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RESUMEN: En el siguiente informe invetigativo, se incorpora
jurisprudencia relacionada con el valor probatorio de las
certificaciones en distintos procesos judiciales. A los efectos se
analiza el valor probatorio de una certifificación extendida por
la CCSS, así como la emitida por un contador privado. Por útlimo
se incorpora un extracto jurisprudencial en donde se analiza la
valoración, en materia salarial, de una certificación emitida por
la CCSS


Índice de contenido
c. Validez de Certificación Emitida por Contador Privado.. . . . .7
d. Valoración en Materia Salarial sobre Certificación de la


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DESARROLLO


1. Jurisprudencia

a. Certificación de la CCSS no Constituye Plena Prueba
"I.- En esta tercera instancia rogada, la actora cuestiona lo
resuelto por el Tribunal Superior de Puntarenas, acerca de su
demanda de prestaciones legales por el despido injustificado del
que fue objeto. Le imputa, a ese órgano, errores en la valoración
de la prueba y la violación de las reglas de la sana crítica, al
haber tenido por acreditado que su salario mensual era de
cincuenta mil colones. Manifiesta que regresó a Costa Rica luego
de que el señor P.P. -quien, desde agosto de 1990, era su patrono
en Miami, Estados Unidos- adquirió las acciones de la "Corporación
J., Sociedad Anónima" y la nombró vicepresidenta de esa compañía y
gerente del Hotel Jacofiesta, ofreciéndole pagarle, por ello, la
suma de dos mil dólares mensuales. Este último aspecto, por demás
lógico si se tienen presentes los montos percibidos por sus
subalternos, fue demostrado con los documentos y con los
testimonios evacuados. Agrega que, durante la vigencia de su
contrato de trabajo y con excepción de los meses de abril, mayo y
junio y de los trece primeros días de julio de 1993, cuya
cancelación también reclama, fue ése el sueldo en numerario que
efectivamente recibió. Junto a esa cantidad ha de tomarse en
cuenta su remuneración en especie, ya tasada por los juzgadores de
instancia en un cincuenta por ciento del monto en dinero, lo que
da un total de tres mil dólares mensuales; salario con el que han
de calcularse todas las indemnizaciones a las que tiene derecho
Objeta, además, que se le haya denegado la reparación por daños y
perjuicios, estipulada en el artículo 82 del Código de Trabajo,
toda vez que, como lo acreditó, su despido fue injustificado,
sorpresivo y violento. Finalmente, solicita que se fije la
obligación de pagar los intereses sobre lo adeudado a partir de la
fecha de presentación de la demanda. II.- Atendiendo al orden
planteado en el recurso interpuesto, corresponde establecer, en
primer lugar, cuál era, realmente, el salario de la actora. De los
alegatos de las partes y de los documentos visibles a folios 59,
158 vuelto y 252 a 271 se colige que, con ese carácter, la empresa
accionada reportaba, ante la Caja Costarricense de Seguro Social,
la suma de cincuenta mil colones mensuales. Sin embargo, la prueba
testimonial evacuada contradice la veracidad de ese dato. Al
respecto, don O.V.C., esposo y ex-compañero de trabajo de la
demandante, expresó: "La actora y yo empezamos a laborar en
Septiembre del noventa y dos y ella devengaba un salario de Dos


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mil Dólares mensuales, se le pagaban CINCUENTA MIL COLONES,
reportados a la Caja del Seguro Social y el resto en otra planilla
interna del hotel Jaco Beach." (sic, folio 242 vuelto y 243). Por
su parte, el deponente M.H.G., quien se desempeñó como asesor
contable y financiero externo de la empresa accionada, confirmó
esas aseveraciones al manifestar: "La actora vivía en el hotel
Ganaba dos mil dólares mensuales, aparte de eso como vivía en el
hotel tenía hospedaje y alimentación por cuenta del hotel. (...)
Recuerdo que en el caso de doña L. no se le reportaba todo el
salario para no encarecer las cargas sociales. No sé por orden de
quien no se reportaba el salario completo de la actora." (sic,
folios 215 y 216 vueltos). Aunque, sin duda, es reprochable que,
siendo la señora V.M. la representante patronal de la Sociedad
accionada en el país, ella no haya hecho nada para evitar que se
le reportara un salario sustancialmente menor al que recibía, es
lo cierto que, en esta materia, debe imperar siempre, máxime
cuando del cálculo de las prestaciones legales se trata, el
principio de primacía de la realidad. Como bien lo apunta la
recurrente, así lo ha reconocido esta Sala, de modo reiterado
Sobre el particular, en el voto Nº 326, de las 9:30 horas del 21
de octubre de 1993, se indicó: "... el reporte de salarios a la
Caja Costarricense del Seguro Social, que consigna las planillas,
es un acto de declaración unilateral del ente patronal y, en
consecuencia, no hay certeza del salario real devengado
mensualmente; por lo que no constituye prueba plena e irrefutable
en perjuicio del trabajador, ya que la realidad es que, a menudo,
se señalan en ellas estipendios inferiores a los que efectivamente
devengan los trabajadores y, en este caso concreto, apreciada en
conciencia la prueba testimonial, en relación con la documental
constante en autos, de conformidad con el artículo 486 del Código
de Trabajo, se llega a (...) fijar la suma correspondiente (...)
No resulta arbitraria la fijación; porque la misma tiene
fundamento en declaraciones de testigos, que indican el monto del
salario (...) la parte patronal no logró acreditar que reportaba a
la C.C.S.S. el salario real del actor..." (sic. Ver, en idéntico
sentido, los votos Nº 257, de las 9:10 horas del 29 de noviembre
de 1991, y Nº 85, de las 9:20 horas del 23 de abril de 1993). No
constituye obstáculo alguno para reconocer que, en la realidad, la
remuneración de la accionante era en otra moneda y que ascendía a
un monto mucho mayor al reportado, el que en el informe No. 121-C-
366-93-94, visible de folio 252 a 271 y emitido por la Sección de
Investigaciones Contables del Departamento de Investigaciones
Criminales del Organismo de Investigación Judicial, se
estableciera que "Tenía un salario mensual de ø50.000...",
básicamente porque esa información se obtuvo, según lo indica el
mismo documento, de "... las planillas de la Caja Costarricense
del Seguro Social (C.C.S.S)." (folio 256). Los testigos antes


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mencionados afirmaron, de modo coincidente, tanto entre sí como
con lo alegado en la demanda, que el salario en dinero que doña
L.V.M. percibía por mes, era de dos mil dólares estadounidenses y,
por tanto, ese es el monto que ha de reputarse como tal. El que
uno de ellos sea su esposo y el que ambos hayan sido sub-alternos
suyos no son, por sí mismos, indicios suficientes para negarles
credibilidad a sus respectivos relatos. No es posible obviar que
sus declaraciones fueron rendidas bajo juramento y que no fue
aportada prueba alguna que las desvirtuara. Véase que no resulta
lógico que ella, con las responsabilidades que tenía y ocupando el
puesto más alto dentro del hotel, ganase tan solo cincuenta mil
colones, siendo esa suma, incluso, mucho menor a la que devengaban
varios de los más de setenta y cinco empleados a su cargo. En
consecuencia, procede revocar el pronunciamiento impugnado en la
medida en que estableció un sueldo menor al que efectivamente
percibía la actora y determinó, con base en él, los montos de las
prestaciones legales a las que tiene legítimo derecho. Su salario
mensual, que incluye, aparte de la suma en numerario ya dicha, la
porción en especie, fijada por los juzgadores de instancia en el
equivalente al cincuenta por ciento de aquél, asciende, entonces,
a tres mil dólares estadounidenses. III.- La señora V.M. insiste,
también, en que no le fue cancelada la correspondiente retribución
de los meses de abril, de mayo y de junio y la de trece días del
mes de julio de 1993. Cierto es que, tal y como se indica en el
recurso, ha sido criterio de esta Sala que corresponde al
empleador probar que efectivamente ha pagado el respectivo
salario, en tanto que el trabajador o la trabajadora demandante
tan solo debe acreditar el haber desempeñado sus labores. Sin
embargo, en este caso, la ausencia de elementos probatorios que
den constancia de la reclamada cancelación carece del efecto que
se pretende. Ello es así por cuanto, según se desprende de lo
sustanciado, la actora era, en este país, durante los períodos
indicados, la representante única y absoluta de la compañía
demandada, y tenía, por ello, un dominio pleno del dinero de la
misma. De ahí que, en este asunto en particular, ella debía
acreditar los impedimentos que tuvo para percibir su salario y no
lo hizo (véase el artículo 417 del Código Procesal Civil,
aplicable por disponerlo así el 452 del de Trabajo). Así las
cosas, en este aspecto concreto debe confirmarse el fallo
impugnado."

b. Certificación de Contador de la CCSS
"XIV.- Argumenta asimismo la accionada apelante, que la Ley de
Protección al Trabajador N ° 7983 del 16 de febrero del 2000
reformó el artículo 53 de la Ley Constitutiva de la Caja


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Costarricense de Seguro Social, el cual, solo en lo que aquí
interesa, quedó diciendo lo siguiente: "La certificación extendida
por la Caja, mediante su Jefatura de Cobro Administrativo o de la
sucursal competente de la Institución, cualquiera que sea la
naturaleza de la deuda, tiene carácter de título ejecutivo, una
vez firme en sede administrativa." Esa reforma, dice, vino a
restarle ejecutividad a las certificaciones por deudas emitidas
por los Jefes de Contabilidad de la Caja Costarricense de Seguro
Social, pues ahora las certificaciones son expedidas por la
Jefatura de Cobro Administrativo de la Caja y serán ejecutivas una
vez firme en sede administrativa. Es decir, añade, para que la
certificación constituya título ejecutivo, deben respetarse las
normas que garantizan el debido proceso, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. En
su criterio, esa reforma debe aplicarse en forma retroactiva a
este caso en concreto, porque la Caja accionante, cuando esa
reforma se dio, no tenía ningún derecho patrimonial adquirido ni
ninguna situación jurídica consolidada, sino tan solo una
expectativa de derecho, y por eso, afirma, la solicitud de quiebra
hecha por la Caja, fundada en una certificación expedida con base
en el citado artículo 53, pero antes de su reforma, carece de
fundamento legal. No es de recibo ese agravio para anular o
revocar la sentencia recurrida. El artículo 860 del Código de
Comercio establece que servirá como fundamento para declarar la
quiebra, cualquiera de los títulos a los que las leyes les da el
carácter ejecutivo. En la especie la Caja accionó con base en un
documento que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
por el artículo 53 de su Ley Constitutiva para ser considerado
título ejecutivo, según el texto vigente de esa norma legal al
momento en que estableció la presente solicitud de quiebra, y por
eso prevalece ese texto para resolver el caso y no el actual según
la reforma operada. Tómese en cuenta que la solicitud de quiebra
fue presentada el 9 de julio de 1999, y que la reforma al artículo
53 entró en vigor a partir del 18 de febrero de este año. Lo
anterior quiere decir que la acción de la Caja sí tiene fundamento
legal porque aportó un título que es ejecutivo según la ley que
regía cuando la presentó, del cual se desprende además que ella es
acreedora de la demandada en una obligación que es líquida,
exigible y no pagada, por la suma de treinta y dos millones
seiscientos nueve mil cuatrocientos un colones noventa céntimos
-según el saldo establecido en la resolución recurrida, el cual no
ha sido objeto de impugnación-. En el Transitorio XVIII de la Ley
de Protección al Trabajador se establece claramente que dicha ley
rige a partir de su publicación, hecho ocurrido el 18 de febrero
de este año como ya se indicó, lo que significa que la reforma
introducida por ella al artículo 53 de la Ley Constitutiva de la
entidad actora, también rige hacia futuro y no hacia el pasado


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como lo alega la apelante. La nueva ley no vino a establecer, en
el punto que interesa -ni lo podía hacer so pena de incurrir en un
vicio de inconstitucionalidad-, que quedaban desaplicados los
efectos producidos hasta entonces por el texto del artículo 53
antes de su reforma, sino que vino a establecer una situación
nueva, pero que regiría hacia futuro. Por eso no es de recibo el
argumento de la apelante, de que con la certificación aportada por
la Caja como base de su solicitud, lo que ésta tenía era tan solo
una expectativa de derecho para poder accionar contra ella
pidiendo su declaratoria de quiebra con base en ese documento. Por
eso tampoco interesa analizar aquí cuál es el espíritu o finalidad
de las reformas que la Ley de Protección al Trabajador le
introdujo a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social, ni de otras leyes de orden público citadas por la apelante
al expresar agravios -en lo cual esta última sí incursionó en su
escrito de agravios-, porque se repite, esa ley rige para el
futuro y no hacia el pasado. XV.- Manifiesta también la
apelante, en sus agravios, que la Caja, pese a tener ya presentada
esta solicitud de quiebra y otras acciones judiciales en cobro de
otras deudas que tiene con la institución, le presentó un nuevo
juicio ejecutivo cobrando las cuotas obrero patronales, multas e
intereses de las planillas correspondientes a junio de mil
novecientos noventa y nueve a noviembre de ese mismo año, lo que
evidencia, afirma, que el único motivo que tenía dicha institución
para solicitar su quiebra era buscar un medio de presión para
hacer efectivo el pago de la obligación, lo que no debe
respaldarse, dice, porque lo aconsejable es analizar los hechos y
las pruebas, bajo la óptica de las reglas de la sana crítica, para
dictar resoluciones justas y no para satisfacer caprichos. No es
de recibo ese agravio para anular o revocar la sentencia
recurrida. A la Caja, como acreedora que es de la accionada, nada
le impedía ni le impide acudir a las vías que estime conveniente
para recuperar lo que la demandada le adeuda, y en este caso le
asiste derecho, legitimación e interés actual en la solicitud de
quiebra presentada, tal y como se señaló en líneas anteriores
XVI.- Con base en todo lo expuesto, no siendo de recibo ninguno de
los agravios expresados por la demandada apelante, ni existiendo
en los procedimientos ni en la sentencia apelada ningún vicio de
nulidad, procede rechazar, como en efecto se hará, la nulidad
concomitante alegada por dicha recurrente, y confirmar dicho fallo
en lo que ha sido objeto de alzada. Ha de advertirse que la
demandada, en su escrito de expresión de agravios fechado nueve de
agosto del año en curso -folios 781 a 823-, pidió traer a los
autos la prueba documental que ahí se indica, consistente en
piezas de otros procesos judiciales en los que es parte, ya sea
como actora, demandada o denunciante. Esa prueba es irrelevante, y
por eso se ha omitido traerla a los autos, de conformidad con lo


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establecido en los artículos 316 y 575 del Código Procesal Civil,
porque lo que se discute en esos procesos, según se desprende de
lo expuesto al respecto por la misma parte demandada en sus
agravios y que ya han sido analizados, ninguna relación tiene con
lo debatido en este proceso concursal, donde se probó que la
accionada incurrió en la causal de quiebra de cesación de pagos, y
por eso la quiebra decretada en su contra está correctamente
acordada en la resolución recurrida. Igualmente resulta
irrelevante la prueba documental que ofreció y aportó la
institución actora a folios 747 a 777, con su escrito de fecha
ocho de setiembre último -folios 778 a 780-, y por ello también se
ha omitido admitirla."

c. Validez de Certificación Emitida por Contador Privado
"El reclamo del impugnante en realidad está destinado a combatir
el valor probatorio otorgado por el juzgador en la sentencia a los
documentos dichos, no correspondiendo propiamente a un alegato de
falta de fundamentación. De todas maneras debe indicarse que en
materia penal rige el principio de libertad de la prueba (Art. 198
del Código de Procedimientos Penales), aun en lo relativo a la
acción civil resarcitoria, de modo que la certificación del
contador privado sobre los ingresos que tiene una persona privada
podría ser tomada en cuenta, por no existir prohibición probatoria
al respecto. Dentro de las funciones de los contadores privados
está la prestación de servicios de contabilidad internos a
personas físicas y jurídicas, y en ese sentido es que debe
entenderse la certificación indicada (véase: Art. 6 de la Ley
Orgánica del Colegio de Contadores Privados). Debe reconocerse que
al lado de los contadores privados, nuestra legislación regula a
los contadores públicos (véase: Ley Orgánica del Colegio de
Contadores Públicos), los que tienen fe pública con respecto a la
certificación de los estados financieros y contables de las
personas físicas y morales. Sin embargo, el que la certificación
de un contador privado sea en principio para efectos internos y
que no reúna el carácter de documento público, no hace que en
materia penal no pueda ser tomada en cuenta como prueba
documental, todo con base en el mencionado principio de libertad
de la prueba. Nótese que propiamente la certificación extendida
por el contador privado en este asunto no fue en calidad de perito
nombrado por los tribunales, sino se trata de un documento privado
que tomó en cuenta el perito para rendir su dictamen, y el que el
juzgador podía valorar junto al dictamen pericial mencionado."


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d. Valoración en Materia Salarial sobre Certificación de la
"1.- Se aprueba la relación de hechos demostrados que se enlistan
en el fallo recurrido, así como los improbados, por ser fiel
reflejo del mérito de los autos. 2.- El apoderado especial
judicial de la empresa Wackenhut Sociedad Anónima, recurre de la
sentencia dictada en este proceso, alegando en primer lugar que no
obstante, que la demanda se contestó en forma extemporánea, el
Juzgador debió valorar los elementos de prueba aportados al
contestarse la misma, pues únicamente tomó en cuenta las razones
expuestas por el actor sin cuestionar la veracidad de sus motivos,
debido a que en el rubro concedido de horas extras, a pesar de que
la ley dice que ese extremo debe ser demostrado por el trabajador,
se le concedió tal petición, a pesar de que no aportó elemento
alguno de prueba en su favor. Por último, como el despido del
actor fue por deslealtad, al ofrecer servicios de vigilancia a uno
de sus clientes, solicita se admita como prueba para mejor
resolver, la testimonial ofrecida en la contestación de la
demanda. De ahí que lo procedente sea revocar el fallo venido en
alzada y declarar sin lugar la demanda. [...] 4.- Tocante a los
reproches que se exponen en el memorial de apelación interpuesto
en este estadio procesal, debemos indicar que según nuestra
jurisprudencia patria, le corresponde a la empresa accionada
aportar la prueba necesaria para desvirtuar los hechos de la
demanda, los cuales gozan de una presunción de veracidad. Para una
mejor visión del tema en cuestión se hace necesario transcribir
parcialmente el Voto Nº 131 de las 11 horas del 19 de mayo de
1999, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que en
lo conducente refirió: “…En el derecho laboral, el trabajador
-que es normalmente el actor o demandante- se ve exonerado, en lo
sustancial, de probar su dicho; por lo que, la carga probatoria
recae, en lo básico, sobre el accionado. La demanda goza, por así
decirlo, de una presunción de veracidad, que debe ser destruida
por el demandado con su prueba. (…) Del principio de
redistribución de la carga de la prueba, entonces pueden extraerse
las siguiente reglas: a) La demanda se presume verdadera a priori,
lo que se traduce en un apercibimiento de tenerse por cierto su
contenido si el demandado incumple con el trámite de contestación
b) la demanda impone contestación específica respecto de cada uno
de los extremos que contiene; la falta de contradicción expresa
respecto de alguno de ellos implica un allanamiento tácito; c) el
trabajador sólo tiene obligación formal de probar la existencia de
la relación laboral, sin que ello implique impedimento ni
exoneración absoluta de demostrar complementariamente los diversos
hechos que afirma…”. Corolario de lo anterior, debemos ser


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enfáticos en que la sociedad accionada al contestar en forma
extemporánea la demanda, no pudo desvirtuar las aseveraciones del
trabajador. 5.- Ahora bien, en virtud de que el precepto 468 del
Código de Trabajo es de aplicación obligatoria en este tipo de
procesos, es menester transcribir en forma parcial el Voto Nº 59
de las 9:10 horas del 26 de enero del 2001, dictado por la misma
Sala, con el fin de analizar el desarrollo que le dio a los
alcances del canon citado líneas atrás: “El artículo 464 del
Código de Trabajo, le impone, a la parte accionada, el deber de
contestar los hechos de la demanda, bajo el apercibimiento de que,
si no se hace, los mismos se tendrán por ciertos (…). Por otra
parte, en el 468 ídem, se establece, también con claridad, que “Si
el demandado no contestare la demanda … dentro del término que al
respecto se le haya concedido, se tendrán por ciertos, en
sentencia, los hechos que sirvan de fundamento a la acción, salvo
que en el expediente existan pruebas fehacientes que los
contradigan. Esta regla se aplicará también en cuanto a los hechos
de la demanda … acerca de los cuales el demandado … no haya dado
contestación en la forma que indica el artículo 464”. En
consecuencia, la grave sanción procesal, prevista por no
contestarse una demanda, conlleva, en principio, que los hechos se
deban tener por ciertos. (…) Por esas razones, al haber ordenado
el juzgador de primera instancia, la evacuación de la prueba
testimonial ofrecida por la demandada, procedió en contra de lo
dispuesto en esas normas y, aunque se reconoce la potestad que el
numeral 489 ibídem le otorga al juzgador, de poder ordenar
cualquier diligencia probatoria, que estime necesaria para el
esclarecimiento de los hechos, debe apuntarse que, en situaciones
como la sub-judice, tal norma debe armonizarse con el resto del
ordenamiento y en este caso, el proceder del juzgador contravino
aquellas disposiciones; pues dejó sin efecto alguno, la ineludible
sanción procesal que contiene la ley. Esta otra norma, que
establece la posibilidad para el juzgador de ordenar prueba para
mejor proveer, debe entenderse en relación con los hechos que
resulten controvertidos en el juicio. La litis tiene un contenido
que resulta de la forma en que ha quedado trabada, de acuerdo con
la actividad procesal de las partes, quedando así determinadas las
cuestiones sustanciales, que constituyen el objeto del debate, el
cual el juez está obligado a resolver. En atención al sistema
dispositivo, que rige el proceso en la materia laboral y en lo que
toca con los hechos substanciales del debate, sólo puede ordenarse
prueba para mejor proveer, respecto de los hechos propuestos por
las partes. Es decir, solamente las cuestiones invocadas, por
alguna de las partes y en el momento procesal oportuno; ya sea en
el momento de contestar la demanda o bien posteriormente, en los
supuestos de excepción de los artículos 469 del Código de Trabajo
y 307 del Procesal Civil, son los que sí pueden ser objeto de


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debate y de prueba. Queda a salvo, desde luego, la fijación de
aquellos hechos accesorios, como por ejemplo el monto de los
salarios, respecto de los cuales pueden, los jueces, ordenar
probanzas con aquel carácter, a fin de hacer una determinación
aritmética y numeraria correcta, de los derechos pretendidos
aunque, el demandado, no hubiere contestado”. 6.- Como ya se
indicó, en la especie la firma comercial Wackenhut contestó la
acción en forma extemporánea y aunque aportó la carta de despido
que rola al folio 19, este documento no es capaz de desvirtuar los
hechos expuestos por el demandante, debido a que no se indicaron
las razones que tuvieron los personeros de la accionada para
despedir a don Ramón Solano Arias, pues solamente se hizo
referencia al inciso L del artículo 81 del Código de Trabajo,
estando además la patronal obligada a traer pruebas objetivas para
darle validez al elemento de marras. Tocante al segundo documento
aportado por la accionada y que consiste en un Detalle de Salarios
Acumulados, confeccionado por la Caja Costarricense de Seguro
Social, es preciso señalar que su valor resulta ser limitado, por
una razón muy sencilla, su soporte fáctico proviene del empleador,
sin participación alguna del trabajador, siendo que en muchas
ocasiones, se ha demostrado que los patronos reportan salarios
inferiores al realmente devengado con el propósito de evadir el
pago de las cargas sociales. Así los reportes de planillas no
constituyen prueba fehaciente y la jurisprudencia así lo ha
considerado. Al respecto la Sala Segunda de Casación en el Voto Nº
202, de 15:40 horas de 10 setiembre de 1997, en lo conducente
refirió: “…el reporte de salarios de la Caja Costarricense de
Seguro Social, que consigna las planillas, es un acto de
declaración unilateral del ente patronal y en consecuencia, no hay
certeza del salario real devengado mensualmente; por lo que no
constituye prueba plena e irrefutable en perjuicio del trabajador,
ya que la realidad es que, a menudo, se señalan en ellas
estipendios inferiores a los que efectivamente devengan los
trabajadores y en este caso concreto, de conformidad con el
artículo 468 del Código de Trabajo, (…) la parte patronal no logró
acreditar que reportaba a la C.C.S.S. el salario real del actor”
En conclusión, el reporte de planillas a la Caja, por sí mismo, no
desvirtúa el dicho del actor, en virtud de que debe ser
acompañado, con algún otro elemento probatorio, para que le dé
validez. En apoyo de nuestra tesitura debemos indicar que si bien
es cierto que uno de los fines del proceso laboral es encontrar la
verdad real de lo sucedido, esto es así en el tanto en que las
partes aporten sus pruebas, porque si no lo hacen, el Juez no
puede, a pesar de la naturaleza intuitiva que tiene el derecho
laboral, realizar las tareas que le competen a los litigantes. Por
ello, la recepción de la prueba testimonial que se pretende en
esta segunda instancia, carece de pertinencia, porque la empresa


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aludida al contestar en forma extemporánea la demanda, perdió la
oportunidad para que se evacuara el material probatorio de
descargo. Véase que la prueba para mejor resolver que regula el
precepto 489 del Código de Trabajo, está prevista como la facultad
del Juez de traer elementos de prueba al proceso, cuando después
de evacuada la aportada, le queden dudas fundadas sobre el fondo
del asunto, pero nunca para suplir las omisiones provocadas por
las partes, como sucedió en el caso en concreto. De lo expuesto,
podemos concluir con toda propiedad que no se logró la
desacreditación de los hechos de la demanda, como lo exige la
doctrina y la jurisprudencia patria. 7.- En cuanto a los
eventuales derechos que contempla la normativa jurídica a favor de
los trabajadores, el recurrente solamente cuestionó en el libelo
de alzada, la condenatoria que se ordenó en el rubro de horas
extra. Al respecto, debemos indicar que si bien es cierto, es al
actor a quien le corresponde probar que tales jornadas
extraordinarias existieron y él las laboró, tal línea
jurisprudencial se quiebra cuando se trata de asuntos en que los
patronos hayan dado contestación extemporánea a la demanda
En el Voto Nº 2003-372, la distinguida Magistrada Varela Araya
informó: “El criterio, reiterado, en relación con este aspecto,
ha sido el de que, el o la trabajadora, deben acreditar que
laboraron una jornada superior a la ordinaria, y en tal caso, el
patrono podrá excepcionarse sólo si acredita el pago conforme con
la legislación aplicable. (Sobre el tema, pueden consultarse las
sentencias números 593, de las 9:30 horas, del 3 de octubre; 760,
de las 10:20 horas, del 20 de diciembre, ambas del 2001; y 159, de
las 9:30 horas, del 17 de abril del 2002). El caso bajo análisis
es distinto a los resueltos bajo los votos citados. Aquí no medió
contestación oportuna, por lo que el dicho de la actora en su
reclamo quedó protegido por la presunción de verdad, razón por la
cual, el juzgador tuvo por ciertos los hechos de la demanda; y en
ese tanto, la accionante quedó relevada de demostrar los hechos en
que sustentó su pretensión.” 8.- Corolario de lo expuesto, la
sentencia venida en grado debe ser confirmada en todos sus
extremos.”


FUENTES CITADAS


Dirección Web http://cijulenlineaa.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlineaa@abogados.or.cr
de las quince horas con cuarenta minutos del diez de setiembre de mil
novecientos noventa y siete

las nueve horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos

3 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Resolución No. 522-1996, de las nueve
horas con quince minutos del cinco de setiembre de mil novecientos
noventa y seis

4 TRIBUNAL DE TRABAJO. Resolución No. 178-2005, de las diecinueve horas
del diez de mayo de dos mil cinco