Editar Transcripción - 1151 - Validez Y Eficacia Del Acto Administrativo

📝 Borrador Creado: 16/02/2026 03:58

📄 1,511 líneas 🔤 70,709 caracteres

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Para ver aviso legal haga clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/condiciones.htm

RESUMEN: El presente trabajo aborda el tema de la Validez y
eficacia del acto administrativo. Se incorporan los conceptos de
validez, invalidez, eficacia del acto administrativo, así como el
marco normativo de referencia , para culminar con un desarrollo
jurisprudencial sobre la validez, invalidez y los distintos tipos
de nulidades del acto administrativo

Índice de contenido
Nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo
Nulidad e ineficacia del acto administrativo Presupuestos para
que proceda la solicitud por parte de la propia administración

Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
 Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

La nulidad absoluta, evidente , manifiesta, Invalidez derivada 36

DOCTRINA

Validez del Acto Administrativo

“La noción de validez del acto administrativo nos permite examinar
el ajuste de la actuación de la Administración a los cánones
establecidos por el ordenamiento jurídico
La idea de validez del acto administrativo nos remite
necesariamente como punto de partida al principio de legalidad,
esto es, al sometimiento del quehacer de la Administración al
ordenamiento jurídico
Esta interrelación conceptual se explica por el hecho de que es el
mismo sistema de Derecho el que fija los cauces por los cuales
debe encaminarse la Administración para el cumplimiento de los
fines públicos que le han sido encomendados.”

Invalidez
“ La invalidez del acto administrativo consiste en su
disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico
la mejor forma de detectar la invalidez del acto administrativo es
el análisis de sus elementos a fin de ubicar la existencia de
algún vicio en uno de éstos

“A primera vista la invalidez de un acto es su disconformidad con
el Ordenamiento Jurídico y por eso invalidar un acto significa
retirarlo del mundo jurídico en razón de los vicios que adolece
Por ser la invalidez un término genérico, viene a darse dentro de
los actos irregulares, para los que los autores han hecho una
clasificación tripartita, o sea que tenemos actos jurídicamente
inexistentes, actos con invalidez absoluta y actos con invalidez
relativa. Otros autores hablan que los dos tipos básicos de
invalidez son la nulidad absoluta o de pleno derecho y la
anulabilidad o nulidad relativa; es esta la aplicación que sigue
la doctrina española”

Acto inexistente
“El concepto de acto inexistente obedece a la clasificación
tripartita de la nulidades de los actos irregulares
Así mismo se ha caracterizado a los actos inexistentes como
aquellos a los que les falta un elemento esencial, orgánico o

estructural para su formación, por ejemplo un acto realizado por
un agente o persona incompetente. Tenemos entonces, que todo acto
jurídico se compone de un conjunto de elementos orgánicos
imprescindibles o específicos que supone su estructura u objeto
La falta de alguno de esos elementos destruye totalmente la
integridad del acto y le impide producir efectos Jurídicos, e
incluso no producirá efecto legal y consecuentemente no es
susceptible de confirmación, ni precribe la acción para hacerlo
desaparecer”

Eficacia
La eficacia del acto administrativo consiste en su capacidad
actual para producir los efectos jurídicos que el ordenamiento
jurídico ha previsto para la concreta función administrativa que
se ejerce. El acto administrativo adquiere eficacia luego del
cumplimiento de ciertos requisitos fijados por el mismo acto o por
el ordenamiento”

2 NORMATIVA

Ley General de la Administración Pública

Artículo 128.-
Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente
con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del
funcionario que lo dicta

Artículo 129.-
El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento
de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los
requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia

Artículo 130.-

1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de
voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto
jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento

2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando
recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos
viciará el acto, de conformidad con esta ley

3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando
constituyan desviación de poder

Artículo 131.-

1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares
a los cuales se subordinarán los demás

2. Los fines principales del acto serán fijados por el
ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los
fines principales no creará discrecionalidad del administrador al
respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros
elementos del acto y del resto del ordenamiento

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento
de éste, será desviación de poder

Artículo 132.-

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y
abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del
motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y
correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo,
aunque sea en forma imprecisa

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción

discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además
de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos
sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo

Artículo 133.-

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido
tomado en cuenta para dictar el acto

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y
cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente
conforme con los conceptos indeterminados empleados por el
ordenamiento

Artículo 134.-

1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que
su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa

2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho
aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el
cargo del suscriptor

Artículo 135.-

1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza,
tales como nombramientos, permisos, licencias, etc., podrán
refundirse en un sólo documento que especificará las personas y
otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos, y
sólo dicho documento llevará la firma de rigor

2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán
considerados a todos los efectos, tales como notificaciones e
impugnaciones, etc., como actos administrativos diferenciados

Artículo 136.-

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus
fundamentos

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o
denieguen derechos subjetivos

b) Los que resuelvan recursos

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes o del dictamen de órganos consultivos

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y

f) Los que deban serlo en virtud de ley

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o
inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a
propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan
determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se
acompañe su copia

Artículo 137.-
Los comportamientos y actividades materiales de la Administración
que tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con una
voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salvo que la
naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa

Artículo 138.-
El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique
necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia

Artículo 139.-
El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad
salvo ley que disponga lo contrario

De la Eficacia

De la Eficacia en General

Artículo 140.-
El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado
al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en
cuyo caso lo producirá desde que se adopte

Artículo 141.-

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el
acto deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será
el punto de partida para los términos de impugnación del acto
administrativo

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser
eficaz o de ser comunicado, el administrado podrá optar por
considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del inicio de
la ejecución

Artículo 142.-

1. El acto administrativo producirá efecto en contra del
administrado únicamente para el futuro, con las excepciones que se
dirán

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del
administrado se requerirá que desde la fecha señalada para el
inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la
retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena

Artículo 143.-
El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del
administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos
que favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o
eficaces, actos que lo desfavorezcan

Artículo 144.-

1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado
en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo
disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de
terceros de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin
perjuicio de la anulación procedente

Artículo 145.-

1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a
requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el
ordenamiento

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la
fecha del acto administrativo, salvo disposición expresa en
contrario del ordenamiento

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma
deberá ser previa

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras
ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse,
impugnarse ni ejecutarse

Artículo 158.-

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo,
expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico
constituirá un vicio de éste

2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el
ordenamiento jurídico

3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones
sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas

4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto,
las reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación
exacta, en las circunstancias del caso

5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero
podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor
agente

Artículo 160.-
El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas
elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo
indiquen las circunstancias de cada caso

Artículo 163.-
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se
impugnarán por aparte de los que afecten el acto
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán
conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez,
actos con efecto propio
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que
afecten la eficacia del acto en forma desfavorable a éste, se
impugnarán por aparte

Artículo 164.-

1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del inválido

2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás
partes del mismo que sean independientes de aquella

Artículo 165.-
La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa,
según la gravedad de la violación cometida

3 JURISPRUDENCIA

Validez del acto administrativo

"V.- Respecto del primer agravio formulado el recurrente alega que
el fallo debe ser casado ya que quebranta por no aplicación los
numerales 11, 140, 146, 214 y 215 de la Ley General de la
Administración Pública, por cuanto al no pronunciarse sobre la
validez y eficacia del acto administrativo, estas condiciones se
presumen. Sobre el particular cabe señalar que la jurisdicción
contenciosa administrativa se encuentra dispuesta en el texto de
la Constitución Política y posee competencia, entre otras cosas,
conforme lo dispone el ordinal 49 de la Carta Magna, para el
control universal de la función administrativa del Estado, sus
instituciones y de todas las entidades sujetas al Derecho Público
(sin desconocer el ensanchamiento competencial efectuado por vía
de ley). En este mismo sentido la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el numeral 1.1
dispone que corresponde a esta jurisdicción “...conocer de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los
actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al
Derecho Administrativo” . Es evidente que el control a que está
sujeta la Administración Pública en sentido amplio, se confronta
con el Ordenamiento Jurídico en su plenitud, concepto que integra
tanto las fuentes escritas como las fuentes no escritas que lo
componen. En esta inteligencia, la legalidad administrativa supone
una armonía de las actuaciones y omisiones de los órganos y entes
públicos, con el Ordenamiento Jurídico que delimita su régimen de
competencias, conforme lo dispone el numeral 11 de la misma
Constitución en relación a los preceptos 11 y 13 de la Ley General

de la Administración Pública. Por su parte, el numeral 128 de esta
última normativa, asocia dicha concordia al concepto de validez,
término que debe entenderse como la conformidad de la
manifestación administrativa (actuación, función u omisión) con el
Ordenamiento Jurídico, entendiendo por éste último, como se ha
dicho, todas aquellas fuentes escritas y no escritas que regulan
el acto y configuran su esquema legal. La validez, analizada desde
esta arista, se constituye como un efecto del principio de
legalidad, en tanto toda actuación o función administrativa debe
sustentarse en una norma jurídica válida que la autorice,
ajustando todos sus elementos a la finalidad misma de la potestad
y competencia pública, lo que también implica, desde luego, el
respeto a la razonabilidad, proporcionalidad y conveniencia
(artículos 11 y 13 de la ley de referencia). Por el contrario, la
invalidez se entiende como la disconformidad del acto con el
Ordenamiento Jurídico (artículo 158.2 Ley General de la
Administración Pública), de modo que sus causas pueden ser
cualesquiera infracciones a dicho Ordenamiento, incluso, con
referencia a las normas no escritas (como la costumbre, la
jurisprudencia o los principios generales del Derecho). Es
precisamente dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa
donde se realiza un análisis por parte del juzgador, de la validez
o no de las manifestaciones de los órganos y entidades sujetas al
Derecho Administrativo. De tal suerte que en caso de existir
alguna patología en la estructura del acto, se debe declarar la
nulidad del mismo, sea esta de naturaleza absoluta (artículo 166
de la Ley General) o bien de corte relativo (ordinal 167 ibidem)
Así, el control de legalidad que ejerce la jurisdicción
contenciosa administrativa, permite la revisión de la conformidad
de las manifestaciones públicas con el Ordenamiento Jurídico, a
efectos de determinar si se han dictado acorde al mismo. En el
caso concreto, el casacionista alega que la sentencia recurrida no
analizó la presunción de validez del acto de despido, con lo cual
sostiene esa condición y ajuste al principio de legalidad. El
agravio resulta improcedente desde cualquier óptica. Por el solo

hecho de someter la conducta impugnada a control del juez
contencioso, se inicia un análisis respecto de la validez y
armonía de la función administrativa con el Ordenamiento Jurídico,
pues es esta la función y atribución que por esencia y naturaleza,
otorga la Constitución y la ley a la jurisdicción contenciosa, por
lo que el planteamiento del recurrente en el sentido de que esta
temática no fue objeto de análisis, no es de recibo. En casos como
el presente, cuando un juzgador ha establecido la nulidad de los
actos objeto de impugnación, no pueden entenderse protegidos por
la presunción de validez y eficacia, argumento que resulta ilógico
en sí mismo, en tanto, al haberse anulado, han perdido su validez
La validez de los actos en cuestión es precisamente la condición
jurídica que ha sido objeto de debate dentro del presente proceso,
mediante la pretensión anulatoria que formuló la parte actora en
la formalización de la demanda y que permite que el asunto sea
objeto del conocimiento de la jurisdicción contencioso
administrativa. Desde este plano, las falencias detectadas por el
Tribunal constituyen aspectos que viciaron el acto y que en el
control de legalidad que ejerce la jurisdicción contenciosa sobre
el mismo (artículo 49 de la Constitución Política y 1.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa) llevaron
a su anulación. En lo tocante a la eficacia, es claro que ante la
anulación de los actos cuestionados, se impone la cesación de sus
efectos, al menos en la totalidad de los extremos que establecían,
pues si bien la separación en el cargo se mantiene, por haberlo
así dispuesto el Tribunal de alzada, han de cancelarse a favor del
actor las partidas dispuestas por aquel juzgador. Bajo esta
inteligencia, al anularse dichos actos, acaba su presunción de
legitimidad y como efecto automático de esto, fenecen sus efectos
en los términos supra indicados."

Nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo

ADMINISTRADO . Esta posibilidad que tienen las Administraciónes
públicas y sus órganos constituye una excepción calificada a la
doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables
para el administrado o del principio de intangibilidad de los
actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido
rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución
Política (Ver sentencias Nos. 2186-94 de las 17:03 hrs. del 4 de
mayo de 1994 y 899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero de
1995)-. La regla general es que la administración pública
respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para
el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de
oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración
pública, como principio general, debe acudir, en calidad de parte
actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses
públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad
(artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), el cual se ha entendido,
tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Sobre
este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-
98 del 11 de febrero de 1998 señaló que “... a la Administración
le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que
haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares
Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las
potestades de revocación (o modificación) de los actos
administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías
procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con
posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de
derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a
través del primer acto había concedido, sea por error o por
cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado
tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de
jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como
una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro

ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios
en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas,
evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General
de la República y de la Procuraduría General de la República (como
una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En
consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de
estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en
parte... el principio de los actos propios determina como efecto
de dicha irregularidad la invalidez del acto.”. A tenor del
numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un
ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un
acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo
para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin
necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de
lesividad normado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (proceso en el cual la
parte actora es una administración pública que impugna un acto
propio favorable para el administrado pero lesivo para ella)
cuando el mismo este viciado de una nulidad absoluta evidente y
manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser
dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la
Contraloría Generales de la República —acto preparatorio del acto
anulatorio final—. Le corresponderá a la Contraloría cuando la
nulidad verse sobre actos administrativos relacionados
directamente con el proceso presupuestario o la contratación
administrativa (Hacienda Pública). Ese dictamen es indispensable,
a tal punto que esta Sala en el Voto No. 1563-91 de las 15 hrs
del 14 de agosto de 1991 estimó que “... Es evidente, entonces,
que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración
Pública, la competencia de anular en sede administrativa solamente
puede ser admitida si se cumple con el deber de allegar un
criterio experto y externo al órgano que va a dictar el acto
final.”. Se trata de un dictamen de carácter vinculante —del que
no puede apartarse el órgano o ente consultante—, puesto que, el

ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República establece que es de acatamiento obligatorio, a través
del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de
legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del
procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación
oficiosa, que no riñe con ninguno de los grados de autonomía
administrativa, por ser manifestación específica de la potestad de
control inherente a la dirección intersubjetiva o tutela
administrativa. Resulta lógico que tal dictamen debe ser favorable
a la pretensión anulatoria de la administración consultante, y
sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y entidad de
los vicios que justifican el ejercicio de la potestad de revisión
o anulación oficiosa. La Administración pública respectiva está
inhibida por el ordenamiento infraconstitucional de determinar
cuándo hay una nulidad evidente y manifiesta, puesto que, ese
extremo le está reservado al órgano técnico-jurídico y consultivo
denominado Procuraduría General de la República, como órgano
desconcentrado del Ministerio de Justicia. En los supuestos en que
el dictamen debe ser vertido por la Contraloría General de la
República, también, tiene naturaleza vinculante en virtud de lo
dispuesto en artículo 4°, párrafo in fine, de su Ley Orgánica No
7428 del 7 de septiembre de 1994

ADMINISTRADO. No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a
un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un
acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado,
dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que
concurran ciertas características o connotaciones específicas y
agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión
de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a

tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley
General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo
evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio,
ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen
de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o
lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su
índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto
administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan
cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de
hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el
numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea
una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo
algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo
que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea
innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez
contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía
administrativa

administración pública respectiva —autora del acto que se pretende
anular o revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe
abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben
observar los principios y las garantías del debido proceso y de la
defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la
Administración Pública), la justificación de observar ese
procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho
subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la
sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable
recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo
un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el
dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter

absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad (artículo 173,
párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública). Si el
dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la
República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta
del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva
administración pública se verá impedida, legalmente, para anular
el acto en vía administrativa y tendrá que acudir,
irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo
de lesividad. El dictamen de los dos órganos consultivos citados
es vinculante para la administración respectiva en cuanto al
carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el
artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración
Pública preceptúa que “ Fuera de los casos previstos en el
artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los
actos declaratorios de derechos a favor del administrado y para
obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad
previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa ”

ADMINISTRACIÓN PUBLICA . La revisión oficiosa o anulación con
quebranto de los requisitos legales referidos en los considerandos
precedentes “ sea por omisión de las formalidades previstas o por
no ser la nulidad absoluta evidente y manifiesta ” (v. gr. que el
dictamen sea desfavorable, que no se recabó el dictamen o que no
se abrió un procedimiento administrativo ordinario) es
absolutamente nula y hace responsable por los daños y perjuicios
provocados tanto a la administración pública como al funcionario
(artículo 173, párrafo 6°, ibidem)

DECLARATORIOS DE DERECHOS . La potestad de revisión o anulación de

oficio de los actos favorables, le caduca a la administración
pública interesada y respectiva en el plazo de cuatro años
(artículo 173, párrafo 5°, LGAP). Se trata, de un plazo rígido y
fatal de caducidad —aceleratorio y perentorio— que no admite
interrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y certeza
jurídicas de los administrados que derivan derechos subjetivos del
acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta
inteligencia, la apertura del procedimiento administrativo
ordinario y la solicitud del dictamen a la Procuraduría o
Contraloría Generales de la República no interrumpen o suspenden
el plazo

VIII.- CASO CONCRETO. Mediante la resolución Nº 1157710909-02, de
27 de noviembre de 2002, la Sucursal de la Caja Costarricense de
Seguro Social de Goicoechea dispuso cancelar la pensión del
Programa Régimen No Contributivo que disfrutaba el amparado Novo
Jiménez. Aprecia este Tribunal que sí la Caja Costarricense de
Seguro Social comprobó que la situación del amparado no se
ajustaba a la reglamentación vigente, para disfrutar el beneficio
que se le había otorgado, debió para cancelar ese beneficio,
cumplir con las exigencias formales y sustanciales establecidas
por el ordenamiento jurídico. C onforme con lo expuesto en los
considerandos anteriores la anulación o revisión de oficio de los
actos administrativos favorables o declaratorios de derechos para
el administrado constituye una excepción calificada a la doctrina
de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el
administrado o del principio de intangibilidad de los actos
propios, en los que la regla general es que la Administración
Pública observe los requisitos formales y sustanciales
establecidos en esos procedimientos puesto que son una garantía
para el administrado

- Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el

recurso, anular la resolución 115710909-02, de 27 de noviembre de
2002 y condenar a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago
de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso
administrativa.- (sentencia número 2004-01842 , de las 15:20 horas
del 24 de febrero del 2004).-

En el mismo sentido señalado en la sentencia transcrita, la Sala
advierte en este caso la omisión de las formalidades del
procedimiento que debe seguir la autoridad recurrida, como
garantía al amparado, previo a cancelar el beneficio de pensión a
favor del administrado, por lo que procede declarar con lugar el
recurso, como en efecto se hace

De lo evidente y manifiesto

Para el curso lectivo del 2003, se nombró, interinamente, al
amparado, como Profesor en Enseñanza Técnico Profesional (III y IV
ciclos), en el grupo profesional VT-3, con especialidad en
Educación Agrícola y con un recargo de funciones del 50% por la
Coordinación del Programa Nuevas Oportunidades para Jóvenes
(informe visible a folios 10-13 y a folio 15), asignándole para
efectos salariales, grupo profesional “VT- 3” . Durante ese mismo
año, mediante acción de personal No. 1309920 del 25 de enero del
2004 , al recurrente se le tramitó cambio de grupo profesional, de
VT- 3 a VT-6 (informe visible a folios 10-13 y a folio 16). Para
el presente curso lectivo, se prorrogó ese nombramiento,

asignándole, el grupo profesional de “Aspirante”. Respecto de lo
anterior, la Directora General de Personal del Ministerio de
Educación Pública informó que la designación del recurrente es
propiamente administrativa, dada la naturaleza de las funciones
que desempeña, y que ésta no se encuentra prevista dentro del
escalafón docente, razón por la cual las funciones que desempeña
dentro del programa educativo es reconocido, salarialmente, en
calidad de “aspirante”. Dado lo anterior, procede tener por cierto
que al accionante se le pagaba antes del ciclo lectivo en curso,
sobre la base de la categoría VT-6 y que, sin previo aviso, y sin
cumplir con procedimiento alguno, se le excluyó de esa categoría y
se le disminuyó el salario, todo lo cual se desprende de las
copias de las acciones de personal que aportó la Directora
recurrida, en las que se observa que a partir de febrero del 2004,
la Administración realizó cambios en el grupo profesional del
recurrente, de VT- 6 a Aspirante, lo cual le ocasionó una rebaja
en el salario base. En consecuencia, resultando cierto que la
accionada no realizó ningún procedimiento legal para efectuar ese
cambio, procede estimar el amparo por la violación cometida contra
la intangibilidad de los actos propios y el debido proceso, ya
que, con independencia de la forma correcta en la que debe
pagársele al servidor, la Administración debió incoar el
procedimiento debido y garantizar al accionante la oportunidad de
ejercitar su derecho de defensa, previamente, a decidir si
correspondía en Derecho el rebajo efectuado. De tal suerte, la
actuación de la Dirección General del Personal del Ministerio de
Educación Pública violentó el Derecho de la Constitución , y por
tanto es dable estimar el recurso en defensa de los derechos
fundamentales del recurrente. Lo anterior, sin perjuicio de la
facultad de la Administración activa de anular de oficio la
categoría VT-6 del amparado, siempre que cumpla con los recaudos
formales y sustanciales ya referidos y que pauta el ordenamiento
jurídico

Eficacia del acto administrativo

" I .- El 6 de enero de 1994, para realizar un estudio general de
las actividades de la Agencia Aduanal Logos Sociedad Anónima,
funcionarias de la División de Control y Fiscalización de la
Dirección General de Aduanas se presentaron en la última dirección
reportada. Sin embargo, constataron su traslado, sin que la
Agencia dicha lo hubiere informado a la Dirección General de
Aduanas. Tras indagar la nueva dirección, se trasladaron a sus
instalaciones. Le entregaron a su representante, don Miguel Angel
Ortiz Sánchez, el oficio número DCF-006-94, mediante el cual le
comunicaban su misión. Don Miguel, en ese acto, redacta una nota
dirigida a la licenciada Maribel Zúñiga Cambronero, Jefa de la
División mencionada, en la cual le manifiesta su voluntad de
cooperar. Por ello, solicita le indique la clase de documentación
a presentar y el plazo para hacerlo. En nota fechada 7 de enero y
recibida ese día en la Dirección General de Aduanas, el señor
Ortiz Sánchez comunica la nueva dirección de la empresa. El día
11 de ese mes y año, las inspectoras se presentaron nuevamente en
el local de la empresa para inspeccionar los libros autorizados
por la Dirección, las operaciones aduaneras y el archivo de
correspondencia y documentos relacionados, todos del año 1993
Sin embargo, no pudieron hacerlo, pues, según se explica en la
nota de esa misma data, suscrita por don Miguel, la empresa
todavía se estaba trasladando y, además, debía prepararse la
documentación correspondiente. Se les otorga, una cita para el
día 20 de enero siguiente. En nota fechada el día 21, don Miguel
le informa a la Dirección General de Aduanas que las inspectoras
no se hicieron presentes, por lo cual les otorga una nueva cita
para el día 28. El 24 de enero dichas funcionarias se presentaron
en las oficinas de la empresa. Don Miguel las atiende y, previa
consulta con su abogado, accede a la inspección. Se determinó que

el Libro de Operaciones Aduaneras número 3 presenta un atraso de
un año. Los archivos se llevan por cliente con una fotocopia de
la póliza sin refrendar. En las facturas no constan los montos
por honorarios. Los enteros del gobierno se archivan por banco y
sin orden. Hay un atraso de año y medio en el envío de índices
Además, según se señaló, no se avisó del traslado de la oficina
En general, concluyen las inspectoras en su informe, se observó
desorden en el cuidado de los documentos; falta de conocimiento
legal e insuficiente cooperación con las autoridades aduaneras
Al día siguiente, las funcionarias vuelven a la Agencia y,
mediante nota manuscrita, requirieren al señor Ortiz Sánchez
aportar copias de varios documentos, a lo cual se negó. Según
adujo, se trata de un oficio sin número; asimismo, el costo que le
irrogaría a la empresa el uso del papel sería muy alto. También
se le requirió certificar ciertas copias. Sin embargo, volvió a
negarse, y retuvo los documentos, pues, según les indicó, eran
privados. Por ello, levantaron un acta de comparecencia
haciéndose constar su negativa, la cual se resistió a firmar. Las
susodichas funcionarias redactan un informe sobre el resultado de
esa inspección y la del día anterior. En él recomiendan un año de
suspensión en la autorización de sus actividades. El 2 de
febrero, la licenciada Zúñiga Cambronero le remite al Director
General de Aduanas el informe referido. Éste, a su vez, lo pasa
al Ministerio de Hacienda. Una vez realizada la audiencia
correspondiente a la Agencia Aduanal, el Poder Ejecutivo se
pronuncia. Mediante resolución número 327-95 de las 8:15 hrs. del
28 de abril de 1995, sustentada en el incumplimiento de
obligaciones legales, dispuso suspenderle su autorización para
operar por un plazo de tres meses. Esta decisión le fue
notificada el día 26 de mayo siguiente. El día 30, la empresa
formula incidente de nulidad en contra de lo resuelto por haberse
presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Sección
10:11 y 10:15 del RECAUCA. Ese mismo día formula gestión de
adición o aclaración, tocante al tipo de recurso a interponer,
plazo y autoridad ante la cual debía presentarse, pues esos datos

no fueron consignados en la respectiva notificación. En el mismo
escrito señala, además, que, de conformidad con el artículo 31
inciso 3ero. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, el acto administrativo en cuestión era pasible del
recurso de reposición, y que contaba, a partir de su comunicación,
con un plazo de dos meses para interponerlo. El 31 de mayo
presenta una gestión de suspensión del acto. Al respecto endilga
el vicio de nulidad absoluta por quebranto de los artículos 245 y
247 de la Ley General de la Administración Pública, amén del daño
irreparable -quiebra de la empresa- que ocasionaría. Según
reitera en dicha gestión, el recurso oponible es el de reposición
Ese día, la Directora Jurídica del Ministerio de Hacienda le
solicita al Director General de Aduanas suspender la ejecución del
acto, pues no estaba firme cuando se interpuso el incidente de
nulidad. Por resolución número 616-96 de las 9 hrs. del 16 de
julio de 1996, el Poder Ejecutivo desestima el incidente de
nulidad, en virtud de haberse rechazado de plano la acción de
inconstitucionalidad. Asimismo, tocante a la adición y aclaración
formuladas, señala que la gestión resulta innecesaria, pues la
Agencia Aduanal se muestra sabedora de sus derechos. Además,
deniega la gestión de suspensión del acto por haberse actuado a
derecho. Finalmente, confirma la resolución impugnada, indicando
que se hará efectiva a partir del 1 de setiembre y hasta el 30 de
noviembre de 1996. Para tal efecto, le ordenó a la Dirección
General de Aduanas proceder a ejecutarla. En el sub-júdice, se
pretende la anulación de las susodichas resoluciones del Poder
Ejecutivo; además, se declaren con lugar los incidentes
presentados oportunamente. El Estado se opuso a la demanda. El
Juzgado la acoge parcialmente. Según declara éste, la resolución
número 327-95 padece vicio en la notificación, por lo cual, es un
acto ineficaz; asimismo, la número 616 es absolutamente nula
Desestima la pretensión de acogimiento de los incidentes
interpuestos en vía administrativa. El tribunal confirma lo
resuelto. II.- El representante estatal formula recurso de
casación por el fondo. Alega violación directa de ley. Aduce

conculcados los artículos 141, 166, 245 y 247 de la Ley General de
la Administración Pública; y, 10 de la Ley de Notificaciones. Por
las razones que se expondrán, esta Sala se aboca al conocimiento,
en primer término, del alegado quebranto del artículo 141 de la
Ley General de la Administración Pública. III.- Según alega el
casacionista, el fallo recurrido es contrario al ordenamiento
jurídico. Ello por cuanto, afirma, el artículo 141 de la L.G.A.P
dispone que, para ser impugnable administrativa o
jurisdiccionalmente, el acto deberá ser eficaz. Si se adopta la
tesis de que uno de los actos es válido, pero ineficaz, agrega, se
cae en un absurdo jurídico, pues existiría un pronunciamiento
judicial sobre un acto no impugnable en sede administrativa o
judicial. Para obviar esa situación, propugna como postura
correcta la de que se está en presencia de un acto perfecto y
eficaz, pues el vicio de nulidad relativa del acto de notificación
se convalidó. Por esa razón, añade, la actora pudo atacarlo,
tanto en sede administrativa, cuanto judicial. El acto es eficaz,
afirma, al haberse convalidado por no ejercerse ninguna gestión
contra el acto de notificación. Además, porque la actora se
mostró en todo momento sabedora de la resolución que la afectaba,
formulando contra ella los recursos correspondientes. IV.- En
verdad, preceptúa el referido artículo 141 de la L.G.A.P.: "1-
Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto
deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el
punto de partida para los términos de impugnación del acto
administrativo. 2. Si el acto es indebidamente puesto en
ejecución antes de ser eficaz o de ser comunicado, el administrado
podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome
conocimiento del inicio de la ejecución.". En el sub-júdice, la
Administración acepta expresamente, en la resolución número 616-
96, a folio 87 del expediente administrativo, tomo II, que el acto
de notificación de la número 327-95, a folio 65 del mismo tomo,
mediante la cual se dispuso la suspensión de la sociedad actora
por tres meses, es omiso. Esto por cuanto no indica cuál recurso
podía interponerse, en qué plazo y ante qué autoridad. Lo

anterior, de conformidad con los artículos 140, 239 y 334 de la
L.G.A.P., torna ineficaz el acto de suspensión. Además, según lo
preceptuado por los ordinales 245 y 247 inciso 2do ibídem, esa
notificación está viciada de nulidad relativa. No obstante ello,
en el referido fallo 616-96, se confirmó la suspensión impuesta
Se dispuso además, que dicha medida se haría efectiva a partir
del 1 de setiembre y hasta el 30 de noviembre de 1996, y se ordenó
a la Dirección General de Aduanas proceder a ejecutarla. Esta
resolución le fue notificada a la sociedad actora el 18 de
setiembre de 1996. Consecuentemente, el día 20 siguiente formula,
en vía jurisdiccional, incidente de suspensión prima facie del
acto administrativo. El Juzgado, por auto de las 11:30 hrs. del
día 26, a folio 110 del expediente principal, resuelve suspender
su ejecución mientras se resuelve la incidencia
Concomitantemente con esa articulación, la empresa accionante
formula el presente proceso, pretendiendo, según se expuso, la
nulidad de las resoluciones dichas. Aduce no sólo las cuestiones
procesales apuntadas, sino también razones de fondo, con las
cuales ataca su validez. Según se colige de lo expuesto, a la
especie le resulta aplicable el inciso segundo del artículo 141 de
la L.G.A.P., antes transcrito. Ello por cuanto,
se repite, el acto de suspensión era ineficaz, pues, al momento
de comunicársele a la administrada se omitieron algunos de los
requisitos dispuestos por dicho cuerpo normativo en su artículo
245, lo cual, además, teñía ese acto de notificación, de nulidad
relativa. Asimismo, la suspensión impuesta no se ejecutó, a pesar
de haberse ordenado expresamente en la aludida resolución 616-96,
por cuanto la sociedad actora formuló incidente de suspensión
prima facie del acto en sede jurisdiccional. Por ende, debe
asumirse, se puso en ejecución antes de ser eficaz. Por su parte,
la impugnación en vía jurisdiccional se sustenta, no sólo en los
vicios del acto procesal de la comunicación, sino también, y lo
que es más importante, en reparos por el fondo, al atacarse la
validez de la suspensión impuesta. Por consiguiente, la sociedad
actora lo consideró impugnable. Con ello, la discusión de si era

eficaz o ineficaz quedó soslayada, sea, perdió trascendencia. Al
no entenderlo así el Tribunal, quebranta, por falta de aplicación,
lo dispuesto en el artículo bajo análisis. A mayor abundamiento
de razones, es menester apuntar lo siguiente. Es principio
aceptado del Derecho Procesal, la improcedencia de la nulidad por
la nulidad misma. Este encuentra fundamento, a su vez, en los de
economía procesal, justicia pronta y cumplida y celeridad. De
conformidad con este postulado, únicamente debe declararse la
nulidad si se le ha ocasionado indefensión a la parte, o cuando
precise orientar la marcha normal del proceso. Por ello, aún en
supuestos de nulidad absoluta, si no se está ante esas
situaciones, no cabría decretarla. Nuestro ordenamiento jurídico
así lo ha consagrado, entre otros, en los artículos 197 del Código
Procesal Civil y 10 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y
otras Comunicaciones Judiciales. Asimismo, esta Sala así lo ha
resuelto. En relación, pueden consultarse, entre otras, la
sentencias números 140 de las 14:35 hrs. del 28 de noviembre de
1990; y, 1 bis, de las 15:45 hrs. del 19 de abril de 1995. En el
sub-júdice, no se le ha ocasionado ninguna indefensión a la
sociedad actora al omitirse la indicación de los aspectos
señalados, en la comunicación del fallo número 327-95. Ello por
cuanto, en primer lugar, de acuerdo con la sustanciación, ella era
sabedora de esos aspectos. En la solicitud de adición y
aclaración, obsérvese, presentada el 30 de mayo de 1995, a folio
82 del expediente administrativo, tomo II, sea, cuatro días
después de notificada, indica que de conformidad con el artículo
31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, el recurso oponible era el de reposición, el cual
debe interponerse dentro de los dos meses contados a partir de la
notificación del acto. Además, esa norma dispone ante quién debe
hacerse. Esto mismo lo reitera en el incidente de suspensión del
acto formulado en vía administrativa, a folio 84 del mismo tomo,
presentado al día siguiente. De lo anterior se concluye, además,
que el acto procesal de notificación cumplió su finalidad. En
segundo término, de acuerdo con la doctrina administrativa, en

esta clase de proceso se exigen esos requisitos formales, cuando
deba comunicarse un acto que afecte derechos o intereses de las
partes o de un tercero, los cuales no existen en las
notificaciones judiciales, por dos razones: 1.- porque, la
participación del administrado no requiere la asistencia de
letrado; y, 2.- porque los plazos de impugnación son
extraordinariamente fugaces. En el sub-lite, tales situaciones no
se dan. La empresa accionante siempre ha estado asesorada por un
abogado, y el término para impugnar la resolución, lejos de ser
fugaz, es muy amplio, pues, de acuerdo con el artículo 31 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, es de dos
meses. Por último, de conformidad con el artículo 148 ibídem, los
recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la
ejecución. Ergo, aún cuando se hubiera interpuesto el recurso de
reposición al día siguiente de notificado el acto, éste siempre se
hubiera ejecutado. Además, precisa recordar, las normas procesales
son instrumentales tocante a la finalidad esencial de darle debida
aplicación a la norma sustantiva, y con ello, de realizar la
justicia en el caso concreto. En consecuencia, a la luz de lo
expuesto, la tesis sustentada por los juzgadores de instancia
resulta excesivamente formalista; se da a contrapelo de los
principios antes mencionados, y en violación de los artículos 141
de la L.G.A.P., y 10 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y
otras Comunicaciones Judiciales. V.- Por otro lado, en
autos han quedado debidamente acreditados los quebrantos al Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento
(RECAUCA), al Código Tributario, así como al Decreto Ejecutivo
número 18092 del 28 de abril de 1988, los cuales motivaron la
suspensión por tres meses impuesta a la sociedad actora. Sea,
como lo afirman los juzgadores de instancia, se comprobó, de
manera indubitable, la validez de dicho acto, al ser conforme con
la Sección 10:15 párrafos 1 y 3 del RECAUCA, además de ser
proporcionado. Asimismo, estima esta Sala con arreglo a lo
anteriormente considerado, tocante a la resolución número 616-96,
la cual confirma la anterior y rechaza las gestiones formuladas

por la sociedad actora, unas por improcedentes y otras por haber
manifestado su conocimiento sobre lo omitido, se encuentra
ajustada a derecho y no ocasiona indefensión. Por ello, no
resulta procedente su anulación. VI.- En mérito de lo que viene
dicho, y ante las violaciones citadas, procede acoger el recurso
formulado; anular la sentencia del Tribunal y, resolviendo por el
fondo, revocar parcialmente la del Juzgado, únicamente, en cuanto
declara ineficaz la resolución número 327-95 y anula la número
616-96. En su lugar, debe acogerse también la defensa de falta de
derecho opuesta, y rechazar, en todos sus extremos, la demanda
formulada, imponiéndosele a la sociedad actora el pago de las
costas del proceso. Por innecesario, se omite pronunciamiento
sobre los demás agravios formulados por la representación
estatal."

Nulidad e ineficacia del acto administrativo Presupuestos para que
proceda la solicitud por parte de la propia administración

"IV.- Conviene ante todo, citar los artículos 10.4 y 35.1 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
según el texto original, antes de la reforma introducida por ley
8422 de 6 de octubre del 2004, que expresaban por su orden
“Artículo 10.- (...) 4.- La Administración podrá accionar contra
un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo ,
cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo
dictó, haya declarado en resolución fundada, que es lesivo a los
intereses públicos que ella representa. ” (la negrilla no es del
original) “Artículo 35. 1.- Cuando la propia Administración autora

de algún acto declarativo de derechos , pretendiere demandar su
anulación ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, deberá
previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos
o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la
fecha en que hubiere sido dictado ”. (la negrilla no es del
original) De la relación de los textos anteriores, se tiene que
únicamente es posible que la Administración solicite la nulidad de
su propio acto, cuando éste ha creado un derecho subjetivo a favor
de uno o varios administrados determinados."

Nulidad sobreviniente del acto administrativo

De la relación de hechos que antecede se tiene por acreditado que,
mediante la resolución No.1532-006-2004, del 19 de marzo del 2004,
se dispuso cancelar la pensión otorgada a la recurrente dentro del
Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social,
argumentando que las condiciones de Hernández Barquero habían
variado, pues ya no se encontraba en un estado de necesidad o
desamparo económico. Todo lo anterior, a tenor de los resultados
del Informe de la Sección de Trabajo Social del Departamento de
Prestaciones Sociales del Régimen no Contributivo de la Caja del
Seguro Social, de fecha 20 de febrero del 2004. Contra la
resolución que dispuso la cancelación de la pensión otorgada a la
accionante desde el 1° de diciembre del 2001, interpuso el recurso
de apelación, mismo que fue rechazado mediante resolución No.15278
de fecha 7 de mayo del 2004. Al respecto, este Tribunal
Constitucional estima, que -en la especie- se ha producido una
infracción al principio de intangibilidad de los actos propios,

porque la Administración anuló un derecho previamente otorgado a
la amparada, sin haber observado un debido proceso en el que se le
hubiera dado la posibilidad de ejercer su defensa. En ese sentido,
cabe señalar –en primer término- que contrario a lo que manifiesta
la parte accionada, al otorgar una pensión por el Régimen no
Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Estado
no otorga un beneficio discrecional que pueda, posteriormente,
simplemente revocar, se trata una ayuda económica que se integra
como un derecho subjetivo en la esfera jurídica del particular
Con las referidas ayudas el Estado pretende crear mecanismos de
redistribución de la riqueza entre quienes sufren desventajas
sociales significativas, para cumplir una de sus principales
funciones que es procurar condiciones de vida digna para todos,
especialmente, para los más desfavorecidos en la distribución de
la riqueza. De ahí que si en la actualidad la accionante ya no se
encuentra en uno de los supuestos que autoriza el disfrute de una
pensión por el Régimen no Contributivo, situación que –en todo
caso- se debe discutir en el marco del debido proceso, en el que
se le otorgue a la interesada la oportunidad de ejercer su derecho
de defensa. En la especie lo que se produjo fue la desaparición
sobrevenida de una de las condiciones exigidas por el ordenamiento
para el otorgamiento de la indicada pensión (nulidad sobrevenida,
artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública )
Bajo tales circunstancias, para constatar tal nulidad sobrevenida
la administración debió haber substanciado previamente un
procedimiento administrativo ordinario que cumpliera con los
requerimientos establecidos en el artículo 173 de la Ley General
de la Administración Pública. Dado que en el caso concreto la
administración pública omitió cumplir las exigencias formales y
sustanciales establecidas en el ordenamiento jurídico para anular,
en vía administrativa un acto administrativo favorable o
declaratorio de derechos subjetivos, se produjo la alegada
infracción del principio de intangibilidad de los actos propios,
derivado del artículo 34 de la Constitución Política. Todo lo
anterior no enerva la potestad de la administración recurrida de

anular un acto favorable, siempre y cuando, observe los recaudos
formales y sustanciales que prescribe el ordenamiento jurídico

4 Procuraduría General de la República de Costa Rica

Invalidez originaria

La diferencia entre ambas figuras (nulidad e ineficacia por
resolución) radica en que en la primera la causa que provoca la
invalidez del acto es originaria, o sea, se produce con la
constitución misma de la relación jurídica de que se trate, por lo
que la nulidad que se declare tendrá efectos retroactivos (8),
mientras que la ineficacia por resolución se produce por
circunstancias que acaecen más bien durante el curso de la
relación jurídica, como consecuencia de una conducta previamente
tipificada como condición resolutoria. En este último caso los
efectos de la resolución se producen a futuro, reputándose como
válidos todos los efectos producidos por el acto con anterioridad
a la conducta que se sanciona

la Ley General de la Administración Pública dispone: "1.-
La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de
las condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción,
cuando la permanencia de dicha condición sea necesaria para la

existencia de la relación jurídica creada, en razón de la
naturaleza de la misma o por disposición de ley.-

En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del
hecho que la motive"

La nulidad absoluta, evidente , manifiesta, Invalidez derivada

Bajo los términos del artículo 173 de la Ley General
de la Administración Pública (LGAP), es un hecho que para hacer
uso de la potestad de autotutela administrativa, por virtud de la
cual es factible declarar la nulidad de un acto declarativo de
derechos en vía administrativa, no basta que el acto se encuentre
viciado de nulidad absoluta, sino que además, ésta debe ser
evidente y manifiesta; es decir, no es cualquier grado de
invalidez o nulidad la que autoriza decretar la anulación oficiosa
de un acto administrativo declaratorio de derechos, dado que el
ordenamiento jurídico exige que concurran ciertas características
o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen (Véase,
entre otras, la resolución Nº 2004-01003 de las 14:40 horas del 4
de febrero de 2004, de la Sala Constitucional)

Por ello, es importante recordar que este tipo de nulidad se

caracteriza por ser fácilmente perceptible, pues "está referida a
la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de
fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es
evidente, ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad
absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata,
dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que
padece el acto de que se trate" (Dictamen C-104-92 de 3 de julio
de 1992). En otras palabras, esta nulidad no solo implica la
ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, sino que
es aquella que es patente y notoria, de suerte que se descubra por
la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal,
sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis (ver entre
otros muchos, C-200- 83 del 21 de junio de 1983, C-019-87 de 27 de
enero de 1987, C-062-88 de 4 de abril de 1988, C-194-91 de 3 de
diciembre de 1991, C-104-92 de 3 de julio de 1992, C-045-93 de 30
de marzo de 1993, C-165-93 de 18 de noviembre de 1993, C-037-95 de
27 de febrero de 1995, C-051-96 de 28 de marzo de 1996, C-047-2000
de 29 de febrero del 2000, C-055-2000 de 20 de marzo del 2000, C-
109-2000 de 17 de mayo del 2000, C-126-2000 de 2 de junio del
2000, C-007-2002 de 8 de enero del 2002, C-130-2002 de 4 de junio
del 2002, C-205-2002 de 14 de agosto del 2002, C-280-2003 de 19 de
setiembre del 2003, C-317-2003 de 7 de octubre del 2003, C-356-
2003 de 13 de noviembre del 2003 y C-089-2005 del 01 de marzo del
2005)

En tal sentido, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia ha indicado que

“IV.-
La nulidad evidente y manifiesta como presupuesto que habilita a
las Administraciónes publicas para ejercer su potestad de

anulación oficiosa de actos administrativos favorables para el
administrado. No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a
un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un
acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado,
dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que
concurran ciertas características o connotaciones específicas y
agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión
de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a
tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley
General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo
evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio,
ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen
de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o
lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su
índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto
administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan
cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de
hermenéutica o exégesis ninguna (...)”. ( Voto Nº 2003-4369 de las
08:30 horas del 23 de mayo del 2003, de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia. En sentido similar, pueden
consultarse las sentencias Nº 458-90 y 1563-91 de las 15:00 horas
del 14 de agosto de 1991, 2004-01003, 2004-01005 y 2004-01831 op
cit. de ese Alto Tribunal)

Expuesta así la jurisprudencia administrativa y
judicial en punto al tema de la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta, y teniendo siempre presente que la potestad de
anulación de oficio de los actos que confieren derechos subjetivos
a los administrados caduca en el perentorio plazo de cuatro años,
contados a partir del momento en que fueron dictados (párrafo 5°
del artículo 173 LGAP), y que por ende, en el sub-litem estamos
dentro del citado plazo, seguidamente nos abocaremos a determinar
si en el caso en estudio existe o no este tipo de nulidad

De previo a efectuar dicha valoración, interesa
referirse al tipo de actos involucrados en el caso en estudio, así
como la forma en que se manifestaron, a efectos no solo de
establecer si es jurídicamente posible ejercer respecto de ellos
la potestad anulatoria que prevé el ordinal 173 de la supracitada
ley, sino los alcances que esta tendría

FUENTES CITADAS

Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
1 SABORÍA VALVERDE, Rodolfo. Eficacia e Invalidez del Acto
Administrativo. Ediciones SEINJUSA. Costa Rica. 2.ED
1994.pp.20.21
2 SABORÍA VALVERDE, Rodolfo. Eficacia e Invalidez del Acto
Administrativo. Ediciones SEINJUSA. Costa Rica. 2.ED
1994.pp..73.74
3 PERAZA RODRÍGUEZ, Giovanni.Nulidades del acto administrativo en
la ley general de administración pública.Tesis para optar por el
grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad
de Costa Rica.1983.pp.95.96
4 PERAZA RODRÍGUEZ, Giovanni.Nulidades del acto administrativo en
la ley general de administración pública.Tesis para optar por el
grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad
de Costa Rica.1983.pp.99
5 SABORÍA VALVERDE, Rodolfo. Eficacia e Invalidez del Acto
Administrativo. Ediciones SEINJUSA. Costa Rica. 2.ED. 1994.pp.36
N°000523-F-2005, de las dieciséis horas treinta minutos del
veinte de julio del dos mil cinco

N°03897, de las cinco horas con catorce minutos del trece de abril
de dos mil cinco
N°2004-14457 , de las once horas con treinta y seis minutos del
diecisiete de diciembre del dos mil cuatro
N°000564-F-2000, de las catorce horas cuarenta minutos del nueve
de agosto del año dos mil
Resolución N°331-2006 , de las catorce horas diez minutos del
veintiocho de julio del dos mil seis
N°2005-01794 , de las dieciséis horas con catorce minutos del
veintitrés de febrero del dos mil cinco.-
025 del 16/02/1998
123 del 04/04/2005

🎯 Procesar Transcripción

Extraer artículos, concordancias y guardar en la base de datos.

⚠️ Recomendamos revisar el texto antes de procesar.

📖 Leyenda de Formato

================ Separador de LIBRO

TITULO I Título/Sección

CAPITULO I Capítulo

---------------- Separador de Artículo

CONCORDANCIAS: Referencias a otros artículos

NOTAS: Reformas o comentarios

Editor de Transcripción

🎯 Procesar Transcripción

📖 Leyenda de Formato