilancia e inspección sobre las
universidades privadas, según lo establecido en la ley número 6693
del 27 de noviembre de 1981. No obstante, según lo ha indicado este
Tribunal en anteriores ocasiones, la constitucionalidad de tales
instrumentos jurídicos –medidas cautelares de suspensión de
incorporación- depende de una adecuada interpretación y de un uso
razonable de las mismas. Respecto de las medidas cautelares, la
Sala ha señalado –entre otras en la sentencia 2001-03287, de las
9:25 hrs. del 27 de abril del 2001-, que tienen un carácter
eminentemente excepcional y, por tal razón, deben responder a un
criterio de necesidad en razón de la protección del interés público
y el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que
se pretende evitar; asimismo, deben ser temporales, por cuanto no
puede la Administración a través de dicho mecanismo, crear
situaciones de incerteza jurídica por un tiempo excesivo,
convirtiéndolas en una sanción implícita

CASO CONCRETO. Si bien en la especie, el Colegio de Arquitectos de
Costa Rica, en el ejercicio de la mencionada facultad
fiscalizadora, dispuso suspender cautelar y temporalmente, la
incorporación de la amparada, estima esta Sala que la razonabilidad
de la medida temporal impuesta, se agotó en el momento en que el
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, en
sesión número 465-2002, de 14 de agosto de 2002, acordó por
unanimidad y en firme “Acoger en todos sus extremos el informe y
recomendaciones vertidas por la Secretaría Técnica respecto al caso
de la Sra. Nazira Abad Meckbel”. Para esta Sala, el hecho que el
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
determinara, con fundamento en consideraciones técnicas, que las
alegadas inconsistencias detectadas por el Colegio de Arquitectos
en el caso de la amparada habían sido solventadas, tiene como
inexorable consecuencia la pérdida de legitimidad de la medida
cautelar tomada por dicho colegio y, por ende, la obligación de esa
entidad de incorporarla como agremiada, al cumplir con todos los
requisitos académicos y legales exigidos. En virtud de lo expuesto,


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lo que procede es estimar el recurso en lo que respecta al Colegio
de Arquitectos de Costa Rica y ordenar la incorporación de la
amparada, como en efecto se dispone.”19

“El recurrente alega que es Ingeniero en Técnicas de Audio y Vídeo
por el Instituto de Ingenieros de Cine de San Petersburgo, y reside
permanentemente en el país desde 1994. Quiere ejercer su profesión,
pero varias entidades a las que ha acudido a solicitar trabajo le
exigen estar incorporado a un Colegio Profesional. Solicitó su
incorporación al Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e
Industriales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el
que se la denegó por oficio CIEMI-102-2003, pese a que la
Universidad de Costa Rica convalidó su título, al darle el grado de
Ingeniero y lo convalidó al grado de Bachiller. Acusa la infracción
de su derecho al trabajo porque el Colegio recurrido ha hecho
irrisorio su derecho a ejercer su profesión de ingeniero en
técnicas de audio y video, alegando que los cursos que llevó no son
de ingeniería. Asimismo, acusa la infracción del derecho de
igualdad porque otros ingenieros en ramas que no se imparten en
Costa Rica han sido incorporados, tal como un Ingeniero Nuclear y
un Bachiller en Electromedicina

El artículo 56 de la Constitución Política contiene una doble
declaración; una la de que el trabajo es un derecho del individuo y
otra, la de que el Estado garantiza el derecho a la libre elección
del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada “Libertad
al Trabajo”. Esa libertad significa que el individuo está facultado
para escoger entre la multitud de ocupaciones lícitas, la que más
le convenga para la consecución de su bienestar, y,
correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una
determinada actividad y a respetar su esfera de selección. Además,
la Sala ha señalado en su reiterada jurisprudencia que ningún
derecho individual es absoluto, y si bien la colegiación
obligatoria supone una limitación al derecho al trabajo, ella
resulta justificada por la propia Carta Fundamental –artículo 28-
pues tiene como finalidad el reconocimiento y respeto a los
derechos de terceros, y en general busca una clara contribución al
interés general. La incorporación de nuevos miembros a un colegio
profesional implica entonces el ejercicio de prerrogativas de poder
público de quienes los representan, para la consecución de un fin
público, como es la defensa de la colectividad. Los colegios
profesionales están obligados a ejercer la función que el Estado
les ha encomendado, acatando el ordenamiento jurídico vigente y
respetando el principio de legalidad que gobierna las actuaciones
de todas las autoridades públicas. En el caso del Colegio Federado


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de Ingenieros y Arquitectos, su ley Orgánica regula la
incorporación de la siguiente forma

“CAPITULO III

De sus Miembros

Artículo 5º.- El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos

estará integrado por

Miembros Activos

(...) a) Serán Miembros Activos

3) Los ingenieros y los arquitectos extranjeros graduados en Costa
Rica o en el exterior que tengan un mínimo de cinco años de
residencia continua en Costa Rica y que cumplan con los requisitos
legales establecidos y con los trámites y requisitos de
incorporación al Colegio Federado. El plazo de cinco años antes
indicado podrá ser reducido cuando, a juicio de la Junta Directiva
General, haya inopia en las ramas profesionales de que se trata.”

El Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos e Industriales
denegó al amparado su solicitud de incorporación, alegando que la
Universidad de Costa Rica al conocer el caso del recurrente,
estableció que le daba el grado de Ingeniero bachiller, si bien no
resultaba claro en qué disciplina pero no de bachiller de la
Ingeniería

A juicio de la Sala, tal argumento no es de recibo por dos
distintas razones. La restricción de los derechos de libertad, como
es el aquí compromentido, debe ser la última alternativa, luego de
examinar el caso y no encontrar una opción menos lesiva. Por otra
parte, según el artículo 16 de la Ley Orgánica del Colegio
Federado, uno de los Colegios que integran esa agrupación es el de
Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, “que incluye a
los ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros
mecánicos administradores, ingenieros mecánicos electricistas,
ingenieros industriales, ingenieros electrónicos y afines.”

Así las cosas, queda claro que los profesionales que puedan estar
incorporados a ese Colegio, podrán ser no tan sólo, los
taxativamente establecidos en esa norma, sino además, quienes
desempeñen disciplinas afines. A folio 162 consta un documento en


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el que el CIEMI acredita las nomenclaturas con las que se
identifican las diferentes ramas ejercidas por los profesionales
incorporados a dicho Colegio. Ahora bien, si bien es cierto que en
tal nomenclatura no se incluye el caso de la actividad profesional
del recurrente, para la Sala durante el procedimiento de
convalidación del título por parte de la Universidad de Costa Rica,
quedó clara la afinidad de esa rama del saber, con la Ingeniería
Eléctrica, siendo que la unidad académica que evaluó la formación
académica del amparado fue la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Fue
esa Escuela, la que se encargó del estudio de sus atestados,
procedimiento que dio como resultado que el título de Ingeniero en
Audio y Vídeo obtenido por el amparado fuera convalidado con el
grado académico de bachiller según consta en el oficio EIE-409-95
del 9 de noviembre de 1995. Según explica el Rector de la
Universidad de Costa Rica, la convalidación es el acto mediante el
cual la Universidad de Costa Rica, previa resolución de la Unidad
Académica que realiza el estudio del expediente declara el nivel
académico y la validez del grado obtenido por el interesado, aunque
sus estudios no sean equiparables con los correspondientes a algún
plan de estudios que imparte la institución. La Sala aprecia que el
recurrente no pretende que se le equipare con un Ingeniero
Eléctrico sino simplemente que se le incorpore al Colegio
respectivo pues cumple el requisito básico para serlo, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica, es decir tiene un
título de Ingeniero en Técnicas de Audio y Vídeo, con el grado
académico de bachiller. Por ello, la negativa del Colegio recurrido
constituye una restricción ilegítima a su libertad de trabajo, ya
que no puede ejercer su profesión de Ingeniero en Técnicas de Audio
y Vídeo por no estar colegiado. En consecuencia, el recurso debe
ser declarado con lugar en cuanto a este extremo, anulando el
oficio CIEMI-102-2003 de 26 de febrero del 2003 de 26 de febrero
del 2003. En consecuencia debe el Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales analizar la solicitud de
incorporación del amparado de acuerdo con lo señalado en esta
sentencia, es decir admitiendo su calidad de Ingeniero en Técnicas
de Audio y Vídeo con el grado académico de bachiller, según
reconoció la Universidad de Costa Rica, y analizar si su solicitud
de incorporación cumple el resto de los requisitos establecidos en
la Ley, dentro de los ocho días siguientes a la notificación de
esta resolución. En vista de la forma en que se resuelve el
recurso se omite pronunciamiento en cuanto a la infracción del
principio de igualdad. En cuanto a la Universidad de Costa Rica se
declara el recurso sin lugar.”20


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iv. Potestades de los Colegios Profesionales
“II.- Cabe señalarle al petente inicialmente que de conformidad con
lo que ha manifestado esta Sala en oportunidad anterior, respecto
de la naturaleza que ostentan los colegios profesionales, se ha
definido claramente que en la medida en que se persigan fines
públicos los Colegios profesionales utilizan y ostentan
prerrogativas de poder público, en este sentido se ha indicado lo
siguiente


"... Todo ello conduce, a su vez, a que en el funcionamiento de los
Colegios profesionales, puedan éstos representar a sus colegiados
frente al poder, ejerciendo, entre otros, la facultad consultiva en
todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los
Tribunales en defensa de la profesión y ejercitando la condición de
perito natural en la materia de su conocimiento. También, son
competentes los Colegios para darse su propia organización interna
(funcionamiento de los órganos superiores: asambleas generales y
consejo o junta directiva), por medio de estatutos o reglamentos
que aseguren la presencia y continuidad de la corporación en el
ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que
suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe
reflejar en la actuación profesional seria, honrada y digna en
beneficio de los particulares que utilizan los servicios,
competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en
la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el
control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la
observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en
general, del marco jurídico que regula la actividad. En resumen, la
atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad
reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y
administración en cuanto al régimen interno; la de representación
la jurisdiccional, que se concreta en juzgar las infracciones del
orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias
correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio
profesional... Igualmente es relevante señalar que no toda
colegiatura puede y debe ser obligatoria; se requiere para que ello
sea posible, que la actividad de que se trate, sea en algún grado
de importancia, el ejercicio de funciones públicas y de profesiones
muy cualificadas por su incidencia social y en general, en los
campos en que es imprescindible proteger valores sociales o cuando
la colegiatura sea necesaria para la consecución de fines públicos
En otras palabras, el elemento teleológico de un Colegio
profesional no es la defensa de los intereses de sus agremiados,
sino la defensa de la colectividad. La repercusión que puede tener


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en la sociedad la actuación de los profesionales, hace que el
Estado haga suyo el interés de mantener la cohesión del grupo y
ejercer un poder frente a los miembros del Colegio. Sin embargo,
conviene precisar que sólo en la medida en que se persigan fines
públicos los Colegios profesionales utilizan y ostentan
prerrogativas de poder público. En virtud de todo lo expuesto, el
recurso resulte improcedente en cuanto a este punto y así debe
declararse..." (Resolución numero 5483-95, de las nueve horas
treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos
noventa y cinco)


III.- De esta forma queda claro de conformidad con lo expuesto en
la resolución parcialmente transcrita, que como tales los Colegios
Profesionales, poseen una potestad reglamentaria sobre el ejercicio
de la profesión; la de gobierno y administración en cuanto al
régimen interno; la de representación y la jurisdiccional la cual
se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo, la
imposición de las sanciones disciplinarias correspondientes así
como la de fiscalización del ejercicio profesional y aunado a ello
por su naturaleza y los fines que persigue le corresponde a dicho
Colegio Profesional al igual que la administración en general, la
potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los
actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la
voluntad del amparado. Por esto, la interposición de recursos no
tiene efecto suspensivo, a menos que quien que lo haya dictado, su
superior jerárquico, la autoridad que decide el recurso o el órgano
jurisdiccional que conoce del conflicto, ordene suspender la
ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de
difícil reparación, o cuando se trate de actos ineficaces o
absolutamente nulos (ver artículos 146 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública). De allí que no lleva razón
el petente al manifestar que al haber interpuesto su recurso de
revocatoria no podía el accionado proceder a la publicación de la
resolución que impugna. En virtud de lo anterior, el amparo resulta
improcedente así debe declararse.”21


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FUENTES CITADAS


Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos. Ley N° 1038 de 19 de
agosto de 1947


Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos


NAVARRO Cordero, Ana Marlen. Las Regencias Profesionales en Costa Rica
Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. 2003.: Facultad
de Derecho Universidad de Costa Rica. pp. 84-85. Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 4167
NAVARRO Cordero, Ana Marlen. Las Regencias Profesionales en Costa Rica
Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. 2003.: Facultad
de Derecho Universidad de Costa Rica. pp. 58-59. Localizado en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,
signatura 4167
Código De Deberes Jurídicos, Morales Y Éticos Del Profesional En
Derecho. Aprobado en sesión de Junta Directiva Nº 50-2004 del 25 de
noviembre de 2004 y ratificado el 2 de diciembre del 2004 en sesión Nº
52-2004 y Publicado en La Gaceta Nº 242 del 10 de diciembre del 2004
Ley Orgánica Del Colegio De Profesionales En Informática Y Computación
Aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el día 26 de julio
de 1995; y sancionado por el Poder Ejecutivo el día 22 de agosto de
1995. Sale publicado en el periódico oficial La Gaceta el día 7 de
noviembre de 1995
Ley Orgánica Del Colegio De Contadores Privados De Costa Rica Ley N°
1269 de 2 de marzo de 1951
Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos. Ley N° 1038 de 19 de
agosto de 1947
Reglamento Del Colegio De Contadores Públicos De Costa Rica. Decreto
Ejecutivo Nº 13606-E de 5 de mayo de 1982
Ley Orgánica Del Colegio Federado De Ingenieros Y De Arquitectos. Ley


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N° 3663 de 10 de enero de 1966
Código De Ética Profesional Del Colegio Federado De Ingenieros Y
De Arquitectos De Costa Rica. De 29 de julio del 2003. Publicado
en La Gaceta No. 153 de 11 de agosto del 2003

Ley Orgánica Del Colegio De Ingenieros Químicos Y Profesionales Afines
Y Ley Orgánica Del Colegio De Químicos De Costa Rica. Ley N° 8412 de 22
de abril de 2004
Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Ley N° 7221 de 6 de
abril de 1991
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Ley N°
23110 de 22 de marzo de 1994
Reglamento Para Tramitación De Denuncias Ante La Fiscalía General Y El
Tribunal De Moral Médica. Aprobado mediante acuerdo No. SJG.373.04.05
tomado en el artículo XXXVI de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica No.2005.04.13, celebrada
el día trece de abril de dos mil cinco

0789-94 de las quince horas veintisiete minutos del ocho de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro

SECCIÓN CUARTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo
Circuito Judicial de San José. Resolución N° 16-2005 de las diez horas
con quince minutos del diecisiete de marzo del año dos mil cinco
Judicial de San José. Resolución N° 525-2005 de las diez horas
cincuenta minutos del once de noviembre del dos mil cinco
2003-11675 de las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos del
catorce de octubre del dos mil tres
de las catorce horas con cincuenta y un minutos del veinticuatro de
junio del dos mil tres
de las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de
febrero del dos mil uno


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